En 2002, los ayuntamientos de Vilaflor y Granadilla impidieron el paso por sus municipios del polémico tendido de alta tensión previsto en el Sur de Tenerife al negarse a conceder a Unelco la licencia municipal de obras.

Tres años después, el Gobierno canario pretende modificar la legislación autonómica para eliminar la necesidad obtener este permiso municipal en las obras de instalaciones energéticas "esenciales para garantizar el suministro en condiciones de calidad y seguridad".

El primer paso para este cambio legislativo lo dio ayer el Ejecutivo con la aprobación del Proyecto de Ley de Modificación de la ley de Regulación del Sector Eléctrico, que ha recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias, y ahora será remitido al Parlamento de Canarias para su debate y votación definitiva.

De esta forma, el Gobierno persigue "facilitar" la ejecución de obras de instalación eléctrica, sin necesidad de la ahora preceptiva licencia municipal. Si prospera este proyecto de ley, los ayuntamientos y los cabildos deberán conformarse con un trámite de audiencia por un plazo de un mes para manifestar la conformidad o no de una obra de este tipo con los planes urbanísticos y de ordenación del territorio. Además, el Gobierno podrá decidir que se ejecute un proyecto aunque no estuviera previsto en el planeamiento, y, con posterioridad, ordenar la modificación de los planes generales e insulares.

El portavoz del Consejo de Gobierno, Antonio Castro, explicó que con esta modificación de la Ley del Sector Eléctrico "se delimitará con claridad el derecho de los ciudadanos a la prestación del servicio" y se garantizará que infraestructuras eléctricas de interés público "no estén sujetas a avatares concretos y puntuales".

El también consejero de Infraestructuras, Vivienda y Transportes informó de que de esta forma se podrán acelerar los proyectos para instalar potencia eléctrica inferior a 50 megavatios y declarar de interés general las obras correspondientes, así como la generación, el transporte y la distribución de energía.

Preguntado si el Ejecutivo tomó esta decisión para desbloquear la línea de alta tensión Granadilla- Guía de Isora, Castro evitó referirse a este caso concreto, y reiteró que "el Gobierno debe garantizar que este servicio se preste a los ciudadanos", al tiempo que confió en que el Parlamento "avale" las medidas previstas para determinar cuándo se puede declarar de interés general una infraestructura eléctrica y los "mecanismos" para tal declaración.

Fuente: Diario de avisos (050505)