Ramón Pérez Almodóvar

La situación político-social de Canarias, y, en particular, en Tenerife, es como un partido de frontón: mientras el Gobierno, el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz -gobernados por los mismos, de siempre- prosiguen con sus megaproyectos, miles de ciudadanos, entre otros más de 56.000 firmantes de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para proteger el litoral de Granadilla, se preguntan qué hay que hacer para que se les haga caso, desisten ante el martillo del Poder, o, los menos, se mantienen activamente defendiendo sus argumentos, mostrando su interés por participar en la toma de decisiones importantes para su futuro y el de los que vengan. Todo ello sin posibilidad de un debate público, ni mucho menos televisado en las cadenas que pagan los ciudadanos con sus impuestos. Es así de contradictorio: financiamos nuestras propias cadenas.El Puerto Industrial de Granadilla, la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, las autovías que conectarán el norte con el sur por Teno, el Plan de Carreteras para Santa Cruz y La Laguna, el Plan General de Santa Cruz o el Tranvía son obras que también financian los ciudadanos con sus impuestos y, pese a esta obviedad, tampoco se les permite participar en el debate; ni siquiera se les reconoce el legítimo derecho a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular. Esta decisión, demasiado grave como para que se haya tomado tan a la ligera en esta sociedad, sería un motivo más que suficiente, al margen de sebadales y tortugas bobas, un argumento de peso, para que la Comisión Europea paralizara todo este proceso; por antidemocrático.Los cambios en el sistema electoral, a través del elitista proceso -por la forma de llevarlo a cabo- que promueve la reforma del Estatuto de Autonomía, tampoco conseguirán dar un barniz democrático a las elecciones de 2007, tal y como se ha planteado. CC no quiere ni lista regional, una posición teórica contraria a un ideario nacionalista, ni que se democratice el acceso al Parlamento, aunque esto se camufle en un debate sobre ‘topes electorales’. Un tope electoral del 30, 25 o 15% en la circunscripción insular es una barrera infranqueable para muchos partidos políticos, que también representan a miles de ciudadanos, pero que no cuentan con cientos de millones de pesetas para propaganda electoral. En todo el Estado, ese ‘tope electoral’ para acceder a la representación institucional varía entre el 3 y el 5% en todas las provincias, que es la circunscripción fundamental. En Canarias son las islas, pero al 30%.Justifican el mantenimiento de esos muros de berlín electorales por la estabilidad (la suya, claro está) y la responsabilidad (por sus negocios y por el reparto de poltronas) y para evitar, vienen a decir, que el Parlamento se convierta en un gallinero donde haya más de siete u ocho partidos políticos. ¿A dónde íbamos a llegar con este modelo de democracia? Es preciso, pues, que sólo tres partidos puedan acceder.Los ciudadanos que pagan sus impuestos para financiar sus propias cadenas, mantienen también a los políticos que deciden no democratizar el sistema electoral, que aprueban leyes para que las sociedades anónimas y limitadas no paguen hasta el 90% de sus beneficios, que vía conciertos transfieren los recursos económicos públicos, aportados por los ciudadanos, a la Sanidad Privada –la Salud no es un Negocio- en detrimento de los Hospitales Públicos, que legalizan la intermediación entre empresas para contratar a los trabajadores –las ETT–, restando dos veces sendos porcentajes del salario, potenciando la precariedad laboral, que, después, dicen que combaten con planes de choques contra los accidentes mortales, accidentes mortales, y defienden las privatizaciones de los servicios públicos por eficiencia y eficacia. Efectivamente, van a tener la razón: en estos momentos, lo público es ineficaz por cuanto quienes lo gobiernan benefician sólo a unos pocos y perjudican a la gran mayoría. Gobiernan en contra del interés general. Es un Gobierno antidemocrático. Pero han sido elegidos gracias a esas campañas supermillonarias de propaganda que no se sabe cómo se pagan; o sí, porque a veces es el propio Gobierno el que hace campaña de sí mismo, de lo buenos que son y lo bien que lo hacen. Y esas campañas de propaganda las pagan los ciudadanos que financian sus propias cadenas. Desde el punto de vista de la razón, no deja de ser completamente absurdo. Y por eso acusan de ‘antisistemas’ a quienes han descubierto esta chapuza. Esta democracia, y más en Canarias que se representa como caciquismo, es un oximoron.