La playa de Las Teresitas no parece tener claro aún su situación. Por un lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz espera que la Dirección General de Costas le dé autorización para negociar o liquidar el fin de los actuales chiringuitos en la zona. Por otra, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) solicita ante esta misma entidad la anulación de la licitación del proyecto de mejora para este litoral de la ciudad. Aseguran, además, (y como ya anunciara este medio) que irán hasta el fiscal Anticorrupción y el fiscal de Medio Ambiente.

El documento que presentará esta asociación ante el Ministerio de Medio Ambiente recoge que "con fecha 26 de julio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia licitación de contrato de asistencia técnica para la Dirección de obra correspondiente al proyecto de ordenación de la playa". Sin embargo, la propia Ley de Costas recoge que "las obras a realizar por las administraciones públicas no podrán ejecutarse sin que exista deslinde aprobado". Esta misma ley señala que deberá suspenderse cualquier "concesión y autorización en el dominio marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá publicarse acompañada de plano en que se delimite provisionalmente la superficie estimada de aquel y de ésta".



Anulación de licencia
Con estos argumentos, ATAN señala la "anulación de la mencionada licitación, por su manifiesta ilegalidad y la inmediata suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en la zona afectada, especialmente las referidas al proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas". La asociación también solicita que se les facilite el acceso a las concesiones y licitaciones emitidas, así como la correspondiente declaración de impacto ecológico, al que un proyecto de estas características está obligado, de acuerdo con la Ley territorial de Canarias 11/1990.

Por su parte, desde la corporación capitalina y en lo referido a la desaparición de los chiringuitos del frente de playa señalan que "esta obra está en suelo público y aunque compete a Costas, se trataría de que nosotros por estar más vinculados a la gestión se nos delegue para ver qué medidas se deberán tomar con las actuales instalaciones".

Ante la pregunta de si las obras previstas para septiembre no obligan a un desalojo urgente, responden que "no". Esta fase del proyecto está dentro de los trabajos que habrá de ejecutar en su momento el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la primera fase de la obra se puede ejecutar sin afectar a las actuales instalaciones del frente de playa.