El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado a conocer un auto por el que se abre juicio oral contra el presidente del PP en Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, al que imputan dos delitos de prevaricación e intrusismo por contratar entre 1998 y 2003 como topógrafo a una persona sin titulación.
El jucio oral en el TSJC se extenderá también al aparejador que contrató González Arroyo, José Antonio Pérez Palma, al que la Fiscalía atribuye un delito de intrusismo.

En el auto emitido este viernes, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que preside la magistrada Carla Bellini, se declara competente para abordar este asunto, dada la condición de aforado de González Arroyo (es parlamentario regional), y dispone que los dos imputados se mantengan en situación de libertad. Además, les da un plazo de diez días para que muestren su conformidad con el caso o no y propongan las pruebas que consideren para defenderse.

El caso partió de una denuncia del Ayuntamiento de La Oliva al juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, y los hechos imputados se produjeron cuando González Arroyo, entonces alcalde del municipio de La Oliva, contrató y mantuvo en su puesto como topógrafo municipal al otro acusado, José Antonio Pérez Palma, a sabiendas, según la Fiscalía, de que carecía de la titulación académica necesaria para ejercer funciones propias de topógrafo, de tal manera que entre los años 1998 y 2003, Pérez Palma, con el conocimiento y consentimiento del alcalde, estuvo realizando actividades propias de Ingenierio Técnico en Topografía, sin serlo.

Tanto para el líder insular del PP en Fuerteventura como para Pérez Palma se solicitan penas de multa (previstas en los artículos 403 y 405 del Código Penal), así como la pena de suspensión para el ejercicio del cargo público para Domingo González Arroyo, por un tiempo de dieciocho meses.

Tras el auto de este viernes, el TSJC abre el proceso por el que juzgará al presidente del PP en Fuerteventura, mientras se está tramitando en el mismo juzgado otra denuncia contra González Arroyo, relativa a una supuesta compra de un concejal en el municipio de Antigua.

El ex alcalde de Frontera, Francisco Acosta Padrón, está imputado en un presunto delito de prevaricación cometido cuando estaba al frente del Ayuntamiento herreño, durante la legislatura pasada.
Acosta es uno de los dirigentes de Agrupación Herreña Independiente (AHI) y, en la actualidad, ocupa un cargo de asesor en el comisionado de Acción Exterior.

Según las informaciones preliminares, Francisco Acosta pagó facturas a terceros sin ajustarse a los procedimientos administrativos vigentes en la legislación. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife considera que pudiera ser constitutivo de delito una concesión de licencias urbanísticas.

El caso lo tramita la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Tenerife. La Fiscalía se dirigió esta semana al juzgado de instrucción de El Hierro para que, a su vez, trasladara al Ayuntamiento de Frontera la petición de determinados expedientes relacionados con las actuaciones del anterior alcalde que sean susceptibles de posible delito.

Anoche, el Ayuntamiento aprobó una moción, por vía urgente, para nombrar abogado y procurador y personarse así en el caso. La denuncia la presentó el pasado 2 de marzo el concejal del Partido Nacionalista Canario, PNC, Antonio Casañas.

Frontera está gobernado en esta legislatura por un pacto entre socialistas, populares y el voto del edil del PNC. El alcalde, Pedro Luis Casañas, es del Partido Popular.

Se trata del primer caso de corrupción de CC. Hasta ahora, sólo afectaban al PP.

La Policía investiga un presunto caso de falsificación de firmas en el Instituto Canario de la Vivienda con la finalidad de descalificar viviendas de protección oficial para poder proceder a su venta, informaron fuentes policiales.
El consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda del Gobierno canario, Antonio Castro, confirmó en declaraciones a los periodistas que su departamento denunció en abril de 2005 a la autoridad judicial que había detectado documentos en los que se había falsificado la firma del director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel.

La descalificación de viviendas de protección oficial en régimen de venta, que corresponde realizar al Gobierno canario, es necesaria para poderlas vender, indicó Antonio Castro, quien puso énfasis que esta cuestión es anterior a "cualquier otro caso que pudiera haber habido en Canarias", en referencia a recientes escándalos de corrupción.

El consejero especificó que la falsificación de la firma del director del Instituto Canario de la Vivienda se detectó porque ni siquiera se parecía a la original.

Añadió que no puede facilitar más información sobre el caso, puesto que está en manos de la justicia.

Dos funcionarios adscritos al área de Vivienda podrían ser detenidos en las próximas horas por este caso.

Fuentes de la Policía Nacional dijeron que se realizan investigaciones que podrían terminar con alguna detención, pero comentaron que las actuaciones son secretas.

Fuente: Canarias 7

El Gobierno canario agotará todas las vías jurídicas antes de cerrar un acuerdo económico con los propietarios de los inmuebles expropiados para la ampliación del Parlamento. Así lo manifestó el portavoz del Ejecutivo, Miguel Becerra, quien confirmó que se ha presentado un recurso de súplica ante la "imposibilidad de devolver el edificio", como obligaba la última decisión del TSJC.

El tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno en el conflicto generado con los propietarios de los inmuebles expropiados a través de una ley del Parlamento para la ampliación del edificio de la Cámara. Uno de los artículos de esta ley de 1992 fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2005. Así opinan varios de los dueños afectados por la expropiación, cansados de la falta de interés del Ejecutivo en llegar a un acuerdo económico, un expediente que lleva arrastrándose 14 años.
Desde el Gobierno de Canarias, el responsable de la negociación con los afectados, Javier González Ortiz, ha evitado en todo momento ofrecer una valoración de la negociación a este periódico. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, sí ha confirmado la presentación de un recurso de súplica, previo al de casación, en el que se pide que se reconsidere la anterior decisión del TSJC, que instaba a la devolución de los inmuebles expropiados.
No obstante, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, abogado de uno de los propietarios, asegura que ninguno de estos dos recursos citados suspende la orden de desalojo.
Sobre el recurso de súplica, Guillermo de la Barreda, otro de los propietarios, quien califica de "treta" este último movimiento del Gobierno, asegura tras leer el recurso que éste "es de risa, porque se alude a que no pueden dividir el edificio (del Parlamento) al tener una sola escalera". La familia De la Barreda es legítima dueña de los inmuebles que estaban ubicados en el número 44 de la calle Castillo y en el número 5 de Teobaldo Power.
En octubre de 2005 se iniciaron las negociaciones entre ambas partes, "amagos de reuniones", afirma Guillermo de la Barreda, quien asegura que su abogado, Eugenio González, le ofreció al Gobierno la cantidad solicitada en 1986 para zanjar así el asunto. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la propuesta, "porque esperaba que los tribunales le dieran la razón a los recursos presentados".
Han pasado los meses y, según De la Barreda, "nuestra oferta de 1986 ya no está sobre la mesa, aunque ahora el Gobierno ha preguntado por ella". Según este propietario, el problema fundamental es que el Ejecutivo regional "no quiere pagar indemnizaciones por todos estos años, algo a lo que les obliga la ley".

El juez que investiga el llamado 'caso Faycan', sobre presunto pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas en Telde (Gran Canaria), decidió hoy mantener en prisión a Francisco Gordillo, el asesor de la concejala de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, María Antonia Torres.
Franciso Gordillo, que prestó hoy declaración por segunda vez por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, cambió su declaración inicial ante el juez y afirmó que aceptó "donativos" para el PP, pero no comisiones, según informó su abogado, José Mario López Arias.
El juez había citado hoy a Gordillo, que se encuentra en la prisión de El Salto del Negro, para que se ratificara en su declaración inicial que prestó a principios de mes y tras la cual ingresó en prisión.
Tras la nueva declaración, el abogado de Gordillo, José Mario López Arias, anunció que mañana pedirá de nuevo la puesta en libertad de su detenido, que ha sido ya rechazada por el juez en una ocasión.
En su escrito el letrado argumentará que la prisión preventiva del asesor no tiene ya fundamento porque el detenido no va a destruir pruebas, "dado el tiempo que ha transcurrido ya" desde su ingreso en prisión.

[Llegó tarde pero llegó. Sentimos no haber publicado antes los resultados de la encuesta anterior sobre los medios de comunicación en Canarias.]

Este ha sido el resultado de la encuesta que “Canarias, paraíso de la corrupción” acaba de cerrar, poca confianza y poco rigor es lo que los medios de comunicación canarios transmite a la sociedad. La pregunta y los resultados de la encuesta han los siguientes:
- ¿Qué medio de comunicación le inspira menos confianza, rigor o transparencia?:

. El Día, 43,7% (118 votos)
. Azul Televisión, 11,11% (30 votos)
. Radio Club Tenerife, 8,15% (22 votos)
. Televisión Canaria, 8,15% (22 votos)
. Radio El Día, 5,19% (14 votos)
. Diario de Avisos, 4,81% (13 votos)
. Radio San Borondón, 4,07% (11 votos)
. Canarias Ahora Digital, 3,7% (10 votos)
. Canarias 7, 3,33% (9 votos)
. Televisión Española de Canarias, 2,96% (8 votos)
. La Provincia – DLP, 2,96% (8 votos)
. Canarias Digital, 1,48% (4 votos)
. Canal 8, 0,37% (1 voto)

Esta condena es un hecho importante, aunque con muchos años de retraso. En todo caso es igualmente oportuno en un Estado donde es un tema tabú aún en muchos lugares. En todo caso el contenido de la resolución no aborda en profundidad lo que supuso la dictadura ni toma medidas contundentes a favor de la desaparición de todo vestigio del franquismo de la vida pública, empezando por la denominación de muchas calles.

La comisión permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acaba de condenar las "múltiples y graves violaciones" de los derechos humanos cometidas en el Estado español durante el régimen franquista, entre 1939 y 1975. En una resolución adoptada por unanimidad, la comisión -que actúa en nombre de la asamblea entre las sesiones plenarias- pidió al Comité de Ministros del Consejo de Europa que adopte una condena similar a nivel internacional y que declare el 18 de julio del 2006 (70° aniversario del inicio de la sublevación militar) como jornada oficial de condena del régimen de Franco.

Esta es la primera condena al franquismo expresada en un foro internacional, el ponente de la moción, el socialista maltés Leo Brincat, enumera en su informe las ejecuciones, las torturas y los encarcelamientos de los opositores políticos. Para el promotor de la propuesta, el socialista maltés Leo Brincat, lo importante es que se reconozca "la injusticia del franquismo" y que "no se vuelva a repetir”. El Comité de Ministros del Consejo de Europa está integrada por 45 países.

La moción va acompañada de cuatro peticiones a las autoridades españolas.
1.- Les invita a crear una comisión de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen franquista y a que presenten un informe de conclusiones al Consejo de Europa.
2.- Anima también a las autoridades españolas a seguir poniendo a disposición de los historiadores todos los archivos civiles y militares que permitan establecer la verdad sobre la represión, como el archivo de la Fundación Francisco Franco y otros archivos fascistas aún inaccesibles al público.
3.- Se emplaza a organizar una exposición permanente en la basílica subterránea del Valle de los Caídos, para explicar en qué "terribles" condiciones fue construida por prisioneros republicanos.
4.- Anima a las autoridades a erigir monumentos en memoria de las víctimas en Madrid y en otras grandes ciudades del país.
Estas con ser importantes, tendrían que ir acompañadas entre otras:
• Medidas que contemplen a las víctimas, con la restitución de sus derechos, la dignidad y el establecimiento de indemnizaciones.
• La enseñanza de la historia relativa a este periodo debe contar con un espacio amplio en la educación secundaria y en el Bachillerato.
• Las denominaciones de las calles con nombres de personajes de aquel régimen sanguinario deben ser borradas de nuestras ciudades.
Estos últimos meses hay un resurgimiento de la recuperación de la memoria histórica, (colectivos especializados, documentales, bibliografía, aniversarios) a pesar de los pactos de silencio, olvido y perdón de la transición. Es importante la recuperación de la misma. Las jóvenes generaciones tienen el derecho a conocer la historia.

El actual régimen dominante en el Estado español se levantó sobre el borrón y cuenta nueva de todo este pasado, pero preservando muchas de las instituciones fundamentales del Régimen Franquista. La memoria la necesitan los pueblos para liberarse de las cadenas que los atan al pasado y para construir un porvenir de libertad, justicia social y solidaridad.

canariasdigital.org

Los compañeros del blog Getxo Gorria nos invita a participar en una ciberacción novedosa y constructiva. Esta iniciativa denominada "Cadena cívica de participación en el proceso de paz" tiene como fin que todos y cada uno de nosotros podamos aportar nuestro grano de arena en este importantísimo proceso de paz que se llevará a cabo y del que esperamos con gran entusiasmo llegue a buen puerto. Se trata de enviar por e.mail al mayor número de contactos que pueda el mensaje de a continuación, luego entra en el artículo del blog Getxo Gorria y en el apartado de "comentarios" di las tres cosas que se pueden negociar con ETA y tres cosas que no se deben negociar con ETA, luego ellos ya se encargarán de hacer llegar todas las sugerencias y aportaciones a quien debe conocerlas.

(Nota: si no puedes copiar el siguiente comentario, pulsa aquí.)
COMENTARIO A ENVIAR:

“Por favor, no pases de largo este mail, no es spam, ni tiene virus, ni te va a costar dinero, te ha llegado porque alguien que te conoce piensa que te puede interesar, y si dedicas 2 minutos a leerlo, comprobarás que es así:

El comunicado de ETA en el que anuncia un “alto el fuego permanente” abre las puertas a la pacificación y normalización política en Euskadi. Ahora toca empezar un camino que según el Presidente del Gobierno será “largo y difícil” en el que va a ser necesario hablar con ETA de muchas cosas.

La ciudadanía tenemos la posibilidad de participar activamente en este proceso desde el primer momento. Aquí te ofrecemos la oportunidad de aportar tu grano de arena de una manera sencilla y eficaz.

PASO UNO: Reenvía este mail a, por lo menos, otras 5 personas. Es muy importante que no rompas la cadena. Aunque no des los demás pasos, no prives a otras personas de la oportunidad de participar.

PASO DOS: Entra en el blog de GETXO GORRIA (http://getxogorria.blogcindario.com/2006/03/00228-cadena-civica-de-participacion-en-el-proceso-de-paz.html) -tranki, no tiene ningún coste- y dinos, según tu opinión 3 cosas que hay que “negociar” con ETA y 3 cosas que nunca habría que meter en esa “negociación”.

Todas las opiniones recibidas serán enviadas al Presidente del Gobierno, al Lehendakari y a todos los partidos políticos… y os podemos asegurar que estas cosas no se tiran a la papelera, en serio.

Un futuro en paz está en juego. Este es un tema demasiado serio para dejarlo sólo en manos de los políticos. Participa!!!”

CANARIAS, PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN. UN AÑO EN LA RED. GRACIAS

1

AÑO

La mayoría son ciudadanos de la UE, seguidos por latinoamericanos, no comunitarios y africanos, y los principales sectores en los que se integran son el turismo, los servicios, la construcción y la agricultura, según el secretario de Migraciones, Luc André Diouf.
Unos 198.000 extranjeros trabajan de forma regular en Canarias, según los datos de los que dispone el secretario de Migraciones de Comisiones Obreras Canarias (CC OO), Luc André Diouf, confirmados hoy al término de una rueda de Prensa. Esta cifra, que incluye ciudadanos comunitarios y no comunitarios, supone un 20,5% del total de empleados de las Islas, 966.220, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2005. Además, representa casi el 10% de los habitantes del Archipiélago, que llega, según el censo de 2005, a 1.968.280 personas.

En esta contabilización no se incluyen los inmigrantes que trabajan sin regularizar, que “no se pueden calcular”, según Diouf, y predominan los ciudadanos de países extranjeros de la Unión Europea. Los latinoamericanos ocupan el segundo lugar por número, seguidos de los europeos no comunitarios y los africanos. Mientras, los sectores económicos en los que se emplean son, también en orden decreciente, el turismo, los servicios (dentro de los cuales se incluyen la hostelería, el comercio y los empleados de hogar), la construcción y la agricultura.

El secretario de Migraciones compareció ante los medios junto con Juan Jesús Arteaga, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato, para exponer la memoria final de la Red CITE, un programa de asesoramiento para potenciar la integración laboral de los trabajadores inmigrantes.

Actualmente, CC OO tiene funcionando cuatro oficinas CITE en La Palma (dos), Tenerife y Gran Canaria, mientras que las dos de Fuerteventura y las de Lanzarote y La Gomera permanecen cerradas por “problemas de organización”, que Arteaga no concretó. Sí dijo que el sindicato está “intentando cerrar la línea de financiación” que tienen establecida con el Estado para potenciar la red. “Debido al flujo migratorio que existe en Canarias consideramos imprescindible la dotación a las Islas de recursos, tanto materiales como humanos, para poder llevar a cabo una labor más productiva”, destacan los representantes sindicales.

No obstante, la apertura de estos centros especializados ha motivado una mejora en los resultados alcanzados en 2005 con respecto al año anterior, cuando eran atendidos en las oficinas insulares del sindicato, lo que ocurre ahora en las islas que tienen los CITE temporalmente cerrados. El total de contactos recibidos ha sido de 11.732.

Mientras, en 2005, se llevaron a cabo 4.682 consultas en las oficinas CITE, tanto a través de entrevistas personales, como por vía telefónica. Las solicitudes más frecuentes se refieren a trámites de documentación, asesoramiento laboral, reagrupación familiar, recursos de reposición, renovación o solicitud de permisos de residencia y trabajo, y de formación. En este último aspecto, Diouf adelantó que uno de los proyectos a poner en marcha este año es la impartición de cursos formativos –inicialmente de bar-restaurante y cocina- para los inmigrantes, tras lo cual pretenden, a través de la Federación de Hostelería, intentar la inserción laboral de sus destinatarios.

1.771 regularizados

Coincidiendo el periodo estudiado con los tres meses que duró el proceso de regularización de ilegales –del 7 de febrero al 7 de mayo-, 1.771 de los expedientes abiertos por este motivo en CC OO concluyeron con éxito, de las 1.989 consultas recibidas al respecto. Los principales problemas en este sentido se centran en las dificultades de darse de alta en la Seguridad Social, una vez obtenido el permiso, según la memoria.

En cuanto a las características mayoritarias de las solicitudes, que ofrecen un perfil aproximado del usuario de los CITE, predominan los inmigrantes de América Latina, de los que destacan, en este orden, colombianos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y argentinos. En cuanto a las personas de África que más recurren a los servicios de asesoramiento, los procedentes de Marruecos, Senegal y Mauritania encabezan la lista, seguidos de saharauis y nigerianos. Sin embargo, como excepción a la predominancia generalizada de Latinoamérica, Marruecos es el segundo país que ha motivado más atenciones en los CITE.

En el reparto por sexos hay una componente geográfica destacable. Así, mientras que en el cómputo de latinoamericanos –sobre todo Colombia y Venezuela- hay un predominio de mujeres, dedicadas principalmente a los empleos de asistencia en hogar, en el de africanos, los usuarios son sobre todo hombres, empleados en los sectores de la construcción y agroalimentario. De esta forma, la distribución total, queda compensada. Además, en general, son personas jóvenes y con un buen nivel de formación y preparación.

Por provincias, destaca el hecho de que las atenciones son mayoritarias en Las Palmas, mientras que en ambos casos, predominan los usuarios latinoamericanos, colombianos en la oficina de Gran Canaria y bolivianos, en Tenerife.

Preguntado por el grado de precariedad laboral de estos trabajadores, Arteaga explicó que el sindicato no dispone de una cuantificación al respecto, pero que en general observan muchos casos de despido en la construcción. Por eso, otro de los objetivos del programa es traducir a diferentes idiomas los convenios colectivos de hostelería, agroalimentaria y Fecoma (Federación de Construcción, Madera y Afines) para que estos empleados conozcan sus derechos. Cabe resaltar que en este último año se han afiliado al sindicato 314 inmigrantes.

Igualmente, advirtieron que la Oficina de Migraciones sigue centrando parte de sus esfuerzos en denunciar a las empresas y particulares en fraude por la contratación irregular de trabajadores acogidos al proceso de normalización y en la exigencia de un protocolo de actuación en el caso de que se produzcan víctimas mortales por el hundimiento de pateras. “Todavía queda un largo camino por recorrer en lo que a sensibilización de la población e integración social se refiere, por lo que serán necesarios proyectos para garantizar a los inmigrantes un respeto pleno a sus derechos como personas”, concluyeron.

La Mancomunidad del Sureste grancanaria prevén emprender medidas legales contra el Ejecutivo regional por presunta prevaricación y ocultación de documentos

Las Palmas de Gran Canaria
La Mancomunidad del Sureste grancanaria estudia la posibilidad de emprender medidas legales contra el Gobierno canario por presunta ocultación de documentos, tras haber llegado a sus manos un informe del propio Ejecutivo regional, elaborado en julio del pasado año, que permite la paralización del estudio de impacto medioambiental de la planta de gas de Arinaga
La Mancomunidad del Sureste pedirá al Gobierno canario la paralización del estudio de impacto medioambiental de la planta regasificadora que se prevé ubicar en Arinaga, tras haber recibido un documento elaborado por el Jefe de Servicio de Ordenación Territorial, Faustino García Márquez, que considera el citado estudio como “incompleto”. Para la Mancomunidad, este documento se “ha ocultado a conciencia” por lo que prevén emprender medidas legales contra el Ejecutivo regional por presunta prevaricación y ocultación de documentos.

Así lo expresó el presidente de la Mancomunidad del Sureste, Antonio Morales, quien aseguró disponer de un instrumento “que nos permite solicitar de manera inmediata la paralización de la tramitación” del expediente del citado estudio de impacto medioambiental. Para Morales, el Gobierno de Canarias “ha ocultado deliberadamente” dicho informe, ya que declaró que éste se elaboró en julio del año pasado, llegando a manos de la Mancomunidad hace unas semanas desde el Parlamento, a pesar de haber solicitado este documento en varias ocasiones “y siempre se nos negó”.

“Este informe –continuó- no fue remitido ni al Ministerio de Industria ni a la Dirección General de Política Energética y Minas, produciéndose por tanto un silencio administrativo positivo que podemos calificar de absolutamente fraudulento, ya que el informe que hoy aportamos, firmado ni más ni menos que por el Jefe de Servicio de Ordenación Territorial, no salió de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y por tanto fue ocultado a conciencia”.

Para Morales, este hecho incide en lo que considera una “trampa continua”, en referencia al proceso de implantación del gas en las Islas, y de “ocultación de documentos e información a los ciudadanos”, por lo que considera que el Gobierno canario “falta al respeto y a la legalidad”.

No obstante, el presidente de la Mancomunidad reconoció más tarde que dicho informe “no es vinculante”, por lo que en realidad el Gobierno no tiene la obligación legal de facilitarlo, pero sí “moral”, ya que es un documento público. Para Morales, el hecho de que el informe fuera negativo fue la razón por la que el Gobierno canario “lo ocultó, para que el Gobierno central no tenga esta información que apunta que la propuesta no cumple la legalidad vigente”.

Offshore

En cuanto a la comparecencia del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en el Parlamento canario, poniendo serias dudas sobre la idoneidad de los sistemas mar adentro para la implantación del gas en Canarias, Morales aseguró que “se trata de lo mismo de siempre”.

Así, dijo que esto es “lo que ha hecho Endesa desde el principio, descalificar una tecnología que hemos demostrado que es totalmente factible”, asegurando que cada uno de los problemas apuntados por Endesa en cuanto a la instalación de estos sistemas (profundidad y características del mar, costes de instalación, etcétera) son “falsos”.

Ángel Rivera

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Viajaba a gran velocidad esa limusina negra de demasiados metros de longitud. Dentro, el presidente del Cabildo, el Sr. Llanos, miraba por la ventana orgulloso, un testigo de gran parte de su gestión. A lo largo de los 6 kilómetros en los que podía contemplar la gran obra del Puerto de Granadilla, recordaba como, hacía bastantes años, él ya había pedido que saltándose la normativa medioambiental europea se construyese ese necesario puerto, y como insistió que fuese con dinero de los contribuyentes canarios, porque los prevaricadores que gobernaban en Europa no querían dar la financiación. Poco importaba ahora que la actividad del puerto fuera casi inexistente. El verdadero objetivo se había conseguido: su construcción.

Pensaba mientras se dirigía a esa reunión importante, cuanto había progresado la Isla gracias a sus gestiones y a la magnífica labor del PP. El crecimiento inmobiliario era espectacular, Santa Cruz se había fusionado con Güímar y el Puerto de la Cruz lo había hecho con La Laguna, por eso ahora pretendía que la gran urbe de 4 millones de habitantes, fuese un solo municipio, otorgándole el mismo nombre de la Isla. Solo a la oposición socialistas y algunas minorías ecologistas le importaba que se hubiesen perdido todos los espacios naturales de antaño, o que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres se hubiese multiplicado por cien; o que se hubiesen generado bolsas de pobreza inmensas en los extrarradios de la Gran Ciudad, que suponían el 70% de la misma.

Lo importante es que en el 30% restante la gente “normal” vivía honradamente, tenían un magnífico nivel de vida, con sus subvenciones, su RIC que se había prorrogado por 4º vez, sus negocios de construcción prósperos que habían tenido que empezar a construir en África y otros parajes naturales de América Latina porque en las Islas ya no quedaban metros cuadrados que urbanizar. Tan solo el Teide, pero el Sr. Llanos se consideraba un defensor del Medio ambiente, y por eso no creía oportuno construir en el Parque Nacional (además de que resultaba incomodo vivir a esa altura).

Recordaba Llanos con nostalgia como todo empezó a ir mucho mejor a partir de que se suspendiera el juicio del 11-M, porque la confusión que habían logrado generar era tal, que nada era cierto, que nadie se fiaba de nadie. Los terroristas islamistas salieron de la cárcel, pero lo importante es que la mayoría de los españoles ya pensaban que fue ETA quien cometió el atentado.

A partir de ese momento en Canarias lograron que también se declarase inocente a Celso Perdomo y a todos los de la trama eólica, así como a los de la Operación Faycan y a su concejal de Telde, Toñi. Los jueces, en sus sentencias confirmaron que se trató tan solo de una conspiración hecha para desprestigiar a los defensores de España y su unidad.

A la altura del ahora barrio de Candelaria, al lado de la que fue Autopista del Sur y hoy llamada Avenida de Antonio Plasencia, ese gran prócer de Tenerife, el Sr. Llanos vio como una pareja de niños pretendían parar su veloz limosina con señales, hasta el punto que obligó al chofer a detenerla. La pareja de motoristas que escoltaban al presidente, se dirigió a los niños y comenzó a aporrearlos. Este incidente cada día se repetía más. Desesperados por la falta de comida, cientos de niños paseaban por las calles de la Gran Ciudad buscando alimento o limosna.

“Afortunadamente, pensó el Sr. Llanos, que la gente de bien está protegida por una eficiente policía que todas las instituciones públicas disponen, y por supuesto el Cabildo también".

No había que fiarse de esos niños, podrían ser delincuentes que amenazaran la seguridad el presidente. Pero los policías parecían extralimitarse en su castigo físico a los niños, y la escena estaba siendo recogida por la mirada de cientos de curiosos. Por eso, el Sr. Llanos vio una nueva oportunidad (él siempre fue muy buen oportunista), salió de la limusina reprendió a los policías obligándoles a que parasen y se interesó por la salud de los niños que chorreaban sangre sobre sus vestimentas sucias. El Sr. Llanos entre el aplauso de los curiosos, sacó 2 billetes de 500 € y los regaló a los niños.

- Tomen, para que os curen en el centro Médico Cobiella (así se llamaban casi todos los centros médicos de la Isla, porque pertenecían a la misma familia).

Él sabía que desde que el PP había privatizado toda la sanidad, no había sanidad pública y que por tanto, esos niños podrían desangrarse, y generarle un problema de imagen.

Al llegar al Palacio de gobierno, el presidente del Gobierno de Canarias lo esperaba para tratar un asunto de mucha importancia. Conservaba su bigote desde hacía muchos años, y su figura esbelta y alta se mantenía a pesar de la edad.

- Hola Manolo. Saludó el Sr. Llanos al Presidente Soria.
- Debo de pedirte algo, quiero que organices un macroconcierto musical, nuestro presidente de España vendrá en un mes y quiere que el pueblo esté contento.
- No te preocupes Manolo, el Presidente Acebes tendrá al pueblo a sus pies, traeremos lo mejor del mundo a Tenerife.


(*)
Miembro del Comité Insular del PSC-PSOE

PREÁMBULO
Señoras y señores parlamentarios, quiero en primer lugar agradecerles vuestra invitación. Les avanzo que su iniciativa ya ha tenido resultados esperanzadores. Hoy, por primera vez, se ha propiciado un encuentro entre quienes estamos a favor y en contra de la construcción del puerto Granadilla. Los opositores al proyecto llevamos más de cinco años esperando esta oportunidad y han sido innumerables las veces que hemos solicitado a la otra parte un debate abierto, amplio y sereno.

Por este motivo agradecemos también la presencia de los representantes de las administraciones canarias y españolas. Su numerosa asistencia a este acto es el mejor exponente del enorme debate suscitado en España sobre la construcción del proyecto del puerto de Granadilla.

La presencia también de representantes de la Comisión (y de la oficina del Defensor del Pueblo) dan buena muestra de la relevancia de este asunto. Es innegable que toda esta preocupación institucional es consecuencia de las razonables dudas sobre la legalidad que envuelven al proyecto.

INTRODUCCIÓN GENERAL DEL CONFLICTO
Como Uds. sabrán, este proyecto se pretende ubicar en la zona sur de Tenerife, cerca de uno de los mayores centros turísticos de toda Europa. En esa zona sur se ubican hábitat y especies protegidos por la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Desde que se inicio la elaboración del proyecto de Granadilla los grupos cívicos denunciamos que el trámite de evaluación de impacto ambiental había sido defectuoso en cuestiones esenciales. Así, que el Gobierno de España afirmara en la Declaración de Impacto Ambiental que el proyecto no afectaba negativamente a los Lugares de Interés Comunitario nos parecía un grave error. También considerábamos que la falta de un análisis de alternativas que permitiera identificar y evaluar las distintas opciones era un defecto sustancial con notables repercusiones sobre su legalidad.

Como consecuencia de las quejas presentadas, la Comisión reconoció que el Proyecto de Granadilla afectaba a hábitats y especies protegidas y además el Comisario Europeo de Medio Ambiente ha manifestado recientemente que se estaba analizando alternativas a la ubicación del proyecto. Por lo tanto, la propia actuación de la Comisión permiten deducir que las quejas ciudadanas estaban plenamente fundamentadas.

DIRECTIVA EVALUACIÓN
Si el Estado Español afirmó que sobre los Lugares de Interés Comunitario no se preveían efectos negativos y, por el contrario, la Comisión Europea señala que el proyecto si los afecta, queda acreditada que el Estado Español ha vulnerado la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, dado que tales afecciones no fueron estudiadas en el trámite de evaluación.

Y en el mismo sentido debe afirmarse que si la Comisión Europea está analizando las alternativas al proyecto es porque considera que el Estado Español no realizó un estudio adecuado de las mismas al no identificar y evaluar las distintas opciones, de lo que se deduce que, también en este punto, se vulnera esta Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental.

Lo cierto es que la Comisión Europea de momento no ha entrado a valorar el incumplimiento de esta directiva. Esta Comisión de Peticiones estará de acuerdo con nosotros que estas irregularidades que venimos analizando de la Declaración Impacto Ambiental de Febrero de 2003 son esenciales y suponen una clara vulneración de la Directiva de Impacto ambiental y acreditan su ilegalidad. Esto requiere una actuación contundente de la Comision europea.

Además la Comisión conoció que durante la tramitación de impacto ambiental, el anterior Gobierno de España ocultó casi veinte informes técnicos que señalaban de manera contundente la inviabilidad ambiental del proyecto. Esta irregularidad debió ser considerada por la Comisión Europea por afectar de manera esencial al resultado final de la Evaluación de Impacto. Sin embargo lo cierto es que, en este apartado, la Comisión ha demostrado una absoluta pasividad.

DIRECTIVA HABITATS
En relación al incumplimiento de la otra Directiva, la 42/93 conocida como Hábitat, el estudio de las alternativas cobra una mayor relevancia, dado que, como señala la propia Comisión Europea, existen afecciones a Lugares de Interés Comunitario, con hábitat y especie prioritarias.
Como se sabe, el artículo 6.4 de esta Directiva establece un trámite preciso para los proyectos que afecten a LICs y especies protegidas. Este precepto admite en casos excepcionales, establecer medidas que compensen la pérdida de hábitats y especies, pero sólo en el supuesto que no existan alternativas al proyecto. Sin embargo la Comisión Europea ha invertido las previsiones de la Directiva de Hábitats de manera improcedente, centrándose en el análisis de medidas compensatorias cuando se sabe que estas sólo pueden ser analizadas en los supuestos que no existieran alternativas.

Como ya dijimos, el Comisario de Medio ambiente, Sr. Dimas, ha manifestado en las últimas semanas que se estaban analizando alternativas a la ubicación del proyecto. Estas declaraciones reflejan lo improcedente de la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente, que ha centrado sus tareas en negociar con el Gobierno de España la adopción de medidas compensatorias sabiendo que debía, con carácter previo a cualquier medida compensatoria, analizar las alternativas.

Esta infracción no es de carácter meramente formal, ya que se da la circunstancia de que existen no una sino muchas alternativas, que minimizan o erradican totalmente la afección ambiental del proyecto a los Lics, por lo que afirmamos, sin duda alguna, que el proyecto actual es también contrario a la directiva hábitat.

No sería correcto emitir un Dictamen sobre el proyecto de Granadilla, tal y como esta siendo solicitado por las autoridades españolas, cuando la Declaración de Impacto Ambiental contiene gravísimas irregularidades, motivo por el que se ha recurrido también en las instancias judiciales estatales y no se procedió al análisis de las alternativas.

FINAL
Por lo expuesto,
Interesamos de esta Comisión de Peticiones que realice todas las acciones necesarias a fin que la Comisión cumpla con su cometido de velar por el cumplimiento de Directiva de evaluación de impacto y la Directiva Hábitats, investigando y persiguiendo las infracciones a la normativa comunitaria y concretamente:
- Inste a la Comisión Europea a que inicie los trámites precisos contra el Gobierno de España por incumplimiento de Derecho Comunitario
- Inste a la Comisión Europea para que constituya una comisión técnica e independiente de expertos que analicen las alternativas al proyecto .
- Inste a la Comisión Europea a que se abstenga de analizar medida compensatoria alguna hasta que se conozca las conclusiones que emita esta comisión técnica que se propone crear.

Muchas gracias

Estimadas señoras y señores, Miembros del Comité, Miembros del Parlamento Europeo y representantes de la Comisión Europea. Mi nombre es Mª JOSÉ CABALLERO, soy responsable de la campaña de costas de Greenpeace, y hablo hoy en representación de los grupos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena. Las cuatro organizaciones trabajamos coordinadamente en contra de un proyecto que calificamos como el de mayor gravedad planificado en toda la costa española por sus afecciones ambientales a espacios protegidos, incluidos Lugares de Importancia Comunitaria.

En el último documento que publicamos y entregamos a la Comisión a finales del año pasado, denominado INFORME DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE GRANADILLA, queda demostrado en base a datos de la Autoridad Portuaria de Tenerife que el Puerto de Santa Cruz ni está colapsado, ni está al límite de la saturación. Su capacidad actual debe ser completamente explotada antes de que deban considerarse nuevos desarrollos.

Nuestro informe enumera una seria de alternativas posibles a la construcción del nuevo puerto de Granadilla. Aunque las actuales instalaciones no fueran suficientes, que lo son, han de saber sus señorías que a día de hoy se ejecutan tres ampliaciones que aumentarán la superficie de este puerto en más de medio millón de metros cuadrados.

SI SE NECESITA UNA MAYOR CAPACIDAD PORTUARIA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ ES LA ALTERNATIVA.
Gracias al trabajo realizado por los estibadores del Puerto de Santa Cruz, en febrero de 2004 se firmó conjuntamente con las administraciones el documento “Compromiso para el desarrollo portuario de Tenerife”, en el que, en contra de lo que se había dicho hasta ese momento se afirma que la ampliación del Puerto de Santa Cruz es: “ viable desde la perspectiva operativa, técnica y económica ”.

Dicho Documento reconoce que con sólo una de las ampliaciones posibles, la nueva Terminal del Dique del Este, se duplicará la capacidad actual del puerto en tráfico de contenedores, pasando de los 400.000 contenedores/año actuales a 800.000.

Desde nuestro punto de vista, la firma de este Compromiso debió ser motivo suficiente para anular el proyecto del puerto de Granadilla, ya que demuestra que no se ajustan a la realidad todos los documentos anteriores que negaban la viabilidad del Puerto de Santa Cruz.

NO PUEDE PERDERSE LO QUE YA SE HA PERDIDO – EL LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA SEBADAL DE SAN ANDRES
Queremos rechazar una de las argumentaciones más utilizadas por las administraciones españolas según la cual la ampliación del puerto de Santa Cruz causaría mayor impacto ambiental que el proyecto de Granadilla y que la ampliación norte del Puerto de Santa Cruz destruiría el Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 “Sebadal de San Andrés”. Me gustaría decirles que este argumento falla a la hora de poner este asunto en su justa perspectiva.

Si miramos atrás, Tenerife ya ha sacrificado más de 10 km. de litoral en su capital, Santa Cruz, para ubicar un gran puerto, el 5º mayor de España para ser precisos. El resultado ha sido una evidente pérdida de la calidad de las aguas marinas en esta zona, así como de la biodiversidad de los fondos anexos.

La cartografía oficial del Cabildo de Tenerife (autoridades locales) hecha pública en las últimas semanas muestra que esta pradera submarina de Santa Cruz incluida en la Red Natura 2000 ha sido progresivamente y prácticamente destruida por las obras ejecutadas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz. Su extensión ha pasado de 84,4 Ha. en 1997 a 6 Ha. en la actualidad.

Por el contrario, según recientes informes científicos el puerto de Granadilla afectaría a 350 hectáreas de las 442 que tiene la pradera submarina de Granadilla, la mayor y de más calidad de Canarias y reconocida como Lugar de Importancia Comunitaria. Tal es su valor que un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente español conocido la semana pasada incluye esta zona entre los lugares propuestos para ser declarados Parque Nacional, la mayor figura de protección que en España se le puede otorgar a un espacio natural.

La Comisión Europea también ha reconocido en una carta enviada al Gobierno español en agosto de 2004 el daño que causaría la construcción del Puerto de Granadilla, en particular el impacto sobre hábitats protegidos como las praderas submarinas. Ante esta situación no entendemos cómo es posible que se defienda este proyecto de tan graves consecuencias ambientales y al mismo tiempo se proponga la zona como Parque Nacional.

España debe parar de destruir sus hábitats costeros sensibles de forma inmediata. La protección de los pocos espacios vírgenes que quedan en el litoral español debe ser una cuestión de prioridad.

CONSIDERAR LAS ALTERNATIVAS
Los cuatro grupos consideramos que el proyecto del puerto de Granadilla es ilegal hasta que la Comisión Europea no haga un análisis riguroso de todas las alternativas. Hasta el día de hoy las autoridades españolas no han realizado este trabajo, y consideramos que la Comisión Europea tiene un papel muy importante que desempeñar a la hora de asegurar un análisis completo y transparente. Por nuestra parte, ya hemos presentado nuestras opciones a la Comisión.

LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS NO SON NECESARIAS SI SE PUEDE PREVENIR EL DAÑO
Hasta que se haya producido un análisis completo de las alternativas, este caso debe permanecer abierto. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Hábitats, deben evitarse los daños ambientales a espacios protegidos y las medidas compensatorias sólo deben ser consideradas como última medida, es decir, cuando no existan otras alternativas posibles.

EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO
Sr. Presidente, Miembros del Parlamento Europeo, los cuatro grupos ecologistas a los que represento hoy aquí, solicitamos al Parlamento europeo que inste a la Comisión a que no emita Dictamen hasta que no haya un análisis riguroso de todas las alternativas viables al Puerto de Granadilla. Debemos insistir en que se investigue a fondo el daño a las praderas submarinas, teniendo en cuenta las especies y tipos de hábitats protegidos Directiva europea de Hábitats. Dicha investigación debe incluir el daño causado debido a múltiples obras en la costa de Canarias. Asimismo solicitamos la creación de una Comisión de expertos dependiente del Parlamento que analice con rigor las alternativas que hemos propuesto.

Finalmente, las cuatro organizaciones a las que hoy represento lamentamos profundamente las acusaciones efectuadas por el Presidente de Canarias acusándonos de ser responsables de la pérdida de 72 millones de euros de fondos comunitarios para Canarias. Bien saben sus señorías que no se ha concedido financiación para este proyecto, y que nuestro trabajo ha ido encaminado a que se cumpla con la legalidad. De igual forma, rechazamos con contundencia las afirmaciones hechas por altos cargos de las administraciones canarias afirmando que el proyecto se hará a pesar del dictamen de la Comisión Europea.

Muchas gracias.

Quiero agradecer a la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla el que me permita intervenir. La argumentación de que el actual puerto de la Isla de Tenerife está colapsado y no se puede ampliar es rotundamente falsa. Éstas han sido las tesis en las que se ha basado el Gobierno de Canarias para, desde un principio, justificar el proyecto del Puerto de Granadilla. Lamentablemente, dichos argumentos han sido asumidos en algún momento por la Comisión, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario. Estamos hoy aquí para intentar demostrarles que el Puerto de Santa Cruz no está colapsado y, además, puede ser ampliado.

Desde mi perspectiva como expresidente de la Autoridad Portuaria, el puerto de Santa Cruz ha estado mal gestionado en los últimos años. No es correcta la afirmación de que el puerto de Santa Cruz quedaría colapsado en 2007-08 presente en la Declaración de Impacto Ambiental del Puerto de Granadilla. Sin llevar a cabo nuevas obras, las actuales instalaciones tienen capacidad para muchos años, y si se gestionasen bien, su capacidad sería aún mayor en el tiempo.

AMPLIACIONES EN CURSO
A pesar de que el Gobierno canario no lo reconozca, es necesario que sus señorías sepan que durante los últimos 5 años en el Puerto de Santa Cruz se han venido realizando ampliaciones muy importantes:

1. Construcción de una explanada frente a la zona de Cueva Bermeja, que fue empezada con fondos europeos y, aunque paralizada en su segunda Fase, puede ampliarse hasta conseguir unos 150.000 nuevos metros cuadrados para el puerto.

2. La parte trasera de la Dársena de Pesca, una enorme explanada que aumentará en 220.000 nuevos metros cuadrados el puerto de Santa Cruz.

3. Y finalmente la ampliación interna del Dique del Este. Esta ampliación, al contrario de las dos anteriores propiciará una superficie nueva abrigada estimada en unos nuevos 160.000 metros cuadrados. A pesar de que se ha dicho que esta ampliación obstaculizará el funcionamiento de la Dársena de contenedores existente en esa zona, este argumento es incorrecto.

Estas tres ampliaciones dotarán de forma inmediata al Puerto se Santa Cruz de una nueva superficie portuaria estimada en más de 500.000 m2, y que resuelve las necesidades portuarias básicas de Tenerife para muchas décadas.

DÁRSENA NORTE
Es evidente que con una buena gestión portuaria y con la nueva superficie en construcción en la actualidad, el puerto de Santa Cruz tiene capacidad suficiente para dar servicio durante muchos años, incluso introduciendo una nueva actividad portuaria, el tráfico internacional de trasbordo de contenedores, negocio muy difícil de conseguir por la enorme competencia internacional que tiene y con muy escasa repercusión para la economía de Tenerife.

Existe además la posibilidad futura de construir la denominada Dársena Norte, proyecto que al que las administraciones canarias le han puesto infinidad de impedimentos, y déjenme que les diga una cosa: todos esos impedimentos son falsos. Este proyecto de Dársena Norte está avalado por cuatro exPresidentes de la Autoridad Portuaria de Tenerife, y además afirmamos que proyectos parecidos están en las oficinas de ese organismo.

Los datos más significativos son:
• Dique exterior: 2398 mts.
• Longitud de atraque en ribera: 2.578 mts.
• Superficie en tierra abrigada: 815.500 metros cuadrados
• Calado: de 16 a 20 mts.
• Radio de giro: para buques de más de 350 mts. de eslora

Todos estos datos son equiparables o mejores que el proyecto de Granadilla. Y a diferencia de este, no es necesario acometer esta obra de una vez, por lo que no hay prisa ni es necesario una gran cantera puntual, como es en Granadilla.

PUERTO DE GRANADILLA ES IGUAL A IMPLANTACIÓN DEL GAS
No resulta admisible la utilización de la implantación en Tenerife del Gas Natural Licuado (GNL) como justificación para la construcción del puerto de Granadilla. El gas no es la solución a los problemas de contaminación en Canarias ni para el cumplimiento del protocolo de Kyoto. Además, aumentaría la dependencia energética exterior aún más, en detrimento del enorme potencial existente en Canarias (el mayor de Europa) para el desarrollo de las energías renovables. Aún así, en el caso de su implantación, existen tecnologías más seguras y menos impactantes que la ubicación de una planta de regasificación en tierra anexa a un puerto, como por ejemplo las terminales flotantes.

Las terminales flotantes no necesitan de instalación portuaria en tierra. La defensa de la construcción de una planta de regasificación en tierra en Tenerife sólo responde a la irracional justificación del puerto de Granadilla. Además, la superficie destinada a la planta de gas en el actual proyecto es de tan sólo un 15% del total, por lo que decir que Puerto de Granadilla es igual a la descarga del gas es otra de las muchas falacias de este proyecto.

La propia empresa eléctrica Endesa, beneficiaria directa de la implantación del gas en Canarias reconoce que esta tecnología: (…) representa el futuro en los desarrollos de terminales de regasificación en el mundo, siendo ya la tecnología empleada en el 40% de los proyectos en desarrollo en Estados Unidos y en el 25% de los que se llevan a cabo a nivel mundial. Esta tecnología presenta grandes ventajas medioambientales y de seguridad al alejar la planta de las zonas pobladas y minimizar significativamente su impacto visual.

CONCLUSIÓN GENERAL
En mi calidad de experto puedo afirmar que:
- No es cierto que el Puerto Santa Cruz esté colapsado.
- Tampoco es cierto que la Dársena Norte no se pueda construir.
- El impacto de las ampliaciones del Puerto de Santa Cruz no es equiparable a las afecciones que causaría el proyecto de Granadilla.
- El puerto de Granadilla no es necesario para la implantación del gas.

Por último, quisiera resaltar que el proyecto de Granadilla ha causado el mayor rechazo social de las últimas décadas en Canarias. Señores y Señoras Parlamentarios, les aseguro que si hoy estoy aquí es porque estoy seguro de que la inmensa mayoría de la gente de Tenerife está en contra de este proyecto. La última encuesta realizada por el Cabildo de Tenerife del pasado febrero -y, por cierto, no publicada- habla de un 41% de tinerfeños en contra del proyecto y un 37% que está a favor. En consecuencia, la inmensa mayoría de los votantes y afiliados de mi partido, el Partido Socialista, están en contra. Es más, el apoyo de mi partido a este proyecto siempre ha estado supeditado a su legalidad, como no puede ser de otra manera. Y, yo, en mi calidad de experto les afirmo que hay alternativas y que por tanto, el proyecto es ilegal.

En ningún caso considero que la Unión Europea puede respaldar un proyecto como este que no tiene lógica alguna -entre otros muchos disparates, el proyecto de Granadilla se quiere construir en la zona de más viento que existe en la Isla de Tenerife, lo que sin duda le restará competitividad- y además con el rechazo social tan impresionante que tiene.

SOLICITUD
Por todo esto solicitamos que se constituya una comisión de expertos independientes que analice con rigor y profundidad si las alternativas al proyecto que se están proponiendo desde distintos agentes sociales son válidas o no, así como que desde el Parlamento Europeo se inste a la Comisión a que se cree una mesa de negociación en la que las dos parte expongan sus argumentos y pueda determinarse la realidad que rodea al proyecto de Granadilla

La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha acordado trasladar a la unión europea, al gobierno de España y a la ciudadanía tinerfeña el siguiente comunicado:
El puerto de Santa Cruz, el 5º más importante de España, es totalmente viable y suficiente para atender todas las necesidades portuarias de la isla de Tenerife por muchos años.

El puerto de Santa Cruz es ampliable y existen para él proyectos que, en caso de ejecutarse, le convertirían, sin ningún tipo de dudas, en uno de los más importantes de este lado del océano Atlántico, pudiendo admitir todos los tráficos marítimos que se consideren necesarios y convenientes.

El puerto de Santa Cruz ya ha destrozado más de 10 kilómetros de litoral y afectado negativamente, por la pérdida de calidad de las aguas que genera cualquier puerto comercial/industrial, a muchos kilómetros de litoral y fondos ubicados al suroeste del puerto, por lo que consideramos un disparate de grandes dimensiones ejecutar el proyecto de granadilla y acabar con el mayor y mejor conservado ecosistema de Tenerife, con dos lugares de interés comunitario y con las mejores playas naturales de la isla.

Rechazamos por rotundamente falsas, las declaraciones vertidas por el portavoz del gobierno de Canarias Miguel Becerra, relativas al “interés público” y a “no existe alternativa viable” en referencia al proyecto de Granadilla, así como las del alcalde de ese municipio Jaime González y las del presidente de la Autoridad Portuaria Luís Suárez. Entre todos ellos pretenden acabar con el emblemático puerto de Santa Cruz y ¡no lo vamos a tolerar!

Animamos a todas las fuerzas políticas y sociales de Tenerife a luchar ¡desde ya!, dejando a un lado el ilegal proyecto de Granadilla, por el engrandecimiento del, repetimos, viable y suficiente puerto de Santa Cruz. El gobierno de Canarias debe solicitar para ello los fondos de cohesión necesarios para el periodo 2007-2013, algo que tendrían que haber hecho en el periodo que ahora finaliza, y no empeñarse en hacerlo de nuevo para el proyecto de Granadilla, pues su ilegalidad y la existencia de alternativas finalmente lo dejarán sin efecto.

El gobierno de Canarias es el único responsable de la pérdida de los fondos europeos y no los ecologistas como tratan de hacer ver, y lo será aún más si persiste en su actitud de vulnerar la legislación europea.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la suspensión del cargo público de alcalde durante 18 meses para el político del PP en Fuerteventura Domingo González Arroyo, por presunta prevaricación que habría cometido al contratar un topógrafo sin titulación cuando era primer edil de La Oliva.
Según informó hoy una nota de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación remitido a la Sala de lo Penal del alto tribunal canario por la condición de aforado de González Arroyo, ya que es diputado regional, se solicita también el pago de una multa para el político.

El fiscal pide también el pago de una multa para el topógrafo, José María Pérez Palma, a quien se le acusa de un delito de intrusismo profesional, señala la nota.

El acusado Pérez Palma, que estaba casado con una de las hijas de González Arroyo cuando fue contratado, realizó, según precisa el comunicado de la Fiscalía, las actividades propias de Ingeniero Técnico en Topografía, con el conocimiento y consentimiento de González Arroyo, entre los años 1998 y 2003.

El escrito de acusación fue remitido el pasado día 20 a la Sala de lo Penal del TSJC.

Domingo González Arroyo, además de diputado del PP, es concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva, y también se enfrenta a una denuncia como presunto autor de un delito de cohecho, que deberá investigar la Sala de lo Penal del TSJC, después de que esta semana la Audiencia de Las Palmas rechazara un recurso de apelación y remitiera de nuevo el caso al Juzgado de Instrucción Número 3 de Puerto del Rosario.

El concejal Francisco Almodóvar, de Alternativa por Antigua, denunció el pasado año a González Arroyo y a la concejala popular del Ayuntamiento de Antigua Ibiza Melián como presuntos autores de un delito de cohecho, presentando como prueba la grabación de una conversación que afirma mantuvo con ambos en la que le ofrecían dinero y terrenos, para conseguir su apoyo a una moción de censura.

La organización terrorista ETA ha anunciado en un comunicado un "alto el fuego permanente" a partir del 24 de marzo.

ETA asegura que el "objetivo" de esta decisión es "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos" del pueblo vasco y asegurar "de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas", proceso al término del cual "los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro".

La organización terrorista afirma que "los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de limitaciones", tras lo que sostiene que la decisión que adopten los ciudadanos sobre su "futuro" deberá "ser respetada".

EiTB ofrece este miércoles una programación especial en la que se emitirá el vídeo que anuncie este alto el fuego permanente de ETA a partir del próximo 24 de marzo.

El comunicado será hecho público tanto por la Radio como por la Televisión Pública vasca, según anunciaron fuentes de la cadena pública.

Rafael Morales

Aparecer de sorpresa en la capital del Sáhara Occidental recuerda a las clásicas operaciones casi clandestinas durante las usurpaciones de soberanía en aquellos tiempos de las colonias. Todo tiene que estar atado y bien atado para el jefe, especialmente en los temas de seguridad. Así que Mohamed VI colocó a 100 marroquíes (entre colonos, policías, militares y otros) por cada saharaui realmente existente, antes de iniciar un viaje patriótico. Más allá de los aspectos cutres de este paseo aparentemente triunfal, conviene atenernos a la racionalidad de la provocación.



El Consejo de Seguridad de la ONU volverá a discutir la enojosa cuestión del Sáhara Occidental antes de finales de abril, cuando habrá que repetir la votación sobre la continuidad o no de la Minurso en los territorios ocupados. Enojosa, porque este organismo parece incapaz de solucionar el conflicto democráticamente y tampoco se atreve a perder el poco prestigio que le resta entregando el destino de los saharauis a Mohamed VI y a sus parásitos semifeudales del Majzen armados hasta los dientes. De tal modo que el monarca totalitario aprovecha la ocasión para organizar el espectáculo en los territorios ocupados, mostrar a la comunidad internacional quién es el patrón y anunciar el próximo sábado su propuesta sobre la autonomía del Sáhara Occidental que presentará ante la ONU. Sabiendo, de antemano, que la iniciativa caerá en saco roto. Se trata de lo de siempre, ganar tiempo y distraer a la comunidad internacional mientras permanece la campaña marroquí (política, militar, policial, económica y social) por acabar con el pueblo saharaui como entidad nacional.

¿Y la ex potencia colonial? El ministro Miguel Ángel Moratinos le cantó el 15 de marzo una bella canción a la Comisión de Exteriores del Senado. Dijo que el Gobierno español sigue “activamente comprometido” en una solución en la que esté incluido el derecho de autodeterminación y los intereses de “todas las partes”. Más. Que ha comunicado a las autoridades marroquíes la necesidad de “respetar los derechos individuales de los detenidos (saharauis) y de las personas juzgadas” durante la intifada saharaui. Menos bromas. Si uno está a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui resulta imposible conciliar los intereses de “las partes”. Pero si uno lo pretende, coloca su política a favor del verdugo porque los intereses son irreconciliables mientras Marruecos mantenga la actitud de desconocer la legalidad internacional. En cuanto a que España pidió a Mohamed VI respeto para los perseguidos saharauis, ¿fue por la vía del secreto diplomático para no molestar los negocios? Porque la opinión pública tendrá la memoria corta, pero no tanto. España no ha denunciado ante la comunidad internacional a Marruecos por las detenciones arbitrarias, las torturas, los juicios inquisitoriales o la asfixia humana cotidiana de los saharauis en los territorios ocupados. O la del destierro en Tinduf.

De todas formas, Moratinos tiene la oportunidad de demostrar ahora sus excelentes intenciones. Lo primero sería denunciar públicamente la represión desatada contra los saharauis los días anteriores a la visita de Mohamed VI; lo segundo, advertir que este tipo de gestos arrogantes empeoran las posibilidades de una salida pacífica al conflicto; lo tercero, que España rechaza cualquier clase de autonomía sin salida democrática como la que ofrecerá el sábado Mohamed VI; lo cuarto, que la ex potencia colonial sólo aceptará el referéndum de autodeterminación como solución porque semejante compromiso es imprescriptible desde el punto de vista de las responsabilidades históricas de este país con respecto al pueblo saharaui; lo quinto, España solicitará la intervención inmediata de la Minurso para defender la vida y los derechos más elementales de los saharauis, ahora y cuando Mohamed VI regrese a su cueva dorada. Sobre el autista e irresponsable Gobierno canario, nada de nada. ¿Para qué emplazarlo en cuestiones de solidaridad si sólo percibe el sonido y el aroma de don dinero?

canariasahora.com

El presidente del Centro Canario-CCN, Ignacio González, anunció este martes la decisión "irrevocable y unánime" del comité local de Telde de abandonar el pacto de gobierno que mantenía con PP y Ciuca a través del concejal Juan Martel. La decisión, que se ejecutará este miércoles, deja al grupo de gobierno sin mayoría.

El Centro Canario ejecutó su advertencia de que si se producía "una sola detención más" en el municipio de Telde a cuenta del caso Faycán abandonaría de inmediato el grupo de gobierno.

"Somos un partido serio y nos dedicamos a cumplir lo que avisamos", dijo Ignacio González, que explicó que el concejal Juan Martel y las personas que en el Ayuntamiento de Telde estaban bajo el paraguas del CCN dejarán cualquier responsabilidad de gobierno.

A partir de ahora, explicó Ignacio González, "nos vamos a dedicar a hacer oposición y a trabajar para construir una alternativa centrista, blanca y transparente en 2007, tanto a lo que hubo (en alusión al anterior alcalde Francisco Santiago), como a lo que hay ahora (en relación a PP y Ciuca)".

González convocó al comité local de Telde a las siete de la tarde en la sede que el partido tiene en Las Palmas de Gran Canaria.

Por la mañana, explicó González, se reunió con Martel nada más conocer la detención de las cuatro personas (dos funcionarios del Ayuntamiento y dos empresarios) y ya decidieron convocar el comité local.

Tras almorzar con Olarte, a quien pulsaron su opinión como presidente honorífico del partido, el líder de los centristas dijo que ya se veía clara cual es la decisión que por unanimidad acabaría tomando el CCN.

Así, González explicó que la decisión ya se ha comunicado al alcalde de Telde, Francisco Valido y al líder de Ciuca, Carmelo Reyes, y dijo que tras esta decisión del CCN, "quizás Valido empiece a tomar medidas".

González, además, aseguró que el Partido Popular, y su presidente José Manuel Soria, deberían tomar nota de que los partidos políticos "tienen que tomar decisiones" cuando se producen situaciones como las actuales. "¿Cuántos detenidos más necesita el señor Soria para tomar medidas?", se preguntó González, que dejó claro que "si a él no se le ocurre nada, nosotros le daremos ideas".

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Telde, en Gran Canaria, Javier García, ordenó hoy la detención de cuatro nuevos implicados en la trama que investiga por el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento, denominado 'caso Faycán'.
Según informaron fuentes de la Corporación, los detenidos son el auxiliar administrativo del área de Contratación, Felipe Martín Ramos; el aparejador de la concejalía de Deportes, Esteban Cabrera; Abelardo Martínez Ripoll, delegado para Canarias de la empresa Dragados y Construcciones, y el empresario Ángel Omar Suárez, de la empresa Planos y Gestión, al que se le atribuye el presunto pago de comisiones al asesor de Toñi Torres.

El auxiliar administrativo de contratación pertenece al área de la ex concejala de Obras Públicas y Contratación, del PP, María Antonia Torres, que se encuentra en prisión por esta causa al igual que su asesor municipal Francisco Gordillo, como presuntos autores de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

El alcalde de Telde, Francisco Valido, anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria de la junta de portavoces con motivo de las nuevas detenciones.

Con estas detenciones ascienden a 14 las personas arrestadas por el juez en relación al caso.

A excepción de los dos que permanecen en prisión, el resto de los detenidos fueron puestos en libertad con cargos, y la mayoría bajo fianza.

El juez Javier García inició la instrucción del caso el pasado verano a raíz de una denuncia presentada por el representante legal de una empresa de Telde, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas le exigió el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

Dragados y Construcciones

El delegado para Canarias de la empresa Dragados y Construcciones, Abelardo Martínez Ripoll, fue detenido hoy en Tenerife acusado de cohecho y falsedad en documento dentro de la denominada Operación Faycán, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde.
Los detenidos, que actualmente se encuentran en dependencias policiales, pasarán a disposición judicial a partir de las diez de la mañana del próximo jueves, en el marco de una operación en la que se mantiene el secreto de sumario decretado respecto a las diligencias practicadas.

El Gobierno conocía el informe que alertaba de la muerte de 1.700 inmigrantes ahogados entre Mauritania y Canarias

El presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Fernando Carrillo, pidió hoy al Ministerio Fiscal que investigue la supuesta muerte de unos 1.700 inmigrantes ahogados entre Mauritania y las Islas Canarias a finales del 2005, de la cual, según indicó, tuvo constancia este Cuerpo.
Según explicó en declaraciones a varios medios de comunicación, entre el 21 y el 26 de diciembre del 2005, la Subdirección General de Operaciones remitió una circular interna a todas las unidades de la Islas Canarias en la que se alertaba del posible fallecimiento de "1.700 o 1.800 inmigrantes" ahogados en el océano Atlántico.

Este comunicado estaba basado en una información de los cuerpos de seguridad de Mauritania a la que se otorgó "total veracidad" por parte de la Subdirección General de Operaciones, aseguró Carrillo, ya que desde la misma se instó a adoptar diferentes medidas de prevención a las comandancias canarias.

Según el presidente de la AUGC, este "gravísimo" hecho revela "un gran problema de coordinación entre la Guardia Civil y el Gobierno, si es cierto lo que éste dice de que no tiene información de esta comunicación interna".

"La Guardia Civil también pertenece al Estado, por lo que no se entiende cómo no tiene información de este Cuerpo o puede escudarse en que la misma no le ha llegado, cuando además el director general es nombrado por el Gobierno y forma parte expresa del mismo", señaló.

A su juicio, la "sensible" información contenida en el citado escrito interno "hubiera servido para poner en marcha entonces los mecanismos de prevención que se están aplicando ahora", lo cual demuestra una "falta de previsión" por parte del Ejecutivo.

Carrillo lamentó que "se esté hablando de la Guardia Civil" en términos generales cuando podría haber "responsabilidad directa" de algunos de sus mandos "o también del Gobierno", por lo que demandó una investigación del Ministerio Público al respecto para "depurar responsabilidades".

El Parlamento Europeo ha acordado trasladar su resolución sobre este tema al mes de mayo, una vez que se conozcan las decisiones finales de las tres Direcciones Generales de la Comisión Europea con respecto al proyecto.

Los grupos opositores al proyecto del puerto de Granadilla, Plataforma contra el puerto de Granadilla, Atan, Ecologistas en acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, han intervenido hoy en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. También han asistido como invitados representantes del Gobierno de Canarias, del Ministerio de Medio ambiente y de la Comisión Europea.
Es la primera vez desde el comienzo del proyecto que ha habido un debate oficial. Los grupos peticionarios han lamentado que haya tenido que ser en el Parlamento Europeo y no en el Canario tal y como ha solicitado reiteradamente la ciudadanía de Canarias.

Los argumentos de los peticionarios se han visto respaldados por los diferentes representantes de las Direcciones Generales de la Comisión Europea con competencias en este proyecto (DG Regiones, DG Transportes y DG Medio ambiente). Especialmente significativa ha sido la intervención de la Dirección General de las Regiones poniendo de manifiesto que no existen fondos disponibles para financiar la construcción del puerto de Granadilla en el periodo 2000-2006, por lo que el Gobierno de España tendría que solicitar los fondos nuevamente dentro del periodo 2007-2013, siempre teniendo en cuenta que la financiación de grandes infraestructuras no es prioritaria para este periodo.

Finalmente el Parlamento Europeo ha acordado trasladar su resolución sobre este tema al mes de mayo, una vez que se conozcan las decisiones finales de las tres Direcciones Generales de la Comisión Europea con respecto al proyecto.

Los diferentes grupos contrarios al puerto de Granadilla hacen una valoración positiva del resultado de la reunión ya que la información ofrecida por la Comisión Europea avala sus tesis contrarias a este proyecto.

Cuatro grupos ecologistas pidieron este martes en el Parlamento Europeo que no se construya el puerto tinerfeño de Granadilla al ser el proyecto "de mayor gravedad de la costa española" por sus efectos medioambientales, mientras los gobiernos central, canario e insular creen "fundamental" su construcción para la economía.

La comisión de Peticiones del PE escuchó este martes durante más de una hora los argumentos esgrimidos por ambas partes para evaluar si el proyecto portuario de Granadilla cumple o no las directivas de Hábitats y de Evaluación de Impacto Ambiental de la Unión Europea (UE) y se pronunciará "lo más pronto posible".

Uno de los detractores del proyecto, el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz Pedro Anatael Meneses, rechazó como "rotundamente falso" el argumento de que el actual puerto de la capital, quinto de España, se colapsará en 2008 y, por tanto, sería necesaria la infraestructura de Granadilla. Meneses Roqué destacó que el actual puerto no sólo no avanza hacia el colapso, sino que además se está ampliando en 500.000 metros cuadrados más mediante tres actuaciones.

Las actuales obras resuelven las necesidades "para muchas décadas", según Meneses. El también profesor de la Universidad de La Laguna recordó que una encuesta realizada en febrero pasado por el Cabildo de Tenerife y "no publicada" reveló que un 41% de los tinerfeños se opone al nuevo puerto y un 37% apoya la infraestructura.

La responsable de costas de Greenpeace, María José Caballero, defendió también la idea de que, si las autoridades creen que se necesita una mayor capacidad portuaria, "la ampliación del puerto de Santa Cruz es la alternativa". Caballero recordó que un documento de los estibadores de Santa Cruz apunta que "con sólo una" de las posibles ampliaciones del puerto, se duplicaría la capacidad actual en tráfico de contenedores, estimado en 400.000 al año.

La ecologista subrayó los daños que ocasionaría el puerto de Granadilla a las praderas submarinas, cuestión sobre la que la Comisión Europea (CE) ya advirtió a España en agosto de 2004. Caballero instó a la CE a hacer un "análisis riguroso de todas las alternativas".

"Dictamen en las próximas semanas"

Un representante comunitario recordó que el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ya pidió "un análisis muy claro" del proyecto para hacer una propuesta al colegio de comisarios, sobre la que éste basará su decisión al respecto. El representante de la Comisión Europea dijo que, sobre la base de la documentación disponible, "espero que en las próximas semanas los servicios de la CE puedan dar su dictamen al comisario Dimas".

El portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, sostuvo que la construcción del nuevo puerto tinerfeño es "una actuación de indiscutible interés público", que "no existe alternativa" y que el proyecto "con las medidas correctoras y compensatorias, cumple la normativa canaria, española y europea". Becerra rechazó la opinión de quienes creen que el puerto actual de Santa Cruz está lejos de colapsarse al señalar que, pese a la ampliación actual que mejorará la capacidad en un 44%, "ésta se verá superada por la demanda en 2013".

Asimismo, recordó la necesidad de captar "tráfico de transbordos", actividad que dijo que es "vital" para la mejora de la competitividad y economía de la isla, cuestión que "no permite" el puerto de Santa Cruz, ni aunque se amplíe. Becerra dijo además que Granadilla cuenta con el apoyo de "todos los partidos democráticos" de Canarias, del Parlamento regional, el gobierno de la isla y los municipios del área.

El representante del Ministerio de Medio Ambiente también defendió que la ampliación del puerto de "Santa Cruz de Tenerife no es una alternativa viable ni realista a Granadilla" y dijo que tras la evaluación de impacto ambiental, se ampliaron las garantías con medidas correctoras. Entre éstas enumeró la reducción de la dimensión del puerto, la prohibición del fondeo de barcos en ciertas áreas, la protección de una superficie de 7.200 hectáreas y acciones en favor sobre especies protegidas como la piña de mar y la tortuga boba.

Protesta en Tenerife

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Cándido Quintana, aseguró este martes que la visita de representantes del Gobierno canario al Europarlamento es “buena para la causa” de los que se oponen a la infraestructura portuaria de Granadilla, porque demuestra a Bruselas que en las Islas “hay gente que quiere conculcar la legalidad cuando existen alternativas”.

Durante la manifestación protagonizada junto a varios representantes de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, a las puertas de la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, “para apoyar a los compañeros que defienden en el PE el no a la creación de esa infraestructura”, Quintana se mostró convencido de que Europa dirá no a la creación de ese muelle, “ya que se ha dado cuenta de que existen alternativas viables como es el de Santa Cruz”. El presidente de la Plataforma, que portaba una pancarta en la que se podía leer No al puerto de Granadilla, sí al de Santa Cruz, declaró también que la Unión Europea no permitirá que esa obra salga adelante “porque vulnera la directiva hábitat 2000 y ocasionaría un deterioro muy grave e irreversible al mejor ecosistema de Tenerife”.

Manifiesto de la nueva formación política-ciudadana "Sí se puede";

Queremos comunicar a los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife, una alternativa política que nace de la firme convicción de que es imposible continuar con el crecimiento actual de nuestra isla.
Cuando en nuestro pueblo se potencian actividades económicas que agotan los recursos naturales que, como sabemos, da beneficios a corto plazo y enriquece a unos pocos, asistimos al crecimiento alarmante de la insolidaridad social y ambiental.
El deterioro de nuestra calidad de vida es evidente:
Se contaminan el aire, el mar y los acuíferos, se masifican espacios urbanos y se transforman zonas naturales y culturales de enorme querencia. Desaparecen, fruto de absurdas políticas, usos y actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, elementos de identidad de todos los isleños.
Este modelo de desarrollo ha significado la pérdida de los derechos que definen un Estado Social:
Se privatiza la sanidad, se eliminan políticas culturales, se abandona la educación pública, no existe apoyo a la investigación y desarrollo, tampoco programas de integración de los inmigrantes y, sobre todo, no se afronta el principal problema de la isla: la pobreza.
Esta política, que compromete gravemente nuestro futuro, es respaldada por los tres principales partidos (CC, PP y PSOE)
En estas circunstancias, los firmantes de este Manifiesto, hemos comprobado el rechazo social que este modelo de desarrollo genera en una parte importante de la ciudadanía que se ha echado a la calle para pedir un cambio. Ante este ejercicio de democracia real, muchos gobernantes, empresarios y medios de comunicación se han lanzado a campañas de acusaciones, censura y descrédito hacia organizaciones, personas o colectivos que han decidido adoptar el compromiso ciudadano que la historia y la democracia le reclaman.
Por todo esto, hemos considerado necesario romper las barreras que nos impiden la participación ciudadana en los asuntos públicos y comunicar a todos las siguientes consideraciones:
1. Proponemos una opción electoral surgida desde la ciudadanía que ofrezca una forma distinta de entender la política, que facilite la participación activa en la gestión de lo público y que sea capaz de devolver la esperanza a la sociedad tinerfeña.
2. Consideramos que esta opción ha de vertebrarse en torno a la participación ciudadana, en la lucha implacable contra la corrupción, en la paralización de todos los macroproyectos urbanísticos y de infraestructuras como el Puerto de Granadilla, cuyo objetivo no es el interés general, y en abordar inmediatamente los retos: energías renovables, reciclaje de residuos, transportes colectivos, etc., que deben acercarnos a una gestión más humana de nuestra sociedad.
3. Aspiramos a que se potencien de forma urgente las prestaciones sociales: educativas, sanitarias, culturales, de integración, de cooperación al desarrollo... También debe reorientarse nuestra economía con criterios de calidad, sostenibilidad y bienestar, especialmente la construcción y los servicios, sin olvidar la modernización del sector agrícola, ganadero y pesquero, tan necesarios para nuestro sustento. Consideramos indispensable y urgente paralizar la oferta turística alojativa y la ocupación de más suelo no edificado.
4. Finalmente, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que no caiga en el desánimo y en la resignación. Creemos firmemente en la posibilidad de otras formas de gestionar lo público mediante la participación activa de los ciudadanos que nada tiene que ver con la manera oscura, distante y sin control de los partidos tradicionales. Como ciudadanos tenemos el deber de intervenir para cambiar la situación actual de nuestra isla y para que las nuevas generaciones disfruten de un futuro más libre, más justo, más democrático y más sostenible.

¡SI SE PUEDE!

El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y los titulares de las instituciones canarias y de las formaciones políticas parlamentarias firmaron este sábado un manifiesto en defensa de la construcción del puerto industrial de Granadilla (sur de Tenerife) al considerar que constituye una "infraestructura imprescindible" para el Archipiélago.


El manifiesto en favor del puerto de Granadilla fue firmado, además de por el jefe del Ejecutivo autónomo, por el presidente del Parlamento canario, Gabriel Mato; por el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior; por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo; y por el alcalde de Grandilla de Abona, Jaime González.

También signaron el documento, el secretario insular del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), José Miguel Rodríguez Fraga; la presidenta insular del Partido Popular (PP), Cristina Tavío, y el presidente insular de Coalición Canaria (CC), Javier González Ortiz. El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, que también se sumó al acuerdo, no estuvo presente en el acto de la firma por encontrarse acompañado a la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, durante su visita a Tenerife para analizar el problema generado por la inmigración.

Los firmantes brindan su apoyo al puerto de Granadilla por considera que es una "infraestructura imprescindible, única alternativa y complementaria al puerto de Santa Cruz, que será también potenciado". Resaltan igualmente la importancia que tendrá el puerto del sur de Tenerife "para la competitividad económica de Canarias, con el estricto cumplimiento de los requisitos y exigencias medioambientales establecidos en los ámbitos europeos, español y canario".

Tras el acto de la firma, el presidente canario resaltó que todas la fuerzas políticas parlamentarias han suscrito el manifiesto en defensa del puerto "que cumple los requisitos medioambientales y que es fundamental para el desarrollo de Canarias". "Decimos sí al puerto de Granadilla, sí al futuro, al progreso y al bienestar", señaló Adán Martín.

El abogado y ex dirigente político tinerfeño Vicente Álvarez declaró en la tarde de ayer ante el magistrado Miguel Ángel Parramón en calidad de imputado en el caso eólico, y quedó en libertad sin fianza.
Según fuentes oficiosas, el magistrado Parramón no levantó la imputación al jurista tras tomarle declaración. Álvarez no aclaró este extremo.
Declaró por espacio de poco más de una hora. Cuando él y su abogado salían del juzgado, los periodistas que hacían guardia le preguntaron si se mantenía la imputación, respondió que «imputado no es lo mismo que acusado».

«Todos hemos colaborado perfectamente», expuso el ex político tinerfeño, estaba todo muy bien y creo que, tanto mi abogado como yo, salimos muy contentos de esto y con la tranquilidad de que no ha habido ningún tipo de medida cautelar».

El juez citó a declarar a Álvarez después de que su nombre saliera a relucir en las investigaciones como «una persona muy influyente en el concurso eólico por su cercanía al entorno de ATI», vinculado al también imputado Alfredo Briganti. Según ha podido saber este periódico, Celso Perdomo dijo ante el juez el pasado 12 de febrero que los coimputados Jesús González y Honorato López le habían comentado que Álvarez «estaba muy cercano a ATI».

Más información en el periódico Canarias7.

Al menos 2.487 inmigrantes, además de los 123 rescatados hoy en aguas del Sahara Occidental, han sido interceptados en lo que va de año cuando intentaban alcanzar las costas Canarias.
La mayor oleada de inmigrantes sólo en el archipiélago canario se produjo ayer cuando llegaron 331 personas.

De éstos, 224 fueron localizados en cinco embarcaciones con destino a Tenerife y 107 en cuatro cayucos en Gran Canaria.

Entre las principales operaciones llevadas a cabo desde principios de años destaca la del 9 de enero, cuando 104 inmigrantes, que viajaban a bordo de tres pateras, fueron interceptados a poco más de una milla de las costas del municipio de Tuineje, en la isla canaria de Fuerteventura.

Un mes después, el 27 de febrero, fueron 239 personas frente a las costas de Tenerife y Gran Canaria.

También, y por número de inmigrantes, destaca la operación llevada cabo el 4 de marzo, cuando se localizaron cinco pateras que llegaron a Canarias, con 210 inmigrantes.

Uno de ellos falleció ahogado al caer al agua cerca de la orilla.

El 13 de marzo fueron detenidos 282 inmigrantes que intentaban arribar a bordo de embarcaciones a las costas canarias y un día después se interceptó a 331 personas en nueve embarcaciones entre Tenerife y Gran Canaria.

Al día siguiente, 15 de marzo, fueron rescatados 123 inmigrantes de origen subsahariano que naufragaron al tratar de llegar en una canoa a Canarias.En este suceso perecieron al menos 18 personas.

Izquierda Unida Canaria (IUC) se suma a la manifestación convocada por la Plataforma por la Paz para el próximo día 18 de marzo, a las doce del mediodía, en la Plaza de la Paz de Santa Cruz de Tenerife. Los manifestantes reclamarán el fin de la ocupación de Irak, tres años después del inicio de una guerra que se ha cobrado, al menos, 175.000 vidas y que ha servido para acrecentar la inseguridad internacional y el terrorismo.
IUC denuncia que la ocupación es una guerra permanente contra el pueblo iraquí, que provoca decenas de muertes a diario, mantiene encarceladas arbitrariamente a miles de personas que, a menudo son torturadas y maltratadas, y permite la actividad de escuadrones de la muerte que asesinan rutinariamente a médicos, profesores y personal cualificado. Son casi 90 los periodistas que han muerto por intentar que sepamos lo que ocurre en Irak, el desempleo alcanza niveles sin precedentes, no se han reparado las potabilizadoras de agua bombardeadas y la gente sigue muriendo en los hospitales por carecer de recursos básicos. La crisis de la seguridad ha provocado niveles de delincuencia común desconocidos hasta ahora en Irak, generalizándose los asesinatos, secuestros y violaciones.
Irak está viviendo la pesadilla que le han impuesto Bush, Blair y quienes, como José María Aznar, les apoyaron. El Pentágono contabiliza 145 acciones armadas diarias de la resistencia y prosigue la campaña que intenta introducir el fanatismo religioso en la vida iraquí. La manifestación del sábado se propone reclamar la salida inmediata de los ocupantes de Irak para que los iraquíes decidan su futuro y cesen las atrocidades diarias.

El próximo martes 21 de marzo, habrá una muy importante intervención de opositores y defensores del proyecto de Granadilla en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Ante esta trascendental fecha, nos unimos a la campaña de ciberacción que propone enviar un correo a todos los Parlamentarios que estarán en dicha comisión.
Tan sólo te llevará un minuto en enviar un correo electrónico a todos los Parlamentarios que estarán en la mencionda comisión. Sus direcciones son las siguientes:

mlibicki@europarl.eu.int, marcin@libicki.pl, mpanayotopoulos@europarl.eu.int, ratsmep@sir-robertatkins.org, iayalasender@europarl.eu.int, abattilocchio@europarl.eu.int, mborghezio@europarl.eu.int, pderossa@europarl.eu.int, adobolyi@europarl.eu.int, dhammerstein@europarl.eu.int, rhelmer@europarl.eu.int, rogerhelmer@tory.org, regional2.pv@pp.es, mmcguinness@europarl.eu.int, mimartinez@europarl.eu.int, mmavrommatis@europarl.eu.int, mmavrommatis@europarl.eu.int, lsbarbati@europarl.eu.int, aschwab@europarl.eu.int, post@andreas-schwab.de, diana@dianawallismep.org.uk, rwieland@europarl.eu.int, ibelet@europarl.eu.int, abrie@europarl.eu.int, brie.europabuero@t-online.de, pvanbuitenen@europarl.eu.int, mhdescamps@europarl.eu.int, mhd5@wanadoo.fr, lgeringer@europarl.eu.int, agyurk@europarl.eu.int, senator@janowski.rzeszow.pl, jtmasiel@europarl.eu.int

Y copia el siguiente texto poniendo tu nombre y mail al final. Gracias y pásalo:

Estimados Sres/as Parlamentarios: en relación al conflicto surgido en torno al proyecto del puerto industrial de Granadilla (Tenerife, Canarias), y ante las cada vez mayores evidencias de la presunta ilegalidad del proyecto en relación a la normativa europea, quiero hacerle constar lo siguiente:

1. Son erróneas las apreciaciones de las administraciones españolas de que las actuales instalaciones del actual Puerto de Santa Cruz (el 5º mayor de España) están agotadas o al borde del colapso. Esto se afirmó como justificación principal para la construcción del proyecto de Granadilla en la Declaración del Gobierno de Canarias (may-2002) del proyecto de Granadilla como de interés público de primer orden y en la Declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio de Medio Ambiente (feb-2003). Sin embargo, este falso argumento ha sido asumido por la Comisión, aún presentándole pruebas que demuestran lo contrario. Las ampliaciones que se están ejecutando en los últimos años en Santa Cruz, como son la trasera de la Dársena de Pesca, la explanada frente a Cueva Bermeja (que aunque paralizada en su segunda Fase, se puede continuar de forma inmediata), o especialmente la ampliación interna del Dique de Este -auspiciada por los estibadores-, dotarán al Puerto capitalino de nueva superficie portuaria de forma inmediata, que se estima en más de 500.000 m2 , y que resuelve las necesidades portuarias básicas de la Isla para muchas décadas. También es falsa la afirmación de que las ampliaciones del Dique de Este obstaculizará el funcionamiento de la Dársena de contenedores existente en esa zona, argumento que no tiene otra finalidad que el seguir justificando el puerto de Granadilla con falsedades.

2. Son falsos los impedimentos que desde la Comisión se le están poniendo al proyecto de Dársena Norte, auspiciado por los cuatro anteriores Presidentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Ese proyecto, aunque no es necesario en la actualidad, es perfectamente viable en el caso de que la Isla necesitase ampliaciones portuarias futuras. Estas ampliaciones se pueden dimensionar según las necesidades de cada momento. Por tanto, también a diferencia de Granadilla, al no acometerse un gran proyecto en una sola fase, tampoco serían necesario el utilizar una gran cantera, sino que se podría seguir con la dinámica que ha llevado el puerto capitalino a lo largo de las últimas décadas de ampliaciones sucesivas, sin necesidad de buscar una cantera específica.

3. Son falsas las afirmaciones de que las ampliaciones del puerto de Santa Cruz causarían mayor impacto ambiental que las del proyecto de Granadilla. Por el contrario, la afección ambiental de las ampliaciones del puerto de Santa Cruz, aunque existentes, son ridículas comparadas con las que se provocarían en el caso de empezarse las obras de Granadilla. La Isla de Tenerife ha sacrificado más de 10 km. de litoral en su capital -Santa Cruz- para ubicar un gran Puerto, que además ha propiciado en la zona una evidente pérdida de la calidad de las aguas marinas -inherentes a estos grandes puertos-, así como de la biodiversidad de los fondos anexos. Por tanto, seguir destrozando las pocas zonas vírgenes que quedan en el litoral insular es inadmisible, cuando se ha demostrable que Santa Cruz tiene muchas potencialidades. Especialmente bochornoso es la afirmación de los actuales responsables de la Autoridad Portuaria de que esta ampliación destruiría el sebadal de San Andrés, LIC protegido por la Unión Europea. Este sebadal se encuentra prácticamente destruido por obras ejecutadas por la propia Autoridad Portuaria, tal como se demuestra en la cartografía oficial que tiene el Cabildo Insular de Tenerife o como afirman los pescadores de la Cofradía de San Andrés -los mayores conocedores de esos fondos-. La extensión del Sebadal de San Andrés ha pasado de 84,4 Ha. en 1997 a 6 Ha. en la actualidad. Por el contrario, el proyecto de Granadilla afectaría a unas 450 Ha., no sólo del mayor sebadal de Tenerife, sino también del de más calidad de Canarias, que encima está propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente para su declaración como Parque Nacional, la máxima figura de protección internacionalmente reconocida.

4. Es también falso la utilización de la implantación en Tenerife y Gran Canaria del Gas Natural Licuado (GNL) como justificación para la construcción de los puertos de Granadilla y Arinaga. Tal como defiende multitud de colectivos, el gas no es la solución a los problemas de contaminación que tenemos en Canarias para el cumplimiento de protocolo de Kyoto y aumentaría la dependencia energética exterior aún más, en detrimento del enorme potencial existente en Canarias (el mayor de Europa) para el desarrollo de las energías renovables. Aún así, en el caso de su implantación, existen tecnologías más seguras y menos impactantes que la ubicación de una planta de regasificación en tierra anexa a un puerto. Tal como dice la propia empresa eléctrica Endesa (única beneficiaria de la implantación del gas en Canarias) en un comunicado de prensa que emitió en relación con la construcción de una terminal flotante (off-shore) en Livorno (Italia), esta tecnología:

(…) representa el futuro en los desarrollos de terminales de regasificación en el mundo, siendo ya la tecnología empleada en el 40% de los proyectos en desarrollo en Estados Unidos y en el 25% de los que se llevan a cabo a nivel mundial. Esta tecnología presenta grandes ventajas medioambientales y de seguridad al alejar la planta de las zonas pobladas y minimizar significativamente su impacto visual. El proyecto de Livorno refuerza, por tanto, el compromiso de ENDESA con el medioambiente, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica.

Las terminales flotantes no necesitan de instalación portuaria en tierra alguna, y es obvio que si Endesa defiende esta tecnología para otros lugares, debería defenderla también para Canarias, al igual de deberían hacerlo todas las administraciones empecinadas en la introducción del gas y, en consecuencia, deberían rechazar las plantas de regasificación en tierra que según ellos mismos es un sistema caduco, más impactante medioambientalmente y menos seguro. La defensa de la planta de regasificación en tierra sólo responde a la irracional justificación necesidad de los puertos de Granadilla en Tenerife y Arinaga en Gran Canaria. Además, la superficie destinada al gas en el proyecto de Granadilla es inferior al 20% del total de superficie portuaria de dicho proyecto, por lo que defender la totalidad del actual proyecto en base a la descarga del gas es una desfachatez.

Finalmente aclarar otras falsedades defendidas por las administraciones canarias y españolas, como son que el puerto de Granadilla creará nuevos puestos de trabajo (los posible puestos que se creasen serían claramente en detrimento del Puerto de Santa Cruz), la saturación de camiones en la Autopista Sur de Tenerife (muy al contrario, el 80% de la población de la Isla vive en un radio de 30 km. alrededor de Santa Cruz, por lo que si las mercancías de la Isla se descargaran en Granadilla, tendría que venir cientos o miles de camiones diarios hacia la zona metropolitana de la Isla, saturando dicha Autopista Sur) o la falsedad que implica también las continuas manifestaciones por parte de los defensores del proyecto de Granadilla de que la gente que se opone al mismo es una “minoría que distorsiona a la opinión pública”, cuando todas las encuestas, incluida una oficial efectuada por el Cabildo Insular de Tenerife, dicen que es mayoría la gente de la Isla que se opone al proyecto.

Por tanto, ruego tenga en cuenta todos estos argumentos, y le solicitamos que Ud. defienda la creación inmediata de una Comisión de investigación parlamentaria, que desde la independencia analice de una vez por todas quien dice la verdad y quien miente en el conflicto económico, social y ambiental de mayor trascendencia que hay en la actualidad en la Unión Europea.


A 15 de marzo de 2006

Atentamente,

(Nombre):
(Mail):

Representantes de Ben Magec-Ecologistas en Acción revelaron este martes un informe realizado en 2002 por el Ministerio de Medio Ambiente que señalaba como posible área objeto de incorporación a la red de parques nacionales al Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sebadales del Sur de Tenerife, que quedaría “arrasado” con la construcción del puerto de Granadilla proyectado por los gobiernos estatal y autonómico.



ACN. Santa Cruz de Tenerife

El miembro de Ben Magec, Rubén Fuentes, explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido en esa fecha por la representante del Partido Popular Elvira Rodríguez, no tuvo en cuenta el informe que proponía la zona como Parque Nacionalal realizar la declaración de impacto del puerto de Granadilla, aunque puede ser “determinante en la decisión de la Comisión Europea” sobre la infraestructura.

Los ecologistas acudieron este martes a la Subdelegación del Gobierno en Canta Cruz de Tenerife para remitir una carta a la actual responsable del Ministerio de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, ante la creencia de que el Gobierno actual desconoce la existencia del documento. El representante de Ben Magec calificó de “incoherencia” que el Ministerio trate, por un lado, de proteger los Sebadales del Sur de Tenerife y, por otro, autorice un proyecto para construir un puerto en la misma zona: “Es un escándalo y la gota que colma el vaso”.

Mientras los ejecutivos estatal y autonómico “presionan” en Europa para la construcción del puerto industrial de Granadilla, “el Ministerio de Medio Ambiente tenía una propuesta de declaración del LIC Sebadales del Sur como Parque Nacional”, destacó Fuentes. Los ecologistas intervendrán en la sesión de la próxima semana de la Comisión de Peticiones de la UE para, entre otras cuestiones, exponer el informe que propone al LIC Sebadales del Sur como área susceptible de incorporación a la Red de Parques Nacionales, “la figura de protección de áreas naturales de mayor importancia internacional”.

A juicio de Fuentes, “Europa no puede dar fondos a un proyecto ilegal”.

Memoria de la Macaronesia

El informe realizado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente se incluye en la Memoria General de la Región Macaronesia, donde se señala la identificación de áreas representativas de los sistemas naturales que podrían ser objeto de incorporación a la red de parques nacionales.

El documento señala la Franja marina de Teno-Rasca y Sebadales del Sur de Tenerife’ como área de posible incorporación la figura de protección natural. La zona en cuestión es “una zona básicamente marina que abarca una pequeña zona terrestre litoral al noroeste de Tenerife, que ocupa aproximadamente 2.880 hectáreas, y una gran superficie marina (20.026 hectáreas), que se extiende desde la punta del Fraile, al noroeste de la islas, bordeando toda la costa de Tenerife hasta la punta del Camello, al suroeste”.

El documento concluye que se trata de un área “con un gran potencial para representar el medio marino canario, debido a sus grandes superpies bien conservadas”. Sin embargo, “otras áreas como la de Frontera y Mar de las Calmas, en El Hierro, o el Archipiélago Chinijo y La Corona, en Lanzarote presentan mejor estado de conservación y sus zonas terrestres son más extensas y representativas, por lo que la aptitud como parque nacional de la Franja Marina de Teno-Rasca y sebadales del Sur de Tenerife quedaría relegada a un tercer puesto frente a éstas otras áreas”.

La Comisión parlamentaria que investigará la gestión del ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, decidió este martes que no comparezcan el actual presidente del Gobierno canario y ex consejero de Economía y Hacienda en esos años, Adán Martín, el consejero José Carlos Mauricio y el ex presidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, como solicitó el PP. CC argumenta que “no había razón para que estas tres personas comparecieran en esta comisión, mientras que el PSC acusa al PP de intentar “torpedear” dicha comisión. El PP, por su parte, considera que la comisión “quedará descafeinada” sin los testimonios de estas personas y asegura que se ha notado sobremanera que los socios de Gobierno se han unido pues sin argumento ninguno lo han excluido.

(OFFC) El diputado del grupo parlamentario Popular, Alejandro Díaz, recordó a la salida de la primera reunión de la Comisión, que el PP apostaba por realizar un análisis en profundidad y exhaustivo de las irregularidades en la Dirección General del Tesoro, pero dijo que “se ha notado sobremanera que los socios de Gobierno se han unido -CC y PSOE- pues sin argumento ninguno han excluido a cinco personas de las que nosotros proponemos”.

Además recordó que el PSOE ha cambiado de posición, ya que en su momento “señaló que uno de los comparecientes necesarios en la comisión, a los efectos de analizarla en profundidad, era el ex consejero de Economía y Hacienda, Adán Martín, y este martes dice justo todo lo contrario y lo excluye”.

El parlamentario popular dejó claro que esas cinco personas que “se han dejado sobre la mesa” no van a comparecer a petición de CC y PSOE, pero adelantó que el PP “las va a mantener hasta el final, porque son cinco que han tenido su incidencia en la Consejería de Economía y Hacienda y tienen mucho que decir a la hora de ahondar en los hechos”. En este sentido, apuntó que al PP la intervención de Adán Martín en la Comisión de Presupuestos y Hacienda “no nos parece suficiente” porque la hace como presidente del Gobierno “y nosotros hemos presentado que debe venir a la comisión como ex consejero de Economía y Hacienda que conoce en profundidad tales hechos”.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, aseguró que Coalición Canaria ha votado que no comparezcan ni Adán Martín, ni Román Rodríguez, ni José Carlos Mauricio, entre otros –como solicitaba el PP- en la Comisión de investigación sobre irregularidades en la Dirección General del Tesoro, porque “no entendíamos por qué estaba un presidente y tres ex consejeros, ya que no había razón”.

Según señaló Barragán, “el único caso que podía plantearse de comparecencia era el de Adán Martín, pero con la intervención que hizo en la comisión de Presupuestos y Hacienda se ha aclarado”. No obstante, afirmó que si se deduce que hay algo que no lo ha dicho el actual presidente del Ejecutivo regional, “pediremos que se plantee su comparecencia en la comisión”.

Mientras que el diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), José Alcaraz, acusó al PP de intentar “torpedear” la comisión que investigará la gestión de ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, y de “mentir” al asegurar que el PSOE había solicitado la comparecencia en la comisión del ex consejero de Economía y Hacienda y actual presidente del Gobierno, Adán Martín.

Asimismo, dejó claro que los socialistas han solicitado que no se excluya la posibilidad de que las cinco personas que pedía que comparecieran los populares “sean llamadas más adelante”, pero recordó que el PP lo que quería es que “hoy se decidiera si debían estar o no esas personas y si se votaba que no ya estaban excluidos de los trabajos de esta comisión”.

En opinión del diputado socialista, en esta comisión se ha de partir con un mínimo de rigor en los trabajos y lo único que pretende el PP es “montar un pequeño espectáculo en la comisión para tapar sus problemas derivados de los casos de corrupción”.

La Comisión, no obstante, no descarta que puedan comparecer en un futuro las personas que han sido descartadas y estudiará la documentación relativa al periodo comprendido entre 1996 y 2003, porque así lo han solicitado todos los grupos parlamentarios. Además señalaron que las veinte comparecencias se dividirán en tres bloques.

En el primero intervendrán los miembros de la Audiencia de Cuentas: el presidente y el ex presidente, el auditor, entre otros; en el segundo bloque lo harán componentes del Gobierno como el ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, el viceconsejero Miguel Becerra, el ex consejero José Carlos Francisco, etc., y en el tercer bloque, comparecerán las entidades de crédito y empresas consultoras: el BBVA, el Banco Santander Central Hispano (BSCH), y cinco empresas, entre las que se encuentran Delfi Management, Delclause Consultores y Andersen Consulting.

offcanarias.com

Rechazaron en diciembre una Proposición de IU-ICV que reproducía la denuncia ahora confirmada en sentencia por el alto Tribunal.

Los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria (CC) en la Comisión de Fomento del Congreso rechazaron el pasado 30 de noviembre una Proposición No de Ley de Izquierda Verde (IU-ICV), defendida por el diputado Joan Herrera, que reproducía textualmente los mismos argumentos y peticiones que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de admitir en una sentencia condenando al Ministerio de Medio Ambiente por vulneración de derechos fundamentales.

En la citada PNL, tramitada en el Congreso en marzo de 2005 a instancias del abogado de ATAN, Pedro Fernández Arcila, y del miembro de la Mesa Federal de Los Verdes de Canarias, Octavio Hernández, se pedía la "suspensión inmediata" del proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla de Abona, así como “realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en la que sean analizados los documentos a los que no tuvo acceso el Ministerio de Medio Ambiente (tal y como el expediente sobre la afección del proyecto “Nuevo Puerto de Granadilla” al LIC ES7020116 “Sebadales del sur de Tenerife” del 19 de Diciembre de 2001 del Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de canarias remitida al Director General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias; o la comunicación de los expertos botánicos Rudiger Otto y Ruben Barone sobre el hallazgo en la zona donde se proyecta la construcción de la primera fase del Puerto de Granadilla de una nueva población de Atractylis preauxiana, especie en peligro de extinción según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas)”.

La Audiencia confirma ahora en su sentencia que tales documentos fueron ocultados y que el Ministerio debe reclamarlos a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, pues de su toma en consideración puede desprenderse la ilegalidad del proyecto y su suspensión. En el debate de la PNL, Joan Herrera denunció que en el Gobierno de Canarias se "ocultaron informes" a la Administración central y, en especial, a la Comisión Europea. "Hubo manipulación maliciosa en este proyecto", afirmó el diputado verde.

Rechazaron en diciembre una Proposición de IU-ICV que reproducía la denuncia ahora confirmada en sentencia por el alto Tribunal.

Los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria (CC) en la Comisión de Fomento del Congreso rechazaron el pasado 30 de noviembre una Proposición No de Ley de Izquierda Verde (IU-ICV), defendida por el diputado Joan Herrera, que reproducía textualmente los mismos argumentos y peticiones que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de admitir en una sentencia condenando al Ministerio de Medio Ambiente por vulneración de derechos fundamentales.

En la citada PNL, tramitada en el Congreso en marzo de 2005 a instancias del abogado de ATAN, Pedro Fernández Arcila, y del miembro de la Mesa Federal de Los Verdes de Canarias, Octavio Hernández, se pedía la "suspensión inmediata" del proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla de Abona, así como “realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en la que sean analizados los documentos a los que no tuvo acceso el Ministerio de Medio Ambiente (tal y como el expediente sobre la afección del proyecto “Nuevo Puerto de Granadilla” al LIC ES7020116 “Sebadales del sur de Tenerife” del 19 de Diciembre de 2001 del Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de canarias remitida al Director General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias; o la comunicación de los expertos botánicos Rudiger Otto y Ruben Barone sobre el hallazgo en la zona donde se proyecta la construcción de la primera fase del Puerto de Granadilla de una nueva población de Atractylis preauxiana, especie en peligro de extinción según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas)”.

La Audiencia confirma ahora en su sentencia que tales documentos fueron ocultados y que el Ministerio debe reclamarlos a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, pues de su toma en consideración puede desprenderse la ilegalidad del proyecto y su suspensión. En el debate de la PNL, Joan Herrera denunció que en el Gobierno de Canarias se "ocultaron informes" a la Administración central y, en especial, a la Comisión Europea. "Hubo manipulación maliciosa en este proyecto", afirmó el diputado verde.

La sentencia de la Audiencia Nacional “desacredita de forma rotunda a Luis Mardones”, según Octavio Hernández, quien estima que “la deposición del portavoz de CC que consta en el Diario de Sesiones del Congreso debería ponerse en manos de la Fiscalía junto con la sentencia, ya que él mismo llamó prevaricación a lo que la Sala de lo Contencioso acaba de confirmar, es decir, presuntamente, de creer al propio Mardones, hubo prevaricación y el Gobierno de Canarias actuó ilegalmente. Esto arroja de nuevo serias dudas sobre el proceder de la viceconsejera Milagros Luis Brito, como ya ha sido denunciado reiteradamente”.
En el debate de la Proposición en la Comisión de Fomento, Luis Mardones se pronunció con un "no rotundo" por atribuir al Gobierno canario actuaciones contra la ley. Tal y como reproduce el Diario de Sesiones de la Sesión número 24 de 30 de noviembre de 2005, Mardones declaró: "La exposición de motivos de esta iniciativa es verdaderamente querellable, porque se está acusando de prevaricación a un órgano de gobierno de Canarias, a la Viceconsejería de Medioambiente. Se dice en la exposición de motivos cosa que no había conocido jamás en estas iniciativas que la Viceconsejería de Medioambiente ocultó al Ministerio de Medioambiente informes. Es más, se añade que manipuló la información, que remitió al órgano ambiental competente información tergiversada, y en tres párrafos más se acusa de ocultamiento y tergiversación. Desde el punto de vista jurídico esto puede calificarse de prevaricación y quien es acusado de ello tiene derecho a una querella.” Mardones rechazó así la acusación formulada por el portavoz de Izquierda Verde, atribuyéndole una “falta de respeto” a las decisiones de la comunidad autónoma.

La sentencia de la Audiencia Nacional “desacredita de forma rotunda a Luis Mardones”, según Octavio Hernández, quien estima que “la deposición del portavoz de CC que consta en el Diario de Sesiones del Congreso debería ponerse en manos de la Fiscalía junto con la sentencia, ya que él mismo llamó prevaricación a lo que la Sala de lo Contencioso acaba de confirmar, es decir, presuntamente, de creer al propio Mardones, hubo prevaricación y el Gobierno de Canarias actuó ilegalmente. Esto arroja de nuevo serias dudas sobre el proceder de la viceconsejera Milagros Luis Brito, como ya ha sido denunciado reiteradamente”.

Por su parte, en la sesión ya citada, el portavoz del PP, Pablo Matos, rechazó la PNL alegando que “la proposición no de ley denuncia de una forma durísima que las administraciones han ocultado información... Ya lo ha argumentado el portavoz de Coalición Canaria. Comparto con él que es una exposición durísima”. A este respecto, Octavio Hernández se pregunta si “el PP considera ahora también durísima la sentencia contra el Gobierno de Canarias, del que el PP formaba parte en aquel momento”.

La sentencia de la Audiencia Nacional, afirma Hernández, “confirma precisamente que el Ministerio no cumplió con su cometido de control en este expediente y, por lo tanto, la portavoz del PSOE no dijo la verdad”..
La intervención de la portavoz del PSOE, Gloria Rivero, también “choca frontalmente”, a juicio de Octavio Hernández, con la sentencia de la Audiencia Nacional. En contra de lo ahora dictaminado por el alto tribunal, la diputada argumentó entonces su rechazo afirmando que “de estos informes de los que habla ha tenido acceso posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente actual, quien ha dado a conocer a la opinión pública con rigor, a través de su gabinete de prensa, el proceso desarrollado desde su toma de posesión, de redimensionamiento y adaptación a la norma comunitaria medioambiental del proyecto del puerto de Granadilla... No vamos a apoyar la iniciativa por ser extemporánea, porque se insta al Gobierno a realizar algo que ha venido haciendo”. La sentencia de la Audiencia Nacional, afirma Hernández, “confirma precisamente que el Ministerio no cumplió con su cometido de control en este expediente y, por lo tanto, la portavoz del PSOE no dijo la verdad”.

Octavio Hernández felicitó efusivamente a ATAN y a Pedro Fernández Arcila, quien además de redactar la PNL asesoró a Joan Herrera por teléfono durante la comparecencia del diputado en la Comisión de Fomento, porque “la eficacia de este profesional de la abogacía en la defensa del interés general sólo es comparable a la de la abogada Loly Palliser en el caso de Vilaflor, en ambos casos motivo de orgullo para la sociedad civil tinerfeña”.

Según Déniz, de Alternativa Popular Canaria (APC), los casos abiertos contra algunos empresarios y contra algunos concejales del PP podrían ser sólo un botón de muestra de lo que realmente sucede en muchos ámbitos empresariales e institucionales de las islas.
Francisco Déniz Ramírez, ejerciendo de portavoz del Consejo Político Nacional de Alternativa Popular Canaria, afirma que no se sorprende de que las distintas tramas de corrupción abiertas en Gran Canaria tengan sus ramificaciones por toda la geografía del Archipiélago.
Según Déniz, los casos abiertos contra algunos empresarios y contra algunos concejales del PP podrían ser sólo un botón de muestra de lo que realmente sucede en muchos ámbitos empresariales e institucionales de las islas. La noticia sobre la compra de parcelas en Granadilla por parte de algunos empresarios implicados en la trama eólica debe ser investigada, exigió el portavoz nacionalista. Aún así, afirmó Paco Déniz, temo que lo que buena parte de la ciudadanía tinerfeña viene percibiendo en los últimos años respecto a los oscuros intereses y el empecinamiento de algunos en la construcción del puerto de Granadilla no responda sino a una operación especulativa sin precedentes.

Tras ser estos hechos públicos, entiende el portavoz nacionalista, que detrás de muchas grandes infraestructuras previstas por el gobierno Canario y el Cabildo Insular podrían estar intereses particulares con más que probables conexiones con redes de corrupción. Por ello, y ante la indefensión que vive la ciudadanía, exige la implicación de la justicia para que compruebe la propiedad y las fórmulas de compra y venta de terrenos en esa zona del sur de Tenerife.

La falta de honorabilidad y de credibilidad institucional es alarmante y debe ser repuesta, pero sólo lo será con una investigación profunda que detecte y sancione todos los casos de corrupción, estén éstos o no bajo el amparo institucional.

Para Déniz es tan culpable el que se corrompe como el que intenta corromper. Y no siempre se tiene ese aspecto en cuenta. No deja de ser extraño que algunas voces se preocupen más por la imagen de Canarias que se está dando en el exterior, que por lo que realmente sucede. La imagen de Canarias no puede ser falseada, y si la realidad es la que es, que la justicia se ponga el mono de trabajo. Si se actúa con celeridad y transparencia, el momento actual podría caracterizarse como de limpieza y reactivación democrática, de lo contrario, el desánimo y la desmoralización social sería irrecuperable. El descrédito de algunas instituciones como la justicia sólo se mejorará con una actuación rápida y eficaz. Apostilló el portavoz nacionalista de izquierda.

Manuel de la Rosa Hernández

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El salto a las páginas de actualidad de algunos casos de corrupción pone sobre el tapete la particularidad de este fenómeno, que si bien es propio del sistema, en las islas se recrudece por las peculiaridades de su modelo económico. Nada nuevo por otro lado en este territorio ultra periférico. Tampoco los es el hecho de que se haya convertido en un arma arrojadiza entre unos y otros, pero sin ir a sacarse los ojos, ya que todos han tenido trapos sucios que lavar en su casa.

El Delegado del Gobierno del PSOE en Canarias se despachaba con unas declaraciones sorprendentes, en las que respondía a la acusación que le hacia el PP de persecución política, por el hecho de ser militantes de este partido los que aparecían implicados en las tramas eólica y de Telde. En dichas declaraciones el Sr. Segura decía que las investigaciones no los había realizado la fiscalía por motu propio, sino que obedecían a denuncias de particulares. No es de recibo que se diga que los fiscales anticorrupción no intervienen, averiguando que pasa en las islas, si no es por demanda de particulares. ¡Qué flaco favor se le hace a la democracia y a la justicia social!

Esto no debería ser así. Los fiscales han de actuar en unas islas donde es un secreto a voces que las irregularidades recorren las Administraciones Públicas. Cualquier resquicio debería ser investigado. Seguro que más de uno se llevaría una sorpresa. En Canarias confluyen importantes sumas de dinero provenientes de las Administraciones Públicas (UE, estatal, autonómica, insular y municipal) y que acaban en bolsillos particulares. Algunas empresas se han convertido en expertas en el reparto y acaparamiento de los presupuestos públicos. Algunas obras de infraestructura que se ponen como prioritarias por necesidades sociales, son candidatas a ser investigadas. Muchas de las actuaciones de las Administraciones Públicas, como la continua publicidad que pagan en los medios de comunicación de las islas son una forma clarísima de compra de los mismos y que debe obligar a la fiscalía anticorrupción a actuar. Son muchos. Algunos son especialmente insultantes, como la publicidad de algún medio de transporte todavía inexistente al que se le ha venido publicitando con desembolsos millonarios, cuando todavía no contaba siquiera con partida presupuestaria pública.

Señor Segura, los fiscales deben actuar y son pocos. Tenga por seguro que tienen un terreno muy amplio donde investigar. Canarias necesita más fiscales, dadas sus peculiaridades. Los casos como el del Icfem, Tindaya, Aeromédica fueron los más conocidos. Podemos sumarle los recientes: Amoros, Eolo, Faycanes. Suma y sigue. Pero sobre todo, se trata de tomar medidas contundentes y actuar. Darle medios a los fiscales para investigar, e intervenir. Designar más fiscales en las islas que intervengan en materia anticorrupción.

En torno a los dineros públicos hay toda una pléyade de parásitos que bajo cualquier tapadera, se enriquecen, corrompen y compran voluntades. Las políticas privatizadoras de los partidos del régimen ayudan a favorecer estas corruptelas, no es casualidad que todos se hayan visto salpicados por casos de corrupción.

Es goloso el dinero que se mueve por aquí vía la RIC, subvenciones y presupuestos públicos, el REA, zona ZEC, etc. Los planes generales de muchos municipios están duplicando o triplicando la superficie urbanizable, lo que conlleva necesariamente más especulación del suelo. Los servicios públicos de educación, sanidad, municipales, etc. son otra fuente de enriquecimiento y corrupción. Esta realidad económica es proclive a que campe a su aire la corrupción. Necesitan además propiciar el clientelismo para sostenerse en el poder.

Mientras, mensajes como “Canarias tierra única”, tienen una gran razón, pero en un sentido muy distinto al que propicia el mensajero. Por cierto otra campaña millonaria insertada en los medios de comunicación de las islas. ¡Y aquí no pasa nada!

Todo el mundo “sabe” que aquí se están produciendo pelotazos, compra de apoyo en las instituciones públicas, gastos injustificados, etc. La Fiscalía Anticorrupción debe actuar sin más dilaciones y “tirar de la manta”.

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Canarias siempre ha tenido un sistema fiscal diferente al resto del territorio español. Ya durante la conquista y posterior colonización del archipiélago la Corona de Castilla concede a los colonizadores una serie de privilegios económicos para fijar las nuevas poblaciones en las islas. En el siglo XIX la aristocracia canaria presiona para que se instaure en un sistema de exenciones fiscales que se plasma en la ley de los puertos francos de 1852. Más recientemente tanto la Constitución Española de 1978 en su Disposición Adicional Tercera, como los distintos Estatutos de Autonomía de Canarias, el Tratado de la Unión Europea en el Artículo 87.3.a. y hasta la herida de muerte, y esperemos que pronto fallecida, Constitución Europea recogen la singularidad del territorio canario y su necesidad de plasmación en un régimen fiscal diferenciado.

En Canarias, y para entender lo qué son las islas, hay que hablar de un secular victimismo empresarial canario que siempre ha aprovechado todo lo que son las diferencias de la insularidad, discontinuidad del territorio y lejanía de centros financieros, para legitimar un sistema fiscal diferenciado que se traduce en incentivos para la burguesía de las islas y el sostenimiento de sus intereses. La Ley 19/1994, de 6 de Julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) es una plasmación de este complejo empresarial. En su Artículo 27 se desarrolla lo que es la actual Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que es la culpable del actual empobrecimiento de la clase trabajadora canaria y del gran enriquecimiento de la burguesía, principalmente dedicada a la construcción, que se ha experimentado en la última década. Seguimos en esta exposición los trabajos de la Comisión de Sostenibilidad de Asamblea por Tenerife y que nos han sido de gran valor para entender la maraña conceptual, la falta de transparencia y el oscurantismo político que el desarrollo de la RIC ha significado para Canarias.

El sistema de funcionamiento de la RIC es poco transparente. En realidad parece haber un consenso político mediático empresarial para que este sistema no se conozca mucho. Lo único que escuchamos, de vez en cuando, por los medios del archipiélago es a algún político de coalición declarando que sería bueno para Canarias que la reserva de inversiones se ampliara en el tiempo, que ésta pueda utilizarse para construir un puerto en Granadilla o para adquirir la pírrica red eléctrica a Endesa. La RIC no es buena para los canarios en general sino para que la clase empresarial de las islas, sobre todo la dedicada al sector de la construcción, no pague impuestos sino que los evada y luego los materialice, sean blanqueados en realidad, en la adquisición de viviendas, bienes de lujo y en economía especulativa.

Veamos someramente cómo funciona el sistema. En el Artículo 27 de la Ley 19/1994, señalada más arriba, se regula explícitamente su funcionamiento. Las sociedades y entidades jurídicas radicadas en Canarias que están sujetas al Impuesto sobre Sociedades tienen derecho, según la ley, a la reducción de éste siempre que destinen sus beneficios a la reserva de inversiones. Se podrá dedicar, por dichas empresas, hasta un máximo de un 90 por 100 de la parte del beneficio obtenido al año al fondo de la RIC. Los sujetos pasivos del IRPF y los profesionales liberales también pueden acogerse a este sistema de desgravación en cuotas de hasta un 80 por 100 siempre que sus actividades estén radicadas en Canarias. Así las empresas y los profesionales de las islas no pagan a hacienda el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el Impuesto Sobre la Renta de los No Residentes siempre que se comprometan a reinvertir en las islas este dinero que se les perdona y que sirva para la generación de empleo y la creación de infraestructuras públicas. Según el mismo artículo de la citada ley, las cantidades destinadas a la reserva para la inversión de Canarias podrán materializarse en la adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago que sean necesarios para la realización de actividades empresariales, la adquisición de deuda pública de las distintas administraciones canarias o la participación por medio de acciones en empresas que desarrollen su actividad en las islas.

Un ejemplo gráfico es el siguiente. Una empresa obtiene 100.000 euros de beneficio y puede, por tanto, destinar a la RIC hasta 90.000 euros. De este dinero se debería dedicar al pago de los distintos tipos de impuestos sobre un 40-45 % de los 100.000 de beneficio declarado. Es así que aproximadamente 40.500 euros que deberían de pagar a hacienda las empresas en Canarias son desviados a los fondos de la RIC. Esta reserva de inversiones se ha convertido en un descarado sistema de especulación y de fraude. Las materializaciones de los fondos de la RIC están siendo desviadas a la adquisición de activos inmobiliarios como terrenos, locales, viviendas y automóviles de lujo. Todo esto nada tiene que ver con los objetivos para los que se creo la reserva de inversiones, creación de empleo o modernización de las empresas canarias. Además, a los empresarios acogidos a la RIC, se les da prioridad empresarial a la hora de comprar derechos administrativos de explotaciones públicas, saltándose así los necesarios concursos de subasta pública con lo que los pequeños empresarios son alejados de este sistema. Está claro que las empresas más beneficiadas en Canarias por la RIC son las constructoras. En los últimos años se ha notado una explosión tremenda de la construcción en las islas. A parte existe un encarecimiento y una inflación brutal sobre el precio de la vivienda. En Santa Cruz, por ejemplo, más de un tercio de la vivienda nueva no protegida ha sido comprada por empresas. Actualmente es muy rentable el negocio de la construcción en las islas: con la parte del beneficio empresarial que debería ser público, pero que no se paga a hacienda, se compra más suelo para seguir construyendo más y se multiplican, así, exponencialmente los beneficios de los constructores.

Las cifras de la RIC son realmente escalofriantes. La reserva lleva en funcionamiento desde 1994 y tenía que haber terminado a finales de 2005 pero se ha prorrogado durante este año 2006. Actualmente se negocia con Bruselas y con en gobierno de la nación la continuación de este sistema por lo menos cuatro años más, hasta finales de 2010. Es muy difícil saber cuánto dinero ha generado la RIC, la administración se muestra muy opaca a la hora de dar cifras, esa misma administración que los que no tenemos las excepciones de la RIC pagamos con nuestros impuestos nos oculta sistemáticamente los datos, pero según cifras que maneja la Comisión de Sostenibilidad de Asamblea por Tenerife, obtenidas de una pregunta parlamentaria en marzo de 2005 por Izquierda Unida, la RIC ha generado un montante de 18.000 millones de euros, eso son sobre 3 billones de aquella cosa que llamábamos pesetas. De ese dinero se ha materializado ya sobre 8.000 millones de euros y quedan aún pendientes unos 10.000 millones que en pesetas son casi dos billones. Mientras los asalariados y la clase trabajadora contribuimos religiosamente, con nuestros impuestos, a pagar este sistema a todas luces injusto y montado para favorecer a unos pocos ya que nuestros impuestos son los que pagan los servicios sociales, la sanidad, la enseñanza o el funcionamiento de las administraciones públicas. Ya han sido dichas en muchos foros pero estas son las cifras que nos quedan a nosotros y que son datos oficiales sacados de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 442.888 canarios, de un total de 1.968.280 residentes (casi un cuarto de la población total), viven bajo el umbral de la pobreza, entre 1996 y 2004 la vivienda se ha encarecido un 104% pero los salarios, descontada inflación, han crecido sólo un 1,6%, 267.020 personas tienen contratos de trabajos temporales (el 32,56% de la población activa) mientras que los salarios en las islas son un 17.4% más bajos que la media nacional, hay 25.000 enfermos en listas de espera quirúrgicas, 43.000 ancianos viven sin las atenciones necesarias, las cifras de fracaso escolar ascienden a un 35% de la población escolar obligatoria, hay 130.000 personas apuntadas a las listas del desempleo, en las islas existe 137.000 viviendas vacías y compradas para la especulación, la demanda energética en Canarias es un 20% superior a la del estado, la presión fiscal de los que pagamos a hacienda ha aumentado en canarias en mayor medida que en el resto del estado y, mientras desaparecen explotaciones agrarias en las islas, han entrado más de 70 plagas debido a la falta de control fitosanitario de los productos agrícolas que llegan. Nos entra vértigo y nos quedamos sin respiración al decir todas estas cosas.

Es necesario en la sociedad canaria un debate de qué tipo de RIC queremos y qué se debe hacer con los 10.000 millones de euros acumulados en la reserva. Los canarios hemos demostrado mayor madurez democrática y mayor inteligencia que los políticos que nos gobiernas, los consejeros que los asesoran o los empresarios que los sostienen cuando hemos salido por miles a la calle a protestar contra la construcción de puertos industriales en Granadilla o cuando hemos presentado al parlamento una ILP con 56.087 para la protección del litoral de Granadilla pero que ni siquiera fue admitida a trámite por esta institución. Es por ello por lo que exigimos que se nos devuelva ese dinero, evadido de impuestos, para financiar una sanidad pública, una educación pública, un sistema de bienestar decente, un control y un respeto del medio ambiente y una investigación cualificada de energías alternativas para las islas. Mientras, es muy importante que todos y todas divulguemos cómo funciona esta arma fiscal de fraude financiero y nos opongamos a su prórroga en los términos que están redactados actualmente. El medio ambiente de las islas y la calidad de vida por la que siempre hemos sido envidiados está en juego si este sistema se mantiene.

Esta Asociación ha recibido sentencia de la Sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la cual, dándole la razón a ATAN, condena al Ministerio de Medio Ambiente por vulneración de derechos fundamentales.

Esta sentencia es consecuencia del proceso entablado por esta Asociación contra el Ministerio de Medio Ambiente por vulneración del Derecho Fundamental de Petición a raíz de la solicitud, -efectuada ante ese Ministerio en ejercicio de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición-, hecha el 9 de octubre de 2004, por la cual se solicitaba la suspensión del proyecto promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife denominado “NUEVO PUERTO EN EL LITORAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA, FASE I”.
En este escrito se ponía en conocimiento del Ministerio las graves irregularidades cometidas durante la tramitación de la evaluación de impacto ambiental y su correspondiente Declaración de impacto, con ocultación y tergiversación de la información suministrada al expediente que afectaba a aspectos esenciales sobre la evaluación de los efectos medioambientales previsibles del proyecto, con el objetivo de obtener una resolución ambientalmente favorable a los intereses de los promotores del Puerto. Al efecto se acreditaba documentalmente la existencia de informes ocultados al procedimiento y otros fueron utilizados de forma contraria al parecer de los técnicos de la propia Administración.
Con esa base, en ejercicio del derecho fundamental de petición y con base en lo dispuesto en el artículo 9º.2.a) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que señala en relación con los proyectos sometidos obligatoriamente al trámite de evaluación de impacto ambiental, que “podrá acordarse la suspensión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) la ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación”, señalando el mencionado precepto que la suspensión se realizará a requerimiento del órgano ambiental competente, se instaba al Ministerio que reclamara a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias todos y cada uno de los informes y documentos aludidos y que requiriera al Ministerio de Fomento y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para que procedieran a la suspensión inmediata del proyecto.
Ante esta petición, el Ministerio vulnerando la citada Ley Orgánica de protección de derechos fundamentales no tramitó la solicitud como venía obligada y en consecuencia la Audiencia Nacional ha venido a dar la razón a ATAN, condenando al Ministerio como medida de restablecimiento, a reconocer el derecho a que nuestra petición sea tramitada conforme a la regulación contenida en dicha Ley, debiendo la Administración responder en el plazo de tres meses.
En síntesis, esta sentencia pone de manifiesto, una vez más, el intento de las Administraciones Públicas de ocultar la verdad; de intentar tergiversar la realidad de las importantes afecciones y graves repercusiones ambientales de este injustificable proyecto, aún a costa de vulnerar la legalidad de la forma más burda.
También ha puesto en su sitio el verdadero talante de la responsable de ese Ministerio de Medio Ambiente, quien ha pasado con extrema rapidez del “verde” populachero de su tránsito por la oposición al rancio “gris marengo”, como máxima responsable del Medio Ambiente en el Estado, tonalidad que ya utilizó en su etapa anterior en ese mismo Ministerio.
La Junta Directiva de ATAN, a 10 de marzo de 2006-03-11
Adjunto se reproduce el texto íntegro del escrito objeto de la controversia.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA PETICIÓN QUE MOTIVA LA SENTENCIA

AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Plaza San Juan de la Cruz s/n
Madrid-28071
………………………………….. en nombre y representación de la ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA (ATAN), conforme consta en el acuerdo de la asociación que se acompaña, con domicilio social, a efectos de notificaciones, en el apartado de correos 1.015 (38080) de Santa Cruz de Tenerife, EXPONE:
Que por medio del presente escrito y con invocación expresa en lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, viene a interesar de ese Ministerio la suspensión del proyecto promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife denominado “NUEVO PUERTO EN EL LITORAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA, FASE I” con fundamento en los siguientes motivos:
Primero: Con fecha 26 de febrero de 2003, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 5 de febrero de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto “Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I”.
Segundo: Es indispensable señalar que en el trámite de evaluación de impacto ambiental la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias remitió el 29 de julio de 2002 al Ministerio de Medio Ambiente un escrito que contenía un informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente y el acuerdo del Gobierno de Canarias sobre el Nuevo Puerto de Granadilla.
Según se recoge en la propia Resolución por la que se formuló la D.I.A. “La Viceconsejería de Medio Ambiente justifica la necesidad el nuevo Puerto argumentando tanto la imposibilidad de desarrollo del actual Puerto de Santa Cruz de Tenerife, como la idoneidad de la ubicación propuesta para el nuevo puerto en el término municipal de Granadilla de Abona. En cuanto a los aspectos ambientales, el informe recalca que le nuevo Puerto se sitúa fuera del Lugar de Importancia comunitaria (LIC) ES7020116 “sebadales del Sur de Tenerife” y que la actuación propuesta no perjudica a la integridad del mismo. Por lo que se refiere a la presencia de tortugas marinas en Canarias, el informe cita a la tortuga boba (Caretta carettta) como la más habitual, afirmando que no existen poblaciones sedentarias de tortugas en la zona del proyecto y que la aparición de tortugas de la especie Caretta caretta es muy rara y esporádica. No obstante, en el informe se establecen una serie de medidas compensatorias en previsión de posibles efectos sobre estos, y algunos otros habitats y especies”.
Tercero: Que con fecha 19 de diciembre de 2001, el Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, remite al Director General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias, a través de una Nota de Régimen Interior (registro de salida 3 de enero de 2002), el expediente sobre la afección del Proyecto “Nuevo Puerto de Granadilla” al LIC ES7020116 "Sebadales del sur de Tenerife”. La citada Nota de Régimen Interior está acompañada de quince informes sobre la afección al LIC, así como sobre los diversos impactos del Proyecto.
Dichos informes habían sido solicitados por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, con fecha 22 de junio de 2000, al haber considerado insuficiente el Estudio de Impacto que figura en el expediente del Proyecto “Nuevo Puerto de Granadilla”, promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Se acompaña la Nota de Régimen Interior como documento Nº 1.
Cuarto: Que el Jefe de Servicio de Biodiversidad señala expresamente, en la Nota de Régimen Interior aludida en el apartado anterior, que “la conclusión unánime que se desprende de todos estos informes es la incompatibilidad ambiental de este proyecto” (“Proyecto Nuevo Puerto de Granadilla”).
Quinto: Que la resolución del Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 18 de diciembre de 2001 , concluye también en este sentido, al manifestar que “del análisis de toda la información recibida de la Autoridad Portuaria, de los informes recabados de las Universidades y de diferentes expertos, y de la prospección in situ efectuada en la zona de afección, este Servicio considera que existe incompatibilidad ambiental de este proyecto por el perjuicio que causaría a la integridad del LIC ES7020116 “Sebadales del Sur de Tenerife”. Asimismo, la aplicación de las medidas correctoras que se enumeran en el proyecto no conseguirían disminuir significativamente la afección sobre dicho LIC”.
Sexto: Con fecha 20 de diciembre de 2001 el Director General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente el expediente sobre la afección del proyecto “Nuevo Puerto de Granadilla al LIC Sebadales del Sur de Tenerife” (Nota de Régimen Interior, registro de salida 3 de enero de 2002). La referida nota señala: “del análisis de toda la información recabada se desprende que existe incompatibilidad ambiental del proyecto en cuestión con los motivos de declaración del LIC ES7020116 “sebadales del Sur de Tenerife”.
No se podría manifestar la conformidad con el proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto del art. 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestre, opuesto que la solución presentada causará perjuicio a la integridad del Lugar de Importancia Comunitaria LIC ES 7020116 “Sebadales del Sur de Tenerife”, pues tal como se cita en dicho apartado a la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las Comunidades Autónomas correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
También ha de recordarse que este lugar cuenta con la presencia de la tortuga boba (Caretta caretta), especies prioritarias según la citada norma y que tal como se expresa en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, “en caso de que el lugar considerado albergue algún tipo de habitat natural y/o una especie prioritaria, únicamente se podrá alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer orden, en este último caso a través del cauce correspondiente habrá que consultar, previamente, a la Comisión Europea” (documento nº dos).
Séptimo: Que con fecha marzo de 2002, el botánico D. Rüdiger Otto y el naturalista D. Rubén Barone comunican a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias el hallazgo de una nueva población de la especie piña de mar (Atractylis preauxiana) en la zona donde se proyecta la construcción de la primera fase del Puerto de Granadilla. La Atractylis preauxiana está incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias con la categoría de “en peligro de extinción”. Asimismo, está incluida en el Anexo I del Convenio de Berna y Anexos II y IV (Protección estricta), de la Directiva de Hábitats. La comunicación sobre la existencia de la especie antes citada se reitera por esta asociación con fecha 8 de noviembre de 2002. Con fecha 6 de junio de 2003 se reitera, por los Sres. Otto y Barone, la comunicación del hallazgo de la especie a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, destacando que la población es de 105 plantas vivas. La existencia de la amplia población de la especie recién aludida no fue tenida en cuenta en la declaración de impacto ambiental, al no haber incorporado al expediente la información relativa a la misma. Con posterioridad a la declaración de impacto, se reconoce la existencia de una amplia población de Atractylis preauxiana por los técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y su localización en los terrenos afectados por la Primera Fase del Puerto Industrial.
Octavo: Si se analiza detenidamente lo hasta ahora expuesto podemos concluir que la Viceconsejería de Medio Ambiente, conociendo los informes que, en número de 14, concluían que el proyecto del Nuevo Puerto de Granadilla era incompatible ambientalmente con los motivos de declaración de LIC ES7020116, de espacios naturales protegidos, así como con otros elementos de la flora y fauna, y conociendo también otros documentos, como los aportados a por D. Rüdiger Otto y el naturalista D. Rubén Barone y esta asociación, no sólo ocultó al Ministerio de Medio Ambiente los mencionados informes y documentos sino que manipuló maliciosamente la información que estaba en su poder, remitiendo al órgano ambiental competente información tergiversada, con el único objetivo de dirigir la resolución de ese órgano en sentido favorable al proyecto.
Deberá convenir ese Ministerio de Medio Ambiente que además de ocultarse aquellos documentos se tergiversó la información cuando el informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente que acompaña la Consejería de Política Territorial el 29 de julio de 2002 dice que el “ nuevo Puerto se sitúa fuera del Lugar de Importancia comunitaria (LIC) ES7020116 “sebadales del Sur de Tenerife” y que la actuación propuesta no perjudica a la integridad del mismo”, conociendo ya a la fecha de emisión de ese escrito los informes que refiere el Jefe de Servicio de Biodiversidad el 19 de diciembre de 2001.
De igual manera reconocerá ese Ministerio que la ocultación y tergiversación de la información que venimos relatando afecta a aspectos esenciales sobre la evaluación de los efectos previsibles del proyecto hasta el punto que el Jefe de Servicio de Biodiversidad concluye en uno los escritos ya referido que “la conclusión unánime que se desprende de todos estos informes es la incompatibilidad ambiental de este proyecto”
Noveno.- El artículo 9º.2.a) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, señala en relación con los proyectos sometidos obligatoriamente al trámite de evaluación de impacto ambiental que “podrá acordarse la suspensión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) la ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación”, señalando el mencionado precepto que la suspensión se realizará a requerimiento del órgano ambiental competente.
Décimo.- Como ese Ministerio conocerá, con fecha de 14 de julio de 2004 se publicó en el BOE (nº 169), resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por el que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso, procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adjudicación de las “Obras de Abrigo del Puerto de Granadilla”. Esta obra licitada supone, con algunas variantes, la realización del dique en talud y el dique exterior contemplado en el proyecto proyecto “Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I”. Es por ello que la adopción de la medida de suspensión interesada deberá ser adoptada de forma inmediata a fin de evitar los perjuicios medioambientales anunciados en los informes referidos en los motivos anteriores.
Por todo lo cual,
SOLICITA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Que por presentado este escrito, se sirva admitirlo, con los documentos que se acompañan, tenga por formulada la presente petición y, previo cumplimiento de los trámites precisos, solicitando expresamente que ese Ministerio reclame a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias todos y cada uno de los informes y documentos a que hace referencia la Nota de Régimen Interior del Jefe del Servicio de Biodiversidad de 19 de diciembre de 2001, cuya copia se acompaña al presente escrito, así como los otros referidos en el cuerpo de este escrito, acordando a la vista de lo expuesto, requerir al Ministerio de Fomento y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para que procedan a la suspensión inmediata del proyecto por las causas recogidas en el artículo 9.2.a) del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Santa Cruz de Tenerife a 9 de octubre de 2004

El juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al primer teniente de alcalde de Santa Brígida, Luis Troya Ramírez, y al ex alcalde Carmelo Vega, a la pena de nueve años de Inhabilitación especial para empleo o cargo público, como autores penalmente responsables de un delito de prevaricación administrativa, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.



ACN. Las Palmas de Gran Canaria

En el mismo fallo se absuelve a la concejala de Hacienda, Patrimonio y Presidencia, Maria Teresa Vega Núñez, al consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, y al alcalde Antonio Díaz Hernández.

Asimismo, a los condenados se les impone que indemnicen conjunta y solidariamente a Eloísa Afonso Morales en la cantidad de 350,42 euros e intereses del artículo 576 de la legislación, con responsabilidad civil subsidiaria a cargo del Ayuntamiento de Santa Brígida, tras decretar la nulidad absoluta del acuerdo de la comisión de gobierno del día 4 de septiembre por el que se ordenaba el inmediato derribo del parterre construido por Eloísa Morales, así como el abono por mitad de las costas procesales causadas en esta instancia.

No obstante, contra esta resolución pueden interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de diez días a contar desde su notificación, que será resuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas efectuadas oralmente en el acto del Juicio, calificó los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal del que considera responsable en concepto de autores a todos los acusados, y solicitó la pena, para cada uno de ellos, de Inhabilitación especial para empleo o cargo público por 9 años, así como que indemnicen conjunta y solidariamente a Eloísa Afonso Morales con 350,42 euros, intereses del artículo 576 de ley de costas, con responsabilidad civil subsidiaria a cargo del Ayuntamiento de Santa Brígida, e igualmente la nulidad del acuerdo de la comisión de gobierno de dicho Ayuntamiento de fecha 4 de septiembre de 2002 en lo relativo a la demolición del parterre construido por Eloísa Afonso Morales.

El empresario Alejandro Navaro Miñon, presidente y consejero delegado de la empresa Mazotti, entregó la cantidad de 180.000 euros a Francisco Gordillo Suárez, asesor de la concejal de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad de Telde María Antonia Torres, «como comisión» por la adjudicación de las obras de construcción del aparcamiento de la zona de Picachos, reconocieron fuentes cercanas al caso.
Según pudo saber ayer este periódico, esta obra habría sido adjudicada a la empresa de Navarro Miñón aunque no hubiese pagado tal cantidad puesto que fue la única firma que presentó propuesta para la construcción del mencionado parking. No obstante, reconocieron las mismas fuentes, el empresario decidió «pagar» la cantidad estipulada puesto que fue lo que se había acordado con anterioridad.

El presidente de Mazotti declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Telde, Javier García, que dispuso dejar en libertad con cargos por delito de cohecho a Navarro Miñón imponiéndole una fianza de 60.000 euros.

El empresario, definido por sus allegados como «un hombre combativo», mostraba ayer a la salida del juzgado síntomas de cansancio tras pasar los últimos tres días en comisaría.

Los que de momento continúan encarcelados en El Saldo del Negro son la concejal teldense María Antonia Torres y su asesor, Francisco Gordillo, aunque el abogado de la primera, José Mario López Arias, ha pedido la excarcelación de su cliente por motivos de salud.

El otro empresario que declaró ayer, Pedro Antonio Betancor Díaz, propietario de Cementos Las Torres, se encontraba ya por la tarde en su casa, rodeado de su familia y «agotado» según sus propias palabras.

Su abogado, Luis Javier Negro Álvarez, se quejó de la falta de información por parte de García porque de hecho, al estar la investigación bajo secreto de sumario, no se les han explicado los hechos que han motivado su detención. «No tenemos conocimiento concreto de los hechos que se le imputan, ni siquiera aparecen en la notificación de la fianza». Lo que sí es cierto, aseguró Negro Álvarez, es que «mi cliente no ha cometido ningún delito».

Cementos Las Torres es una empresa especializada en materiales de construcción radicada en Las Palmas de Gran Canaria pero con importantes negocios en toda la Isla

Al reconocer publicamente el serio y riguroso trabajo realizado por el movimiento social tinerfeño contra el puerto de Granadilla.
Esta Asociación quiere agradecer públicamente la reciente comparecencia del Presidente del Gobierno de Canarias, Don Adán Martín Menis, en la cual daba cuenta, ante los medios de comunicación de Canarias, del retraso sufrido en la tramitación ante las Instituciones Europeas del Proyecto del Puerto Industrial de Granadilla, imputando dicho retraso al movimiento ecologista.
En realidad con esta afirmación ha venido a reconocer implícitamente el trabajo serio, riguroso, y fundamentado llevado a cabo por el movimiento social en defensa del medio ambiente de Canarias, que ha sido capaz con estas armas, de contrarrestar la importante presión política y económica de las islas y del Estado en defensa de este impresentable proyecto.

Por tanto, en la parte que nos corresponde, le agradecemos este reconocimiento y nos comprometemos a seguir, e incluso mejorar, esta línea de trabajo y provocar que tenga que salir, aún a su pesar otras muchas veces, ante la opinión pública para repetir ese gesto; ello significaría que la lucha en defensa del medio ambiente de estas islas le va ganando la batalla a los que pretenden destruirla en beneficio del “desarrollo económico sostenible” de unos pocos.

La Junta Directiva de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)

6 de marzo de 2006

El actual centro de Radio Nacional de España en La Palma, que va a ser desmantelado según este plan, es el heredero de la pionera emisora radiofónica La Voz de la Isla de La Palma, creada en los años 60, que después pasó a ser Radio Cadena Española en los 80, y por último Radio Nacional de España en La Palma. Por tanto, su desaparición sería el final para toda una historia de la radiodifusión en nuestra isla.
Iniciativa por La Palma-Nueva Canarias (INPA-NC) manifiesta públicamente su total desacuerdo con la decisión de RTVE de reducir drásticamente su centro de producción en Canarias, afectando con ello a más de 250 trabajadores. Con esta reconversión salvaje se eliminarían las posibilidades de mantener un sector audiovisual fuerte en Canarias de titularidad pública, que es fundamental e indispensable para el reforzamiento de nuestra identidad cultural diferencial canaria.

Para INPA-NC es especialmente condenable que el representante del Gobierno de Canarias en el Consejo de Administración de RTVE en Madrid, el Sr. Jorge Bethencourt, votará a favor de este plan de reestructuración tan perjudicial a Canarias, y pide una explicación por este hecho lamentable, así como un cambio de postura.

En el caso de la isla de La Palma, el atentado que supone este hecho a nuestra cultura es especialmente doloroso. Hay que hacer historia y recordar que el actual centro de Radio Nacional de España en La Palma, que va a ser desmantelado según este plan, es el heredero de la pionera emisora radiofónica La Voz de la Isla de La Palma, creada en los años 60, que después pasó a ser Radio Cadena Española en los 80, y por último Radio Nacional de España en La Palma. Por tanto, su desaparición sería el final para toda una historia de la radiodifusión en nuestra isla.

INPA-NC hace un llamamiento a la sociedad palmera, a sus instituciones, a sus partidos políticos, etc., a mostrar su rotunda oposición a este hecho, y evitar así que se llegue a convertir en triste realidad.

El empresario Enrique Guzmán, imputado en la trama eólica, entregó al juez que instruye el caso, Miguel Ángel Parramón, documentación sobre unos pagos de más de 23.000 euros que efectuó por intermediar en una operación inmobiliaria a la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, en prisión por esta causa, para la compra de unas parcelas en el municipio de Granadilla con el fin de construir unas naves para el montaje de una empresa.
Así lo manifestó su abogada, Josefina Navarrete, tras declarar durante cerca de dos horas su cliente, en libertad bajo el pago de una fianza de 150.000 euros, ante el magistrado el titular del juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria.
La letrada afirmó que abandonaron el juzgado "con la misma tranquilidad que vinimos", porque su cliente no ha cometido ningún delito de soborno, ni obtuvo ninguna concesión relacionada con el concurso eólico convocado por el Gobierno canario y paralizado posteriormente.
La letrada insistió en que los pagos efectuados a Quintana son producto de una intermediación de una operación inmobiliaria.
Navarrete señaló que Guzmán, a quien se le imputa un delito de cohecho, presentó esta mañana datos ante el juez, y matizó y aclaró cuestiones solicitadas por Parramón, ante quien ya había declarado el pasado día 12, día en que también se tomó declaración a los otros seis imputados.
La abogada explicó que por esa operación inmobiliaria en Granadilla abonó dos cantidades a Quintana, a una cuenta que tenía abierta en el Fortis Bank de Luxemburgo, de cerca de 15.000 euros y de 9.000 euros.
Guzmán, empresario afincado en Madrid, sigue en libertad bajo fianza, señaló Navarrete, quien apuntó que se ha sembrado "la alarma injustificadamente" sobre su cliente.
Quintana es novia del principal imputado en la trama eólica, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, quien se encuentra en la prisión del Salto del Negro, al igual que su compañera sentimental. Perdomo ha sido imputado por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada.

Los grupos de Telde se plantean sustituir a Valido al frente de la Alcaldía Los portavoces de los distintos grupos políticos de la Corporación municipal de Telde han convocado en la mañana de este miércoles una reunión urgente para sustituir a Francisco Valido (PP) al frente de la Alcaldía. La propuesta de los representantes de AFV-Ciuca, Guillermo y Carmelo Reyes, es el único concejal de CC en este municipio, Marcelino Galindo.


CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

Poco después de dar las 9.45 horas de la mañana entraba en las Oficinas Municipales el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Telde, Guillermo Reyes.

Según confirmó el concejal de AFV-Ciuca (socio del Partido Popular en el gobierno municipal), todos los representantes de los distintos grupos políticos de la Corporación teldense eran convocados a una reunión de urgencia en la segunda planta de las Oficinas Municipales.

También ha trascendido que el todavía alcalde no está presente en esta reunión.

El motivo de esta reunión es debatir la sustitución del alcalde popular, Francisco Valido, a raíz de los últimos acontecimientos acaecidos en Telde relacionados con una presunta trama de corrupción y que, de momento, ya ha provocado un total de diez detenciones entre políticos, funcionarios y empresarios de este municipio.

El nombre propuesto por los hermanos Reyes, Guillermo y Carmelo, para relevar en su cargo a Valido es el concejal de Coalición Canaria, Marcelino Galindo, un histórico de la política en el municipio de los faycanes.

El CCN decide si abandona o no el pacto

Por otra parte, el Centro Canario Nacionalista (CCN), el otro socio en el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Telde, tomará este miércoles la decisión en cuanto a su continuidad o no dentro de dicho pacto

Enrique Guzmán, el empresario madrileño imputado en la trama eólica, le entregó este martes al juez la documentación acerca de una supuesta operación inmobiliaria con la que se pretendía justificar el ingreso de 23.000 euros en una cuenta en Luxemburgo, por intermediar en esta operación a la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana en prisión por esta causa.

Josefina Navarrete, abogada de la defensa del empresario Enrique Guzmán, aseguró que durante la nueva declaración de su cliente le pidieron los documentos de las operaciones, los presentamos y realizó "una serie de matizaciones y aclaraciones que quedaban por concretar". "Está todo justificado y acreditado documentalmente y nos vamos con la misma tranquilidad que vinimos", aseguró.

La letrada insistió en que el ingreso de 14.000 y 9.000 euros "no tienen nada que ver con la trama eolica, ni tampoco los pagos, las facturas, ni se pagó soborno ni se obtuvo ninguna concesión ni nada que se le parezca". La letrada afirmó que abandonaron el juzgado "con la misma tranquilidad que vinimos".

El imputado permaneció declarando cerca de dos horas, y permanece en libertad bajo el pago de una fianza de 150.000 euros, ante el magistrado Miguel Angel Parramón, titular del juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria.

Guzmán, empresario afincado en Madrid, sigue en libertad bajo fianza, señaló Navarrete, quien apuntó que se ha sembrado "la alarma injustificadamente" sobre su cliente.

La investigación judicial y policial de la 'Operación Faycán' intenta determinar si, además de la Concejalía de Obras Públicas, hay otras áreas del Ayuntamiento de Telde en las que presuntamente se habrían cobrado comisiones o se habrían realizado presiones para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras o en el fallo de concursos.
Una de las líneas de investigación abiertas se centra, como ya apuntó este periódico el pasado jueves, en el concurso de saneamiento convocado por el Ayuntamiento y en el inusitado interés que, a juzgar por las averiguaciones policiales, habrían mostrado dos concejalas por sendas empresas concurrentes: María Antonia Torres en favor del grupo empresarial Santana Cazorla y Candelaria Sánchez, de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) por la empresa Verde.
En enero de este año, la policía capta una conversación de María Antonia Torres en la que, al aludir a su compañera de pacto de gobierno y a las supuestas preferencias de ésta por la empresa Verde, afirma textualmente lo siguiente: «Se lo llevará aquella enterito. La concejala se lo llevará enterito. Más para su bolsillo, que es lo que está haciendo. Pues vale; perfecto».
Las circunstancias que han rodeado ese concurso también se convertirán en uno de los ejes de la comisión de investigación que se acordó en el seno del Ayuntamiento de Telde. La oposición está muy interesada en saber los detalles que rodearon dicho concurso y en las supuestas presiones de concejales gobernantes para favorecer a una u otra empresa.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la oferta de Santana Cazorla era la mejor desde el punto de vista económico, con una rebaja de 70.000 euros en el coste. Sin embargo, los técnicos se habrían decantado por la de Verde al considerar que ofrecía en conjunto mejores condiciones sobre la realización de los trabajos. El juez podría citar en los próximos días en calidad de testigos o de imputados a diversos técnicos municipales que participaron en dicho concurso. No se descarta, asimismo, que sea citada la concejala Candelaria Sánchez, lo que daría otra dimensión política al caso al entrar en escena una representante de Ciudadanos por el Cambio.
El Juzgado investiga también la actividad de otro concejal gobernante en relación con el trato financiero a las empresas que teóricamente abonaban comisiones.

La polémica desatada alrededor del innecesario, devastador y técnicamente desaconsejable proyecto del puerto de Granadilla en Tenerife, con un fuerte rechazo social, me obliga a dirigirle este nuevo escrito del que remito copia a las diferentes Administraciones Europeas y Órganos de su Partido Político, haciéndole una serie de matizaciones y aclaraciones, tal vez desconocidas para usted pero con seguridad no para los responsables de su partido en estas Islas Canarias.
A bote pronto usted me podría decir que le haga estas matizaciones al presidente del Gobierno de Canarias Don Adán Martín Menis, a lo que le contestaría de forma tajante y muy rápidamente que no, y ello en base, por un lado, a que es el Gobierno de la Nación que usted preside el responsable del proyecto ante Europa, y por otro, a unos oscuros intereses o compromisos muy alejados de la legalidad que no es otra que la que le asiste a este disparatado proyecto para haber sido declarado ilegal por la Unión Europea.
Señor Rodríguez Zapatero, le he dirigido múltiples escritos en calidad de presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz y como vocal del Patronato de Espacios Naturales Protegidos de la Isla de Tenerife, relacionados con este traumático proyecto que acabaría con varios de los entornos naturales más importantes y mejor conservados de la Isla y que, además, generaría graves afecciones medioambientales negativas irreversibles e irrecuperables que no se podrían compensar de ninguna manera.
A mí y a muchos miles de canarios nos preocupa muy poco todo lo que sobre este proyecto vienen haciendo tanto Coalición Canaria y el Partido Popular, sabemos quienes están detrás. Nos preocupa la actitud del PSOE en el que tanto habíamos confiado y del que esperábamos y seguimos esperando, haga imponer la legalidad, retirando su apoyo al proyecto y asumiendo la vulnerada Directriz Europea Hábitat 2000. El puerto de Granadilla no es de interés público de primer orden, ni de segundo ni de ningún orden y mucho menos por razones imperiosas de interés económico y social, y menos aún si esto se quiere justificar por la imposibilidad de crecimiento del de Santa Cruz. Esto es, simple y llanamente, una MENTIRA FLAGRANTE que ustedes no pueden tolerar ni permitir. Que lo sepa la Unión Europea, el Puerto de Santa Cruz se puede ampliar ¡Y MUCHO! y sobre entornos ya degradados. Es una más de las varias alternativas existentes al puerto de Granadilla.
Señor Presidente, yo no estoy afiliado a su partido aunque apueste por él. Es nuestra última esperanza, no en vano hice una importante campaña pública a su favor, creo que muy positiva, en las últimas Elecciones Generales tras adquirir compromisos mutuos con su Ejecutiva Insular, en una reunión que celebramos en el Parlamento de Canarias el día 8 de Marzo de 2004, compromisos que ustedes no han cumplido por anteponer pactos políticos con CC. De esta forma están colaborando con las pretensiones de destrucción de este pequeño y frágil territorio orquestado por el citado partido, tratando de sacar adelante, a pesar de todo, este depredador proyecto que, encima, sería un tremendo disparate técnico sin precedentes por los intensos vientos que se sostienen en aquella zona durante la mayor parte de los días del año, los más duros de la Isla de Tenerife.
Estamos cansados y es por lo que le ruego que le retire su apoyo, de oír y leer a listos interesados y al propio presidente del Gobierno de Canarias, graves mentiras que ustedes como Gobierno del Estado no deben permitir. La más grave sin duda es la que le he citado y que se acompañó al proyecto, relativa a las razones imperiosas de interés económico y social o al agotamiento del Puerto de Santa Cruz para justificar el de Granadilla. Han hablado de escasez de espacios portuarios en Santa Cruz, cuando han tenido la desfachatez de autorizar asentamientos dentro del recinto a empresas totalmente ajenas a la actividad portuaria. También han hablado de que en Santa Cruz se tendrían que afrontar prohibitivas profundidades (300 metros), para lo que han utilizado el mismo proyecto que Granadilla y no el adecuado a sus propias batimetrías que existe, proyecto con el que no se superan los 70 metros de profundidad máxima.
Igualmente debe saber que también han utilizado otros argumentos mentirosos y lamentables como, por ejemplo, que en Santa Cruz no se puede afrontar la Dársena Norte por la existencia de un Lugar de Interés Comunitario, el LIC Sebadales de San Andrés, cuando ese LIC ha sido sepultado por las obras que la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a cabo en el lugar para ganar espacio ZEC. Existen filmaciones y creo que planos oficiales del Cabildo de Tenerife al respecto. Otra es que el puerto de Granadilla es necesario para disminuir el tráfico de camiones pesados y con mercancías peligrosas por la autopista del sur (se refiere a combustibles para el Aeropuerto del Sur y para la Central de Endesa). ¡Es increíble!, existe un campo de boyas en sus cercanías para su descarga totalmente operativo, que no quieren utilizar o no les conviene.
El incremento de camiones con mercancía general o porta-contenedores, sobre el que dice que disminuirá si se hace el puerto de Granadilla, que le voy a decir sólo que haga sus propios cálculos teniendo en cuenta que el 80% de la población de la Isla reside en Santa Cruz, La Laguna y Norte de Tenerife, ¡muy claramente no disminuiría sino todo lo contrario!, se incrementaría y mucho, en más de 2.000 camiones/día.
Más disparatados argumentos: para la introducción del Gas. Aparte de lo desaconsejable que es la introducción de ese combustible fósil y peligroso en una Isla con la orografía de Tenerife, si tuviera que hacerse insistiendo en que sería un disparate, hay fórmulas menos depredadoras cada vez más utilizadas, como las Instalaciones Off-shore. Esto lo reconoció la propia ministra de Medio Ambiente, Doña Cristina Narbona Ruiz, en su reciente visita al Archipiélago. ¿A que obedece este empecinamiento del Gobierno de Canarias si se reconoce esto?, simplemente a lo mismo, a no perder el puerto de Granadilla y todo lo que le rodea.
Don Adán Martín Menis, en la creencia, posiblemente interesada, de que vive en un Continente, habla de plataforma logística tricontinental, de territorio único y de otras barbaridades. El que él lo diga no quiere decir, ni mucho menos, que sea lo deseable ni lo conveniente. Llega hasta deja entrever la necesidad de ese puerto para acortar tiempo en los desplazamientos de los canarios de la Provincia Occidental. Tal vez cuando lo dijo se despistó y no se dio cuenta que también quiere situar a escasos metros una Regasificadora y que habría que cumplir, ante todo, las distancias de seguridad establecidas. En fin, todo un cúmulo de despropósitos con tal de sacar adelante ese disparate devastador del puerto de Granadilla, aunque con ello ponga en riesgos de por vida al cercano turismo, principal y única posible fuente de ingresos de las Islas.
Dice el presidente… “pequeños grupos minoritarios…” en referencia a los opositores al puerto de Granadilla, ¿cómo se puede decir esto y quedarse tan tranquilo? Si más de 56.000 firmas presentadas en el Parlamento de Canarias en la mayor Iniciativa Popular de la historia de Canarias o dos manifestaciones de 100.000 personas o múltiples y masivos actos de todo tipo, son para él grupos minoritarios, ¡ya me dirá usted! Seguro que piensa como yo o como dicen las encuestas, estamos hablando de una mayoría de la población, ni más ni menos como si en Madrid salieran a la calle más de un millón de personas.
Tiene asimismo la desfachatez de hablar de la necesidad del puerto de Granadilla para la pervivencia de las futuras generaciones y sin embargo se ha propuesto dilapidar nuestros recursos naturales en su generación, la nuestra, ¡toda una hipocresía! Y esto sin entrar a considerar sus públicos deseos de controlar los masivos incrementos poblacionales en un territorio tan limitado como el dice, pues bien para esto debe entender como muy adecuado hacer infraestructuras innecesarias como ese puerto, que si bien no generaría puestos de trabajo en su funcionamiento sino trasvases desde el de Santa Cruz, si atraería una importante población foránea durante la fase de construcción, población de la que con seguridad una buena parte se asentaría en Canarias de forma definitiva.
Que el señor Martín Menis eche ahora culpabilidades por su boca hacia los grupos ecologistas en relación a la pérdida de 72 millones de fondos de la Unión Europea, es otra falacia más. Si los hubiese solicitado para el Puerto de Santa Cruz como tendría que haber hecho, aunque sus obras no fuesen tan suculentas para algunos, Tenerife tendrían solucionada su capacidad portuaria por muchos años y aquí todos tranquilos. Yo, como presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz en la que se encuentran integrados relevantes socialistas, me ofrezco a facilitarle toda la información que esté en mis manos y que usted considere de interés, para clarificar todas esas mentiras inaceptables vertidas, en sus propios intereses, por potentes empresarios y políticos afines, para desvirtuar al suficiente Puerto de Santa Cruz y seguir justificando la barbarie, pero apetitosa para ellos, obra del puerto de Granadilla y todo su entramado.
Podría, si lo tiene a bien, ordenar abrir una investigación de oficio “DESDE SU PRINCIPIO”, ¡tal vez nos sorprenderíamos! Si tiene dudas, evalúe la solicitud que les hice hace un par de años de que abrieran una investigación sobre la Marina Deportiva Privada de Valleseco de la empresa Arlink Canarias de Inversiones, S.L. (de…) y todo lo que después ha aflorado sobre ella. Gracias a Dios se actuó a tiempo y se logró la paralización de este disparate especulativo que tanto daño le hubiera hecho al Puerto de Santa Cruz y a la ciudadanía tinerfeña. Por favor, haga lo mismo en el caso de Granadilla, la protección del mayor y mejor conservado ecosistema de la Isla de Tenerife está en juego. Se lo ruego, no permita que acaben con él.
¡HAY VARIAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AL PUERTO DE GRANADILLA!

Santa Cruz de Tenerife, 2 de Marzo de 2006

El asesor del Ayuntamiento grancanario de Telde Francisco Gordillo ingresará a prisión por orden del juez que instruye el caso Faycan, mientras su hijo, Juan Francisco Gordillo, ha quedado en libertad con cargos y sin fianza, informó hoy el abogado de ambos, José Mario López.
Padre e hijo fueron detenidos junto a la concejal del PP Antonia Torres, que anoche ingresó en prisión, su marido Enrique Orts, que quedó en libertad con fianza de 60.000 euros, y los empresarios Felipe Ojeda y Antonio Nadal, que quedaron en libertad con cargos.
El abogado adelantó que el lunes presentará un auto de reforma en los juzgados de Telde para recurrir la decisión del juez encarcelar tanto a Torres como a su asesor, y acudirá a la prisión a llevar ropa a Gordillo y a entrevistarse con la concejala.
El letrado explicó después de que padre e hijo declararan ante el juez, durante algo más de media hora cada uno, que el padre respondió correctamente, sin dudar y muy tranquilo.
Aunque el juez no le explicó los motivos por los que ha decidido encarcelarlo, considera que ha sido para evitar el entorpecimiento de la investigación.
Ambos se declararon inocentes del delito de cohecho que les imputa el juez, algo que el abogado no entiende porque ninguno es funcionario, añadió.
Asimismo, explicó que los teléfonos de ambos no fueron pinchados y que entre las empresas que nombraron y serán investigadas destaca Mazzoti.
López explicó que solicitó al juez que Francisco Gordillo pase su primera noche en prisión acompañado debido a su delicada salud, algo que suele ser una práctica habitual en la cárcel, donde los recién llegados duermen acompañados por presos de confianza.
Asimismo, los empresarios Felipe Ojeda Pérez y Antonio Nadal Moreno, quedaron en libertad con cargos, Nadal con una fianza de 100.000 euros.

-"Aznar autoriza que representantes del gobierno diaolguen directamente con eta". El Mundo, 11 de abril de 1998.
-"Aznar promete a eta iniciar el proceso de paz si demuestra que acepta las reglas democráticas". El Mundo, 10 de marzo de 1998.
-"Aznar estudia anunciar en los próximos días el acercamiento de presos de eta". El Mundo, 17 de diciembre de 1998.
-"Borrell ofrece el apoyo del PSOE para alcanzar la paz". El Mundo, 6 de noviembre de 1998.
-"El Gobierno negociará con eta su reinserción en la sociedad vasca". El Mundo, 6 de noviembre de 1998.
-"El Gobierno ordena al Cesid que tienda puentes hacia eta". El Mundo, 3 de noviembre de 1998.
-"El Gobierno estudia nuevos traslados de presos de eta antes de Navidad". El Mundo, 18 de noviembre de 1998.
-"El PSOE respeta y apoya las medidas del Gobierno". El Mundo, 19 de diciembre de 1998.
-"El Gobierno admite contactos con el entorno de eta". El Mundo 12 de diciembre de 1998.
-"Aznar reafirma estar dispuesto "al perdón y la generosidad"". El País, 6 de noviembre de 1998.
-"Aznar dice que merecería la pena la generosidad si así lográsemos la paz". El País, 4 de mayo de 1998.
-"Piqué aclara que el gobierno está dispuesto a dialogar directamente con eta". El País, 5 de noviembre de 1998.
-"Aznar no exigirá a eta entregar las armas". El País, 1 de noviembre de 1998.
-"Aznar promete a Puyol explorar todas las posibilidades de diálogo para acabara con eta". El País, 25 de septiembre de 1998.
Ya está bien de mentiras, ¿Se puede ser más irresponsables, más demagogos, más cínicos?

Fuente: Opinión de Canarias Ahora.

Las cifras no son buenas en el principio de 2006. Más de 2.000 personas han llegado de manera irregular en sólo dos meses, algunas de las cuales han sufrido graves consecuencias por las dificultades del viaje. Uno de los inmigrantes que arribó a Gran Canaria ayer se encuentra ingresado con una hipotermia severa.
Hoy es 3 de marzo y hoy 1399 seres humanos se apilan en los centros de internamiento de Canarias de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 2 de marzo han arribado hasta las costas canarias 2003 inmigrantes, cifras que dejan atrás los buenos datos de 2005. Sólo en Gran Canaria el incremento en febrero con respecto al año anterior ha sido de un 1.400% y en Tenerife de un 98%. Sólo Fuerteventura tiene algo de respiro con descensos de hasta el 49%. En todo 2005 el número de inmigrantes detenidos ascendió a 4.751.

El delegado del Gobierno, José Segura, acusa este fuerte incremento a que las mafias se han trasladado a Mauritania tras lograr, gracias a varios acuerdos con Marruecos, que el número de inmigrantes que llegaban al Archipiélago, tras jugarse la vida en el océano, fuera considerablemente menor. Como solución Segura vuelve a insistir en la colaboración de los países de origen, recuerda el proyecto europeo Sea Horse anunciado por el Ministerio del Interior. El representante del Gobierno español en Canarias también señala que el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado de Inmigración viajarán próximamente a Mauritania para «culminar acuerdos que se vienen gestando en las últimas semanas».

De cualquier forma, Segura quiere tranquilizar «a quienes tienen esa sensación de invasión en lugar de compasión porque ninguno de estos pobres seres humanos se queda en Canarias». De hecho, 90 inmigrantes fueron trasladados ayer a la Península en dos de los tres aviones que el Ministerio del Interior tiene exclusivamente para este fin.

A pesar del fuerte incremento del número de inmigrantes cuyos destinos se sitúan al occidente de Gran Canaria, Segura niega la existencia de barcos nodriza ante la falta de pruebas y apuesta por la resistencia de los cayucos, embarcaciones de fibra de 18 metros de eslora con hasta dos motores de 40 caballos cada uno.

Comparar

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno, Carolina Arias, insiste en no perder la perspectiva y recuerda que 2005 fue el año en el que menos pateras arribaron a Canarias. Sin embargo, si se toma de referencia el año 2004, aunque las diferencias no son tan abismales, llegaron menos inmigrantes. En Gran Canaria se interceptaron en enero y febrero siete pateras con un total de 212 personas a bordo. En Fuerteventura las cifras sí son mucho mayores, 40 pateras con 1123 personas.

A las 4.15 horas de ayer llegaban a las costas de Gran Canaria 49 inmigrantes uno de los cuales sufría una hipotermia severa y se temía por su vida. Aún sigue ingresado en el servicio de Urgencias del Hospital Insular. También ayer, a las 8.00 horas, fue interceptado un cayuco a una milla y media de Tenerife con 35 subsaharianos a bordo y remolcado por la Guardia Civil hasta Los Cristianos.

Las cifras:

Gran Canaria:

Enero 2005: 65
Enero 2006: 261
Febrero 2005: 37
Febrero 2006: 555

Fuerteventura:

Enero 2005: 346
Enero 2006: 178
Febrero 2005: 188
Febrero 2006: 108

Lanzarote:

Enero 2005: 81
Enero 2006: 17
Febrero 2005-2006: 0

Tenerife:

Enero 2005: 0
Enero 2006: 216
Febrero 2005: 227
Febrero 2006: 449

La Gomera:

Enero- febrero 2005: 0
Enero 2006: 49
Febrero 2006:0


Fuente: Canarias 7

El juez ha decretado este viernes el ingreso en prisión de la concejal de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento de Telde, María Antonia Torres, por un presunto delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El magistrado ha dejado en libertad con cargos y bajo una fianza de 60.000 euros a Enrique Orts Herrera (interventor municipal de fondos y marido de María Antonia Torres) tras prestar declaración en el Juzgado número 3 de Telde. También los empresarios Felipe Ojeda y Antonio Nadal han sido puestos en libertad con cargos.



María Antonia Torres y Enrique Orts Herrera han sido acusados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas, y tras negarse a contestar a las preguntas de la Policía Nacional ambos tuvieron que declarar en la tarde de este viernes ante el magistrado que instruye el caso.

Tras la decisión del magistrado, Javier García, el abogado de Toñi Torres, José Mario López Arias, declaró que el envío a Salto del Negro de su defendida como medida cautelar ante la posible destrucción de pruebas. Asimismo, López Arias aseguró que el juez le había confirmado que "desde que termine el periodo de instrucción la dejará en libertad".

No obstante, el letrado reconoció no saber cuánto puede durar este periodo de instrucción, teniendo en cuenta que, posiblemente, el juez aún querrá tomar más declaraciones.

El juez baja la fianza para Enrique Orts

Por otra parte, el interventor municipal de fondos y marido de la concejal popular, Enrique Orts Herrera, ha salido en libertad bajo fianza acusado de la presunta comisión de los mismos delitos que Antonia Torres.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número tres de Telde decidió rebajar la fianza de 100.000 euros solicitada por el fiscal Anticorrupción, Luis del Rio, dejándola en una cuantía de 60.000 euros.

El abogado de Torres y Orts, que también lo es del asesor de la concejala, Francisco Gordillo, y del empleado de la empresa Cobra, Juan Francisco Gordillo Chamorro -hijo del cargo de confianza de la edil, insistió ante los periodistas en la inocencia de su defendida basándose en que la concejala "no tiene poder de decisión" por sí misma, por lo que para realizar cualquier tipo de adjudicación "se necesitan tres o cuatro firmas más". "Con su firma sólamente no puede adjudicar nada", declaró López Arias.

Un interrogatorio "demasiado light"

José Mario López Arias reconoció a los medios que el interrogatorio del juez magistrado a la concejal del Partido Popular había sido "demasiado light". "Creo que el interrogatorio ha sido más duro con Enrique Orts que con Toñi Torres", manifestó el abogado, quien dijo que durante la toma de declaraciones Javier García no había utilizado las grabaciones de las escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Brigada de Información de la Policía Nacional.

La actuación del juez también fue calificada por el interventor municipal, quien aseguró que el trato había sido "exquisito" y que las preguntas "en absoluto" fueron "mal intencionadas". "Se nota que está bien dirigido, que sabe lo que está haciendo y lo que lleva entre manos".

Los dos empresarios detenidos, en libertad

Otro de los detenidos en la operación, Antonio Nadal (representante en Gran Canaria de la empresa Cobra), fue puesto en libertad con cargos después de comparecer este viernes a mediodía ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde.

A primera hora de la tarde también compareció ante el magistrado Felipe Ojeda (empresario de Felipe y Nicolás Ojeda Pérez), quien del mismo modo fue puesto en libertad con cargos tras prestar declaración. El joven empresario salió de los Juzgados con un semblante bastante serio y acompañado de su abogado, quien no quiso hacer ningún tipo de declaración.

Ambos empresarios habían comparecido la tarde anterior en las dependiencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional

Francisco Gordillo Suárez, asesor y persona de confianza de Torres, y su hijo, Juan Francisco Gordillo (empleado de la empresa Cobra), estaban siendo interrogados a última hora de la noche por la Policía Nacional. Está previsto que pasen a disposición judicial a lo largo de la mañana de este sábado.



CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

La concejala de Obras Públicas de Telde, Antonia Torres (PP), detenida este miércoles por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas, permanece en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Canarias, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Los otros cinco detenidos se encuentran en la comisaría de la Policía Nacional de Telde, añadieron las fuentes, que dijeron desconocer cuándo pasarán a disposición judicial.No obstante, según confirmaron a este periódico tras las detenciones otras fuentes de la investigación, la concejala y el resto de los arrestados pasarán entre 48 y 72 horas en comisaría antes de pasar a disposición judicial. Aunque en un principioa los seis arrestados fueron distribuidos entre las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional (tres de ellos) y las otras tres comisarías de distrito de la capital grancanaria, en estos momentos la única que permanece en la supercomisaría es la concejala del Partido Popular. Los otros cinco detenidos finalmente fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional del municipio teldense.Además de la concejala, han sido detenidos su marido, Enrique Orts, interventor municipal, el asesor municipal Francisco Gordillo y tres empresarios.Los empresarios detenidos son el responsable de la empresa Cobra Antonio Nadal, su empleado Juan Francisco Gordillo -hijo del asesor municipal-, y el empresario Felipe Ojeda Pérez, que regenta la empresa Felipe y Nicolás Ojeda Pérez.Los detenidos han sido acusados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas.Las detenciones forman parte de la denominada Operación Faycán, con motivo de la cual los agentes judiciales han efectuado registros en el Ayuntamiento de Telde y en catorce domicilios, despachos municipales y particulares en los que ha requisado documentación y material informático.Las investigaciones se iniciaron en julio de 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la Concejalía le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.

El empresario Alberto Santana solicitó este miércoles al juez que instruye el caso eólico, Miguel Ángel Parramón, que se depuren las responsabilidades del ex presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnáiz, de confirmarse la existencia de un contrato de Puertos que garantizaba un 3,5% de comisión de la producción de energía a Promotora de Recursos Eólicos, de la familia Esquivel, y que Hacienda recabe datos de la empresa de la misma familia que ha alquilado una vivienda al presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria.
Santana solicita al Juzgado que pida a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la copia del contrato que asegura a Promotora de Recursos Eólicos un 3,5% de comisión de la producción, aunque no fuera adjudicataria,”y se depuren responsabilidades si las hubiera contra el ex presidente de la Autoridad Portuaria José Manuel Arnáiz y otros”.Además, como continuación a la ampliacion de la denuncia del 22 de febrero pasado, contra José Manuel Soria, pone en conocimiento del Juzgado la obligatoriedad de la entidad mercantil Atlantic Buildings en haber presentado la declaración en la haciend pública de los formularios 347 de los años 2004 y 2005, “relativos a operaciones con terceros dnde deberán estar reflejados los importes cobrados a D. José Manuel Soria López por parte de dicha sociedad por los alquileres mensuales de su vivienda”.Explica Santana que debe ser así porque “dichas operaciones, como es obvio, deberían superar los 3.000 euros anuales dada la magnitud de la mansión donde actualmente vive el presidente del PP canario, propiedad de la familia Esquível, según consta en la revista Interviú”.En este sentido, Santana ha solicitado al Juzgado que pida a la Delegación de Hacienda en Las Palmas “las declaraciones relacionadas con la mercantil Atlantic Buildings relativas a las declaraciones de operaciones con terceros desglosadas, así como el detalle de las rentenciones de IRPF relativas a la vivienda de D. José Manuel Soria López o su esposa, para la comprobacion de que verdaderamente exista dicha relación de arriendo y no pudiera corresponder a la percepción de una dádiva”.Alberto Santana indica que, de verificarse como ciertos y presuntamente delictivos estos hechos, “sean puestos en conocimiento de la fiscalía anti-corrupción de Canarias para que informe y se instruya el procedimiento a través del órgano judicial competente”.

La Jefatura Superior de Policía, junto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de que la detención de seis personas en Telde, entre las que se encuentra la concejal de Vías y Obras, María Antonia Torres, del Partido Popular, se ha producido por estar presuntamente implicadas en la comisión de delitos relativos al tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa al Ayuntamiento de Telde.

Según ha informado la Policía, además de la concejal de Obras Públicas, María Antonia Torres, los detenidos son su marido Enrique Orts Herrera (Interventor municipal de fondos), Francisco Gordillo Suárez (empleado y asesor de la Concejalía), Antonio Nadal Moreno (responsable en Gran Canaria de la empresa Cobra), Juan Francisco Gordillo Chamorro, empleado de la anterior empresa y Felipe Ojeda Pérez, empresario de Felipe y Nicolás Ojeda Pérez.La Operación se ha realizado siguiendo las órdenes del Juez Instructor del Juzgado nº 3 de Instrucción de Telde, y en ella se están realizando catorce registros en domicilios particulares, despachos oficiales y en oficinas de varias empresas.En el desarrollo de las investigaciones se han detectado irregularidades, en las que, presuntamente, había participado la concejal y personas de su confianza, que prestan sus servicios en la Concejalía de Vías y Obras. Estas anomalías, dice la Policía, afectan principalmente al cobro de comisiones a empresas por la adjudicación de obras públicas.Las investigaciones se iniciaron en julio de 2005, a raíz de la denuncia formulada por el representante legal de una empresa de Telde. En su declaración manifestó que desde la Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento le fue exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra por la adjudicación de un proyecto a su empresa.Las gestiones practicadas con posterioridad determinaron que varias empresas han sido favorecidas en la adjudicación de contratos de obras o materiales al Consistorio. Fuentes de la investigación ha puntualizado que las pesquisas se basaron no sólo en escuchas telefónicas, sino también en seguimientos personales grabadaas vídeo.A raíz de la investigación se pudo comprobar que las mercantiles pagaban comisiones irregulares a uno de los asesores de la Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento por adjudicaciones millonarias, al parecer, Francisco Gordillo, uno de los seis detenidos.Según fuentes de las investigación, una de estas supuestas operaciones irregulares es la adjudicación de un contrato para la conservación y mantenimiento de distintas infraestructuras del municipio a la empresa Cobra. Una adjudicación por la que esta empresa habría pagado 180.000 euros a los cargos municipales ahora detenidos.Interior se remite a "las decisiones de los jueces"El ministro del Interior, José Antonio Alonso, eludió este miércoles en rueda de prensa cualquier pronunciamiento sobre la operación policial que tuvo lugar en Telde, asegurando que se remitía "a las decisiones de los jueces" y los profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado.Alonso, que no quiso realizar ninguna valoración al respecto, agregó que todas estas operaciones se están desarrollando de acuerdo con "los esquemas consticionales" relativos al reparto de funciones entre los distintos poderes del Estado.

Los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria influyeron de modo decisivo en aspectos clave durante la elaboración de las bases del concurso de asignación de potencia eólica, actualmente investigado en varios de sus aspectos por el juez Miguel Ángel Parramón. Lo reconocen muchos agentes que intervinieron en las negociaciones, a las que no fueron ajenos el presidente del Gobierno, Adán Martín, y el del Partido Popular canario, José Manuel Soria. Ambos celebraron al menos dos reuniones para pulir aspectos del concurso eólico.
El Cabildo de Tenerife tenía especial interés en aportar los suelos para los parques eólicos, que habrían de apoyarse en su Instituto Tecnológico (ITER). Melchior insistió mucho en estos aspectos ante Adán Martín, han confirmado fuentes oficiosas.El Cabildo de Lanzarote pretendía que la potencia a adjudicar en esa isla recayera en la empresa Inalsa, de modo que los beneficios energéticos repercutieran en el precio del agua desalada.En Fuerteventura, el entonces consejero insular de Política Territorial, Domingo Berriel, presionó ante el Gobierno del que hoy forma parte para que fuera el Cabildo majorero quien, mediante un plan territorial especial, decidiera las posibles ubicaciones de los parques eólicos.Todas estas pretensiones fueron canalizadas hacia el consejero de Industria, Luis Soria, del PP, cuyo principal interés era introducir en las bases el factor de corrección según el cual se premiarían las ofertas que se presentarna sobre suelo público. Ese interés fue coincidente con el del Cabildo de Gran Canaria.El concurso tenía dos fases, una de repotenciación para parques ya existentes, y otra libre. Esto dio lugar a que circularan varias versiones del concurso por los despachos de operadores interesados. En la Consejería de Industria había quien aseguraba que las bases eran conocidas al menos por treinta operadores, entre socios tecnológicos, dueños de suelos, instituciones públicas y hasta entidades bancarias.El origen de las investigaciones judiciales se sitúan precisamente en correos electrónicos en los que Celso Perdomo explicaba a determinados intermediarios cómo conseguir suelo público de ayuntamientos cercanos al PP. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que para entonces ya se habían cerrado acuerdos entre empresas públicas y privadas para poder concursar. “Quizás hayamos estado sin quererlo ante el concurso más transparente de la historia”, dijo en tono irónico un empresario que concursó.

Nunca en la historia de la autonomía de Canarias había habido un presidente de gobierno que representara menos a los casi 2 millones de residentes que hay en las islas y sí a una clase empresarial determinada, léase Antonio Plasencia o Luís Cobiellas, como lo ha hecho Adán Martín Menís durante estos 3 últimos años. Su mandato es fruto de su posicionamiento político al frente de su partido, de sus luchas interna, y de que recibió el voto de la mayoría en las últimas elecciones autonómicas. Este hecho, el que ganara las elecciones, no le da derecho a hacer lo que le dé la gana ni fue un cheque firmado en blanco que le dimos los ciudadanos. Las democracias modernas se han convertido en una pantomima, en unos procesos vacíos de contenido, en los que basta con que los electores depositen su voto en las urnas cada cierto tiempo y ya está. Luego se presupone que los políticos han recibido la confianza de la ciudadanía por un periodo determinado y así viene el olvido de ésta hasta que las nuevas elecciones. Entonces vienen las campañas mediáticas para convencer a los electores del voto. Campañas, por cierto, brutales en las que se usan todos los medios posibles y que cuestan mucho más de los que manejan los partidos. La toma de decisiones se hace de espaldas a los ciudadanos, no se debate nada y los únicos interlocutores válidos a los gobiernos son los grupos empresariales y los sectores financieros. A los ciudadanos se nos niega el derecho a la vida pública y al debate público de las decisiones. Las democracias, entonces, no son participativas sino solamente eso: pantomimas.

Adán Martín, e incluso Luís Soria, andan metidos ahora en atacar a los individuos y colectivos, ellos dicen los ecologistas pero podemos asegurar que la mayoría de las personas que estamos en contra del modelo económico que nos quieren imponer no somos estrictamente ecologistas, que estamos en contra de la construcción de un puerto industrial en Granadilla. En las últimas semanas el Defensor del Pueblo Europeo ha comenzado una investigación de oficio sobre sí las instituciones europeas están actuando de manera ética al no tener en cuenta las alternativas a las construcción del puerto en Granadilla que pasa por la ampliación de puerto de Santa Cruz. También ha sucedido que la Comisión Europea a mitad de enero estaba a punto de dar la aprobación a la construcción del puerto en Granadilla y que ha suspendido dicha decisión sine die.

Tanto Martín como Soria son cargos públicos que cobran su sueldo del dinero que todos los ciudadanos pagamos en los impuestos y están ahí para servirnos y rendirnos cuentas por sus acciones. Se nos deben a nosotros y ya ha pasado el tiempo en el que los gobernantes tenías sus súbditos. Por eso que hayan dicho ahora que los opositores al puerto no tenemos ninguna legitimidad porque no tenemos representación parlamentaria es de risa y de vergüenza ajena. La Constitución Española de 1978 en su Artículo 23.1 dice “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” (El subrayado es nuestro). Está claro que a un mandado de la burguesía caciquil tinerfeña y a un heredero del fascio franquista las palabras Constitución, Derecho y Participación Ciudadana se les atragantan en la boca porque les resultan muy anchas. Así también se atragantó en el parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa Popular entregada en abril de 2004 de 56.087 firmas, cuando para una iniciativa de este tipo son suficientes 15.000, que se recogieron para que las costas y el entorno de Granadilla fueran protegidos ya que no solo no se discutió en el parlamento sino que ni siquiera fueron admitidas a trámite. Muchas veces han sido las que, desde las plataformas opositoras al puerto, se les ha dicho a sus defensores que hagan un debate sobre el tema en las televisiones públicas y nunca han tomado siquiera en consideración dicho debate. Tienen miedo porque saben que las razones que esgrimen a favor del puerto no aguantan siquiera la inteligencia de un niño de 6 años.

La construcción de un puerto en Granadilla no es una infraestructura necesaria para el desarrollo económico de Tenerife ni mucho menos para el de Canarias como el presidente ahora mismo está diciendo de una manera exagerada y patética. La construcción del puerto en Granadilla es necesaria para que una clase político empresarial, que no representa a nadie más que a sus propios intereses económicos y que son una auténtica minoría, dé el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Canarias y salgan de allí con las manos muy llenas de dinero mientras a la mayoría de la población se nos deteriora el medio ambiente y se reduce nuestra calidad de vida. Lo que se quiera decir de beneficios para la sociedad de dicho puerto son vulgares mentiras. Todos hemos oído de que testaferros y sociedades terceras han estado comprando terrenos en la zona donde se quiere construir el puerto a muy bajo precio. Son operaciones opacas y no hay prueba de ellas pero la fiscalía anti corrupción podría abrir una investigación de oficio. No se entiende como en la provincia de Gran Canaria están saltando a la luz pública tramas de corrupción y en la provincia de Tenerife, donde la percepción de la corrupción es, sin duda, mayor aún no ha saltado ninguna.

Los colectivos e individuos que estamos en contra de esta infraestructura estamos casi agotando todas las vías que el estado de derecho da a los ciudadanos para protestar contra decisiones injustas. Estamos en la disyuntiva que tanto desde las instituciones canarias como de las del estado español se nos ha inorado de una manera descarada y que las únicas vías que nos quedan están en las de europea. No somos una minoría sino que cada día somos más. En un momento histórico para los movimientos sociales en Canarias se han tejido redes sociales perfectamente posibilitadas para dar una respuesta ciudadana contundente a cualquier cosa contraria al derecho que ocurra en las islas. Nos hemos movido y nos moveremos siempre dentro de la legalidad pero que no quepa la menor duda que si hace intenta hacer ese puerto vamos a llegar hasta la desobediencia civil. Nos plantaremos delante de las máquinas y nos subiremos a sus barcos el día que empiecen las obras, si finalmente empiezan, porque es cuestión de justicia y de dignidad.

El escrito de solicitud de la acusación particular de Inmaculada Lorenzo se extiende, también, al ex consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial Morales.
El abogado Francisco Melendo considera pertinente la citación de Morales en calidad de testigo, en la medida que se responsabilizó de la presidencia del Icfem entre los años 1999 y 2003 como consejero de Empleo y Asuntos Sociales bajo el mandato de Román Rodríguez.



En la documentación solicitada, el abogado hace referencia a las actas remitidas previsiblemene por los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma, concernientes a diversos consejos de gobierno, de los años 1993, 1998, 1999 y 2002, en los que hubo convalidación de gas de cursos de formación. El letrado destaca, también, la relevancia de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos.

El abogado de la acusación particular pretende dar un vuelco a la investigación e instrucción del caso, que hasta ahora se ha centrado en el ex consejero, Víctor Díaz, y en cinco ex directores generales.

De prosperar su iniciativa, un Gobierno entero de Coalición Canaria se encontraría ante la puerta del juzgado. Algunos de esos ex consejeros están ya fuera de la vida pública trabajando para empresas privadas. Lorenzo Olarte, que baraja volver a la política, lleva dos años criticando a los ex responsables del Icfem.




¿Qué es el 'caso Icfem'?
Formación a parados. Se trata del expediente más voluminoso de la historia judicial. El Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas investiga si hubo delito en la gestión de fondos públicos para impartir formación a desempleados.

Imputados. Hasta el momento, figuran como imputados un ex consejero del Gobierno y cinco directores generales, todos de CC.

Cambio de nombre. El Gobierno regional estaba tan abochornado de la imagen que propiciaba el Instituto Canario de Formación y Empleo que el actual presidente, Adán Martín, encargó a la ex consejera, Águeda Montelongo, que modificara la denominación.

Servicio de Empleo. El Servicio Canario de Empleo (SCE) lo dirige hoy la majorera Soledad Monzón, de Coalición Canaria.


Fuente: Canarias 7.

La orden judicial que obligó a cerrar las terrazas no sólo afecta al Carnaval. La contundencia del pronunciamiento judicial deja tocado al grupo de gobierno, encabezado por Pepa Luzardo; a las arcas municipales, que tendrán que desembolsar compensaciones a los afectados; y a los carnavaleros, que siguen perdiendo espacio en la calle para la fiesta.
El grupo municipal de gobierno mantendrá hoy una reunión de urgencia, justo antes del Pleno, para analizar las consecuencias de la orden judicial que obligó a cerrar las terrazas y los ventorrillos del parque blanco y que supuso un varapalo sin precedentes a la alcaldesa Pepa Luzardo, cuyo rechazo a acatar la sentencia fue calificado de «inaceptable» y «rebelde». Según confirmaron ayer fuentes municipales, no se descarta que tras esa reunión se adopte alguna posición de tipo jurídico, si bien no quisieron especificar el significado de estas palabras.
La contundencia de la orden judicial ha sorprendido al grupo de gobierno pero también a la oposición, que ayer criticó la política de oídos sordos mantenida por el PP.

«Nunca he leído un auto semejante», reconoció ayer el portavoz del Partido Socialista, Arcadio Díaz Tejera, «refleja tal desconocimiento del Estado de Derecho que impresiona en alguien que tiene 400 millones de euros en presupuesto para administrar y más de 2.500 empleados públicos a sus órdenes».

El edil socialista valoró la decisión judicial como un «auto de una gravedad y una trascendencia absolutamente inusitada»y adelantó que su grupo va a presentar una moción de urgencia para que «nunca más un responsable del Ayuntamiento avergüence a la población de Las Palmas de Gran Canaria porque cuando hay una sentencia firme, lo que hay que hacer es ejecutarla». Díaz Tejera encuentra inconcebible que la alcaldesa haya «dejado pudrir el asunto, haya amenazado a los vecinos con botellones espontáneos y se haya burlado de la justicia».

Por su lado, la portavoz de Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, señaló que «Luzardo se ha convertido en un peligro para el Carnaval y para la ciudad». Dijo que la resolución judicial «da un fuerte varapalo al comportamiento de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, reprochando su conducta reacia a cumplir una resolución judicial, lo que constituye la base del Estado de Derecho». La edil criticó el daño causado a los empresarios adjudicatarios de las terrazas y los ventorrillos, y lamentó que, al final, «las compensaciones por la mala gestión las tendremos que pagar con el dinero de todos los ciudadanos».


También se mostró crítica la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alicia Gómez, para quien la actitud de Luzardo era una muestra de «irresponsabilidad». «Lo que dice el Ayuntamiento es que le da igual una sentencia del Tribunal Supremo», afirmó, «y mientras, los vecinos se quedan desprotegidos, es algo increíble». Gómez destacó la falta de incidentes y dijo que «el pueblo canario es más civilizado y respetuoso con la decisión judicial que la propia alcaldesa».

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde, María Antonia Torres, ha sido detenida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el transcurso de una operación por una presunta trama de corrupción.
Además de María Antonia Torres, han sido detenidos su marido, que es interventor municipal, y otras cuatro personas, entre ellos Francisco Gordillo, asesor de la citada concejala.



La operación se inicia a partir de la denuncia del presunto pago de comisiones a cambio de contrataciones municipales. Una de esas denuncias derivó en una investigación judicial.

Esta detención es la segunda de un cargo relevante del Partido Popular en menos de un mes. Con anterioridad, el ex director general de Industria, Celso Perdomo, fue detenido y enviado a prisión por la trama eólica. Perdomo fue suspendido de militancia y todo apunta a que lo mismo sucederá en cuestión de horas con Torres.

El PP gobierna en Telde gracias a un pacto con Ciuca, formación independiente liderada por los hermanos Reyes.