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La concejala de Obras Públicas de Telde, Antonia Torres (PP), detenida este miércoles por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas, permanece en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Canarias, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Los otros cinco detenidos se encuentran en la comisaría de la Policía Nacional de Telde, añadieron las fuentes, que dijeron desconocer cuándo pasarán a disposición judicial.No obstante, según confirmaron a este periódico tras las detenciones otras fuentes de la investigación, la concejala y el resto de los arrestados pasarán entre 48 y 72 horas en comisaría antes de pasar a disposición judicial. Aunque en un principioa los seis arrestados fueron distribuidos entre las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional (tres de ellos) y las otras tres comisarías de distrito de la capital grancanaria, en estos momentos la única que permanece en la supercomisaría es la concejala del Partido Popular. Los otros cinco detenidos finalmente fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional del municipio teldense.Además de la concejala, han sido detenidos su marido, Enrique Orts, interventor municipal, el asesor municipal Francisco Gordillo y tres empresarios.Los empresarios detenidos son el responsable de la empresa Cobra Antonio Nadal, su empleado Juan Francisco Gordillo -hijo del asesor municipal-, y el empresario Felipe Ojeda Pérez, que regenta la empresa Felipe y Nicolás Ojeda Pérez.Los detenidos han sido acusados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas.Las detenciones forman parte de la denominada Operación Faycán, con motivo de la cual los agentes judiciales han efectuado registros en el Ayuntamiento de Telde y en catorce domicilios, despachos municipales y particulares en los que ha requisado documentación y material informático.Las investigaciones se iniciaron en julio de 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la Concejalía le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.
Los otros cinco detenidos se encuentran en la comisaría de la Policía Nacional de Telde, añadieron las fuentes, que dijeron desconocer cuándo pasarán a disposición judicial.No obstante, según confirmaron a este periódico tras las detenciones otras fuentes de la investigación, la concejala y el resto de los arrestados pasarán entre 48 y 72 horas en comisaría antes de pasar a disposición judicial. Aunque en un principioa los seis arrestados fueron distribuidos entre las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional (tres de ellos) y las otras tres comisarías de distrito de la capital grancanaria, en estos momentos la única que permanece en la supercomisaría es la concejala del Partido Popular. Los otros cinco detenidos finalmente fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional del municipio teldense.Además de la concejala, han sido detenidos su marido, Enrique Orts, interventor municipal, el asesor municipal Francisco Gordillo y tres empresarios.Los empresarios detenidos son el responsable de la empresa Cobra Antonio Nadal, su empleado Juan Francisco Gordillo -hijo del asesor municipal-, y el empresario Felipe Ojeda Pérez, que regenta la empresa Felipe y Nicolás Ojeda Pérez.Los detenidos han sido acusados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas.Las detenciones forman parte de la denominada Operación Faycán, con motivo de la cual los agentes judiciales han efectuado registros en el Ayuntamiento de Telde y en catorce domicilios, despachos municipales y particulares en los que ha requisado documentación y material informático.Las investigaciones se iniciaron en julio de 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la Concejalía le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.