El fraude electoral en las elecciones del 2 de julio parecía evidente, beneficiando por una ventaja mínima (0.58 puntos) al candidato oficialista Felipe Calderón Hinojosa (derecha) y escamoteándole la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador (centro izquierda). Las autoridades electorales, el presidente Fox y Calderón regatearon la operación más simple que hubiera otorgado credibilidad a los resultados: volver a contar “voto por voto” como proponía la oposición. Con semejante negativa, quedaba claro que la derecha estaba dispuesta a cualquier maniobra para seguir en el poder. Aunque colocara al país ante la crisis que finalmente ha provocado.



Como una decisión más que anunciada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de enviar al cesto de los papeles la inmensa mayoría de las 375 impugnaciones sobre el proceso electoral, apelando en general a defectos de forma. Tampoco importó a los magistrados del TEPJF que la eventual toma de posesión de Felipe Calderón, de producirse en diciembre, esté marcada por la ausencia de legitimidad democrática a los ojos de millones de ciudadanos estafados. La crisis permanece y se agrava.

El candidato de centro izquierda acusó al TEPJF de “asumir una actitud cómplice, convalidar el fraude y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial”, en lo que constituye “un verdadero golpe de Estado” y una “sumisión a los extremistas de derecha”. Aseguró que este fraude también anuló de hecho los derechos constitucionales de los ciudadanos para elegir libre y democráticamente a quien gobierne el país. López Obrador fue más lejos. Presentó un proyecto de siete puntos a discutirse en una Convención Nacional Democrática el 16 de septiembre. Esta Convención desconocerá al “usurpador” Calderón. Además, decidirá la formación de un Gobierno paralelo y/o una coordinadora para organizar la resistencia civil pacífica.

En un largo artículo publicado en la prensa de aquel país, Luis García Garrido escribe lo siguiente: “El fraude que pretende imponer a Calderón en la silla presidencial, de consumarse, significaría en lo social un acto de desprecio sin precedentes al pueblo de México (…). En lo político, esta decisión de la oligarquía financiera y política, que para mantener sin riesgo alguno sus privilegios busca imponerse sobre la voluntad mayoritaria, culminaría un deterioro gravísimo de las instituciones a las que no han respetado Fox ni la extrema derecha del país, lo que haría retroceder el reloj de la historia y dejaría a México en una situación de ingobernabilidad. Y en lo jurídico, una decisión tan aberrante no sería otra cosa que una ruptura brutal del orden constitucional de la República”.

La apuesta de López Obrador parece coherente. Si el orden constitucional está roto, lanzarse a organizar una aparente Asamblea Constituyente y un gobierno igualmente paralelo como forma de resistencia pacífica (“mientras dure la imposición”) tiene un significado profundo, requiere mimbres de alto poder movilizador y una entereza política a prueba de bombas. Porque supone la voluntad y la capacidad para crear una especie de doble poder, siempre provisional hasta que uno de ellos triunfe. Palabras mayores.





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