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Manuel de la Rosa Hernández
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El salto a las páginas de actualidad de algunos casos de corrupción pone sobre el tapete la particularidad de este fenómeno, que si bien es propio del sistema, en las islas se recrudece por las peculiaridades de su modelo económico. Nada nuevo por otro lado en este territorio ultra periférico. Tampoco los es el hecho de que se haya convertido en un arma arrojadiza entre unos y otros, pero sin ir a sacarse los ojos, ya que todos han tenido trapos sucios que lavar en su casa.
El Delegado del Gobierno del PSOE en Canarias se despachaba con unas declaraciones sorprendentes, en las que respondía a la acusación que le hacia el PP de persecución política, por el hecho de ser militantes de este partido los que aparecían implicados en las tramas eólica y de Telde. En dichas declaraciones el Sr. Segura decía que las investigaciones no los había realizado la fiscalía por motu propio, sino que obedecían a denuncias de particulares. No es de recibo que se diga que los fiscales anticorrupción no intervienen, averiguando que pasa en las islas, si no es por demanda de particulares. ¡Qué flaco favor se le hace a la democracia y a la justicia social!
Esto no debería ser así. Los fiscales han de actuar en unas islas donde es un secreto a voces que las irregularidades recorren las Administraciones Públicas. Cualquier resquicio debería ser investigado. Seguro que más de uno se llevaría una sorpresa. En Canarias confluyen importantes sumas de dinero provenientes de las Administraciones Públicas (UE, estatal, autonómica, insular y municipal) y que acaban en bolsillos particulares. Algunas empresas se han convertido en expertas en el reparto y acaparamiento de los presupuestos públicos. Algunas obras de infraestructura que se ponen como prioritarias por necesidades sociales, son candidatas a ser investigadas. Muchas de las actuaciones de las Administraciones Públicas, como la continua publicidad que pagan en los medios de comunicación de las islas son una forma clarísima de compra de los mismos y que debe obligar a la fiscalía anticorrupción a actuar. Son muchos. Algunos son especialmente insultantes, como la publicidad de algún medio de transporte todavía inexistente al que se le ha venido publicitando con desembolsos millonarios, cuando todavía no contaba siquiera con partida presupuestaria pública.
Señor Segura, los fiscales deben actuar y son pocos. Tenga por seguro que tienen un terreno muy amplio donde investigar. Canarias necesita más fiscales, dadas sus peculiaridades. Los casos como el del Icfem, Tindaya, Aeromédica fueron los más conocidos. Podemos sumarle los recientes: Amoros, Eolo, Faycanes. Suma y sigue. Pero sobre todo, se trata de tomar medidas contundentes y actuar. Darle medios a los fiscales para investigar, e intervenir. Designar más fiscales en las islas que intervengan en materia anticorrupción.
En torno a los dineros públicos hay toda una pléyade de parásitos que bajo cualquier tapadera, se enriquecen, corrompen y compran voluntades. Las políticas privatizadoras de los partidos del régimen ayudan a favorecer estas corruptelas, no es casualidad que todos se hayan visto salpicados por casos de corrupción.
Es goloso el dinero que se mueve por aquí vía la RIC, subvenciones y presupuestos públicos, el REA, zona ZEC, etc. Los planes generales de muchos municipios están duplicando o triplicando la superficie urbanizable, lo que conlleva necesariamente más especulación del suelo. Los servicios públicos de educación, sanidad, municipales, etc. son otra fuente de enriquecimiento y corrupción. Esta realidad económica es proclive a que campe a su aire la corrupción. Necesitan además propiciar el clientelismo para sostenerse en el poder.
Mientras, mensajes como “Canarias tierra única”, tienen una gran razón, pero en un sentido muy distinto al que propicia el mensajero. Por cierto otra campaña millonaria insertada en los medios de comunicación de las islas. ¡Y aquí no pasa nada!
Todo el mundo “sabe” que aquí se están produciendo pelotazos, compra de apoyo en las instituciones públicas, gastos injustificados, etc. La Fiscalía Anticorrupción debe actuar sin más dilaciones y “tirar de la manta”.
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El salto a las páginas de actualidad de algunos casos de corrupción pone sobre el tapete la particularidad de este fenómeno, que si bien es propio del sistema, en las islas se recrudece por las peculiaridades de su modelo económico. Nada nuevo por otro lado en este territorio ultra periférico. Tampoco los es el hecho de que se haya convertido en un arma arrojadiza entre unos y otros, pero sin ir a sacarse los ojos, ya que todos han tenido trapos sucios que lavar en su casa.
El Delegado del Gobierno del PSOE en Canarias se despachaba con unas declaraciones sorprendentes, en las que respondía a la acusación que le hacia el PP de persecución política, por el hecho de ser militantes de este partido los que aparecían implicados en las tramas eólica y de Telde. En dichas declaraciones el Sr. Segura decía que las investigaciones no los había realizado la fiscalía por motu propio, sino que obedecían a denuncias de particulares. No es de recibo que se diga que los fiscales anticorrupción no intervienen, averiguando que pasa en las islas, si no es por demanda de particulares. ¡Qué flaco favor se le hace a la democracia y a la justicia social!
Esto no debería ser así. Los fiscales han de actuar en unas islas donde es un secreto a voces que las irregularidades recorren las Administraciones Públicas. Cualquier resquicio debería ser investigado. Seguro que más de uno se llevaría una sorpresa. En Canarias confluyen importantes sumas de dinero provenientes de las Administraciones Públicas (UE, estatal, autonómica, insular y municipal) y que acaban en bolsillos particulares. Algunas empresas se han convertido en expertas en el reparto y acaparamiento de los presupuestos públicos. Algunas obras de infraestructura que se ponen como prioritarias por necesidades sociales, son candidatas a ser investigadas. Muchas de las actuaciones de las Administraciones Públicas, como la continua publicidad que pagan en los medios de comunicación de las islas son una forma clarísima de compra de los mismos y que debe obligar a la fiscalía anticorrupción a actuar. Son muchos. Algunos son especialmente insultantes, como la publicidad de algún medio de transporte todavía inexistente al que se le ha venido publicitando con desembolsos millonarios, cuando todavía no contaba siquiera con partida presupuestaria pública.
Señor Segura, los fiscales deben actuar y son pocos. Tenga por seguro que tienen un terreno muy amplio donde investigar. Canarias necesita más fiscales, dadas sus peculiaridades. Los casos como el del Icfem, Tindaya, Aeromédica fueron los más conocidos. Podemos sumarle los recientes: Amoros, Eolo, Faycanes. Suma y sigue. Pero sobre todo, se trata de tomar medidas contundentes y actuar. Darle medios a los fiscales para investigar, e intervenir. Designar más fiscales en las islas que intervengan en materia anticorrupción.
En torno a los dineros públicos hay toda una pléyade de parásitos que bajo cualquier tapadera, se enriquecen, corrompen y compran voluntades. Las políticas privatizadoras de los partidos del régimen ayudan a favorecer estas corruptelas, no es casualidad que todos se hayan visto salpicados por casos de corrupción.
Es goloso el dinero que se mueve por aquí vía la RIC, subvenciones y presupuestos públicos, el REA, zona ZEC, etc. Los planes generales de muchos municipios están duplicando o triplicando la superficie urbanizable, lo que conlleva necesariamente más especulación del suelo. Los servicios públicos de educación, sanidad, municipales, etc. son otra fuente de enriquecimiento y corrupción. Esta realidad económica es proclive a que campe a su aire la corrupción. Necesitan además propiciar el clientelismo para sostenerse en el poder.
Mientras, mensajes como “Canarias tierra única”, tienen una gran razón, pero en un sentido muy distinto al que propicia el mensajero. Por cierto otra campaña millonaria insertada en los medios de comunicación de las islas. ¡Y aquí no pasa nada!
Todo el mundo “sabe” que aquí se están produciendo pelotazos, compra de apoyo en las instituciones públicas, gastos injustificados, etc. La Fiscalía Anticorrupción debe actuar sin más dilaciones y “tirar de la manta”.