La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), por boca de su portavoz, Eustaquio Villalba, anunció ayer que presentará una denuncia ante los tribunales para denunciar la presunta ilegalidad tanto del trazado del deslinde público marítimo terrestre de Las Teresitas propuesto por la Dirección General de Costas, como de la licitación de las obras del proyecto de reordenación de este frente marítimo, sin estar aún aprobado el citado linde.

Villalba no precisó a qué instancia judicial se dirigirá ATAN, aunque no descartó ni la Fiscalía Anticorrupción ni los juzgados de lo Contencioso Administrativo, pero dejó claro que los servicios jurídicos de esta asociación preparan ya las acciones legales encaminadas a preservar el interés público y exigir que se cumpla la Ley de Costas.

Según este colectivo ecologista, el reglamento de la Ley establece que no se pueden llevar a cabo obras hasta no aprobarse de forma definitiva el deslinde público, aunque se trate de una obra pública, y así lo han señalado también a este diario fuentes técnicas -que no de sus máximos responsables políticos- de la Demarcación de Costas. De esta forma, ATAN contradice al Ayuntamiento de Santa Cruz, quien sostiene que, al tratarse de una obra pública y haber acuerdo entre las administraciones competentes, no existe ningún impedimento legal para que en septiembre comiencen las obras de la fase que financian el Consistorio, el Gobierno canario y el Cabildo, a la que seguirá, previsiblemente unos meses después, el inicio de la ejecución de la parte del proyecto correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente.

Lo cierto es que, pese a este acuerdo a nivel político entre Costas y el Ayuntamiento, la realidad es que ambas administraciones no están de acuerdo sobre el trazado del deslinde público marítimo terrestre. El Consistorio, según explicó el 21 de julio la Demarcación de Costas, pretende que el deslinde coincida con el actual muro de separación entre la playa y el viario, pero el Ministerio plantea que esta línea vaya más atrás especialmente en el tramo final (norte) de la playa. No obstante, la Gerencia Municipal de Urbanismo indicó la pasada semana que ahora el Ayuntamiento solicitará que el deslinde coincida en el límite entre las futuras obras del Consistorio en el litoral y las que llevará a cabo Costas.

En cualquier caso, Villalba afirma que el linde propuesto por el Ministerio en el expediente iniciado para tal fin - un trámite que puede demorarse aún entre cuatro meses y dos años- "privatiza gran parte de terrenos ganados al mar, en contra de la Ley de Costas, pues deja fuera de dominio público los terrenos ganados al mar en todo este frente marítimo, y una zona de acantilados al final de la playa de Las Teresitas".

El portavoz de ATAN fue aún más allá, al apuntar que "Costas parece haber actuado de mala fe y ha favorecido una especulación inmobiliaria, que no hubiese sido posible sin que se hubiera fijado antes el dominio público". Villalba hace referencia así a la compra por el Ayuntamiento de los terrenos urbanizables en el frente de playa, que adquirió por 55 millones de euros a una sociedad de Antonio Plasencia e Ignacio González, operación que incluyó el aumento de edificabilidad de unos terrenos en el valle de Las Huertas, vendidos luego por estos empresarios a Maphre por 90 millones de euros.

Así las cosas, el Ayuntamiento tiene adjudicada desde junio a OHLsu parte del proyecto de la remodelación del frente marítimo capitalino por 21.4 millones de euros; y el Ministerio ya ha sacado a licitación mediante subasta la otra fase, por 15,5 millones.