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La orden judicial que obligó a cerrar las terrazas no sólo afecta al Carnaval. La contundencia del pronunciamiento judicial deja tocado al grupo de gobierno, encabezado por Pepa Luzardo; a las arcas municipales, que tendrán que desembolsar compensaciones a los afectados; y a los carnavaleros, que siguen perdiendo espacio en la calle para la fiesta.
El grupo municipal de gobierno mantendrá hoy una reunión de urgencia, justo antes del Pleno, para analizar las consecuencias de la orden judicial que obligó a cerrar las terrazas y los ventorrillos del parque blanco y que supuso un varapalo sin precedentes a la alcaldesa Pepa Luzardo, cuyo rechazo a acatar la sentencia fue calificado de «inaceptable» y «rebelde». Según confirmaron ayer fuentes municipales, no se descarta que tras esa reunión se adopte alguna posición de tipo jurídico, si bien no quisieron especificar el significado de estas palabras.
La contundencia de la orden judicial ha sorprendido al grupo de gobierno pero también a la oposición, que ayer criticó la política de oídos sordos mantenida por el PP.
«Nunca he leído un auto semejante», reconoció ayer el portavoz del Partido Socialista, Arcadio Díaz Tejera, «refleja tal desconocimiento del Estado de Derecho que impresiona en alguien que tiene 400 millones de euros en presupuesto para administrar y más de 2.500 empleados públicos a sus órdenes».
El edil socialista valoró la decisión judicial como un «auto de una gravedad y una trascendencia absolutamente inusitada»y adelantó que su grupo va a presentar una moción de urgencia para que «nunca más un responsable del Ayuntamiento avergüence a la población de Las Palmas de Gran Canaria porque cuando hay una sentencia firme, lo que hay que hacer es ejecutarla». Díaz Tejera encuentra inconcebible que la alcaldesa haya «dejado pudrir el asunto, haya amenazado a los vecinos con botellones espontáneos y se haya burlado de la justicia».
Por su lado, la portavoz de Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, señaló que «Luzardo se ha convertido en un peligro para el Carnaval y para la ciudad». Dijo que la resolución judicial «da un fuerte varapalo al comportamiento de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, reprochando su conducta reacia a cumplir una resolución judicial, lo que constituye la base del Estado de Derecho». La edil criticó el daño causado a los empresarios adjudicatarios de las terrazas y los ventorrillos, y lamentó que, al final, «las compensaciones por la mala gestión las tendremos que pagar con el dinero de todos los ciudadanos».
También se mostró crítica la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alicia Gómez, para quien la actitud de Luzardo era una muestra de «irresponsabilidad». «Lo que dice el Ayuntamiento es que le da igual una sentencia del Tribunal Supremo», afirmó, «y mientras, los vecinos se quedan desprotegidos, es algo increíble». Gómez destacó la falta de incidentes y dijo que «el pueblo canario es más civilizado y respetuoso con la decisión judicial que la propia alcaldesa».
El grupo municipal de gobierno mantendrá hoy una reunión de urgencia, justo antes del Pleno, para analizar las consecuencias de la orden judicial que obligó a cerrar las terrazas y los ventorrillos del parque blanco y que supuso un varapalo sin precedentes a la alcaldesa Pepa Luzardo, cuyo rechazo a acatar la sentencia fue calificado de «inaceptable» y «rebelde». Según confirmaron ayer fuentes municipales, no se descarta que tras esa reunión se adopte alguna posición de tipo jurídico, si bien no quisieron especificar el significado de estas palabras.
La contundencia de la orden judicial ha sorprendido al grupo de gobierno pero también a la oposición, que ayer criticó la política de oídos sordos mantenida por el PP.
«Nunca he leído un auto semejante», reconoció ayer el portavoz del Partido Socialista, Arcadio Díaz Tejera, «refleja tal desconocimiento del Estado de Derecho que impresiona en alguien que tiene 400 millones de euros en presupuesto para administrar y más de 2.500 empleados públicos a sus órdenes».
El edil socialista valoró la decisión judicial como un «auto de una gravedad y una trascendencia absolutamente inusitada»y adelantó que su grupo va a presentar una moción de urgencia para que «nunca más un responsable del Ayuntamiento avergüence a la población de Las Palmas de Gran Canaria porque cuando hay una sentencia firme, lo que hay que hacer es ejecutarla». Díaz Tejera encuentra inconcebible que la alcaldesa haya «dejado pudrir el asunto, haya amenazado a los vecinos con botellones espontáneos y se haya burlado de la justicia».
Por su lado, la portavoz de Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, señaló que «Luzardo se ha convertido en un peligro para el Carnaval y para la ciudad». Dijo que la resolución judicial «da un fuerte varapalo al comportamiento de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, reprochando su conducta reacia a cumplir una resolución judicial, lo que constituye la base del Estado de Derecho». La edil criticó el daño causado a los empresarios adjudicatarios de las terrazas y los ventorrillos, y lamentó que, al final, «las compensaciones por la mala gestión las tendremos que pagar con el dinero de todos los ciudadanos».
También se mostró crítica la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alicia Gómez, para quien la actitud de Luzardo era una muestra de «irresponsabilidad». «Lo que dice el Ayuntamiento es que le da igual una sentencia del Tribunal Supremo», afirmó, «y mientras, los vecinos se quedan desprotegidos, es algo increíble». Gómez destacó la falta de incidentes y dijo que «el pueblo canario es más civilizado y respetuoso con la decisión judicial que la propia alcaldesa».