Para los denunciantes la adquisición de esos terrenos por el Ayuntamiento "suponen un supuesto evidente de especulación inmobiliaria contrario a los intereses públicos". La denuncia apunta, además, que en el expediente administrativo no consta "la más mínima mención al precio pagado en su día", "no se hace mención explícita alguna a la titularidad que ostenta la parte vendedora de las parcelas" y tampoco "las contrapartidas económicas que van a obtener". Los denunciantes destacan que "esta omisión intencionada demuestra la intención de las partes de que no se computaran los incrementos de valor de los terrenos recalificados" que "alcanza proporciones astronómicas". Asimismo califican como "sorprendente e inquietante" que la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas SL se constituya ante notario el 24 de junio de 1998 y que dos días después de firme el contrato de compraventa con la Junta de Compensación-propietaria y que en esas mismas fechas, la sociedad obtenga un crédito de CajaCanarias, "considerado de alto riesgo", sin que estuviera aún inscrita en el Registro Mercantil, "tal y como ordena la ley".
Destacan, asimismo, que la tasación de los terrenos no fue realizada por técnicos municipales sino por una empresa "por intermediación de CajaCanarias, directamente interesada en la culminación de la compra-venta". Por lo que consideran "impactante" el papel jugado en todo este asunto por la entidad financiera de CajaCanarias en la que Ignacio González Martín formaba parte del Consejo de Administración que concedió el crédito a Inversiones Las Teresitas SL y que "meses después, Ignacio González Martín aparecía como titular del 50% del capital social" de dicha entidad y "su hijo, Pedro González Santiago, como administrador".

En la denuncia se hace hincapié en que el préstamo fue considerado "una operación de alto riesgo" por el Banco de España pero que "el Consejo de Administración de CajaCanarias no dudó, en ningún momento, en conceder ese crédito a la sociedad participada por uno de sus propios consejeros".

Por otra parte también hace referencia al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, que formaba parte del "comité ejecutivo de CajaCanarias en representación del Ayuntamiento" y que "votó favorablemente la concesión del crédito", y dos años después, "sin que los beneficiarios efectuaran ninguna inversión que contribuyera a incrementar el valor de dichos inmuebles, revenden sólo el frente de playa al propio Ayuntamiento por un precio astronómico e injustificado y obtienen además, unas plusvalías inmensas". Y califican de "incomprensible, que el alcalde no se haya planteado la vía de la expropiación para adquirir esos terrenos a un precio justificado

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