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EXCEPCIÓN
Ramón Pérez Almodóvar
Los políticos profesionales de CC han pasado los últimos años empleando las singularidades y las especificidades de las islas como argumento para solicitar que Canarias siga recibiendo miles de millones de pesetas en subvenciones de la UE y del Estado. Y, efectivamente, el dinero transferido a los sucesivos Gobiernos autonómicos en los últimos 20 años asciende a más de 5.000 millones de euros, una cantidad que no cabe en una calculadora normal para convertirla a pesetas. Es evidente que no se sabe muy bien a dónde ha ido parar ese capital, pues no se explica que Canarias encabece todas las listas de peores resultados en indicadores como salarios de los trabajadores, listas de espera quirúrgicas, listas de espera para especialistas, cesta de la compra más cara en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ausencia de residencias para mayores, inexistencia de centros para atención de enfermos mentales, etc. etc. En este contexto, los grandes empresarios amigos de CC y PP, algunos también del PSOE, se frotan las manos con los megaproyectos que maneja el Gobierno para que ellos, sus RICos amiguetes, sigan haciendo negocios. Mientras la atención se centra en el Puerto de Granadilla, Ricardo Melchior destroza La Laguna y Santa Cruz con las obras del tranvía, mientras circulan rumores de cuentas abiertas en Suiza donde se ingresarán, si no se ha hecho ya, cuantiosas comisiones.Asistimos desde el inicio de septiembre a una campaña perfectamente diseñada que va en la línea de la defensa del Puerto de Granadilla antes las autoridades europeas y españolas, campaña difundida a través de medios de desinformación masiva. Uno de los últimos actos de este vodevil ha sido la aprobación por CC, PP y PSOE de una Proposición No de Ley (PNL), la iniciativa parlamentaria de rango más bajo, en el último pleno del Parlamento de Canarias, lo que han aprovechado algunos medios, especialmente El Día, para abrir a cuatro columnas con el apoyo unánime del Parlamento al Puerto de Granadilla y hacerlo extensivo a la sociedad tinerfeña pues sus representantes (?) así lo han votado. La Cámara autonómica ha aprobado, sólo en la presente legislatura, decenas de PNL’s y nunca habrán visto que ningún periódico abriera su edición con la solicitud al Gobierno para que resuelva el caos en los centros de menores, para que se atienda a las mujeres maltratadas, etc., etc. Por no hablar de los cientos de propuestas de resolución que se aprueban después de cada pleno sobre el debate del estado de la nacionalidad canaria. Porque es una solemne estupidez que el Parlamento inste al Gobierno para que defienda el Puerto de Granadilla, que lo que se ha aprobado la semana pasada. Al gobierno no hay que instarle nada de eso: hace ya todos los esfuerzos, junto con el Gobierno del PSOE, para que la Comisión Europea apruebe este disparatado e ilegal proyecto. Respecto a la enmienda el PSOE, se sintetiza de la siguiente manera: que el Puerto cumpla la legalidad vigente. Es decir, se pide al Gobierno que una obra sea legal. Sorprendente. Más aún porque el PSOE renuncia a ser hegemónico en Tenerife: su rechazo al Puerto de Granadilla le llevaría a ganar por mayoría, casi absoluta, las elecciones autonómicas de 2007. En estos momentos, el desgaste producido al partido por la Ejecutiva que dirige Juan Carlos Alemán colocará al futuro candidato en una posición de caída libre en intención de voto en Tenerife. No es sólo el Puerto de Granadilla: el trasfondo es el negocio del gas, con Endesa interesada en controlar Gascan y así ahorrar dinero en la central térmica de Granadilla. El 28 de noviembre de 2005, un día después de la masiva manifestación en contra del Puerto Industrial y de otros disparates como la Vía Exterior, el diario El País publicaba que las multinacionales españolas estaba nombrando a personas de reconocido prestigio como consejeros asesores en Comunidades Autónomas donde esas grandes empresas tienen presencia. Según la información, publicada en la portada del suplemento de economía, una de las personas elegidas por Endesa como consejero asesor era Jerónimo Saavedra. Numerosos informes técnicos y científicos elaborados por académicos de la Universidad de La Laguna, y de otros centros superiores del Estado, no sólo cuestionan claramente la legalidad del proyecto sino que advierten del gran destrozo económico, ambiental y social que acarrearía su construcción. El propio informe de la Dirección General de Costas de enero de 2000, con el Gobierno del PP, es claro: “oposición total a la realización de dicho proyecto por las pérdidas irrecuperables que produciría en los recursos naturales del sureste de Tenerife, incluidas sus escasas playas, con perjuicios incalculables para la economía de la isla”.Mientras tanto, en el último año en Tenerife se han vivido situaciones que revelan esas excepcionalidades a las que tanto apela CC. De tanta propaganda, al final han conseguido que una parte de la sociedad, consciente y crítica, considere que vivimos en una especie de Estado de excepción. Algunas de estas cuestiones son: manipulación informativa en torno al SOS de La Tejita, la manifestación del 29-E de este año en La Laguna y la del 27-N del año pasado en Santa Cruz; amenazas de multa, de 3.000 a 30.000 euros, para Plataforma Nordeste por convocar un cordón humano, que se suspendió, en la playa de Bajamar; coacciones a personas que pretenden convocar los actos con megáfonos en los coches (en Candelaria y La Laguna); coacciones a personas que colocan mesas en las calles para recoger firmas o para repartir información (en Santa Cruz); vulneración sistemática del derecho de reunión y manifestación, incluso con varias sentencias en firme del Tribunal Constitucional, como ocurre en Candelaria (con un alcalde que representa a un partido que se define como Socialista y Obrero); coacciones a medios de comunicación durante la Ola humana del 30 de julio en Santa Cruz (a Radio San Borondón y a un fotógrafo de La Gaceta); retirada sistemática de carteles convocando actos (Santa Cruz); ataques insultantes de políticos en el Poder a ciudadanos pacíficos (a los que llaman terroristas sociales, golpistas civiles, exterminadores de la burguesía, etc.); descalificaciones a personas destacadas del ámbito académico que se oponen al Puerto de Granadilla (Federico Aguilera Klink); rechazo a una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 56.000 firmas para proteger el litoral de Granadilla (ningún periódico tituló ‘Rechazo unánime del Parlamento a la voluntad popular”)....Lo último, lo más reciente, la imposición de una sanción de 2,5 millones de pesetas, más la posibilidad de una multa que oscila entre 3.000 y 30.000 euros, a un ciudadano en el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, simplemente por convocar una concentración, el 30 de julio, en Santa Cruz, expediente iniciado por Hilario Rodríguez, el Sincretista del Suroeste, con el beneplácito del alcalde Zerolocom. Son síntomas que nos indican qué enfermedad padece esta sociedad: el autoritarismo, la ausencia de democracia, la suspensión, de hecho, de la Constitución en Tenerife... Sí, vivimos bajo un Estado de excepción.
www.canariasdigital.org
Ramón Pérez Almodóvar
Los políticos profesionales de CC han pasado los últimos años empleando las singularidades y las especificidades de las islas como argumento para solicitar que Canarias siga recibiendo miles de millones de pesetas en subvenciones de la UE y del Estado. Y, efectivamente, el dinero transferido a los sucesivos Gobiernos autonómicos en los últimos 20 años asciende a más de 5.000 millones de euros, una cantidad que no cabe en una calculadora normal para convertirla a pesetas. Es evidente que no se sabe muy bien a dónde ha ido parar ese capital, pues no se explica que Canarias encabece todas las listas de peores resultados en indicadores como salarios de los trabajadores, listas de espera quirúrgicas, listas de espera para especialistas, cesta de la compra más cara en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ausencia de residencias para mayores, inexistencia de centros para atención de enfermos mentales, etc. etc. En este contexto, los grandes empresarios amigos de CC y PP, algunos también del PSOE, se frotan las manos con los megaproyectos que maneja el Gobierno para que ellos, sus RICos amiguetes, sigan haciendo negocios. Mientras la atención se centra en el Puerto de Granadilla, Ricardo Melchior destroza La Laguna y Santa Cruz con las obras del tranvía, mientras circulan rumores de cuentas abiertas en Suiza donde se ingresarán, si no se ha hecho ya, cuantiosas comisiones.Asistimos desde el inicio de septiembre a una campaña perfectamente diseñada que va en la línea de la defensa del Puerto de Granadilla antes las autoridades europeas y españolas, campaña difundida a través de medios de desinformación masiva. Uno de los últimos actos de este vodevil ha sido la aprobación por CC, PP y PSOE de una Proposición No de Ley (PNL), la iniciativa parlamentaria de rango más bajo, en el último pleno del Parlamento de Canarias, lo que han aprovechado algunos medios, especialmente El Día, para abrir a cuatro columnas con el apoyo unánime del Parlamento al Puerto de Granadilla y hacerlo extensivo a la sociedad tinerfeña pues sus representantes (?) así lo han votado. La Cámara autonómica ha aprobado, sólo en la presente legislatura, decenas de PNL’s y nunca habrán visto que ningún periódico abriera su edición con la solicitud al Gobierno para que resuelva el caos en los centros de menores, para que se atienda a las mujeres maltratadas, etc., etc. Por no hablar de los cientos de propuestas de resolución que se aprueban después de cada pleno sobre el debate del estado de la nacionalidad canaria. Porque es una solemne estupidez que el Parlamento inste al Gobierno para que defienda el Puerto de Granadilla, que lo que se ha aprobado la semana pasada. Al gobierno no hay que instarle nada de eso: hace ya todos los esfuerzos, junto con el Gobierno del PSOE, para que la Comisión Europea apruebe este disparatado e ilegal proyecto. Respecto a la enmienda el PSOE, se sintetiza de la siguiente manera: que el Puerto cumpla la legalidad vigente. Es decir, se pide al Gobierno que una obra sea legal. Sorprendente. Más aún porque el PSOE renuncia a ser hegemónico en Tenerife: su rechazo al Puerto de Granadilla le llevaría a ganar por mayoría, casi absoluta, las elecciones autonómicas de 2007. En estos momentos, el desgaste producido al partido por la Ejecutiva que dirige Juan Carlos Alemán colocará al futuro candidato en una posición de caída libre en intención de voto en Tenerife. No es sólo el Puerto de Granadilla: el trasfondo es el negocio del gas, con Endesa interesada en controlar Gascan y así ahorrar dinero en la central térmica de Granadilla. El 28 de noviembre de 2005, un día después de la masiva manifestación en contra del Puerto Industrial y de otros disparates como la Vía Exterior, el diario El País publicaba que las multinacionales españolas estaba nombrando a personas de reconocido prestigio como consejeros asesores en Comunidades Autónomas donde esas grandes empresas tienen presencia. Según la información, publicada en la portada del suplemento de economía, una de las personas elegidas por Endesa como consejero asesor era Jerónimo Saavedra. Numerosos informes técnicos y científicos elaborados por académicos de la Universidad de La Laguna, y de otros centros superiores del Estado, no sólo cuestionan claramente la legalidad del proyecto sino que advierten del gran destrozo económico, ambiental y social que acarrearía su construcción. El propio informe de la Dirección General de Costas de enero de 2000, con el Gobierno del PP, es claro: “oposición total a la realización de dicho proyecto por las pérdidas irrecuperables que produciría en los recursos naturales del sureste de Tenerife, incluidas sus escasas playas, con perjuicios incalculables para la economía de la isla”.Mientras tanto, en el último año en Tenerife se han vivido situaciones que revelan esas excepcionalidades a las que tanto apela CC. De tanta propaganda, al final han conseguido que una parte de la sociedad, consciente y crítica, considere que vivimos en una especie de Estado de excepción. Algunas de estas cuestiones son: manipulación informativa en torno al SOS de La Tejita, la manifestación del 29-E de este año en La Laguna y la del 27-N del año pasado en Santa Cruz; amenazas de multa, de 3.000 a 30.000 euros, para Plataforma Nordeste por convocar un cordón humano, que se suspendió, en la playa de Bajamar; coacciones a personas que pretenden convocar los actos con megáfonos en los coches (en Candelaria y La Laguna); coacciones a personas que colocan mesas en las calles para recoger firmas o para repartir información (en Santa Cruz); vulneración sistemática del derecho de reunión y manifestación, incluso con varias sentencias en firme del Tribunal Constitucional, como ocurre en Candelaria (con un alcalde que representa a un partido que se define como Socialista y Obrero); coacciones a medios de comunicación durante la Ola humana del 30 de julio en Santa Cruz (a Radio San Borondón y a un fotógrafo de La Gaceta); retirada sistemática de carteles convocando actos (Santa Cruz); ataques insultantes de políticos en el Poder a ciudadanos pacíficos (a los que llaman terroristas sociales, golpistas civiles, exterminadores de la burguesía, etc.); descalificaciones a personas destacadas del ámbito académico que se oponen al Puerto de Granadilla (Federico Aguilera Klink); rechazo a una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 56.000 firmas para proteger el litoral de Granadilla (ningún periódico tituló ‘Rechazo unánime del Parlamento a la voluntad popular”)....Lo último, lo más reciente, la imposición de una sanción de 2,5 millones de pesetas, más la posibilidad de una multa que oscila entre 3.000 y 30.000 euros, a un ciudadano en el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, simplemente por convocar una concentración, el 30 de julio, en Santa Cruz, expediente iniciado por Hilario Rodríguez, el Sincretista del Suroeste, con el beneplácito del alcalde Zerolocom. Son síntomas que nos indican qué enfermedad padece esta sociedad: el autoritarismo, la ausencia de democracia, la suspensión, de hecho, de la Constitución en Tenerife... Sí, vivimos bajo un Estado de excepción.
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