Los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria influyeron de modo decisivo en aspectos clave durante la elaboración de las bases del concurso de asignación de potencia eólica, actualmente investigado en varios de sus aspectos por el juez Miguel Ángel Parramón. Lo reconocen muchos agentes que intervinieron en las negociaciones, a las que no fueron ajenos el presidente del Gobierno, Adán Martín, y el del Partido Popular canario, José Manuel Soria. Ambos celebraron al menos dos reuniones para pulir aspectos del concurso eólico.
El Cabildo de Tenerife tenía especial interés en aportar los suelos para los parques eólicos, que habrían de apoyarse en su Instituto Tecnológico (ITER). Melchior insistió mucho en estos aspectos ante Adán Martín, han confirmado fuentes oficiosas.El Cabildo de Lanzarote pretendía que la potencia a adjudicar en esa isla recayera en la empresa Inalsa, de modo que los beneficios energéticos repercutieran en el precio del agua desalada.En Fuerteventura, el entonces consejero insular de Política Territorial, Domingo Berriel, presionó ante el Gobierno del que hoy forma parte para que fuera el Cabildo majorero quien, mediante un plan territorial especial, decidiera las posibles ubicaciones de los parques eólicos.Todas estas pretensiones fueron canalizadas hacia el consejero de Industria, Luis Soria, del PP, cuyo principal interés era introducir en las bases el factor de corrección según el cual se premiarían las ofertas que se presentarna sobre suelo público. Ese interés fue coincidente con el del Cabildo de Gran Canaria.El concurso tenía dos fases, una de repotenciación para parques ya existentes, y otra libre. Esto dio lugar a que circularan varias versiones del concurso por los despachos de operadores interesados. En la Consejería de Industria había quien aseguraba que las bases eran conocidas al menos por treinta operadores, entre socios tecnológicos, dueños de suelos, instituciones públicas y hasta entidades bancarias.El origen de las investigaciones judiciales se sitúan precisamente en correos electrónicos en los que Celso Perdomo explicaba a determinados intermediarios cómo conseguir suelo público de ayuntamientos cercanos al PP. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que para entonces ya se habían cerrado acuerdos entre empresas públicas y privadas para poder concursar. “Quizás hayamos estado sin quererlo ante el concurso más transparente de la historia”, dijo en tono irónico un empresario que concursó.