El vicesecretario general del PSC-PSOE de Tenerife, José Manuel Corrales, denunció este jueves en rueda de prensa que los salarios de los canarios en general y de los tinerfeños en particular son un 16% más bajos que la media nacional, al tiempo que aseguró que el 40% de los contratos de trabajo firmados en la Isla son temporales.

A esta situación de "precariedad laboral" sumó el hecho "reconocido por la consejera regional de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora" de que el 40% de los fondos procedentes de la Unión Europea para formación orientada a la inserción "no se ejecutan", por lo que volvió a insistir en la necesidad de establecer un pacto por el empleo en la Isla.

En este punto, criticó la, a su juicio, "inexistencia" de una política de empleo en el Cabildo insular y acusó a su presidente, Ricardo Melchior, de ser "el único ciudadano de Tenerife al que no le preocupa el paro, ya que ni habla de él".

Corrales explicó que en este acuerdo se deben implicar las administraciones, los trabajadores y los empresarios y apostar por la formación y la potenciación de la movilidad laboral, de tal forma que no se produzca ni un "desarraigo de la población ni una concentración de la riqueza y la capacidad de desarrollo económica en el sur de Tenerife".

En esta línea, avanzó que su formación está elaborando una propuesta de plan de desarrollo para el norte de la isla, que tiene "más problemas y se ve más afectada por la existencia de una oferta turística que empieza a estar obsoleta". Reclamó, de esta forma, que la Administración se centre en el norte para que se convierta en "locomotora del desarrollo" y supere su actual situación, en la que presenta niveles de paro y precariedad social por encima de la media de Tenerife.


Asimismo, abogó por implantar actuaciones para reducir los niveles de precariedad y siniestralidad laboral y aseguró ser "muy crítico con la reducción que se ha producido" en el presupuesto del Instituto Canario de Salud Laboral (Icasel) en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2006.

Aseveró que esta rebaja, que los socialistas intentarán paliar, es además "un incumplimiento de los acuerdos de Concertación Social denunciado por sindicatos –que este jueves se concentraban por ello ante Presidencia del Gobierno- y empresarios".

Consideró que los datos son "muy preocupantes", ya que de enero a septiembre de 2005 se acumularon un total de 30 muertes en el entorno laboral y 60.000 accidentes de trabajo, todos los cuales implican "un drama humano y personal".