La Policía tiene fundadas sospechas de que tras la salida del Partido Popular del Gobierno, el ex director general de Industria, Celso Perdomo, mantuvo al menos a un “colaborador necesario” dentro de ese departamento para poder ejecutar los compromisos adquiridos con algunas empresas interesadas en el negocio de potenciación eólica en Canarias. Ese supuesto colaborador es un funcionario.



CARLOS SOSA. Las Palmas de Gran Canaria

Las investigaciones policiales y del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre la trama eólica están a punto de llegar a su fin. Faltan los registros domiciliarios y la intervención de los ordenadores de la Comunidad Autónoma y de las empresas y particulares que han tenido que ver con la trama de información privilegiada para obtener ventajas en el concurso que pusiera en marcha el ex consejero de Industria Luis Soria, del Partido Popular.

Esos registros se producirán en simultáneo con las detenciones de los presuntos implicados, que se adelantarán a lo previsto por los investigadores una vez han aparecido en los medios de comunicación los pormenores de la trama.

La salida precipitada del Gobierno del Partido Popular en mayo dio un quiebro a las investigaciones, iniciadas en marzo tras la denuncia interpuesta por el ex empleado de una de las empresas investigadas, Grupo Gesco, Alberto Santana. El ex director general de Industria y Energía, Celso Perdomo, sobre el que de momento recaen las máximas responsabilidades por ser el alto cargo de la Administración que propiciaba el trato de favor, abandonó la Consejería de Industria para regresar a su plaza de funcionario en el Cabildo de Gran Canaria.

Pero según la investigación, pudo dejar a un colaborador al frente de los intereses de las empresas favorecidas dentro de ese departamento, lo que propició que la operación no decayera y se llegaran a producir pagos en metálico. Empresas como Hidrocantábrico, llegadas de la mano de intermediarios como Daniel Fernández de Salamanca, adelantaron comisiones a cuenta del negocio eólico.

No se descartan nuevos sospechosos

La Policía está completamente segura de que la trama política acaba, de momento, en el que fuera director general de Industria y Energía en la etapa de Luis Soria (PP), Celso Perdomo, pero no descarta que de las detenciones, los registros y las pruebas que se obtengan a partir de ahora puedan aparecer otras personas implicadas en esta red de corrupción política y empresarial.

Las detenciones, que podrían ordenarse en los próximos días, se ejecutarán en Gran Canaria y en la Península al aparecer empresarios e intermediarios de aquí y de allá. Una de las personas clave ha sido en Canarias Wilebaldo Luis Yanes, que también aparece en la operación de trato de favor ante el presidente de la Audiencia de Las Palmas, mientras que en la Península el aglutinador de algunas operaciones sospechosas es Daniel Fernández de Salamanca, un ingeniero que negoció múltiples ofertas para el concurso en nombre de diversas empresas, algunas de ellas radicadas en Canarias.

Además de Celso Perdomo, que aparece como principal promotor político de la trama, personas de su entorno también figuran como citadas en las investigaciones en curso.

Tres tramas corren paralelas

Ha bastado una sola denuncia judicial sobre corrupción para que se haya destapado una trama corrupta. Pero lo que se ha descubierto tiene tres ramificaciones: de un lado, dos operaciones políticas relacionadas con el negocio de la energía eólica, y de otro, la petición de favores judiciales para un narcotraficante actualmente en prisión. Las tres tramas se entremezclan porque en dos de ellas aparece el empresario Wilebaldo Luis Yanes, que reconoce haber intermediado ante el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, además de admitir que actuaba como intermediario de empresas interesadas en el negocio eólico.

Sin embargo, Luis Yanes es una pieza insignificante si se tiene en cuenta lo que se cocía. La primera trama eólica, incorporada al sumario gracias a una ampliación de la denuncia presentada por Alberto Santana, implica ya a personajes políticos como José Manuel Arnáiz o los hermanos Soria, Luis y José Manuel, que presuntamente trataron de favorecer a un particular (Javier Esquivel) con una concesión eólica en suelo portuario. Los Soria ayudaron desde la cuasi fenecida empresa pública Megaturbinas Arinaga, S.A., cuyo ex gerente les denunció sin éxito ante la Fiscalía Anticorrupción. Pero esa denuncia ya la tiene Miguel Ángel Parramón, titular del juzgado que investiga la segunda trama eólica.

Esta segunda trama es el núcleo del presunto tráfico de información privilegiada que partió de la Consejería de Industria y que tuvo como especiales destinatarias las empresas -o grupo de empresas- en las que aparece directa o indirectamente el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil.

Más pronto que tarde terminarán confluyendo las dos tramas para encontrar a todos los responsables. La tercera es colateral y tiene que ver con el magistrado José Antonio Martín: su hijo Nereo y su amigo del alma Wilebaldo Luis Yanes le relacionan circunstancialmente con las anteriores.


canariasahora.com