La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia que se inició ayer en Canarias dejó a los juzgados isleños trabajando ´al ralentí´, con unos servicios mínimos que poco podrán hacer para impedir que el atasco de expedientes que ya existe en el Archipiélago se multiplique hasta cifras incontrolables y, lo que es peor, con unas diferencias en la mesa de negociación que no invitan al optimismo.

Así, con este panorama, los sindicatos cifraron ayer en más de 500 el número de juicios que se suspenderán por cada día de huelga y en más de 6.000 el número de escritos que se paralizarán cada jornada, lo que, unido al histórico retraso que convierte a la Justicia canaria en una de las más lentas y saturadas del país (según datos del Consejo General del Poder Judicial), puede provocar un caos de papeles que tardaría años en ponerse al día.

Los funcionarios de Justicia reclaman un concepto salarial llamado complemento específico, que viene articulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según ésta, "es un complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de los mismos, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad...". Esto, según explica la portavoz del comité de huelga de los funcionarios, Mery Pita, "parte de nuestra estructura retributiva".

Las propuestas se han ido acercando a lo largo de la negociación entre funcionarios y Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. En un principio, los trabajadores pedían una subida de 272 euros "que nos pondría en la media que por este mismo concepto perciben los funcionarios de los mismos grupos que nosotros en la Comunidad Autónoma de Canarias", según explica Mery Pita. Pero la propuesta inicial del Gobierno era de 30 euros por funcionario, que posteriormente subió a 60.

El pasado viernes, en una reunión celebrada en la capital grancanaria, las posturas se acercaron, pero no lo suficiente como para suspender la huelga que se inició ayer ni para evitar que el comité de huelga en peso de los funcionarios decidiera pasar el fin de semana sobre la mesa de negociación y a base de bocadillos.

En la reunión celebrada el viernes, los funcionarios bajaron su petición salarial a 182 euros por trabajador, pero el Gobierno de Canarias se quedó en una subida de 120. Según Mery Pita, esa diferencia suponía un esfuerzo global por parte del Gobierno de 1,3 millones de euros, "y por ese dinero estos señores quieren llevar a los funcionarios de Justicia a una huelga indefinida". REUNIÓN. En la tarde de ayer volvieron a reunirse, esta vez en Tenerife, el comité de huelga y los representantes del Gobierno de Canarias, concretamente el viceconsejero de Justicia y la directora general, Francisco José Díaz Brito y Carolina Déniz de León. La reunión comenzó a las siete y media de la tarde, debido a un problema de vuelos de los representantes sindicales que acudieron desde Gran Canaria.

Al cierre de esta edición, Gobierno y representantes sindicales seguían sentados en la mesa de negociación en una reunión que se prolongó durante horas. Ambas partes buscaban una solución al conflicto con el fin de poder desconvocar la huelga, y según aseguraron fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, bien entrada la noche se había conseguido acercar posturas y ambas partes estaban en el buen camino para desconvocar la huelga.