Elena Peraza, economista, estudiante de postgrado en Dirección y Administración de Empresas y presidenta de la Asociación de Consumidores y Contribuyentes de Canarias, manifestó este domingo a OFFC que su organización "tiene plena confianza en que el sistema actuará en la investigación de los casos 'Marimón' y 'Becerra' con la misma diligencia que está demostrando para perseguir otros casos de supuesta corrupción en las Islas. No nos cabe la menor duda de que si no lo hacen los organismos judiciales españoles, lo harán las instituciones europeas. afortunadamente tenemos uno de los mejores sistemas de garantías de transparencia del mundo", comentó la joven activista de los derechos de los contribuyentes.

La Asociación Consumo Sí pide a la autoridad judicial comunitaria, y a la propia Comisión Europea, que se interesen "por prácticas de confusión de lo público y lo privado que en el Gobierno de Canarias no se limitan a los indicios que hemos descrito, sino que afectan a otros altos cargos de la Administración nacionalista", según explicó Elena Peraza a este diario digital.

Los casos expuestos por Consumo Sí se refieren a determinadas prácticas de la directora general de Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias, Flora Marimón Rodríguez, y del viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Becerra Domínguez.

Flora Marimón obtuvo contratos de organismos del Gobierno para su productora privada de Televisión por importe de, al menos, 100.000 euros, entre 2001 y 2003, coincidiendo con su etapa en el Gabinete de Prensa de Adán Pablo Martín Menis, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente autonómico.

Flora Marimón ha compatibilizado su puesto como cargo de confianza de Adán Martín con el de administradora única de Nexo Factoría de Comunicación SL, entidad dedicada a la comunicación publicitaria.

Como directora de Medios de Comunicación del Gobierno, Marimón Rodríguez es responsable de la contratación publicitaria de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, Miguel Becerra tiene presencia activa, desde 1997, en los órganos societarios de la firma Servicios Avanzados de Opinión SL, una empresa que ha resultado beneficiaria de contratos del Istac (Instituto Canario de Estadística), el Servicio Canario de Salud y otros organismos de la Comunidad Autónoma, desde 1999, coincidiendo con la etapa en la que Becerra Domínguez ha desempeñado altos cargos en los distintos Gobiernos de ATI-CC, siempre como estrecho colaborador de Adán Martín, primero como viceconsejero de Hacienda, después como viceconsejero de Economía y Asuntos Europeos, y actualmente como viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno.

Desde 1999, Servicios Avanzados de Opinión SL viene recibiendo contratos del Istac por un importe que, hasta la fecha, asciende a 806.000 euros (más de 134 millones de las antiguas pesetas). El primer contrato de esta firma dedicada a los estudios de mercado con la Consejería de Economía y Hacienda se produce en octubre de 1999, tres meses después de que Becerra entrase en el Gobierno como viceconsejero de Hacienda, promovido por Adán Martín, que entonces desempeñaba la cartera de asuntos económicos y financieros del Ejecutivo. Becerra simultaneaba, por aquellas fechas, su puesto en el Gobierno con el de consejero delegado de Servicios Avanzados de Opinión, un cargo en el que cesaría poco después, en diciembre de 1999, según los datos del Registro Mercantil reunidos por OFFC con la mayor facilidad, ya que se trata de datos públicos, accesibles por cualquier ciudadano.

En la actualidad, y de acuerdo con la información que consta en el mismo Registro Mercantil, Miguel Becerra desempeña el cargo de vocal en el Consejo de Administración de Servicios Avanzados de Opinión SL, donde se sienta junto a Juan Fuentes Tabares, propietario de la empresa de publicidad Atlantis Tenerife, adjudicataria de campañas del Gobierno de ATI-CC, o Luis Delgado Peral, director de la Asociación de Empresa Familiar de Tenerife y socio de Corporación 5, una consultora de la que es socio, además, el ex consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco (ATI).

Los casos 'Marimón' y 'Becerra' afectan a dos colaboradores directos de Adán Pablo Martín Menis., como ya ocurriera con el llamado caso 'Amorós'. La circulación de intereses privados y cargos públicos por los pasillos de la Presidencia autonómica viene a dar la razón a la denuncia que, en mayo de 2004, hizo el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre la confusión de lo privado y lo público en las esferas del Gobierno de Canarias.

La serie informativa que OFFC viene ofreciendo desde el pasado 25 de octubre pone en evidencia, ante todo, que los altos cargos del Gobierno de Adán Martín ni siquiera se esfuerzan en disimular su participación en empresas privadas que se benefician de contratos públicos.

Casos como el de Julio Brito, asesor de Adán Martín en temas de I+D y co-propietario de una agencia de viajes que en 2004 vendió servicios al Gobierno por 257.000 euros indican que la adjudicación de fondos públicos a empresas directamente participadas por altos cargos se realiza a plena luz del día.

La Ley 3/1997, de Incompatibilidades de miembros del Gobierno de Canarias, define con bastante precisión las prácticas que ningún alto cargo puede realizar