El Gobierno canario agotará todas las vías jurídicas antes de cerrar un acuerdo económico con los propietarios de los inmuebles expropiados para la ampliación del Parlamento. Así lo manifestó el portavoz del Ejecutivo, Miguel Becerra, quien confirmó que se ha presentado un recurso de súplica ante la "imposibilidad de devolver el edificio", como obligaba la última decisión del TSJC.

El tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno en el conflicto generado con los propietarios de los inmuebles expropiados a través de una ley del Parlamento para la ampliación del edificio de la Cámara. Uno de los artículos de esta ley de 1992 fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2005. Así opinan varios de los dueños afectados por la expropiación, cansados de la falta de interés del Ejecutivo en llegar a un acuerdo económico, un expediente que lleva arrastrándose 14 años.
Desde el Gobierno de Canarias, el responsable de la negociación con los afectados, Javier González Ortiz, ha evitado en todo momento ofrecer una valoración de la negociación a este periódico. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, sí ha confirmado la presentación de un recurso de súplica, previo al de casación, en el que se pide que se reconsidere la anterior decisión del TSJC, que instaba a la devolución de los inmuebles expropiados.
No obstante, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, abogado de uno de los propietarios, asegura que ninguno de estos dos recursos citados suspende la orden de desalojo.
Sobre el recurso de súplica, Guillermo de la Barreda, otro de los propietarios, quien califica de "treta" este último movimiento del Gobierno, asegura tras leer el recurso que éste "es de risa, porque se alude a que no pueden dividir el edificio (del Parlamento) al tener una sola escalera". La familia De la Barreda es legítima dueña de los inmuebles que estaban ubicados en el número 44 de la calle Castillo y en el número 5 de Teobaldo Power.
En octubre de 2005 se iniciaron las negociaciones entre ambas partes, "amagos de reuniones", afirma Guillermo de la Barreda, quien asegura que su abogado, Eugenio González, le ofreció al Gobierno la cantidad solicitada en 1986 para zanjar así el asunto. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la propuesta, "porque esperaba que los tribunales le dieran la razón a los recursos presentados".
Han pasado los meses y, según De la Barreda, "nuestra oferta de 1986 ya no está sobre la mesa, aunque ahora el Gobierno ha preguntado por ella". Según este propietario, el problema fundamental es que el Ejecutivo regional "no quiere pagar indemnizaciones por todos estos años, algo a lo que les obliga la ley".