Lunes, 19 de junio de 2006
A solicitud de Canarias ahora y ante las dudas surgidas acerca de la petici?n formulada el pasado jueves por el empresario Alberto Santana, los abogados Pedro Limi?ana y Jos? Manuel Rivero consideran que en la investigaci?n que se sigue en el Parlamento de Canarias sobre la trama e?lica "no puede existir obst?culo alguno en aras de respetar la garant?a de imparcialidad".

En relaci?n con esta garant?a, los abogados consideran que son de aplicaci?n anal?gica los preceptos relativos a la abstenci?n y recusaci?n de jueces y magistrados, establecidos por la Ley Org?nica del Poder Judicial. En concreto, sostienen en el dictamen que tal analog?a es aplicable al "diputado que ejerce como representante de un grupo parlamentario, como instructor, al interrogar a los comparecientes en dicha comisi?n, cuando las causas de abstenci?n y recusaci?n no est?n contempladas en los reglamentos de las C?maras, como es el presente caso".

Adem?s, aseguran que el art?culo 4 del C?digo Civil permite la aplicaci?n anal?gica propugnada al asegurar que "se proceder? a la aplicaci?n anal?gica de las normas cuando ?stas no contemplen un supuesto espec?f?co pero regulen otro semejante entre los que se aprecie la identidad de raz?n".

La garant?a constitucional de la imparcialidad (art?culo 24.2 de la Constituci?n Espa?ola) obliga al ?rgano enjuiciador a contemplar las causas de abstenci?n y de recusaci?n, "que vienen a ser una aplicaci?n y tienen una incidencia directa en la citada garant?a constitucional", afirman los letrados.

A juicio de Limi?ana y Rivero, el objetivo de las comisiones parlamentarias de investigaci?n tienen como objetivo "el esclarecimiento de los hechos y la determinaci?n de las personas responsables de los mismos", lo que requiere "un proceso con todas las garant?as". De ah? que, para garantizar la imparcialidad, recurran a la aplicaci?n de la mencionada analog?a con las normas que rigen para jueces y magistrados, en ausencia de regulaci?n espec?fica por parte del Parlamento canario.

Con todo, Limi?ana y Rivero aseguran que en el caso de Jos? Manuel Soria concurren dos causas de abstenci?n y recusaci?n. De un lado, "tener un parentesco de segundo grado de consanguinidad con Luis Soria L?pez, titular en aquellos momentos a que se contrae la investigaci?n de la Consejer?a de Industria, Comercio y Nuevas Tecnolog?as del Gobierno de Canarias, siendo evidente que don Luis Soria L?pez es parte interesada en dicha investigaci?n (...)".

Como segunda causa, los letrados relatan que Jos? Manuel Soria "est? denunciado ante un ?rgano judicial por don Alberto Santana Ram?rez por diversos delitos relacionadoas con lo que es objeto de la investigaci?n parlamentaria que tratamos, no ofreci?ndonos dudas, tampoco, la cualidad de parte denunciante del se?or Santana Ram?rez, no s?lo en el ?mbito judicial, sino tambi?n al comparecer en la meritada comisi?n de investigaci?n".

Los abogados resaltan, adem?s, que "el que un juez o un diputado no pueda intervenir por estar incurso en algunas de las causas de abstenci?n y recusaci?n que la ley establece no atenta contra sus derechos, pues sus derechos respectivos no son absolutos, sino que tienen que estar subordinados y limitado su ejercicio al valor de la Justicia, que es proclamado constitucionalmente como valor superior del ordenamiento jur?dico".

El dictamen recuerda adem?s, que las personas que comparecen en una comisi?n parlamentaria deben hacerlo con toas las garant?as, incluida la de hacerlo acompa?ado de una persona que le asista, "sobre todo cuando sus respuestas puedan implicar y tener efectos contra s? mismo o para un tercero, o para quien instruye interrogatorio".

Se aclara, adem?s, que las ?nicas responsabilidades a dilucidar en este tipo de comisiones son las pol?ticas, si bien la Mesa del Parlamento puede decidir remitir al Ministerio Fiscal las conclusiones de una comisi?n de investigaci?n si se apreciaran indicios de delito.
Publicado por ubara @ 23:33  | Canarias
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