La mayoría son ciudadanos de la UE, seguidos por latinoamericanos, no comunitarios y africanos, y los principales sectores en los que se integran son el turismo, los servicios, la construcción y la agricultura, según el secretario de Migraciones, Luc André Diouf.
Unos 198.000 extranjeros trabajan de forma regular en Canarias, según los datos de los que dispone el secretario de Migraciones de Comisiones Obreras Canarias (CC OO), Luc André Diouf, confirmados hoy al término de una rueda de Prensa. Esta cifra, que incluye ciudadanos comunitarios y no comunitarios, supone un 20,5% del total de empleados de las Islas, 966.220, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2005. Además, representa casi el 10% de los habitantes del Archipiélago, que llega, según el censo de 2005, a 1.968.280 personas.
En esta contabilización no se incluyen los inmigrantes que trabajan sin regularizar, que “no se pueden calcular”, según Diouf, y predominan los ciudadanos de países extranjeros de la Unión Europea. Los latinoamericanos ocupan el segundo lugar por número, seguidos de los europeos no comunitarios y los africanos. Mientras, los sectores económicos en los que se emplean son, también en orden decreciente, el turismo, los servicios (dentro de los cuales se incluyen la hostelería, el comercio y los empleados de hogar), la construcción y la agricultura.
El secretario de Migraciones compareció ante los medios junto con Juan Jesús Arteaga, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato, para exponer la memoria final de la Red CITE, un programa de asesoramiento para potenciar la integración laboral de los trabajadores inmigrantes.
Actualmente, CC OO tiene funcionando cuatro oficinas CITE en La Palma (dos), Tenerife y Gran Canaria, mientras que las dos de Fuerteventura y las de Lanzarote y La Gomera permanecen cerradas por “problemas de organización”, que Arteaga no concretó. Sí dijo que el sindicato está “intentando cerrar la línea de financiación” que tienen establecida con el Estado para potenciar la red. “Debido al flujo migratorio que existe en Canarias consideramos imprescindible la dotación a las Islas de recursos, tanto materiales como humanos, para poder llevar a cabo una labor más productiva”, destacan los representantes sindicales.
No obstante, la apertura de estos centros especializados ha motivado una mejora en los resultados alcanzados en 2005 con respecto al año anterior, cuando eran atendidos en las oficinas insulares del sindicato, lo que ocurre ahora en las islas que tienen los CITE temporalmente cerrados. El total de contactos recibidos ha sido de 11.732.
Mientras, en 2005, se llevaron a cabo 4.682 consultas en las oficinas CITE, tanto a través de entrevistas personales, como por vía telefónica. Las solicitudes más frecuentes se refieren a trámites de documentación, asesoramiento laboral, reagrupación familiar, recursos de reposición, renovación o solicitud de permisos de residencia y trabajo, y de formación. En este último aspecto, Diouf adelantó que uno de los proyectos a poner en marcha este año es la impartición de cursos formativos –inicialmente de bar-restaurante y cocina- para los inmigrantes, tras lo cual pretenden, a través de la Federación de Hostelería, intentar la inserción laboral de sus destinatarios.
1.771 regularizados
Coincidiendo el periodo estudiado con los tres meses que duró el proceso de regularización de ilegales –del 7 de febrero al 7 de mayo-, 1.771 de los expedientes abiertos por este motivo en CC OO concluyeron con éxito, de las 1.989 consultas recibidas al respecto. Los principales problemas en este sentido se centran en las dificultades de darse de alta en la Seguridad Social, una vez obtenido el permiso, según la memoria.
En cuanto a las características mayoritarias de las solicitudes, que ofrecen un perfil aproximado del usuario de los CITE, predominan los inmigrantes de América Latina, de los que destacan, en este orden, colombianos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y argentinos. En cuanto a las personas de África que más recurren a los servicios de asesoramiento, los procedentes de Marruecos, Senegal y Mauritania encabezan la lista, seguidos de saharauis y nigerianos. Sin embargo, como excepción a la predominancia generalizada de Latinoamérica, Marruecos es el segundo país que ha motivado más atenciones en los CITE.
En el reparto por sexos hay una componente geográfica destacable. Así, mientras que en el cómputo de latinoamericanos –sobre todo Colombia y Venezuela- hay un predominio de mujeres, dedicadas principalmente a los empleos de asistencia en hogar, en el de africanos, los usuarios son sobre todo hombres, empleados en los sectores de la construcción y agroalimentario. De esta forma, la distribución total, queda compensada. Además, en general, son personas jóvenes y con un buen nivel de formación y preparación.
Por provincias, destaca el hecho de que las atenciones son mayoritarias en Las Palmas, mientras que en ambos casos, predominan los usuarios latinoamericanos, colombianos en la oficina de Gran Canaria y bolivianos, en Tenerife.
Preguntado por el grado de precariedad laboral de estos trabajadores, Arteaga explicó que el sindicato no dispone de una cuantificación al respecto, pero que en general observan muchos casos de despido en la construcción. Por eso, otro de los objetivos del programa es traducir a diferentes idiomas los convenios colectivos de hostelería, agroalimentaria y Fecoma (Federación de Construcción, Madera y Afines) para que estos empleados conozcan sus derechos. Cabe resaltar que en este último año se han afiliado al sindicato 314 inmigrantes.
Igualmente, advirtieron que la Oficina de Migraciones sigue centrando parte de sus esfuerzos en denunciar a las empresas y particulares en fraude por la contratación irregular de trabajadores acogidos al proceso de normalización y en la exigencia de un protocolo de actuación en el caso de que se produzcan víctimas mortales por el hundimiento de pateras. “Todavía queda un largo camino por recorrer en lo que a sensibilización de la población e integración social se refiere, por lo que serán necesarios proyectos para garantizar a los inmigrantes un respeto pleno a sus derechos como personas”, concluyeron.