El reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2003, realizado por el Cabildo grancanario con los ayuntamientos de la isla, ha generado un agujero en la Corporación insular de 5,32 millones de euros, al no aplicar el equipo de gobierno de José Manuel Soria los criterios de la norma establecida en la Ley 9/2003 y beneficiar a Las Palmas de Gran Canaria en detrimento del resto de municipios. Las reclamaciones de los perjudicados afectarán a la capital, a la que deberá compensar el Cabildo.

La Corporación insular dispone ya de la liquidación final del reparto de los fondos de 2003 -que en el caso de los correspondientes a 2004 generaron una durísima contraversia política entre PP y PSC y CC de Gran Canaria, ver: Aprobado el reparto del REF para las corporaciones disconformes [10/11/2004] y El Cabildo no descarta recurrir la decisión del Gobierno sobre el reparto del REF [11/11/2004].

En el caso del reparto de 2003, el Cabildo benefició sin aplicar la norma vigente en 5,32 millones de euros a la capital de la isla, con un criterio de distribuición fuera de la Ley 9/2003 que entró en vigor con efectos retroactivos a 1 de enero de 2003, y que perjudicó al resto de ayuntamientos de la isla al no contar con esa cantidad que debía destinarse a sus respectivas arcas municipales.

En el caso del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, el dinero no recibido alcanza los 600.000 euros en 2003, y al resto de municipios se les adeudan en esta liquidación las siguientes cantidades: Santa Lucía, 240.000 euros; Guía, 228.000 euros; Telde, 25.800 euros; Valleseco, 270.000 euros; Arucas, 141.000 euros; Agaete, 276.000 euros; Agüimes, 288.000 euros; Artenara, 324.000 euros; La Aldea, 348.000 euros; Teror, 204.000 euros; Santa Brígida, 186.000 euros; Gáldar, 198.000 euros; Ingenio, 210.000 euros; Mogán, 390.000 euros; Tejeda, 354.000 euros; Firgas, 252.000 euros; San Mateo, 264.000 euros; Valsequillo, 264.000 euros; Moya, 240.000 euros.

La liquidación final del reparto de 2003 se ha saldado con estas deudas a todos los ayuntamientos grancanarios, que en una mayoría de casos, al conocer ya el desequilibrio generado por el Cabildo a favor de Las Palmas de Gran Canaria, han puesto en marcha la maquinaria para convocar los correspondientes plenos extraordinarios en los que se reclamarán las cantidades adeudadas.

Ante esta circunstancia, el Cabildo se verá en la obligación de compensar a Las Palmas de Gran Canaria, bien a través de fondos propios o de las partidas que recibió en el mismo reparto de 2003, que en ningún momento quiso acordar con los ayuntamientos y en el caso de 2004 el Gobierno de Canarias decidió aplicar la nueva normativa, que fijó en noviembre pasado en el 87,5% de los fondos en función de la población, el 10,5% repartido entre todos los municipios y el 2% según el territorio cuando el cabildo de cada isla no llega a acuerdos con la mayoría de los ayuntamientos, como sucedió en Gran Canaria.

www.canariasahora.com (200505)