Así lo anunció hoy en un comunicado recibido desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Telde, Faycanato y la Asamblea de Asociaciones Vecinales de Telde, Favi, tras presentar, en la Delegación del Gobierno en Canarias, la solicitud para realizar esta manifestación, en protesta por la presunta trama de corrupción relacionada con el cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de obras públicas que afecta a los dos partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de Telde, el PP y AFV-Ciuca.
Hasta el momento, son 16 los imputados por el Caso Faycán, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde, Javier García, quien mantiene en prisión desde el pasado 3 de marzo a la ex concejal de la ex concejala de Obras Públicas de Telde, Antonia Torres, del PP, a la que se imputan los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
La manifestación convocada por las asociaciones vecinales del municipio partirá de la Plaza de San Gregorio y proseguirá por la Avenida de la Constitución, Rotonda de Daora, para continuar por las calles Manuel A. Peña, Doctor Hernández Benítez, Pérez Camacho y León y Castillo, y finalizar en la Plaza de San Juan.
Según informó La Somada, esta convocatoria nace del acuerdo tomado por una treintena de asociaciones vecinales de Telde junto a las Federaciones Faycanato de Telde y FAVI, que, en una asamblea celebrada el jueves "acordaron solicitar la dimisión del grupo de gobierno municipal por su clara incapacidad para gestionar el futuro de la ciudad".

El Organismo Social Kanario TITEROYGAKAT, manifiesta que, si ayudar a nuestros ciudadanos en sus graves problemas y denuncias, es ser racistas, pues lo somos. Desde esta página queremos denunciar los atropellos e injusticias que los Servicios Sociales, Responsables Institucionales y alguna que otra ONG, viene cometiendo con los Kanarios.

El apenas un mes, se viene denunciando la dejadez a la que tienen sometidos a una serie de vecinos necesitados, los Responsables de nuestros Organismos Oficiales.

En el Municipio de Tías, mas concretamente en la zona de Los Lirios, existe una persona mayor, discapacitada por amputación de una pierna y con problemas de obesidad mórbida, lo que le impide poder salir de su casa, ya que, vive en una tercera planta. Se ven imposibilitados hasta los sanitarios para efectuar su traslado a los Centros Hospitalarios. Dicha persona, se ha puesto en contacto con los responsables de Cabildo y Ayuntamiento, los cuales se han comprometido a solucionar en parte su problema, pero solo han sido promesas.

Tras incendiarse la vivienda de una familia de Valterra, en Arrecife, en la cual vivían muchísimas personas, una familia compuesta de cinco personas, se vieron en la obligación de tener que trasladarse hasta La Santa, para vivir en un minúsculo barquillo, en un espacio de dos metros cuadrados, y viéndose imposibilitados de trasladar sus tres hijos pequeños al colegio, al no disponer de medios para ello. Y los responsables Institucionales están informados, pero no habían hecho absolutamente nada por esta familia de Lanzaroteños.

Doña Carmen García, jubilada y con una escasa pensión, que apenas le da para ella sola, tiene a su nieta con diez años, huérfana de madre desde hace seis años y de padre desde hace cuatro años. Pues bien, desde hace varios años, esta señora cuida de su nieta y ha solicitado la pensión de orfandad a la que su nieta tiene Derecho, una vez mas, nuestras Instituciones niegan comida, educación y subsistencia a uno de sus hijos, por puros motivos burocráticos, aludiendo a que su difunto padre no había cotizado lo suficiente a la Seguridad Social. No existe tampoco ninguna ayuda por parte de Servicios Sociales, ni del Ayuntamiento de Arrecife, ni del Cabildo Insular, ni por parte de la Comunidad Autónoma.

Suma y sigue, problemas como estos, a miles en Kanarias, a los cuales, ni se les atiende, ni se les ayuda, por el simple y único hecho de ser nacidos en Kanarias. Pero sin embargo, nuestros políticos gastan cientos de miles de millones de euros, para ayudar económicamente a los Inmigrantes, directamente o a través de ONGs, se les va a buscar, comida, ropa, techo, educación, seguridad, repatriaciones, y a los menores se les da una paga de fin de semana, ropa, y cuando cumplan dieciocho años, tienen una paga mensual hasta que encuentren trabajo. Todo esto con dinero que todos los trabajadores aportamos, y son nuestros políticos los que niegan que con nuestros dineros se ayuden a nuestros hijos cuando lo necesitan.
El Fariseismo político Institucional español, es de guasa, ayudan a los de afuera sin condiciones, y niegan esa ayuda a sus propios conciudadanos. Somos racistas, no contra los Inmigrantes, mas bien, contra nuestros políticos e instituciones. Motivos nos dan diariamente con sus acciones y omisiones.


Ante los expuesto solicitamos a nuestro Pueblo, se piense si debe seguir pagando o no impuestos y voten en blanco en las próximas elecciones. Estas medidas son las únicas que pueden hacer que tengamos una verdadera Democracia y que nuestros políticos gasten nuestro dinero en primer lugar, pensando en nosotros y en nuestras necesidades.
Los Kanarios también tenemos Derechos Humanos.



Presidente de TITEROYGAKAT

El paro aumentó durante el primer trimestre de este año con respecto al periodo anterior en catorce comunidades autónomas, especialmente en el País Vasco (18,96%), Baleares (14,39%) y Canarias (13,99), mientras que sólo bajó en La Rioja (-11,82%), Cantabria (-11,57%) y Andalucía (-2,52%).

Según la EPA, las mayores tasas de paro se registraron en Andalucía (13,34%), Canarias (11,95) y Asturias (10,23), además de en Ceuta (26,96) y Melilla (16,82), en tanto que las más bajas se localizaron en La Rioja (5,80) y Madrid (5,92). En términos absolutos, el paro subió más a lo largo del primer trimestre en la Comunidad Valenciana, donde se registraron 22.800 parados más; Cataluña, con 14.600; y Canarias, con 14.400; mientras que sólo bajó en Andalucía (-12.200 parados), Cantabria (-2.500) y La Rioja (-1.200).

Respecto al mismo trimestre del año anterior, el paro bajó en 14 comunidades autónomas, especialmente en Madrid (-26,03%) y Cantabria (-23,57%), y subió en Castilla-La Mancha (4,98), Navarra (3,18) y Aragón (2,86%). En términos absolutos, el paro descendió especialmente en Madrid (65.400 parados menos), Cataluña (-22.500) y Comunidad Valenciana (-20.200), mientras que subió en Castilla-La Mancha (3.900), Aragón (1.000) y Navarra (600 parados más) y Ceuta (2.200).

Por su parte, el Archipiélago registró un descenso interanual absoluto de 3.100 parados, según los datos del INE.

Peor en Las Palmas

La tasa de desempleo de Las Palmas (12,24%) supera la correspondiente de Santa Cruz de Tenerife (11,62%) al contabilizarse 64.000 desocupados en la provincia oriental y 53.500 en la occidental.

En total, la población activa en Canarias se situó, al cierre del primer trimestre de este año, en 983.200 personas, 42.700 más que un año antes. De ellas, 865.700 estaban ocupadas, 45.700 más que hace un año.

En el primer trimestre se crearon 85.900 empleos en España, lo que situó en 19.400.100 las personas ocupadas, mientras que la población activa aumentó en 180.400 personas hasta alcanzar las 21.335.900 personas y una tasa de actividad del 57,98%. Durante los últimos doce meses, el paro bajó en 163.200 personas y se crearon 907.500 puestos de trabajo.

En el primer trimestre del año, en comparación con el periodo anterior, el desempleo masculino subió en 25.200 hasta los 846.400 parados, con una tasa de paro del 6,81% de la población activa, mientras que el femenino aumentó en 69.300 hasta alcanzar el 1.089.400, el 12,22% de la población activa. Entre enero y marzo, la ocupación masculina creció en 26.000, lo que elevó su tasa de actividad al 68,93%, en tanto que la femenina ocupó 59.900 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar las 7.824.500 personas ocupadas, el 47,47%.

En este periodo se destruyó empleo en los sectores de agricultura (22.000 puestos de trabajo menos) e industria, con 14.900 empleos menos, mientras que en los servicios se crearon 108.800 nuevos empleos y en la construcción 13.900. El paro, por su parte, bajó en los que buscan su primer empleo (16.600 parados menos), en los que perdieron su empleo hace más de un año (26.400) y en la agricultura (4.200) y aumentó en los sectores de servicios (105.700 desempleados más), construcción (27.200) e industria (8.800).

Entre enero y marzo, el número de asalariados creció en 47.300 personas, con lo que la cifra se situó en 15.888.900 personas, de las que 10.593.000 tenían contrato indefinido (101.700 más que en el trimestre anterior) y 5.295.900 eran temporales (54.400 menos). El número de trabajadores a tiempo completo bajó en 12.700 personas hasta los 16.986.300 después de que este tipo de contratos aumentase en 3.900 hombres y disminuyese en 16.600 mujeres hasta hacer un total de 11.050.400 hombres y 5.935.900 mujeres.

También los ocupados a tiempo parcial crecieron en 98.600 personas hasta los 2.413.900 de los que 525.200 son hombres y 1.888.600 mujeres. Por grupos de edad, el paro sólo bajó en el grupo de 20 a 24 años (6.200 personas) y subió en 87.000 en el de 25 a 54 años, en 9.700 en el de 55 y más años y en 4.100 en el de 16 a 19 años.

Por sexos, el único colectivo que se benefició del descenso del paro fueron las mujeres de entre 20 a 24 años, donde bajó en 7.200 desempleadas, frente a las subidas de 69.800 paradas de 24 a 54 años, de 6.300 mujeres de 55 y más años y de 500 mujeres de 16 a 19 años. En el caso de los hombres, el paro subió en todos los tramos de edad encabezado por el de entre 25 y 54 años (17.200), seguido del de 16 a 19 años (3.600), el de 55 y más años (3.400) y el de 20 a 24 años (1.000).

De los 15,60 millones de hogares existentes en España hasta finales de marzo había 11,80 millones con al menos un activo, 10,08 millones en los que todos sus miembros estaban ocupados y 428.300 en los que todos estaban parados. Por nacionalidades, la tasa de actividad de los extranjeros (76,28%) supera a la de los españoles (56,09%) en más de veinte puntos, mientras que la tasa de paro de la población extranjera (12,33%) es tres puntos mayor que la de los españoles (8,62%).

El Organismo Social Kanario TITEROYGAKAT manifiesta su indignación por los reiterados apresamientos de barcos pesqueros Kanarios por parte de Autoridades portuguesas en aguas de las Islas Salvajes, pertenecientes y encontrándose estas, en aguas en la Zona Económica Exclusiva de Kanarias y por ser a todas luces ilegal estas detenciones y sanciones.

En la Pág. 12 del Crónicas de Lanzarote del viernes 21 de abril de 2006, el Sr. Rodríguez Zaragoza “Admite los problemas para una delimitación de aguas con Madeira por el contencioso de las Islas Salvajes”, manifestando que las Islas Salvajes están mucho más cerca de Kanarias que de Madeira, y también que España nunca ha reconocido a Portugal su pretensión de definir una Zona Económica Exclusiva en torno a las Islas Salvajes.

Ante estas manifestaciones absurdas, sin sustentación jurídica, ni conocimiento, le rogamos a este Sr. y a su Gobierno que:
Estudie el Oficio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitido por la Secretaria General de Pesca Marítima, con fecha 22 de junio de 2000, firmado por el Secretario General D. Samuel Juárez Casado y dirigido entre otros al Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la C.A. de Canarias.
Donde dice: De acuerdo con su solicitud se remite Anexo con la relación de posiciones geográficas, referidas al datum “WSG/84” que definen las líneas de equidistancia entre España y los países ribereños, que han sido facilitados por el Estado Mayor de la Armada.
En este documento se define claramente la Zona Económica Exclusiva Kanaria (ZEE), con Mediana ajustada a Derecho entre Maderia y Kanarias (incluye las Islas Salvajes), Mediana entre Kanarias, Marruecos y Madeira (legal hasta el paralelo 27º-40´N), a partir de hay y hacia el Sur, Mediana entre Kanarias y Marruecos (ilegal al considerar Marruecos), y cuasi legal, ya que el Sahara es zona de Responsabilidad y Administración Española.
Pero esto no es todo Sr. Zaragoza, también la Unión Europea en diferentes Consejos, concede las 200 millas de ZEE a Azores y Madeira a petición de Portugal, e incluye a Kanarias solamente a efectos de reglamentar su pesca: Porque España no defiende a Kanarias y su ZEE ante quien sea.

Ante tantos despropósitos legales e ilegales por parte de nuestros gobernantes, al no querer otorgar de una vez por todas las competencias a Kanarias como Estado Archipielagico en consideración al Derecho. Debemos considerarlos a todos Uds. incapaces, unos por intereses ocultos y otros por ignorancia y/o falta de valor legal. Esto ha supuesto la destrucción total de la pesca en Kanarias, la perdida de miles de puestos de trabajo, atentar contra las Resoluciones de las Naciones Unidas, potenciar la Ocupación del Sahara por Marruecos, Establecer Convenios de Pesca con grandes desembolsos económicos por parte de Administraciones españolas, autonómicas, insulares, locales, Europeas y Pescadores, que han servido para potenciar económica y políticamente al Usurpador ilegal del Sahara Ocupado “”Marruecos”, y potenciar nuestra vergüenza internacional y la consentida destrucción pesquera.

Por tanto Sr. Zaragoza, solicite simplemente la aplicación del DERECHO, a España, la U.E. y ante la ONU. Y mande a usar la fuerza en el asunto de las Islas Salvajes, ya que el Derecho nos ampara.

Antonio Leal Aguilar
Presidente de TITEROYGAKAT

La Ley de Pesca y de Espacios Protegidos de Canarias ya recoge que “está prohibido el uso de nasas y todo tipo de artes en el espacio del estrecho de la Bocaina desde el año 1984”. Esta prohibición obedece fundamentalmente al ecosistema sensible que se da en la zona, con grandes cebadales, las corrientes marinas que originan cantidad de nutrientes y las grandes formaciones de plancton, lo que origina, junto a lo somero de sus aguas, un área ideal para el desove de muchas especies de peces en sus formas más variadas y de algas.

Por tanto actuar pescando de forma ilegal con nasas y artes, tiene una repercusión inmensa, no solamente en la zona referida, también en toda Lanzarote y Canarias.
Plantear que, en esta primavera no se ha pescado, ya que el pescado que ha subido a la meseta a depositar sus huevas en los cebadales murió en el camino, porque hay más de mil quinientas nasas con diámetro de tres metros por setenta centímetros de alto, llegando a alcanzar las capturas hasta los cien kilogramos por barco.
Son muchas las nasas que se pierden por malos tiempos, arrastradas por la corriente, o mal posicionamiento para la recuperación de las mismas. Esto hace que permanezcan pescando hasta su total destrucción, que son muchos años, dado que se construyen de hierro.
Los barcos que se dedican a esta actividad ilegal, lo hacen incluso de noche y con alevosía, infringiendo las normas de navegación y pesca, ya que apagan sus luces para no ser detectados desde tierra, ni por la Guardia Civil.
Según la Normativa Vigente, los buques a los que se les halla multado varias veces pueden ser precintados, aunque esto parece ser no se lleva a cabo, debido a amistades interesadas que procuran que las Denuncias no lleguen a su destino. Y las multas las pagan con las capturas de una sola nasa.

Por esto, el Organismo Social Kanario Titeroygakat demanda y exige que se efectué control por parte del SEPRONA, Inspección Pesquera e Inspección de Medioambiente y que se actúe evitando y sancionando estas irregularidades.

El Organismo Social Kanario TITEROYGAKAT, felicita al Sr. Daniel Varela del PP, por obstucalizar, (nosotros diríamos impedir) el Acuerdo de Pesca entre la U.E. y Marruecos. De la misma forma felicitamos también por haber firmado Acuerdos, en primer lugar al Gobierno del PSOE de Felipe González, al de José Maria Aznar del PP y nuevamente al del Sr. Zapatero PSOE, así como a tantos Diputados y Senadores. También al Sr. Franz Fischler, Romano Prodi y a otros tantos Eurodiputados españoles, especialmente al Sr. Medina Ortega.

Como todos sabemos, entre España y Marruecos, han habido y hay, una serie de intereses ocultos desde hace muchos años, pero también una serie de desencuentros, los cuales hemos sufrido de forma muy directa los pescadores españoles, con asesinatos, ataques, apresamientos, vejaciones, desmantelamiento de industrias pesqueras y barcos, y todo esto con el abandono de España del Sahara y su Ocupación por parte de Marruecos.
El Primer Acuerdo de Pesca año 1983 contemplaba de forma solapada las pesquerías al Norte de cabo Noum (zona totalmente marroquí) y al Sur de dicho cabo, donde existe territorio marroquí (hasta Tarfaya) y de aquí hasta la frontera con Mauritania, La Güera (territorio del Sáhara Ocupado). Pues bien, la dinámica de estos Acuerdos, se mantuvo por el PSOE, PP y por la Unión Europea hasta el año 1999 cuando Marruecos con sus pretensiones sobre el Sahara, rompe unilateralmente el mismo. Y si lo hace, es simplemente para que España y Europa reconozcan su Soberanía sobre el territorio Ocupado y bajo Administración española, status que aún sigue siendo así, según las Naciones Unidas.
Durante estos años, Marruecos ha usado también medidas de presión sobre la Isla de Perejil, ruptura de relaciones diplomáticas con España, Invasión intencionada de inmigrantes hacia España, y un sin fin de artimañas morunas de todos conocidas, que como sabemos la más importante es “me das el dedo y te quedas sin cuerpo”. Pero esto no solamente ha sido ratificado por España, también por la U.E.
Sabemos que el Acuerdo de Madrid (1975), donde España cedió el Sahara a Marruecos y Mauritania, lo hizo presionada por Francia y EE.UU., pero también que estas Fuerzas de Ocupación, junto con la Yemaá, serian las encargadas de efectuar un Referéndum para la Autodeterminación e Independencia del Sáhara. Pues bien, esta mentira sostenida por España al definir a Marruecos como Potencia Administradora, según las Naciones Unidas (Potencia de Ocupación), definiendo las Naciones Unidas a España como Potencia Administradora hasta que el Pueblo Saharaui consiga mediante Referéndum su Autodeterminación.
De todo esto sacamos dos conclusiones, una “No se firmara el Acuerdo de Pesca con Marruecos contemplando las aguas del Sahara” y otra “más vale ponerse blanco una vez, que colorado todos los días”.
NOTA.-Consultar el análisis nº 97 del Centro de Estudios Estratégicos, publicado por Carlos Ruiz Miguel, el día 7 de marzo de 2006, con el titulo “El acuerdo de pesca UE-Marruecos o el intento de legalizar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental “.
Antonio Leal Aguilar
Presidente de TITEROYGAKAT

El Organismo Social Kanario Titeroygakat, ante los movimientos de conocidas personas del ámbito de las comunicaciones e historiadores, para apropiarse indebidamente, quiere poner de manifiesto con el proyecto denominado “Desmitificación Histórica Kanaria”, dar a conocer una parte de la historia de nuestra isla. Perseguimos colocar cada cosa en su justo lugar, pues no podemos permitir que Instituciones, políticos, historiadores, catedráticos,… quieran adulterar la historia por mero interés comercial y con falta de rigor histórico.
Motivo por el cual el Organismo Social Kanario Titeroygakat a creado éste proyecto a través del cual pretendemos que se reconozca:
1º Que el primer asentamiento europeo en Kanarias como tal lo realizó Lancerotto de Marocello en (1302), en la Real Villa de Teguise perteneciente a la isla de Lanzarote, éste ubicó su fortaleza y dominio en un enclave destacado de la zona del Guanapay.
2º Que Lancerotto fue el primer colonizador en Kanarias y primero que enarboló una pabellón europeo en las islas en la cual estuvo comerciando durante veinte años.
3º Que Lancerotto Marocello fue el primer comerciante europeo en Kanarias y el primero que abrió una ruta comercial hacia el exterior, dedicándose a exportar productos de la época.
4º Que Lancerotto Marocello, puso su nombre a la isla de Lanzarote para suplantando al nombre nativo de Titeroygakat.
5º Que la Real Villa de Teguise, sin lugar a dudas es pieza fundamental y clave para el desarrollo posterior de la historia de Kanarias, pues en ella se asentó la residencia de Lancerotto Marocello.
Por ser la Real Villa de Teguise la primera capital de Lanzarote y la primera de Kanarias, queremos que se celebre en éste municipio el VII Aniversario del 1º asentamiento en Kanarias, y toda la cantidad primicias que éste importantísimo hecho histórico conlleva.
En el año 2012 se cumple 700 años de la llegada de Lancerotto Marocello a Kanarias y éste evento queremos darlo a conocer a través de nuestro proyecto que se desarrollará en cuatro años del 2008 al 2012.
Éste proyecto está completamente terminado así como el Organigrama y distribución exacta de los cuatro años de trabajo, los diferentes actos que se van a realizar, las personas que van a intervenir, los lugares a celebrar, y materiales a utilizar, pero dicho proyecto se pondrá a disposición del los Organismos oficiales pertinentes una vez que se halla mantenido las correspondientes tomas de contactos, se tomen los acuerdos pertinentes y se firmen los documentos convenios que sean necesarios.

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Nueva Canarias anunció hoy que expedientará a sus dos concejales de Mogán por apoyar al grupo de gobierno al margen de los órganos de decisión del partido.
Ante la crisis desatada en el Ayuntamiento de Mogán, Nueva Canarias ha querido aclarar que la determinación adoptada por Antonio Juan González y Francisco Valerón de apoyar al alcalde moganero ha sido tomada en contra de la política de alianzas decidida en el primer congreso de NC-NGC.

Por ello, anuncia que, una vez que las partes hayan sido escuchadas y la situación analizada por los órganos pertinentes, se abrirá un procedimiento disciplinario y se tomará la decisión que corresponda.

En cualquier caso, Nueva Canarias advierte que lo que ha sucedido en Mogán en los últimos días es un ejemplo más del desmantelamiento de la estructura municipal del Partido Popular (PP) en el Archipiélago, que se ha manifestado en otros ayuntamientos de Gran Canaria a lo largo de la presente legislatura.

El TSJC acaba de confirmar que la concejal de Ciuca detenida anoche en la Operación Faycán, Candelaria Sánchez, se le imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, mientras que al gerente de Urvitel detenido esta mañana, Juan Carlos Saavedra, se le imputa tráfico de influencias y falsedad en documento.

Los dos últimos detenidos en el marco de la Operación Faycán, el gerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra y la concejal de Aguas y Saneamiento del Ayuntamiento de Telde, Candelaria Sánchez Vega, pasarán mañana a las nueve de la mañana a disposición del juzgado de Instrucción número tres de Telde, cuyo titular es Javier García.

En un comunicado, el TSJC comunica la detención esta mañana de Juan Carlos Saavedra, el gerente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo (Urvitel), al que se le imputan delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento.

Saavedra fue detenido esta mañana a las puertas de su domicilio en la capital grancanaria, poco más de doce horas después de que la policía detuviese a las puertas del Hospital Dr. Negrín a la concejal de Aguas y Saneamiento del consistorio teldense, 'Lali' Sánchez Vega. A Sánchez, que desde hace varias semanas se pensaba que podría ser detenida de forma inminente, se le acusa de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Su nombre apareción en alguna de las grabaciones realizadas a la primera concejal detenida en el marco de la Operación Faycán, María Antonia Torres, que está en prisión desde el estallido de la operación que perseguía el cobro de comisiones para la concesión de obras en el municipio.

Las dos detenciones han devuelto a la actualidad el caso Faycán y han supuesto, a efectos políticos, la implicación en la trama de corrupción del socio de gobierno del Partido Popular en Telde, AFV-Ciuca, con lo que el escándalo se ha traspasado ya a todo el equipo de gobierno municipal. PP y Ciuca, además, se quedan en minoría en el gobierno municipal.

La detención de Juan Carlos Saavedra Guadalupe se produjo a primeras horas de la mañana de este miércoles en la calle Juan de la Cosa, del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde reside el gerente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo de Telde (Urvitel).

El juez imputa Saavedra los presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad de documentos.

Su detención está relacionada con la Operación Faycán, por la que se investigan supuestas operaciones de corrupción política en el Ayuntamiento de Telde y por la que ya han sido detenidos concejales del PP y de Ciuca, los dos socios de gobierno en ese consistorio, además de asesores, el interventor municipal, empresarios y algunos funcionarios.

Juan Carlos Saavedra ha sido trasladado a la dependencias de la Supercomisaría, en la capital grancanaria, donde será interrogado por la Policía antes de pasar a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, Javier García.

La empresa Urvitel fue creada por el Ayuntamiento de Telde durante el mandato de Coalición Canaria (hoy Nueva Canarias), pero ha adquirido protagonismo a raíz de descubrirse que el actual equipo gobernante la utilizaba para muchas más actividades, además de las que motivaron su nacimiento.

Tras la detención de María Antonia Torres, una investigación promovida por el alcalde, Francisco Valido, desveló muchas actuaciones clientelares desde esa empresa.

Una trayectoria "altamente ejemplar"

La detención de Saavedra ha causado conmoción en los círculos municipales teldenses. La reacción común de la oposición ha sido la de la sorpresa, ya que todos han coincidido en una visión positiva de su gestión. Se le considera un gerente de una trayectoria "altamente ejemplar", en palabras de Aureliano Francisco Santiago Castellano, el alcalde bajo cuyo mandato fue contratado el gerente de Urvitel.

Santiago resaltó que la gestión de Juan Carlos Saavedra ha sido auditada permanentemente por empresas especializadas, y nunca se han detectado irregularidades. El ahora concejal de Nueva Canarias fue más allá y aseguró que, hasta este momento, se atrevería a "poner la mano en el fuego" por el gerente de la empresa municipal.

Es muy probable que el nombre del detenido saltara en algunas de las declaraciones vertidas por otros imputados en la Operación Faycán.

También se mostró muy sorprendido el portavoz de NC, Ildefonso Jiménez, ex concejal de Urbanismo, quien aseguró que esta detención "me ha cogido con el paso cambiado". "El Juan Carlos Saavedra que yo conozco -añadió- se define por ser un hombre honesto y buen gestor, sólo dirige una empresa de auditoría externa, aunque respeto la decisión del juez, que sus razones tendrá".

La concejala de Aguas, Saneamiento, Agricultura y Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Telde, Candelaria Sánchez Vega (AFV-Ciuca), fue detenida a las siete de la tarde de este martes a la salida del Hospital Juan Negrín por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, dentro de la operación Faycán que dirige el juez de Instrucción número 3 de Telde, Javier García, por presuntos delitos de corrupción en el consistorio grancanario.
CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

Sánchez Vega fue localizada la tarde de este martes a la salida del centro hospitalario, donde acudió para visitar a su madre ingresada, después de que las pesquisas del Cuerpo Nacional de Policía no dieran sus frutos en los últimos días, ya que la concejal de AFV-Ciuca no ha pernoctado en su domicilio habitual de la finca La Manigua, en el barrio teldense de Ojos de Garza.

El juez imputa a la concejala de Aguas y Saneamiento los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Laly Sánchez es la segunda concejala del grupo de gobierno de Telde (PP/AFV-Ciuca) que es detenida por orden del juez instructor del caso, iniciado el 1 de marzo con la detención de su compañera de grupo de gobierno, Toñi Torres (PP), única implicada en los presuntos delitos de corrupción que aún permanece en prisión, tras la salida el viernes pasado de la cárcel del asesor de Torres, Francisco Gordillo.

Sánchez fue trasladada a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, donde permanecerá al menos 48 horas, ya que se estima que pase a disposición judicial el próximo jueves, según las fuentes consultadas por este periódico.

El nombre de esta edil salió a relucir en las escuchas telefónicas practicadas en la investigación judicial abierta a la concejala de Obras Públicas y Contratación, María Antonia Torres, y a otras personas de su entorno, recuerda Efe.

Con esta última detención, el número de arrestados en el marco de la Operación Faycán asciende a quince, entre ellos el jefe de Servicios de Aguas del ayuntamiento de Telde, Jorge Rodríguez, quien quedó en libertad con cargos.

De todos los detenidos hasta ahora tan sólo continuaba en prisión la concejala del PP María Antonia Torres, imputada como presunta autora de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

El asesor municipal de Torres, Francisco Gordillo, quedó en libertad el pasado viernes bajo fianza de 40.000 euros y con los mismos cargos, además de maquinación para alterar los precios y falsedad de documentos.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Telde, Javier García, inició la instrucción del caso el pasado verano a raíz de una denuncia presentada por una empresaria, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación de Telde le exigió pagar una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.


La edil fue detenida en el Hospital Juan Negrín cuando visitaba a su madre, después de días sin que la Policía conociera su paradero

Fue trasladada a la Jefatura Superior y pasará a disposición judicial, en princ

Profesores, alumnos y personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad de La Laguna se han puesto "por primera vez" de acuerdo para convocar un paro conjunto docente y laboral, y una concentración frente a la Consejería de Educación en Santa Cruz, el día 9 de mayo. Esta manifestación tiene como finalidad "salir al paso frente a la situación de acoso ejercida por la Consejería de Educación, y por consiguiente del Gobierno de Canarias, contra la Universidad de La Laguna", señaló ayer en rueda de prensa el representante de la Junta del Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Laguna, Vicente Hernández.

En su opinión, "el deterioro de la vida académica que se está produciendo en esta Universidad depende directamente de las políticas del Gobierno de Canarias". La Junta de Personal asegura que "el paro del día 9 será un aviso para que el Ejecutivo autónomo entienda la necesidad imperante de la puesta en marcha de una ley de financiación de la educación superior, y hacer entender al consejero de Educación que aún se está a tiempo de reconducir esta situación". A partir de ese día, indicó Hernández, la responsabilidad de lo que pase en los ámbitos Universitarios será solo responsabilidad de la Consejería.

Cuando fue preguntado por el estado de la negocicación, Hernández afirmó que "se está mareando la perdiz", refiriéndose a la reunión de la semana pasada entre los rectores y el consejero de Educación, y que de ella "no se ha sacado nada, sino que se cae una y otra vez en la demagogia".

La jornada de huelga del día 9 ha sido interpuesta por tres grupos: profesores, alumnos y personal de administración y servicio. En nombre de estos últimos, Blas Parrilla aseguró que "ha llegado el momento de decir algo frente al grave acoso que se está ejerciendo contra la institución lagunera". El representante afrirmó que es inaudito que el contrato programa "no se haya retomado desde que se expiró el anterior documento en 2004". Parrilla indicó que esto no sólo afecta a la vida académica sino también a los edificios, infraestructuras, y al personal no docente que trabaja en las Facultades".

Por parte de los alumnos, la portavoz del Sindicato de Estudiantes Canarios, Estrella Monterrey, coincidió con profesores y PAS en que las políticas de la Consejería son actualmente preocupantes, y argumentó que "aún habiendo crecido el producto interior bruto en la Comunidad no ha crecido la inversión en educación, por lo que la Universidad sufre un proceso de estrangulación que la ha llevado a estar bajo mínimos".

Según el sindicato, esta situación ha conducido a la institución a encontrarse en una pésima situación que "salta a la vista con edificios en mal estado, goteras", etcétera. Monterrey afirmó que las tasas en La Laguna siguen siendo elevadas y que la política de becas "es insuficiente y mal gestionada", y que debido a todos estos condicionantes la ULL se está convirtiendo en una "universidad elitizada, abierta a la privatización y no implicada con la sociedad canaria".

Por otro lado, representando al Comité de Estudiantes Carlos Morilla coincidió en que los derroteros de la Universidad se guian por "directices mercantilizadoras" y aseguró que la política de becas de la Consejería es "insuficiente e ineficaz".

Por último los convocantes concluyeron que es un "dislate intentar creer que en Canarias haya dos universidades clónicas y mellizas" y que esta intención de comparar los dos centros no conduce a ningún lado.

El portavoz del PP en el Parlamento canario, Jorge Rodríguez, solicitó hoy la dimisión del presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Medina, por su escrito remitido al presidente de la Cámara en el que asegura que el caso Amorós ha sido archivado por el Tribunal de Cuentas.
El portavoz del PP aseguró en rueda de prensa que, a su juicio, el informe de fiscalización de la actividad financiera y de la tesorería de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2002, más conocido como caso Amorós" no ha sido archivado como sostiene Medina en su escrito del pasado 21 de abril enviado a Gabriel Mato.

"El presidente del la Audiencia de Cuentas ha realizado una interpretación sectaria e irresponsable de la información que le ha facilitado el ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas, ya que según se señala, en otro escrito, dicha fiscalización nunca llegó a la fiscalía", afirmó Rodríguez.

"El informe de fiscalización no ha sido elevado a la fiscalía, no se ha remitido, como señala el Tribunal de Cuentas que dice claramente que la fiscalización nunca llegó a la fiscalía, y agrega que se encuentra archivada en la sede del departamento sexto de fiscalización, cuyo consejero ha de ser su interlocutor", subrayó.

"Da la sensación, según la carta del presidente de la Audiencia de Cuentas al presidente del Parlamento de Canarias, que el informe de fiscalización se encuentra archivado porque no se han encontrado irregularidades, y la verdad es que está archivado porque nunca llegó a la fiscalía", aseveró Rodríguez.

A juicio de Jorge Rodríguez, existe una confabulación entre Coalición Canaria y el presidente de la Audiencia de Cuentas, "y seguramente del PSOE, para que el asunto del caso Amorós pase de puntillas, sin hacer mucho ruido, y por eso pedimos la dimisión del presidente de la Audiencia de Cuentas".

Por otra parte, Jorge Rodríguez anunció además que su grupo ha presentado una proposición no de ley en la Cámara "contra la ineficacia del Gobierno de Canarias".

"Se trata de potenciar el empleo en Canarias, ya que las cifras de desempleo suben y el presidente, Adán Martín, parece decir que todo va bien", indicó.

Según Jorge Rodríguez, los datos del desempleo muestran la falta de política del Ejecutivo canario en materia de creación de empleo.

"En el primer trimestre del presente año aumenta el paro a razón de 2.000 desempleados por mes, y es necesario un paquete urgente de medidas y como el Gobierno no lo hace, el PP presenta esta iniciativa", expresó el portavoz del grupo Popular.

"Con nuestra propuesta queremos impedir que el Gobierno siga de vacaciones y que se ponga las pilas para luchar contra el paro y la precariedad laboral", señaló Rodríguez.

"En la propuesta pedimos un plan de desarrollo económico ante la posible pérdida de fondos europeos y ante la posible pérdida de fondos estatales; una Ley de Autónomos, Ley de Vivienda, medidas para fomentar el empleo entre las mujeres, plan de choque contra la violencia escolar y contra el fracaso escolar, entre otras medidas", indicó el portavoz del PP en el Parlamento de Canarias.


Canarias 7.

El alcalde de Mogán, Francisco González, cerró ayer la crisis iniciada tras la dimisión de la edil Carmen Melián, con una reestructuración del gobierno en la que incluye la destitución de la edil del PP Isabel Santiago e incorpora a tres concejales de la oposición.
Desde ayer el PP gobierna en Mogán apoyado por tres concejales del grupo Mixto, dos de Nueva Canarias y uno de CC. El acuerdo entre todas estas fuerzas políticas, que el alcalde, Francisco González, ha convertido en una reestructuración del gobierno municipal, no aparece recogido en ningún documento, cuenta con el respaldo de las direcciones insulares de cada uno los respectivos partidos y tiene por finalidad aportar estabilidad política al municipio así como posibilitar la ejecución de medio centenar de grandes proyectos en los próximos meses.

Con esta reestructuración, a la que añadió la destitución por pérdida de confianza "y caprichitos de niña" de la edil del PP, Isabel Santiago Muñoz, el alcalde espera que quede cerrada definitivamente la crisis abierta con la dimisión de la concejala, Carmen Delia Melián.

De los seis concejales que apoyan al gobierno municipal, sólo tres tendrán delegaciones. Francisco Valerón, de NC, llevará Salud Pública, mientras que Santiago Hernández y Tomás Lorenzo, los dos del grupo Mixto, tendrán competencias en Pesca y Parque Móvil y en Economía y Hacienda, respectivamente.

Otro edil de NC, Antonio Juan González, será consejero delegado en la empresa Mogán Gestión Municipal, en tanto que José Hassan, del grupo Mixto, será asesor sin sueldo de la misma entidad, y Juan Santana Artiles, de CC, por problemas de salud rechazó asumir cargos directos.

Con esta remodelación el grupo de gobierno queda integrado por diez concejales (7 del PP, 1 de NC y 2 del grupo Mixto), aunque en teoría será trece los ediles que articularán la gestión del Consistorio moganero.



Canarias 7

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA DELITOS URBANÍSTICOS
La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre la operación urbanística para recuperar la playa de Las Teresitas para uso público podría destapar un nuevo caso de corrupción y clientelismo en Canarias. La Fiscalía está mirando con lupa el asunto y en Tenerife el nerviosismo de políticos y empresarios es más que evidente.

Las sucesivas operaciones de compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas se han hecho siempre bajo los focos de la luz pública. Todos los movimientos empresariales y políticos se han conocido con profusión de detalles al día siguiente de producirse o incluso antes. Se sabe cómo se gestó la compra de los terrenos del frente de playa y del Valle de Las Huertas y cómo y en qué condiciones el Ayuntamiento de Santa Cruz recuperó para el uso público todo el frente de playa.
Quizás por eso a muchos les sorprendiera la denuncia que un colectivo ciudadano denominado Ínsula Viable presentó el verano pasado ante la Fiscalía para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, más conocida como Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia expone punto por punto los pasos que dieron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, propietarios de la compañía mercantil Inversiones Las Teresitas SL, para adquirir, con un crédito concedido por CajaCanarias, los terrenos de la playa de Las Teresitas a la junta de compensación por 30 millones de euros.
Convenio
La denuncia se centra no obstante en el convenio posterior rubricado por el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas SL para la recuperación del frente de playa a cambio de la modificación urbanística de los terrenos del Valle de las Huertas. Los denunciantes consideran que el convenio fue el "pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos que transgrede todos los principios, objetivos y fines que legalmente han de inspirar la actuación de las administraciones públicas en materia urbanística".
Por eso entienden que los actos y decisiones municipales en torno a esta operación "se revisten, posiblemente, de carácter delictual que se puede calificar como irregularidades procedimentales y económicas"•.
La operación inmobiliaria que ahora investiga la fiscal Anticurrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, con el apoyo de la Fiscalía Anticurrupción central, ha aportado a las cuentas corrientes de Ignacio González y Antonio Plasencia más de cien millones de euros.

Más información en el periódico Canarias7

Canariasdigital.org, el periódico alternativo de Canarias cierra sus puertas y es una pena, sus razones tendrán, solo podemos decir desde este blog que alabamos y reconocemos su trabajo y su esfuerzo durante este todo este tiempo, y esperando que sí sea un hasta luego. A continuación reproduciremos la carta íntegra de despedida de esta publicación digital . “Después de casi un año, concretamente once meses de presencia continuada todos los lunes y con varias actualizaciones diarias, ha llegado el apenado y triste momento de nuestro adiós.

Han sido muchos meses de intenso trabajo y enorme sacrificio semanal con escasísimos medios materiales y humanos pero superados con la inestimable y constante colaboración de un amplio grupo de personas y colectivos que, de forma totalmente desinteresada y orientados por su compromiso social, han sido los verdaderos artífices de haber mantenido encendida esa llama esencial y necesaria que sintetizaba la creencia de que una lucha cotidiana contribuiría a conformar un futuro social mejor para todos.

Esta ha sido, sin duda, una experiencia inolvidable y enriquecedora en la que hemos tenido la fortuna de compartir preocupaciones e ilusiones cargadas de un desbordante sentir social y participativo, acompañado de un extraordinario valor humano. Y en este sentido, reconocemos y agradecemos a todos aquellos que de una u otra manera han compartido sus esfuerzos y se han expresado libremente con sus aciertos y errores pero guiados exclusivamente por un interés general. Desde luego que su esfuerzo e ilusión han posibilitado a lo largo de todo este tiempo la existencia de este medio Alternativo que hoy se despide.
Nos vamos sencillamente porque la pesada carga de cansancio acumulado que arrastramos nos aconseja tomar un respiro imprescindible. No es un “hasta luego”, es una despedida definitiva, pero seguiremos por la senda del compromiso social.

Hasta siempre,

Miembros de colectivos ciudadanos como Ben Magec-Ecologistas en Acción, Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla o Comisión de Acciones de Asamblea por Tenerife recordaron que el proyecto es “ilegal” y cuenta con el mayor rechazo social de la historia de Canarias.

“Todas las encuestas demuestran que hay mucha más gente en contra del mismo que a favor. Estas encuestas se dispararían si se hiciese entre los votantes del PSOE, ya que la minoría que apoya el proyecto se encuentra mayoritariamente dentro de los votantes del PP y CC”, apuntaron los colectivos ciudadanos.

Respecto a la posición de los socialistas, consideran lamentable la actitud del PSOE en Santa Cruz de Tenerife cuyo silencio en cuestiones como la construcción de la marina deportiva privada en la trasera de la Dársena de Pesca -que anularía las posibilidades de crecimiento futuro del puerto de Santa Cruz- les hace cómplice de la política del alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo.

También arremetieron contra el secretario del PSC-PSOE en Tenerife, José Miguel Rodríguez Fraga, al que definieron como el auténtico representante de un modelo de desarrollismo a ultranza, y al que acusaron de ir en contra de cualquier disciplina del partido en múltiples ocasiones.

Como ejemplo de la actuación de Fraga, los colectivos sociales recuerdan la firma del manifiesto promovido por el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, a mediados de febrero, en el que se mandó a Bruselas “un respaldo al proyecto pasando por encima de su más que evidente ilegalidad, y por tanto, despreciando el estado de derecho”. “En cualquier partido serio de la izquierda europea, este señor hubiese sido inmediatamente cesado en múltiples ocasiones por anti demócrata”, apuntaron.

También hablaron del delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, como el máximo impulsor del proyecto “en la sombra, de forma absolutamente coordinada con CC y el PP, liderando el lobby de presión canario en Madrid”, y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que ha pasado de ser la mayor opositora de su partido al proyecto cuando estaba el PSOE en la oposición, “a ser ahora mismo la máxima defensora del mismo en Bruselas”.

Además, critican a la ministra que utilice para la defensa del proyecto el argumento “lamentable, falso e impresentable” de que gracias a su intervención el proyecto “ha disminuido significativamente” su impacto ambiental, algo que, aseguraron, rechaza incluso la propia Comisión Europea.

Los integrantes de los distintos colectivos recordaron que el actual proyecto de Granadilla no ha sido definitivamente archivado en Bruselas, “no por la actitud penosa de CC y PP, sino por el cambio radical del PSOE tinerfeño y estatal con este proyecto”.

Por eso, miembros de colectivos ciudadanos como Ben Magec-Ecologistas en Acción, Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla o Comisión de Acciones de Asamblea por Tenerife calificaron de auténtica “payasada” la actitud de este partido e hicieron un ruego a los afiliados y votantes del PSOE para que “no permitan seguir este doble juego hipócrita, en el que públicamente se presentan como los defensores del territorio y medio ambiente canario, y sus actos reales van exactamente en la misma línea destructora de CC y PP”.

El equipo de gobierno habla de transparencia cuando su gestión más que opaca podríamos decir que es oscura y a los hechos me remito. ¿Por qué emplean tanto celo en esconder el listado de asesores y de sus emolumentos?

Para conseguir el listado “oficial” estuvimos pidiéndolo, solicitándolo, exigiéndolo y reclamándolo desde noviembre del año 2003 (consta en acta) y fue a principios del año 2005, tras numerosas peticiones tanto internas como plenarias, cuando “salió” a la luz pública. Entonces pudimos confirmar que la Corporación gastó casi dos millones de euros (unos trescientos treinta y dos millones de pesetas) en lo que conocemos como “Personal de Confianza”. De la inmensa mayoría de ellos no hemos visto jamás ningún informe y no tenemos conocimiento de las tareas que desempeñan. Máxime cuando algunos cobran sueldos sobre los sesenta y cinco mil euros (unas novecientas mil pesetas al mes) ¡y sin saber los vecinos de Santa Cruz el motivo concreto de tales retribuciones! Curiosa manera de demostrar la transparencia.

Pero lo verdaderamente increíble es que este año cuando han presentado los presupuestos, unos cinco meses más tarde de lo que marca la ley, de nuevo omiten los nombres de los asesores de los organismos autónomos: cultura, deportes y fiestas, de la sociedad de desarrollo y de urbanismo y sólo presentan los que se adscriben a alcaldía. A lo mejor aquello de “nocturnidad y alevosía” podría ser extrapolable a este hecho. De lo que seguro que sí podemos hablar en estos casos es de total oscurantismo.

El “caso asesores”, como ya lo conocen los vecinos, es mucho más complejo porque a lo largo del mandato hemos podido descubrir que en este Ayuntamiento existen “los otros”. Seguro que Amenábar cuando realizó su obra de ingeniería cinéfila jamás sospechó hasta que punto reflejaba la realidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Están ahí, pero los vecinos no los perciben. Hemos demostrado que algunos han cobrado hasta cincuenta y cuatro mil euros (unos nueve millones de pesetas) en el transcurso de aproximadamente unos ocho meses por el concepto de asesoramiento. “Otro” que no figura en el listado oficial. El equipo de gobierno no sólo lo ratifica en un pleno sino que además confirma el pago por el asesoramiento en la adquisición de un programa informático cuyo resultado es, en la actualidad, nefasto para la gestión recaudatoria. Funcionarios y personal laboral que utilizan este programa han elevado una queja al alcalde por considerar que perjudica a los ciudadanos. Un informe demuestra que la ejecución de las tareas se ha cuadriplicado. El vecino ahora, tras la implantación del nuevo programa informático que le ha costado al municipio más de cincuenta millones de pesetas, tiene que esperar cuatro veces más que antes. Además, el mismo informe recoge el hecho de que algunas operaciones tienen que realizarlas con el programa informático anterior. En la actualidad, hay instalados y en funcionamiento tres programas informáticos adscritos a las mismas gestiones ¡y a eso llama el equipo de gobierno una gestión más eficaz! ¿Para quién? desde luego para los vecinos y para los trabajadores del ayuntamiento en absoluto.

Pero cómo dirían los guionistas de Falcon Crest: “esto no ha hecho más que comenzar” porque este capítulo tiene más elementos sorpresivos. Uno de ellos tiene que ver con Intervención y el otro con la Gratificación. En la administración pública la ley obliga a realizar concurso abierto cuando la contratación supera los doce mil euros (unos dos millones de pesetas). En el caso que nos ocupa ha habido pagos de hasta treinta mil euros ¡fíjense si supera la cantidad antes mencionada! En estos casos intervención debe hacer “reparos” que pueden ser subsanados por el pleno o por el alcalde. Según el equipo de gobierno no ha habido reparos pero esto no es lo que manifiesta intervención. ¡Sorpresa! Ya tenemos el toque de misterio para esta telenovela.

El otro elemento inaudito tiene que ver con la creación de un órgano recaudatorio posible organismo autónomo independiente. Y este será el “leit motiv” perfecto para arreglar el problema antes expuesto. Crean una plaza de gerente en ese órgano y la dotan con sesenta y dos mil euros (unos... millones de pesetas) y se la adjudican a la asesora perteneciente al cuerpo de “los otros”. Ya tenemos a “otro” que pasa de secundario a principal ¡y venga a sumar que los impuestos parece que aguantan esto y mucho más!

Desde luego si Amenábar hiciera una segunda parte no se ajustaría a la realidad de esta Corporación porque aquí “los otros” no son sólo dos ¡hay más!


(*)
Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Según UP "la explicación de la delegación colonial ha sido que se trata de una zona turística en la que no se ve adecuado este tipo de manifestaciones, manteniéndose en sus trece a pesar de las intensas gestiones realizadas por miembros de la dirección del FSOC, que llegó a proponer cambiar la caravana por una concentración. La respuesta siguió siendo la misma, con el añadido del comentario de que al señor delegado no le gustan este tipo de manifestaciones".

UP destaca que la organización sindical continúa en este momento realizando gestiones ante la delegación y el Ayuntamiento, a la vez que los servicios jurídicos del sindicato estudian las acciones judiciales a las que diese lugar esta visión particular de la Delegación del Gobierno de observar las libertades democráticas.

"El delegado del Gobierno metropolitano no permite que se evidencie la situación que atraviesa Canarias y el pueblo trabajador canario ante nuestros visitantes extranjeros (muchos de ellos trabajadores europeos que se manifiestan sin problemas los primero de mayo)", añade.

Santana afirma que es "una cosa comprensible desde el punto de vista del sistema colonial, ya que contradice la imagen idílica que vende. Se trata, en definitiva, de que los muros de hormigón de la industria turística sirvan a la vez de contención e impidan que pueda verse alterada la ordenada y ridícula vida que el Delegado español, su gobierno y su sistema muestran al mundo".

Por su parte, el Secretario de Organización del FSOC, Daniel Casal, ha manifestado que "Segura Clavel no tiene empacho en violar un derecho fundamental con tal de esconder tras esos muros de hormigón el paro, la pobreza, la desigualdad de la mujer, la precariedad laboral y los abusos de las patronales que tan apasionadamente protege".

Teodoro Santana ha añadido que "no parece probable, sin embargo, que lo que no consiguió el fascismo lo vaya a conseguir este patético esbirro colonial: acallar la voz de las trabajadoras y de los trabajadores canarios".

Este sábado 22 de abril se celebró en Santa Cruz de Tenerife una de las manifestaciones mas politizadas de la historia, a la que acudió poco mas de 1.500 personas. La cuartada era la “defensa a ultranza” del centro territorial de RTVE en Canarias, el fin, no es otro que politizar, abanderar, hacerse dueño o cabecilla de los sentimientos de cientos de canarios que no quieren que RTVE-C cierre sus puertas, de la labor encomiable de esta ente y de los empleados de este ente público cuyos puestos de trabajos pueden peligrar. Lo importante es salir en la foto, si es posible en portada. Ahí estaba la plana mayor y en peso del PP, dirigentes y políticos del PSOE y de CC. Por cierto, me llamó la atención la cantidad de banderas del Partido Popular que había en la manifestación, y ya que fueron muchos representantes políticos de este partido, habría estado bien preguntarles por que el gobierno de Aznar engendró una mastodóntica deuda en la Radio Televisión Española, que hoy asciende a 6.200 millones de euros, y que hace que el actual gobierno efectúe un plan de saneamiento que entre otras acciones, contempla el cierre o disminución de servicios de los centros territoriales. Por qué tanta demagogia, si el gobierno del PP fue y es el gran responsable de que se llegue a esta situación.
Quiero dejar claro mi reconocimiento por el trabajo realizado durante todos estos años por esta cadena de televisión y su labor histórica, así mismo como mi defensa y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de RTVE-C por su derecho a mantener su puesto de trabajo, pero igualmente defiendo y apoyo las reivindicaciones de los trabajadores de sanidad, bomberos, cervecera, policía local, guardia civil, funcionarios de justicia, empleados de educación, personal de aeropuertos, y así un largo etcétera de empleados y contratados que reclaman y demandan día a día un trabajo mas digno, seguro y menos precario, eso por no hablar de los trabajadores que aún en pleno siglo XXI no pueden reivindicar sus derechos. Por eso pido a esos políticos que tanto le gustan salir en la foto, que se mojen igualmente en las demandas de todos los trabajadores sin exclusión alguna, que muchos de ellos tienen competencias directas para mejorar su situación laboral.
En resumen, por un lado apoyo a RTVE-C, pero reconozco que la situación económica por la que pasa esta cadena pública no es fácil, y por otro lado pido a los políticos que dejen de hacer el ridículo y el paripé y que reconozca los errores cometidos en unos, y trabajen para mejorar esta circunstancias en otros.

V.C.A

El Organismo Social Kanario Titeroygakat está organizando una serie de concentraciones, unas 28 en total, como protesta y desacuerdo por una serie de acontecimientos ocurridos en Lanzarote que poco tienen que ver con la mejora de la seguridad de esta isla.
Los hechos por los que se protestan son los siguientes; “el desmantelamiento de la Unidad de la Policía Nacional de Arrecife, dedicada a combatir el pequeño tráfico de drogas, el incomprensible e inaceptable Cese de Don Fernando Rodríguez López como secretario de la Dirección Insular de la Administración de España en Lanzarote, y por la presunta destitución de Don Raimundo Villanueva, como Comisario de la Policía Nacional en la ciudad de Arrecife.
Por esta razón, la Federación de Asociaciones de Vecinos de de Lanzarote demandan y exigen la inmediata puesta en funcionamiento de la Unidad de Policía Nacional, la revocación del cese del Señor Don Fernando Rodríguez López , la continuidad de Don Raimundo Villanueva al frente de la Comisaría de la Policía Nacional, la ampliación de la plantilla de la Delegación Insular en Lanzarote, y la inmediata construcción de unas instalaciones dignas de la Delegación Insular.
Los actos de protesta que se llevarán a cabo se realizarán cada 15 días comenzando a partir del día cinco de mayo de 2006.
Los días exactos de celebración serán los siguientes comenzando con los correspondientes al año 2006; 5 y 19 de Mayo. 2, 16 y 30 de Junio. 7, 14, 28 Julio. 11 y 25 de Agosto. 8 y 22 Septiembre. 6 y 20 de Octubre, 3 y 27 de Noviembre, 1, 15 y 29 de Diciembre.
Las concentraciones pertenecientes a 2007; 12 y 26 de Enero. 9 y 23 de Febrero. 19 y 23 de Marzo. 6 y 20 de Abril. 4 y 18 de Mayo.
El horario de celebración será de 20 a 21 horas.
El lugar de concentración frente a las instalaciones de la Dirección Insular de la Administración de España en Lanzarote.

Las dos capitales isleñas se situaron en 2005 entre los primeros lugares del ranking nacional por carestía de la cesta de la compra. Las Palmas de Gran Canaria se ubicó en primera posición, con un 10% de encarecimiento de precios por encima de la media nacional, y Santa Cruz de Tenerife ocupó la tercera posición del país, con un 7% de mayor coste sobre el promedio.

Canarias fue la segunda comunidad, junto con el País Vasco y sólo por detrás de Navarra, más cara de España en el año 2005, con un encarecimiento medio del seis por ciento, según datos del informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La organización analizó el año pasado el precio de 86.912 productos vendidos en casi 800 establecimientos comerciales y en nueve páginas web a los que pueden acceder los vecinos de más de 50 ciudades en toda España. Para afinar sus resultados, la OCU distinguió entre 128 productos de marca, que son los mismos en todos los establecimientos estudiados (cesta tipo) y las marcas blancas (cesta ahorro), constituida por la oferta de 76 productos vinculados a los propios establecimientos que los expenden. Los datos sobre las dos ciudades canarias se refieren, precisamente, a los de la cesta tipo, "que son los más útiles porque se trata de la comparación de las mismas marcas de los productos en los mismos formatos que se venden en todas partes del país".
Dentro de la cesta tipo (productos de marca), Canarias encabeza la carestía en cuatro de los cinco grandes ítems en los que se descompone. Las Palmas se aleja en un 58 por ciento por encima de la media nacional en lo que se refiere al precio del pescado, mientras que Santa Cruz supera el promedio del Estado en un 46 por ciento en ese mismo renglón. La carne es en ambas capitales isleñas un 18 por ciento más cara que el precio promedio de España, mientras que las frutas y hortalizas superan en un 15 por ciento la media nacional en Las Palmas y un 12 por ciento en Santa Cruz. Los refrescos también son más caros en un siete por ciento en Las Palmas sobre la media nacional, mientras que en Santa Cruz su precio excede al promedio español en un cuatro por ciento.
En cambio, la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife es el área más barata de todo el país en el renglón de droguería, y Las Palmas de Gran Canaria es la segunda más barata de España en ese mismo ítem, con un encarecimiento de cuatro por ciento por encima de la capital occidental del Archipiélago. Paradójicamente, en la cesta ahorro (constituida por las marcas blancas), la mayor carestía de las dos capitales canarias es aún mayor en relación con la media nacional.
Las Palmas de Gran Canaria encabeza el listado con un encarecimiento del 39 por ciento sobre la media española y la secunda Santa Cruz de Tenerife, con un 33 por ciento de mayor coste de su cesta de la compra sobre el promedio del país. Con estos datos, la OCU estableció que en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife el ahorro máximo que puede efectuar un comprador al momento de realizar su aprovisionamiento supera los 1.000 euros anuales, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria roza los 900 euros por año, ocupando así la tercera y quinta posición nacional respectivamente. Los portavoces de la OCU, Enrique García e Ileana Izverniceanu, explicaron que este solo dato es "indicativo" de que en Canarias concurren diversidad suficiente en los formatos comerciales que abren la posibilidad del ahorro para el comprador; una posible "falta de competencia" en el mercado regional y, por último, una ausencia de cadenas y establecimientos más baratos que sí están en el resto del país.

El 14 de abril de 1931 el pueblo se echó a la calle. Era proclamada la República. El desencadenante: el anuncio del triunfo republicano en las elecciones municipales celebradas dos días antes. El recuento hecho en las principales ciudades del Estado español daba la victoria a la coalición socialista-republicana.

Hasta ese momento el régimen que sustentaba el dominio de burgueses y terratenientes era la monarquía. El Borbón Alfonso XIII era el rey. Un año antes, en enero de 1930 renuncia el dictador Primo de Rivera y el rey nombra a Berenguer Jefe de Gobierno. Poco duró en su cargo. En febrero de 1931 Berenguer renuncia.
Las luchas obreras y populares no cesan. Un imponente movimiento social ligaba un futuro de libertad, paz y justicia social, con la caída del régimen borbónico, genuino portavoz de los explotadores. Estaba cantado que más pronto que tarde este desenlace se iba a producir. Atrás quedaron largas décadas de sufrimiento de los pueblos.
La confluencia de las luchas sociales por la tierra, por las aspiraciones nacionales (especialmente en Cataluña), por el rechazo al predominio asfixiante de la Iglesia, por los derechos de los trabajadores, contribuyeron al desgaste de la monarquía.
El Estado español mantenía una residual presencia colonial en Marruecos mediante una guerra de ocupación, su desarrollo industrial había quedado limitado a zonas como Cataluña y perduraban los latifundios junto a una masa de población sin tierra. Las libertades habían sido limitadas bajo un directorio militar comandado por Miguel Primo de Rivera. La Iglesia mantenía importantes privilegios, entre ellos el control de buena parte de la enseñanza. La monarquía borbónica era la garante de este dominio.
Todos los sectores concientes, que luchaban por una vida mejor, comenzaron a unirse para echarla abajo. La monarquía estaba ya tocada del ala. Ahora el rey se ve obligado a dejar su puesto en el vértice del estado y a abandonar el país.
Este movimiento repercutió en la sociedad isleña, en sus partidos y clases. La Prensa, diario antecesor de El Día escribía “...La República viene a transformar el viejo orden pernicioso, privilegiado, injusto, corruptor, palaciego, intrigante, depredador, nefasto...” que contrastan con lo expresado por diarios como La Provincia de Las Palmas que vinculan el régimen con “el orden, la paz, el progreso y la unidad de España” o la Gaceta de Tenerife que en su editorial del 13 abril se despachaba con que “de ninguna manera conviene la República a España...”
Cuando el advenimiento de una República era algo inevitable, sectores burgueses fueron cediendo el terreno al nuevo régimen con la esperanza de no perderlo todo. Al mismo tiempo, la República nacía preñada de muchas demandas sociales que aspiraban a verse resueltas con ella. Los diferentes gobiernos republicanos no dieron solución satisfactoria a las mismas.
Esto es clave para entender el proceso que se dio en el seno de la República, explicar las “razones” del posterior golpe dado por la alianza fascista-clerical y para interpretar las actuaciones de los diferentes protagonistas político-sociales al interior de la República.
La República representa, pasado, presente y futuro. Poder conjugar estos tiempos en una misma reivindicación es indicativo de que esta idea-fuerza representa todavía hoy mucho en el imaginario colectivo. Ni los 40 años de dictadura, ni los olvidos de cierta izquierda, reconvertida en monárquica durante la llamada transición, han logrado enterrarla como referente en la lucha por las libertades y la justicia social.
La República como meta colectiva resurge con esperanza proyectada hacia el futuro y dependerá que la hagan suya los sujetos de las luchas sociales. Hoy, como ayer, el régimen monárquico es un obstáculo para el avance de los pueblos. Las viejas y nuevas aspiraciones colectivas chocan con el muro de contención de la vigente constitución monárquica. Tenemos raquíticas libertades y una democracia tutelada. A las aspiraciones nacionales de los pueblos se les niega un derecho democrático básico como el de autodeterminación.
La República duró poco tiempo, desde las fechas señaladas del 14 de abril de 1931 al año 1939, en que triunfa por la fuerza de las armas el “Alzamiento Nacional” fascista, pero ha dejado en la memoria colectiva una referencia necesaria sobre la que poder volver 75 años después.

La Audiencia de Las Palmas acordó hoy dejar en libertad provisional bajo fianza de 150.000 euros al ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, principal imputado en el "caso eólico", informaron fuentes de la Fiscalía.
La decisión se acordó hoy en un auto emitido por la Sección Segunda de la Audiencia, tras celebrarse esta mañana una vista oral para abordar el recurso de apelación presentado por el abogado de Perdomo, Alberto Hawach.

Según las fuentes, el auto estima parcialmente el recurso del abogado, quien solicitó la celebración de la vista oral, que se celebró a puerta cerrada y en la que el Fiscal Anticorrupción, Luis del Río, pidió que continuará en la cárcel Perdomo, según indicó a su término.

El tribunal que ha emitido el auto estuvo formado por la magistrada Pilar Parejo, que presidió la sala, y por los magistrados Nicolás Acosta y Yolanda Alcáraz.

El contenido del auto, sin embargo, no se hará público por estar bajo secreto la instrucción del caso, señalaron fuentes judiciales.

Celso Perdomo ingresó en prisión el pasado día 14 de febrero como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada por orden del juez Miguel Angel Parramón, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en el archipiélago.

Perdomo y su novia, Mónica Quintana, son las únicas personas que han ingresado en prisión por esta causa, si bien el pasado 4 de abril Parramón acordó la puesta en libertad de esta última bajo fianza de 50.000 euros.

Contra Mónica Quintana, que es funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, se mantienen los cargos de cohecho y malversación de fondos públicos.

El caso de la "trama eólica" saltó a la luz pública el pasado 8 de febrero, tras la detención de siete personas presuntamente implicadas.

En la causa, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, Miguel Angel Parramón, figuran más de una decena de imputados.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias creció durante 2005 un 2,9% respecto al año anterior hasta situarse, a precios de mercado, en 36.433.036 euros, mientras que el alza registrada en el Archipiélago a lo largo de los últimos cinco años fue del 3,43%.
Canarias registró, según los datos de Contabilidad regional de España difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segundo menor crecimiento del PIB en toda España durante el pasado año. El alza del PIB canario se situó cinco décimas por debajo del 3,4% de media estatal.

La Comunidad de Madrid encabezó el crecimiento de la economía española en 2005, con un incremento de PIB del 4%. a continuación se situaron Extremadura y Murcia, con crecimientos del 3,8%, y el País Vasco, del 3,7%. Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha, con aumentos en sus PIB de 3,5%, también se situaron por encima de la media nacional.

El resto de las comunidades creció en 2005 más despacio que la media, en especial Illes Balears, con un 2,4%. En cualquier caso, el crecimiento medio español duplicó el pasado año el de la media de la UE, situado con el 1,7%.

Si se toma como referencia el crecimiento medio de los últimos cinco años, Murcia se convirtió en la comunidad líder al incrementar su PIB casi en un 3,9% en cada ejercicio. Por detrás se situaron Andalucía (3,65), Canarias y Castilla-La Mancha (3,43), Extremadura (3,36), Cantabria (3,28), Madrid (3,25) y Aragón (3,19), todas ellas por encima de la media nacional (3,15).

El resto de las comunidades se situaron por debajo de la media y de nuevo fue Illes Balears ocupó el último lugar con un incremento medio anual inferior al 2% en el último quinquenio.

Alza per cápita

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ocupó la clasificación autonómica en el reparto del PIB per cápita durante 2005 con más de 27.000 euros por habitante, una cifra que casi duplica los 14.000 euros de Extremadura como última comunidad. El crecimiento de la economía canaria en 2005 situó el PIB per cápita en los 18.533 euros, también por debajo de la media nacional 20.838 euros.

Cuatro comunidades -Madrid, País Vasco (26.515), Navarra (26.489) y Cataluña (24.858)- superan el PIB por habitante de la Unión Europea (23.400) y otras tres -Illes Balears (22.947), La Rioja (22.548) y Aragón (22.403), se sitúan por encima de la media española (20.838)-.

La concejala del PP en la localidad de Mogán, Carmen Delia Melián, presentó esta mañana su dimisión en todos sus cargos en el Ayuntamiento y solicitó su inscripción en el Grupo Mixto de la corporación municipal.
La decisión se produce un día después del encuentro que mantuvieron ayer el presidente de los populares en Gran Canaria, Miguel Jorge y el propio alcalde, Francisco González, para convencer a la edil y que diera marcha atrás.

La concejala presentó el miércoles de la pasada semana su renuncia a las áreas de Economía y Hacienda, pero no a de las de Régimen Interior y Seguridad, por diferencias con el alcalde, con los presupuestos municipales y tras obligarle a firmar una serie de expedientes.

Sin embargo, este mediodía presentó en el registro municipal su renuncia a las áreas de Régimen Interior y Seguridad, así como su solicitud de incorporación al Grupo Mixto con su acta de concejala, por circunstancias que no se especifican.

Esta decisión deja en minoría al grupo de Gobierno del PP en Mogán con tan solo ocho concejales, frente a los nueve de la oposición entre los que se encuentran 4 de CC, 3 del CCN, 1 del PSC y la nueva edil del grupo mixto.

MANIFESTACIÓN POR LA REPÚBLICA.

Sábado 22 de Abril. 12:00 horas.
Plaza Weyler. Santa Cruz de Tenerife.
Convoca: Plataforma de Tenerife por la Repúbliuca.

Fue en julio de 2005 cuando una compañera y yo estábamos pegando carteles en La Laguna convocando una protesta contra la visita de Jacques Barrot, Comisario de Transportes de la Unión Europea, que había sido invitado a Canarias por el gobierno autonómico para mostrarle los enclaves donde se quieren ubicar los puertos de Arinaga y Granadilla cuando, en la calle Heraclio Sánchez frente al bar Benjamín, un fumeta de los que se sientan por allí al solecito nos preguntó que qué andábamos haciendo. Le contamos para que eran los carteles que estábamos pegando y nos dijo que el puerto en Granadilla estaba ya más que hecho. Añadió que el de joven había sido rebelde pero que el sistema era muy cruel y que mejor era estar sin ideales que luego se sufre menos cuando vienen los palos porque no se puede luchar contra el sistema que está lleno de corruptos muy poderosos. A mi amiga y a mi nos pareció un resumen perfecto de lo que es la sociedad canaria de principios del siglo XXI: un ente desinformado, conformista, narcotizado (todos lo estamos alguna vez en esta sociedad de una manera o de otra pero esto no explica la inacción) y encima colaboradora con el sistema por la falta de capacidad crítica. Durante la protesta frente a la presidencia del gobierno de Canarias, ese edificio de hormigón citado como ejemplo de la nueva arquitectura canaria pero que no deja de ser la cueva de Alí Babá y sus muchos más de 40 ladrones, nos enteramos que el Barrot había sido investigado en Francia por financiación ilegal de su partido político pero que su estatus de comisario europeo lo hacían intocable. Vimos claro que aquello no era más que una cumbre de mafiosos en este archipiélago bananero y paraíso de Adán.

Han pasado más de nueve meses desde aquella visita y el puerto en Granadilla está menos cerca de hacerse que entonces. Eso sí, nuestro amigo el fumeta sigue tan narcotizado como entonces e, igual que la sociedad que se informa por los medios de ocultación de las verdades como el grupo mediático oficial de coalición de El Día, no se han enterado de los nuevos acontecimientos que han dado un giro de 180 grados al asunto. El pasado 22 de marzo de 2006 va a pasar a la historia de España porque puede que sea el inicio del fin del terrorismo de ETA porque fue el día en el que se anunció la tregua indefinida del grupo vasco. El día anterior, martes 21, puede que sea histórico para Canarias porque si los ciudadanos logramos parar el puerto en Granadilla en Canarias las cosas no van a ser ya iguales.

En ese día se reunión la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a instancias de los grupos opositores al proyecto del puerto en Granadilla, para establecer un debate sobre la idoneidad de la construcción de ese puerto y de las alternativas existentes. Este debate fue reiteradamente secuestrado al parlamento de canarias, que tiene algunas zonas de sus dependencias expropiadas ilegalmente a sus legítimos propietarios y con el asunto en los tribunales que hacen que sea el único parlamento okupa del mundo, y con ello se demuestra cada día más que Canarias es un archipiélago que está colonizado por España pero que siempre ha dependido económicamente de potencias extranjeras. La delegación de la administración, compuesta por 30 personas que viajaron en primera clase, se quedaron en hoteles de cinco estrellas y comieron en restaurantes de cinco tenedores, todo ello a cuenta del contribuyente, ha sido llamada desde algún medio crítico como la de Caciques sin Fronteras

Es patético que con nuestro dinero, y sin argumentos válidos para la construcción del puerto en Granadilla, hayan ido allí a hacer el ridículo y a defender los intereses de los especuladores y mafiosos del cemento que quieren dar el mayor pelotazo urbanístico de Canarias construyendo un puerto inútil al mismo tiempo que se mostraban contrarios, por esta acción, a los auténticos y legítimos intereses de la sociedad canaria que son la preservación del medio ambiente y el rechazo al terrible vuelco económico que este proyecto significaría. Los turnos de palabra se establecieron por igual para las dos partes.

Por la contraria al puerto hablaron Pedro Fernández Arcila en representación de ATAN que expuso las cuestiones jurídicas del tema y que señaló que se debía sancionar a las autoridades españolas por vulneración de la legalidad, María José Caballero por Greenpeace que habló de los aspectos contrarios al medio ambiente que tiene el proyecto y Pedro Anatael Meneses ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife defendiendo las alternativas al proyecto de Granadilla que son el actual Puerto de Santa Cruz y su posible ampliación hacia el dique de San Andrés. Los parlamentarios felicitaron a los opositores por la claridad de su exposición y lo ajustadas al tiempo indicado de 10 minutos.


A los representantes de la administración se les regañó desde por excederse en el tiempo y se les dijo que a pesar de ser políticos profesionales no habían estado a la altura de los peticionarios contrarios en la calidad expositiva. De los treinta representantes sólo, como es lógico, hablaron unos cuantos y se supone que la mayoría irían a asesorar al asesor de asesoramiento de coalición canaria o a pegarse la gran vida y el viaje gratis a nuestra costa. Los compañeros que fueron, y que se pagaron el viaje de sus bolsillos o con el dinero de algunas organizaciones, que volaron de madrugada, comieron en sitios baratos, durmieron en pensiones humildes y que utilizaron las oficinas de Greenpeace y la infraestructura de los verdes europeos en Bruselas, destacan la patética intervención del Alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, de 45 segundos en la que dijo que el puerto se tenía que hacer porque el había sido alcalde durante tres legislaturas y eso le daba la legitimidad del pueblo. Frente a las razones de peso de lo contrarios, y el proyecto serio expuesto por Anatael Meneses, los representantes de la administración, ministerio de medio ambiente, autoridad portuaria, gobierno de Canarias, cabildo de Tenerife y ayuntamiento de Granadilla, no expusieron nada nuevo más que las razones falsas de siempre: que el proyecto traerá puestos de trabajo a la isla, que es imprescindible para la economía de Canarias, que el Puerto de Santa Cruz está saturado, que no hay alternativa a Granadilla o que todo ese puerto es necesario para la introducción del gas natural licuado para el abastecimiento de la central térmica del Sur.

Durante los días siguientes los compañeros tuvieron diversas reuniones en Bruselas, a destacar la del Comisario de Medio Ambiente, Stravo Dimas, que duró más de lo previsto, en la que se mostró muy receptivo y que pidió que le hicieran llegar más información de las alternativas a Granadilla. Eso sí, una cosa quedó clara en la comparecencia del la Comisión de Peticiones: que en la actual estructura presupuestaria que se acaba a finales de este año de 2006 no quedan fondos para financiación de infraestructuras y que en la siguiente ronda, la que va de 2007 a 20013, Canarias cambia de estatus de región para Europa y que ya el tema de las infraestructuras, según el acuerdo de Lisboa, no es algo prioritario. Ahora dicen los políticos que se perdió dinero europeo por culpa de los del no cuando los auténticos responsables de la pérdida de esos fondos fueron los políticos que se han empecinado torpemente en un proyecto que sólo favorece a los empresarios que han comprado terrenos en Granadilla y quieren dar un pelotazo urbanístico sin precedentes. El dictamen de la comisión sobre el asunto se ha pospuesto hasta, en principio, a mediados de mayo, aunque es probable que el asunto en su conjunto se postergue uno seis meses más, para que se puedan analizar la alternativa a Granadilla que es el Puerto de Santa Cruz. Todo parece indicar, siguiendo la lógica de los hechos hasta el momento, si es que el lobby empresarial político mediático favorable al puerto en Granadilla no hunde sus garras mafiosas en las instituciones europeas, que las comisión se va a mostrar contraria a autorizar el puerto en Granadilla por las afecciones medioambientales y las alternativas al proyecto que es la ampliación de Santa Cruz.

Actualmente la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que preside Luis Suárez Trenor, pretende construir en San Andrés, justo donde los defensores del Puerto de Santa Cruz han presentado el proyecto de ampliación de Santa Cruz a Bruselas como alternativa a Granadilla, una marina para barcos privados y de recreo que se haría con la financiación privada a través de una concesión de explotación a la empresa Necso, que es una de las que está construyendo el tranvía de Santa Cruz a La Laguna o peatonalizando el Casco Histórico de esta ciudad, y que es de las que más tienen ganas de hincar el diente en Granadilla. El coste de mantenimiento por barco atracado y espacio disponible hace que el precio sea disparatado por lo que sólo se entiende que una empresa privada ponga ahí su dinero si el beneficio no está en otro lado ya que estamos acostumbrados a admitir que el dinero público sirve para el despilfarro pero una empresa privada no va a invertir dinero en un proyecto que le va a dar pérdidas porque no es una ONG. El objetivo de esta obra sería la de matar la vía de expansión del puerto de Santa Cruz para volver a sacar el tema de la ampliación de Granadilla como única posibilidad de solventar el problema portuario de la isla de Tenerife. Suárez Trenor decía que para ampliar el Puerto de Santa Cruz era necesario sacar rellenos del Parque Rural de Anaga, que es una zona protegida, pero se ha habilitado la cantera de la Jurada en este parque para sacar 3 millones de metros cúbicos de rellenos para construir esta marina privada. Además el mismo presidente decía que la ampliación de Santa Cruz iba a afectar al Lugar de Interés Comunitario, LIC, de San Andrés y, por lo visto, para esta obra ahora parece no importar que el LIC se vea afectado porque recordemos que iría en el mismo sitio en el que se podría ampliar el Puerto de Santa Cruz. Toda esta planificación se ha hecho con el mayor de los secretos posibles y sin sacar a la luz pública el tema porque han aprendido que con Granadilla lo peor que pudieron hacer fue darle gran bombo y platillo. Parece que han aprendido de sus errores estratégicos.

La regeneración de la vida pública es necesaria y en el caso de la comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo demuestra que unos cuantos ciudadanos honrados están muchísimo más preparados para defender los intereses de la ciudadanía que políticos profesionales electos que cobran cada uno mas de 60 mil euros de nuestros impuestos al año. Si nos dejaran hacer a nosotros todo sería más barato, más honrado, más legal y más pensado hacia el interés público. Eduardo Galeano comienza su libro Patas Arriba (la escuela del mundo al revés) con una cita que todos, desde los políticos hasta nuestro amigo el fumeta del principio, estarían de acuerdo. Dice así: “Hoy en día, ya la gente no respeta nada. Antes, poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley... La corrupción campea en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas.” Estas eran unas declaraciones de Al Capone a un periodista publicadas el 17 de octubre de 1931 poco días antes de que fuera condenado y encarcelado por un tribunal por delitos fiscales, los únicos hechos que pudieron demostrarse en contra de este mafioso. Quizás en esta misma línea habría que analizar las declaraciones de Adán Martín cuando este domingo, en una entrevista al diario Canarias 7, decía necesitar de policía autonómica para detectar mejor los casos de corrupción afirmando que, cuando una manzana está podrida, se la saca del cesto como ha sido el caso de los documentos falsificados en la dirección general de vivienda en la que se han expedientado a los funcionarios malversadores. Le faltó decir que habría que alejar el cesto de su vista para no ver la manzana que como político ha tenido que morder alguna vez como dijo en Madrid cuando le preguntaron por la presentación del libro El Paraíso según Adán en la misma capital.

Canariasdigital.org

Enseñantes Asamblerios de Canarias, EA-Canarias, dan su opinión sobre esta polémica ley de educación:

Ayer, 6 de abril, quedó finalmente aprobada la L.O.E., con 181 votos favorables, 133 en contra y 12 abstenciones. Las primeras medidas a aplicar se pondrán en vigor el próximo curso, y están referidas a la dirección y autonomía de los centros, y, probablemente, a la evaluación y promoción.
En 2007-2008 se empezarán a aplicar los nuevos currícula en 1º y 2º de de Primaria y en 1º y 3º de la E.S.O.
Tras su paso por el Senado, y su regreso al Congreso, se rechazaron la mayor parte de las enmiendas. Nos queda el sabor amargo de que la enmienda a la adicional 17ª, que facilitaba el acceso de los interinos a la Función Pública con carácter extraordinario, haya sido rechazada.
El cariz “progresista” de la ley queda reflejado en la negativa a un acceso diferenciado del profesorado interino, en la ampliación y generalización de los conciertos en Educación Infantil y Bachillerato, en la dotación en los próximos cinco años del 100% de los gastos de funcionamiento de la enseñanza concertada, en la reafirmación de la “libertad” de elección y creación de centros, en la “complementariedad” entre la oferta pública educativa y la concertada, en la obligatoriedad de los padres de la concertada de aceptar y respetar el “ideario “ del centro, o en la capacidad de los centros concertados de cobrar cuotas y seleccionar a su alumnado. Para más inri, la Iglesia Católica sigue teniendo el privilegio de que la oferta de Religión sea obligatoria en los centros públicos, aunque no será materia evaluable.
Se acelera una peligrosa carrera de subordinación de la enseñanza pública a la concertada, hacia la que se desvían recursos; de mercantilización de un servicio que debería prestarse con carácter universal en condiciones de calidad por la Administración, con una oferta que abarcase a la totalidad de población en edad escolar.
EA-Canarias continuará en la defensa de la enseñanza pública, obligatoria, laica y gratuita, de los cero a los dieciocho años. Desde aquí ofrecemos nuestro apoyo a cuantas iniciativas se tomen en ese sentido.

Canarias a 7 de abril de 2006

La Mareta sigue escribiendo su historia en los juzgados. El gobierno local de PP y Ciuca presentó esta semana ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el anterior ejecutivo de CC por supuestos contactos previos con la adjudicataria de un concurso.

Los dos partidos en el ejecutivo local, PP y Ciuca, cumplen con lo aprobado semanas atrás en Junta de Gobierno Local y el pasado martes 4 de abril presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que ya camina también en un juzgado de Telde por supuestas irregularidades en la adjudicación de los derechos de superficie de dos parcelas de uso comercial en La Mareta, donde está Alcampo.

La acusación se basa en el hallazgo de varios documentos que parecen probar que el anterior grupo de gobierno de CC en Telde (hoy la mayoría de sus ediles están en Nueva Canarias) mantuvo contactos previos con la empresa Parque Comercial y de Ocio La Mareta, que a la postre ganaría el concurso público para desarrollar y explotar las parcelas municipales P-1 y P-2 de La Mareta. La adjudicación se dio tres días antes de las últimas elecciones municipales, pero el nuevo gobierno la revocó en noviembre de 2003 porque la concesionaria incumplió el contrato.

Tres denunciados

Los redactores de la denuncia, que ahora prueba suerte en Anticorrupción, pero que ya ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Telde, acusan a Ildefonso Jiménez, ex edil de Urbanismo (hoy en NC), su asesor en el departamento, Juan Manuel Cabrera, y a Julián Gómez del Castillo, administrador de la entidad que quedó concesionaria, de haber cometido presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

Entre los documentos aportados figura un escrito enviado por Urbagest, compañía vinculada a la adjudicataria, con indicaciones sobre la redacción del pliego de condiciones del concurso y un fax remitido desde Urbanismo a un número de Madrid.

Parque Comercial y de Ocio La Mareta iba a construir y explotar durante 65 años un multicines, un centro comercial, aparcamientos y hasta un hotel a cambio de abonarle al Consistorio 14 millones de euros, pero no cumplió a tiempo con el primer pago y se le rescindió el contrato.

Una odisea para presentarla

Amagos iniciales. El grupo de gobierno de PP y Ciuca ha amagado varias veces para presentar la denuncia de La Mareta. Convocaron incluso una rueda de prensa el 8 de marzo que no llegó a celebrarse y fueron varias las ocasiones en que sus anuncios de llevar el caso al juzgado quedaron en falsas alarmas. la excusa fue siempre el hallazgo de nuevos papeles que aportar.

«Cortina de humo». En todo caso, sus intenciones las hicieron públicas en plena vorágine del caso Faycán, una presunta trama por cobro de comisiones ilegales por la que está en prisión la edil Antonia Torres (PP). La oposición les acusó de querer tejer una «cortina de humo».

En varios frentes. Al final cumplieron, la presentaron en un juzgado de Telde el 17 de marzo y ahora en Anticorrupción. Ambas se anunciaron días después.

Otra contra el edil Reyes

Los tribunales de media Isla van a terminar por conocerse al dedillo el caso del concurso de derechos de superficie de dos parcelas de La Mareta. El caso ha dado lugar a denuncias de ida y vuelta. A la presentada recientemente por el grupo de Gobierno de PP y Ciuca contra los anteriores gestores de Urbanismo, hay que sumarle la que interpuso la empresa que resultó adjudicataria contra el actual edil de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes. El administrador de la concesionaria, Julián Gómez del Castillo, le acusa de un presunto delito de prevaricación. El expediente, que se está estudiando en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Telde, trata de demostrar que Reyes instó al Pleno a la revocación del concurso porque ya lo incluyó como promesa electoral.


Canarias 7.

El juez tomó ayer declaración como imputado a José Francisco Henríquez, titular del despacho de ingeniería que hizo los proyectos con los que el empresario Daniel Fernández, también imputado, optó al concurso eólico. No tomó medidas contra Henríquez, pero sí confirmó los cargos por cohecho y tráfico de influencias.
José Francisco Henríquez, imputado en las actuaciones como supuesto autor de delitos de cohecho y tráfico de influencias, compareció ayer ante el magistrado Parramón para responder sobre su relación profesional con Daniel Fernández de Salamanca, al que el juez acusa desde el pasado mes de febrero de traficar con información privilegiada sobre el concurso eólico, supuestamente proporcionada por el hoy ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo.

Henríquez, consejero de Política Territorial con el gobierno de Jerónimo Saavedra (PSOE) y concejal del Ayuntamiento capitalino con Rodríguez Doreste, llegó al Juzgado poco antes de las 10.00 horas acompañado del abogado Luis Val -que le asistió en la diligencia-, pasó al despacho de Parramón a las 10.45 y salió pasadas las 12.10, sin que el juez acordara ningún tipo de medida cautelar contra él.

En la declaración, que el propio Henríquez calificó de «muy distendida» en su encuentro con los medios informativos, no estuvo presente el fiscal anticorrupción de Las Palmas Luis del Río, que dirige la acusación pública en las diligencias previas 1403/2005 abiertas en referencia a la trama eólica.

Supuestamente, Parramón ha decidido imputar a José Francisco Henríquez tras constatar que su despacho de ingeniería se encargó a mediados de 2004 de redactar tres proyectos -dos para desarrollarse en Fuerteventura y uno para La Aldea, en Gran Canaria- que pretendían optar al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias el 14 de octubre de 2004.

Los de Fuerteventura estaban promovidos por la UTE formada por la empresa Aprovechamientos Energéticos de Canarias (AEC) y Viestar, y el de la Aldea por la UTE de AEC con Fimasan.

Las sospechas del juez hacia Henríquez se cimentan sobre la base de que uno de los administradores de AEC, Daniel Fernández de Salamanca, está imputado en las actuaciones desde mediados del pasado febrero, acusado de haber recibido información privilegiada sobre el concurso procedente de Celso Perdomo antes de que este se convocara (en junio de 2004) y de aplicarla a sus proyectos.

Según ha podido saber este periódico en fuentes próximas al caso, José Francisco Henríquez admitió ante el magistrado instructor que su despacho se había encargado de elaborar los tres proyectos y dijo que conocía a Fernández de Salamanca por su cargo en AEC. Confirmó que su estudio de ingeniería había cobrado por elaborar los tres proyectos, y afirmó que en ningún momento había contactado con la Consejería de Industria para recibir un trato de favor de cara al concurso eólico.

El juez instructor se interesó también por la relación de Henríquez con el socio de Fernández de Salamanca, Javier Colino (también imputado en las actuaciones) y con el empresario Manuel de la Vega, consejero de la empresa Fimasan.

Supuestamente, Henríquez admitió que los conocía únicamente como clientes, en relación con el encargo que había recibido para elaborar los proyectos técnicos que se presentaron al concurso eólico actualmente anulado por el Gobierno canario.

El empresario Alberto Santana, denunciante inicial de la trama eólica, amplió nuevamente este jueves su denuncia solicitando al juez Parramón que investigue una posible conexión con un Ayuntamiento y un militante de la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI).





Alberto Santana presentó este jueves en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria un escrito solicitando al magistrado Miguel Ángel Parramón que investigue unos hechos que tienen que ver con el Ayuntamiento de Arico, en Tenerife, gobernado por ATI, y con el abogado y militante de ese partido Vicente Álvarez Gil, que ya acudió a declarar ante el juez en calidad de imputado sin que se le aplicaran medidas restrictivas.

En su escrito, Santana explica que Wilebaldo Luis Yanes y Daniel Fernández de Salamanca, dos de los denunciados por el empresario en marzo de 2005 como supuestos receptores de información privilegiada del concurso eólico, recibieron un correo del entonces director general de Industria, Celso Perdomo, en el que les incluía el nombre de Vicente Álvarez Gil como persona de contacto en Tenerife para la captación de terrenos públicos con los que concursar.

Santana incluye en su escrito un convenio firmado en enero de 2005 entre Fernández de Salamanca y el alcalde de Arico, Eladio Morales Borges (ATI), para facilitar que una UTE utilizara terrenos municipales para el concurso de asignación de potencia eólica que ideó el Gobierno de Canarias en 2004. Esa UTE estaba compuesta por Energías Ecológicas de Tenerife, S.A., Recursos Energéticos de Canarias-Tenerife, S.L. y el Instituto Tecbológico de Canarias (ITC), dependiente de la consejería que convocaba el concurso. Con el convenio se pretendía facilitar todos los trámites para que la UTE contara con todas las facilidades para instalar su parque eólico, en el caso de resultar ganadora del concurso.

Además, en el escrito se acompaña otro convenio, firmado al día siguiente que el anterior, en el que aparece otro imputado, Francisco Sánchez Ortega, empresario detenido en Madrid, pactando con el alcalde de Arico varios compromisos, entre otros una modificación del planeamiento municipal para facilitar la instalación de un parque eólico en favor de la empresa Fomentos Energéticos Canarios, S.L.

La conexión con el abogado Vicente Álvarez Gil la aporta Alberto Santana al acompañar a su escrito un documento de opción de compra de unos terrenos cercanos a un parque eólico municipal de Arico por 600.000 euros. Esa opción aparece formalizada por el abogado tinerfeño con unos particulares, también en favor de la empresa Fomentos Energéticos Canarios


Canariasahora.com

Comunicado de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife
Ante el inminente inicio, con nocturnidad, alevosía y utilizando su habitual política de hechos consumados, de las obras de la marina deportiva privada de San Andrés, esta plataforma ha acordado remitir a los medios de comunicación el presente comunicado, para conocimiento general de la ciudadanía y de las Administraciones competentes.

Otra vez, al igual que sucedió en el litoral del Barrio de Valleseco y que se logró abortar a tiempo, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, experta como ninguna otra en concesiones de este tipo de instalaciones PRIVADAS, pretende acabar con las únicas posibilidades de ampliación existentes en el Puerto de Santa Cruz, esta vez con la concesión de la marina deportiva privada de San Andrés.

Es increíble, vergonzoso e inadmisible esta, cuanto menos, disparatada forma de actuar, que va en detrimento del bien nuestro emblemático Puerto, por una concesión administrativa de carácter privado. El presidente de la Autoridad Portuaria, que estuvo recientemente en Bruselas ante el Comité de Peticiones sabe, como pocos, que allí está planteada como alternativa al devastador proyecto del puerto de Granadilla, el Puerto de Santa Cruz con sus ampliaciones, ampliaciones que quedarían sin posibilidades de ser ejecutadas en caso de seguir adelante con esta marina privada.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha alegado, de forma reiterada, que la Dársena Norte no se podría realizar por la existencia de un LIC, pues bien, ese LIC parece no importarle ahora ante la iniciativa privada ¿?, a pesar de que la gran marina deportiva se ubicaría en el mismo lugar. Las únicas obras que este entorno admitiría de forma compatible con la Dársena Norte serían, el Refugio Pesquero históricamente reclamado por el Barrio de San Andrés y las obras encaminadas a proteger su Avenida de los fuertes embates del mar, que tantos desperfectos han causado desde tiempo inmemorial. Ambas obras se ejecutarían más cercanas a la costa, por lo que no afectarían negativamente a ese próximo Lugar de Interés Comunitario.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha declarado también, por activa y por pasiva, que los rellenos de la viable y necesaria Dársena Norte (inicialmente 6 millones de metros cúbicos), tendrían que salir del Parque Rural de Anaga, pues bien, tiene proyectado sacar ahora 3 millones de ese mismo parque, concretamente de la cantera de la Jurada, eso si para una obra privada que parece importarle mucho más, la marina deportiva de San Andrés y otras obras anexas.

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto data del 11 de Enero del año 2001 y como se han realizado posteriormente cambios sustanciales en el mismo, requeriría, por Ley, un nuevo estudio de impacto ambiental, además la concesión, sorpresivamente, es posterior a ese estudio, ya que fue otorgada el 26 de febrero de 2002. Entendemos que existen gravísimas irregularidades en el expediente de la concesión, entre otras su propia caducidad por los cuatro años transcurridos, alegue lo que alegue la Autoridad Portuaria.

Reclamamos de las Administraciones competentes que aborten esta lesiva y sospechosa obra y la encajen, si la consideran necesaria tal y como acordaron finalmente con la proyectada en Valleseco, dentro de la Dársena de Los Llanos, inservible comercialmente pero ideal para esta clase de instalaciones náutico-deportivas.

Por sus connotaciones y entroncada relación con el proyecto del puerto de Granadilla, aún pendiente de decisión, este comunicado se lo trasladamos también a la Unión Europea, para que vea y _evalúe la forma de actuar de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, rogándole lo tome en consideración por un posible intento fraudulento de desmantelar la viable alternativa propuesta al proyecto del puerto de Granadilla, el Puerto de Santa Cruz.

Los Verdes han alertado a la UE, a través del eurodiputado David Hammerstein, sobre el peligro medioambiental que corre Arinaga, lugar de importancia comunitaria de Gran Canaria, debido al proyecto de situar una regasificadora en su costa, informó este jueves la formación.
Los Verdes recuerdan que en la Playa del Cabrón, al ser lugar de importancia comunitaria, se debe respetar la Directiva Hábitat 92/43/CEE, que puede estar siendo vulnerada con el proyecto del gas, alerta.

Según el eurodiputado de Los Verdes, se trata de una zona "con varias especies en peligro de extinción, como la Caretta caretta y la Chelonia mydas, especies sensibles a la alteración de su hábitat, como la Cymodocea nodosa, especies vulnerables como la Algisidium corallinum y la Charonia lampas, entre otras, además de varias especies de interés especial como la Sargassum vulgare".

También puso en conocimiento de Bruselas que "no existe ningún estudio de alternativas" al gas como combustible, a una planta de regasificación en tierra, ni a la situación geográfica elegida.

Según Los Verdes, a la hora de elegir un sistema para calentar el gas líquido y pasarlo a gaseoso, se elige el que supone un consumo constante de agua de mar, con la consecuente afección a la temperatura del medio y el vertido continuo de cloro y alguicidas para conservar las tuberías de la instalación.

Puesto que la Comisión informó a los Verdes en septiembre del año pasado de que la evaluación de impacto ambiental estaba en proceso, el eurodiputado verde ha preguntado si ya están los resultados y si tienen en cuenta las repercusiones ambientales del proyecto.

Asimismo, ha exigido el cumplimiento de las directivas europeas relativas a la evaluación de repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y las relativas a la contaminación en el medio acuático por sustancias peligrosas.

Iniciativa por La Orotava se manifiesta ante los últimos acontecimientos sobre el caso del Atlante y el comunicado de Colación Canaria al respecto.
Ante las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por D. Francisco Linares, como portavoz accidental de CC en el Ayuntamiento de La Orotava, relativas al caso del Teatro Atlante, desde IpO queremos realizar las siguientes consideraciones:
1.- En primer lugar manifestar que acogemos esa voluntad de diálogo con satisfacción, aunque ese anuncio y cambio de actitud llegue tarde y mal, después de derribar el Teatro con premeditación y alevosía varios días después de las últimas elecciones municipales, de enfrentarse duramente con los vecinos/as y representantes de los grupos municipales en los acontecimientos del pasado año y de haberse iniciado una serie de procesos judiciales por negarse el Ayuntamiento a iniciar cualquier proceso de diálogo con los vecinos y los grupos políticos municipales.
Este es el camino que se debería haber escogido desde el primer momento, justo desde el instante en que el Ayuntamiento en Pleno aprobó, por unanimidad, la conservación del Teatro Atlante, a propuesta de nuestro grupo. Acuerdo incumplido por el grupo de gobierno que, con la firma de la licencia de derribo inició un conflicto social por la defensa del patrimonio y la democracia nunca antes conocido en nuestro municipio.
2.- Es inaceptable y bochornoso que sea quien permitió el derribo del Teatro Atlante, quien despreció el valor patrimonial que tenía, calificándolo como “adefesio”, quien puso las vidas de muchísimos ciudadanos/as y concejales/as en grave riesgo al ordenar la entrada de la pala en el solar del Teatro, quien ha defendido abiertamente los intereses de la empresa Pejomar, el que ahora se pretenda erigir en árbitro de la situación, en moderador e instructor de un diálogo entre las partes, de las que, aparentemente se excluye el grupo de gobierno, tratando de seguir presentándolo a la opinión pública como un conflicto entre vecinos/as y la empresa constructora. Y nada más lejos de la realidad. El grupo de gobierno no sólo es parte en este conflicto, sino que es el principal responsable de todo lo sucedido, al permitir el derribo del Teatro y apoyar y proteger la construcción del macroedificio de aparcamientos y viviendas en esta zona.
D. Francisco Linares y CC en La Orotava se quieren presentar como “los buenos de la película” cuando son realmente todo lo contrario. Nada de esto hubiese sucedido si su actitud, en lugar de apoyar descaradamente los intereses de la empresa constructora, hubiera sido la de proteger el Teatro y cumplir con el acuerdo plenario y con la voluntad manifiesta de la mayoría de los orotavenses que nunca perdonarán el que se les haya sustraído un edificio tan arraigado en la vida y la memoria colectiva de nuestro pueblo.
3.- CC pretende conseguir un acuerdo final que “beneficie a todos y que todas las partes renuncien a algunas de sus posiciones iniciales”. En otras palabras, se pretende abrir un proceso de negociación que acabe, incluso, beneficiando a la empresa que derribó ese símbolo de la cultura villera y, suponemos, hasta al propio grupo de CC. Esto es simplemente inadmisible. En este caso quien único se tiene que beneficiar de la resolución de este conflicto es el pueblo de La Orotava y los demás que reparen el daño que se le ha hecho a nuestro municipio y a nuestro patrimonio histórico y que se diriman todas las responsabilidades políticas y jurídicas a que haya lugar.
En ese sentido denunciamos, asimismo, la maniobra puesta en marcha por CC de eludir responsabilidades en un asunto como éste en el que, con toda claridad, ha sido el principal inductor, al hablar de que las “sentencias no deben influir en el resultado final del diálogo”. Es absurdo, en estos momentos en que el grupo de gobierno ha obligado a los ciudadanos y los grupos políticos a recurrir a los tribunales de justicia para defender los intereses generales y la protección de nuestros derechos y de nuestro patrimonio, el tratar de desligar un asunto del otro. Es, además, una posición de CC muy interesada, precisamente en estos momentos en que las resoluciones judiciales están siendo favorables a los vecinos y los grupos que han presentado los diferentes recursos y denuncias. Las resoluciones judiciales son, en estos momentos, la clave en este conflicto y, como no son favorables a las tesis mantenidas por CC y por la empresa Pejomar, se las quiere desligar del proceso de diálogo que se pretende abrir. Una posición que denota, abiertamente, el infantilismo político en el que está situado el portavoz accidental de CC y el conjunto de este grupo.
4.- Resulta una verdadera ofensa a la decencia política y a la dignidad de los vecinos/as y grupos ecologistas y políticos que los hemos apoyado, el afirmar que el proceso de diálogo que se quiere abrir “cuenta con el respaldo total y absoluto de Isaac Valencia”. Y es una ofensa porque fue precisamente esta persona, que debió representar los intereses de los vecinos y no de la empresa, quién afirmó que el Teatro se tiraba porque era un “adefesio” o quien ordenó que la Policía Municipal acatase sus órdenes para que la pala entrase en el solar, operación que estuvo a punto de acabar con la vida de muchas personas. Es ofensivo que quien ha insultado y descalificado a quienes nos oponemos a esta operación urbanística, quien ha callado en los Plenos ante la insistencia de explicaciones por parte de los grupos de la oposición, quien se reunía y se reúne con el propietario de Pejomar mientras mantiene cerrado su despacho a los que defendemos esa parte de nuestro Patrimonio, sea, ahora que las decisiones judiciales no le son favorables, quien respalde el pretendido proceso negociador.
Desde IpO entendemos que lo único que tendría que hacer D. Isaac Valencia es dimitir, y así lo solicitamos públicamente, por ser el principal responsable del derribo de este emblemático templo de la cultura orotavense y de todos los acontecimientos sucedidos a raíz de su unilateral decisión de permitir este clarísimo atentado patrimonial.
5.- D. Francisco Linares, tratando de imitar a algunos estadistas internacionales, se inventa, ahora, una “hoja de ruta” durante la cual el grupo de CC no va a dar más información sobre el asunto ni sobre el proceso. Desde IpO consideramos que debe ser todo lo contrario. Queremos que todo lo que se hable y se decida sobre este asunto se haga con luz y taquígrafos, manteniendo informada a la población sobre cualquier novedad en este tema. No estamos dispuestos a guardar silencio sobre este tema porque a CC le interesa muy especialmente. En la mente de todos está el grave deterioro político que está sufriendo el grupo de gobierno y no seremos nosotros quienes, a estas alturas, vayamos a proteger los intereses electorales y partidistas de CC. D. Francisco Linares, consciente del daño que le está produciendo a su grupo la inaceptable actitud que han mantenido en el caso del Teatro Atlante quiere, ahora, silenciar el asunto y que no trasciendan más cuestiones relacionadas con el tema a la opinión pública. IpO adelanta que informará a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier aspecto que tenga relevancia o interés sobre el caso Atlante. Si otros quieren callarse respetamos su decisión, pero resulta indignante que nos pidan a los demás que también callemos.
6.- Desde IpO planteamos que el solar del desaparecido Teatro Atlante se califique como dotación pública en el próximo Plan Especial del Casco, actualmente en fase de redacción y que la forma de adquirir ese solar sea a través de la expropiación y, en ningún caso, a través de una negociación que suponga beneficios económicos para la empresa que derribó el Teatro. La vía de la expropiación garantiza que se adquiera el solar al precio justo de mercado, con la tasación de los técnicos municipales o con tasaciones independientes, si fuera necesario, y que, en ningún caso, se pague por él más de lo que vale. No sería de recibo que las irresponsabilidades del grupo de gobierno acabaran pagándolas, con sobreprecio incluido, todos los ciudadanos y ciudadanas.
Nuestra propuesta se concreta, pues, en:
a) CC no puede erigirse como agente neutral en este asunto porque no sólo es parte implicada sino principal inductora de todo el conflicto.

b) Dimisión de D. Isaac Valencia.

c) Absoluta transparencia de todo el proceso.

d) No aceptamos ningún pacto de silencio.

e) Adquisición del solar por la vía de la expropiación.



CanarisDigital.org

Y apoya las reivindicaciones de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz ante el inminente inicio de las obras de la marina deportiva privada de San Andrés.
Desde el Grupo Municipal Nacionalista estamos convencidos de que los planes de la Autoridad Portuaria para conceder el permiso para el inicio de esta obra no es otro que el acabar con las únicas posibilidades de ampliación existentes en el Puerto de Santa Cruz, lo que pone una vez más de manifiesto el intento fraudulento de desmantelar esta alternativa viable, en beneficio del Puerto de Granadilla con la concesión administrativa de una obra de carácter privado. Además, si tal y como manifestarán desde la Autoridad Portuaria en reiteradas ocasiones sobre la imposibilidad de poder realizar en esa zona la Dársena Norte por la existencia de un Lugar de Interés Comunitario, desde el Grupo Municipal Nacionalista no comprendemos cómo ahora sí se concede esta licencia de carácter privado en el mismo lugar sin importarle a la Autoridad Portuaria la existencia de ese LIC.

Asimismo, el Grupo Municipal Nacionalista y la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz denuncian la existencia de irregularidades en el expediente de esta concesión, ya que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto data del 11 de enero de 2001, posteriormente se han realizados cambios sustanciales al proyecto, lo que requeriría un nuevo estudio, pero además este nuevo estudio sería necesario si tenemos en cuenta que la concesión administrativa para la construcción de esta marina se produjo el 26 de febrero de 2002, fecha posterior al estudio inicial.

Por otro lado desde este Grupo Municipal Nacionalista estimamos que si tan necesaria es para la Autoridad Portuaria la construcción de esta marina deportiva, le recomendamos como el lugar más apropiado para que se construya la misma en la Dársena de Los Llanos, una zona que es inservible comercialmente, pero que podría ser excelente para esta clase de instalaciones náutico- deportivas.

Manifiesto "Con orgullo, con modestia y con gratitud"



Nuestro weblog se une al manifiesto que defiende y reconoce el gran momento que vivió España y el mejor momento que pudo haber vivido si en 1936 el fascismo no hubiese derrotado una democracia moderna, justa, con futuro, igualitaria y a un pais libre, culto y con porvenir.
Vale la pena leer el manifiesto y si estamos de acuerdo podemos firmarlo (pulsando aquí).


" El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad. La proclamación de la II República Española encarnó el sueño de un país capaz de ser mejor que sí mismo, y reunió en un solo esfuerzo a todos los españoles que aspiraban a un porvenir de democracia y de modernidad, de libertad y de justicia, de educación y de progreso, de igualdad y de derechos universales para todos sus conciudadanos. Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este manifiesto evocamos aquel espíritu con orgullo, con modestia y con gratitud, y reivindicamos como propios los valores del republicanismo español, que siguen vigentes como símbolos de un país mejor, más libre y más justo.

Frente al colosal impulso modernizador y democratizador que acometieron las instituciones republicanas -siempre con la desleal oposición de quienes creían, y siguen creyendo, que este país es de su exclusiva propiedad-, todavía se nos sigue intentando convencer de que la II República fue un bello propósito condenado al fracaso desde antes de nacer por sus propios errores y carencias. Los firmantes de este manifiesto rechazamos radicalmente esta interpretación, que sólo pretende absolver al general Franco de la responsabilidad del golpe de estado que interrumpió la legalidad constitucional y democrática de una república sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo español, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Y exigimos que las instituciones de la actual democracia española rompan de manera definitiva los lazos que la siguen uniendo -desde los callejeros de los municipios hasta los contenidos de los libros de texto- con un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo en el poder durante treinta y siete años mediante el abuso sistemático e indiscriminado de los siniestros recursos que caracterizan la pervivencia de los regímenes totalitarios. Después de treinta años de democracia, resulta vergonzoso tener que recordar aún donde estaba la ley y donde estuvo el delito. A estas alturas, es intolerable, y muy peligroso para la salud moral y política de nuestro país, que todavía se pretenda equiparar al gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el estado al que, por su honor, había jurado defender, y cuya victoria sólo fue posible gracias a la ayuda de los regímenes fascista y nazi que preparaban una invasión de Europa que acabaría provocando una guerra mundial y, aún más decisivamente, gracias a la culpable indiferencia de las democracias occidentales, que, antes de convertirse en víctimas de las mismas potencias en cuyas manos habían abandonado a España, eligieron parapetarse tras el hipócrita simulacro de neutralidad que representó el comité de No Intervención de Londres.

El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad, y los españoles la aprovecharon. Pese a la brevedad de su vida, la II República desarrolló en múltiples campos de la vida pública una labor ingente, que asombró al mundo y situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural. Entre sus logros, bastaría citar la reforma agraria, el sufragio femenino, los avances en materia legislativa de toda índole, la separación efectiva de poderes, las constantes y modernísimas iniciativas destinadas a difundir la cultura hasta en las comarcas más remotas, el decidido impulso de la investigación científica o el florecimiento ejemplar no sólo de la educación, sino también de la asistencia sanitaria pública, para demostrar que aquel bello propósito generó bellísimas realidades, que habrían sido capaces de cambiar la vida de un pueblo condenado a la pobreza, la sumisión y la ignorancia por los mismos poderes -los grandes propietarios, la facción más reaccionaria del Ejército y la jerarquía de la Iglesia Católica- que se apresuraron a mutilarlo de toda esperanza.

La República dotó a los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad de entonces, las mujeres y los niños, de un estatuto jurídico privilegiado en su época. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso para ellas, para ellos, la pérdida de todo derecho y su consagración como subciudadanos dependientes de la buena voluntad de los cabezas de sus respectivas familias. La República apostó por la defensa de los espacios públicos como escenario fundamental de la vida española, asumiendo la necesidad de equiparar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas, y desarrollando políticas de igualdad no sólo entre los individuos, sino también entre las regiones más y menos prósperas. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen consolidó las desigualdades históricas tanto individuales como colectivas, y abandonó la promoción de los servicios públicos para crear un déficit que en algunos sectores, como la educación primaria y secundaria, seguimos padeciendo todavía. La República fomentó el auge de la cultura española en todos los terrenos de la creación artística y de la investigación científica, el debate intelectual y la vida universitaria, hasta el punto de que su nombre y su destino estarán unidos para siempre a la memoria del máximo esplendor cultural del que ha gozado nuestro país en la era moderna. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso la pérdida más trágica que, a su vez, ha soportado nunca la cultura española, el exilio masivo de los mejores, que dejaron las aulas y los laboratorios, los talleres y las redacciones, las editoriales y los museos, la autoridad y el prestigio intelectual de nuestro país, en manos de una improvisada cosecha de oportunistas y segundones, que redujeron la vida cultural española a una lamentable manifestación de mediocres oscuridades.

Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este manifiesto no queremos seguir lamentando la triste brutalidad de aquel retroceso, sino celebrar la emocionante calidad de los logros que le precedieron, y agradecer la ambición, el coraje, el talento y la entrega de una generación de españoles que creyó en nosotros al creer en el futuro de su país. Reivindicar su memoria es creer en nuestro propio futuro, que será proporcionalmente mejor, más libre, más justo, más feliz, en la medida en que seamos capaces de estar a la altura de la tradición republicana que hemos heredado. Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos, hoy, setenta y cinco años después, queremos celebrar el 14 de abril de 1931, y proponer que esta fecha se celebre en lo sucesivo como un reconocimiento oficial a todos los ciudadanos españoles que lucharon activamente por la libertad, la justicia y la igualdad, valores comunes que tienen que seguir orientando la construcción democrática de la sociedad española. "

Treinta camas y otras tantas camillas no son suficientes para atender las personas que desde hace dos meses y medio están llegando a las Urgencias del Hospital de La Candelaria. Ayer los sindicatos mayoritarios denunciaron el colapso ya crónico del servicio.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria está atendiendo diariamente una media de 350 personas, con un ritmo de espera que, en algunos casos, supera las ocho horas. Esta situación de «colapso» se repite desde hace dos meses y medio, según denunciaron ayer los sindicatos Cemsatse, UGT y Comisiones Obreras, que exigen a la Consejería de Sanidad, no sólo una solución urgente al problema, sino una mayor planificación para evitar que situaciones como esta se repitan y se prolonguen en el tiempo.
Los representantes de los trabajadores aseguran que la asistencia está garantizada, pero «nos faltan medios» para atender correctamente a los pacientes. Esa falta de medios lleva a situaciones «inhumanas» en las que una vez que se ocupan las 20 camas de observación y las 10 camas y 12 camillas de la sala para desahogo, a los pacientes se los empieza a colocar en camillas fila en los pasillos «y cuando se acaban las camillas, en sillas de ruedas y cuando estas se acaban en las silla de la sala de espera y luego de pie», explicaba Elvira Felipe de CCOO.
Soluciones. Los sindicatos aseguran que el colapso de las urgencias de La Candelaria y también del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde la situación, dicen, es similar, se debe a la falta de planificación y a que el Gobierno «no ha desarrollado» la red extrahospitalaria de urgencias, que «desahogaría el servicio de urgencias en los hospitales». Afirman que en esta ocasión el problema no se soluciona con la contratación de más personal, que se hace desde que hay más de dos camillas colocadas en los pasillos.
La solución que exigen a medio y largo plazo vendría, sobre todo, por el desarrollo de esa red de urgencias extrahospitalaria, por el incremento de camas en los hospitales y por la creación de hospitales de primer y segundo nivel. Los sindicatos, que aseguran que este colapso «no es nuevo», sino que se repite desde hace años «aunque ahora se ha cronificado», dice Francisco Bautista, de UGT, criticaron el retraso en la construcción de los hospitales del Norte y del Sur que también desahogarían las urgencias.
A corto plazo, según apuntó Ramona Mendoza, de Cemsatse, «desde dentro del hospital se están buscando soluciones», pero, agregó, «el problema necesita de una solución definitiva».
Hospital de campaña
Los sindicatos mayoritarios en el Hospital de La Candelaria aseguran que la situación en Urgencias se asemeja a la que se vive en los hospitales de campaña, «donde los médicos, enfermeras y auxiliares apenas se pueden mover entre las camillas amontonadas en los pasillos». A las ocho de la mañana de ayer ya había 36 pacientes pendientes de cama para ingresar y otros 80 estaban siendo atendidos o esperando.

La necesidad del puerto de Granadilla es artificial. Se ha creado con la política de obstrucción al desarrollo del puerto de Santa Cruz ideada por ATI-CC-PP para justificar obras innecesarias como son el propio puerto de Granadilla y la segunda pista del Reina Sofía. La trama se ha montado bajo un simple principio: si no hay segunda pista Reina Sofía, no habrá puerto; si no hay puerto, no habrá segunda pista. Este silogismo permite que una obra justifique a la otra aunque ambas sean innecesarias.

Alguien apuntó que la polémica estaba centrada en si una segunda pista en el Aeropuerto Tenerife Sur obedecía realmente al interés de obtener una cantera de extracción de áridos para el puerto de Granadilla o a una necesidad real de ampliación. Las estadísticas y las previsiones apuntan y confirman que ambas obras son innecesarias. Las previsiones oficiales, como la Historia, se preparan o escriben a gusto de quien gobierna por lo que será difícil determinar cuanto de cierto hay en la postura oficial de los gobiernos insular y autonómico.

El puerto de Granadilla no es económicamente viable si no cuenta con gran parte del tráfico cautivo del puerto de Santa Cruz. Esto ya lo decía el estudio inicial de viabilidad económica que reproduce, en parte, el Plan de utilización de espacios portuarios del nuevo puerto comercial de Granadilla (2000) y que confirmaba el Estudio de mercado del nuevo puerto de Granadilla al prever dos tipos de tráfico para aquel puerto: 1) el tráfico de entrada y salida de Tenerife -tráfico cautivo-, que por motivos de economía, funcionalidad o agotamiento de la capacidad se desviaría del puerto de Santa Cruz al de Granadilla; y 2) el tráfico a captar de los flujos Norte-Sur debido a la posición estratégica de Tenerife respecto a estas rutas. Las previsiones para el tráfico de contenedores que justificaban la viabilidad del puerto eran para el año horizonte 2023 de 1.030.000 teus, de los que sólo 870.000 unidades corresponderían a contenedores en tránsito (transbordo) y 159.000 a tráfico cautivo. Las desviaciones de tráfico cautivo de Santa Cruz a Granadilla pasaban, en la serie de previsiones, de los 85.000 teus en 2003 y 112.000 en 2010 a 146.000 unidades en 2020. En transbordo y para los mismos años, la serie era: 300.000, 523.000 y 774.000 teus. Las cifras no justificaban la construcción de un puerto en Granadilla y menos aún un macro-puerto como se pretendía.

La cifra horizonte 2023 de 1.030.000 teus en el puerto de Granadilla no se aleja de las previsiones de la opción D, elegida por las terminales para la ampliación del puerto de Santa Cruz puesto que sólo dependería para superarla de la estadía media de los contenedores en puerto, hoy por hoy escandalosa, o de su altura de apilado. El estudio considera como factor que provoca un horizonte de infracapacidad “la mayor necesidad de espacio de depósito de contenedores frente a los puertos peninsulares”, debido a un índice superior de estadía media de los contenedores en puerto. Unamos a eso un apilamiento reducido -2,5 alturas- y no sólo las terminales de Santa Cruz se harán pequeñas sino también la prevista en Granadilla. Los puertos asiáticos se toman como ejemplo de eficiencia en el uso del espacio portuario, pero no es aplicable a las terminales de Santa Cruz, donde la tasa o tarifa de ocupación de superficie es baja o gratis para el tráfico cautivo que tiene origen/destino la Península. Si las terminales de Hong Kong aplicaran igual criterio de apilamiento, estarían saturadas en menor tiempo que nuestro puerto de Santa Cruz. Según el documento, el horizonte de saturación del puerto de Santa Cruz de Tenerife es el año 2006, con 378.887 teus. El puerto movió 426.286 en 2005.

Como consecuencia de la construcción del puerto de Granadilla, la intensidad media diaria del transporte terrestre que generará el tráfico portuario directo -sin incluir el propio del polígono industrial-, con origen/destino preferencial el norte de la isla y secundariamente el sur, y que ha de absorber la Autopista TF-1, aumentará de forma exponencial a la que actualmente tiene su origen en Santa Cruz y destino el sur de la Isla. La razón es bien es sencilla: un mayor peso poblacional en el norte de Tenerife, cuyos consumos son mayores al del propio turismo. Es más, la actividad de la ZAL provocaría un aumento desproporcionado de vehículos semi-ligeros (reparto) que incrementaría los riesgos de circulación en ese sentido. No podemos entender ni aceptar cómo se puede afirmar que con Granadilla se reduciría el tráfico, particularmente pesado, en la TF-1. Los combustibles líquidos -mercancías peligrosas- seguirán circulando por nuestras carreteras para abastecer las innumerables gasolineras existentes en el otro lado de la isla. Mientras tanto, seguimos soportando ese tráfico en sentido sur pese a tener un adecuado campo de boyas en las proximidades del aeropuerto, playa de La Tejita. ¿Qué inventar para hacer bueno el proyecto Granadilla?

La empresa Endesa, mayoritaria en Gascan y propietaria de las centrales térmicas que van a abastecerse con gas, con su regasificadora flotante en Livorno (Italia), deja claro que el puerto de Granadilla no es necesario para la regasificación de sus centrales en Tenerife. Según una nota oficial de Endesa a sus inversores, el consejero delegado de la principal compañía eléctrica española, Rafael Miranda, firmó el pasado 7 de junio un importante acuerdo con la sociedad Off-shore LNG Toscana (OLT), propietaria de una planta de esas características en Livorno, por el que la eléctrica española asume el control operativo ."El proyecto de terminal flotante (off-shore) -dice el comunicado de Endesa- emplea una solución técnica novedosa en Europa, ya que la planta se sitúa a unos 20 kilómetros mar adentro frente a las costas de Livorno"; estas instalaciones "representan el futuro en los desarrollos terminales de regasificación en el mundo”, y, por tanto, también seria posible en Granadilla, siendo ya una tecnología empleada en el 40% de los proyectos en desarrollo en Estados Unidos y en el 25% de los que se llevan a cabo a nivel mundial"; las características de estas plantas de mar adentro respecto a las instalaciones convencionales en tierra, representan "grandes ventajas medioambientales y de seguridad, al alejar la planta de las zonas pobladas y minimizar significativamente su impacto visual", lo que "refuerza el compromiso de Endesa con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica”.

En definitiva, las razones esgrimidas o las necesidades a cubrir por el proyectado puerto de Granadilla no son las de que la infraestructura será necesario para el desarrollo económico de Canarias o la generación de empleo. El Archipiélago cuenta con dos puertos que bien gestionados cubrirían las previsiones de futuro con absoluta garantía. En cuanto al empleo, no se oculta que los puertos de transbordo -el de Santa Cruz lo sería con la ampliación de la dársena Norte - sólo generan los puestos de trabajo de aquellos que realizan las operaciones, estibadores y terminal, puesto que estas actividades se limitan a dos movimientos, la descarga de un buque y su carga en otro con posterioridad sin salir de los límites de las terminales. En lenguaje portuario: de barco a pila y de pila a barco. No más allá.



*Ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El paro registrado en los servicios públicos de empleo se redujo durante el pasado marzo en 20.747 personas (-0,96%) en el conjunto del Estado y subió en 1.708 desocupados en Canarias (1,27%), única autonomía que registró un aumento del desempleo,


EFE. Madrid


El paro se redujo durante el pasado marzo en 20.747 personas (0,96%) en toda España hasta situar el total de desempleados inscritos en 2.148.530 personas, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En marzo de 2005, el paro bajó en 20.585 personas aunque, desde esa fecha el desempleo subió en 3.695 trabajadores. La reducción de paro en marzo fue la segunda de este año tras la registrada en febrero.

Las mayores caídas del paro en marzo se situaron en Baleares (-6,55%), Navarra (-5,31), Cantabria (-4,75), Murcia (-2,76), Comunidad Valenciana (-1,74), País Vasco (-1,68), Asturias (-1,51), Castilla-La Mancha (-1,39) y Galicia (-1,27%). Descensos similares o inferiores a la media nacional se registraron en Aragón y Extremadura (-0,99%), Cataluña (-0,91), Castilla y León (-0,80), Madrid (-0,60), La Rioja (-0,12) y Andalucía (-0,04%), mientras que el paro subió en Canarias (1,27%), y en las ciudades autónomas de Melilla (2,23) y Ceuta (0,10).

Por sectores, el desempleo bajó en los servicios (13.364 parados menos), la construcción (6.766 parados), la industria (3.459 parados) y la agricultura (12 personas), y subió en el colectivo sin empleo anterior (2.854).

La reducción del paro en marzo benefició sobre todo a los hombres, un colectivo que registró 18.657 parados menos hasta dejar 833.844 desempleados inscritos. Entre las mujeres, el paro se redujo en 2.090 personas, hasta situar el total en 1.314.686 desempleadas.

Desde marzo de 2005, el paro femenino se incrementó en 33.019 personas (el 2,58% más), mientras que el masculino bajó en 29.324 hombres (3,40%). El mes pasado, el paro decreció entre los menores de 25 años en 3.306 personas respecto a febrero y en 17.441 entre los mayores de esa edad.

La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia que se inició ayer en Canarias dejó a los juzgados isleños trabajando ´al ralentí´, con unos servicios mínimos que poco podrán hacer para impedir que el atasco de expedientes que ya existe en el Archipiélago se multiplique hasta cifras incontrolables y, lo que es peor, con unas diferencias en la mesa de negociación que no invitan al optimismo.

Así, con este panorama, los sindicatos cifraron ayer en más de 500 el número de juicios que se suspenderán por cada día de huelga y en más de 6.000 el número de escritos que se paralizarán cada jornada, lo que, unido al histórico retraso que convierte a la Justicia canaria en una de las más lentas y saturadas del país (según datos del Consejo General del Poder Judicial), puede provocar un caos de papeles que tardaría años en ponerse al día.

Los funcionarios de Justicia reclaman un concepto salarial llamado complemento específico, que viene articulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según ésta, "es un complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de los mismos, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad...". Esto, según explica la portavoz del comité de huelga de los funcionarios, Mery Pita, "parte de nuestra estructura retributiva".

Las propuestas se han ido acercando a lo largo de la negociación entre funcionarios y Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. En un principio, los trabajadores pedían una subida de 272 euros "que nos pondría en la media que por este mismo concepto perciben los funcionarios de los mismos grupos que nosotros en la Comunidad Autónoma de Canarias", según explica Mery Pita. Pero la propuesta inicial del Gobierno era de 30 euros por funcionario, que posteriormente subió a 60.

El pasado viernes, en una reunión celebrada en la capital grancanaria, las posturas se acercaron, pero no lo suficiente como para suspender la huelga que se inició ayer ni para evitar que el comité de huelga en peso de los funcionarios decidiera pasar el fin de semana sobre la mesa de negociación y a base de bocadillos.

En la reunión celebrada el viernes, los funcionarios bajaron su petición salarial a 182 euros por trabajador, pero el Gobierno de Canarias se quedó en una subida de 120. Según Mery Pita, esa diferencia suponía un esfuerzo global por parte del Gobierno de 1,3 millones de euros, "y por ese dinero estos señores quieren llevar a los funcionarios de Justicia a una huelga indefinida". REUNIÓN. En la tarde de ayer volvieron a reunirse, esta vez en Tenerife, el comité de huelga y los representantes del Gobierno de Canarias, concretamente el viceconsejero de Justicia y la directora general, Francisco José Díaz Brito y Carolina Déniz de León. La reunión comenzó a las siete y media de la tarde, debido a un problema de vuelos de los representantes sindicales que acudieron desde Gran Canaria.

Al cierre de esta edición, Gobierno y representantes sindicales seguían sentados en la mesa de negociación en una reunión que se prolongó durante horas. Ambas partes buscaban una solución al conflicto con el fin de poder desconvocar la huelga, y según aseguraron fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, bien entrada la noche se había conseguido acercar posturas y ambas partes estaban en el buen camino para desconvocar la huelga.

Se pide el cese de Francisco Acosta como asesor del Comisionado de Acción Exterior "por lo menos para que el Gobierno de Coalición Canaria parezca coherente con lo anunciado ayer por su presidente sobre un Código Ético para luchar contra la corrupción".
Tras el hacerse pública la imputación al exalcalde de Frontera de un presunto delito de prevaricación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Alternativa Popular Canaria (APC) ha exigido que tanto las fuerzas políticas como la judicatura tengan una actuación firme ante cualquier caso de corrupción.
Para el portavoz de Alternativa, Abel Fernández, "aunque era un rumor entre los vecinos del municipio la actuación irregular del anterior grupo de gobierno, es ahora cuando se ha actuado, aunque desde el verano estaba el informe de la auditoria que apuntaban las irregularidades e incluso se hizo pública en un pleno una nota manuscrita del anterior alcalde en la que se repartía el negocio de la concesión de una farmacia".
Desde Alternativa se considera que esta actuación ante la Fiscalía Anticorrupción puede servir de precedente para cualquier caso de corrupción ya que no debe consolidarse la actual sensación de que todo queda en la más absoluta impunidad. "Por eso no basta con que se difunda el rumor, o se denuncie a nivel político, sino que se debe actuar con total contundencia por ética y por el propio prestigio de las instituciones", afirmó Fernández, "Si en el actual clima de denuncias diarias de casos de corrupción, se percibiera la intención de tapar las cosas, como ha ocurrido en otros ocasiones, de nada valdrían los lamentos de los actuales sectores dirigentes, ya que se confirmarían muchas sospechas populares"
Por otra parte, y aún desde la presunción de inocencia, se pide el cese de Francisco Acosta como asesor del Comisionado de Acción Exterior "por lo menos para que el Gobierno de Coalición Canaria parezca coherente con lo anunciado ayer por su presidente sobre un Código Ético para luchar contra la corrupción".

Izquierda Unida canaria (IUC) afirma que la propuesta de elaborar un código de ética y buen gobierno contra la corrupción, formulada por el presidente regional, Adán Martín, será sólo propaganda y carecerá de efectividad. La formación de izquierdas, considera que una norma efectiva contra la corrupción debería garantizar la absoluta transparencia en la financiación de partidos y limitar las aportaciones empresariales a éstos. Pues IUC ve lógico que la inversión de una empresa en un partido político tenga como objetivo lograr decisiones que incrementen sus beneficios. Y, como en democracia la influencia política deben proporcionarla los votos y no el dinero, habría que ilegalizar formas de corrupción que hoy son legales.

IUC cree que la corrupción existe para acaparar riqueza por medios ilícitos. Sin embargo, si los acaparadores de riqueza se hacen con el gobierno, establecerán medios legales para concentrar la riqueza en pocas manos. Se regularán y legalizarán los abusos y sólo se percibirán como corrupción aquellos abusos que carezcan de respaldo legal. IUC afirma que cuando se permite a una parte de la sociedad acaparar mucha riqueza a costa de otra parte de la sociedad, se socava la ética colectiva de la solidaridad y aparecen personas que consideran moralmente lícito lucrarse ilícitamente, dado el contexto de fuerte desigualdad.
En opinión de IUC, las políticas generadoras de desigualdad aplicadas en Canarias, la financiación de las campañas electorales y las privatizaciones que transfieren riqueza colectiva a los sectores más adinerados, son incentivos estructurales para garantizar elevados niveles de corrupción en Canarias. Y, por supuesto, la corrupción no sólo degrada la democracia sino que, además, se ha documentado que la corrupción disminuye la inversión y, por lo tanto, reduce el crecimiento económico. Es decir, es un factor de ineficiencia económica.

Recientemente se presentaba en sociedad la iniciativa ciudadana “Sí se puede” que aspira a convertirse en un referente en la defensa del medio ambiente y de las políticas públicas y en la lucha contra la corrupción en la isla de Tenerife. Con el objetivo de profundizar un poco más en este movimiento alternativo de cara al 2007 hemos mantenido una entrevista con los portavoces de este colectivo: José María Fernández Palacios y Pedro Fernández Arcilla.
JM CASTELLANO
¿“Sí se puede” es una replica a esa etiqueta manipuladora que le han colgado de los del “No a todo” o es simplemente es una afirmación de que el cambio dentro del sistema democrático es posible?
- José María Fernández Palacios: Los dos puntos de vista tienen un cierto sentido. Por un lado, es un grito de ánimo, una consigna que está muy de moda en Latinoamérica. Y también queríamos poner un “sí” para desmarcarnos de los del “no a todo”. En este sistema en el que vivimos se pueden cambiar las cosas, se puede cambiar el mundo, estamos convencidos. Nos va a costar indudablemente, pero la ilusión en la utopía no nos la va a quitar nadie. Sabemos que es muy complicado, pero creemos que sí podemos.
- Pedro Fernández Arcila: Y sobre todo es también romper ese maleficio del “no se puede hacer nada”, “ya se sabe como son los políticos” que siempre se ha utilizado en los últimos años. Creo que es una exclamación que identifica lo que queremos hacer. En definitiva somos un grupo de ciudadanos que estamos promoviendo una opción electoral, ni más ni menos, no somos un grupo de candidatos a nada, eso tiene que quedar claro. Somos un grupo de ciudadanos preocupado por la situación política de la Isla que hemos dado un paso de que “sí se puede”.
¿Cómo y cuándo nace?

- José María Fernández Palacios: Nació hace un año, donde un grupo de personas que compartimos una serie de inquietudes palpamos que había una demanda importante de mucha gente que estaría dispuesta a hacer algo. Somos gente de diversas procedencias, de partidos pero también independientes, de grupos ecologistas, de asociaciones de vecinos, de sindicatos y poco a poco nos dimos cuenta que debíamos intentarlo.
¿El marco de acción se reduce a la isla de Tenerife?

- Pedro Fernández Arcila: Inicialmente sí. Trabajamos sobre un programa de mínimo, sabemos sobre lo que sí tenemos capacidad. Inicialmente queremos trabajar de cara al Cabildo, a Santa Cruz y también a La Laguna. Vamos a ver la respuesta de la gente. Ese es un poco el planteamiento inicial.
- José María Fernández Palacios: En principio no cerramos puertas a nada. Estamos a un año de las elecciones y no queremos ser muy ambiciosos. Por ahora no cerramos ninguna puerta y evidentemente en un futuro nos encantaría tener una proyección más que insular. Sobre todo teniendo en cuenta que hay modelos similares en otras islas, como Alternativa Ciudadana en Lanzarote que es un movimiento interesantísimo, pero también creemos que las cosas tienen sus plazos y aquí no hay atajos que valgan. Por ahora no queremos ser muy ambiciosos.
¿Cuales son los ejes fundamentales desde el punto de vista ideológico?

- Pedro Fernández Arcila: Cambio del modelo insular, cambio del modelo territorial, lucha contra la corrupción, potenciación de las políticas públicas y tratar de contrarrestar o eliminar beneficios impositivos que creemos que son muy gravosos social y ambientalmente como es la RIC.
- José María Fernández Palacios: En síntesis tres R: regeneración democrática, redistribución de la riqueza y restauración del territorio, es decir, una lucha por una democracia participativa, una lucha por combatir la pobreza y luego el acércanos al desarrollo sostenible.
¿Y en el marco actual cómo ven la participación en un sistema de juego donde hay muchos aspectos en contra de Udes.?

- Pedro Fernández Arcila: Inicialmente presentarnos a nivel autonómico no es nuestra prioridad, pero si lo fuera tanto la ley electoral actual como la reforma que tratan de aprobar sería un gran obstáculo. También hay algún impedimento por la ley electoral nacional para organizarnos como agrupación electoral. Intentaremos sortearlos pero no da mucho cauce a este tipo de alternativa, cuya característica fundamental es el ámbito ciudadano. En cuanto a la agrupación electoral nos exigen una serie de adhesiones, muchas firmas ante notario que sin duda nos va a costar conseguir. La Ley te encauza a constituir un partido político, pero a nosotros nos parece que la organización de un partido no es el marco adecuado.
- José María Fernández Palacios: Nosotros no queremos ser un partido político. Primero, porque está participando gente militante de partidos, de organizaciones ecologistas, de sindicatos, de organizaciones sociales y, por otro lado, porque queremos ser alternativos y empezar a cambiar las cosas desde el principio; queremos tomar decisiones siempre de forma colegiada, asamblearia; que no hayan cabezas visibles; todos los cargos rotatorios, de manera que nadie se pueda perpetuar. Tenemos mucho interés en cambiar las formas y el fondo de hacer política. En ese marco no cabe una organización política. La agrupación electoral nos va a costar mucho en términos de conseguir firmas pero vamos a intentarlo.
¿Por qué una agrupación electoral?

- Pedro Fernández Arcila: Una de las cuestiones más interesante de la agrupación electoral es la relación directa entre el electo y el elegible, por eso nos identificamos tanto por esa posibilidad pero la ley electoral nos exige un nivel de firma y apoyo elevado.
¿Qué número de firmas se necesitan y en qué tiempo?

- Pedro Fernández Arcila: En población entre 100.000 y 300.000 habitantes te exigen casi diez mil personas ante notario y en un plazo de dos o tres semanas. Un tiempo muy corto, en el que se tiene que imprimir un ritmo ágil en que la gente vaya al notorio, con todo lo que eso conlleva.
- José María Fernández Palacios: Cuando propusimos esa idea, la agrupación electoral, en el acto de presentación fue uno de los puntos que más gustó, es decir, el ser capaces de constituir una agrupación electoral que es algo diferente a los partidos porque sería mucho más directa la relación votante y electos. Y vamos hacer todo lo posible por intentar mantener ese pacto, otra cosa es que los problemas burocráticos que impone una ley electoral determinada nos impida materializarla pero vamos a hacer todo lo posible.
¿2007: el inicio de un cambio o la consolidación continuista de estas tres últimas décadas?

- José María Fernández Palacios: Es un tema complicado. Para nosotros el fracaso sería que no hubiera una alternativa. Si luego el conjunto de la población considera que esta alternativa no cumple su expectativa y considera elegir otra opción, otro modelo, nosotros eso lo vamos asumir. Para nosotros el fracaso no sería tanto no entrar en las instituciones como que después de un descontento manifiesto de la población nadie haya sido capaz de articular una lista que fuera capaz de entrar en las instituciones. Para nosotros eso sería un fracaso. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos ¿Qué nos gustaría? Entrar en las instituciones, al menos con la posibilidad de que se pueda escuchar una voz alternativa al discurso similar de todas las fuerzas políticas ¿Seremos capaces de conseguirlo? El tiempo lo dirá. Desde luego nosotros tenemos ilusión.
- Pedro Fernández Arcila: Nos interesa como objetivo fundamental lograr una lista alternativa para el 2007 pero también consolidar esta opción para los próximas años, después del 2007. Todos conocemos la realidad de la isla y las dificultades que hay para tratar de consolidar una opción política que pueda defender los valores que está reclamando la ciudadanía y esto requiere un esfuerzo que supondría tener la vista en el 2007 pero esto es un trabajo a largo plazo y que la ciudadanía lo pueda ver como un referente.
Son conscientes que van a entrar en juego donde las cartas están marcadas a través de una financiación de dudosa legalidad, un control excesivo de los medios de comunicación... ¿Qué papel pueden desempeñar Udes. en este juego extraño?
- José María Fernández Palacios: Nosotros tenemos que tener mucha imaginación, tenemos que ser muy originales en el modo de hacer llegar a la gente nuestros mensajes tanto en la forma como en el fondo. Tenemos que hacer una política diferente; queremos desterrar los insultos; las descalificaciones personales; queremos siempre argumentar sólidamente nuestras propuestas y queremos hacer una labor pedagógica entre toda la sociedad ¿Por qué defendemos esto? Por esto, por esto y por esto. En el tema de Granadilla ha quedado claro de cómo queremos intentarlo. No queremos monopolizar en absoluto el tema del puerto de Granadilla. Ha sido muchísima gente la que ha cooperado, pero también varias gente de nuestro colectivo ha estado en Europa defendiendo este tema. Por otro lado, nosotros vamos a resistirnos en la medida de lo posible a caer en el juego que ellos quieren que caigamos. Queremos ser alternativa de verdad en el programa y en la forma ¿Qué lo vayamos a conseguir? El tiempo lo dirá, desde luego que lo vamos a intentar. Estamos ilusionados en hacer algo diferente, en utilizar conductos diferentes, no utilizar los medios de comunicación oficiales que responden a otros intereses donde nosotros no entramos, no cabemos. Y sabemos que vamos a tener el ambiente en contra pero, aún así, creemos que vale la pena y lo vamos a intentar.
- Pedro Fernández Arcila: El capital humano es lo único y lo más importante que tenemos. La mayoría tenemos una experiencia dilatada en trabajar con éxito sin contar con demasiada financiación. Nuestra propuesta es tratar de colocar a gente en las instancias políticas para que sean representantes de los movimientos sociales con una cultura básicamente participativa.
¿Los medios de comunicación han trasmitido la idea de que Udes. son el brazo político de Asamblea por Tenerife?

- Pedro Fernández Arcila: Nosotros queremos aclarar que no tenemos nada que ver con Asamblea por Tenerife. Respetamos y valoramos muchísimo el trabajo que ha hecho pero esto es una cosa completamente distinta. Nosotros hemos tomado la decisión de que debe zanjarse en las instancias políticas. Asamblea por Tenerife ha hecho un trabajo meritorio en el que ha participado muchísima gente, en gran parte se le debe a ellos el éxito de lo que se ha conseguido, en concreto en el tema del puerto de Granadilla, las grandes movilizaciones que ha habido en estos dos últimos años. Y eso es algo que hay que agradecerlo al trabajo de muchísimas gente en Asamblea por Tenerife pero “Si se puede” es otra cosa.
- José María Fernández Palacios: Cuando Asamblea por Tenerife se pronunció al respecto, sobre su no participación en el juego electoral, nos pareció sensato y por supuesto lo vamos a respetar. Muchos de nosotros hemos estado vinculados de una u otra manera a Asamblea por Tenerife, aunque otros no. A nosotros nos gustaría que Asamblea por Tenerife también entendiera y respetara nuestra postura. Nosotros oficialmente no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros entendemos que había que dar un paso, que había que hacer algo más.
¿Creen Udes. que ha podido darse algún tipo de juego sucio o manipulación por algún medio de comunicación al vincularlos a Udes. al movimiento de Vilaflor y a la Asamblea por Tenerife?

- Pedro Fernández Arcila: No lo sé. No se que le ha movido a algunos periodistas a sacar esas afirmaciones. Desde nuestro punto de vista son erróneas, completamente erróneas. Una de nuestra tarea principal ha sido desvincularnos del trabajo de Asamblea por Tenerife, respetando y dándoles los mejores parabienes presentes y futuros pero sabemos que para no mezclar una cosa con la otra debíamos apartarnos de Asamblea por Tenerife. Para nosotros es fundamental que Asamblea por Tenerife se mantenga como movimiento ciudadano y que siga permitiendo que haya militantes de partidos políticos que participen en Asamblea sin ánimo de protagonizar el movimiento ciudadano. Ese equilibrio siempre se respetó y creo que esa es la base de Asamblea de Tenerife, el respeto a las ideologías y el estar unidos por luchas concretas, eso es fundamental. Y nosotros apoyaremos siempre esa filosofía de Asamblea por Tenerife pero queremos dejar claro que no tenemos nada que ver con ellos. Creo que el tiempo también irá distanciando una cosa de la otra, para aquellas personas que caían en el error de vincularnos, si no hay mala fe, a lo mejor lo que hay es un cierto desconocimiento.
- José María Fernández Palacios: No creo que hubiera mala fe en los titulares periodísticos sino a lo mejor un poco de desconocimiento. Se que algunos titulares a Asamblea por Tenerife no le sentó bien pero creo que ellos son concientes que nosotros no tenemos capacidad de manejar los titulares de los medios. Creo que el tiempo dirá que somos aliados y que seguro que vamos a estar junto en muchas cosas y que no pretendemos suplantar a Asamblea por Tenerife y que entendimos su decisión y la respetamos.
De cara al 2007 uno tiene la sensación de que el espacio alternativo puede presentar una excesiva división de grupos

- José María Fernández Palacios: Creo que en principio esa sensación puede percibirse y sería fundada. Sin embargo, a nosotros nos gustaría dejar claro que una de las ideas por las que nacemos es porque queremos servir de crisol, es decir, queremos ser capaces de unificar en una única lista a las circunscripciones a las que se consideren adecuadas a todo el mundo alternativo. Una de nuestras prioridades es de sentarnos en la mesa con Izquierda Unida, con Los Verdes de Canarias, con Alternativa Popular Canaria, tal vez también con el Partido Comunista del Pueblo Canario, con organizaciones de todo tipo, sindicales, ecologistas, e intentar hacer el esfuerzo necesario para poner sobre la mesa la necesidad de una única candidatura. En nuestro ánimo no está el dividir en absoluto sino en sumar. También nos gustaría que estuviera el movimiento que pueda estar desarrollando Guigou, Fumero y gente cercanos al Centro de la Cultura Popular Canaria. En esta lista no habrá ningún tipo de protagonismo por nuestra parte. Estamos convencido de lo que nos une es mucho más importante de lo que nos separa.
- Pedro Fernández Arcila: Como grupo ciudadano lo que debemos promover es que haya una unidad de todas estas opciones políticas de cara a las elecciones del 2007. Ese es uno de nuestros trabajos fundamentales. Y lo recibiríamos con cierto fracaso el que alguna opción, por minoritariamente que sea, no se incorporara a este proceso.
¿Si no se alcanza esa unidad podría significar el fracaso definitivo de los movimientos alternativos?

- José María Fernández Palacios: Somos consciente que un nuevo fracaso más no se podría resistir, por eso nuestra vocación no es forzar una lista nominal sino hacer de aglutinador.
¿La coyuntura actual puede ser favorable pero podría repetirse unos resultados similares a la última convocatoria electoral que tras producirse el efecto Vilaflor no se tradujo en nada?
- Pedro Fernández Arcila: No se produjo un cambio porque no hubo una oferta alternativa, no hubo una opción.
- José María Fernández Palacios: En aquel momento hubo un cambio sociológico pero no había una referencia electoral. No había lo que estamos intentando construir. Vamos a intentar que la gente que no vota vuelva a votar. Sabemos que hay mucha gente que tiene una conciencia muy clara que no vota y nosotros queremos y nos parece que tenemos que dirigirnos a esa gente. A lo mejor lo que tú comentas fue en parte porque no se dieron las circunstancias para que hubiera una oferta claramente diferenciada en el juego electoral.
¿Qué diagnóstico hace de la realidad canaria?

- Pedro Fernández Arcila: Nosotros tomamos como referencia el puerto de Granadilla, si finalmente logramos que no se haga el puerto, creo que eso va a suponer implícitamente un cambio sobre el modelo insular. Esto nos obliga a nosotros a saber cual es el modelo que queremos para la isla. Y en cierta manera toda la población insular está expectante a ver que es lo que nosotros podemos proponer con relación al modelo insular. Y también creo que toda la experiencia de estos últimos años de movilizaciones sociales es un elemento muy importante a destacar. Han sido movilizaciones espectaculares a pesar de todas las dificultades de los medios de comunicación, sin una clara referencia a partido político... Algo está cambiando. Percibo además una mayor separación entre las propuestas de los partidos políticos tradicionales y la reflexión de toda la isla. Creo que estamos en una situación, después de lo que pudo ser la transición democrática, de lo más interesante desde el punto de vista político.
¿La sociedad canaria está preparada, está formada para ejercer una posición crítica o siempre se están dirigiendo a un grupo con un perfil muy concreto?
- Pedro Fernández Arcila: En este proceso hemos aprendido los comportamientos de los partidos políticos tradicionales pero también hemos aprendido que somos más de dos y que somos gente de distintos mundos; personas de los movimientos vecinales que uno consideraba que podían estar más afines, por alguna pequeña prebenda, a los grupos de gobierno municipales; ves que hay un grado de contestación muy fuerte; personas pertenecientes a los movimientos sociales y ecologistas con un grado de contestación y de reflexión muy elevado... La gente empieza a ver que hay también otra posible vía de participar.
- José María Fernández Palacios: Nosotros tenemos que hacer ahora un esfuerzo para que ese sentimiento que está en la calle sea capaz de entrar en las instituciones. Nosotros creemos en las instituciones, en la democracia, y nos parece fundamental que las instituciones estén representadas por una voz alternativa y diferente. No nos gusta que no haya oposición en el Parlamento de Canarias, que no haya oposición en el Cabildo, ni en los ayuntamientos.
¿Los partidos políticos son estructuras anquilosadas?

- José María Fernández Palacios: Los partidos se han desvirtuados, se han convertido en maquinaria de poder que responden a los intereses fundamentalmente de quienes los financian, son maquinarias de poder que se olvidan de la gente a la que se suponen que representan.
¿La corrupción en la política está tan extendida como parece?

- Pedro Fernández Arcila: Esa confusión entre los poderes económicos y políticos conlleva a una corrupción natural. Creo que muchos políticos no son conscientes de que estén haciendo una actuación contraria a las leyes. Para ellos es parte de su planteamiento, lo han vivido en estos últimos treinta años, en favorecer a un empresario que en definitiva es de su órbita, y se entiende así el poder, es decir, él que está en el poder tiene la discrecionalidad de favorecer a uno u a otro, es un tema de mentalidad política, ha sido su forma de entender la política para pagar los favores de quien después le va a financiar su campaña electoral. Creo que hay que decir que se ha visto con naturalidad.
¿Qué opinión le merece que ahora el Parlamento promueva un Código ético?

- José María Fernández Palacios: Desde luego tengo claro que esa regeneración ética no puede partir de los que llevan veinte y treinta años en el poder, eso es evidente. Una regeneración ética comienza cambiando a las personas.
¿Y a pesar de todo “Sí se puede”?

- José María Fernández Palacios: Sí. Nosotros creemos que a pesar de todo sí se puede, al menos si se debe intentar.

Entrevista extraida de Canarias Digital.org

Elena Peraza, economista, estudiante de postgrado en Dirección y Administración de Empresas y presidenta de la Asociación de Consumidores y Contribuyentes de Canarias, manifestó este domingo a OFFC que su organización "tiene plena confianza en que el sistema actuará en la investigación de los casos 'Marimón' y 'Becerra' con la misma diligencia que está demostrando para perseguir otros casos de supuesta corrupción en las Islas. No nos cabe la menor duda de que si no lo hacen los organismos judiciales españoles, lo harán las instituciones europeas. afortunadamente tenemos uno de los mejores sistemas de garantías de transparencia del mundo", comentó la joven activista de los derechos de los contribuyentes.

La Asociación Consumo Sí pide a la autoridad judicial comunitaria, y a la propia Comisión Europea, que se interesen "por prácticas de confusión de lo público y lo privado que en el Gobierno de Canarias no se limitan a los indicios que hemos descrito, sino que afectan a otros altos cargos de la Administración nacionalista", según explicó Elena Peraza a este diario digital.

Los casos expuestos por Consumo Sí se refieren a determinadas prácticas de la directora general de Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias, Flora Marimón Rodríguez, y del viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Becerra Domínguez.

Flora Marimón obtuvo contratos de organismos del Gobierno para su productora privada de Televisión por importe de, al menos, 100.000 euros, entre 2001 y 2003, coincidiendo con su etapa en el Gabinete de Prensa de Adán Pablo Martín Menis, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente autonómico.

Flora Marimón ha compatibilizado su puesto como cargo de confianza de Adán Martín con el de administradora única de Nexo Factoría de Comunicación SL, entidad dedicada a la comunicación publicitaria.

Como directora de Medios de Comunicación del Gobierno, Marimón Rodríguez es responsable de la contratación publicitaria de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, Miguel Becerra tiene presencia activa, desde 1997, en los órganos societarios de la firma Servicios Avanzados de Opinión SL, una empresa que ha resultado beneficiaria de contratos del Istac (Instituto Canario de Estadística), el Servicio Canario de Salud y otros organismos de la Comunidad Autónoma, desde 1999, coincidiendo con la etapa en la que Becerra Domínguez ha desempeñado altos cargos en los distintos Gobiernos de ATI-CC, siempre como estrecho colaborador de Adán Martín, primero como viceconsejero de Hacienda, después como viceconsejero de Economía y Asuntos Europeos, y actualmente como viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno.

Desde 1999, Servicios Avanzados de Opinión SL viene recibiendo contratos del Istac por un importe que, hasta la fecha, asciende a 806.000 euros (más de 134 millones de las antiguas pesetas). El primer contrato de esta firma dedicada a los estudios de mercado con la Consejería de Economía y Hacienda se produce en octubre de 1999, tres meses después de que Becerra entrase en el Gobierno como viceconsejero de Hacienda, promovido por Adán Martín, que entonces desempeñaba la cartera de asuntos económicos y financieros del Ejecutivo. Becerra simultaneaba, por aquellas fechas, su puesto en el Gobierno con el de consejero delegado de Servicios Avanzados de Opinión, un cargo en el que cesaría poco después, en diciembre de 1999, según los datos del Registro Mercantil reunidos por OFFC con la mayor facilidad, ya que se trata de datos públicos, accesibles por cualquier ciudadano.

En la actualidad, y de acuerdo con la información que consta en el mismo Registro Mercantil, Miguel Becerra desempeña el cargo de vocal en el Consejo de Administración de Servicios Avanzados de Opinión SL, donde se sienta junto a Juan Fuentes Tabares, propietario de la empresa de publicidad Atlantis Tenerife, adjudicataria de campañas del Gobierno de ATI-CC, o Luis Delgado Peral, director de la Asociación de Empresa Familiar de Tenerife y socio de Corporación 5, una consultora de la que es socio, además, el ex consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco (ATI).

Los casos 'Marimón' y 'Becerra' afectan a dos colaboradores directos de Adán Pablo Martín Menis., como ya ocurriera con el llamado caso 'Amorós'. La circulación de intereses privados y cargos públicos por los pasillos de la Presidencia autonómica viene a dar la razón a la denuncia que, en mayo de 2004, hizo el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre la confusión de lo privado y lo público en las esferas del Gobierno de Canarias.

La serie informativa que OFFC viene ofreciendo desde el pasado 25 de octubre pone en evidencia, ante todo, que los altos cargos del Gobierno de Adán Martín ni siquiera se esfuerzan en disimular su participación en empresas privadas que se benefician de contratos públicos.

Casos como el de Julio Brito, asesor de Adán Martín en temas de I+D y co-propietario de una agencia de viajes que en 2004 vendió servicios al Gobierno por 257.000 euros indican que la adjudicación de fondos públicos a empresas directamente participadas por altos cargos se realiza a plena luz del día.

La Ley 3/1997, de Incompatibilidades de miembros del Gobierno de Canarias, define con bastante precisión las prácticas que ningún alto cargo puede realizar