Domingo González Arroyo explicó que el contrato no lo elaboró él sino la persona que hoy ejerce como secretaria del Ayuntamiento y que lo firmó "con la mejor intención" porque Pérez Palma, también acusado de un delito de intrusismo, reunía más conocimientos que un albañil o mampostero para desempeñar las funciones de encargado de obra para las cuales le contrató, según aseguró.

El ex alcalde de La Oliva y presidente del PP en Fuerteventura se enfrenta a una pena de 18 meses de suspensión del cargo como alcalde y una multa de 20 euros diarios durante siete meses por el delito de prevaricación, mientras que por el de intrusismo el Fiscal Jefe del (TSJC), Vicente Garrido, pide una multa de 20 euros diarios durante nueve meses.

La acusación particular se adhirió a la pena del Fiscal, si bien en lo relativo al delito de prevaricación pidió que la suspensión del cargo como alcalde se extienda a cualquier responsabilidad pública.

La defensa, ejercida por Javier Artiles, pidió su absolución y consideró que los delitos han prescrito, cuestión sobre la que se pronunciará la Sala de lo Civil y Penal del TSJC en la sentencia, indicó su presidente, Antonio Castro, encargado de juzgar a González Arroyo, también diputado regional, por su condición de aforado.

Para Pérez Palma, conocido por Pepe el topógrafo en el municipio y acusado de un delito de intrusismo, el Fiscal Jefe solicitó una multa de 20 euros diarios durante nueve meses, al igual que la acusación particular, mientras que la defensa pidió su absolución.

El ex alcalde aseguró desconocer los estudios que reunía Pérez Palma, con quien no mantenía relación de amistad cuando lo contrató, aunque explicó que cinco o seis años después se casó con su hija Beatriz y que al año y medio se separó, pero continuó con el mismo contrato de topógrafo hasta 2003.

Así mismo, afirmó que "nunca le encomendó" efectuar trabajos de alineaciones y rasantes, en los que "a lo mejor podía colaborar con la oficina técnica, a la que sí encargaba" estas tareas, y que los informes en este sentido suscritos por Pérez Palma, aunque estaban dirigidos a él, "no los veía, sólo las licencias".

Además, indicó que La Oliva tenía un equipo suficiente para topografía.

Explicó que al acusado Pérez Palma lo contrató como maestro de obras de la empresa municipal de servicios y construcción, y para elaborar un inventario de los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento, así como para trabajos del sistema informático y para catalogar los caminos rústicos del municipio.

Pérez Palma manifestó desconocer el motivo por el que en su contrato figuraba la condición de topógrafo y aseguró que advirtió de que carecía del título de Ingeniero Técnico de Topografía, que figuró en los contratos posteriores que se le hicieron, según recalcó el Fiscal Jefe.

Informó de que a través de un arquitecto se enteró de que buscaban contratar a una persona para desempeñar las funciones antes mencionadas y que su sueldo, de 200.000 pesetas, a veces le parecía "escaso" por todas las actividades que desempeñaba en el Ayuntamiento, pues era como un "comodín", y negó haber recibido gratificaciones extraordinarias.

Así mismo, afirmó que "no cree haber engañado nunca a nadie", que nunca hizo comprobaciones de medidas con instrumentos o firmó proyecto alguno, y que siempre iba acompañado por alguien de la oficina técnica para hacer las comprobaciones.

La concejala de Personal del Ayuntamiento de La Oliva, Rosa Fernández Rodríguez, explicó al tribunal que cuando llegó a la corporación en 2003 no existían expedientes de los trabajadores contratados y que cuando se le exigió el título a Pérez Palma éste no lo presentó, por lo que se rescindió su contrato, al ser nulo.

El presidente del PP en Fuerteventura está acusado también de un presunto delito de soborno a un concejal del Ayuntamiento de Antigua, Francisco Almodóvar, para lograr su respaldo a una moción de censura a cambio de una cantidad monetaria y un solar.