Las fuentes indicaron que Bruselas "reiniciará el procedimiento" interservicios cuando se hayan examinado todas las informaciones. El gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, paralizó a mediados de enero este procedimiento y su propio proyecto de dictamen favorable a la construcción del puerto tinerfeño.Al respecto, el encuentro que el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, mantuvo el pasado jueves con Stavros Dimas no consiguió esclarecer los motivos exactos de la suspensión de los trámites. En esta reunión, el comisario europeo trasladó a Martín que Bruselas necesita más "tiempo" para evaluar el proyecto. Las fuentes indicaron que la "Dirección General de Medio Ambiente" dispone de "todas las informaciones" que proceden no solamente de los gobiernos canario y español sino también de otras partes "que tienen cosas que decir".No obstante, en la 'consulta interservicios' participan, aparte de Medio Ambiente, las Direcciones Generales implicadas en el proyecto como Política Regional y Transportes. Según estas fuentes, desde Tranportes también se analiza la documentación y se espera que respondan en un tiempo razonable. La reunión del pasado jueves entre Adán Martín y Stavros Dimas no logró esclarecer los motivos exactos de la suspensión de los trámites

LOS ECOLOGISTAS RESPONSABILIZAN A ADÁN MARTÍN DE LA POSIBLE PÉRDIDA DE FINANCIACIÓN EUROPEA DEL PROYECTO DE GRANADILLA

Consideran inadmisible las últimas declaraciones del Presidente del Gobierno de Canarias y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que no voten en las próximas elecciones a partidos como el del Presidente que basa su política en la mentira
En relación a las declaraciones del Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. Martín, de jueves pasado que aparecen en la prensa, en la que culpa a los ecologistas del retraso del expediente del proyecto de Granadilla en Bruselas y de la pérdida de 72 millones de Europa para el proyecto, queremos manifestar los siguiente: 1. Lo primero que tiene que hacer un responsable político, máxime si es un Presidente del Gobierno de Canarias, es defender el imperio de la ley. El Sr. Martín ni lo defiende ni tan siquiera lo respeta. Si Bruselas está poniendo impedimentos al proyecto de Granadilla es por su presunta ilegalidad, por lo que resulta bochornoso que el Presidente quiera ejecutar este proyecto aún siendo ilegal.2. Desde hace muchos años los colectivos ecologistas venimos diciendo que ese proyecto era ilegal, y que lo que tenía que hacer las administraciones españolas era retirarlo y presentar proyectos de potenciación del Puerto de Santa Cruz para no perder los fondos. Sería responsabilidad exclusiva de CC y el PSOE si se pierden los fondos, por empecinarse en defender un proyecto ilegal3. El Sr. Martín sigue mintiendo de forma burda cuando habla de las ventaja ambientales del proyecto de Granadilla: es mentira que haga falta puerto de Granadilla para la descarga del gas en el sur, es mentira que con la implantación del gas se vaya a cumplir Kyoto, es mentira que con el puerto de Granadilla se vaya a disminuir el transporte por carreteras de mercancías -muy al contrario, aumentaría de forma drástica-. Al Sr. Martín y a su Gobierno se les ha instado en infinidad de ocasiones a que debatan públicamente todos estos aspectos para clarificar a la opinión pública quien dice la verdad, y nunca se han prestado a dicho debate4. Dónde dice la verdad el Sr. Martín es en que la mayoría de las administraciones respaldan el proyecto, pero sin embargo la mayoría de los ciudadanos lo rechazan (como demostró la encuesta del Cabildo de junio de 2005). Si el Sr. Martín fuese democrático, respaldaría la propuesta de un referéndum. Si el Sr. Juan Carlos Alemán fuese serio defendería también la propuesta de referéndum, ya que fue el primero en lanzarla hace ya más de dos años y desde entonces permanece callado5. Es obvio, después de la declaraciones del Sr. Martín, cuando hace referencia a que el puerto y la descarga de mercancías debería estar en el centro del consumo de Tenerife, que sigue empeñado en desmantelar la principal actividad económica del área metropolitana: su puerto6. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que en las próximas elecciones no vote a partidos políticos como CC que basan su política en la permanente mentira a la opinión pública, como es en el caso del puerto de Granadilla, que no han dicho ni unas sola verdad en todo el proceso (Santa Cruz estaba colapsada, Santa Cruz no se puede ampliar, Granadilla no tiene impacto en los lugares protegidos a nivel europeo, Granadilla es necesario para la descarga del gas y el cumplimiento de Kyoto, con Granadilla se crearán 20.000 nuevos puestos de trabajo, los opositores a Granadilla son una minoría…).

Los Verdes anima y llama a la desobediencia civil en caso de que el dictamen de la Comisión sea favorable a la realización del puerto de Granadilla.
El proyecto de puerto industrial de Granadilla se está convirtiendo sin duda en el proyecto más contestado en la Unión Europea, como lo prueba las miles de reclamaciones que ha recibido el Defensor del Pueblo Europeo, y la esmerada firmeza y seriedad con la que la Comisión Europea vela por el cumplimiento del derecho comunitario. La presión ciudadana, legítima y ampliamente seguida por decenas de miles de personas, está demostrando que sus voces también son atendidas por las instituciones, en este caso comunitarias. Sin embargo, Los Verdes de Canarias lamenta que el Presidente del Gobierno canario y el Parlamento están dando muestra de una ceguera política sin precedentes. La reciente visita de Adán Martín para entrevistarse con el Comisario de Medio Ambiente Stavros Dimas, vuelve a demostrar una vez más la incomprensión del propio Presidente hacia la constestación ciudadana, y la pobreza de las justificaciones y argumentos con tal de sacar el proyecto del puerto adelante. “Hasta Adán Martín parece ignorar la importancia y trascendencia del derecho comunitario, cuando se atreve a negar que la ampliación del puerto de Santa Cruz no es una alternativa”. Los Verdes de Canarias hará llegar a Adán Martín que informe con objetivad sobre las razones de la importancia medioamiental que significa el proyecto del puerto, tal como declaró a los medios. Asimismo, le pedirá que explique cuáles son las fuentes para manifestar que el puerto de Granadilla es “fundamental" para Canarias y que va a permitir el abaratamiento de costes y de la vida. “Es absurdo y lamentable la justificación de que el proyecto es necesario para el cumplimiento del protocolo de Kyoto”. En la carta, también le exigirán que facilite los datos que le llevan a decir que el puerto de Granadilla reducirá el tráfico de contenedores, cuando el propio Cabildo de Tenerife reconoce que el 75% del tráfico insular se produce en el área metropolitana. Copia de la carta será remitida a los grupos del Parlamento canario para que exijan la interpelación del Presidente y explique a los ciudadanos los argumentos ya comentados, y que además fueron los que trasladó al Comisario Dimas. Los Verdes de Canarias valoran la actitud y el comportamiento de la Comisión Europea que no duda en dedicar todo el tiempo necesario antes de emitir un dictamen consecuente con el derecho comunitario. Asimismo, tal como expresó el propio Comisario Europeo en respuesta a una pregunta del eurodiputado español de Los Verdes, Raül Romera (respuesta de fecha 5 de enero 2006), “el dictamen incluirá la evaluación de los valores ecológicos que puedan resultar afectados por el proyecto, la importancia de las razones imperativas invocadas y una evaluación de las medidas compensatorias; y la evaluación supondrá una valoración científica y económica de la necesidad y proporcionalidad del proyecto” Añade, además, que “la Comisión también tendrá en cuenta la existencia o falta de alternativas al proyecto al alcanzar sus conclusiones”. Por último, Los Verdes de Canarias quiere expresar su total respaldo a las acciones que Asamblea por Tenerife viene desarrollando para explicar y argumentar que el puerto de Granadilla no es necesario, como la última acampada en la Plaza de Candelaria. “Asamblea por Tenerife es el mejor foro social donde todas las sensibilidades han confluido en un objetivo claro de rechazo al proyecto”. Los Verdes anima y llama a la desobediencia civil en caso de que el dictamen de la Comisión sea favorable a la realización del puerto.

La asociación Ben Magec- Ecologistas en Acción acusa al presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, de "seguir mintiendo" de forma burda cuando habla de las ventaja ambientales del proyecto de Granadilla, y niegan que haga falta puerto de Granadilla para la descarga del gas en el sur y que con la implantación del gas se vaya a cumplir Kyoto, y también "es mentira", dicen, que con el puerto de Granadilla se vaya a disminuir el transporte por carreteras de mercancías. Asimismo, responsabiliza al presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, de la posible pérdida de financiación europea para el proyecto del Puerto de Granadilla, y aclara que si Bruselas está poniendo impedimentos al proyecto es por su presunta ilegalidad, por lo que considera bochornoso que Martín "quiera ejecutar este proyecto aún siendo ilegal".

"Lo primero que tiene que hacer un responsable político, máxime si es un presidente del Gobierno de Canarias, es, a juicio de Ben Magec, defender el imperio de la ley. El señor Martín ni lo defiende ni tan siquiera lo respeta", apunta.

Ben Magec recuerda que desde hace muchos años los colectivos ecologistas vienen diciendo que ese proyecto era ilegal, y que lo que tenían que hacer las administraciones españolas era retirarlo y presentar proyectos de potenciación del Puerto de Santa Cruz para no perder los fondos. Añaden que "sería responsabilidad exclusiva de Coalición Canaria y del PSOE si se pierden los fondos, por empecinarse en defender un proyecto ilegal", apostillan e insisten en que lo democrático sería un referéndum.

Adán Martín inspira poca confianza al 35,4% de los canarios, mientras un 26,3% confía bastante en él y un 20,9% no confía nada en su persona, según el estudio del CIS, realizado en diciembre de 2005.

La encuesta señala que un 44,1% de los canarios considera al presidente del Gobierno canario poco eficaz, un 41,7% bastante inteligente, un 41,1% piensa que posee bastante experiencia, un 34,8% cree que es bastante prudente, un 33,4% bastante simpático y un 32,4% bastante honrado.

La encuesta del CIS evalúa también la gestión realizada por el Gobierno de Canarias en los últimos dos años, que es regular para el 60,5% de los canarios, mala para el 17% y buena para el 14%.

La política que desarrolla el Gobierno de Canarias en materia de vivienda es mala para el 37% de los encuestados, consideración similar que recibe la forma de abordar el desempleo (39,5%), mientras que el Ejecutivo Autónomo gestiona regular la educación para el 40,5% de los encuestados, regular la sanidad (32,8%) y regular la protección del medio ambiente (42,3%).

El paro es el principal problema para los canarios (49,8%) de acuerdo al estudio del CIS, seguido de la inmigración (44,6%), la vivienda (24,4%), la inseguridad ciudadana (24%) y los problemas económicos (21,7%).

Para los habitantes del Archipiélago la situación política actual de Canarias es regular para un 45,3%, mala para el 23,9% y buena para el 13%, y la económica regular para el 38,9%, mala para el 33,2% y muy mala para el 15,6%.

Similar consideración merece la situación política de España, que es regular para un 44,9% de los canarios, mala para el 20,4% y buena para el 19,2%, mientras que la situación económica nacional es regular para el 39,9%, mala para el 29,4% y buena para el 14,8%.

Sólo el 6,7% ve a Canarias como una nación

El estudio del CIS señala que el 83,6% de los habitantes del Archipiélago considera que Canarias es una región, mientras para un 6,7% es una nación.

Asimismo, un 76,7% de los encuestados se siente muy orgulloso de ser canario, mientras un 18,4% se considera bastante orgulloso de ello, frente a un 48,8% que está orgulloso de ser español y un 39,1% que está bastante orgulloso de serlo.

Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, un 34,2% de los encuestados cree que es bastante necesaria, un 27,9% no sabe si hace falta reformarla y un 15,2% considera que la modificación es poco necesaria.

La encuesta del CIS indica que un 49,2% de los canarios piensa que es mejor no abordar esa reforma si no se logra un apoyo amplísimo y un 26,5% cree que es importante hacerla aunque algún partido se oponga.

Un 53,4% de los canarios está de acuerdo con la organización del Estado actual, un 19,7% se muestra a favor de un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan más autonomía y un 8,7% desea un Estado sin autonomías.

La creación y el desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido algo más bien positivo para España para el 69,2% de los canarios y más bien negativo para el 14,5%.

Reforma de la Constitución

Respecto a la reforma de la Constitución, un 48% de los habitantes del Archipiélago considera necesario modificarla y un 29,4% cree que debe dejarse como está.

En caso de que la Constitución se reforme, un 18,3% de los canarios cree que deben abordarse la sucesión de la Corona, un 13,1% la reforma de la Justicia y un 12,4% la reforma de los Estatutos de Autonomía.

Sobre la forma en que las decisiones de la Administración afectan a su bienestar, el 43,5% de los canarios cree que las decisiones del Gobierno del Estado les afectan bastante y un 29,6% mucho; mientras que las del Gobierno Autónomo les afectan bastante a un 41,7% y mucho al 33% y las de su ayuntamiento bastante al 43,7% y mucho al 36,6% de los encuestados.


La encuesta del CIS evalúa también la gestión realizada por el Gobierno de Canarias en los últimos dos años, que es regular para el 60,5% de los canarios

Sólo el 6,7% de los canarios encuestados considera que el Archipiélago es una nación, mientras un 76,7% se siente muy orgulloso de

El Gobierno no encuentra un documento que puede esclarecer los manejos, presuntamente irregulares, de Alberto Amorós en el Tesoro. No aparece un contrato entre el Tesoro, BCH y Andersen, por el que se pagó 270.455 euros.
Empiezan las complicaciones para el Gobierno canario a la hora de defenderse de las «irregularidades» que la Audiencia de Cuentas de Canarias achaca al ex director general del Tesoro, Alberto Amorós. Se trata del documento acredidativo que demuestra una operación de 270.455 euros. No aparece.

El interventor general de la Comunidad, Jesús Velayos, vio frustrada su tentativa de hallar el documento en algunas de las dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda. Velayos registró durante las jornadas laborales de los pasados lunes y martes, cajones y estanterías y pidió a varios funcionarios que colaboraran en la búsqueda del contrato que vinculaba al Banco Central Hispano con la consultora Andersen Consulting (hoy Accenture) en el pago de unos honorarios por un informe sobre la gestión de la Tesorería del Gobierno.

La ilocalización de los documentos (incluso por vía informática) fue la causa de que Adán Martín, presidente del Gobierno, no aportara la documentación en su comparecencia ante el Parlamento. De hecho, el diputado socialista Blas Trujillo interpeló a Martín reclamándole la aportación de las pruebas.

«Contrato verbal»

La historia del acuerdo entre el BCH y Andersen es una de las piezas más relevantes del informe fiscalizador de la Audiencia de Cuentas para demostrar que Amorós utilizó «cuentas ociosas» opacas al control de la Administració: abrió 280 cuentas.

La Audiencia recuerda que la Inspección General de Servicios paralizó en 1997 (el segundo de los ocho años que estuvo Amorós) la auditoría de gestión del Tesoro, al detectar que una empresa privada (Andersen) ocupaba las instalaciones de la Dirección General para realizar un trabajo encargado por el propio Amorós.

De ese encargo, la Audiencia ya dio cuenta de la «inexistencia» del expediente de contratación, ni siquiera del gasto. «Estamos ante un contrato verbal instado por la Dirección General del Tesoro», insistió la Audiencia de Cuentas en sus conclusiones.

A la Audiencia de Cuentas ya le llamó la atención que la Secretaría General Técnica asegurara que el encargo de Andersen «era gratuito». Sin embargo, se pudo acreditar con posterioridad que hubo un pago de 270.455 euros a Andersen, el 30 de julio de 1997.

El titular de la Secretaría General que informó de la gratuidad era Jesús Velayos.

Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que la política del gobierno regional impide a Canarias cumplir con el Protocolo de Kyoto para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La formación de izquierdas, rechaza las declaraciones del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, publicadas hoy, en las que habla de un compromiso del Ejecutivo regional con el ahorro energético, las energías alternativas y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que los datos disponibles desmienten.
Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que la política del gobierno regional impide a Canarias cumplir con el Protocolo de Kyoto para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La formación de izquierdas, rechaza las declaraciones del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, publicadas hoy, en las que habla de un compromiso del Ejecutivo regional con el ahorro energético, las energías alternativas y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que los datos disponibles desmienten.
IUC recuerda que CC.OO. y el Instituto Worldwatch estimaron que, entre 1990 y 2004, Canarias incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 81.8%, el mayor aumento de España. El Protocolo de Kyoto fijaba un tope del 15% que, a escala estatal, ha sido rebasado hasta llegar al 45.6%. En el caso canario el transporte representa un 10% más de emisiones que en la media estatal. Además, la experiencia internacional muestra que no hay una relación mecánica entre crecimiento económico y aumento de las emisiones.

El problema consiste en la ausencia de políticas canarias de ahorro energético, en el sobredimensionamiento del transporte privado y en el compromiso del Ejecutivo regional con la construcción de más y más carreteras, que incrementarán el número de vehículos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, el desarrollo de las energías alternativas es muy deficiente en Canarias y, en el caso de la energía eólica, ese desarrollo se halla frenado temporalmente por la trama de corrupción que se ha hecho pública durante las últimas semanas.

IUC dice que una política comprometida con Kyoto, en Canarias pasa necesariamente por promocionar el transporte público a costa del privado, no introducir un gas natural -que también contribuye al efecto invernadero- y, en su lugar, potenciar intensamente la energía eólica y el uso de la energía solar en todas las edificaciones. IUC cita los trabajos del catedrático de ingeniería mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero, que plantean una introducción masiva de energías alternativas y sistemas de ahorro que podrían conducir a una reducción del 35-50% del consumo de energía eléctrica en Canarias. Se trata de propuestas realistas que al profesor Calero le sirvieron para que el Gobierno canario lo relevara de sus responsabilidades al frente del Instituto Tecnológico de Canarias. El Gobierno canario siempre ha sido muy coherente con sus políticas de insostenibilidad que, lógicamente, disfraza de retórica sostenible.

La población extranjera en Canarias aumentó casi un 20% en el último año contabilizado en la revisión del padrón. Ya son 222.260 personas, el 11,3% de los habitantes de la región. De las 52.740 altas registradas en las cifras oficiales, el 70% (36.479) son de otras nacionalidades.
De las nacionalidades más representadas en el Archipiélago, en términos absolutos, los extranjerosque han registrado un mayor crecimiento porcentual en la revisión del padrón a 1 de enero de 2005 son los italianos (23%) seguidos de los marroquíes (22,7), los nacionales del Reino Unido (21,9) y los venezolanos (21,6). Los extranjeros que han tenido un crecimiento menor son los colombianos (8,8).

Sin embargo, entre enero de 2004 y enero de 2005, y centrándonos únicamente en los porcentajes de crecimiento, las nacionalidades que más han aumentado en Canarias son las de Rumanía (65,9%), Uruguay (43,0) y Bulgaria (41,5), seguidos por los chilenos (32,8), senegaleses (29,3) y chinos (28,5). A excepción de uruguayos y chinos, esas nacionalidades todavía son poco significativas numéricamente.

La población extranjera es el factor principal del crecimiento poblacional del Archipiélago. Además, modifica la distribución por sexo y edad ya que la proporción de hombres y de personas en edad laboral es mucho mayor que en el resto del padrón. Así, en Canarias el 12,6% de la población española tiene 65 años o más. Entre los extranjeros residentes ese índice es sólo el 8,4.

En Santiago del Teide son el 50%

Santiago del Teide, en Tenerife, es el municipio canario con la mayor proporción de población extranjera empadronada. Uno de cada dos vecinos de este pueblo de las cumbres tinerfeñas es de otra nacionalidad, en concreto el 49,2%.

El segundo y cuarto lugar de ese ránking también se encuentran en Tenerife, en concreto en el sur. En Adeje son extranjeros el 42,4% de las personas empadronadas y en Arona el 37%. Tías, en Lanzarote, se intercala entre ambos términos, en este caso con un 38,5%.

Los puestos quinto a noveno de esa tabla de municipios con más población extranjera se reparten entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote. La Oliva aparece en primer lugar en este grupo (33,2%). Le sigue Yaiza (32,6), continúa Antigua (32) y cierra el cuarteto el municipio de Pájara (31,8).

San Miguel de Abona (31,5) y Mogán (31), en el sur de Tenerife y de Gran Canaria, respectivamente, ocupan los puestos décimo y undécimo.

Nunca como ahora los escándalos de corrupción en las Islas han tenido tanto eco en el escenario nacional. Desde Madrid, los partidos políticos miran con una mezcla de inquietud y prudencia la cadena de casos que han estallado en poco tiempo. Todos se preguntan qué está pasando en Canarias.
Primero fue un rumor de fondo pero hoy ya se ha convertido en ruido: la trama eólica que ha llevado a prisión a un ex director general del Gobierno autónomo, la suspensión cautelar del presidente de la Audiencia de Las Palmas, la denuncia por soborno contra el líder del PP en Fuerteventura...

La imprecisa idea de que existe un clima de corrupción en Canarias -más o menos generalizada según quien lo interprete- ha ganado cuerpo y es objeto de comentario en los despachos políticos, pero también en pasillos y mentideros. La reacción oficial unánime es de manual: claridad, transparencia y depuración de responsabilidades. Pero sotto voce cada partido saca su propia lectura.

Razones

En el PSOE entienden que la salida a la luz de «tantas componendas a la vez» colma de razón al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien en su día denunció como hecho usual en las Islas la connivencia entre el poder político y el empresarial. Su vehemencia estuvo a punto de costarle una propuesta de reprobación de Coalición Canaria (CC), que nunca llegó a plasmarse.

Además, los socialistas se alegran ahora más que nunca de no haber entrado en el Gobierno canario tras la salida del PP: el PSC se ha librado así de salpicaduras incómodas y mantiene intacto su margen de maniobra para esgrimir la corrupción como arma electoral contra CC de cara a los comicios autonómicos de 2007.

Pero la tranquilidad del PSOE, que ve los acontecimientos desde fuera, no está exenta de preocupación por la mala imagen de la clase política canaria y la posible pérdida de confianza de la ciudadanía en sus representantes. Por contra, en Ferraz no creen que la bronca por los escándalos vaya a afectar a la colaboración que los nacionalistas canarios prestan en Madrid al Gobierno de Zapatero.

En el PP la percepción es muy distinta, por tratarse hasta ahora del partido más tocado por la trama eólica. En la sede central de la calle Génova lo que apremia es esclarecer la situación cuanto antes y delimitar las responsabilidades, para evitar que «los demás intoxiquen» -en palabras de Acebes- y ataquen la honorabilidad de otros dirigentes del PP canario.

La dirección popular se precia de que José Manuel Soria haya sido «el primero» en pedir una comisión de investigación para esclarecer la trama eólica y recuerda que «el mismo día» que afloró el escándalo se cesó de militancia a los involucrados. Sin embargo, el PP ha evitado valorar la acusación que pesa sobre Domingo González Arroyo por presunto intento de soborno -basada en una grabación-, aunque su presidente, Mariano Rajoy, dice no estar dispuesto a tolerar dudas sobre los miembros de su partido.

Pese a la trascendencia de los hechos y su eco fuera de las Islas, los populares rechazan la idea de que el Archipiélago sufra un grado de corrupción generalizada y prefieren calificarlo de «casos aislados», que simplemente «han coincidido en el tiempo».

Con todo, la situación en Canarias se ha convertido en un arma arrojadiza en Madrid contra el principal partido de la oposición. El responsable de Organización del PSOE, Alfonso Perales, exige a Rajoy una y otra vez que repruebe públicamente los hechos y deje de «mirar para otro lado» si no quiere amparar la corrupción con su silencio.

También el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pide al PP que deje de atribuir las denuncias a «oscuros contubernios políticos».

En los medios nacionales

Hasta hace poco, los escándalos canarios se habían visto escasamente reflejados en los medios de comunicación nacionales. Pero la trama eólica ha logrado volcar la mirada sobre las Islas. A lo largo de la última semana, prácticamente no ha habido medio que no se haya hecho eco del caso. La repercusión ha sido de tal calado que diarios como El País y El Mundo han dedicado al caso editoriales.

El gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, paralizó la consulta interservicios sobre el proyecto de Granadilla dos días antes de adoptar su propio proyecto de dictamen, que consideraba la infraestructura compatible con las normas comunitarias medioambientales.



ACN. Bruselas

Fuentes comunitarias explicaron que el gabinete de Medio Ambiente, que había lanzado la consulta interservicios el 19 de diciembre, tenía previsto adoptar su proyecto de opinión favorable a la construcción del puerto de Granadilla el 20 de enero y, tras un plazo de cinco días hábiles, se auguraba su aprobación mediante el procedimiento escrito por parte del Colegio de Comisarios.

Sin embargo, el gabinete de Dimas anunció el “18 de enero” que había paralizado este procedimiento y su proyecto de dictamen favorable, que había sido elaborado en base a las informaciones procedentes tanto de las autoridades canarias y españolas como de los detractores del puerto de Granadilla, “sin dar explicaciones”, añadieron las mismas fuentes. En la denominada consulta interservicios participan, además de la Dirección General (DG) de Medio Ambiente, el resto de DG implicadas en este proyecto como Transporte y Política Regional.

Otras fuentes comunitarias también confirmaron recientemente que el “13 de enero” el “gabinete” del comisario había “suspendido” la “consulta interservicios” para “obtener más información”. El procedimiento, en principio, estaría de nuevo en curso.

Precisamente, el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, solicitará al comisario europeo de Medio Ambiente explicaciones durante el encuentro previsto para este jueves en Bruselas. El jefe del Ejecutivo autonómico acudirá acompañado del embajador permanente de España ante la Unión Europea (UE), Carlos Bastarreche.

Las fuentes comunitarias calificaron de “inaceptable” y “vergonzosa” la actuación del gabinete de Medio Ambiente e indicaron que, en base a las “presiones” que están recibiendo, están “dándole vueltas a si se amplía o no el puerto de Santa Cruz. En este sentido, las fuentes criticaron que la Comisión Europea “no está respetando el principio de subsidiariedad” al explicar que no le corresponde decidir sobre la ubicación del puerto, competencia del Estado miembro, sino que debe determinar si el proyecto es compatible o no con la Directiva Hábitats.

Las fuentes comunitarias subrayaron que los gobiernos de “Canarias y España han hecho todo” lo solicitado por Bruselas “desde el punto de vista medioambiental”, como proponer medidas correctoras del impacto del proyecto. Además, señalaron que “durante dos años y medio” se ha “examinado todo a fondo”, por lo que criticaron la suspensión del proyecto de dictamen favorable a Granadilla “cuando ya había pasado el examen” y estaba “listo para ser aprobado”.

El comisario europeo suspendió la “consulta interservicios” sobre el proyecto para “obtener más información”

Fuentes comunitarias califican de “inaceptable” y “vergonzosa” la actuación del gabinete de Stavros Dimas

La Asociación de Consumidores y Contribuyentes de Canarias, Consumo Sí, presenta este lunes ante la sede central de Fiscalía Especial para la Represión de los delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, en Madrid, una denuncia contra la Directora General de Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias, Flora Marimón Rodríguez y contra el Viceconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Miguel Becerra Domínguez , para que se investigue si hay tráfico de influencias, abuso de la función pública y utilización de potestades públicas para el interés privado, en los contratos públicos obtenidos por empresas vinculadas a estos dos altos cargos, durante su militancia en el Gobierno de ATI-CC. Elena Peraza, presidenta de Consumo Sí, anunció este domingo, además, que su organización se ha dirigido a la Fiscalía especial del Tribunal de Cuentas, interesándose por el expediente de llamado 'caso Amorós', sobre las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en la gestión de la Consejería de Economía y Hacienda durante los mandatos de José Carlos Francisco Díaz y Adán Pablo Martín Menis como consejeros.

(OFFC) La Asociación de Consumidores y Contribuyentes denuncia la incompabilidad de las funciones públicas de Marimón Rodríguez y Becerra Domínguez con sus intereses privados como como administradores de empresas.

Siendo asesora de Propaganda de Adán Martín, la actual Directora General de Medios del Gobierno de Canarias vendió servicios al propio Gobierno nacionalista por más de 100.000 euros, para Nexo Factoría de Comunicación SL, la empresa que fundó y ha gestionado junto a su pareja sentimental, Bernardino Sacristán Ruiz.

Un socio de Marimón en el negocio de la comunicación, Jorge Rodríguez Marquez, aseguró el pasado lunes 13 de febrero, en declaraciones a OFFC, que la directora general del Gobierno ya no tiene intereses directos en Nexo Factoría de Comunicación SL, aunque, según los datos inscritos en el Registro Mercantil, figura como administradora, junto a María del Pilar Rodríguez Plaza. Este periódico digital intentó contactar, sin éxito, con Marimón Rodríguez para verificar que Rodríguez Márquez había sido autorizado por la directora general para puntualizar la información publicada por OFFC.

La denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Contribuyentes de Canarias, a la que ha tenido acceso OFFC, pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los contratos obtenidos por Nexo Factoría de Comunicación SL, entre los años 2001 y 2003, de organismos como la Agencia de Protección del Medioambiente, el Instituto Tecnológico de Canarias, el Instituto de la Mujer, el Servicio Canario de Empleo y otros servicios de la Comunidad Autónoma. Durante ese periodo, Flora Marimón Rodríguez desempeñó un puesto de confianza de Adán Pablo Martín Menis, como asesora de Propaganda durante su mandato como consejero de Economía y Hacienda y, después de mayo de 2003, como presidente autonómico.

Los contratos de Marimón Rodríguez con la Administración de ATI-CC se remontan a 1994, cuando uno de sus proyectos para TV fue beneficiado con 108.000 euros en un programa de subvenciones a la industria audiovisual, adjudicado por Miguel Zerolo Aguilar (entonces, consejero de Turismo y Presidencia) cuatro meses antes de las Elecciones Autonómicas y Locales, en medio de un escándalo político que bautizó el reparto de fondos públicos como la 'Zeroloto'.

La denuncia de la organización Consumo Sí aporta a la Fiscal Especial Anticorrupción, Teresa Gálvez, un dosier sobre las prácticas de la directora general de Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias, relacionadas con la empresa que ella misma fundó en 1999.

La Asociación de Consumidores y Contribuyentes también ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción la solicitud de que investigue los contratos adjudicados por el Gobierno a la firma consultora Servicios Avanzados de Opinión SL, presidida por Antonio Vicent Pecharromán, y participada por Miguel Becerra Domínguez, portavoz del Gobierno de Adán Martín y Viceconsejero de la Presidencia.

Según informó en su día OFFC, Servicios Avanzados de Opinión SL ha reicibido contratos por, al menos, 806.000 euros de organismos dependientes del Gobierno de Canarias, desde, al menos, 1999.

Miguel Becerra constituyó Servicios Avanzados de Opinión SL en 1997, desempeñó el cargo de consejero de esta firma hasta el 2 de diciembre de 1999, según consta en el Registro Mercantil, de carácter público.

El 13 de octubre de 1999, siendo viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias y consejero de la empresa privada Servicios Avanzados de Opinión SL, Miguel Becerra se benefició de un contrato del Istac (Instituto Canario de Estadística), por importe de 94.000 euros, según consta en el BOC número 137 de aquel año. Servicios Avanzados de Opinión se presentó a la convocatoria formando una UTE (Unión Temporal de Empresas) con la firma Área Investigación SA. Becerra había sido nombrado viceconsejero de Hacienda apenas unos meses antes, el 30 de julio de 1999.

Actualmente, Miguel Becerra Domínguez figura como vocal del Consejo de Administración de Servicios Avanzados de Opinión SL, junto a Juan Fuentes Tabares, propietario de Atlantist Tenerife, Luis Delgado Peral, director de la Asociación de Empresa Familiar de Canarias y socio de la consultora Corporación 5 junto al ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Francisco Díaz.

Servicios Avanzados de Opinión SL está presidida por Antonio Vicent Pecharromán y recibe, desde 1999, los contratos anuales del Istac para la elaboración de la encuesta de gasto turístico de Canarias.

El pasado 19 de septiembre de 2005, el organismo público renovó este contrato, con compromisos de pago hasta el año 2007. En total, Servicios Avanzados de Opinión SL recibirá 270.000 euros, de aquí a 2007: 60.000 euros en 2005; 120.000 euros en 2006 y 90.000 más en 2007, según la adjudicación anunciada en el Boletín Oficial de Canarias número 193.

Durante el periodo comprendido entre 1999 y 2007, Servicios Avanzados de Opinión SL habrá recibido encargos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias por importe de 806.000 euros.

La Ley 3/1997, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 3 que los altos cargos del Gobierno "ejercerán sus funciones con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública que no derive de su ejercicio y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles o industriales, ya sea por sí mismos o mediante apoderamiento o sustitución".

El régimen sancionador, previsto en la propia Ley, contempla medidas de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, durante un periodo que puede llegar hasta los diez años, para las infracciones muy graves.

Flora Marimón Rodríguez fue nombrada directora general de Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias el 2 de noviembre de 2005, mientras que Miguel Becerra Domínguez es viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno desde el pasado 17 de julio de 2005.

www.offcanarias.com

La consejera de Sanidad y vicepresidenta del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, ha confirmado este sábado que la lista de espera quirúrgica se cifra en el Archipiélago en un total de 24.612 personas, de las que 7.499 son de esperas mayores a seis meses y el resto (17.113), de menos de medio año.



ACN. Las Palmas de Gran Canaria

Tras la clausura de la Jornada sobre el borrador del Pacto Social por la Sanidad en Canarias, organizada este sábado por el Sindicato Médico Canario (SMC) con la colaboración de los colegios oficiales de médicos de ambas provincias, Julios aseguró que la lista de espera corespondiente a más de seis meses se ha reducido en un 56% en lo que va de legislatura.

Por provincias, los hospitales de las islas capitalinas son los centros en los que más gente aguarda una fecha para ser operado, siendo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias el que mayor cifra registra, con 6.698 pacientes en espera, mientras que en Las Palmas lo es el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con 4.525 personas en espera.

La consejera apuntó que el Pacto Social por la Sanidad en Canarias "es algo más que un pacto entre partidos", siendo más un pacto social que pretende "asumir compromisos desde la corresponsabilidad entre la Administración, los profesionales y los propios ciudadanos".

En ese sentido, opinó que esta jornada es importante para hacer llegar a la ciudadanía las más de cien prioridades que establece este borrador y entre las que se encuentran propuestas para contrarestar la falta de especialistas, mejorar la profesionalización de la administración, incentivar mejoras en la gestión de la información o implicar a los progfesionalies en la gestión sanitaria.

En cuanto a la ficha sanitaria que debe acompañar este Pacto, Julios señaló que "ya se han priorizado algunas cuestiones en los Presupuestoso del 2006", y recordó que "la financiación sanitaria se va a volver a discutir en el ámbito español", debate en el que espera que se tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago, es decir, tanto el sobrecoste por la insularidad y la fragmentación territorial, como el aumento de la población experimentado en los últimos años. Sin embargo, consideró que además de la financiación "el sistema sanitario requiere reformas estructurales para mejorar la corresponsabilidad".

En cualquier caso, la consejera se mostró segura de que "el sistema nacional de salud, con la cartera de servicios más amplia y gratuita de Europa, no tiene nada que envidiar al resto de los países".

Jornadas de sugerencias

Para el doctor César Rodríguez Maffiotte, que trató en la Jornada de este sábado La mejora de las listas de espera diagnóstica, este tipo de listas de espera "no va a desaparecer jamás", ya que "mientras más se aumenta la oferta de servivios, más aumentan los pacientes y por tanto la lista de espera".

"Sobre quien hay que actuar es sobre el usuario -dijo el doctor-, hay que educarle y para eso ya no hay tiempo". A ese respecto, aseguró que si se actúa sobre la prevención de la enfermedad y el establecimiento de la salud desde que se nace, se puede reducir la lista de espera en más de un 50%".

Rodríguez Maffiotte explicó que el borrador del Pacto establece la creación de un Comité de Evaluación de la gestión para estudiar los tiempos de demora por patologías de manera homogénea, que establezca protocolos de actuación y que priorice según la gravedad de las patologías. Además, recoge la necesidad de aprobar una normativa autonómica y de adoptar medidas adicionales, "aunque sólo para las pruebas diagnósticas".

En ese sentido, el doctor se pregunta "de dónde saldrán los recursos" para financiar todos los puntos que recoge, "la gran pregunta que el pacto no contesta".

En cuanto a las listas de espera de consulta, el doctor Manuel Fernández Bethencourt, propone a la Administración que se incluyan en el borrador unos criterios de informatización pública, "de manera que sean fácilmente consultables y con criterios homogéneos, "cosa que hoy es imposible de hacer".

Además, propone una desmasificación de las consultas para "trabajar de manera más eficiente, ya que hoy en día hay demasiados pacientes en las consultas de Atención Primaria, más las urgencias metidas en medio con cuña".

Por otro lado, recomienda la creación de la figura del médico distribuidor, sesiones clínicas conjuntas para intercambiar criterios entre Atención Primaria y especializada, un catálogo de pruebas diagnósticas para discriminar patologías y que aumente así la eficacia, la sectorización geográfica de la atención especializada, la asistencia domiciliada postquirúrgica, y que la formación de los profesionales a cargo de la Administración pública "sea real", entre otros aspectos.

Por su parte, el doctor José Ramón Santana Santana, que trató en la Jornada La mejora de las listas de espera quirúrgicas -"el eterno problema"-, recomendó la redacción de un Plan Integral a través del cual aumente la oferta y disminuya la demanda y que cuente con "un grupo de expertos que asesore en medidas específicas de actuación".

Santana criticó a la Consejería por "olvidarse de presentar" el borrador del Pacto a los ciudadanos, "los destinatarios rales" de las medidas a adoptar y exigió a la Administración "una gestión sensata y honesta que aumente los medios", así como un aumento en la actividad quirúrgica.

"No sabemos lo que tenemos en listas de espera", dijo el doctor, quien recordó que "el objeto y caballo de batalla" de la Administración "no es rebajar el número de pacientes, sino el tiempo de espera".

Todas las conclusiones y sugerencias que se presentaron a lo largo del día de hoy serán recogidas en un documento al que se añadirán las sugerencias que se realicen a travñes de la página web del Sindicato Médico Canario y del Colegio Oficial de Médicos. Este documento será trasladado posteriormente a la consejera de Sanidad, María del Mar Julios.

Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Grandilla

Una de las bases de nuestro sistema democrático es que permite la utilización de la palabra para defender aquellas posiciones en las que honestamente creemos, respetando -no faltaría más- a los que piensan lo contrario. Sin embargo, esta elemental norma de convivencia en libertad se quiebra cuando lo que defendemos no es lo que piensan los que, con el poder en las manos, tienen todos los medios para que la apisonadora de la fuerza se cargue el derecho a la discrepancia.



Nosotros, que caminamos por la calle de la vida descalzos, nos olvidamos de que Nicolás Maquiavelo, hace ya tanto tiempo, dejó escrita la forma en que el poder hace y deshace obviando la necesaria búsqueda de la verdad que no juega al pelotazo económico. En una sociedad donde todo tiene precio la verdad no interesa y las palabras son lanzadas al arroyo de la vergüenza.

Por eso nosotros, la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla, nos vemos obligados a salir públicamente en defensa de un ciudadano que no la necesita, porque él mismo lo lleva haciendo hace ya bastante tiempo con su palabra y su acción. Estamos hablando, como no, de Pedro Anatael Meneses, un hombre que por utilizar su derecho a la libertad de expresión ha sido represaliado de una forma que parece digna del mejor Kafka. Lo que defiende es exactamente lo que aprobó su partido en su último congreso insular, el mismo que ahora (¡cuánta razón tenía Maquiavelo!) lo han defenestrado del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, porque la política, una vez más, no es el arte de gobernar los pueblos, sino el arte de emborronarlo todo en la tinta de unos intereses que nada tienen que ver con la verdad.

Por eso, nosotros, que andamos por la vida con los pies descalzos, no tenemos más remedio que decirle a Pedro Anatael algunas cosas. Perdonen que no lo hagamos en privado, pero a una ofensa pública le corresponde, en la más estricta justicia, una reparación también pública.

Podríamos hacerle un panegírico al uso, pero tal vez para un hombre modesto como es él, le resultaría excesivo. Pero lo que sí vamos a hacer -y eso no nos lo va a prohibir nadie- es darle las gracias pues sus conocimientos técnicos como presidente que fue de la Autoridad Portuaria han servido para que un grupo de gentes del sur y de toda la isla defendiéramos, contra viento y marea, un trocito de naturaleza que queremos dejar entera y rotunda a los que vendrán después de nosotros.

Por él hemos sabido que su opinión no es baladí pues es compartida por tres ex presidentes más de la Autoridad Portuaria y que su defensa del puerto de Santa Cruz no es el resultado de un empecinamiento, sino de una realidad plenamente asumida.

Si decimos que Pedro Anatael es una persona íntegra y un amigo con el que siempre hemos podido contar estamos diciendo lo que ya sabemos, pero que por el absurdo de intereses políticos que no tienen entre sus normas la coherencia nos vemos obligados a decirlo en voz alta para que muchos se enteren.

Así que, amigo, gracias por todo lo que hemos aprendido de ti que va más allá del conocimiento profesional y llega hasta donde el ser humano, desnudo de siglas e intereses, tiene el valor de manifestar su verdad al margen de represiones políticamente correctas.

Los colectivos ecologistas y ciudadanos opuestos a la construcción del puerto de Granadilla y agrupados en la plataforma Asamblea por Tenerife iniciaron este jueves una campaña de "resistencia civil" contra el proyecto, que comenzó con una semana de acampada en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife.



AGENCIAS. Santa Cruz de Tenerife

"Estamos dispuestos a ponernos delante de las palas", subrayó este jueves el portavoz de Asamblea por Tenerife, Pedro Martínez, al presentar la acampada de protesta contra el proyecto de Granadilla junto al ex presidente de la Autoridad Portuaria y representante de la Plataforma a favor del Puerto de Santa Cruz, Pedro Anatael Meneses. Además, Martínez advirtió a la Comisión Europea de "la ilegalidad" que supondría autorizar y financiar las obras.

El proyecto de Granadilla, defendido por los gobiernos español y canario y cuya primera fase (dique exterior) está licitada por la Autoridad Portuaria en 136 millones de euros y aún no se adjudicó a la espera del pronunciamiento de Bruselas. El Ejecutivo comunitario analizará el caso en función del interés público de la obra y de las medidas compensatorias medioambientales que la acompañen, ya que la Dirección General de Medio Ambiente europea dictaminó posibles afecciones a Lugares de Interés Comunitarios protegidos por la Directiva Hábitat.

La decisión comunitaria sobre Granadilla podría retrasarse, según confían los opositores al proyecto, una vez que el Defensor del Pueblo Europeo decidió en enero investigar el caso de oficio, después de recibir casi 5.000 quejas, el mayor número de protestas enviadas hasta ahora a esa institución. El Defensor del Pueblo concedió a la Comisión de plazo hasta el 30 de abril para el envío de sus explicaciones antes de determinar si Bruselas actuó en el marco de su autoridad legal al no iniciar un procedimiento de infracción contra España por su decisión de autorizar la construcción.

El acto de protesta iniciado este jueves consiste en la instalación de una decena de tiendas de campaña en la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña, además del despliegue de paneles informativos y la programación de actividades lúdicas.

Especulación con suelo público

Meneses Roqué, destituido por el Gobierno como consejero de la Autoridad Portuaria a finales de 2005 y uno de los líderes de la oposición al nuevo puerto en Granadilla, denunció que la Comisión Europea no ha analizado la propuesta de ampliación de las instalaciones del puerto de Santa Cruz de Tenerife. "Es rotundamente falso que no haya alternativas", como sostienen las autoridades canarias y españolas, aseguró el portavoz de la Plataforma a favor del Puerto de Santa Cruz y dirigente del Partido Socialista Canhario (PSC-PSOE).

Pedro Anatael Meneses vinculó el "empecinamiento" en crear un nuevo puerto con intereses "políticos, económicos o urbanísticos" ajenos a las necesidades portuarias, relacionados con el uso de los terrenos que va a ocupar la instalación y con los que van a quedar para otros usos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Más concretamente, Meneses aseguró que en su día pasaron a manos privadas terrenos públicos en Granadilla que ahora han sido revendidos por quince veces más, mientras que en 90.000 metros cuadrados que se van a liberar en el puerto capitalino se quieren construir hoteles y galerías comerciales que "nada tienen que ver con el uso portuario".

Pedro Martínez, portavoz de Asamblea por Tenerife, consideró que la justificación del proyecto se limita al interés de las empresas constructoras por las obras y al negocio especulativo en torno a la revalorización de los terrenos. Pidió a la Comisión Europea que corrija las irregularidades, ilegalidades y "hasta prevaricaciones" que se han producido en este caso.

Asamblea por Tenerife hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se opongan al proyecto, para que se sumen a la acampada en la capital tinerfeña y para que se apunten al campamento que se instalará en Granadilla en el caso de que comiencen las obras. Bruselas tiene que tener claro "que no vamos a parar", dijo Asamblea por Tenerife en un comunicado, en el que responsabilizó a la Comisión Europea "de lo que pueda pasar si tenemos que ponernos delante de las palas en Granadilla".

Aprobación por el Cabildo

La reunión del Pleno del Cabildo de Tenerife convocado para el 24 de febrero someterá a aprobación inicial los planes de ordenación territorial de Cabo Blanco (Arona), la plataforma logística, que incluye el futuro puerto de Granadilla de Abona, y el tren del sur de la isla.

El vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo y Planificación, José Manuel Bermúdez, aseguró este jueves que estas iniciativas, previstas en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), lograrán impulsar el sur como una importante zona estratégica y turística y como un lugar dotado de infraestructuras de primer orden que incluyen la mejora en las comunicaciones. Bermúdez señaló también que se están aprobando unos planes que aseguran el futuro económico y el desarrollo de la isla de manera sostenible y con el máximo respeto al medio ambiente

Una tarjeta de crédito del Fortis Bank de Luxemburgo, a nombre de la empleada del Cabildo de Gran Canaria y militante del PP Mónica Quintana, novia del ex director general de Industria Celso Perdomo (PP), es la primera prueba tangible que ha encontrado la policía para poder demostrar el cohecho, uno de los delitos de los que se acusa a la pareja encarcelada desde el martes por su presunta vinculación en la trama eólica.


Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía dieron con el soporte magnético el pasado lunes, en el registro que efectuaron en casa de una hermana de Mónica Quintana, tras la larga y prolija declaración del domingo pasado de la imputada también por malversación de fondos públicos ante el juez que instruye el caso eólico, Miguel Ángel Parramón.

Hasta el momento del registro de la casa de la hermana de Mónica Quintana, los agentes de la Operación Eolo sólo tenían constancia de que se había producido una transfeencia bancaria al banco luxemburgués por medio de las escuchas telefónicas que durante meses tiraron del hilo de la denuncia presentada en marzo de 2005 por el empresario Alberto Santana.

Las escuchas realizadas por la policía detectaron en su día que en la cuenta bancaria abierta en el paraíso fiscal europeo se había producido un ingreso de 30.000 euros, procedentes de la empresa que representaba otro de los imputados en el caso, en libertad bajo fianza, Enrique Guzmán.

Ante el juez Parramón, los imputados alegaron el domingo que ese pago se produjo por una operación inmobiliaria, que nada tenía que ver con la trama investigada por la Justicia en la que supuestamente se facilitó, al menos desde la Consejería de Industria del Gobierno canario en la etapa de Luis Soria (PP), información privilegiada a particulares y empresas para optar con ventaja al concurso de asignación de potencia eólica en las Islas, suspendido en 2005.

Según fuentes cercanas a la investigación, se desconoce la totalidad de dinero que pueda haber en la cuenta abierta a nombre de Mónica Quintana en Luxemburgo, pero se presume que haya cantidades superiores a los 30.000 euros reflejados en la investigación policial.

Las escuchas policiales desvelaron hace meses la intención de los dos encarcelados de repartirse unos 480.000 euros en comisiones, en las que también aparecía, citado por terceros, Honorato López, funcionario de la Consejería de Industria en libertad bajo fianza acusado del delito de cochecho.

La aparición de la tarjeta de crédito en casa de la hermana de Mónica abre la opción al juez -de viaje en Madrid hasta este fin de semana- de imputar a más personas, aparte de otras líneas de investigación ya abiertas y bastante avanzadas.

Se trata de una petición de datos concretos sobre el dinero acumulado y materializado de la RIC

Mañana miércoles 15 de febrero a las 11 h., Unidad del Pueblo, junto con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que así lo deseen, procederá a hacer entrega de una solicitud de datos acerca del dinero afectado a la Reserva de Inversiones de Canarias y de la utilización efectiva del mismo. La petición de datos se realizará en la Delegación de Hacienda, Plaza de los Derechos Humanos, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria.

Ante las enormes carencias sociales y el desastre mediambiental que ha supuesto esta evasión fiscal calculada -aproximadamente, ya que no se dispone de datos reales proporcionados por el propio Ministerio- en 15.000 millones de euros, UP solicita conocer los mismos. 133.000 desempleados/as, un 24,1% de canari@s bajo el umbral de la pobreza y una creciente saturación urbanística y deterioro medioambiental productos de la utilización especulativa de la Reserva hacen necesario y urgente conocer estos datos de forma fehaciente. Desde Unidad del Pueblo exigimos que se ponga fin a este mecanismo evasor de impuestos y que Canarias deje de ser un paraíso fiscal para las grandes fortunas autóctonas y foráneas.

Todas aquellas personas que quieran presentar dicha solicitud podrán obtener una copia de la misma que reproducimos a continuación. Asimismo, la organización pone a disposición de quienes lo desee una guagua que partirá a las 10 de la mañana de la Avda. de Canarias, 131 (frente al local del Frente Sindical Obrero de Canarias en Vecindario).


Nombre y apellidos:
N.I.F.
Domicilio:

El/a que suscribe, cuyos datos figuran en el encabezamiento, tiene a bien dirigir el presente escrito al Señor Ministro de Economía y Hacienda, para mediante el mismo al amparo del derecho constitucional a la información que deben facilitar los poderes públicos a los ciudadanos y ciudadanas, solicitar se me facilite la información del importe total de las dotaciones, el importe total que se ha materializado y el importe total pendiente de materializar del capital acumulado y afectado a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), desde la entrada en vigor de la misma en el ejercicio 1.994 hasta el ejercicio 2004 inclusive; ya sean datos procedentes del impuesto de sociedades, como del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Asimismo se solicita que dicha cantidad sea desglosada en base a tramos, enumerando el número de personas físicas, jurídicas o sociedades incluidas en los intervalos:

Nº de personas físicas, jurídicas o sociedades. Tramos: Importe total de dotaciones, importe total materializado e importe total pendiente de materializar.
1. Mayor que 601.012,00 euros y menor o igual a 3.005.060,00 euros.
2. Mayor que 3.005.060,00 euros y menor o igual a 6.010.121,00 euros.
3. Mayor que 6.010.121,00 euros y menor que 60.101.210,00 euros.
4. Mayor que 60.101.210,00 euros y menor o igual a 3.005.060.521,00 euros.
5. Mayor que 3.005.060.521,00 euros.

Señor Ministro se solicitan estos datos porque continuamente en la prensa se está dando información que hay dotación afectada y acumulada en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por cuantía superior a 15.000.000.000,00 de euros, dándose la paradoja que con la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se está contribuyendo en la última década en Canarias a un mayor deterioro medioambiental, con la proliferación de la especulación del suelo y a que unos pocos sean cada vez más ricos, de ahí la petición del desglose por tramos.

Señor Ministro, a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, se nos ha querido vender la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) como un mecanismo fiscal fomentador del desarrollo económico y social del Archipiélago Canario. Nada más lejos de la realidad, sólo basta echar un vistazo a la prensa los fines de semana y veremos cientos y cientos de anuncios con ofertas de operaciones especulativas, compras de pisos, terrenos, urbanizaciones, etc., con la nota irritante de válidas y aptas para la RIC, cuando no los rumores de peticiones de empresarios de querer invertir fuera de Canarias, de compra de bonos de ofertas públicas de suscripción, de financiación y creación de empresas para realización de obras públicas o de grandes de inversiones especulativas, equipamientos en tierra para regasificadoras, puertos, o de anillos o corredores comerciales para zonas aeroportuarias. Da la sensación Señor Ministro que se tiene la intención de materializar sólo a base de pelotazos y no de cumplir los fines para los que estaba previsto esta reserva, el fomento de la inversión productiva, la estabilidad y el desarrollo económico y social de Canarias y el mantenimiento y creación de empleo.

Señor Ministro, la realidad social y económica de Canarias nos indica que a pesar de las “buenas intenciones del legislador”, los datos estadísticos revelan lo perverso que ha sido y sigue siendo este incentivo fiscal.

.- En Canarias, es donde menos se construyen viviendas de protección oficial, para beneficiar a la especulación privada. Hay en Canarias cerca de 137.000 viviendas vacías de renta libre, mientras miles de ciudadanos y ciudadanas no pueden acceder a una vivienda digna. El precio de la vivienda en Canarias se ha encarecido un 104% en el período 1996-2004, mientras que los salarios han crecido un 1,6% descontada la inflación.

.- Aproximadamente 130.000 ciudadanos/as inscritos/as en las listas del paro, que significan el 13.82% de la población ocupada. El 24,1% de la población canaria está bajo el umbral de la pobreza, 472.888 ciudadanos/as.

.- Aproximadamente 267.020 ciudadanos/as con contratos temporales, que significan el 32,56% de la población ocupada. Los salarios de los canarios y canarias son un 17,4% más bajo que la media el Estado.

.- 43.000 ancianos/as canarios/as, viven sin las atenciones necesarias. 25.000 ciudadanos/as en las listas de espera quirúrgicas. La sanidad pública, abandonada por los poderes públicos, en detrimento de la sanidad privada; sólo en los últimos seis años los centros hospitalarios concertados-privados han recibido la cantidad de 1.215 millones de euros.

.- El fracaso escolar que llega hasta una indeseable cifra del 35% de la población escolar. La desastrosa situación de los Centros de Menores, calificada por el Diputado del Común como “maltrato institucional”.

.- Un fracaso clamoroso de la industria en Canarias, un sector pesquero que casi ha desaparecido y una política agraria que ha contribuido a la reducción sistemática de la población agrícola ocupada y de la renta agraria. Mientras desaparecen explotaciones agrarias, las importaciones de productos agrícolas sin controles fitosanitarios, han hecho posible que más de sesenta plagas desconocidas en Canarias hayan entrado en la misma.

.- Los canarios y canarias pagamos más por el I.R.P.F. y desde 1.995 se ha incrementado la presión fiscal, más porcentualmente que en Estado Español y que en Europa.

Señor Ministro, estos datos que le facilito son emitidos por los poderes públicos, el INE o ISTAC. Concretamente en el período 1992/2002 la recaudación de tributos en Canarias, tanto estatales como autonómicos, ascendieron a la cantidad de 12.000 millones de euros, de los que 4.300 millones corresponden al I.R.P.F., habiendo aparecido en la prensa publicaciones de que en este mismo período la dotación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se cifró en 7.183 millones de euros.

Esperando sea tenida en cuenta la presente petición y en espera de pronta contestación, le saluda atentamente.

En ................. a 15 febrero de 2006

A/A. SR. DON PEDRO SOLBES MIRA.
MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Calle Alcalá, 9. 28071 – Madrid.

El presidente de la Asociación de Viajes de Las Palmas, en declaraciones al programa de CANARIAS AHORA RADIO Café con pasta, Gallego detalló que durante la etapa del actual presidente del Ejecutivo autónomo, Adán Martín, como consejero de Economía y Hacienda (1999-2003) “se trabajaba, y todavía se mantiene esa práctica, con una agencia en particular, ligada al nombre de unos grandes almacenes que están en todo el país (El Corte Inglés), que hace al final de año unos cheques regalos de un 3% de la facturación. Y esto que dentro del funcionariado, que sortean los viajes en sus cenas de Navidad, parece normal, a mí me parece una corruptela, porque quien paga esos billetes somos todos los canarios”, subrayó Rafael Gallego en la tertulia económica matinal de este martes.

Además, el dirigente empresarial añadió que la viceconsejera de Cultura y “hermana política del presidente, Dulce Xerach Pérez, firmó el 13 de septiembre de 2005 un concurso para adjudicar los viajes del Festival de Musica de Canarias cuyo plazo de presentación de ofertas terminaba, qué casualidad, y no apareció después una fe de erratas, el 8 de septiembre”, cinco días antes. A juicio del presidente de la patronal de agencias, “ya se lo había concedido a una empresa de Tenerife [Viajes Archipiélago] a la que se lo vienen concediendo tradicionalmente” desde finales de los 90 con las únicas salvedades de 1999 y 2004.

Por todo ello, Rafael Gallego anunció que esta semana reiterará una petición de acceso al expediente del concurso convocado por Canarias Cultura en Red, por importe de 1.030.000 euros, tras el "silencio" administrativo a la similar iniciativa formulada a finales del pasado enero y no descartó con el inicio de acciones judiciales si persiste la ausencia de respuesta oficial, ya que se entenderá que "ocultan algo".

Se puede cometer el mayor atentado ecológico en las costas españolas, el puerto de Granadilla. La defensa del territorio y del puerto de Santa Cruz para unos y los intereses lucroeconómicos para otros, estan en juego, como ya todos saben, esta en manos de la Unión europea apoyar o rechazar esta ifraestructura inútil e innecesaria. La Comisión Europea pretende obviar las denuncias de organizaciones ecologistas y ciudadania, exigiendo que no se destruya más costa virgen, y que por el contrario se use el actual puerto de la capital de la Isla. Esta última, la gran alternativa al puerto de Granadilla, ( gracias a las presiones de CC,PSOE y PP en Bruselas) pretenden obviarla. Cuatro organizaciones ecologistas, las mas importantes y prestigiosas del mundo ( pese a que algunos hablen de "falsos ecologistas") , WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción quieren hacer llegar a Bruselas una carta para que se paralice la aprobación del proyecto, en la que tu puedes informarte y participar, entrando en la página de ecologistas en acción ; http://www.ecologistasenaccion.org/granadilla/no_al_puerto.htm
y enviando tu carta a la comisión europea. Tu colaboración es muy muy muy importante.

El Defensor del Pueblo Europeo inicia una investigación sobre papel de la Comisión en el desarrollo de un puerto industrial en Tenerife, España

El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha iniciado una investigación para determinar si la Comisión Europea actuó en el marco de su autoridad legal al no incoar un procedimiento de infracción contra las autoridades españolas por su decisión de autorizar el desarrollo de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife (España). Según los reclamantes, la Comisión ha concluido que la autorización de las autoridades españolas no vulneraría el derecho comunitario, ya que, a pesar del impacto ambiental negativo que este proyecto implica, no parecen existir alternativas al mismo.

El Defensor del Pueblo ha recibido unas 5000 reclamaciones sobre este asunto, el mayor envío masivo de reclamaciones hasta la fecha. En razón del elevado número de reclamaciones recibidas que pone de manifiesto la insatisfacción pública en este asunto, el Defensor del Pueblo ha decidido iniciar una investigación de oficio sobre el tema. Todas las informaciones relativas a la investigación están disponibles en la página Web del Defensor del Pueblo, en la dirección siguiente:

http://www.euro-ombudsman.eu.int/granadilla/es/default.htm

Antecedentes

Las reclamaciones critican la decisión de la Comisión, en su papel de guardiana del Tratado, según la cual el desarrollo del puerto industrial en Granadilla no infringiría la Directiva 92/43/EC relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Los denunciantes sostienen que el proyecto tendrá un impacto medioambiental negativo en dos áreas naturales cercanas que han sido declaradas zonas de protección natural en virtud de la Directiva. Argumentan que si bien la Comisión ha reconocido este impacto negativo sobre el medio ambiente, no ha considerado que el proyecto sea contrario al derecho comunitario, ya que no existirían en su opinión soluciones alternativas. Los reclamantes afirman, por el contrario, que existen alternativas factibles, si bien la Comisión se ha negado a tomarlas en consideración.

A raíz del anuncio del inicio de esta investigación en su página Web, el Defensor ha recibido un gran número de correos electrónicos en favor del proyecto. El Defensor del Pueblo desea hacer hincapié en el hecho que su investigación no está relacionada con los méritos del proyecto, ni pretende pronunciarse sobre si debe o no llevarse a cabo, sino que tiene por objetivo investigar la actuación de la Comisión en su papel de guardiana del Tratado.

La Comisión deberá responder al requerimiento del Defensor del Pueblo antes del 30 de abril de 2006.

El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Cualquier ciudadano de la Unión o cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea, puede presentar una reclamación al Defensor del Pueblo. El Defensor proporciona un mecanismo rápido, flexible y sin gastos para la resolución de problemas con la administración de la Unión Europea.
Para más información: http://www.euro-ombudsman.eu.int

El grupo Popular solicita que el pleno del Parlamento se convoque para este fin "en el tiempo más breve posible", para analizar el alcance, en lo que a responsabilidades políticas se refiere, de las numerosas infracciones imputadas a la Dirección General de Tesoro en el Informe de Fiscalización del ejercicio 2002 realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, justifica esta iniciativa "ante la pasividad y falta de interés del resto de los grupos parlamentarios para depurar responsabilidades políticas por la ineficaz gestión de la Dirección General, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda".

Añade Jorge Rodríguez que del informe de fiscalización se desprende "que se ha ocasionado un perjuicio para las arcas públicas".

Jorge Rodríguez indica que cuando se presentó la solicitud para crear esta comisión de investigación el grupo parlamentario Popular "dio un margen de tiempo prudencial para que las fuerzas políticas afectadas por la misma dieran un paso adelante en aras de la transparencia y responsabilidad, igual que lo ha hecho el PP con la comisión de investigación del concurso eólico, y fueran ellas mismas las que lo solicitaran".

Opina que, sin embargo, "da la sensación que tanto CC como PSOE no consideran conveniente esclarecer si ha existido un alto grado de negligencia por acción u omisión y hasta qué punto era del desconocimiento del titular de la Consejería de Economía y Hacienda la absoluta falta de planificación y de control externo e interno de la Dirección General de Política Financiera y del Tesoro, según se desprende del Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias".

Jorge Rodríguez alude de este modo al presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, quien el aquel momento era consejero de Economía y Hacienda.

En un comunicado, Jorge Rodríguez considera que hay motivos suficientes para crear esta comisión en el "demoledor" informe del órgano de control "en lo que se refiere, por un lado, a la falta de control de la actividad del Tesoro por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Intervención Delegada y sobre las numerosas contrataciones efectuadas, y los correspondientes pagos, sin observancia de los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Agrega que "muchos de estos pagos eran de carácter extrapresupuestario y en su mayoría la Audiencia de Cuentas los ha calificado en su informe como de absolutamente ilegales e innecesarios, existiendo incluso la posibilidad de haberse incurrido desde la Dirección General en la figura de la contratación simulada, como forma de amparar determinados pagos que no procederían".

Celso Perdomo ha sido imputado por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, mientras que a Mónica Quintana se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de fondos públicos, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los dos acusados son los únicos detenidos que han ingresado en prisión por las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias, ya que el pasado domingo el juez decidió la puesta en libertad con cargos, y casi todos con fianza, de otros cinco arrestados en la operación Eolo.

Celso Perdomo fue director general de Industria del Gobierno de Canarias entre 2003 y el 2005 cuando era responsable de la Consejería del área Luis Soria, del PP, partido que gobernó en coalición con el ejecutivo de Coalición Canaria, que preside Adán Martín, hasta junio del año pasado, en que ambas formaciones rompieron el pacto de gobierno.

Tras permanecer más de cinco días detenidos en calabozos policiales, el juez Miguel Angel Parramón, titular del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, citó a primeras horas de la tarde de este martes a Perdomo y a su pareja para notificarles su auto de ingreso en prisión en la cárcel de Salto del Negro, al sur de la ciudad.

Su estancia en prisión será "comunicada y sin fianza", según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en línea con lo solicitado por el fiscal anticorrupción Luis del Río, quien reclamó la prisión incondicional para ambos.

Sobre las 14:15 horas, los dos detenidos fueron conducidos en presencia del juez, quien el pasado domingo amplió un mes más el secreto de las investigaciones judiciales.

Tanto Celso Perdomo, vestido con chaqueta, como su novia entraron con la cara al descubierto y con rostro de cansancio.

Cinco minutos después salió del juzgado el ex cargo de Industria y Mónica Quintana lo abandonó casi veinticinco minutos después.

Los abogados de los dos detenidos, Isidro Curbelo y Mariano Mesa, aseguraron a Efe que piensan recurrir el auto de prisión y no quisieron hacer ningún comentario sobre la causa judicial y la situación de sus defendidos.

La investigación judicial sobre la trama eólica de Canarias se inició después de que el empresario Alberto Santana denunciara a la Policía en marzo de 2005 que desde la Consejería de Industria del Gobierno canario se había filtrado información privilegiada del concurso mediante correos electrónicos a la empresa Siemanca, en la que el denunciante trabajaba como director comercial.

El pasado domingo, durante una maratoniana sesión de declaraciones judiciales, el juez Parramón puso en libertad con cargos a los otros cinco detenidos en la operación Eolo que fueron acusados de cohecho.

Con fianzas de 100.000 a 150.000 euros salieron los empresarios Alfredo Briganty Arencibia y Enrique Guzmán; el directivo de La Caja de Canarias Jesús González; y el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López, mientras que el también empresario Wilebaldo Luis Yanes quedó en libertad con cargos, pero sin fianza.

Celso Perdomo y su pareja eran militantes del PP, según informaron a Efe fuentes del partido, pero tras su detención fueron suspendidos de militancia de forma cautelar.

El ex director general, vestido de chaqueta, y su novia entraron al despacho del juez Parramón con rostros de cansancio

Los abogados de los detenidos piensan recurrir los autos de prisión y declinaron hacer más comentarios

Los áticos tratan de circunscribir la trama eólica al PP y a Gran Canaria. Lo que vale en la vertiente judicial, no en la política. Porque, para empezar, no exime a Adán Martín de su responsabilidad in vigilando que del pacto CC-PP derivara el reparto del poder que dio a Soria una presidencia paralela. Fue un error que más bien agrava la responsabilidad Adán al desentenderse de las consejerías del PP.

La existencia de dos gobiernos, por así decir, no puede negarse. La proclamó Soria con su torpe prepotencia y el propio Adán la explicitó, recuerden, cuando las licencias de los cinco nuevos casinos en la provincia oriental: preguntado por ellas, contestó el presidente que eran “cosa de Las Palmas”; a pesar de que la autorización fue por acuerdo del Gobierno: olvidó que el artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía establece la responsabilidad solidaria del Gobierno. El escándalo eólico, lo miren como lo miren, es fruto de esa dejación o desentendimiento pactado.

También olvidó Adán que, además de presidente del Gobierno, lo es de la Comunidad Autónoma. Lo que le confiere un liderazgo que trasciende las meras funciones ejecutivas. Estaba obligado, por ejemplo, a llamar al orden al régimen político-empresarial ante la alarma social latente que la trama eólica vino a justificar de sobra. Y no lo hizo.

Estaba obligado, Adán, a tomar en consideración actuaciones nada claras, como la misma denuncia eólica, pero las descalificó sin hacerles caso. Estaba obligado, en fin, a atender el clamor por el cese antes y con tiempo de Arnáiz en el puerto de La Luz; a disipar la atmósfera viciada de la Cámara de Comercio grancanaria, que igual acaba en Anticorrupción; a aleccionar a su gente para que no suene tan cínico eso del “exquisito equilibrio”; a guardar ciertas normas no escritas que aconsejan no nombrar para cargos a personas de la familia; a condenar las listas negras de empresas; a aclarar, de una vez, el caso Amorós; a investirse de la autoridad moral e institucional para exigir explicaciones de la conducta de Domingo González Arroyo, visto que el PP le ríe las gracias: el marqués es referente negativo de Canarias en el exterior en perjuicio de la Comunidad.

El listado de los casos y situaciones en los que Adán no actuó o dejó pudrirse revelan que no ha ejercido de presidente de la Comunidad Autónoma. Y como jefe del Gobierno no ha impedido el empeoramiento de los recelos interinsulares. Hasta el extremo de que su inacción en Gran Canaria la consideran algunos deliberada para que empeore cuanto dependa del Gobierno. Al margen de que éste sea mero juicio de intenciones, lo cierto es que hay conflictos en Gran Canaria que el Gobierno ha prolongado no haciendo nada, con lo que agravó el daño. La demora del cese de Arnáiz prolongó una gestión que puede acabar en la Fiscalía y dejó gravemente tocado el Puerto de La Luz; Suárez Gil ha descoyuntado a la Cámara de Comercio y creado un ambiente irrespirable y no prevalece contra él la manipulación de los censos. Son dos ejemplos, pero hay más.

El escándalo eólico, insisto, no es un caso puntual ni casual: es correlato de un contexto político al que no es ajeno el Gobierno. Esto merece, cuando menos, una reflexión que, por supuesto, no espero de los políticos.

Lo que manifiesta el señor Zerolo, alcalde de Santa Cruz, se llama populismo oportunista. Con el añadido de que los denunciantes firmantes, no contra el Carnaval sino contra las gamberradas en el centro de la capital, sean insultados o linchados por tanto gamberro y delincuente como hay hoy en día.
Lo dijo el alcalde Zerolo en la televisión: que los vecinos que compraron en la zona centro ya sabían a lo que se exponían. Se deduce que, poco más o menos, debieron firmar esta cláusula en la escritura: "El comprador está de acuerdo total en que durante un par de semanas en el Carnaval de cada año, les orinen, les defequen, les vomiten, se pinchen y se haga el acto amoroso dejando condones tirados dentro de sus zanguanes o vestíbulos, y que les rompan las lunas de sus escaparates y también los tímpanos con altavoces estridentes que hacen más ruido que un avión al despegar".
Vale, alcalde Zerolo. Merece usted un diez por tanto amor al Carnaval y... por tanto amor al voto de la mayoría del pueblo chicharrero. Mayoría que usted mismo cifra en el 99,8%.
El Carnaval antiguamente tenía la gracia de que un mariquita de profesión o vocación se disfrazara con gracia y salero, y, como estaban prohibidos, tenía que correr delante de los guardias dejando un tacón o los dos en el camino. Pero a ratos había tregua, a veces pactada entre la autoridad y el pueblo. Y entonces se pegaba el vacilón. Y le sacaba unas copas gratis y algún regalito al ricachón del barrio o de alguno de pueblo que venía a la capital a echarse una cana al aire y que intentaba llevar a dicha mascarita al huerto cuando quedaban huertos a tresbolillo en medio de lo urbano, o a un rincón oscuro de cualquier callejón, con la intención de darle por lo menos un restregón o un magreo. Lo de antiguamente era carnaval y no la mierda, la hediondada de algunos mascarones maricones de ahora.
De todos modos y si no hay más remedio, estos actos ruidosos, malolientes y chapuceros nadie ha dicho que se suspendan, sino que se realicen en locales o sitios alejados, como el recinto ferial o el Auditorio, bien vigilados para evitar actos delictivos. El alcalde Zerolo nombra las fiestas de Pamplona y Valencia como ruidosas. Espero que el alcalde sepa también que Sevilla tiene un hermoso y amplísimo recinto alejado del centro urbano para celebrar la feria más famosa del mundo.

S.P.

El portavoz del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, dijo este lunes que en el PP canario "están muy nerviosos" y con el llamado caso Amorós intentan una "táctica de distracción" de la conocida como trama eólica.


EFE. Santa Cruz de Tenerife


José Miguel González se pronunció de este modo después de que este lunes el grupo parlamentario Popular pidiese que se convoque un pleno extraordinario para debatir la creación de una comisión de investigación del llamado caso Amorós, ante las "numerosas infracciones detectadas por la Audiencia de Cuentas en la actuación de los responsables de Economía y Hacienda en 2002".

El portavoz nacionalista consideró que el PP intenta poner en práctica una táctica de "distracción" al aproximarse la investigación parlamentaria del concurso eólico y cuando el juez ha detenido a miembros del PP.

En opinión de José Miguel González en el Partido Popular "se han puesto histéricos e intentan confundir a la opinión pública", algo que el portavoz parlamentario de Coalición Canaria no cree que consigan.

En el llamado caso Amorós, indicó José Miguel González, no hay movimiento de fondos, no hay delitos sino fallos administrativos "que ni siquiera" el Tribunal de Cuentas "ha tenido en cuenta".

La situación "revela que en el PP están muy nerviosos", insistió José Miguel González, quien recordó que el caso Amorós "lleva catorce meses escrito y estaba en mano de todos" los grupos parlamentarios.

Por eso, prosiguió el portavoz de Coalición Canaria, "es curioso que el PP haga corriendo una petición de pleno extraordinario para debatirlo cuando el juez ha detenido a algunas personas del Partido Popular porque ha aparecido un supuesto delito" en el concurso eólico.

Rubén Martínez Carmona*
EN LOS ÚLTIMOS meses, don Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, nos viene ilustrando con una serie de artículos de opinión que tienen como razón de ser mostrar una visión idílica de la ínsula que habitamos. En uno publicado recientemente aseveró: "Han ganado los gomeros, vence la isla". Tal optimismo derivaba de los resultados de las primeras encuestas sobre la intención de voto en las próximas elecciones autonómicas y municipales, que parecen presentar unos buenos augurios para el Partido Socialista.
Tal aserto trasluce una serie de conceptos que son de sumo interés a la hora de conocer qué se esconde tras su concepción ideológica. Los gomeros vencen si vence el PSOE, La Gomera gana si gana el PSOE. La Gomera, los gomeros y el PSOE conforman un bloque homogéneo, sin fisuras, son un "todo". Territorio, ciudadanos y partido político están íntimamente ligados. Se trata de una concepción ideológica que hunde sus raíces en uno de los periodos más oscuros del siglo XX. Cuesta creer que, con treinta años de democracia, estos discursos, más o menos edulcorados, sigan vigentes. Lo lamentable es que dicha aseveración esté impregnada en la vida de la isla y forme parte de su día a día.
De su pluma podemos extraer dos afirmaciones más: "La Gomera ha sabido convertirse en un ejemplo a seguir para el resto de islas" o "La Gomera está marcando diferencias y puede servir de ejemplo". Ejemplo a seguir, veamos.
La Gomera tiene la cesta de la compra más cara de Canarias. Para justificar tal situación se utilizan argumentos peregrinos. Se señala la lejanía de la isla respecto a las capitalinas, parece olvidarse que hay otras más distanciadas. Lo triste es que tal puesto se lleva manteniendo invicto desde hace al menos un año y todavía no se han articulado medidas efectivas para corregirlo. Con los precios más caros las políticas sociales se tornan menos efectivas.
En cuanto a la planificación turística, La Gomera no es un modelo a imitar. Baste recordar un dato: el PIOG tiene proyectadas casi 18.000 camas alojativas para el año 2015. En tal fecha hay previsto que vivan 30.000 habitantes en La Gomera. Sumen y observen a qué se denomina ejemplo de planificación, de desarrollo sostenible.
Los gomeros tiene un carácter tolerante, ha señalado don Casimiro Curbelo. Entonces no se entiende por qué desde la institución que él preside no se fomenta la participación ciudadana. Así, durante la fase de redacción del PIOG (Plan Insular de Ordenación) no se contó ni con los colectivos ciudadanos ni con las asociaciones. Es más, en el periodo de información pública no existió esfuerzo alguno en darlo a conocer.
La realidad de La Gomera queda constada en la manipulación que se ejerce sobre determinados medios de comunicación públicos. Baste ver un informativo de la Escuela Insular de Medios Audiovisuales para retrotraernos a épocas pasadas. Se censura, sin vergüenza alguna, posturas que puedan ir en contra de lo que se dicta desde el Cabildo. Se silencian las voces discrepantes. En los informativos domina la omnipresente figura del presidente del Cabildo. Nos comenta las últimas ayudas del Gobierno del Estado, o inaugura una presa, o presenta la Universidad de Verano, o recibe al Secretario General del PSOE en Canarias o nos diserta sobre las últimas noticias de carácter deportivo. La desfachatez llegó hasta tal extremo que en un reciente programa sobre los emigrantes en Venezuela y aprovechando la visita del señor presidente, tuvimos que aguantar imágenes del calibre de: el señor presidente saludando, el señor presidente en una residencia de mayores, el señor presidente cenando, el señor presidente dando un discurso y así un largo etcétera de casi dos horas de duración. Bochornoso ya que se trata de una escuela, por cierto sin alumnos ni profesores, que pagamos todos los contribuyentes.
Y qué decir de la cultura en La Gomera, convertida en un "espectáculo" cara al exterior. Se sufragan universidades de verano o congresos variopintos para foráneos, mientras el marasmo y la desidia son las señas de identidad del desarrollo cultural endógeno de la isla. Algo similar acontece con nuestro rico patrimonio etnográfico e histórico. Seguimos siendo la isla con menos figuras de protección. Día a día se destruye y no se ponen en marcha medidas para evitarlo.
Nuestro sector primario, cada a vez más abandonado, agoniza. Olvidado, para él no se articulan planes especiales.
Pero no somos, ante todo, un ejemplo a seguir en las formas y los modos de concebir la gestión pública por parte de los gobernantes de la corporación insular. La visión personalista y paternalista de la Presidencia, la falta de delegación de responsabilidades en los distintos consejeros, algunos de los cuales son desconocidos, el clientelismo o la fidelidad de todo aquel que se acerque a la institución y la concepción poco democrática de ver en el que discrepa el enemigo a destruir son, en esencia, las doctrinas básicas del funcionamiento del Cabildo de La Gomera.
Lo más triste es observar cómo en el Cabildo el juego democrático gobierno-oposición ha sido usurpado a los ciudadanos gomeros. Y en este caso las responsabilidades de Coalición Canarias deben ser asumidas. A ellos les toca jugar el papel de oposición real. No pueden sustraerse, en función de intereses mezquinos y supuestos pactos, de sus obligaciones políticas.
*Profesor de Historia

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Economía y Hacienda pagó a empresas, al menos, 461.000 euros con cuentas reservadas y sin control presupuestario

OFFC) El llamado 'caso Amorós' investiga las prácticas irregulares perpetradas por el anterior Director del Tesoro, Alberto Amorós Mustafá, durante los mandatos de los consejeros de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco Díaz (1995-1999) y Adán Pablo Martín Menis (1999-2003), ambos dirigentes de ATI-CC.

Los pagos desde cuentas reservadas de la Consejería, al margen del control presupuestario, por servicios cuya prestación no se ha podido verificar o que resultaron inservibles para la Administración, constituyen una de las prácticas irregulares más graves de cuantas ha detectado la Audiencia de Cuentas y que están pendientes de calificación penal por la Fiscalía especial del Tribunal de Cuentas del Reino.

Una cuenta reservada, abierta en el antiguo Banco Central Hispanoamericano (hoy SCH), sirvió para pagar a Andersen Consulting 270.455 euros por un informe que resultó una "mera descripción de los procedimientos a seguir en el Área del Tesoro que, por otro lado, no son los actuales que se están aplicando", según señala el organismo auditor en su informe de fiscalización, que fue debatido a comienzos de este mes de febrero por la Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias.

La Audiencia averiguó que la cuenta corriente opaca al Presupuesto era la contraprestación del Banco a un acuerdo de patrocinio por el que la Consejería de Economía y Hacienda cedía a la entidad bancaria la gestión de determinadas liquidaciones a la Seguridad Social y a cuenta del IRPF de los funcionarios.

Los altos cargos de la Consejería pudieron disponer discrecionalmente de 450.759 euros al margen del control presupuestario, que se utilizaron para pagar facturas por un total de 461.207 euros, "cantidad incluso superior a la establecida" en el acuerdo de patrocinio entre la Consejería y el antiguo Banco Central Hispanoamericano.

La Audiencia hizo constar en su informe que el Gobierno se negó a enviar el acuerdo, que los auditores tuvieron que obtener a través de la información remitida por el Banco Santander Central Hispano.

Otra de las prácticas irregulares más graves detectadas por la Audiencia de Cuentas durante los mandatos de José Carlos Francisco y Adán Martín al frente de la Consejería de Economía y Hacienda fue la de servicios pagados por el Gobierno a empresas que no habían contratado con el Gobierno, sino con entidades terceras, ajenas a la Administración Autonómica.

Es el caso, por ejemplo, de la firma 'FF Comunicación', que ingresó 505.125 euros de fondos públicos, entre los años 1997 y 1999, por un contrato firmado con el Banco Exterior de España, hoy integrado en BBVA. El contrato firmado por FF Comunicación y el BEX fue de 442.089 euros, pero la empresa ingresó, en realidad, 505.125 euros autorizados por la Consejería, con cargo a la cuenta que la entidad financiera había dotado a cambio de otro convenio de patrocinio con la Consejería, por el que el banco gestionaba determinadas liquidaciones del IRPF y Seguros Sociales del personal de la Consejería.

El Grupo Popular en el Parlamento de Canarias pidió este lunes la convocatoria de un pleno extraordinario, durante este mes de febrero, en el que propondrá que se apruebe la creación de una Comisión de Investigación sobre las irregularidades denunciadas por la Audiencia de Cuentas en la gestión de Adán Martín y de su antecesor en la Consejería de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco.

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La directora de Medios de Comunicación del Gobierno recibe ayudas y contratos de ATI-CC a su productora, desde 1994

(OFFC) Nexo Factoría de Comunicación SL, constituida por Flora Marimón Rodríguez, Bernardino Sacristán y otros socios y parientes, el 26 de febrero de 1999, obtuvo contratos por más de 100.000 euros de fondos públicos del Gobierno de Canarias, entre 2001 y 2003, etapa coincidente con el desempeño de Marimón Rodríguez como asistente de Prensa de Adán Pablo Martín Menis en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

Tal y como reveló OFFC en su edición de este lunes, la directora de Medios de Comunicación del Gobierno figura como administradora de Nexo Factoría de Comunicación SL, junto a María del Pilar Rodríguez Plaza.

Uno de los fundadores de Nexo, Jorge Rodríguez Márquez, hoy desvinculado de la empresa, contactó este lunes con la Redacción de OFFC para asegurar que Marimón Rodríguez ya no tiene intereses en Nexo, contrariamente a lo que indican los datos inscritos en el Registro de la Propiedad Mercantil, que la identifican como administradora de la sociedad. Rodríguez Márquez, que no desempeña cargo alguno en Nexo ni en el Gobierno, aseguró que habla como portavoz personal de la directora de Medios de Comunicación del Gobierno.

Este diario intentó contactar, sin éxito, con la directora general de Medios de Comunicación para verificar que había autorizado a Rodríguez Márquez a puntualizar la información de OFFC. Un funcionario explicó que la directiva del Gobierno se encontraba "reunida".

Los ingresos de empresas de Marimón y Sacristán, procedentes de Gobiernos de ATI-CC, se remontan, al menos, a diciembre de 1994. El 28 de diciembre de ese año, Miguel Zerolo Aguilar, entonces consejero de Presidencia y Turismo, concedió 1.600 millones de pesetas (9,6 millones de euros, aproximadamente) en ayudas a la producción audiovisual a 71 proyectos. La convocatoria se resolvió cuatro meses antes de las Elecciones Autonómicas y Locales de 1995 y fue bautizada por el entonces portavoz del Grupo Popular, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, como la "Zeroloto", por la naturaleza dadivosa y electoralista de la iniciativa.

La Audiencia de Cuentas de Canarias denunció que todos los expedientes beneficiados por la Zeroloto fueron defectuosos. Algunos carecían de la documentación en regla, en otros no se indicaba el plazo de ejecución del proyecto, otros no tenían ni siquiera registro de entrada en la Consejería, en algunos casos, las empresas beneficiadas se habían constituido después de culminar el plazo de presentación de los proyectos, ... El cúmulo de irregularidades fue tal, que el Parlamento aún conocía acalorados debates sobre la aplicación de los 9,6 millones de euros, casi dos años después de adjudicados estos fondos públicos.

El 27 de junio de 1996, el Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias registra el agrio intercambio entre la portavoz de ATI-CC, Ana Oramas, y el portavoz socialista, Erasmo Armas, sobre la llamada Zeroloto. El Gobierno tuvo que prorrogar hasta el 30 de diciembre de 1996 el plazo de justificación de las subvenciones, porque las empresas beneficiarias no habían realizado los proyectos para los que fueron financiadas, dentro del plazo establecido en la convocatoria.

El Grupo Socialista definió las irregularidades como "derroche electoralista" y las calificó como "uno de los múltiples escándalos que en todos los tiempos de la autonomía canaria se han dado".

Flora Marimón y Bernardino Sacristán fueron agraciados por una subvención de 108.000 euros (18 millones de pesetas) para producir un programa de televisión de incierto género, entre el humor, el tipismo y la gastronomía, denominado 'Jilorio', que pasó sin pena ni gloria por la parrilla de TVE.

La ayuda del Gobierno de ATI-CC permitió a la sociedad de Marimón Rodríguez capitalizarse y emprender nuevos proyectos. Años después, ya integrada en la política activa de la mano de ATI y de su líder, Adán Martín Menis, Flora Marimón consiguió contratos del Gobierno para su empresa Nexo Factoría de Comunicación SL, que le reportaron ingresos de 100.000 euros, entre 2001 y 2003.

No fue el único cliente institucional de su empresa. También la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (52.843 euros en 2001; 74.977 en 2002 y 70.579 en 2003), el Patronato de Turismo de Gran Canaria (4.985 euros en 2000), la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (9.655 euros en 2001; 5.433 euros en 2002; 3.736 euros en 2003), o la Fundación Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria (9.655 euros en 2001) han comprado servicios a la empresa creada por la Directora General de Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias, según los ingresos declarados por la sociedad.

Entre los años 2001 y 2003, Nexo Factoría de Comunicación SL facturó 673.868 euros a instituciones públicas y empresas privadas

El juez prorroga la detención y hoy decidirá si envía al ex director general a la cárcel>> El Ministerio Público añade a los cargos contra Celso Perdomo por soborno, tráfico de influencias y malversación el de facilitar información privilegiada >> La de ayer fue la jornada judicial más larga de los últimos 30 años. El juez y el fiscal, protagonistas. Parramón y Luis del Río hicieron una breve parada a las 22.40 horas para cenar y continuar con la toma de declaraciones.



Cinco de las siete personas detenidas e incomunicadas por la policía desde el pasado jueves como presuntas implicadas en la trama eólica están desde ayer en libertad provisional bajo fianza. El ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, veía anoche cómo se prorrogaba el plazo de su detención y prácticamente quedaba a las puertas de la prisión -cuestión que hoy decidirá el magistrado instructor, Miguel Ángel Parramón-. La novia de Perdomo, Mónica Quintana -que anoche fue conducida por un corto espacio de tiempo a un centro sanitario al sentirse indispuesta-, queda también a expensas de lo que hoy decida el juez.

El día de comparecencias que ayer se registró en la sede judicial de Granadera Canaria fue, sin lugar a dudas, el domingo más largo y agotador de la historia judicial de Canarias. Comenzó a las ocho de la mañana y a la 1.30 horas de hoy se conoció que el jefe de área de Industria Honorato López, el último en declarar, quedaba en libertad provisional con fianza de 100.000 euros -la misma cantidad que fue fijada para el abogado Alfredo Briganti, y ligeramente inferior a la de Jesús González y Enrique Guzmán-.

Cerca de una treintena de periodistas siguieron el desarrollo de los acontecimientos desde las puertas del edificio, ya que, al tratarse de una jornada festiva, el inmueble no estaba abierto y no se autorizó la estancia de informadores en el interior de la sede judicial.

Los siete acusados llegaron a Granadera Canaria separados y en coches celulares. Lo hicieron en horarios escalonados, según el juez iba requiriendo su presencia.

Los empresarios Enrique Guzmán y Wilebaldo Luis Yanes, el abogado Alfredo Briganti, y el ejecutivo de banca Jesús González Martín declararon durante la sesión matutina, y quedaron en libertad provisional tras el interrogatorio. Los dos primeros estuvieron declarando ante Parramón durante cerca de hora y media. Jesús González fue más locuaz- cerca de dos horas- y Wilebaldo Luis Yanes fue la sorpresa de la jornada: pasó poco más de media hora en el despacho de Parramón y quedó en libertad provisional sin fianza.

Según su abogado, Fernando Sagaseta, el magistrado se dio cuenta, tras los primeros contactos, de que si bien era la persona de la que había partido el hilo de la trama, realmente no era una figura de relevancia. Otras fuentes apuntaron que Parramón prefirió no interferir en la investigación que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Canariad, en la que supuestamente el palmero podría aparecer como intermediario entre un narcotraficante y el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín.


La policía les ayudó a camuflarse

Los siete detenidos fueron trasladados a la sede judicial en vehículos policiales y también utilizaron este medio para escapar de los medios informativos que hacían guardia a las puertas de Granadera Canaria. Así, mientras los abogados salían por la puerta principal y los periodistas acudían pa pedirles declaraciones, los imputados se introducían en vehículos policiales con los cristales tintados conducidos por agente, salían del edificio a alta velocidad y el policía les dejaba unas manzanas más allá, donde sus familiares, previamente avisados, les recogían para poner rumbo a lugares más tranquilos y seguros para su imagen pública. No faltaron críticas a este servicio.

30.000 euros por primar a una empresa

La autoridad judicial tiene firmes indicios de que el ex director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, habría recibido la cantidad de 30.000 euros en concepto de pago por un presunto trato favorable a la empresa Generaciones Especiales Sociedad Limitada (participada por el grupo Hidrocantábrico) en el concurso de energía eólica convocado en octubre de 2004 por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Esa cantidad, como ya adelantó este periódico, habría sido ingresada por Enrique Guzmán, representante de la citada sociedad. Los pagos se materializaron, presuntamente, en una cuenta bancaria a nombre de Mónica Quintana Pérez, pareja sentimental de Celso Perdomo. Dicha cuenta se abrió en una entidad bancaria de Luxemburgo, para lo que Celso Perdomo se desplazó a Madrid.

Todos esos datos forman parte de la investigación que durante meses han desarrollado conjuntamente la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, con Miguel Ángel Parramón al frente.

El papel de Honorato López. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, Honorato López jugaría, junto a Celso Perdomo, un papel clave en la trama eólica. Desde su condición de jefe área de la Consejería de Industria habría tenido acceso al expediente relativo al concurso eólico, y de hecho participó incluso en la investigación interna que para detectar posibles irregularidades abrió a principios del verano de 2005 ese departamento autonómico.

Una vez que Celso Perdomo sale de la Consejería al romperse el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, López habría sido la persona a la que se dirigieron Celso Perdomo y Enrique Guzmán para garantizar el presunto trato de favor a Generaciones Especiales Sociedad Limitada. En el marco de esas conversaciones, Honorato López habría puesto precio a su participación en la trama: 24.000 euros a cambio del compromiso de que Generaciones Especiales SL saliese favorecida en el concurso. La investigación policial tiene constancia de la presunta entrega a Honorato López de 9.400 euros por ese trato de favor.

Al igual que hiciera Celso Perdomo, Honorato López se habría desplazado a Madrid para abrir una cuenta bancaria en una entidad domiciliada en Luxemburgo, si bien este periódico no ha podido concretar si finalmente se formalizó dicha cuenta.

La Justicia rastrea ahora el papel desempeñado por Honorato López con otras empresas, así como el de Celso Perdomo, una vez que se ha conocido que al menos 50 sociedades recibieron correos electrónicos con datos relevantes sobre los borradores de las bases del concurso eólico.

Un mes más de secreto sumarial

Una de las primeras decisiones del juez Miguel Ángel Parramón en el largo día de trabajo judicial de ayer fue ampliar durante un mes el secreto sumarial. Luego la toma de declaraciones se alargó hasta bien entrada la noche, porque la práctica totalidad de los detenidos optó por dar numerosos detalles sobre su participación en la trama que investiga la Justicia. En un primer momento, la estrategia de las defensas se orientó a guardar silencio ante la Policía Nacional al no tener constancia los detenidos del contenido exacto de la investigación abierta en marzo del pasado año en el Juzgado de Instrucción número siete y del desarrollo de la misma desde entonces.

Cuando comienzo a escribir este artículo, todavía no conozco la decisión del juez. He dicho que me gusta el Carnaval y lo repito. Defiendo la Cabalgata, el Coso, los concursos de Rondallas, Murgas y Comparsas, las galas de eleccion de las distintas reinas del Carnaval y los bailes en la plaza de España. Lo que no comparto, y estoy dispuesto a agotar toda las posibilidades legales, nacionales y europeas, que defienden la inviolabilidad del domicilio y el derecho al descanso nocturno, es la inaceptable violación de los derechos humanos, la Constitución y la legalidad vigente, mediante salvajes e incontroladas agresiones acústicas, de varias decenas de unos denominados ’coches engalanados’, kioscos, o bares absolutamente ilegales, con la permisividad del Ayuntamiento, que rivalizan en exhibir la potencia de sus altavoces, cada uno con una música distinta, llegando a superar los 250 decibelios, nueve, diez o doce horas continuadas, desde las doce de la noche, hasta las 09.30 o las 10.00 de la mañana del día siguiente.

Son falsas las argumentaciones de algunos concejales y medios de comunicación cuando piden respeto a "las tradiciones" y la "idiosincrasia" del Carnaval. Hasta los últimos años, nunca ha sido una tradición la utilización agresiva de la música. Por más que ninguna tradición puede imperar sobre la Ley y los Derechos Humanos, aunque afectara a una sola persona.

El Carnaval de Río y la Feria de Sevilla se celebraban en las calles de ambas ciudades y, por lo menos, tienen tanta tradición e importancia económica o turística como los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Las protestas de los vecinos, los destrozos que sufrían las calles por donde transitaban hicieron que unas autoridades responsables, respetuosas con la legislación vigente y los derechos humanos, decidieron habilitar unas zonas no residenciales, para su celebración: el Sambódromo, en Río, y el Recinto Ferial, en Sevilla. En Tenerife, desde hace años se viene "dejando caer", desde responsables del Ayuntamiento, que "este será el último año que se celebre aquí", para evitar reclamaciones. En 2003, el propio alcalde, en declaraciones a este periódico, reconoce la situación insufrible de los vecinos y anuncia que se estaba buscando un sitio para trasladarlo. No se ha hecho nada.

No voy a repetir argumentaciones, ni contestaré a las incitaciones a enfrentamientos entre ciudadanos de algunos concejales y medios de comunicación. Tengo un archivo documental, que será puesto en conocimiento del fiscal general del Estado para exigirles responsabilidades, ante cualquier incidente que pueda producirse.

Me llega la noticia: el juez ha decidido no aceptar la petición de suspensión cautelar del Carnaval. Durante dos horas, he consultado a numerosos juristas tinerfeños y madrileños. Nadie comparte esa decisión. Una advertencia: la demanda continúa vigente y el juez, quizás, con menor presión, podrá fallar a favor de la petición de los afectados. Lo contrario sería violentar los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional.

Transcribo alguna jurisprudencia para que los ciudadanos no se dejen manipular por quienes intentan utilizar esta justificada reclamación para conseguir réditos electoralistas.

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Tribunal de Estrasburgo para la protección de los Derechos Humanos y la Constitución española contienen preceptos que son aplicables a las agresiones acústicas.

Legislación española: El artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

Sentencia 17-2-84 del Tribunal Constitucional: "Es objeto de proteccion el espacio físico en sí mismo y lo que hay en él de emanación de la persona. La regla de inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una serie de garantías y facultades en las que se comprenden vedar toda clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos".

Sentencia del Tribunal Constitucional (29-5-2001: "Una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar".

Artículo 45 de la Constitución: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona" y "se establecerán sanciones penales" para los que violen estos derechos.

Código Penal: Se castiga con penas, desde seis meses a cuatro años a los que realicen emisiones de ruidos que ocasionen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas y con penas análogas a las autoridades o funcionarios que silenciaren las infracciones cometidas en esta materia.

Muchas comunidades autónomas han desarrollado los preceptos constitucionales mediante las correspondientes leyes y reglamentos y la mayor parte de los ayuntamientos importantes disponen de ordenanzas que regulan el tema y establecen tablas detalladas de infracciones y sanciones.

Ley contra el Ruido. 37/2003. Elvira Rodríguez, titular de Medio Ambiente del Gobierno del PP: "La Ley del Ruido tiene como objetivos prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para proteger la salud humana, el medio ambiente y la intimidad de las personas, para mejorar su calidad de vida".

Tribunal de Estrasbrugo: "El ruido nocturno perturba el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio". A esta conclusión llegó, por unanimidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, en su sentencia de condena al Gobierno español por su pasividad ante la invasión sonora desde los locales nocturnos de un barrio de Valencia.

Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas. "No se escapa a esta Sala la importancia que para la ciudad de Las Palmas tienen las fiestas del Carnaval, verdadero acontecimiento multitudinario conocido y disfrutado por una gran parte de la población", pero "no puede perderse de vista la necesidad de que toda la administración pública actúe desde una postura de defensa y respeto a la legalidad vigente".

Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su sentencia del 13 de abril de 2005. Carnaval de Las Palmas. "La alusión al carácter molesto del festejo popular es suficiente, debiendo considerarse cierto que atenta contra la tranquilidad y el descanso de los vecinos. El mantenimiento de la tranquilidad pública no se asegura cuando durante un tiempo considerable la Administración permite la producción de ruidos que causan molestias al vecindario e impiden o dificultan el descanso nocturno"… "Es claro que recientemente, por nuestra jurisprudencia y por la del Tribunal Constitucional, amén del propio Tribunal de Justicia Europeo, se está procurando cuidadosamente la protección contra las contaminaciones acústicas que no son tolerables y no deben ser padecidas por la población en general o por el vecindario más próximo, en particular".

En 1998, en el Parlamento canario se debatió la Ley 1/98, de Espectáculos Públicos. Coalición Canaria, que gobernaba en la Comunidad Autónoma, en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, no argumentó, ni propuso, modificación alguna que planteara la excepcionalidad del Carnaval, en la prohibición taxativa de la Ley y el Decreto posterior, sobre la prohibición expresa de la música al aire libre en zonas residenciales.

La presentacion de un recurso contencioso administrativo por la celebración del Carnaval en la zona centro de Santa Cruz, con la consiguiente agresión a la vida normal de los residentes de la zona, ha levantado toda clase de opiniones, demasiada manipulación interesada y algún intento de incitación chulesca, buscando réditos electorales. Se ha ridiculizado el número de firmantes, en comparación con la totalidad de los habitantes; se ha intentado engañar a los ciudadanos, diciendo que se quería terminar con los Carnavales; no se ha dudado en hacer creer que, detrás de la reclamación, había "algo raro"; fingían sorpresa, porque se reclamara, ante la Justicia sin haberlo hecho antes al Ayuntamiento; se ha hecho referencia a la importancia económica y turística de la celebración del Carnaval que, junto a la "tradición", "la identidad" y "las prohibiciones del franquismo", han servido para argumentar, incluso, que el Carnaval se celebraba antes de que, muchos de los reclamantes, en algún caso sin partida de nacimiento chicharrera, vivieran allí.

Ninguno se ha molestado en hablar del Estado de Derecho, la legalidad vigente, los derechos constitucionales o la jurisprudencia nacional e internacional, del derecho humano al descanso. Se ha llegado, por algún cargo político, a incitar, sibilinamente, a una reacción de los carnavaleros contra los vecinos. Grabado y escrito está. A esta labor se han aplicado con entusiasmo algunos comisionistas y chupócteros del Carnaval, con micrófono, pluma o cámara.

Sólo pretendo con estas líneas racionalizar el problema, desbaratar las mentiras y manipulaciones y encontrar el camino para una solución aceptable, aunque sea en el tiempo.

España ocupa el segundo lugar, tras Japón, en el indeseable ranking de países más ruidosos del mundo. Alrededor del 70% de los españoles sufren niveles de ruido superiores a los 65 decibelios, el tope que los científicos y expertos consideran inaceptable.

Nadie puede dudar de la falta de sensibilidad no sólo de la Administración, sea municipal, autonómica o estatal, que no adopta medidas eficaces para combatirlo, sino de la propia sociedad, pese a que la Organización Mundial de la Salud, la CEE, la Agencia Federal de Medio Ambiente Alemana y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, entre otros organismos, han declarado que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud, a corto plazo. Desde trastornos puramente fisiológicos, como la pérdida progresiva de audición, hasta los psicológicos, al producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana (perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y de la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago, alteración de la tensión arterial y del ritmo cardíaco, depresión del sistema inmunológico, vaso- contricción y agravamiento de estados depresivos. Los niños, las embarazadas, los enfermos y los ancianos son más sensibles al ruido que perturba su sueño.

En los últimos años, la utilización de grandes amplificadores de sonido, con desmesurada potencia, en bares, cafeterías, kioscos o en fines de semana, fiestas patronales, ferias o Carnavales, en plazas y calles del centro de las ciudades, ocasiona serias molestias a los vecinos que, libremente, han decidido vivir en esas zonas, sin renunciar a la protección de las leyes y de los tribunales, a los derechos individuales reconocidos en la Constitución y a no tener que sufrir la agresión del ruido incontrolado, en nombre de la tradición, la idiosincrasia o los intereses económicos de algunos, utilizado todo electoralmente por los políticos y convirtiendo el Estado de Derecho en una "república bananera".

No se puede afirmar, sin mentir, que nadie ha protestado por la insoportable agresión acústica. El 25 de febrero de 1996, hace diez años, DIARIO DE AVISOS publicaba un artículo, titulado "Tengo derecho a dormir", cuyo autor coincide con quien firma este artículo y del que extraeré algunos párrafos:

"Es imposible seguir intentando dormir. Son las seis de la mañana del sábado y después de batido el récord de vueltas en la cama, decido levantarme y ponerme a escribir. Desde el viernes 15, vengo sufriendo los rigores y molestias del injustificable volumen de los altavoces. En nueve dias, sólo he podido dormir, normalmente, la noche del 22."

"Uno de los días, sin haber podido pegar un ojo, a las siete y media, me llamaron de la COPE, de Madrid, para iniciar la tertulia de ’La Mañana’, con Antonio Herrero, Ramón Tamames, Julián Lago y Jesús Cacho. Abrí una ventana, saqué el teléfono y toda España pudo oír, en directo, el estruendo del Carnaval, que dejó asombrados a los tertulianos. Cuando nos despedíamos, hora y media después, me pidieron que volviera a abrir la ventana. El asombro fue aún mayor. Todo seguía igual."

"Días después de finalizado el Carnaval, encontré en el buzón una carta del alcalde, Miguel Zerolo. En su texto, explicaba que se ’iban a sentar las bases de una nueva etapa la que la diversión y descanso sean verdaderamente compatibles’. Y añadía: "En nuestro empeño de proteger en mayor medida el derecho al descanso de los vecinos de la zona baja de la ciudad, este año hemos trasladado al Centro Internacional de Ferias todo lo referido a los concursos del Carnaval, medida, esta última que espero de corazón les haya servido para preservar su tranquilidad".

"Es de agradecer el interés del señor Zerolo por la tranquilidad de los vecinos"… "Pero no son los concursos de murgas, comparsas, rondallas o la elección de la Reina del Carnaval, lo que más molesta a quienes viven en "la zona baja de la ciudad".

"A casi todos nos gusta el Carnaval"... "Pero, el Carnaval chicharrero no pierde un átomo de su espectacularidad, ni de su expresión popular, si se obligara a bajar los decibelios de los altavoces instalados en coches y chiringuitos; se situaran en las proximidades del muelle y avenida marítima, donde no vive nadie, o se fijara una hora prudente para suprimir la música".

En estos diez años, la situación ha empeorado. Se han duplicado los coches, camiones, kioskos y chiringuitos, y triplicado el número y potencia de sus altavoces, que intentan atraer clientes o bailarines, a base de elevar, al maximo el sonido de músicas distintas, que producen un estruendo insoportable, durante ocho, nueve, diez o doce horas seguidas, según el día, sin que se haya tomado medida eficaz alguna, en defensa del legítimo derecho de los vecinos a descansar.

El Cabildo de Tenerife se gasta 4.2 millones de euros en la financiación de la campaña de publicidad del tranvía

Ricardo Guerrero, consejero del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, ha expresado su incredulidad por el esfuerzo que está haciendo el Cabildo por promocionar el tranvía, frente a una guagua que languidece por una evidente falta de compromiso por parte de Coalición Canaria y Partido Popular. “El Cabildo se avergüenza del funcionamiento de la guagua, por eso ha decidido sólo promocionar el tranvía entre los sectores empresariales”.
Sin embargo para corregir el desinterés de Ricardo Melchior por la guagua, el consejero socialista le pide que extienda la invitación que hace al sector empresarial para el tranvía para que también promocione el uso de la guagua

El consejero socialista reconoció que no le faltan razones al Cabildo para avergonzarse de la situación que vive la guagua en la Isla, ya que se trata de un medio de transporte lento, impuntual, caro, imprevisible y que no llega a todos los rincones de la Isla. “En Tenerife sólo coge la guagua quien no le queda otro remedio, y esto habría que haberlo resuelto desde hace tiempo, pero no existe voluntad política desde el gobierno del Cabildo”.

Para terminar, Ricardo Guerrero recordó que los 4.2 millones de euros que se gasta el Cabildo en la financiación de la campaña de publicidad del tranvía suponen más dinero que el que se está gastando en el carril-bus de entrada a Santa Cruz, evaluado en 3.449.589,59 euros, después del último incremento presupuestario consignado. “Esto es algo aberrante, y más con las necesidades que tenemos de una mayor cantidad de carriles-bus que hagan mucho más rápido el transporte público en guagua en las zonas urbanas de la Isla”.

El Centro Canario Nacionalista (CCN) consideró que la "corrupción generalizada" en Canarias está colapsando la actividad parlamentaria y pidió al presidente del Gobierno, Adán Martín, que depure responsabilidades en el Ejecutivo para no convertirse en encubridor.
Adán Martín "no puede mirar hacia otro lado cuando tres áreas de su Gobierno -Industria, Economía y Empleo- están implicadas y sometidas a sendas comisiones de investigación en el Parlamento y en los juzgados", indicó el CCN en un comunicado.

Los centristas consideraron que la situación de corrupción generalizada "se ha visto reflejada en la proliferación de comisiones de investigación que hay abiertas en el Parlamento, en tal número que ha colapsado la actividad parlamentaria en las islas".

"Si Adán Martín no depura responsabilidades en los miembros de su gobierno sometidos a investigación pasará a ser un encubridor de estas conductas, y por ello el CCN pedirá su dimisión inmediata", advirtió el partido.

Además, los centristas pidieron a Adán Martín que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento "para demostrar si cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados regionales para seguir gobernando".

En el caso del concurso eólico deben depurarse responsabilidades en el Gobierno "hasta las últimas consecuencias", indicó este partido, que no tiene representación parlamentaria.

"En caso de ser ciertas las irregularidades detectadas en Industria por el caso eólico", el presidente del Cabildo grancanario "deberá afrontar su responsabilidad política y familiar y presentar fulminantemente su dimisión", ya que la Consejería estaba dirigida por su hermano Luis Soria, indicó el CCN.

El ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo (PP), detenido esta semana por su presunta vinculación con la trama eólica de Canarias, prestará declaración este domingo ante el juez Miguel Ángel Parramón por la supuesta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.



AGENCIAS. Las Palmas de Gran Canaria

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Miguel Ángel Parramón comenzará este domingo a las ocho de la mañana los interrogatorios de Celso Perdomo y los otros seis detenidos por su presunta vinculación con el caso, entre ellos dos funcionarios y tres empresarios.

Todos los detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

El ex director general de Industria, Celso Perdomo, es el que más cargos acumula, con los tres ya mencionados. A Perdomo se le considera el centro de toda la trama, puesto que los e-mails con supuesta información privilegiada del concurso eólico salieron de su correo.

Tras él aparecen el jefe de área de la Consejería, Honorato López, detenido por la comisión de un supuesto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias. López habría jugado el papel de informar a Perdomo de toda la evolución del concurso después de su salida del departamento, a consecuencia de la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y el PP que supuso la salida de los conservadores de ese departamento, liderado por Luis Soria, hermano del presidente del PP canario.

La pareja sentimental de Perdomo, la funcionaria del área de Educación del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, fue detenida por la supuesta comisión de un delito de cohecho y otro de malversación de fondos públicos. A Quintana se le achaca, según las informaciones publicadas, ser la titular de la cuenta corriente en un paraíso fiscal (Luxemburgo).

Tras estas tres personas, la Policía detuvo al resto de personas por la supuesta comisión de un delito de cohecho. El financiero de La Caja de Canarias, Jesús González Martín, el empresario Willebaldo Luis Yanes, el abogado Alfredo Briganti y el empresario Enrique Guzmán fueron todos informados en el momento de su detención de que podrían haber cometido cohecho.

Según lo publicado desde el inicio de la investigación de la trama eólica, Willebaldo Luis Yanes fue el contacto con los empresarios que aspiraban a conseguir las licencias para explotar energía eólica. Tanto Alfredo Briganti como Enrique Guzmán han sido mencionados como los enlaces de las empresas a las que presuntamente se pretendía beneficiar con la información privilegiada antes de sacar públicamente el concurso.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, tiene previsto comenzar a las ocho de la mañana los interrogatorios de los siete detenidos, y, al término de las declaraciones, decidirá sobre su situación procesal.

Entre tanto, todos ellos, cinco arrestados en Las Palmas de Gran Canaria y los otros dos en Madrid, permanecen bajo custodia policial, repartidos entre cinco comisarías distintas de la isla de Gran Canaria a fin de que no puedan hablar entre ellos antes de su puesta a disposición judicial.

Tras lo ocurrido, el PP ha suspendido de militancia a los detenidos que pertenecían a esa formación, según anunció este viernes su presidente en Canarias, José Manuel Soria, aunque sin desvelar quiénes, además del ex director general Celso Perdomo, son los afectados.

Precisó, en cualquier caso, que el Comité de Derechos y Garantías del PP ha actuado de oficio y, en cumplimiento de sus estatutos, ha suspendido, cautelarmente y "sin perjuicio" de la presunción de inocencia, a los militantes detenidos.

Miguel Ángel Parramón comenzará este domingo a las ocho de la mañana con los interrogatorios, y después decidirá sobre la situación procesal de los detenidos

Mónica Quintana debe responder por cohecho y malversación, Honorato López por cochecho y tráfico de influencias, mientras que Jesús González, Wilebaldo, Bigranti y Enrique Guzmán por cohecho

El presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, no quiso pronunciarse este sábado sobre la trama eólica "hasta que no haya un pronunciamiento claro" de la Justicia, y se limitó a mostrar su respecto a las actuaciones judiciales y a la futura comisión de investigación parlamentaria. No obstante, abogó por no dramatizar y tachó de "estupidez" que se pueda pensar que la corrupción se está extendiendo en Canarias.



ACN. Santa Cruz de Tenerife

"Las cosas hay que verlas con normalidad y no hay que dramatizar, ya que en Canarias suceden (casos de corrupción) exactamente igual que en todas partes del Estado. Hay un problema y hay que corregirlo", aseguró Paulino Rivero tras clausurar el I Congreso de los Jóvenes de CC de Tenerife, en el que fue elegido presidente Abel Morales.

Aunque la trama eólica salpica al Partido Popular (PP), ya que el concurso fue convocado cuando la Consejería de Industria estaba dirigida por el popular Luis Soria- el presidente de CC dijo que ningún partido, al igual que ninguna organización empresarial o asociación vecinal, está exento de que alguno de sus miembros quiebre la confianza que se le ha prestado. No obstante, aseguró que en un Estado de Derecho que funciona existen instrumentos para detectar y sancionar a los que no actúan de acuerdo a la legalidad.

"No hay que meter el dedo en el ojo del PP, ni mirar al PSOE por los casos que tuvo, sino pensar que esto es una situación que se puede dar en cualquier ámbito de la sociedad y lo que hay que tener son instrumentos para detectarlos y dejar actuar a la Justicia", sostuvo Rivero.

Asimismo, consideró una estupidez considerar que en las Islas se está extendiendo la corrupción y dijo que con ese tipo de afirmaciones se hace un "flaco favo" a Canarias.

En cuanto a si compartía la opinión del diputado de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez sobre la conveniencia de que Adán Martín se someta a una cuestión de confianza, Paulino Rivero aclaró que no comparte las valoraciones políticas sobre Canarias que hace Rodríguez, porque "ninguna de ellas apuntan en una línea acertada".

El presiente de CC no quiso pronunciarse sobre las manifestaciones del secretario general de los socialistas canarios, Juan Carlos Alemán, quien afirmó que la trama eólica es un ejemplo de cómo funcionó el Gobierno anterior. Rivero prefirió quedarse con las manifestaciones realizadas por Alemán en las que señalaba que las cosas entre CC y PSOE "han ido mejorando y van muy bien".

Tampoco precisó si la formación que dirige se planteará alguna iniciativa para paliar el efecto electoral de los casos de supuestas irregularidades que se están dando en Canarias –concurso eólico, caso Amorós o caso De León-, y recordó que en vísperas de las elecciones pasadas "algunos utilizaron la estrategia de generalizar" y se llegó incluso a presentar una moción de censura contra el presidente regional.

"Entonces parecía que Canarias ardía", apuntó Rivero, quien explicó que las elecciones se celebraron y las cosas funcionaron con la máxima normalidad. "Estamos en un Estado de Derecho que nos permite contar con instrumentos para detectar irregularidades, avanzar y tener confianza en las instituciones", aseveró.

Canarias7

Una denuncia de un director comercial despedido, un ramillete de nombres muy conocidos en la sociedad grancanaria, un concurso que despertó el interés de decenas de grandes inversores... Todo eso se da cita en la compleja trama eólica. La Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 7 y la Fiscalía Anticorrupción llevan varios meses de investigación, un trabajo en el que han sido fundamentales las escuchas telefónicas realizadas con autorización judicial. A continuación, CANARIAS7 hace un detallado relato cronológico del caso y de aspectos que hasta la fecha no habían sido revelados a la opinión pública.
1. El 28 de octubre de 2004, el Boletín Oficial de Canarias recoge la orden del 14 de octubre de ese mismo año por la que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias convoca «concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares». La Consejería está dirigida por Luis Soria, miembro del Partido Popular y hermano del presidente regional de esta formación, José Manuel Soria. El expediente del concurso fue tramitado, como recoge la orden, por la Dirección General de Industria, con Celso Perdomo, también del PP, al frente.
2. El concurso tenía precedente un decreto aprobado por Julio Bonis, anterior consejero de Presidencia e Industria en la legislatura precedente. Bonis quiso sacar el concurso al final del mandato presidido por Román Rodríguez pero Coalición Canaria optó finalmente por demorarlo. Bonis sí aprobó el decreto que daba pie a la convocatoria del concurso. En diciembre de 2005, el Tribunal Superior anuló el decreto por defecto de forma y a las 24 horas el Gobierno dijo que convocaría otro concurso. Inició para ello el expediente de revisión de oficio.

3. El concurso despertó gran interés en el empresariado canario, ayuntamientos y cabildos. La rentabilidad estaba asegurada, según los estudios técnicos, a los dos años de realizada la inversión.

4. En marzo de 2005, Alberto Andrés Santana Ramírez presenta ante la Policía Nacional una denuncia por «presunta corrupción y asociación mafiosa». En su escrito, señala a José Miguel Suárez Gil, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Celso Perdomo, director general de Industria, y Wilebaldo Luis Yanes, empresario, como artífices de una «operación maquinada para el reparto de las comisiones, a políticos y colaboradores, desde la oficina del director general de Industria y Energías, dependiente del consejero de Industria del Gobierno de Canarias, don Luis Soria». El denunciante señala al grupo empresarial Gesco como receptor de ese presunto trato de favor, al tiempo que le atribuye como objetivo el siguiente: «Corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos persiguiendo un único objetivo, el lucro personal de unos pocos mediante el fraude y la corrupción en contra de los intereses de nuestra sociedad». Alberto Santana fue, hasta poco antes de presentar la denuncia, director comercial de Siemenca, empresa de Wilebaldo Luis Yanes y que Santana sitúa como parte de ese entramado empresarial llamado Gesco.
5. Alberto Santana aporta como pruebas correos electrónicos supuestamente enviados por Celso Perdomo a Yanes y otros empresarios con indicaciones sobre los detalles del concurso previos a su convocatoria, borradores de las bases y listado de personas con las que contactar para acudir al concurso en condiciones favorables.

6. En mayo de 2005, el pacto de gobierno regional entre Coalición Canaria y el Partido Popular se rompe. Luis Soria y Celso Perdomo dejan la Consejería. Marisa Tejedor (Coalición Canaria) sustituye a Luis Soria.A instancias del Partido Socialista, Tejedor inicia una investigación administrativa sobre el concurso y en noviembre remite al Parlamento sus conclusiones. Según la Consejería, desde el punto de vista administrativo no se detectó irregularidad alguna.

7. La denuncia, en manos de la Policía, llega al fiscal Anticorrupción, Luis del Ríos, y al Juzgado de Instrucción número 7, con Miguel Ángel Parramón al frente. Comienza así una investigación policial bajo supervisión judicial que incluye el pinchazo de varios teléfonos de algunos de los denunciados y de otras personas supuestamente vinculadas a la trama.

8. En el transcurso de esa investigación, la Policía capta conversaciones de Wilebaldo Luis Yanes en relación con una presunta mediación en favor de un supuesto narcotraficante que ha de ser juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la que forma parte José Antonio Martín, presidente de la citada Audiencia. Según publicó el pasado mes de enero el periódico El País, un hijo de José Antonio Martín es socio de Wilebaldo Luis Yanes en empresas que, a su vez, aparecen en el listado de las sociedades que a última hora entran en el censo para las elecciones de la Cámara de Comercio y que en eseproceso electoral podrían inclinarla balanza a favor del hoy presidente, José Miguel Suárez Gil.

9. Dado el aforamiento de que goza José Antonio Martín y Martín por su condición de presidente de la Audiencia Provincial, el juez Parramón remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificación de las investigaciones relacionadas con el presidente de la Audiencia. El Consejo General del Poder Judicial abre una investigación y Martín y Martín es apartado de sus funciones.

10. ¿Qué averigua la Policía en relación con la trama eólica en las escuchas y las investigaciones efectuadas? En esas conversaciones, la Policía detecta que, efectivamente, desde la Dirección General de Industria se ha ofrecido supuesta información privilegiada sobre los detalles del concurso. Asimismo, uno de los investigados y que ayer fue detenido, Enrique Guzmán -representante de una Generaciones Especiales I, SL, empresa que concurrió con doce proyectos- comenta por teléfono que ya se ha efectuado un pago en una cuenta bancaria en Luxemburgo a nombre de Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo y pareja sentimental de Celso Perdomo. Generaciones Especiales I es una sociedad limitada participada por Hidrocantábrico, una de las grandes compañías nacionales del negocio energético. Luxemburgo goza de opacidad bancaria. La Policía entiende que se debe averiguar el motivo de ese ingreso bancario.

11. Alfredo Briganti aparece en la investigación policial como otra persona que supuestamente recibe información previa sobre los aspectos del concurso.

12. En las conversaciones grabadas por la Policía se habla también de que Celso Perdomo y otras personas de su confianza influirán en los técnicos que evaluarán los proyectos para asegurar una buena puntuación a algunos de los concurrentes. Es en ese aspecto donde aparece el nombre de Honorato López, que supuestamente estaba al tanto de todos los aspectos relativos al concurso.

13. A mitad de enero, la Policía entiende que la investigación ha llegado al extremo en que procede pedir a la autoridad judicial la emisión de órdenes de detención y de registros domiciliarios.

Las pistas, paso a paso

Luxemburgo. Este periódico adelantó el 27 de enero presunto pago de comisiones.

Hidrocantábrico. El sábado 28, CANARIAS7 desvela conexión con Hidrocantábrico.

Detenciones. El 29 de enero, CANARIAS7 apunta las posibles detenciones.

CADENA SER.
Los hechos investigados ocurrieron durante la etapa en la que el PP gobernaba en las islas

Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes policiales y judiciales cercanas al caso, se ha procedido a la detención de siete personas por su presunta implicación en la trama de corrupción denunciada en torno a la convocatoria de adjudicación de potencia eólica en Canarias en la etapa en la que Luis Soria, del Partido Popular, era consejero de Industria en el Ejecutivo de las islas.
Entre las detenciones ordenadas por el juez de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parragón, se encuentra el ex director general de industria Celso Perdomo, un funcionario de la comunidad autónoma bajo orden de este otro dirigente del PP, dos empresarios y un socio de uno de ellos.

La policía les arresta como presuntos receptores de la información privilegiada que, según la denuncia, salía desde la consejería dirigida por el PP hacia estos empresarios cuatro meses antes de que se publicaran las bases del concurso eólico en el Boletín Oficial de Canarias.

El ‘caso eólico’ comenzó con la denuncia del empresario Alberto Santana sobre presunto tráfico de información privilegiada en el seno de la consejería de Industria en la etapa del PP. Esta denuncia derivó en unos pinchazos telefónicos que provocaron que se abriera otro procedimiento en el que se suspendió al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín.

El empresario Alberto Santana, quien denunció las irregularidades que se investigan sobre la convocatoria de un concurso eólico en Canarias, afirmó este jueves que el registro de los servicios informáticos del Cabildo de Gran Canaria podrían dar "algún tipo de sorpresa".

El empresario señaló que tras la intervención en el Cabildo grancanario de documentación y de un ordenador del despacho del ex director general de Industria Celso Perdomo, detenido este jueves junto a otras seis personas por orden judicial, puede que "se desprenda algún dato que pudiera inculpar" a su presidente, el popular José Manuel Soria, y al consejero insular Ernesto Pérez Reyes.

Ambos, al igual que el ex consejero de Industria, Luis Soria, figuran en las denuncias presentadas por Alberto Santana, quien afirma que "los correos electrónicos del PP" pueden dar "algún tipo de sorpresa".

La primera denuncia presentada por Santana dio pie a la investigación que sigue el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, Miguel Angel Parramón, contra los siete detenidos este jueves por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

Alberto Santana comentó que el material incautado en el Cabildo de Gran Canaria podría desvelar cuestiones relacionadas con otros casos polémicos como "la operación de venta de la empresa Sialsa del Cabildo u otro tipo de asuntos".

Santana recordó que Celso Perdomo, una vez que dejó Industria tras la ruptura del pacto de Gobierno entre CC y PP el pasado mes de junio, fue "rescatado" por el PP en su anterior puesto de encargado de informática del Cabildo, dependencia registrada este jueves por miembros de la UDYCO por orden del juez.

El empresario afirmó que, tanto la detención de Perdomo como las otras seis ocurridas este jueves en la capital grancanaria y Madrid, le "causan preocupación y expectación, en tanto que espero que todos los que están implicados al final terminen pagando sus responsabilidades".

Santana auguró este jueves en el programa de CANARIAS AHORA El espejo canario, “nos podemos llevar una sorpresa bastante grande y puede salir del sombrero un conejo bastante gordo”.

El empresario Alberto Santana denunció que desde la Consejería de Industria se filtró en el año 2004 información privilegiada del concurso mediante correos electrónicos a la empresa Siemanca, en la que él trabajaba, así como a empresarios a los que presuntamente se pretendía favorecer.

La policía efectuó durante la mañana de este jueves el registro en el despacho que el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo (PP), detenido por su presunta implicación en la "trama eólica" de Canarias, tiene en el departamento de informática del Cabildo de Gran Canaria. Los agentes se incautaron de un ordenador que fue precintado y una caja con documentación

El ex director de Industria estuvo presente en el registro que concluyó al mediodÍa.

Perdomo y otras seis personas fueron detenidas este jueves por orden del juez Miguel Angel Parramón, quien investiga las supuestas irregularidades en la convocatoria de un concurso eólico en Canarias, informaron fuentes de la investigación

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía proceden este jueves a detener por orden del titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, a siete personas por su presunta implicación en la trama político empresarial denunciada alrededor del concurso eólico del Gobierno autónomo, denominada operación Eolo.



CANARIAS AHORA / EFE. Las Palmas de Gran Canaria

El juez Parramón ordenó la detención por el caso eólico del ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo; Honorato López, jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias bajo las órdenes en su momento del también dirigente del Partido Popular (PP); el empresario Wilebaldo Luis Yanes; Mónica Quintana, funcionaria de Educación Cabildo grancanario y novia de Celso Perdomo; Enrique Guzmán, inversionista; y Alfredo Briganty Arencibia, empresario canario afincado en Madrid , vinculado a la empresa SPA, empresa experta en el negocio eólico que se presentó al concurso y finalmente se retiró. Además es amigo de Larry Álvarez, vicepresidente tercero de la Corporación insular de Gran Canaria. Jesús González Martín, jefe de Tesorería de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el último detenido en la sede de la entidad en la calle Triana.

Guzmán y Briganty han sido detenidos en Madrid, en una operación policial que comenzó a las nueve de la mañana de este jueves, en la capital de España y el archipiélago canario.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado de que se están efectuando, los trece registros que ha ordenado el Juez de Instrucción encargado del caso. A partir de ahora, existe un máximo de 72 horas para que los detenidos, que se encuentran en dependencias policiales, pasen a disposición judicial.

Esta misma investigación llevó hace unas semanas a la apertura de diligencias previas contra el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, quien fue suspendido de su cargo por supuesto trato de favor a un presunto narcotraficante.

La operación policial, adelantada en el programa de CANARIAS AHORA RADIO El espejo canario, se desarrolló en el Archipiélago y en la Península. El caso eólico comenzó con la denuncia interpuesta por Alberto Santana, ex responsable comercial de una de las empresas de Luis Yanes, por un presunto delito de tráfico de información privilegiada en el marco del concurso convocado por el entonces consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Luis Soria (PP), y la investigación derivó, posteriormente, en la apertura de otro procedimiento con la suspensión del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el concurso por defectos formales y, actualmente, se debate la constitución de una comisión investigadora sobre el escándalo en el Parlamento autonómico.

La Justicia ha decidido retomar el presunto delito de cohecho del presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, por el supuesto intento de soborno a Francisco Almodóvar Roque, Charli, concejal de Alternativa por Antigua. Aunque el edil denunció los hechos hace casi tres meses, es ahora cuando una juez ha reconocido que existen suficientes indicios de delito.



CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

Esta decisión se produce justo después de la emisión en CANARIAS AHORA RADIO de las grabaciones aportadas por Almodóvar como prueba. Según ha anunciado la titular del Juzgado de Instrucción número de 3 de Puerto del Rosario, el caso será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

No obstante, fuentes de la máxima institución judicial en el Archipiélago constataron a este periódico que el auto judicial aún no tenía registro de entrada.

Por su parte, Francisco Almodóvar relata que fue el pasado 11 de noviembre cuando puso en conocimiento de los hechos al fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, quien tras escuchar las grabaciones clandestinas realizadas por el edil en la sede del PP de Antigua y en la casa de Domingo González Arroyo, inmediatamente estimó que se trataba de un claro delito de cohecho.

Siempre según el relato de Almodóvar Roque, el fiscal Anticorrupción le instó a presentar denuncia en el Juzgado de Puerto del Rosario, indicándole que hablaría "personalmente" con la juez de guardia. Aunque intentó realizar la correspondiente denuncia esa misma tarde, la juez y fiscal de guardia le dijeron que resultaba imposible "porque no había nadie para realizarla".

Tres días más tarde -lunes 14-, explica Almodóvar, presentó la denuncia por presunto delito de cohecho, pese a que la juez no admitió las grabaciones como prueba.

Al día siguiente -martes 15 de noviembre-, Charli se ratifica en su denuncia, y esta vez la juez sí acepta las cintas grabadas donde el marqués de las dunas e Ibiza Melián (candidata del PP a la Alcaldía de Antigua) intentan sobornar a Almodóvar con 20.000 euros y un solar en La Oliva a cambio de su apoyo a la moción de censura tramada contra el todavía alcalde Juan José Cazorla (PP).

Según los argumentos de Almodóvar Roque, la juez levantó el secreto de sumario quince días después de su denuncia "no respetando el plazo de un mes" que había dictado ella misma.

"Totalmente indefenso"

Tras padecer una "odisea" a la hora de presentar su denuncia, Francisco Almodóvar Roque asegura que se siente "totalmente indefenso", fundamentalmente porque, pese a la gravedad de los hechos denunciados, no ha visto "ninguna actuación por parte de la Policía ni de nadie".

El concejal de Alternativa por Antigua afirma que ha sido "amenazado de muerte", además de haber denunciado en varias ocasiones presuntos robos en su domicilio particular.

Todas estas circunstancias han sido motivo de diversas delaciones ente la Policía Local de Antigua, la Guardia Civil de Puerto del Rosario, así como en el Juzgado de la capital majorera. Ahora Francisco Almodóvar se pregunta si lo que debería haber hecho era aceptar las prebendas de los populares.

Carta por la que se inicia una investigación de oficio respecto a la actuación de la Comisión, en su papel de guardiana del Tratado, en relación al desarrollo de un puerto industrial por parte de las autoridades españolas en la ciudad de Granadilla, España

Señor Presidente:
Me permito informarle que he recibido recientemente un gran número de reclamaciones contra la Comisión Europea relativas al desarrollo de un puerto industrial por parte de las autoridades españolas en la ciudad de Granadilla, en la isla de Tenerife. De la información incluida en las reclamaciones se deduce que la Comisión ha venido instruyendo una serie de quejas formales al respecto y que, finalmente, ha concluido que el desarrollo de dicho proyecto no infringiría el Derecho Comunitario, en particular, el Artículo 6 (4) de la Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres(1).
Los denunciantes alegan, en términos generales, que la Comisión no ha tenido en cuenta la existencia de posibles soluciones alternativas al proyecto propuesto. Teniendo en cuenta que la información presentada por los reclamantes es muy limitada, no he considerado justificado iniciar una investigación en relación a cada una de las reclamaciones individuales presentadas.
Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 195 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, el Defensor del Pueblo Europeo está facultado para iniciar investigaciones por iniciativa propia. En virtud de esta disposición, he decidido iniciar una investigación de oficio respecto a la actuación de la Comisión, en su papel de guardiana del Tratado, en relación al desarrollo de un puerto industrial por parte de las autoridades españolas en la ciudad de Granadilla, en la isla de Tenerife. Al adoptar mi decisión he tenido en consideración el elevado número de reclamaciones recibidas, que parecería pone de manifiesto la insatisfacción pública sobre la actuación de la Comisión en este tema, por lo que sería recomendable que la institución pudiese explicar al público su posición al respecto.
De acuerdo con los Artículos 2 (2) y 3 (1) del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, le informo del inicio de esta investigación de oficio y le invito a presentar un informe antes del 30 de Abril de 2006.
En vista de los motivos que justifican esta investigación de oficio, tengo la intención de publicar los documentos sobre la misma en mi Página Web. Ya que las reclamaciones que he recibido estaban redactadas en inglés y en español, le estaría muy agradecido si la Comisión pudiera enviar su informe en ambos idiomas.
Le saluda atentamente,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS



(canariasdigital.org)

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Una grabación emitida este lunes en El Espejo Canario de CANARIAS AHORA RADIO muestra un episodio en el que Domingo González Arroyo, presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, intenta supuestamente comprar a un concejal de Alternativa por Antigua para asegurar la Alcaldía del municipio al partido conservador.


GORETTI SÁNCHEZ. Las Palmas de Gran Canaria


Los hechos grabados ocurren en la tarde del pasado 12 de octubre de 2005, hace escasamente tres meses, en la casa de González Arroyo. Se trata de una reunión extraoficial, una reunión en la que los actores presentes, además del mencionado, son Ibiza Melián (PP) y Francisco Almodóvar Roque (Aternativa por Antigua), conocido por Charli, que es el objeto del intento de compra.

Almodóvar Roque es el octavo concejal en la lista de Alternativa por Antigua, formación que a principios del mandato suscribió un pacto de adhesión con el Partido Popular. El pasado 14 de noviembre de 2005, tras la muerte del concejal Diego Cabrera, Almodóvar se convirtió en el concejal de Policía en Antigua.

Antes de que asumiera su cargo, el ex alcalde de Antigua Juan José Cazorla (PP) fue condenado por un delito de cohecho (caso Antigua).

Pocos días después, Cazorla y otros cinco ediles presentaron su baja en el PP "para no perjudicar la imagen del partido". De este modo, los conservadores perdían la Alcaldía en el municipio majorero.

En ese momento, Cazorla acusó a González Arroyo de “dejarle tirado” tras haberse comprometido supuestamente con ayudas, incluso judiciales. Tras su despedida por carta, se inicia un periodo en el que el presidente popular majorero fabrica una moción de censura con el fin de hacerse con el control de la localidad.

La cita del 12 de octubre de 2005, es tan sólo uno de los capítulos de las negociaciones turbias que se celebraron con ese fin. A lo largo de la grabación, González Arroyo enumera a los ediles que que estarían dispuestos a participar en la moción de censura: Ibiza Melián (PP), Gustavo Berriel (PP), Juanín Évora (PP, ex alcalde de Antigua), Juan López (CC), Juan Gutiérrez (CC) y Laura Perdomo (PSOE).



González Arroyo: "Si quieres tener un kilillo para ir escapando, yo te lo doy ya"b>
El día de autos en casa de Domingo González Arroyo, Francisco Almodóvar Roque realizó de manera secreta la grabación. En ella se revelan algunos datos sobre el montaje de la censura para recuperar el poder del PP en Antigua y se certifica el intento de soborno a Almodóvar Roque, por parte de González Arroyo, para que la censura prospere.


GORETTI SÁNCHEZ / CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria


"¿Tú le has dicho a él lo del solar que yo le voy a regalar?", dice en un momento de la grabación el presidente del Partido Popular en Fuerteventura a su compañera de partido, edil en Antigua y postulada para la Alcaldía mediante la moción de censura que se negociaba; Ibiza Melián.

Con esa pregunta, González Arroyo inquiría sobre el grado de conocimiento que tenía el concejal de Alternativa por Antigua Francisco Almodóvar de las ventajas que le supondría poner su voto al servicio de la moción de censura.

Segundos después, González Arroyo nombra otra de las prebendas que tenía preparadas para el concejal. "Si quieres tener un kilillo para irte tú escapando, yo te lo doy ya", extremo al que el denunciante se niega explicando que su situación no es tan mala como sus dos interlocutores suponen.

"Tú eres un hombre que vive de su trabajo y de su honradez; es una atención que yo le dije a Ibiza que he querido tener contigo", explica el presidente del PP de Fuerteventura al objeto del intento de compra.

La cantidad mencionada en la primera parte de la grabación se trata de un adelanto sobre el precio ofrecido, que, según las palabras de González Arroyo, se elevaría a más del triple. "Coño, veinte mil euros es una porquería", llega a afirmar, para explicar más adelante que no "es un tema de compra ni venta".

El conocido como marqués de las dunas intenta explicar que no se trata de un intento de soborno, sino que es una práctica habitual que nace de su talante generoso. "¿Sabes tú cuántos solares he regalado yo?", llega a afirmar, para a continuación enumerar una serie de periodistas con los que ha tenido "una atención", según sus palabras.

Tampoco ve obstáculos para que Almodóvar levante una casa en el solar que pensaba regalarle. "Que necesitas tractores, tractores; que necesitas hormigonera, hormigonera; que necesitas materiales, pues materiales; y la mano de obra. Y eso te lo doy yo porque me da la gana a mí y se ha terminado". Y resalta que no es la primera vez que actúa de esa manera al afirmar, "¿cuántas casas no he hecho yo así? Con personas necesitadas y les echo una mano porque me da la gana a mí y se ha terminado. Es hacer el bien sin mirar a quién. Asi que te llevas hoy un kilillo para tú tener...". Ofrecimiento al que por segunda vez se niega el denunciante.

Subirse los sueldos

En otro pasaje de la grabación, González Arroyo insiste en que después de consumarse la moción de censura -extremo que nunca se produjo-, el equipo de gobierno tenía que disponer de "unos suelditos decentes".

Cuando su compañera de partido Ibiza Melián le cuenta que en la actualidad la nómima de los ediles en Antigua es de 300.000 pesetas, al presidente de los populares de Fuerteventura le parece "poco dinero" y estima que los emolumentos deben llegar a las 400.000 pesetas mensuales porque "por menos no se puede trabajar".