Mi?rcoles, 29 de marzo de 2006
El Gobierno canario agotar? todas las v?as jur?dicas antes de cerrar un acuerdo econ?mico con los propietarios de los inmuebles expropiados para la ampliaci?n del Parlamento. As? lo manifest? el portavoz del Ejecutivo, Miguel Becerra, quien confirm? que se ha presentado un recurso de s?plica ante la "imposibilidad de devolver el edificio", como obligaba la ?ltima decisi?n del TSJC.

El tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno en el conflicto generado con los propietarios de los inmuebles expropiados a trav?s de una ley del Parlamento para la ampliaci?n del edificio de la C?mara. Uno de los art?culos de esta ley de 1992 fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2005. As? opinan varios de los due?os afectados por la expropiaci?n, cansados de la falta de inter?s del Ejecutivo en llegar a un acuerdo econ?mico, un expediente que lleva arrastr?ndose 14 a?os.
Desde el Gobierno de Canarias, el responsable de la negociaci?n con los afectados, Javier Gonz?lez Ortiz, ha evitado en todo momento ofrecer una valoraci?n de la negociaci?n a este peri?dico. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, s? ha confirmado la presentaci?n de un recurso de s?plica, previo al de casaci?n, en el que se pide que se reconsidere la anterior decisi?n del TSJC, que instaba a la devoluci?n de los inmuebles expropiados.
No obstante, Miguel Cabrera P?rez-Camacho, abogado de uno de los propietarios, asegura que ninguno de estos dos recursos citados suspende la orden de desalojo.
Sobre el recurso de s?plica, Guillermo de la Barreda, otro de los propietarios, quien califica de "treta" este ?ltimo movimiento del Gobierno, asegura tras leer el recurso que ?ste "es de risa, porque se alude a que no pueden dividir el edificio (del Parlamento) al tener una sola escalera". La familia De la Barreda es leg?tima due?a de los inmuebles que estaban ubicados en el n?mero 44 de la calle Castillo y en el n?mero 5 de Teobaldo Power.
En octubre de 2005 se iniciaron las negociaciones entre ambas partes, "amagos de reuniones", afirma Guillermo de la Barreda, quien asegura que su abogado, Eugenio Gonz?lez, le ofreci? al Gobierno la cantidad solicitada en 1986 para zanjar as? el asunto. Sin embargo, el Ejecutivo rechaz? la propuesta, "porque esperaba que los tribunales le dieran la raz?n a los recursos presentados".
Han pasado los meses y, seg?n De la Barreda, "nuestra oferta de 1986 ya no est? sobre la mesa, aunque ahora el Gobierno ha preguntado por ella". Seg?n este propietario, el problema fundamental es que el Ejecutivo regional "no quiere pagar indemnizaciones por todos estos a?os, algo a lo que les obliga la ley".
Publicado por ubara @ 12:33  | Canarias
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