Rechazaron en diciembre una Proposición de IU-ICV que reproducía la denuncia ahora confirmada en sentencia por el alto Tribunal.

Los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria (CC) en la Comisión de Fomento del Congreso rechazaron el pasado 30 de noviembre una Proposición No de Ley de Izquierda Verde (IU-ICV), defendida por el diputado Joan Herrera, que reproducía textualmente los mismos argumentos y peticiones que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de admitir en una sentencia condenando al Ministerio de Medio Ambiente por vulneración de derechos fundamentales.

En la citada PNL, tramitada en el Congreso en marzo de 2005 a instancias del abogado de ATAN, Pedro Fernández Arcila, y del miembro de la Mesa Federal de Los Verdes de Canarias, Octavio Hernández, se pedía la "suspensión inmediata" del proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla de Abona, así como “realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en la que sean analizados los documentos a los que no tuvo acceso el Ministerio de Medio Ambiente (tal y como el expediente sobre la afección del proyecto “Nuevo Puerto de Granadilla” al LIC ES7020116 “Sebadales del sur de Tenerife” del 19 de Diciembre de 2001 del Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de canarias remitida al Director General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias; o la comunicación de los expertos botánicos Rudiger Otto y Ruben Barone sobre el hallazgo en la zona donde se proyecta la construcción de la primera fase del Puerto de Granadilla de una nueva población de Atractylis preauxiana, especie en peligro de extinción según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas)”.

La Audiencia confirma ahora en su sentencia que tales documentos fueron ocultados y que el Ministerio debe reclamarlos a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, pues de su toma en consideración puede desprenderse la ilegalidad del proyecto y su suspensión. En el debate de la PNL, Joan Herrera denunció que en el Gobierno de Canarias se "ocultaron informes" a la Administración central y, en especial, a la Comisión Europea. "Hubo manipulación maliciosa en este proyecto", afirmó el diputado verde.