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Un no de la Comisión al proyecto acarrearía la pérdida de fondos y un procedimiento sancionador
El pronunciamiento en contra de la Comisión Europea al expediente del puerto industrial de Granadilla no sólo supondría la ausencia de fondos comunitarios para su ejecución, sino, sobre todo, la imposibilidad legal de llevar a cabo la obra. Así lo confirmaron ayer a ACN Press, fuentes diplomáticas españolas, comunitarias, de la Comisión Europea, el eurodiputado socialista Manuel Medina y su homólogo de Los Verdes, David Hammerstein.
De esta forma se excluye la posibilidad de financiar el proyecto mediante fondos adicionales del Estado, de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o con aportaciones de empresarios tinerfeños –como volvió a sugerir ayer el presidente de la CEOE-Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero- si la Comisión Europea determina que el proyecto contraviene la legislación comunitaria en materia medioambiental. «Mientras no exista una decisión final» desde la Unión Europea (UE) «no se puede poner ni una piedra», destacaron diversas fuentes, que, si bien reconocieron que no se podría impedir el comienzo de los trabajos, hacerlo en contra de la legislación europea supondría el inicio de un proceso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que culminaría en una condena casi segura, con multa incluida.
El próximo 12 de octubre, fecha en la que el colegio de comisarios tiene previsto decidir sobre las infracciones, pueden darse dos casos: bien que la Comisión Europea «archive el expediente», lo cual significa que ha dado su visto bueno y que se pueden solicitar fondos de la política regional, o bien que inicie el procedimiento de infracción, que se puede desarrollar en tres fases: la carta de emplazamiento, el aviso motivado y el Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, Manuel Medina, subrayó la necesidad de contar con la aprobación de la Comisión Europea para llevar a cabo el puerto , con independencia de que exista o no financiación comunitaria. El eurodiputado canario sostuvo que si Bruselas rechazara la construcción del puerto «no se podría hacer con dinero privado porque violaría la legislación europea».
David Hammerstein dejó claro que «una cosa es que la UE no esté dispuesta» a conceder una financiación «y otra es que exista una infracción a la legalidad europea» al construir un puerto que haya sido declarado incompatible, lo que conduciría a la «apertura de un procedimiento de infracción».
El factor tiempo
Una vez obtenido el visto bueno de la Comisión, el factor temporal es fundamental, ya que, si en otoño la respuesta de Bruselas es positiva, se podrían obtener fondos comunitarios, mientras que, si es negativa y se lanza el procedimiento de infracción, en el caso de que se autorice en alguna de las etapas el puerto, deberían buscarse otras formas de financiación. De ahí la importancia de enviar a Bruselas lo antes posible el dossier completo que se ha solicitado, en el que debe demostrarse su necesidad por ser de interés general, que no existen ubicaciones alternativas, el informe de impacto ambiental y las medidas compensatorias de dicho impacto, todo ello referido específicamente al proyecto "recortado" que aprobaron todas las administraciones implicadas, y no al inicial, que ya se remitió.
Respeto a la legislación
Otras fuentes de la Comisión Europea aseguraron que todos los «Estados miembros deben respetar la legislación comunitaria», de tal forma que el Ejecutivo europeo puede intervenir para hacer cumplir las reglas, en el caso de que el proyecto se lleve a cabo sin su previa autorización, denunciando el expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE. Estas fuentes explicaron que la Comisión Europea «no puede impedir» que el proyecto se ponga en marcha en Tenerife aunque haya sido rechazado, pero aclararon que Bruselas sí puede «perseguir» este asunto hasta el Tribunal europeo, cuya sede se encuentra en Luxemburgo.
Del mismo modo, fuentes diplomáticas españolas coincidieron en destacar este aspecto y afirmaron que lo «primero es compatibilizar» el puerto con la normativa comunitaria, ya que de lo contrario el «Tribunal de Justicia de la UE lo condenaría seguro por incumplimiento» de las leyes europeas.
Estas fuentes diplomáticas insistieron en que si el puerto se construye sin el visto bueno de la Comisión «con independencia de dónde proceda la financiación, vamos a tener problemas», ya que es imprescindible cumplir el Derecho comunitario.
El pronunciamiento en contra de la Comisión Europea al expediente del puerto industrial de Granadilla no sólo supondría la ausencia de fondos comunitarios para su ejecución, sino, sobre todo, la imposibilidad legal de llevar a cabo la obra. Así lo confirmaron ayer a ACN Press, fuentes diplomáticas españolas, comunitarias, de la Comisión Europea, el eurodiputado socialista Manuel Medina y su homólogo de Los Verdes, David Hammerstein.
De esta forma se excluye la posibilidad de financiar el proyecto mediante fondos adicionales del Estado, de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o con aportaciones de empresarios tinerfeños –como volvió a sugerir ayer el presidente de la CEOE-Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero- si la Comisión Europea determina que el proyecto contraviene la legislación comunitaria en materia medioambiental. «Mientras no exista una decisión final» desde la Unión Europea (UE) «no se puede poner ni una piedra», destacaron diversas fuentes, que, si bien reconocieron que no se podría impedir el comienzo de los trabajos, hacerlo en contra de la legislación europea supondría el inicio de un proceso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que culminaría en una condena casi segura, con multa incluida.
El próximo 12 de octubre, fecha en la que el colegio de comisarios tiene previsto decidir sobre las infracciones, pueden darse dos casos: bien que la Comisión Europea «archive el expediente», lo cual significa que ha dado su visto bueno y que se pueden solicitar fondos de la política regional, o bien que inicie el procedimiento de infracción, que se puede desarrollar en tres fases: la carta de emplazamiento, el aviso motivado y el Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, Manuel Medina, subrayó la necesidad de contar con la aprobación de la Comisión Europea para llevar a cabo el puerto , con independencia de que exista o no financiación comunitaria. El eurodiputado canario sostuvo que si Bruselas rechazara la construcción del puerto «no se podría hacer con dinero privado porque violaría la legislación europea».
David Hammerstein dejó claro que «una cosa es que la UE no esté dispuesta» a conceder una financiación «y otra es que exista una infracción a la legalidad europea» al construir un puerto que haya sido declarado incompatible, lo que conduciría a la «apertura de un procedimiento de infracción».
El factor tiempo
Una vez obtenido el visto bueno de la Comisión, el factor temporal es fundamental, ya que, si en otoño la respuesta de Bruselas es positiva, se podrían obtener fondos comunitarios, mientras que, si es negativa y se lanza el procedimiento de infracción, en el caso de que se autorice en alguna de las etapas el puerto, deberían buscarse otras formas de financiación. De ahí la importancia de enviar a Bruselas lo antes posible el dossier completo que se ha solicitado, en el que debe demostrarse su necesidad por ser de interés general, que no existen ubicaciones alternativas, el informe de impacto ambiental y las medidas compensatorias de dicho impacto, todo ello referido específicamente al proyecto "recortado" que aprobaron todas las administraciones implicadas, y no al inicial, que ya se remitió.
Respeto a la legislación
Otras fuentes de la Comisión Europea aseguraron que todos los «Estados miembros deben respetar la legislación comunitaria», de tal forma que el Ejecutivo europeo puede intervenir para hacer cumplir las reglas, en el caso de que el proyecto se lleve a cabo sin su previa autorización, denunciando el expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE. Estas fuentes explicaron que la Comisión Europea «no puede impedir» que el proyecto se ponga en marcha en Tenerife aunque haya sido rechazado, pero aclararon que Bruselas sí puede «perseguir» este asunto hasta el Tribunal europeo, cuya sede se encuentra en Luxemburgo.
Del mismo modo, fuentes diplomáticas españolas coincidieron en destacar este aspecto y afirmaron que lo «primero es compatibilizar» el puerto con la normativa comunitaria, ya que de lo contrario el «Tribunal de Justicia de la UE lo condenaría seguro por incumplimiento» de las leyes europeas.
Estas fuentes diplomáticas insistieron en que si el puerto se construye sin el visto bueno de la Comisión «con independencia de dónde proceda la financiación, vamos a tener problemas», ya que es imprescindible cumplir el Derecho comunitario.