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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado a conocer un auto por el que se abre juicio oral contra el presidente del PP en Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, al que imputan dos delitos de prevaricación e intrusismo por contratar entre 1998 y 2003 como topógrafo a una persona sin titulación.
El jucio oral en el TSJC se extenderá también al aparejador que contrató González Arroyo, José Antonio Pérez Palma, al que la Fiscalía atribuye un delito de intrusismo.
En el auto emitido este viernes, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que preside la magistrada Carla Bellini, se declara competente para abordar este asunto, dada la condición de aforado de González Arroyo (es parlamentario regional), y dispone que los dos imputados se mantengan en situación de libertad. Además, les da un plazo de diez días para que muestren su conformidad con el caso o no y propongan las pruebas que consideren para defenderse.
El caso partió de una denuncia del Ayuntamiento de La Oliva al juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, y los hechos imputados se produjeron cuando González Arroyo, entonces alcalde del municipio de La Oliva, contrató y mantuvo en su puesto como topógrafo municipal al otro acusado, José Antonio Pérez Palma, a sabiendas, según la Fiscalía, de que carecía de la titulación académica necesaria para ejercer funciones propias de topógrafo, de tal manera que entre los años 1998 y 2003, Pérez Palma, con el conocimiento y consentimiento del alcalde, estuvo realizando actividades propias de Ingenierio Técnico en Topografía, sin serlo.
Tanto para el líder insular del PP en Fuerteventura como para Pérez Palma se solicitan penas de multa (previstas en los artículos 403 y 405 del Código Penal), así como la pena de suspensión para el ejercicio del cargo público para Domingo González Arroyo, por un tiempo de dieciocho meses.
Tras el auto de este viernes, el TSJC abre el proceso por el que juzgará al presidente del PP en Fuerteventura, mientras se está tramitando en el mismo juzgado otra denuncia contra González Arroyo, relativa a una supuesta compra de un concejal en el municipio de Antigua.
El jucio oral en el TSJC se extenderá también al aparejador que contrató González Arroyo, José Antonio Pérez Palma, al que la Fiscalía atribuye un delito de intrusismo.
En el auto emitido este viernes, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que preside la magistrada Carla Bellini, se declara competente para abordar este asunto, dada la condición de aforado de González Arroyo (es parlamentario regional), y dispone que los dos imputados se mantengan en situación de libertad. Además, les da un plazo de diez días para que muestren su conformidad con el caso o no y propongan las pruebas que consideren para defenderse.
El caso partió de una denuncia del Ayuntamiento de La Oliva al juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, y los hechos imputados se produjeron cuando González Arroyo, entonces alcalde del municipio de La Oliva, contrató y mantuvo en su puesto como topógrafo municipal al otro acusado, José Antonio Pérez Palma, a sabiendas, según la Fiscalía, de que carecía de la titulación académica necesaria para ejercer funciones propias de topógrafo, de tal manera que entre los años 1998 y 2003, Pérez Palma, con el conocimiento y consentimiento del alcalde, estuvo realizando actividades propias de Ingenierio Técnico en Topografía, sin serlo.
Tanto para el líder insular del PP en Fuerteventura como para Pérez Palma se solicitan penas de multa (previstas en los artículos 403 y 405 del Código Penal), así como la pena de suspensión para el ejercicio del cargo público para Domingo González Arroyo, por un tiempo de dieciocho meses.
Tras el auto de este viernes, el TSJC abre el proceso por el que juzgará al presidente del PP en Fuerteventura, mientras se está tramitando en el mismo juzgado otra denuncia contra González Arroyo, relativa a una supuesta compra de un concejal en el municipio de Antigua.
