Mi?rcoles, 04 de octubre de 2006
Prensa digital / Archipi?lago Noticias.- M?chel Jorge Millares. Ni los informes favorables a la gesti?n del Icfem tanto del Tribunal de Cuentas y del equipo de auditores de la Uni?n Europea han puesto fin al ?caso? que vuelve a resurgir tras la petici?n del juez a instancias del fiscal anticorrupci?n y de una empresaria. Ocho a?os de instrucci?n para un caso que se eterniza sin justificaci?n.

A solicitud del fiscal y de la acusaci?n particular realizada por la due?a de una academia de inform?tica, el titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 6 de Las Palmas, ha acordado la apertura de juicio oral en el conocido como caso Icfem (Instituto Canario de Formaci?n y Empleo, ahora Servicio Canario de Empleo), comunicando a los denunciados el contenido de dichas acusaciones para que formulen sus alegaciones de defensa, culminando as? la instrucci?n de m?s de 8 a?os de este proceso.

Posteriormente lo elevar? a la Audiencia Provincial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a fin de que ?sta proceda al enjuiciamiento de los hechos y dicte sentencia. El conocido como ?caso icfem? comenz? su tramitaci?n judicial en 1.998, en base a una denuncia interpuesta por un grupo de funcionarios de la Consejer?a de Empleo afiliados a CCOO, posteriormente expulsados de este sindicato, en la que acusaban de la comisi?n de irregularidades a los responsables pol?ticos de la gesti?n de los fondos comunitarios de formaci?n y empleo.

Parad?jicamente, este grupo querellante no ha formulado ahora acusaci?n contra quienes hace ocho a?os atr?s denunciaran, al igual que tampoco lo ha hecho otro grupo que se incorpor? en 1.999 como acusador, denominado Asociaci?n de Parados de Tenerife (Aparte).

El fiscal que conoci? inicialmente este asunto, Valent?n Ruiz, fue apartado del caso por el fiscal- jefe Anticorrupci?n en septiembre de 2005, dadas las fuertes discrepancias entre ambos, al pretender el primero que se acusara de malversaci?n de fondos, cuesti?n a la que el superior se opuso al no existir fundamento de ello.

El fiscal Valent?n Ruiz ya no ejerce sus funciones en Canarias, estando actualmente destinado en Granada. Otra de las causas de su cese y traslado fue la publicaci?n de art?culos en la prensa local sobre este asunto.

Justo cuando es apartado este fiscal, aparece en escena la due?a de una academia privada de inform?tica que se persona como acusaci?n particular, defendida por un abogado de M?laga, lugar de origen de dicho fiscal. Y procede a formular acusaci?n de malversaci?n repitiendo casi literalmente las solicitudes que aquel hizo cuando ten?a el caso en sus manos. Se da la circunstancia de que la due?a de esta academia de inform?tica, hab?a intentado por la v?a de lo contencioso-administrativo reclamar una indemnizaci?n de 600.000 euros, por haber quedado excluida de los concursos p?blicos para impartir formaci?n, sin que prosperara su pretensi?n. Ha acudido ahora a la v?a penal, reclamando 1.200.000 euros.

Tras el cese de Ruiz, el fiscal anticorrupci?n, Luis del R?o, dispuso de siete d?as naturales para formular su acusaci?n, a pesar de que este expediente cuenta con casi 50.000 folios. Tras dicho plazo, present? un resumen de la acusaci?n del anterior, suprimiendo la imputaci?n de malversaci?n de fondos.

Acusaciones

El fiscal acusa de un delito de falsificaci?n de documento oficial perpetrado por funcionario p?blico y un delito de prevaricaci?n administrativa contra el ex consejero de empleo, V?ctor D?az Dom?nguez y los ex directores del Icfem: Francisco Zumaquero Garc?a, Aurelio Ayala Fonte, Francisco Almeida Ossa, Diego Miguel Le?n Socorro y Tom?s Quesada de Saa, pidiendo una pena de cinco a?os de prisi?n, multa de 22 meses a raz?n de una cuota diaria de doce euros (con responsabilidad subsidiaria de un d?a de privaci?n de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas), as? como inhabilitaci?n especial por cinco a?os, por el primer delito, mientras que por la prevaricaci?n solicita inhabilitaci?n especial para el desempe?o de empleo o cargo p?blico por nueve a?os.

El letrado de la due?a de la academia privada de formaci?n formula las mimas acusaciones, a?adiendo malversaci?n de fondos, y solicita penas superiores contra los mismos.

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas del Estado analiz? los expedientes del caso en el a?o 2002, y acord? el archivo de las actuaciones determinando que no hay responsabilidad por parte de los responsables del Icfem, ?al quedar absolutamente garantizados los derechos patrimoniales de la Comunidad Aut?noma?, seg?n pidi? el fiscal especialista de dicho Tribunal.

Igualmente visitaron el Icfem en 2001 cinco auditores de la Uni?n Europea con su correspondiente equipo de asistentes, revistando durante una semana toda la documentaci?n y su dictamen se?alaba que ?los procedimientos de gesti?n utilizados por el Icfem eran adecuados y no se observ? ning?n tipo de irregularidad?, realizando en consecuencia un ?informe satisfactorio?.
Publicado por ubara @ 17:40  | Canarias
 | Enviar