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La Comisión Europea adoptará finalmente su decisión respecto a la construcción del puerto industrial de Granadilla el próximo mes de septiembre mediante el "procedimiento escrito", según aseguraron fuentes comunitarias.
Estas mismas fuentes confirmaron, además, que Bruselas ha relanzado el procedimiento interno -paralizado desde el pasado mes de enero- para concluir una decisión sobre el expediente del polémico puerto tinerfeño. El desbloqueo se habría realizado la semana del 17 de julio. Y, en este sentido, las fuentes recordaron que el proceso de consulta entre los distintos servicios de la Comisión Europea -denominada consulta interservicios- que tiene como objetivo verificar que ninguna Dirección General muestra pegas al expediente, tiene una duración habitual de varios días. A lo que hay que añadir que la adopción de una decisión vía el procedimiento escrito toma entre unos 7 y 14 días, explicaron.
A pesar de estos plazos, la decisión final sobre la autorización o no de la construcción del puerto tinerfeño no se tomará agosto ya que durante este mes de descanso de las instituciones comunitarias no se adoptan decisiones por procedimiento escrito, afirmaron las fuentes
Siete meses de bloqueo
Desde mediados de junio, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, dispone de todos los informes pormenorizados del proyecto del puerto y de sus implicaciones que él mismo solicitó para poder adoptar una decisión irrefutable. Un mes después, decidió relanzar el procedimiento interservicios poniendo fin a siete meses de bloqueo del expediente. En enero, Dimas decidió frenar el proyecto de dictamen de sus servicios favorable a la construcción del puerto industrial, que debía ser adoptado pocos días después por el Colegio de Comisarios, motivado por las nuevas informaciones que había recibido respecto a la alternativa del puerto de Santa Cruz.
Aunque el dosier del puerto de Granadilla ha estado bloqueado en la Comisión Europea -que es la institución competente para adoptar una decisión-, éste no ha sido en absoluto el caso del expediente en otras instituciones como la Eurocámara o el Defensor del Pueblo Europeo. El actual ombudsman de la Unión Europea, Nikiforos Diamandouros, anunciaba, el 27 de enero, en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, su decisión de iniciar una investigación de oficio sobre la actuación del Ejecutivo comunitario respecto al proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla, en base a las 5.000 reclamaciones que había recibido, el mayor número de quejas respecto a un único asunto. Por su parte, la Comisión Europea respondió el 16 de junio –un mes y medio después del plazo establecido- a esta investigación explicando que aún no ha tomado una decisión sobre el expediente.
Las quejas también llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En concreto fueron tres reclamaciones presentadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y Adena/WWF que alegaban que el puerto era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente.
El 21 de marzo, esta comisión parlamentaria acogió el primer debate en Bruselas entre los representantes de estas asociaciones detractoras del puerto y una amplia delegación de autoridades locales, regionales y nacionales defensoras del mismo entre las que se encontraba: el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Miguel Becerra, el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y una delegación del Parlamento de Canarias, encabezada por su presidente, Gabriel Mato.
Posteriormente, el pasado 3 de mayo, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara archivaba las numerosas denuncias de los ecologistas. No obstante, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio la reapertura del expediente del puerto de Granadilla en esta comisión parlamentaria ya que, en su opinión, el Ejecutivo comunitario había dado nuevas informaciones tras el cierre de las quejas. Una petición que ha quedado pendiente hasta el mes de septiembre, pero que no tiene por qué influir en la decisión final que adopte la Comisión Europea.
Estas mismas fuentes confirmaron, además, que Bruselas ha relanzado el procedimiento interno -paralizado desde el pasado mes de enero- para concluir una decisión sobre el expediente del polémico puerto tinerfeño. El desbloqueo se habría realizado la semana del 17 de julio. Y, en este sentido, las fuentes recordaron que el proceso de consulta entre los distintos servicios de la Comisión Europea -denominada consulta interservicios- que tiene como objetivo verificar que ninguna Dirección General muestra pegas al expediente, tiene una duración habitual de varios días. A lo que hay que añadir que la adopción de una decisión vía el procedimiento escrito toma entre unos 7 y 14 días, explicaron.
A pesar de estos plazos, la decisión final sobre la autorización o no de la construcción del puerto tinerfeño no se tomará agosto ya que durante este mes de descanso de las instituciones comunitarias no se adoptan decisiones por procedimiento escrito, afirmaron las fuentes
Siete meses de bloqueo
Desde mediados de junio, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, dispone de todos los informes pormenorizados del proyecto del puerto y de sus implicaciones que él mismo solicitó para poder adoptar una decisión irrefutable. Un mes después, decidió relanzar el procedimiento interservicios poniendo fin a siete meses de bloqueo del expediente. En enero, Dimas decidió frenar el proyecto de dictamen de sus servicios favorable a la construcción del puerto industrial, que debía ser adoptado pocos días después por el Colegio de Comisarios, motivado por las nuevas informaciones que había recibido respecto a la alternativa del puerto de Santa Cruz.
Aunque el dosier del puerto de Granadilla ha estado bloqueado en la Comisión Europea -que es la institución competente para adoptar una decisión-, éste no ha sido en absoluto el caso del expediente en otras instituciones como la Eurocámara o el Defensor del Pueblo Europeo. El actual ombudsman de la Unión Europea, Nikiforos Diamandouros, anunciaba, el 27 de enero, en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, su decisión de iniciar una investigación de oficio sobre la actuación del Ejecutivo comunitario respecto al proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla, en base a las 5.000 reclamaciones que había recibido, el mayor número de quejas respecto a un único asunto. Por su parte, la Comisión Europea respondió el 16 de junio –un mes y medio después del plazo establecido- a esta investigación explicando que aún no ha tomado una decisión sobre el expediente.
Las quejas también llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En concreto fueron tres reclamaciones presentadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y Adena/WWF que alegaban que el puerto era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente.
El 21 de marzo, esta comisión parlamentaria acogió el primer debate en Bruselas entre los representantes de estas asociaciones detractoras del puerto y una amplia delegación de autoridades locales, regionales y nacionales defensoras del mismo entre las que se encontraba: el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Miguel Becerra, el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y una delegación del Parlamento de Canarias, encabezada por su presidente, Gabriel Mato.
Posteriormente, el pasado 3 de mayo, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara archivaba las numerosas denuncias de los ecologistas. No obstante, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio la reapertura del expediente del puerto de Granadilla en esta comisión parlamentaria ya que, en su opinión, el Ejecutivo comunitario había dado nuevas informaciones tras el cierre de las quejas. Una petición que ha quedado pendiente hasta el mes de septiembre, pero que no tiene por qué influir en la decisión final que adopte la Comisión Europea.