La falta de información a sus compañeros de Corporación y a la ciudadanía, provoca duras críticas

Los vertidos de aguas fecales al Barranco de la Villa, a escasos metros del pozo de los Raspaderos que suministra de agua potable a la capital gomera, tiene todas las trazas de convertirse en el espectáculo político judicial de esta temporada en la Gomera.

Desde febrero del 2000 el baile de competencias entre Ayuntamiento, Seprona, Servicio Canario de Salud, Diputado del Común... así como las repetidas comunicaciones, denuncias y reclamaciones de un vecino que lleva unos seis años viviendo entre los excrementos de varios barrios de la capital gomera, ha hecho que el titular del Juzgado nº 1 de la Villa, haya aceptado a trámite una denuncia por presunto delito ecológico.
“Acudir a los juzgados ante la incompetencia administrativa y política, el desprecio de los derechos ciudadanos, la manipulación de información por parte del Ayuntamiento -responsable exclusivo del mantenimiento del alcantarillado municipal-, y la callada por respuesta... es lo que nos ha motivado a defendernos con la única arma que nos dejan: la ley pura y dura”, afirma E. González, denunciante de los hechos.
Durante la comparecencia ante el Juez, de Ángel Luis Castilla, alcalde del Municipio capitalino, éste negó tener conocimiento de los hechos, achacando a la lluvia, el estado de la canalización del barranco. Ante la afirmación de que el Ayuntamiento “comenzará en cuestión de semanas la colocación de cuatro depuradoras bioecológicas”, el juez le instó a presentar en el plazo de diez días los acuerdos municipales y los proyectos.
Tras la salida de la comparecencia, se convocó un Pleno extraordinario y urgente que se celebró tres días más tarde con un único punto a debatir: la estación depuradora de aguas residuales para el Caserío del Atajo.
La incomparecencia del Alcalde “al hallarse de vacaciones” según Carmen Darias, la Teniente de Alcalde que presidió el Pleno, sumo puntos en contra a la necesidad de la declaración de urgencia, así como la falta de información de los proyectos, al hecho de la denuncia y comparecencia del edil imputado, así como a la reiteración de una gestión municipal que es catalogada por los concejales de la oposición como “desprestigiadora de la propia Institución, debido a una administración incompetente y fuera de la realidad”.
“El silencio de una parte de la ciudadanía, sólo nos convierte en cómplices de situaciones ilegales, ilegítimas y con posibles consecuencias graves de salud” comenta la denunciante.
Lo cierto es que la repetición de notas oficiales de prensa copiadas íntegramente de anteriores declaraciones, son el único dato informativo, al que tienen acceso los habitantes de la villa capitalina. Silencio, desidia y miedos soterrados parecen campar por las calles de una ciudad con ley pero sin gestores.