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El Gobierno de Canarias ha adjudicado a la empresa consultora Corporación 5, Análisis y Estrategias SL dos contratos, para la redacción del Plan Estratégico de Transportes de Canarias y la elaboración parcial de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y Viviendas de Canarias, por un importe de 55.000 euros. Corporación 5 fue creada por el portavoz del Gobierno, Miguel Becerra. Actualmente, Becerra figura en el Registro Mercantil como apoderado solidario de la sociedad. La empresa está presidida, actualmente, por el ex consejero de Economía y Hacienda y destacado dirigente de ATI, José Carlos Francisco.
(OFFC) Corporación 5 Análisis y Estrategias SL obtiene de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma el 80 por ciento de su negocio. Entre sus clientes, figuran Proexca, Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Istac y distintos servicios del Gobierno de Canarias.
Miguel Becerra se incorporó a Corporación 5 SL en 1990 y José Carlos Francisco lo hizo en 1994, como tesorero, según los datos que constan en el Registro Mercantil.
En 2002, menos de dos años después de que José Carlos Francisco cesara como consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias (tal y como estipula la Ley 3/1997 de Incompatibilidades, en su artículo 5.3, sobre los límites de la actividad empresarial privada de los ex altos cargos), Corporación 5 SL recibió contratos de los organismos públicos por importe de 250.000 euros. De esta cantidad, 22.000 euros fueron adjudicados directamente por el Gobierno de Canarias.
En 2003, Corporación 5 SL recibió contratos de organismos públicos por un importe de 380.000 euros, y en 2004, por importe de 370.000.
El pasado 24 de octubre, la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Adán Martín adjudicó un nuevo contrato del Gobierno a Corporación 5 SL, según publicó el BOC del pasado viernes, 4 de noviembre. Se trata de los servicios para redactar el Plan Estratégico de Transportes de Canarias y supervisar parte de la redacción de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y Viviendas de Canarias.
La empresa de José Carlos Francisco y Miguel Becerra recibirá por estos servicios 55.000 euros de fondos públicos.
José Carlos Francisco Díaz preside, además, la empresa Cable Submarino de Canarias SA, para la que el Gobierno acaba de convocar un contrato de 3,1 millones de euros en alquiler de fibra óptica.
José Carlos Francisco Díaz fue nombrado consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias el 19 de julio de 1995, bajo la Presidencia de Manuel Hermoso. El gobernante simultaneó su puesto oficial con el de tesorero de la consultora privada Corporación 5 SL.
La Ley 3/1997, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 3 que los altos cargos del Gobierno de Canarias "ejercerán sus funciones con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública que no derive de su ejercicio y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles e industriales, ya sea por sí mismos o mediante apoderamiento o sustitución".
El Gobierno de Canarias ha adjudicado a la empresa consultora Corporación 5, Análisis y Estrategias SL dos contratos, para la redacción del Plan Estratégico de Transportes de Canarias y la elaboración parcial de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y Viviendas de Canarias, por un importe de 55.000 euros. Corporación 5 fue creada por el portavoz del Gobierno, Miguel Becerra. Actualmente, Becerra figura en el Registro Mercantil como apoderado solidario de la sociedad. La empresa está presidida, actualmente, por el ex consejero de Economía y Hacienda y destacado dirigente de ATI, José Carlos Francisco.
(OFFC) Corporación 5 Análisis y Estrategias SL obtiene de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma el 80 por ciento de su negocio. Entre sus clientes, figuran Proexca, Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Istac y distintos servicios del Gobierno de Canarias.
Miguel Becerra se incorporó a Corporación 5 SL en 1990 y José Carlos Francisco lo hizo en 1994, como tesorero, según los datos que constan en el Registro Mercantil.
En 2002, menos de dos años después de que José Carlos Francisco cesara como consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias (tal y como estipula la Ley 3/1997 de Incompatibilidades, en su artículo 5.3, sobre los límites de la actividad empresarial privada de los ex altos cargos), Corporación 5 SL recibió contratos de los organismos públicos por importe de 250.000 euros. De esta cantidad, 22.000 euros fueron adjudicados directamente por el Gobierno de Canarias.
En 2003, Corporación 5 SL recibió contratos de organismos públicos por un importe de 380.000 euros, y en 2004, por importe de 370.000.
El pasado 24 de octubre, la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Adán Martín adjudicó un nuevo contrato del Gobierno a Corporación 5 SL, según publicó el BOC del pasado viernes, 4 de noviembre. Se trata de los servicios para redactar el Plan Estratégico de Transportes de Canarias y supervisar parte de la redacción de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y Viviendas de Canarias.
La empresa de José Carlos Francisco y Miguel Becerra recibirá por estos servicios 55.000 euros de fondos públicos.
José Carlos Francisco Díaz preside, además, la empresa Cable Submarino de Canarias SA, para la que el Gobierno acaba de convocar un contrato de 3,1 millones de euros en alquiler de fibra óptica.
José Carlos Francisco Díaz fue nombrado consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias el 19 de julio de 1995, bajo la Presidencia de Manuel Hermoso. El gobernante simultaneó su puesto oficial con el de tesorero de la consultora privada Corporación 5 SL.
La Ley 3/1997, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 3 que los altos cargos del Gobierno de Canarias "ejercerán sus funciones con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública que no derive de su ejercicio y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles e industriales, ya sea por sí mismos o mediante apoderamiento o sustitución".