Espacio web hecho en Canarias de comentarios, noticias y acontecimientos acaecidos en América Latina y la consiguiente manipulación de los medios de comunicación. CORREO CONTACTO: cdep-estoesnada@hotmail.com [EN CONSTRUCCIÓN]
Get your own Chat Box! Go Large!
El Gobierno no encuentra un documento que puede esclarecer los manejos, presuntamente irregulares, de Alberto Amorós en el Tesoro. No aparece un contrato entre el Tesoro, BCH y Andersen, por el que se pagó 270.455 euros.
Empiezan las complicaciones para el Gobierno canario a la hora de defenderse de las «irregularidades» que la Audiencia de Cuentas de Canarias achaca al ex director general del Tesoro, Alberto Amorós. Se trata del documento acredidativo que demuestra una operación de 270.455 euros. No aparece.
El interventor general de la Comunidad, Jesús Velayos, vio frustrada su tentativa de hallar el documento en algunas de las dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda. Velayos registró durante las jornadas laborales de los pasados lunes y martes, cajones y estanterías y pidió a varios funcionarios que colaboraran en la búsqueda del contrato que vinculaba al Banco Central Hispano con la consultora Andersen Consulting (hoy Accenture) en el pago de unos honorarios por un informe sobre la gestión de la Tesorería del Gobierno.
La ilocalización de los documentos (incluso por vía informática) fue la causa de que Adán Martín, presidente del Gobierno, no aportara la documentación en su comparecencia ante el Parlamento. De hecho, el diputado socialista Blas Trujillo interpeló a Martín reclamándole la aportación de las pruebas.
«Contrato verbal»
La historia del acuerdo entre el BCH y Andersen es una de las piezas más relevantes del informe fiscalizador de la Audiencia de Cuentas para demostrar que Amorós utilizó «cuentas ociosas» opacas al control de la Administració: abrió 280 cuentas.
La Audiencia recuerda que la Inspección General de Servicios paralizó en 1997 (el segundo de los ocho años que estuvo Amorós) la auditoría de gestión del Tesoro, al detectar que una empresa privada (Andersen) ocupaba las instalaciones de la Dirección General para realizar un trabajo encargado por el propio Amorós.
De ese encargo, la Audiencia ya dio cuenta de la «inexistencia» del expediente de contratación, ni siquiera del gasto. «Estamos ante un contrato verbal instado por la Dirección General del Tesoro», insistió la Audiencia de Cuentas en sus conclusiones.
A la Audiencia de Cuentas ya le llamó la atención que la Secretaría General Técnica asegurara que el encargo de Andersen «era gratuito». Sin embargo, se pudo acreditar con posterioridad que hubo un pago de 270.455 euros a Andersen, el 30 de julio de 1997.
El titular de la Secretaría General que informó de la gratuidad era Jesús Velayos.
Empiezan las complicaciones para el Gobierno canario a la hora de defenderse de las «irregularidades» que la Audiencia de Cuentas de Canarias achaca al ex director general del Tesoro, Alberto Amorós. Se trata del documento acredidativo que demuestra una operación de 270.455 euros. No aparece.
El interventor general de la Comunidad, Jesús Velayos, vio frustrada su tentativa de hallar el documento en algunas de las dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda. Velayos registró durante las jornadas laborales de los pasados lunes y martes, cajones y estanterías y pidió a varios funcionarios que colaboraran en la búsqueda del contrato que vinculaba al Banco Central Hispano con la consultora Andersen Consulting (hoy Accenture) en el pago de unos honorarios por un informe sobre la gestión de la Tesorería del Gobierno.
La ilocalización de los documentos (incluso por vía informática) fue la causa de que Adán Martín, presidente del Gobierno, no aportara la documentación en su comparecencia ante el Parlamento. De hecho, el diputado socialista Blas Trujillo interpeló a Martín reclamándole la aportación de las pruebas.
«Contrato verbal»
La historia del acuerdo entre el BCH y Andersen es una de las piezas más relevantes del informe fiscalizador de la Audiencia de Cuentas para demostrar que Amorós utilizó «cuentas ociosas» opacas al control de la Administració: abrió 280 cuentas.
La Audiencia recuerda que la Inspección General de Servicios paralizó en 1997 (el segundo de los ocho años que estuvo Amorós) la auditoría de gestión del Tesoro, al detectar que una empresa privada (Andersen) ocupaba las instalaciones de la Dirección General para realizar un trabajo encargado por el propio Amorós.
De ese encargo, la Audiencia ya dio cuenta de la «inexistencia» del expediente de contratación, ni siquiera del gasto. «Estamos ante un contrato verbal instado por la Dirección General del Tesoro», insistió la Audiencia de Cuentas en sus conclusiones.
A la Audiencia de Cuentas ya le llamó la atención que la Secretaría General Técnica asegurara que el encargo de Andersen «era gratuito». Sin embargo, se pudo acreditar con posterioridad que hubo un pago de 270.455 euros a Andersen, el 30 de julio de 1997.
El titular de la Secretaría General que informó de la gratuidad era Jesús Velayos.