El 'caso Eólico' ha resurgido con fuerza en pocos días. La Policía ha procedido a rastrear de nuevo conversaciones telefónicas después de las nuevas pistas que aportan el exhorto de Luxemburgo, el informe de la Udyco y el levantamiento del secreto sumarial.
La Policía Nacional rastrea, de nuevo, los teléfonos de varios de los imputados y sospechosos que son objeto de investigación en la trama eólica. Según fuentes vinculadas al caso, las nuevas pistas que arroja el informe de la unidad especial contra el crimen organizado (Udyco) y la contestación desde Luxemburgo al exhorto del juez Miguel Ángel Parramón, han motivado «una reactivación» de las medidas de vigilancia «para la salvaguarda de la instrucción».

Además, desde ayer, los 18 tomos del sumario (más de 6.000 folios) están a disposición de la defensa de los 15 imputados en el procedimiento que sigue, desde marzo de 2005, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas. Esto justifica también que la Policía vuelva a considerar como necesario el pinchazo de los teléfonos de los sospechos y encausados, todo ello con conocimiento y autorización judicial.

Como se recordará, el caso eólico afecta a un ex alto cargo del Gobierno regional e inversores privados que pudieron actuar con la intención de lucrarse al amparo de un concurso público para regular la explotación de la energía del viento.

Las pistas de las cuentas en Luxemburgo a nombre de dos de los imputados (Mónica Quintana y Enrique Guzmán) son consideradas «significativas» por los investigadores policiales.

Especulación

Uno de los elementos investigados es la licencia de explotación de una nave en el polígono industrial de Granadilla (Tenerife). La nave fue objeto de una transacción inmobiliara fijada en 90.000 euros por parte de la empresa Carboneco, especializada en la producción de anhídrido carbónico para su posterior venta a una conocida empresa de refrescos líder en el mercado. De esos 90.000 euros, la cuenta de Luxemburgo titulada por Quintana y Guzmán percibió sendos ingresos de 14.000 y 10.000 euros, en la que actuó como mediador el propio Guzmán a través de una sucursal del Fortis Bank en Madrid. La nave está muy próxima al parque que ubicará la central regasificadora prevista para Granadilla.