Nunca como ahora los escándalos de corrupción en las Islas han tenido tanto eco en el escenario nacional. Desde Madrid, los partidos políticos miran con una mezcla de inquietud y prudencia la cadena de casos que han estallado en poco tiempo. Todos se preguntan qué está pasando en Canarias.
Primero fue un rumor de fondo pero hoy ya se ha convertido en ruido: la trama eólica que ha llevado a prisión a un ex director general del Gobierno autónomo, la suspensión cautelar del presidente de la Audiencia de Las Palmas, la denuncia por soborno contra el líder del PP en Fuerteventura...

La imprecisa idea de que existe un clima de corrupción en Canarias -más o menos generalizada según quien lo interprete- ha ganado cuerpo y es objeto de comentario en los despachos políticos, pero también en pasillos y mentideros. La reacción oficial unánime es de manual: claridad, transparencia y depuración de responsabilidades. Pero sotto voce cada partido saca su propia lectura.

Razones

En el PSOE entienden que la salida a la luz de «tantas componendas a la vez» colma de razón al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien en su día denunció como hecho usual en las Islas la connivencia entre el poder político y el empresarial. Su vehemencia estuvo a punto de costarle una propuesta de reprobación de Coalición Canaria (CC), que nunca llegó a plasmarse.

Además, los socialistas se alegran ahora más que nunca de no haber entrado en el Gobierno canario tras la salida del PP: el PSC se ha librado así de salpicaduras incómodas y mantiene intacto su margen de maniobra para esgrimir la corrupción como arma electoral contra CC de cara a los comicios autonómicos de 2007.

Pero la tranquilidad del PSOE, que ve los acontecimientos desde fuera, no está exenta de preocupación por la mala imagen de la clase política canaria y la posible pérdida de confianza de la ciudadanía en sus representantes. Por contra, en Ferraz no creen que la bronca por los escándalos vaya a afectar a la colaboración que los nacionalistas canarios prestan en Madrid al Gobierno de Zapatero.

En el PP la percepción es muy distinta, por tratarse hasta ahora del partido más tocado por la trama eólica. En la sede central de la calle Génova lo que apremia es esclarecer la situación cuanto antes y delimitar las responsabilidades, para evitar que «los demás intoxiquen» -en palabras de Acebes- y ataquen la honorabilidad de otros dirigentes del PP canario.

La dirección popular se precia de que José Manuel Soria haya sido «el primero» en pedir una comisión de investigación para esclarecer la trama eólica y recuerda que «el mismo día» que afloró el escándalo se cesó de militancia a los involucrados. Sin embargo, el PP ha evitado valorar la acusación que pesa sobre Domingo González Arroyo por presunto intento de soborno -basada en una grabación-, aunque su presidente, Mariano Rajoy, dice no estar dispuesto a tolerar dudas sobre los miembros de su partido.

Pese a la trascendencia de los hechos y su eco fuera de las Islas, los populares rechazan la idea de que el Archipiélago sufra un grado de corrupción generalizada y prefieren calificarlo de «casos aislados», que simplemente «han coincidido en el tiempo».

Con todo, la situación en Canarias se ha convertido en un arma arrojadiza en Madrid contra el principal partido de la oposición. El responsable de Organización del PSOE, Alfonso Perales, exige a Rajoy una y otra vez que repruebe públicamente los hechos y deje de «mirar para otro lado» si no quiere amparar la corrupción con su silencio.

También el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pide al PP que deje de atribuir las denuncias a «oscuros contubernios políticos».

En los medios nacionales

Hasta hace poco, los escándalos canarios se habían visto escasamente reflejados en los medios de comunicación nacionales. Pero la trama eólica ha logrado volcar la mirada sobre las Islas. A lo largo de la última semana, prácticamente no ha habido medio que no se haya hecho eco del caso. La repercusión ha sido de tal calado que diarios como El País y El Mundo han dedicado al caso editoriales.