El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez, califica de "problema bastante grave" la situación de las listas de espera en Canarias que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es la Comunidad Autónoma con la lista de espera más elevada de toda España.

ACN. Las Palmas de Gran Canaria

Este problema tiene, según Sánchez, tres vertientes: en primer lugar, la financiación, ya que Canarias es "una comunidad autónoma relativamente pobre, con una renta per capita baja y con un crecimiento importante de población". En ese sentido, consideró que estos problemas se deben resolver por la vía de la financiación, arbitrando un modelo de financiación "solidario y que se focalice en asegurar la protección de las necesidades de salud de los ciudadanos", un modelo "que no es el actual, que se fija fundamentalmente en la capacidad recaudatoria que cada territorio haya impuesto"."Es un modelo que penaliza a las comunicades más pobres", por lo que abogó por cambiar el modelo de financiación para obtener más recursos.Por otro lado, Sánchez apuntó la necesidad de "asegurar una mejor utilización de los recursos propios", ya que hay mucha tecnología que no se utiliza de una manera intensiva, "cuando sí se podría hacer y así se mejorarían los resultados y la capacidad de atender a la población".La tercera vertiente que señaló Marciano Sánchez es el "hecho de fondo" determinado por la necesidad de más recursos profesionales y materiales del sistema sanitario público, tanto en Canarias, como en todo el Estado, "aunque hay diferencias y en unos sitios hace falta más y en otros menos".






Guillermo Reyes se enfrenta a una denuncia por prevaricación en La Mareta
La empresa Parque Comercial y de Ocio La Mareta S.L. ha denunciado a Guillermo Reyes Rodríguez, primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde, por un presunto delito de prevaricación en el concurso de los terrenos de La Mareta. La empresa se presentó a una licitación de derecho de superficie, durante 75 años, para la ejecución de un parque comercial y de ocio, una residencia para la tercera edad y un hotel en los terrenos mencionados del municipio grancanario.

LAURA CASTILLO. Las Palmas de Gran Canaria

A la citada venta de suelo por tiempo limitado se presentaron Urbasec (Parque Comercial y de Ocio La Mareta S.L.) y Horneras, del empresario Ambrosio Jiménez, donde ganó la primera “contra todos los pronósticos”, según aseguró a este medio la empresa denunciante.Posteriormente entró en vigor la Ley sobre Licencia Comercial Específica del Gobierno de Canarias en la que se establece la necesidad de obtener una licencia comercial que no era necesaria cuando se dictó la convocatoria del concurso. Este hecho motivó que el jefe de los servicios de Urbanismo del Consistorio teldense rectificase el pliego de condiciones del equipamiento en La Mareta, con la modificación de los plazos para el inicio de las obras y el pago del canon establecido, para que se llevasen a cabo una vez obtenida la mencionada licencia comercial.La empresa le propuso al Ayuntamiento que dejase en suspensión los pagos hasta que se les conceda la licencia, y durante ese tiempo prometieron entregarles un aval por el 100% de la construcción, una oferta a la que el Consistorio se negó y, según la empresa, a la que no contesta en ningún momento.El concejal de Ciuca se autodenunciaLa empresa sostiene que Guillermo Reyes, una vez toma posesión de su cargo, en junio, denuncia en lo contencioso administrativo el acuerdo plenario que adjudicó, en el momento en el que él se encontraba aún en la oposición, el derecho de superficie de las parcelas municipales del Ayuntamiento del que él mismo ha sido nombrado concejal de Ordenación Territorial.Parque Comercial y de Ocio S.L. explica en su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que Reyes se dedicó a verter numerosas declaraciones en contra de la adjudicación aunque mantuvo que el expediente de adjudicación se encuentra en la absoluta legalidad.Con esta denuncia “a sí mismo” la empresa perjudicada sostiene que le han ocasionado daños económicos por más de 20 millones de euros, sin contar con las pérdidas del Ayuntamiento, y el que las marcas comerciales que pretendían participar en el proyecto no hayan podido hacerlo.Paralización y segregación del terrenoFuentes de la empresa denunciante aseguraron que el concejal Guillermo Reyes y su equipo de Gobierno tienen la intención de segregar 6.000 metros cuadrados del terreno que se licitó y subastarlo a más de 960 euros el metro, además de otorgarle una edificabilidad de 9.200 metros cuadrados.Si este hecho se produjese, llevándose a una comisión de gobierno, los adjudicatarios interpondrían una demanda en lo contencioso porque una tercera parte tendría derechos sobre el mismo suelo. Asimismo se pediría la paralización del concurso.La empresa considera la maniobra un plan para que el concurso se “enmarañe aún más y se declare nulo”.