El consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, aseguró ayer que las denuncias contra el proyecto del gas presentadas ante Bruselas por el alcalde de Agüimes y por la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria no tendrán éxito.
Mauricio tiene claro que la Comisión Europea «no hará ningún caso a las estupideces y torpezas» que ha denunciado Antonio Morales sobre el gas. «Estoy totalmente tranquilo porque los argumentos son un disparate», sentenció tras conocer el contenido de los escritos elevados por el alcalde de Agüimes.
El titular de Economía y Hacienda dijo que en Bruselas «tienen bien claro que Canarias necesita la implantación del gas para cumplir el Protocolo de Kioto y bajar su nivel de contaminación», algo que «comprendió perfectamente el comisario de Transportes cuando visitó el Archipiélago y vio el Puerto de Arinaga». Por esa razón, Mauricio confía en que las denuncias de Morales «no acaben en nada», aunque reconoció que «van a ralentizar algo el proyecto».
Por el momento, el consejero anunció que a principios del próximo mes de noviembre viajara a Bruselas para defender la «necesidad» del Puerto de Arinaga y de la planta de regasificación. «Creo que los vamos a convencer porque los de Morales no son más que boberías para salir en los periódicos y la Comisión se va a dar cuenta», añadió.
José Carlos Mauricio entiende que «está más que argumentado que Gran Canaria necesita de forma perentoria un puerto en Arinaga complementario al de la capital», porque «lo contrario nos obligaría a hacer una zona industrial en La Isleta». «O se hace un puerto complementario o el de Las Palmas se come la ciudad», explicó para denunciar que el alcalde de Agüimes «está tratando de romper todo el esquema de desarrollo de la isla».
El consejero de Economía y Hacienda recordó que el acuerdo firmado con el PSC «respalda con claridad» la posición del Gobierno, algo que «también garantiza todo el proyecto del gas».
Los 50 millones de subvención «ya se perdieron»
Los 50 millones de euros de subvención que Bruselas concedió para la instalación de las plantas regasificadoras en Canarias «ya se perdieron». El consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, explicó que el retraso de la puesta en marcha del proyecto ha obligado al Gobierno de Canarias a solicitar al Estado que ese dinero se pueda destinar a otras iniciativas relacionadas con la energía o el transporte. Según manifestó Mauricio, el pasado mes de julio se cumplió el «último plazo» que la Unión Europea había dado para que comenzaran las obras de las plantas de gas en los puertos de Arinaga y Granadilla. Ante la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con esta exigencia, el Gobierno canario comunicó a Madrid su deseo de reprogramar el destino de la ayuda y dedicarla a otros fines. La negociación de qué proyectos del Archipiélago se financiarán con esta subvención está aún abierta. El consejero de Economía y Hacienda recordó que la UE obliga a gastar ese dinero antes de 2008, por lo que la reprogramación de los fondos debe de cerrarse antes de final de año. Respecto a los motivos que han provocado que los 50 millones de euros no se hayan podido invertir en el gas, Mauricio declaró que el Madrid se comprometió a finalizar antes de julio los estudios de impacto medioambiental sobre el cambio de ubicación de la planta de Arinaga. Ese compromiso «no se pudo cumplir y entonces nos vimos obligados a pedir la reprogramación de la ayuda». Según dijo, el Ejecutivo estuvo valorando destinar «todo el dinero a Granadilla», algo que finalmente se desestimó.
El Sureste también denuncia ante la UE
La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria también ha denunciado ante la Comisión Europea los planes del Gobierno regional para instalar una planta regasificadora en Arinaga. El órgano que aglutina a los ayuntamientos de Agüimes, Vecindario e Ingenio reclama a Bruselas que «incoe procedimiento de infracción al Reino de España, requiriéndole para que rectifique los procedimientos a fin de que se cumplan las Directivas comunitarias».
Al igual que ha hecho el alcalde de Agüimes, la Mancomunidad del Sureste denuncia a la UE supuestas «irregularidades» en el cambio de ubicación de la planta regasificadora y en la venta de acciones de la empresa Gascan. Los dos escritos -uno a la Comisión Europea y otro al órgano de Bruselas encargado de incoar sanciones a los Estados- exponen exactamente los mismos argumentos que los presentado el mismo día -24 de octubre- por Antonio Morales.
Según dichos documentos, el Gobierno regional ha violado «el principio de concurrencia y transparencia» e «incumplido la propia legislación española» al vender «a dedo» el 21% de las acciones que la empresa pública Sodecan tenía en Gascan.
También al igual que el alcalde de Agüimes, la Mancomunidad del Sureste ha presentado otras dos denunciadas relacionadas con la planta regasificadora de Arinaga ante el Ministerio de Industria. Se reclama al equipo de Montilla que frene el expediente abierto para cambiar la ubicación de estas instalaciones.
Razones oscuras de Morales
Licencias. Mauricio asegura que el alcalde de Agüimes «no dijo nada contra la planta de gas hasta que se cambió su ubicación a otro municipio». «Antes, negociaba con Endesa 450 millones de pesetas por la licencia y otros 400 para otras obras», denunció.
Suelo industrial. El consejero también denunció que Morales se opone a la ampliación del puerto de Arinaga porque no «quiere ampliar la zona industrial y que sea también para otros municipios».
Reina Sofía. Mauricio retó a Morales a que explique la «operación» de dirigentes de su partido (Nueva Canarias) para ampliar el dique del Reina Sofía, la «única operación extraña de estos tiempos».
«La venta de acciones se ajusta a la legalidad»
Mauricio defiende a capa y espada la «absoluta legalidad» de la venta del 21% de las acciones que la empresa pública Sodecan tenía en Gascan, la sociedad encargada de construir las plantas regasificadoras. Según explica, esa operación es «habitual» en Sodecan que «ha vendido su participación en muchas empresas con normalidad y amparada en el derecho mercantil» sin concurso público previo. «Sólo si la empresa tuviera la mayoría de las acciones, la operación tendría que pasar por el Consejo de Gobierno», dijo. El consejero de Economía explica que fue el Ministerio de Industria quien «puso como condición que los empresarios canarios que entraran en Gascan tuvieran solvencia y garantizaran que podían abordar la inversión prevista de 350 millones de euros». «Endesa -que también vendió parte de sus acciones- hizo el contacto con las dos confederaciones empresariales y este grupo de empresarios fue el único que se presentó unido cumpliendo las condiciones que se habían marcado», dijo Mauricio.