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José Luis Fernández*
El 13 de diciembre de 2002 la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea traslada al embajador del Reino de España que ha registrado una queja de acuerdo sobre que el proyecto de construcción del puerto de Granadilla afectaría a Lugares de Interés Comunitario (Sebadales del Sur y Montaña Roja) y a especies catalogadas (tortuga boba y piña de mar). Esta fecha, sin importancia aparente, y a la que probablemente nunca se hará referencia en los anales de la historia canaria, no es ni más ni menos que el comienzo de una de las luchas más largas y encarnizadas entre la voluntad del pueblo, con sus escasos medios, y el inmenso aparato funcionarial y político de dos gobiernos, canario y español, utilizando las armas que cada uno tiene a su alcance en un campo de batalla donde las reglas cambian en función de quien arbitra cada momento esta visceral disputa.
Esta queja y otras que le sucedieron venían abaladas por los informes de técnicos en diferentes ámbitos, las primeras figuras del mundo académico canario, ratificados y apoyados por instituciones como la Universidad de La Laguna, diferentes asociaciones vecinales, grupos ecologistas, centenares de profesionales en todos los campos a título personal y decenas de miles de ciudadanos que firmaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) desdeñada e ignorada por la mayoría de un arco parlamentario que, sinceramente, no nos merecemos. Toda esta amalgama de informes, opiniones, puntos de vista, apoyos y amor hacia el patrimonio natural de nuestra tierra tiene un elemento catalizador común que no es otro que la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla, cuya modesta aportación contra este proyecto se ha convertido en el abanderado de la lucha en el campo de batalla europeo.
Tenemos por lo tanto en marcha una lucha antológica, David contra Goliat en estado puro. Por un lado, el enorme aparato gubernamental, con sus legiones de abogados, sus inagotables fondos, campañas de publicidad, afinidad de los medios de comunicación y apoyo incondicional de los grandes empresarios, que ven un beneficio seguro en el chorro de dinero público que se asignaría a este proyecto de llevarse a cabo. Y por otro lado, la Plataforma Ciudadana, que formada por un grupo de incansables idealistas, apoyados en su amor por esta tierra, trabaja día a día por hacer llegar un mensaje de esperanza a todos aquellos que comparten esa preocupación por lo nuestro, para que no caigan en el desanimo, no se rindan y sigan aportando lo mejor de cada uno con el fin de dejar una herencia digna a los que vienen detrás.
Entonces, ¿cómo va esta pelea en Europa? A diferencia de la mitología, donde David le arreó a Goliat un certero morrazo con su honda en mitad de la frente, el Goliat gubernamental se mueve con agilidad en el campo de batalla europeo, la legión de abogados, directores generales, consejeros, viceconsejeros, presidentes y directores de autoridad portuaria, alcaldes medianeros y otra fauna similar que utilizan sus armas de forma indiscriminada. Estas armas son de muy variada naturaleza; por ejemplo, existen informes de consultoras privadas que se permiten la desfachatez de afirmar que la construcción del puerto creará 20.000 puestos de trabajo, otros informes indican que el puerto de Santa Cruz está agotado y no se puede ampliar, otros dicen que sin el puerto de Granadilla la economía Canaria se hundirá sin remedio, y hay incluso quien afirma que nos vamos a convertir en una superplataforma tricontinental y poco más que el que quiera hacer negocios en África, América del Sur y Europa tendrá que pasar por Grandilla para fichar. Estos conceptos tienen todos entre sí algo en común: lo obviamente ridículos que son y lo caros que nos están resultando a todos los contribuyentes, ya que justificar semejantes barbaridades cuesta un montón de dinero público que hay que pagar a las empresas que elaboran estos informes, sin contar los viajecitos con todos los gastos pagados para que algunas personalidades justifiquen estos proyectos en conferencias y ruedas de prensa.
¿Y qué pasa en Europa con toda esta literatura torticera? Pues que no se lo creen y, además, se enfrentan a unos informes bien elaborados, científicamente argumentados y presentados por los colaboradores de la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla. Como consecuencia ni más ni menos que la carta dirigida al embajador de España en la UE con fecha 17/10/2005 desde la Dirección General de Medio Ambiente, donde se menciona “que el área potencialmente afectada por el desarrollo del proyecto del puerto de Granadilla, alberga habitats naturales y especies prioritarias” y, por ello, “resulta de aplicación el procedimiento de consulta o dictamen de la Comisión”.
El Gobierno de Canarias declaró el 6 de mayo de 2002 el interés público de primer orden por razones imperiosas de interés económico y social la construcción del puerto de Granadilla. El fundamento básico para la declaración de este interés público era la imposibilidad de crecimiento del puerto de Santa Cruz.
La Comisión Europea tiene que decidir ahora si este es un proyecto de “interés público de primer orden” y, si dictamina que no lo es, no tendría probablemente la aprobación medioambiental necesaria para llevarse a cabo.
Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es la construcción del puerto de Granadilla de interés público de primer orden? Para responder a esta pregunta, sólo hay que mirar al puerto de Santa Cruz. Ha quedado demostrado que el puerto capitalino puede ser ampliado por la dársena del Este, incluso está siendo ampliado en estos momentos, con lo que se podría doblar la actual capacidad para contenedores. Sólo por esto es suficiente para que desaparezca el interés público de Granadilla. Pero todo esto no lo digo yo, sino que está firmado y certificado por cuatro ex-presidentes de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife que han dejado solo a Luis Suárez Trenor en sus afirmaciones de que el puerto capitalino está agotado.
Una cosa podemos sacar en claro de todo esto. Aunque el pequeño David no tumbe de una pedrada al gigante Goliat, está haciendo que se tambalee con una multitud de pequeños golpes bien dirigidos. El final del asunto Granadilla en el campo de batalla europeo está cerca, la Comisión tomará una decisión al respecto probablemente para finales de enero o principios de febrero. Pero sea cual sea el resultado final de esta decisión, me temo que no será el final de todo el asunto; si el proyecto es rechazado por la Comisión Europea, habrá sin duda una tormenta política, cruce de acusaciones y ajustes de cuentas entre grandes empresarios y políticos, y si al contrario la Comisión decide dar luz verde al proyecto, entonces el campo de batalla cambiará de emplazamiento, habrá lucha en nuestras costas y, desgraciadamente, esto nos salpicará a todos.
nopuerto@gmail.com
* Representante de la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla ante la Comisión Europea.
El 13 de diciembre de 2002 la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea traslada al embajador del Reino de España que ha registrado una queja de acuerdo sobre que el proyecto de construcción del puerto de Granadilla afectaría a Lugares de Interés Comunitario (Sebadales del Sur y Montaña Roja) y a especies catalogadas (tortuga boba y piña de mar). Esta fecha, sin importancia aparente, y a la que probablemente nunca se hará referencia en los anales de la historia canaria, no es ni más ni menos que el comienzo de una de las luchas más largas y encarnizadas entre la voluntad del pueblo, con sus escasos medios, y el inmenso aparato funcionarial y político de dos gobiernos, canario y español, utilizando las armas que cada uno tiene a su alcance en un campo de batalla donde las reglas cambian en función de quien arbitra cada momento esta visceral disputa.
Esta queja y otras que le sucedieron venían abaladas por los informes de técnicos en diferentes ámbitos, las primeras figuras del mundo académico canario, ratificados y apoyados por instituciones como la Universidad de La Laguna, diferentes asociaciones vecinales, grupos ecologistas, centenares de profesionales en todos los campos a título personal y decenas de miles de ciudadanos que firmaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) desdeñada e ignorada por la mayoría de un arco parlamentario que, sinceramente, no nos merecemos. Toda esta amalgama de informes, opiniones, puntos de vista, apoyos y amor hacia el patrimonio natural de nuestra tierra tiene un elemento catalizador común que no es otro que la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla, cuya modesta aportación contra este proyecto se ha convertido en el abanderado de la lucha en el campo de batalla europeo.
Tenemos por lo tanto en marcha una lucha antológica, David contra Goliat en estado puro. Por un lado, el enorme aparato gubernamental, con sus legiones de abogados, sus inagotables fondos, campañas de publicidad, afinidad de los medios de comunicación y apoyo incondicional de los grandes empresarios, que ven un beneficio seguro en el chorro de dinero público que se asignaría a este proyecto de llevarse a cabo. Y por otro lado, la Plataforma Ciudadana, que formada por un grupo de incansables idealistas, apoyados en su amor por esta tierra, trabaja día a día por hacer llegar un mensaje de esperanza a todos aquellos que comparten esa preocupación por lo nuestro, para que no caigan en el desanimo, no se rindan y sigan aportando lo mejor de cada uno con el fin de dejar una herencia digna a los que vienen detrás.
Entonces, ¿cómo va esta pelea en Europa? A diferencia de la mitología, donde David le arreó a Goliat un certero morrazo con su honda en mitad de la frente, el Goliat gubernamental se mueve con agilidad en el campo de batalla europeo, la legión de abogados, directores generales, consejeros, viceconsejeros, presidentes y directores de autoridad portuaria, alcaldes medianeros y otra fauna similar que utilizan sus armas de forma indiscriminada. Estas armas son de muy variada naturaleza; por ejemplo, existen informes de consultoras privadas que se permiten la desfachatez de afirmar que la construcción del puerto creará 20.000 puestos de trabajo, otros informes indican que el puerto de Santa Cruz está agotado y no se puede ampliar, otros dicen que sin el puerto de Granadilla la economía Canaria se hundirá sin remedio, y hay incluso quien afirma que nos vamos a convertir en una superplataforma tricontinental y poco más que el que quiera hacer negocios en África, América del Sur y Europa tendrá que pasar por Grandilla para fichar. Estos conceptos tienen todos entre sí algo en común: lo obviamente ridículos que son y lo caros que nos están resultando a todos los contribuyentes, ya que justificar semejantes barbaridades cuesta un montón de dinero público que hay que pagar a las empresas que elaboran estos informes, sin contar los viajecitos con todos los gastos pagados para que algunas personalidades justifiquen estos proyectos en conferencias y ruedas de prensa.
¿Y qué pasa en Europa con toda esta literatura torticera? Pues que no se lo creen y, además, se enfrentan a unos informes bien elaborados, científicamente argumentados y presentados por los colaboradores de la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla. Como consecuencia ni más ni menos que la carta dirigida al embajador de España en la UE con fecha 17/10/2005 desde la Dirección General de Medio Ambiente, donde se menciona “que el área potencialmente afectada por el desarrollo del proyecto del puerto de Granadilla, alberga habitats naturales y especies prioritarias” y, por ello, “resulta de aplicación el procedimiento de consulta o dictamen de la Comisión”.
El Gobierno de Canarias declaró el 6 de mayo de 2002 el interés público de primer orden por razones imperiosas de interés económico y social la construcción del puerto de Granadilla. El fundamento básico para la declaración de este interés público era la imposibilidad de crecimiento del puerto de Santa Cruz.
La Comisión Europea tiene que decidir ahora si este es un proyecto de “interés público de primer orden” y, si dictamina que no lo es, no tendría probablemente la aprobación medioambiental necesaria para llevarse a cabo.
Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es la construcción del puerto de Granadilla de interés público de primer orden? Para responder a esta pregunta, sólo hay que mirar al puerto de Santa Cruz. Ha quedado demostrado que el puerto capitalino puede ser ampliado por la dársena del Este, incluso está siendo ampliado en estos momentos, con lo que se podría doblar la actual capacidad para contenedores. Sólo por esto es suficiente para que desaparezca el interés público de Granadilla. Pero todo esto no lo digo yo, sino que está firmado y certificado por cuatro ex-presidentes de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife que han dejado solo a Luis Suárez Trenor en sus afirmaciones de que el puerto capitalino está agotado.
Una cosa podemos sacar en claro de todo esto. Aunque el pequeño David no tumbe de una pedrada al gigante Goliat, está haciendo que se tambalee con una multitud de pequeños golpes bien dirigidos. El final del asunto Granadilla en el campo de batalla europeo está cerca, la Comisión tomará una decisión al respecto probablemente para finales de enero o principios de febrero. Pero sea cual sea el resultado final de esta decisión, me temo que no será el final de todo el asunto; si el proyecto es rechazado por la Comisión Europea, habrá sin duda una tormenta política, cruce de acusaciones y ajustes de cuentas entre grandes empresarios y políticos, y si al contrario la Comisión decide dar luz verde al proyecto, entonces el campo de batalla cambiará de emplazamiento, habrá lucha en nuestras costas y, desgraciadamente, esto nos salpicará a todos.
nopuerto@gmail.com
* Representante de la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla ante la Comisión Europea.