Un mecanismo irrenunciable en los procesos de construcción de estados del bienestar para ricos es la privatización. Esto es así porque la empresa que pasa de manos públicas a manos privadas deja de dar beneficios a toda la colectividad, para darlos sólo al reducido número de personas que la compran. Los pocos que tienen más y la compran ganarán más, mientras que los muchos que tienen menos y la venden ganarán menos.

La decisión de privatizar implica la decisión de ser más desiguales. Pero es que, además, a veces la privatización malbarata los recursos públicos: Argentina vendió por un dólar y medio un Boeing 707 cuando procedió a la venta de Aerolíneas Argentinas. Esa compañía pública fue comprada por Iberia, que luego fue privatizada por menos de la mitad de su precio real. Hay gobernantes tan generosos con el patrimonio público que no dudan en regalar aviones a quienes tienen capacidad de comprar aerolíneas.

Y esa generosidad, a costa del patrimonio público, también se halla presente en las autoridades de Santa Cruz de Tenerife, que se proponen privatizar la empresa pública santacrucera de abastecimiento del agua. Emmasa pasará a manos privadas, durante veinticinco años, para “acometer un ambicioso plan de inversiones” municipal. El otro motivo para privatizar Emmasa, añade Guillermo Núñez, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento santacrucero, consiste en que se espera una mejora de la gestión, ya que “la experiencia lo demuestra de manera fehaciente”. Consideremos estas dos justificaciones.

En primer lugar, si con los no menos de 60.2 millones de euros que se obtengan por Emmasa se quiere invertir en obras, lo lógico sería pedir un préstamo y conservar esa empresa pública. Pues lo mismo da pagar un impuesto para devolver el crédito y sus intereses, que abonar idéntica cantidad, a través del incremento en el precio de la factura del agua, para que la empresa que compre Emmasa recupere los 60.2 millones de euros invertidos y obtenga beneficios. Si se pide un préstamo, la ciudadanía pagará 60.2 millones de euros y conservará Emmasa. Pero, si se vende, la ciudadanía también pagará esos 60.2 millones de euros en la factura del agua, pero perderá Emmasa.

La operación económica planteada por el Ayuntamiento de Santa Cruz equivale a pedir un préstamo a un banco por 60.2 millones de euros y, una vez devuelto el préstamo, regalarle al banco una empresa valorada en 60.2 millones de euros. Por supuesto, nadie haría una operación económica como ésta con su patrimonio privado. De ahí que la primera justificación carezca de ética y de estética.

En segundo lugar, la idea de que la privatización del agua mejora la gestión es un dogma de fe, que va en sentido contrario a la evidencia empírica disponible. Por ejemplo, en Francia, en 1999, las tarifas del agua gestionadas por empresas privadas o mixtas eran un 13% más elevadas que las gestionadas por los ayuntamientos. En Gran Bretaña, los precios del agua privatizada crecieron un 55%, en el período 1990-1994, al tiempo que aumentaban los cortes del suministro por impago, las pérdidas de agua en las tuberías y los beneficios de las empresas del sector.

El propio presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, nos recordaba recientemente, a propósito del mal funcionamiento de Unelco, que “una empresa tiene por objetivo mejorar su cuenta de resultados, no la calidad del servicio. Esto no es admisible y Canarias debe plantearse, y lo vamos a hacer, que la energía, como servicio esencial, tenga el mismo control público que el transporte aéreo. O hay competencia o hay control público de estas empresas”. Por supuesto, el gobierno de Coalición Canaria se ha mostrado incapaz de controlar adecuadamente el monopolio eléctrico de Unelco. ¿Por qué suponer que el gobierno de Coalición Canaria en Santa Cruz va a controlar bien el monopolio privado que va a crear en el abastecimiento de agua? Y, por cierto, ¿a qué viene esa mitificación acrítica de la competencia en el sector aéreo? Todos sabemos que las compañías que vuelan a la Península, desde Canarias, siguen teniendo retrasos, suscitando quejas de los usuarios y que, a veces, compiten degradando el servicio, como ocurrió con la supresión de la comida en vuelo, sin pago adicional.

Coalición Canaria sabe perfectamente que la privatización de Emmasa consistirá en regalar una empresa que funciona bien. También sabe que no habrá garantía alguna de que los puestos de trabajo de quienes se vayan jubilando se mantengan, con idéntica calidad, para otros trabajadores. Esto ayudará a que nuestra economía cada vez ofrezca menos empleo de calidad y a que los beneficios, que podrían redundar en la mejora del bienestar colectivo, se queden en las pocas manos de quienes pueden adelantar 60 millones de euros. O sea, otro paso a favor de la desigualdad en Canarias, que ya es la tercera comunidad más desigual de España que, a su vez, es el tercer país más desigual de la Europa de los Quince