El Gobierno regional quiso hacer negocio con dos imputados de la trama eólica. La empresa pública Instituto Tecnológico de Canario (ITC) selló una UTE con dos empresas para un parque eólico en Arico. El acuerdo se selló cuatro meses antes de la ruptura de Gobierno entre CC y el PP.
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) respaldó una unión temporal de empresas con dos sociedades para la explotación de un parque eólico en el municipio tinerfeño de Arico.
El consejo de administración del ITC, presidido por Luis Soria, acordó concurrir conjuntamente con las empresas Energías Ecológicas de Tenerife y Recursos Energéticos de Canarias al concurso promovido por el Gobierno canario para la diversificación energética.
La ute firmó el convenio con el Ayuntamiento de Arico en enero de 2005, cuatro meses antes de la ruptura del pacto regional entre el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC).
La presencia del ITC en el proyecto «garantizaba su viabilidad» y «resultaba notorio» que sería adjudicataria en la concesión de megavatios eólicos, según fuentes empresariales consultadas por este periódico. «Se daban tres de los requisitos tácitos del Gobierno: tener como socios a un ayuntamiento, operar en suelo municipal e ir de la mano de una empresa pública que aportaría la tecnología».
Daniel Fernández de Salamanca, uno de los imputados en la causa que instruye el magistrado Miguel Ángel Parramón, titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas, fue el encargado de firmar el contrato de cesión del 10% del beneficio del parque al Ayuntamiento de Arico.
Fernández de Salamanca y otro de los imputados, Javier Colino, son administradores de la empresa Recursos Energéticos de Canarias. El aval que le otorgaba el ITC «le abría puertas en cualquier sitio e institución».
Semanas antes de firmarse el convenio (el 11 de enero, pocos días después del parón de Navidad y Reyes) , Luis Soria ya había debatido en el consejo del ITC la idoneidad de la iniciativa de Fernández de Salamanca.
Investigación
La participación del ITC en proyecto empresarial con dos de los imputados, acrecienta la polémica sobre el posible tráfico de influencias en el Gobierno para favorecer a operadores privados.
Según fuentes jurídicas, será el presidente del consejo de administración del ITC en aquellas fechas, Luis Soria, el que deba responder «a éstas y a otras cuestiones» tanto ante el Juzgado que instruye el caso como en la comisión de investigación del Parlamento autonómico.
Hasta ahora, las escuchas telefónicas interceptadas por la Policía ponían de manifiesto la combinación entre el ex director general de Industria, Celso Perdomo, y del ex jefe de Energía del Gobierno, Honorato López, con operadores privados con el fin de urdir una presunta trama.
En los listados de llamadas incorporados al sumario, no figura, por ahora, destadas conexiones con el ITC. Por ejemplo, no aparecen las llamadas que realizó Luis Soria a sus subordinados en la Consejería. Sí aparece, en cambio, algunas conversaciones (no transcritas) del ex director gerente, Jorge Rodríguez.
Sin embargo, el rastro del ex responsable de Industria no está incorporado al texto del sumario remitido a comienzos de este mes a las partes. Fuentes próximas al caso reconocen que «cualquier explicación en estos momentos está suscritas a las pesquisas policiales, que siguen sus investigaciones cada día».

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