Me tienen frito

El domingo 15 de octubre la organización neonazi Democracia Nacional reunió en la localidad de Los Cristianos en Tenerife a 50 personas en una concentración racista y xenófoba en contra de lo que llaman invasión de España por parte de los inmigrantes.

En el conjunto del Estado español y según fuentes policiales, que por una vez reconocemos que está bien su trabajo si se dedican a combatir estas lacras, existen alrededor de diez mil personas integradas en organizaciones fascistas. Las mismas fuentes indican que la operatividad de los neonazis es pobre debido a los enfrentamientos internos y a la carencia de un líder único: el presidente de la otra gran fuerza de la ultraderecha, España 2000, es José Luis Roberto que también preside la asociación española de clubes de alterne y se enfrenta a Democracia Nacional porque pide la legalización de las prostitutas extranjeras cuando éstos abogan por la eliminación total de lo emigrantes.

El espectáculo de Los Cristianos fue patético, se respondió con una contra manifestación más numerosa, e injustamente cubierto de manera espectacular por los medios de comunicación. Asamblea por Tenerife ha reunido una media de 80 mil personas en dos manifestaciones contra el puerto en Granadilla los meses de noviembre de 2004 y 2005 y el silencio mediático ha sido escandaloso.

Nosotros en esta columna no teníamos pensado hablar de este esperpento no sólo porque es un hecho anecdótico que difícilmente puede ser calificado de noticia sino porque esta basura fascista no se merece ni un segundo de nuestro tiempo ni más publicidad de la que se le ha dado gratuitamente. Sin embargo hemos tenido que hacerlo porque la manifestación que Identidad Canaria en Tenerife planea para el domingo 29 de octubre podría describirse también en términos de incitación al racismo y a la xenofobia.

Desde hace mucho tiempo el periódico El Día, vocero e ideólogo intelectual de Coalición Canaria, se ha posicionado en contra de los inmigrantes en tonos xenófobos en sus editoriales, parece ser que escritas por su director José Rodríguez Ramírez, y que presuntamente ha vulnerado varias veces la legalidad del actual código penal que impone penas de cárcel por hacer apología del terrorismo, el racismo y la xenofobia.

Ninguno de los políticos de las islas e intelectuales bienpensantes afines al sistema de la Coalición se han atrevido a decir nada ni tampoco juez alguno ha iniciado una investigación de oficio acerca de este asunto. Solamente ha sido el diario La Opinión de Tenerife el que ha hecho una contracampaña, que más bien parece que ha sido una forma de purgar las culpas de los apoyos a Coalición en el tema de las infraestructuras disparatadas, que en cierta medida honran a su director, Francisco Pomares. Hay que recordar que en Euskadi existen miles de personas sin referente político en virtud a este artículo del código penal que ha ilegalizado a Batasuna, donde la inmensa mayoría de las personas que siguen a esta formación repugnan el terrorismo, aunque opinen, legítimamente, que el País Vasco debe tener una soberanía independiente a la del Estado español.

En la manifestación de Democracia Nacional de Los Cristianos La Opinión entrevistó a un individuo que había sido un edil por Coalición Canaria en un ayuntamiento del Sur de Tenerife pero que se había radicalizado hasta hacerse miembro de esta formación fascista. Miembros destacados de la plataforma Identidad Canaria, o lo que sea porque hasta ahora nadie la conocía, que ha convocado la manifestación del 29 están vinculados a Coalición Canaria. Sin duda este partido político es el causante del clima incipiente de racismo y xenofobia que se está despertando en las islas desde el verano. Las palabras hay que emplearlas con muchísimo cuidado, sobre todo si se tienen responsabilidades políticas. Ya el discurso de la toma de posesión del Diputado del Común Manuel Alcaide en 2002 estuvo viciado cuando dijo que estamos siendo invadidos por pueblos no sólo africanos sino también americanos. En estos meses hemos escuchado a políticos irresponsables, es verdad que no sólo los de la Coalición, diciendo que la inmigración es un problema, que las llegadas de cayucos son una invasión masiva, que hay que poner a la armada española a defender las costas Canarias o que cada menor inmigrante en protección, como mintió Adán Martín, le cuesta a la Comunidad Autónoma 30 mil euros al año. En Madrid Paulino Rivero se ha dedicado al victimismo con el fenómeno de la inmigración buscando, como siempre, sacar la mayor tajada posible al tiempo que ha hecho demagogia y propaganda electoral.

Desgraciadamente las personas funcionamos por consignas y el espíritu crítico es algo que ha sido herido de muerte en estos años de expansión brutal del ultraliberalismo económico y de la consolidación de las pseudo democracias en occidente. Canarias no ha estado ajena a este proceso y la falta de conciencia crítica unida a nacionalismos de carácter radical, no hay que olvidar que la Piedra Zanata es un vergonzoso invento arqueológico de Coalición Canaria para legitimar su nacionalismo oportunista, están creando tendencias racistas y xenófobas en un archipiélago que parecía estar ajeno a estas tendencias. Si algo pasara, que no sería de extrañar viendo el clima de falsa sensación de invasión que se está creando en Canarias, los mayores responsables serían los altos cargos de Coalición empezando por el presidente autonómico Adán Martín.

Los mensajes de esta formación son tan hipócritas que sus políticas se miden por un doble rasero. Por un lado los empresarios y políticos de Coalición, papeles que en la mayoría de los casos se confunden, se han dedicado a calentar el sistema económico favoreciendo la especulación sobre el territorio y la realización de infraestructuras a cada cual más disparatadas al tiempo que a través de la RIC se han perdonado ya 18 mil millones de euros en impuestos a las grandes empresas. Este modelo económico necesita de abundante mano de obra y por este motivo, y por otros como es el caso de que Canarias es una entrada a Europa, los emigrantes vienen a las islas porque es donde encuentran trabajo. Sólo hay que mirar a las obras del tranvía de Tenerife, por ejemplo, para comprobar lo que decimos si nos atenemos a las visibles diferencias étnicas de los trabajadores. Por otro lado Coalición Canaria mantiene el discurso de la invasión de nuestra cultura y nuestras tradiciones por gentes de fuera y hablan de la necesidad de una imposible ley de residencia que pertreche las fronteras de las islas. La falsa necesidad de una ley de este tipo ha sido algo que han aprovechado por los nacionalistas torpes y estrechos de miras para radicalizar sus posiciones. A nosotros nos parece más una pérdida de identidad el caso de que en 14 años de gobierno de Coalición Canaria hayan proliferado en el archipiélago, como hongos, los centros comerciales cuando se ha probado en muchos lugares que la existencia de éstos significa un deterioro de las costumbres y formas de vida de una región. Está claro que mucha gente se ha tenido que haber enriquecido y han debido de haber metido un pelotazo en la construcción y mantenimiento de estas grandes superficies.

La manifestación del 29 no es nada adecuada. Del éxito o fracaso de esta desafortunada iniciativa dependerán muchas cosas buenas y malas que ocurran en este archipiélago en los próximos tiempos. Por eso hay que hablar en contra de ella, en estos días previos, hasta la saciedad. Los medios de comunicación deberían jugar un papel importante para clarificar esta situación e introducir un poco de reflexión a toda esta basura racista que se está extendiendo por Canarias. A La Opinión de Tenerife se le ha unido este fin de semana el Diario de Avisos con una editorial en contra de la manifestación y ha llamando a la cordura. Todos sabemos cuáles serán las consignas del grupo El Día. Todo ello habría que contrarrestarlo con la reflexión, el uso adecuado de la terminología empleada en el fenómeno de la inmigración y la apertura de los procesos judiciales que hagan falta.


Santi Peña
http://metienenfrito.blogspot.com

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, resultó elegido este sábado presidente de los nacionalistas grancanarios tras un accidentado y polémico congreso que supuso la aparición de un nuevo sector crítico en CC, que llegó incluso a abandonar a gritos Infecar tras ser rechazada la posibilidad de presentarse una lista alternativa.



ACN. Las Palmas de Gran Canaria

La sorpresa ya saltó de buena mañana, cuando al inicio de la cita se supo que un grupo de militantes, liderados por el actual director general del Libro del Gobierno de Canarias, José María Hernández, se presentaba con una lista alternativa con el apoyo de 145 de los 602 compromisarios inscritos para la cita. En los reglamentos de CC se especifica que una candidatura puede ser elegida si cuenta con el 20% de los apoyos totales del congreso.

Sin embargo, la mesa del congreso apuntó que, debido a ciertas irregularidades en el pago de las cuotas, habría unos 41 militantes que no podrían acceder a esa lista alternativa, lo que motivó que la cifra de firmas bajase a 104, insuficiente para alcanzar el 20% necesario. En este momento, el sector crítico insistió en poner en duda que hubiese realmente 602 compromisarios en Infecar, y señalaba que se había elevado el número de manera ficticia para impedir precisamente que la lista alternativa pudiese participar en el proceso de elección. En caso de que hubiese sido así, recordaban, la ejecutiva y el consejo político se tendrían que haber compuesto proporcionalmente en función del resultado de cada una de las listas, con lo que muchos nombres de la candidatura de Mauricio (entre los que están los pesos pesados de CC de Gran Canaria) hubiesen quedado fuera de ella.

Tras estas incidencias, que retrasaron el final del congreso en más de una hora y media sobre el horario previsto, la mesa aceptó la posibilidad de que el plenario votase si se permitía aceptar la lista de Hernández para competir en la votación contra la lista oficial que lideraba José Carlos Mauricio. El resultado de esta votación fue de 298 votos en contra de la posibilidad de presentarse (la lista de Mauricio presentó 276 avales) y 124 votos a favor de poder presentarse (incluido, paradójicamente, el del propio José Carlos Mauricio).

Tras el resultado de esta votación, que dejaba fuera de la batalla la lista de Hernández, sus miembros votaron en contra de la lista de la ejecutiva liderada por Mauricio y acto seguido se levantaron y abandonaron la sala de congresos de Infecar, entre gritos de “unidad” de las personas que se quedaban en la sala. Así, la ejecutiva insular fue aprobada con 367 votos a favor y 108 en contra, lo que demuestra la gran cantidad de abstenciones que se produjeron en la votación para determinar si se permitía que la lista alternativa podía optar a la batalla final.

Si bien algunas personas afines a Hernández mencionaban la palabra “pucherazo”, éste prefirió no pronunciarla, y se limitó a decir que impugnarían el congreso, el proceso llevado a cabo y que se habían incumplido los reglamentos del congreso y los Estatutos del partido.

Mauricio dijo que no sabía nada y consideró que debería haberse dejado que la lista se presentase. Sin embargo, el nuevo presidente insular dejó claro “hay una realidad que conviene tener en cuenta, que es que los principales activos de CC en Gran Canaria en los ayuntamientos y el Gobierno, nadie está en ese sector”, lo que hace que “quizás por eso no se les ha valorado”. Mauricio abogó por tratar de “integrar” a este sector crítico, ante el hecho de que a CC “no nos sobran las fuerzas”, por lo que rechazó que estas personas se vayan del partido.

“Este problema se resolverá”, dijo Mauricio, que señaló que lo importante de este congreso es que después de él se inicia “un proceso de relanzamiento de Gran Canaria”.

Ya horas antes, Hernández había explicado a los medios de comunicación que se presentaba junto a militantes de la capital grancanaria y del sureste y sur grancanario al objeto de apoyar “una renovación” en el seno de los nacionalistas grancanarios.

Conspiración política

Al respecto de esta lista, Mauricio dijo creer que esta candidatura tendría acceso al consejo político, pero no a la ejecutiva. "Es bueno integrar pero tampoco es malo tener un sector crítico". Respecto a su salida de Infecar tras ser rechazada su lista, el nuevo presidente dijo que "si salieron es que quizás ya no quieren estar en Coalición Canaria", aunque insistió en que tratará de reconducir la situación.

Según el propio Mauricio, el nuevo grupo crítico surgido "es un sector del viejo CCN que está en la duda de si sigue con nosotros o se va al CCN actual", y recordó que son parte de un grupo que salió del CCN tras enfrentarse a su actual líder, Ignacio González, y que al volver a CC "pidió puestos que no se los dieron", por lo que dijo no saber "si seguirán o se van".

Al entender de Mauricio, el 90% de las personas que este sábado han abandonado el congreso (alrededor de 145 compromisarios) "no están teledirigidas por nadie", pero insinuó que "hay alguno que sí, que se dedica poco a los libros y mucho a la conspiración política", en clara alusión a José María Hernández.

Tras estas palabras, Mauricio dijo que haremos "un esfuerzo para integrar realmente a todos los que quieran", y mostró su sorpresa sobre todo lo sucedido al decir que personalmente ha estado al margen de todo el proceso de preparación del congreso y de la vida orgánica del partido en los últimos dos años.

Informa: “La comisión Ciudadana por una Ley Reguladora del Establecimiento de Extranjeros en Canarias”. Cuando hayas leído esta hoja, dásela a otra persona, te lo agradecerá
La UNESCO, lo viene advirtiendo hace años, la superpoblación en las islas es mucho más perjudicial que en las zonas continentales. Consciente de que las islas son muy frágiles y vulnerables, y que una alta demografía incide negativamente en la psicología, en la cultura y costumbres de sus habitantes, aumenta el desempleo y la marginación, atrae a los especuladores, se encarecen los terrenos, la vivienda, los artículos de consumo al pasar a depender excesivamente del exterior, aumenta la inflación y la contaminación, destrucción del medio ambiente y de los endemismos, enfermedades mentales por ruidos y por estrés.
Reciente es la advertencia de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) sobre el peligro de los movimientos migratorios, unidos al cambio climático, que están produciendo la transmisión de enfermedades contagiosas y venéreas, y el resurgir de otras como la tuberculosis o la sarna, que ya se creían erradicadas. ¡¡ La superpoblación destruye nuestra calidad de vida.¡¡
Estos males aquí enumerados, ¿ no los estás viendo en nuestra tierra?, ¡claro que sí¡, y hay que ponerles remedio urgentemente, como sea. Lo más sensato:¡¡ control estricto de la población.¡¡
Canarias, debido a la sequía, tiene que acudir a la contaminante y costosa potabilización de agua de mar, consumiendo cantidades enormes de energía fósil, lo que nos coloca en la región que más incumple el Protocolo de Kioto, rebasamos el parámetro en un 75%, por lo cual, el próximo año tendremos que pagar una penalización multimillonaria en Euros, por contaminar; y todo por no controlar el crecimiento demográfico y el establecimiento de foráneos en las islas.
Muchos son los Estados que ponen control a la entrada de extranjeros, tanto legales como ilegales, para protegerse de la lacra de la superpoblación, Tenemos a Estados Unidos, son sólo 30 h/km2, cómo ejerce un férreo control a la entrada de extranjeros, lo mismo hace Australia, Nueva Zelanda, y además ponen un gran celo en proteger a sus islas de la superpoblación, esos y otros países como Dinamarca, Grecia, Finlandia, Inglaterra, etc. ¡¡Por algo será¡¡
Con la entrada de 10 nuevos Estados en la U.E. el 1 de Mayo, Alemania, Francia, etc., han puesto veto al establecimiento en sus territorios de los nuevos ciudadanos, ¿no nos habían dicho nuestros políticos que la libertad de establecimiento era sagrada y no se podía eludir?, ¿como es que ahora estos países si pueden?. Tenemos un caso especial para que tomen buena nota nuestros políticos: Malta, acaba de entrar, y en su tratado de adhesión ha dejado patente que ejercerán un férreo control con el establecimiento de extranjeros en su isla.
El grave problema que siempre ha tenido Canarias es que aquí se aplican las leyes que se elaboran para el continente, y parece que nadie se ha dado cuenta de que las islas no son zona continental y que unas leyes que son muy válidas para el continente pueden ser catastróficas para las islas. A ver si, por fin, Madrid y Bruselas se percatan de que en las directrices en que intervenga lo económico, lo laboral y lo poblacional, hay que legislar de forma diferente para las islas.
La Constitución en su Art. 149.1, nos permite el control poblacional, asimismo el Estatuto de Autonomía en su Art. 37.1 y El tratado de Ámsterdam, Art. 299.2. Siendo esto así, ¿por qué nuestros políticos no se mueven?, ¿es cobardía, es desconocimiento o qué es?, ¡¡es un misterio¡¡....
Veamos la densidad de población de algunos países ubicados en nuestra zona económica:
Bélgica tiene 332 h/km2 ; Dinamarca: 126 h/km2 ; Alemania: 231 h/km2
Francia: 109 h/km2 ; Italia: 156 h/km2 ; Luxemburgo: 134 h/km2 ; Holanda: 393 h/Km2
Inglaterra: 246 h/km2 ; Estados Unidos: 30 h/km2 ; Japón: 336 h/km2 .
Comparen estas cifras con la densidad que tiene Gran Canaria (516 h/Km2), o la de Tenerife (450 h/Km2), fíjense en Japón, siempre hemos sabido que está muy poblado, pues superamos a Japón, en 180 habitantes por kilómetro cuadrado; ¡¡ para ponerse a temblar ¡¡
Viendo estas cifras, ¿no se les pone los pelos de punta?, ¿ven el desastre en que nos han metido nuestros políticos, por su ignorancia , su falta de coraje y de amor a la tierra?.
Necesitamos urgentemente una Ley Reguladora del Establecimiento de Extranjeros.

LOS GOBIERNOS DE CANARIAS, ESPAÑA Y BRUSELAS, ESTAN OBLIGADOS A RESOLVER EL GRAVÍSIMO PROBLEMA DE ESTAS ISLAS : LA SUPERPOBLACION



Mientras la España peninsular tiene una densidad de población de 76 habitantes por Kilómetro cuadrado (76 h/Km2 ), Gran Canaria soporta 516 h/Km2. 440 habitantes más por Km2. Si usted observa la barra de presión, dibujada sobre el mapa, verá que la columna de G. Canaria es 7 veces superior a la de la península, y Tenerife con 450 h/Km2. la supera en 6 veces. Sufrimos la mayor densidad de población de Europa y una de las más elevadas del mundo, no podemos cruzarnos de brazos ante este gravísimo problema. ¡¡ Hay que actuar ya ¡¡
¿Le pueden quedar dudas a alguien, que ame un poco a esta tierra, de que aquí no cabe nadie más?. Ha desaparecido la pesca, nuestro litoral está esquilmado, las costas machacadas por las piquetas y los escombros, nuestros barrancos llenos de basura y chatarra; pueblos y barrios antiestéticos y masificados, 110.000.-canarios en el paro desde hace 12 años, somos la C. Autónoma con mayor criminalidad e inseguridad de España, con 7 delitos por cada 100 habitantes; tenemos 80.000 analfabetos, la peor sanidad del país y saturada; nuestros campos y ganadería maltratados, en pocos años hemos perdido el 50% de terrero cultivable, plátanos y tomates al borde de la desaparición. ¿CUANTO TIEMPO MÁS PUEDE RESISTIR NUESTRA INDUSTRIA TURÍSTICA CON LAS ISLAS EN ESTAS CONDICIONES?
Los canarios somos muy hospitalarios y nos gustaría acoger a todo el mundo. Pero nuestras islitas, nuestro pequeño territorio ha dicho: ¡¡ basta, hasta aquí hemos llegado¡¡. Ya hace tiempo que hemos rebasado el umbral de tolerancia. Llegó la hora de exigir a nuestros políticos una solución al grave problema de la superpoblación-masificación. Creemos que lo más sensato es una ley , que sin limitar la libre circulación de personas, le ponga freno, inmediatamente, al establecimiento y permanencia de extranjeros en las islas.
Hay una pequeña frase que todo canario debe aprender, incluyendo a los políticos, que es:
“ A TERRITORIO LIMITADO, POBLACIÓN LIMITADA”. Esa es nuestra arma.¿Habrá alguien, con un mínimo de sentido común, que se oponga a tanta lógica.?
Informa: la Comisión Ciudadana por una Ley Reguladora del Establecimiento de Extranjeros en Canarias



El Archipiélago tiene 257 h/Km2
La Europa de los 15 tiene 120 h/Km2
La Europa de los 25 tiene 116 h/km2
Todos los datos que aquí se exponen son del INE, ISTAC y boletín del EUROPARLAM. De 2003



Si la España continental tuviese hoy la densidad de población que tiene G. Canaria, tendría que tener 280.000.000.-(doscientos ochenta millones de habitantes), que es la población actual de los Estados Unidos, de Atlántico a Pacífico metida íntegra en España. ¡¡ actuemos ya ¡¡

Hombre, francamente no es que nosotros hayamos recomendado nunca ningún periódico de Tenerife, ni entra en nuestros planes hacerlo en un futuro más o menos cercano, pero el reportaje que firma Belén Molina este domingo en 'La Opinión de Tenerife', donde se cuenta de las andanzas de un buen hombre de este pueblo -que todavía queda alguno- por tierras de Camerún, nos puede ayudar un poquito no sólo a valorar lo que tenemos, gente humilde que sin ayuda de ningún tipo se ha ido a combatir la inmigración -que tanto aterroriza a 'El Día'- allí donde se encuentra el fundamento último del problema.

Algunas cosas cuenta este chasnero de pro sobre el problema y mucho, probablemente, deberíamos aprender todos de su experiencia y entrega hacia los más débiles, contra los que algunos pretenden manifestarse en Santa Cruz el próximo domingo. Jesús González, conocido entre sus vecinos -y apreciado- como Jesús 'el de la Vera', se manifiesta todos y cada uno de los días de su vida contra la miseria, contra las desigualdades, contra la injusticia, contra la enfermedad (él ha sufrido la malaria en cuatro ocasiones) y probablemente contra todos los bocazas que, como seguramente nosotros mismos, no hacemos más que hablar, hablar, hablar... sin comprometernos en cambiar nada.

Por cierto, que nosotros tenemos el honor y el placer de conocer a don Jesús, el de la Vera, que nunca tendrá ninguna calle en ningún sitio y que cada vez que pasa por Tenerife, cada dos años, no recibe mas que promesas y más promesas de nuestros políticos para su proyecto a favor de niños con deformaciones óseas. De unos 12.000 euros estamos hablando. Y casi siempre son sus familiares y amigos de Vilaflor los que tienen que tirar de la cartera para apoyarlo en su causa. Manda huevos a Sandra!!!

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El hecho de que ATI y su boletín oficial, 'El Día', hayan dado un salto cualitativo sin precedente en su torticera y casi -o sin casi- criminal línea racista y xenófoba ante la tragedia humanitaria de la inmigración de población negra procedente del continente africano, convocando una 'macro manifestación' a base de guaguas y mortadela en cantidad pagadas con dinero público, ha puesto a Canarias en general, y a Tenerife en particular, ante una disyuntiva histórica sin precedentes.

A partir del próximo día 29 de octubre, fecha de la indecente convocatoria contra el 'negro', ya nada -o casi nada- volverá a ser igual en esta tierra. Será desde ese día cuando algunos tendremos claro si los 'aires' en esta tierra nuestra serán respirables en el futuro o si la indecencia nos situará al borde de una fractura social irreconciliable, tal y como lleva pretendiendo el grupo 'El Día' desde hace años, enfrentando a canarios contra canarios y a nativos contra inmigrantes -negros en este caso- como pretende la línea editorial de este medio en los últimos tiempos. Con cierto éxito, por cierto, toda vez que un asesor a sueldo de Miguel Zerolo encabeza una indecente e inmoral convocatoria que sencillamente nos dejará a todos perfectamente retratados ante el Mundo entero a unos días vista.

Ninguna de las grandes manifestaciones ocurridas en Tenerife en los últimos años, que han sido varias, ha tenido repercusión mediática a nivel de España o Europa -ni en 'El Día' que siempre ha editorializado contra ellas-, pero sea lo que sea lo que ocurra el próximo 29 nos va a dejar retratados a nivel europeo y casi mundial, teniendo en cuenta el poder mediático y político que apoya semejante acto de indignidad. Y si bien el éxito de semejante cosa sólo va a depender de la cantidad de guaguas de viejos que los ayuntamientos de Arona, Arico, La Orotava, Puerto de la Cruz, El Sauzal... o la cantidad de gente que se traiga José Manuel Soria de Gran Canaria -que como no es gilipollas no ha tenido la ocurrencia de convocar una manifestación xenófoba en la isla HERMANA porque sabe las repercusiones que tiene un tema de esos en una tierra que vive casi exclusivamente de la imagen que vende al Mundo-, no cabe duda que una manifestación todo-gasto-pago (de los impuestos de todos los ciudadanos) y con la implicación directa de grupos mediáticos como 'El Día' tendrá que reunir a alguien es las calles de Santa Cruz el domingo próximo. Y esa imagen, casi tan vergonzosa como la que no hace tanto tiempo vivimos en La Montañeta, dará la vuelta al Mundo poniéndonos en todos los telediarios nacionales casi en directo ese mismo domingo.

Nosotros, que jamás hemos estado porque se prohíba nada, sí que criticamos que maquinarias como la de 'El Día' (con sus televisiones y demás) o administraciones públicas (con nuestros impuestos) se dediquen a soliviantar a la gente para que se eche a la calle cuando otro tipo de convocatorias son silenciadas sistemáticamente. Y es que lo que salga de ahí, mírese por donde se mire, no es expresión ni de voluntad popular ni de nada sino que, sencillamente, representa la manipulación más indecente y más burda a la que se puede enfrentar una sociedad democrática en los tiempos que corren.

Y es que recurrir al miedo para llamar a la gente a la calle, recurrir a la famosa 'invasión' que acuñó el Diputado del Común (que jamás se ha preocupado por visitar un centro de retención de inmigrantes en Canarias, cuando sí lo ha hecho del Defensor del Pueblo de España, que manda huevos), es una táctica que, bien manejada, ha dado siempre buen resultado. Y si no que se lo pregunten a los alemanes que, no hace tantas décadas, se vieron envueltos en una manipulación similar de la que nunca han terminado ni terminarán de arrepentirse. Ni ellos ni el resto de Europa, por cierto.

El pasado fin de semana ya tuvimos el primer 'ensayo' de manifestación racista y xenófoba en Tenerife, lo nunca antes visto. Muchas personas creyeron que era poca gente la que secundó la convocatoria -unos 50 individuos/as-. A nosotros, sin embargo, nos pareció una multitud. Y nos pareció una multitud porque es muy fácil extender este tipo de sentimientos despreciables con un poco de manipulación y con algún apoyo mediático con el que, ahora sí, cuentan estas personas que intentan utilizar un drama humanitario -sin precedentes- para sacar réditos electorales mezquinos y bochornosos. Por eso a alguien se le ocurrió, ya hace tiempo, introducir el 'racismo' y la 'xenofobia' en el Código Penal, desvinculándolos del sagrado derecho a la 'libertad de expresión' que reclama 'El Día' para este asunto, cuando ellos en los últimos tiempos sólo respetan ese derecho para unos pocos (antes no era así, hay que reconocerlo). Y como quiera que lo que ocurra el próximo 29 de octubre va a suponer un antes y un después en lo que esta tierra representa y ha representado como encrucijada de culturas y como pueblo capaz de superar las más terribles dificultades con unos mínimos de Dignidad, a nosotros nos preocupa el asunto y mucho.

Por cierto, ¿sabe alguien dónde está, en estos momentos, José Segura que por mucho menos llamó 'nazi' a Cristina Tavío no hace tanto tiempo? Pues si no lo saben, nosotros se le vamos a decir: Calladito porque convoca 'El Día' y, por muchas historias que nos cuenten, no existe la dignidad suficiente en el PSOE para enfrentarse a un medio que, en los últimos tiempos, ha mantenido una línea editorial racista y xenófoba rayante lo delictivo en este asunto.

'El Día', que todos los años desprecia e insulta a las decenas de miles de personas que se manifiestan contra el Crimen de Granadilla -entre otras cosas- y que ahora ha decidido encabezar una manifestación racista , ha dicho hace un par de días que las manifestaciones son una 'expresión del sentir popular' y promete darnos una semanita de muy padre y señor mío llamando al levantamiento popular contra el 'negro' (Ejemplo I) (Ejemplo II). Y lo que suceda el próximo 29 de octubre en las calles de Santa Cruz sólo se nos ocurre resumirlo en una frase muy cinematográfica, como todo este disparate en el que nos están metiendo cuatro sin-vergüenzas: 'Houston, tenemos un problema'.


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¿No querías caldo... ? Pues toma media docena de tazas. Así, más o menos, ha respondido la empresa 'Señalizaciones Villar', contrata foránea principal del Cabildo en el asunto del mantenimiento de carreteras, ante las reiteradas quejas vecinales desde que hace pocos años decidiera instalarse junto a una urbanización en la zona de La Mina.

Los tipos, cansados de que algunos vecinos se dedicasen a filmar o fotografiar muchas de las maniobras extremadamente ruidosas que realizan en sus instalaciones -hay que recordar que trabajan las 24 horas del día y los 365 días del año-, se han desmarcado sembrando una impresionante hileras de árboles, de gran porte y de crecimiento rápido, que no sólo evitará que los vecinos los puedan ver a ellos y lo que hacen, sino que irremisiblemente les cortarán las fantásticas vistas que disfrutaban sobre gran parte de la Vega Lagunera.

Hombre, no cabe duda que los tipos, a parte de que hacen lo que se les pone en el culo sin sometimiento a norma alguna, hay que reconocer que son listos como teas. A partir de ahora se acabaron las denuncias sobre sus actividades porque no va a existir forma humana de ver qué coño están haciendo y de dónde proceden los ruidos. Éstos, los ruidos, que son los que realmente le están haciendo la vida imposible a la gente, seguirán ocurriendo de la misma forma o peor, ahora que no se sienten observados. Pero qué más da, es Villar, importante contrata del Cabildo la que lo hace. Si fuésemos usted o yo los que nos metemos en un suelo rústico, junto a una zona residencial, a hacer semejante estropicio duraríamos lo que un billete de quinientos euros al paso de alguno de los políticos responsables de esta situación. Es decir: Nada.


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Hay quien piensa que Tenerife ya puede comenzar a equipararse con las áreas del mundo más desarrolladas porque, poco a poco, la vamos llenando todita de una inmensa capa de piche y cemento. Hasta la Unión Europea, sin embargo, ha venido a recordarnos que además de carreteras existen otras cosas importantes, mostrando su extrañeza de que en los tiempos que corren haya todavía gobernantes que identifican 'desarrollo' con una buena y gorda carretera. Y ven, asombrosamente, como síntoma de atraso un buen carril de guaguas -no digamos nada una bicicleta o algo de eso- u otro modelo de movilidad donde se acerquen, por ejemplo, los servicios a los ciudadanos de tal forma que no tengamos que pegarnos todo el puto día metidos en un coche para arreglar un papel, para ir a un banco, para llevar al niño a un gran colegio privado o para recibir asistencia sanitaria.

Probablemente más de la mitad de los conductores que estamos en las carreteras todo el día estamos haciendo el pinga del tingo al tango, porque creemos que nos ahorramos unas perras con meternos en Alcampo, porque no nos fiamos de la escuela pública que está cerca de nuestra casa, porque nos hemos tenido que ir a vivir a Candelaria o a Tacoronte -aunque trabajamos en Santa Cruz- porque a nuestros políticos no les interesa apostar por la calidad de vida en nuestras ciudades. De ahí que en Santa Cruz existan miles de viviendas vacías porque sus propietarios prefieren, en muchos casos, vivir lejos aunque tenga que pasársela en el coche todo el día.

De ahí las impresionantes hileras de adosados que vemos en ese Norte, en ese Valle de Güímar o en ese Rosario. Muy pronto en San Andrés también, con lo que necesitaremos otra autopista probablemente sobre el mar. Adosados y chalés que, además, están no sólo acabando con valiosas extensiones de suelo de alto valor agrícola sino, para más Inri, amenazando a las pocas explotaciones ganaderas y agrícolas que quedan por ahí dado que los nuevos vecinos -urbanitas ellos- son alérgicos al olor de las cabras, las vacas o el estiércol.

Así todo el mundo quiere entrar y salir de Santa Cruz a la misma hora y en coche. El transporte público es como si no existiera y, en ocasiones, sería mejor que no existiera porque es una auténtica tragedia meterse en una guagua a la que se le han puesto todo tipo de zancadillas. No tienen prioridad frente al coche en ningún sitio, las paradas son un auténtico drama por su estado y porque los usuarios sufren un verdadero calvario -en las paradas más concurridas- para acceder a la guagua donde el conductor tiene que hasta dar cambio todavía, a estas alturas del siglo XXI.

Melchior se lo ha jugado todo a una carta con un tranvía muy bonito y que solucionará en parte la papeleta a unos cuantos afortunados. Nadie, en su sano juicio, tomará ese tranvía para ir de La Laguna a Santa Cruz en un chisme que tarda una hora, cuando un carril de guaguas por la autopista -o por donde sea- haría ese mismo trayecto en menos de media hora con mucha mayor flexibilidad y eficacia. Sí, acaso, con un poco más de ruido o con menos contaminación, como dicen ellos, olvidando que los humos del tranvía se lo van a tener que tragar los vecinos de la central térmica de Las Caletillas -esa cafetera obsoleta que desvergonzadamente mantiene Unelco allí-, vecinos que, por otro lado, probablemente no utilicen nunca ese tranvía porque a ellos, como al 95% de la población de Tenerife, no le soluciona absolutamente nada.

Pero aquí estamos, metidos en las carreteras haciendo el indio la mayor parte de las veces, construyendo incluso circuitos de 'Fórmula I' -con dinero público- para apostar un poquito más por la cultura del puto coche que estamos pagando toda nuestra vida para que nos la destroce, en la mayor parte de los casos. Melchior apuesta, como todos ellos, por más autopistas, más anillos insulares, más vías exteriores, más rondas y travesías porque, al parecer, ese es el camino del progreso y de la felicidad, sin darnos cuenta que lo que estamos metidos es en una auténtica ratonera como no le demos un giro radical al problema de la movilidad en esta Isla.

Alcaldes auténticamente 'belillos', como el de Arico, basan todas las posibilidades de desarrollo de su pueblo en una nueva carretera -la inversión más grande y más absurda llevada a cabo en su municipio nunca- mientras todos los servicios del municipio -o casi todos- son un auténtico desastre. Y todo porque si los vecinos de la costa tienen que hacer una gestión en el Ayuntamiento pues llegan un poco más rápido. Pero cacho animal, ¿no es más sencillo y económico que le pongas un cuarto a un funcionario en esa costa con un sello por si alguien tiene que presentar un papel? Y es que el 80% de las carreteras de Arico son auténticos caminos de cabras donde la gente se juega la vida a diario, pero para rectificar una curva o ampliar medio metro no hay un duro.

En Tenerife, además, como no tenemos problemas de tráfico, nos hemos inventado hasta normativas nuevas, aunque no escritas en ningún sitio, para regular la circulación. Así, mientras en toda Europa los vehículos especialmente lentos no pueden circular por las autopistas, más que a determinadas horas y con señalizaciones especiales, aquí la Guardia Civil de Tráfico tiene instrucciones de consentir el tráfico de camiones a menos de 60 Km/h por las autopistas con tal de que lleven ¡los cuatro intermitentes encendidos', con lo que no sólo se colapsan aún más las autopistas porque se encuentra uno estas moles a cualquier hora por cualquier sitio, sino que no es la primera vez que algunos se han dejado la vida al empotrase por detrás con una de estas cosas circulando por vías rápidas sin señalización especial alguna. Fuerte pero real como la vida misma.

Pero con este ganado político tenemos que arar de momento. Con estos políticos al servicio de unos empresarios que tienen miles de palas mecánicas que no se pueden quedar paradas ni un momento hasta terminar de urbanizarlo y aplanarlo todo. Claro que después dicen que no quieren inmigrantes cuando nos han metido a todos en un modelo desarrollista sin sentido que, hoy por hoy, si prescinde de la llegada masiva de inmigrantes se desmoronaría irremisiblemente. Bueno, en realidad ellos lo que dicen, aunque no lo dicen, es que no quieren inmigrantes negros, porque en las últimas décadas esto aquí se ha llenado de inmigrantes de todo tipo de pelaje y jamás han chistado los que nos han metido en este callejón sin salida viviendo sobre unos cuantos peñascos sin otro recurso que la especulación, el piche y cemento para favorecer el enriquecimiento rápido de nuestro particular 'clan de la avaricia'.


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Uno de los controles de tráfico de la Guardia Civil, que se lleva a cabo en coordinación con otras administraciones, más importantes y verdaderamente necesarios, tiene que ver con el control de peso y demás condiciones del transporte de mercancías en camiones que de vez en cuando -muy de vez en cuando- se lleva a cabo sólo en un par de puntos de Tenerife por lo complejo del asunto.

El tema tiene su trascendencia porque son los grandes camiones con sobrecarga los que bloquean las autopistas por la velocidad especialmente lenta a la que circulan, destruyen en asfalto que tiene que soportar cargas para las que no están diseñadas las carreteras ni los vehículos, suponen un riesgo grave para la circulación y, en definitiva, nos ponen en peligro a todos -en primer lugar a los propios conductores- ante la presencia de empresarios sin escrúpulos que no sólo mantienen sus camiones en mal estado, con cubiertas desgastadas y, para más Inri, sobrecargándolos más de lo que es legal y/o seguro.

El que no circula habitualmente por la autopista del Sur, o al que no le haya saltado una cubierta mal recauchutada de un camión al frontal del coche a 120 Km/h, no sabe lo que es esto y la importancia que tiene que existas controles efectivos, que no abusivos, de esta cuestión ante tanto pirata del piche y del cemento -y de otras cosas- que hay por aquí que lo que quieren es ganar dinero a toda costa, sin preocuparse por la seguridad de nadie mas que la de ellos mismos. Como es el caso de Antonio Plasencia, que no le mete las horas extras a los conductores de 'Hormigones La Concretera' en nómina -según los sindicatos que no han conseguido que esta información trascienda a medio de comunicación alguno, lógicamente- por ahorrarse unas perritas. Como el dinero no le alcanza...

Claro que entre la media docena de impresentables que controlan la mayoría de los medios de comunicación -no absolutamente todos, afortunadamente- precisamente vendidos a los intereses de esta media docena de piratas, hay uno que ha decidido que él solito se va a cargar la eficacia de estos controles, manteniendo perfectamente informados en directo a los presuntos infractores de la presencia de estos controles. Y no podría ser otro ¡cómo no! que el Pepe Moreno, director de 'Radio El Día', que desde las siete de la mañana mantiene un programa en directo en el que, además de insultar habitualmente a la inteligencia de las personas -cuando no deleitarnos con sus fantásticos chistes tan 'graciosos' referidos a la tragedia de la inmigración'-, da oportunamente los avisos de la ubicación de la 'plancha caliente', advirtiendo de la presencia de estos controles en directo a todo el mundo.

'Nos avisan que la plancha caliente está hoy en el polígono industrial de Granadilla', decía este martes pasadas las siete y media. Y hombre, para algunos de los que a esa hora estábamos circulando hacia el Sur y que, antes de llegar a Granadilla, habíamos sufrido las consecuencias de las retenciones que provocaban al menos dos vehículos que, aparentemente, llevaban un sobrepeso evidente, no nos pareció especialmente gracioso que nuevamente Pepe Moreno se dedicase a avisar desde Radio El Día a presuntos infractores. Más que nada porque puede que se acostumbre a incumplir las normas dado que cuentan con un 'Ángel de la Guarda' que, en este caso, además se trata de un auténtico machango.

Hay una cosa, que en ocasiones le cuesta disgustitos a la gente por ahí, que se llama algo así como 'interferir en la acción de la justicia', o de la policía, que no es que sea lo mismo pero se le parece un poco. Usted imagínese lo que le puede ocurrir a cualquiera que le ponga la zancadilla a un guardia civil cuando trata de controlar a un posible delincuente. O que algún machango se ponga con una pancarta al borde de la autopista dos kilómetros antes de un control 'avisando' a los conductores. Lo más normal es que, a parte de inflarte a hostias, te cueste un disgusto del carajo en el juzgado.

La normativa vial prohíbe que los vehículos se doten de aparatos para detectar la presencia de dispositivos de control de velocidad. Por prohibir se ha prohibido, con la misma finalidad de que la 'vigilancia de la circulación sea eficaz', hasta hacer señales o ráfagas de luz para avisar a otros conductores. Pero claro, a ninguno de nuestros padres de la patria se le ocurrió que cualquier payaso se pudiera poner a avisar por emisoras como 'Radio El Día', de cobertura en toda la isla, de los lugares concretos donde se instalan dispositivos de control de tráfico en los que se implican multitud de recursos públicos, que nos cuestan a los ciudadanos una pasta, y que de este modo pierden por completo su eficacia. Mejor sería, por tanto, que dedicaran a toda esta gente a regular cualquier cruce por ahí, en lugar de montar este numerito que no tiene efectividad alguna, evidentemente.

Pero eso lo puede hacer Pepe Moreno, porque es del grupo 'El Día', al que nuestros políticos le ríen absolutamente todas sus gracias. Como lo hagamos usted o yo no cabe duda que cualquier fiscal estaría dispuesto a perder un par de horas, de su precioso tiempo, para buscarle la vuelta al tema y empurarte por algo, lo que sea. Eso por descontado, ¡quién vería a Pepe Segura echando espuma por la boca y llamándonos 'terroristas sociales'! Exactamente igual que hace con los brotes racistas y xenófobos, todos le molestan menos los más graves, por su amplia difusión, que son los que han salido de las páginas del periódico 'El Día'. Y no desde cualquier página, sino de aquella donde se pone de manifiesto la delirante línea editorial de ese medio que se mueve en la más absoluta de las impunidades. Y no precisamente por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque los que tendrían la obligación de denunciar o corregir estas situaciones miran, por intereses económicos y políticos -que en Canarias es lo mismo-, 'respetuosamente' para otro lado.

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Agapito de Cruz Franco (*)

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Los vecinos son el alma de un pueblo. Las asociaciones de vecinos, son asociaciones –ya lo dice la palabra– solo que de algunos vecinos. En un mismo barrio puede haber una o cien. O ninguna. No representan sino a sus afiliados y afiliadas. Como organizaciones sociales son importantes, pero, los vecinos lo son más. Tienen la función de canalizar, denunciar, etc. los diversos intereses. Nunca ser delegaciones del partido gobernante. Jamás ostentar la representación de los vecinos ante el Ayuntamiento.

Las AAVV no votan. Votan los vecinos. A éstos no se les puede usurpar su acción política, desgraciadamente sólo de forma delegada cada cuatro años, en lugar de hacerlo directamente y sin intermediarios. Como los grupos ecologistas, sindicatos, asociaciones culturales, deportivas, juveniles, cámaras agrarias o empresariales, etc. son para que la sociedad se organice, para crear conciencia, para luchar por sus intereses. Nunca para decidir. Eso deben hacerlo uno a uno cada ciudadano y cada ciudadana. Las asociaciones de vecinos son así, agentes sociales, no sujetos políticos, los únicos estos últimos, en donde reside la soberanía del pueblo.

Tengo en la cabeza, un sector de las AAVV de La Orotava. El poder de ATI-CC en estos 27 años en la Villa, se ha basado, entre otras cosas, en ese fraude social que confunde agentes sociales y sujetos políticos. El movimiento vecinal, que debe ser plural, sin adscripción política alguna sino con la única referencia del vecino como tal, devino, en estos casos, en sucursal del grupo gobernante. Es un sucursalismo opaco, a veces. A veces declarado. El poder, puso a los vecinos a su servicio, en lugar de la sociedad poner al suyo a quienes elige en cada mandato. Un hecho, por otro lado que no es propio de ATI, porque en algunos ayuntamientos en los que gobierna el PSOE, como Granadilla, entre otros, sucede tres cuartos de lo mismo. Una de las diferencias entre un partido de masas o tradicional y una organización política alternativa radica en que la primera busca controlar al pueblo mientras la última se pone al servicio de éste.

Este tipo de AAVV están a lo que les dicen. Viven de lo que les echan. En el pesebre de las subvenciones amigas, son una pieza fundamental para un gobierno basado en clientes que ha convertido los Ayuntamientos en “empresas privadas” gestionadas con dinero público.

ATI-CC en La Orotava afirma sin vergüenza que su origen está en las asociaciones de vecinos que en 1979 se unieron y crearon las AIO. Esta afirmación es la mejor definición de partido único: fuera de nosotros no hay nada que hacer, ni que rascar. Fue la peculiar forma de algunos en la Villa, de continuar aquel atado y bien atado de 40 años de “paz-iencia” con Franco, adaptado a las generaciones de nuevos ricos. Surgieron al calor de los símbolos que les educaron y que están cayendo estos días bajo la piqueta de la Comisión de Educación y Cultura del Consistorio, actitud ésta, que contrasta con la inadaptabilidad a la democracia de estos partidos atrápalotodo.

Sin embargo, otros que tal bailan, son quienes, como réplica a este descaro, vienen ahora con formas de participación ciudadana en las que repiten de nuevo el modelo, pero eso sí, con maneras ilustradas, con personas cualificadas y relevantes, dicen. Padecen el síndrome de Colón -la historia comienza con ellos-. Antes no existía nada. Elites expertas en el control “suburbano”, con técnicas de delegación, y que se mueven entre bastidores usurpando de nuevo la lucha vecinal. La Asamblea queda desvanecida y en manos de Juntas, Consejos, Foros y Coordinadoras. O sea ellos. Nunca el pueblo, con el que por otro lado se llenan la boca.

Porque pueblo, lo que se dice pueblo, no hay más que uno y ese habita en cada casa, en cada puerta. No necesita que nadie decida por él. La participación ciudadana debe ser participación, pero ciudadana. Y el poder, para la Asamblea, que la máscara, ya lo es para el Carnaval.

(*)
Concejal de Iniciativa por La Orotava (IpO)

La Playa de Las Teresitas se encuentra a unos pocos kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, la capital de una de las dos provincias en que se dividen administrativamente las Islas Canarias. La playa está junto a la formación montañosa de Anaga y muy cerca de San Andrés, un pequeño pueblo de pescadores y agricultores que, con el paso de los años, ha diversificado su economía desarrollando una infraestructura de bares y restaurantes y, asimismo, ha visto aumentar la proporción de sus residentes que trabajan en Santa Cruz. La expansión de las áreas portuarias de la capital provincial ha hecho que Las Teresitas se convirtiera en la playa de una ciudad que ha terminado por albergar a algo más de 200.000 personas. Esta circunstancia explica la influencia que ha llegado a tener la ciudadanía local en ese proceso de acondicionamiento de la playa y su entorno, iniciado hace medio siglo, que hoy nos muestra el papel jugado por diferentes actores sociales en la planificación de un fragmento del territorio insular.

El proceso de urbanización de la Playa de Las Teresitas y su entorno ha estado constantemente condicionado por la capacidad de los propietarios comparativamente más pudientes y mejor organizados para prosperar a costa de los menos pudientes. Los primeros promovieron una junta de compensación que eludió los mecanismos del mercado en la medida en que obligaba a vender terrenos muy por debajo de su precio real; impidió que se compensara a los dueños de pequeñas propiedades por conceptos tales como el lucro cesante o las expectativas futuras de revalorización de las fincas y, asimismo, expropió a una serie de personas para desarrollar negocios privados y no por motivos de utilidad pública. En una etapa posterior, cuando casi todo el Polígono de Las Teresitas se encontrara en manos de dos multimillonarios, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife renunciaría a la aplicación de mecanismos expropiatorios beneficiosos para el interés general porque no deseaba el perjuicio de "derechos consolidados" y, además, propugnaría que el "lucro cesante" debía ser compensado económicamente. En otras palabras, el Ayuntamiento había avalado las expropiaciones a los propietarios de escasos recursos y desautorizado las que afectaban a los que participaban en la dirección del proceso urbanizador.

Así pues, tanto el bloqueo de los mecanismos de mercado como el uso selectivo de los procedimientos expropiatorios dañaron los intereses de los propietarios más débiles. Una tercera circunstancia tendería a multiplicar la riqueza de la minoría de propietarios que influía en el acondicionamiento de la playa y su entorno: las redelimitaciones del ámbito de actuación urbanística. En varias ocasiones se amplió el área urbanizable que comprendía el Polígono de Las Teresitas y el número de residentes previstos porque esas redelimitaciones expansivas beneficiaban a los propietarios comparativamente pudientes que así ensanchaban el horizonte de sus negocios privados a costa de comprar y expropiar nuevos terrenos a precios inferiores a los del mercado. Sin embargo, cuando los planes urbanizadores fracasaron en los años setenta debido a su escaso realismo y a la falta de recursos económicos, entonces hubo que reducir el número de residentes previsto, si bien, paralelamente, no disminuiría la superficie del Polígono porque quedaba fuera de la agenda determinar qué terrenos eran los estrictamente necesarios para la urbanización de la playa y su entorno y cuáles se incluían en el proyecto por un afán de lucro privado que, en parte, debía satisfacerse a costa de los propietarios comparativamente menos pudientes. En la segunda mitad de los años ochenta, como no hubo una reducción de la superficie urbanizable paralela a la del número de residentes previsto, se produjo una situación por la que más de la mitad del espacio del Polígono de Las Teresitas quedaba transformado en área de rehabilitación paisajística, es decir, en la práctica se convirtió en una zona no urbanizable. ¿Qué importancia tenía esto? Es muy sencillo: puesto que había sido necesario el acuerdo de los dueños de al menos el 60% del área urbanizable para poderse constituir como junta de compensación, ahora casi se alcanzaría ese requisito mínimo gracias a la inclusión en el área del Polígono de una enorme superficie no urbanizable. Por este motivo, ignoramos lo que habría sucedido si el Polígono sólo hubiera incluido los terrenos que realmente se urbanizarían: ¿se habría alcanzado el acuerdo de los dueños del 60% de las parcelas? ¿Se habría podido constituir una junta de compensación sin la inclusión de tantos solares innecesarios para urbanizar la playa y su entorno? Lo que parece estar claro es que las redelimitaciones del Polígono nunca se hicieron en beneficio de los propietarios menos pudientes. Es más, el que la mayoría de los 102 titulares de las 155 fincas incluidas inicialmente en el Polígono se vieran obligados a integrarse en una junta de compensación que no deseaban -para evitar malvender a la fuerza sus solares-, es una realidad que fue puesta de relieve mediante la carta enviada por los dueños de 80 parcelas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en mayo de 1966, pidiendo que sus terrenos fueran excluidos de la zona delimitada por el proyecto de urbanización de Las Teresitas y su entorno.

¿Por qué los titulares de tantas parcelas no emprendieron desde un primer momento acciones de protesta que hubieran obligado a redelimitar el Polígono en beneficio suyo? ¿Acaso no era obvio que el acondicionamiento de la playa y su entorno se podía llevar a cabo sin incluir las fincas cultivadas por los vecinos de San Andrés en los barrancos de Las Huertas y El Cercado? La respuesta a estas preguntas nos lleva al contexto político que hizo completamente inconcebible la protesta ciudadana que podría haber resuelto con justicia el conflicto de intereses creado por el Ayuntamiento y la Junta de Compensación Playa de Las Teresitas desde el principio. Y ese contexto político que paralizaba toda protesta ciudadana no fue otro que el de una dictadura asentada sobre el miedo provocado por su brutal represión. Cuando comprendemos y tenemos presente la magnitud real de aquella represión se hace más inteligible la ausencia de protestas significativas en las etapas iniciales de un proceso urbanizador tan innecesariamente perjudicial para tantos vecinos de San Andrés. Una comparación iluminará este aspecto: si hoy recordamos la dictadura del general Pinochet en Chile por la magnitud de su crueldad y por el clima de terror instaurado por su aparato represivo, no debemos olvidar que, en Canarias, la dictadura del general Franco acabó con las vidas de un número de personas que equivale a más de la mitad del número de víctimas mortales del régimen chileno, a pesar de que la población canaria era quince veces inferior a la del Chile de los años setenta y pese a la ausencia de acciones bélicas en territorio canario . Por lo tanto, es lógico pensar que sin el clima de miedo impuesto por la dictadura del general Franco los vecinos afectados por la urbanización de la Playa de Las Teresitas habrían podido recurrir a la protesta política para defender sus intereses y que, por tal motivo, el largo proceso de acondicionamiento de Las Teresitas y sus alrededores está viciado en su origen por carecer de legitimidad democrática.

Otros aspectos destacables de este tema se refieren al período de los años setenta en que los proyectos de edificación no prosperaron por ser demasiado ambiciosos para los recursos de que disponían sus promotores y, al menos en una ocasión, debido al boicot de un alcalde de Santa Cruz. Menos conocido es el episodio de las viviendas incluidas en el ámbito de actuación urbanística que han dejado de estar inscritas a nombre de sus propietarios, sin que éstos desearan venderlas y sin que supieran cómo librarse de las consecuencias de haberse integrado en una junta de compensación que les ha costado muy cara y les ha convertido en víctimas de lo que consideran una gran injusticia.

En suma, las páginas que siguen explican y documentan una serie de rasgos básicos de la actuación urbanizadora sobre el territorio de Las Teresitas y su entorno. Fundamentalmente, se abordará el bloqueo de los mecanismos de mercado; el uso selectivo de procedimientos expropiatorios; las redelimitaciones del Polígono de Las Teresitas ajenas o contrarias al interés de la mayoría de propietarios; el empleo del marco legal de la junta de compensación como mecanismo para transferir a unas pocas personas la propiedad del territorio urbanizable y su potencial de generar beneficios; la indefensión en que se han sentido los vecinos de San Andrés que tuvieron que desprenderse de sus solares a cambio de una compensación económica inferior a su valor real y, por último, la situación de quienes ahora descubren que no son propietarios de sus viviendas debido a que se vieron obligados a integrarse en una junta de compensación que no deseaban y que nunca les ha compensado por los daños causados. Debemos tener presente que no sólo los cimientos del proceso urbanizador de Las Teresitas están viciados por carecer de legitimidad democrática, sino que, además, las autoridades municipales de estos últimos años han obstaculizado cuanto han podido el acceso a la documentación disponible. Un responsable de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indicó al autor de este capítulo que cualquier información sobre el Polígono de Las Teresitas debía ser solicitada por escrito y que, de cualquier modo, procuraría que se facilitara la menor cantidad posible de datos, al tratarse de un asunto delicado. El comentario, que se refería también a la información disponible de hace veinte o treinta años, ponía de manifiesto cómo las autoridades municipales de Santa Cruz han estado manteniendo fuera del escrutinio público los documentos referidos a la actuación urbanizadora sobre un pequeño territorio, durante un tiempo superior al empleado habitualmente en otros países para poner a disposición del público auténticos secretos de estado.

I. La ordenación de la Playa de las Teresitas y su entorno

Las sucesivas ampliaciones de los muelles de Santa Cruz de Tenerife hacia Anaga fueron reduciendo el número de lugares apropiados para el baño e hicieron que el Ayuntamiento solicitara autorización para efectuar obras de mejora en el acceso a la Playa de Las Teresitas en 1953. La progresiva percepción de la conveniencia de disponer de una playa próxima a la capital provincial se plasmó en el Plan y las Ordenanzas particulares de edificación del Barrio de San Andrés y sus ensanches, aprobado provisionalmente en 1957 y de manera definitiva en 1961. Este primer proyecto de ordenación del territorio de la playa y sus inmediaciones permitía edificar viviendas unifamiliares en la ladera situada debajo de la carretera a Igueste de San Andrés, preveía la construcción de un edificio de servicios en la parte central del frente de playa y abarcaba una superficie de veinticinco hectáreas, de las que siete corresponderían a la superficie de la playa.

Dos años después de la aprobación definitiva del plan de ordenación, un concejal advertiría a sus amigos con propiedades incluidas en el ámbito de actuación previsto de la pretensión municipal de expropiar los terrenos colindantes con la playa . Ahora bien, ante la perspectiva de recibir un pago insuficiente por la expropiación de los terrenos, un grupo de propietarios se planteó acogerse a la posibilidad que les ofrecía la legislación de participar en la ordenación territorial y así no sólo obtener una compensación equivalente al valor real de sus solares, sino, además, hacer un buen negocio. De este modo, se iniciaría un proceso sorprendente: la actuación de un grupo de propietarios inicialmente perjudicados por el Ayuntamiento que, para defenderse de ese daño inicial, se constituiría como junta de compensación, abarcaría un espacio mucho mayor y dañaría a un número de propietarios muy superior al que abarcaba el plan ideado por las autoridades municipales. Es decir, los propietarios afectados por el primer proyecto iban a resolver lo que consideraban una injusticia mediante otra injusticia, eso sí, mucho mayor.

Así pues, para empezar, debe quedar claro que la Junta de Compensación Playa de Las Teresitas surgió "como reacción a la expropiación" prevista por el plan aprobado en 1961. O sea, en palabras del ex alcalde de Santa Cruz José Emilio García Gómez, los dueños de los solares crearon la junta para "defenderse del Ayuntamiento y defender sus propiedades" . Debe señalarse que la junta de compensación es uno de los pocos mecanismos contemplados por la legislación española para desarrollar la transformación de un territorio urbanizable en urbano y que, si se quiere constituir una junta de compensación, es preciso que los propietarios del 60% o más de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación urbanística delimitado se muestren conformes en asumir conjunta y proporcionalmente las cargas y los beneficios de la urbanización. Si se produce esta circunstancia será posible expropiar a aquellos propietarios que se nieguen a integrarse en la junta. Este marco legal y la imposibilidad práctica de ejercer la protesta política durante aquella etapa de la dictadura franquista harían que los numerosos pequeños propietarios que carecían de medios para afrontar las costosas cargas impuestas por la Junta de Compensación Playa de Las Teresitas se vieran obligados a vender sus terrenos por debajo de su precio real, a recibir una compensación económica insuficiente cuando se les expropiara o a perder la producción de una huerta que compensaba la escasez de ingresos. Una junta de compensación que abarcara los terrenos ubicados en el Barranco de El Cercado y en el Barranco de Las Huertas sólo podía provocar una injusticia social porque privaría innecesariamente a decenas de personas del recurso a unos cultivos que contribuían a su subsistencia sin compensarles adecuadamente.

La Junta se pone en marcha

Un pequeño grupo de propietarios afectados por el plan de 1961 -Luis Suárez Acosta, Juan Aguiar y Fernández Trujillo, los hermanos Antonio y Álvaro Delgado Brito, Pedro Cabrera, Álvaro Fernaud y José Antonio Joan- decidió actuar estimulado por Salvador Díaz Ferreira, "que era el más listo de todos y el que realmente los aglutinó" , y acudió al despacho del abogado José Delgado Díaz para iniciar las gestiones encaminadas a constituir lo que acabaría siendo una junta de compensación. En noviembre de 1963, los propietarios mencionados y algunos otros hicieron saber al Ayuntamiento que iban a asociarse para colaborar en la realización de las actuaciones urbanísticas en la playa y su entorno y, el 19 de abril del año siguiente, se constituyó ante notario la Junta de Compensación Playa de Las Teresitas en una reunión celebrada en el cine de San Andrés. El documento notarial correspondiente a la constitución de la Junta declara que ésta se establece al amparo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y que, debido al Plan Parcial aprobado por el Ministerio de la Vivienda en 1961, los propietarios "se unen con fines de urbanización" y "de edificación con solidaridad de beneficios y cargas, bajo una gestión común" . Se procede a la designación de la Junta de Delegados que regirá la asociación, junto con la Asamblea General, y se anuncia que, en cuanto el Ayuntamiento apruebe el polígono y el sistema de compensación, se establecerá un plazo para que se integren los propietarios que todavía no lo hubieran hecho y que, de no hacerlo, se procedería a su expropiación forzosa. También se indica que si los propietarios incorporados incumplen sus obligaciones, entonces la Junta expropiará sus terrenos pagando el 75% de su valor y devolviendo el importe de las contribuciones para las obras de urbanización que se hubieran abonado. Sólo estaría permitido vender los solares a quienes asumieran los compromisos de la Junta de Compensación.

Desde luego, el primer problema con que se toparían los promotores de la Junta en cuanto ampliaron el ámbito de actuación fue, en palabras de su primer presidente, que, "partiendo de la base de que la propiedad estaba muy repartida en pequeñas huertas", era "muy difícil poder convencer a tantos propietarios para que se integraran en una asociación administrativa, que nadie comprendía" . Todavía hoy muchos de los que se integraron -o sus herederos- afirman que lo hicieron en contra de su voluntad, por temor a resultar aún más perjudicados si se producía una expropiación. Pero, si se planteaba el riesgo de ser objeto de expropiación, no era debido al proyecto inicial del Ayuntamiento sino a la iniciativa de los promotores de la Junta que ampliaban el polígono de actuación inicial de veinticinco a noventa hectáreas porque así se podrían "afrontar los costes de la infraestructura de las obras del mejoramiento de la playa y de la urbanización anexa" . De este modo, cuando la Junta se constituyó, se logró la integración de 81 propietarios de 118 fincas, de un total de 102 propietarios de 155 fincas, que equivalían aproximadamente al 70% de la propiedad total. Para entender hasta qué punto estaban contentos muchos propietarios con lo que sucedía, bastará con hacer referencia nuevamente al escrito que dirigen al Ayuntamiento, en 1966, Andrés Name Díaz y otros 79 propietarios "solicitando se declare nulo e ineficaz lo actuado en el expediente de Proyecto de Junta de Compensación y Delimitación del Polígono de Urbanización de la Playa de Las Teresitas, y subsidiariamente, una nueva delimitación del Polígono que excluyera los terrenos de que son titulares los reclamantes" . Sin embargo, en aquel medio político lo importante no era el número de propietarios afectados por el proyecto y los perjuicios que se les ocasionaría, sino qué proporción del polígono representaban. Así pues, el Ayuntamiento desestimaría la reclamación interpuesta por 80 propietarios que sólo representaban aproximadamente el 10% de los terrenos afectados por el plan de actuación territorial.

Un largo proceso administrativo

En cuanto el grupo de propietarios promotor de la Junta de Compensación cayó en la cuenta de que, dado el coste de las infraestructuras y la urbanización, la superficie de veinticinco hectáreas "era insuficiente para desarrollar todo aquello" porque habría muy pocos propietarios para afrontar tantos gastos, entonces se planteó la elaboración de un nuevo proyecto que abarcara noventa hectáreas y que debía ser financiado por la Junta debido a que el Ayuntamiento ya no haría más proyectos. Como ya se ha apuntado, "lo más complicado de la Junta de Compensación fue cómo integrar a los propietarios que, por lo menos, sumaran el 60%" del nuevo polígono de actuación. Con el "ensanche del polígono", recuerda José Delgado, "tuvimos la habilidad de meter fincas grandes, que fue cuando metimos la zona trasera de la playa", es decir, "lo que se llama Las Huertas" y también parte de El Cercado . Otra decisión de aquel momento que provocaría alguno de los grandes problemas futuros de la Junta fue la elección del arquitecto que haría el nuevo plan parcial. Mientras que el primer plan, el aprobado en 1961, fue redactado por el arquitecto Enrique Rumeu de Armas, la Junta encargaría el suyo a Luis Cabrera Sánchez-Real. Esto "fue un poco de desgracia para nosotros. Desgracia porque aquí había dos arquitectos importantes, que cada cual tenía sus influencias y demás. Uno era don Enrique Rumeu, que estaba dentro del Ayuntamiento, que había hecho el primer Plan Parcial, y el otro era don Luis Cabrera. Lo normal era que nosotros se lo hubiéramos dado también a don Enrique Rumeu para que él lo modificara. Pero no se nos ocurrió otra cosa que acudir a don Luis Cabrera y de ahí vino la incompatibilidad" que, por lo pronto, sólo iba a suponer algunos pequeños obstáculos por parte del Ayuntamiento a los trámites que gestionaba la Junta. Más adelante veremos el precio que acabaría pagando por haber escogido al arquitecto equivocado.
Por lo pronto, el Plan de Ordenación de la Playa de Las Teresitas y sus aledaños formulado por la Junta de Compensación se sometió a información pública en marzo de 1965 y fue aprobado definitivamente en septiembre de 1966 . El arquitecto Luis Cabrera justificaba la idoneidad de su proyecto en Las Teresitas porque "su proximidad a diez minutos de la capital hace que sea la costa de mayor interés de toda la isla". "Al propio tiempo, las vistas que desde aquella zona presenta la población de Santa Cruz, dan la bella impresión de vivir en una gran urbe de mucha mayor importancia de la que realmente tiene". "Desde hace muchos años, reina la aspiración popular de transformar la Playa de Las Teresitas, en el centro de expansión marítima de la ciudad de Santa Cruz" . Con estas percepciones en mente, el nuevo Plan establecía que la superficie de solares edificables sería de 420.100 metros cuadrados y preveía un total de 14.080 camas .

Ahora bien, los trámites no estaban sino empezando en un medio administrativo que parecía tener una interrogante por lema: ¿por qué hacer las cosas fáciles, pudiendo hacerlas difíciles? Ya en octubre de 1964, la Junta de Compensación había solicitado que el Polígono fuera declarado Centro de Interés Turístico Nacional (C.I.T.N.), acogiéndose así a una ley promulgada el año anterior. La Ley 197/1963 sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional pretendía ser una respuesta al "gran incremento de la corriente turística [que] ha dado lugar a la aparición de fenómenos de saturación y agobio en determinadas zonas y localidades del territorio nacional", antes de que el "desconocimiento u olvido" de tales problemas acarreara una reducción de "las corrientes turísticas que afluyen a nuestra Patria" . Al acogerse al nuevo texto legal, los promotores no sólo buscaban beneficiarse de sus ventajas, sino también eludir los inconvenientes y las dificultades que creaba el Ayuntamiento de Santa Cruz. El Plan Parcial de Luis Cabrera había sido aprobado con muchas dificultades y la declaración de C.I.T.N. permitiría sustituir parcialmente la dependencia de las autoridades municipales por las del Ministerio de Información y Turismo. Sin embargo, el Ayuntamiento también solicitó otra declaración de C.I.T.N. con la finalidad de impedir que prosperase el plan de ordenación propuesto por la Junta de Compensación. La respuesta del Ministerio de Información y Turismo consistió en desestimar las solicitudes de declaración hasta que se llegara a un acuerdo entre las autoridades municipales y los propietarios con el objetivo de hacer viables el Plan de Ordenación y las obras de acondicionamiento de la playa . Esta exigencia condujo a la formalización de un convenio entre la Corporación municipal y la Junta, en agosto de 1967, que repartía competencias y responsabilidades entre ambas para el proceso urbanizador . La firma del Convenio despejó el camino para la declaración del polígono como C.I.T.N. por el Consejo de Ministros el día 28 de diciembre de 1967. Una vez que finalizaron estos trámites, la Junta de Compensación solicitó al Ministerio de Información y Turismo la revisión del Plan de Ordenación Urbana encargado a Luis Cabrera -que había sido aprobado definitivamente por la Comisión Central de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, en septiembre de 1966, y ratificado por el Consejo de Ministros en el acto de declaración del polígono como C.I.T.N.-, que ahora debía ajustarse a una serie de consideraciones que no se había previsto. Así pues, en mayo de 1969 se presentó ante la Dirección General de Promoción del Turismo el expediente para la reforma del Plan de Ordenación del C.I.T.N. y, en febrero de 1970, la Junta de Compensación recibió la autorización del Consejo de Ministros para revisar el Plan de Ordenación aprobado anteriormente. El Plan revisado fue aprobado finalmente por el Consejo de Ministros en octubre de ese mismo año.

"Proyecto contradictorio"

Si todo el proceso descrito quizá resulte excesivamente plagado de trámites administrativos, todavía habrá que referirse a la cuestión del planeamiento específico de la Playa de Las Teresitas durante los años sesenta. La necesidad de disponer de una playa cercana a Santa Cruz hizo que la Corporación municipal encargara un estudio a los dos ingenieros que, en noviembre de 1964, redactaron el informe "Proyecto de Playa en San Andrés", que planteaba dos soluciones parecidas para crear una playa artificial protegida por un dique . El Ayuntamiento aprobaría inicialmente el proyecto de playa encargado a los ingenieros Pompeyo Alonso González y Miguel Pintor Domingo en junio de 1965. Sin embargo, durante el período de información pública del expediente sobre la declaración del C.I.T.N. Playa de Las Teresitas, la Corporación municipal presentó en la Dirección General de Promoción del Turismo un informe en el que advertía de la necesidad de llevar a cabo obras de mejoramiento de la playa en beneficio del futuro centro turístico y, además, se insistía en el hecho de que se trataba de la única playa existente en la capital de la provincia y que, por lo tanto, las obras de acondicionamiento debían quedar en manos de la propia Corporación. La Dirección General respondió solicitando el acuerdo entre la Junta de Compensación y el Ayuntamiento a que se ha hecho referencia anteriormente. El Convenio de agosto de 1967 repartiría los papeles respectivos para actuar en el polígono y la Corporación seguiría manteniendo sus responsabilidades para acondicionar la playa. Ya había sido autorizada por el Ministerio de Obras Públicas para ejecutar esas obras el año previo.

José Delgado recuerda que, en un principio, el proyecto inicial de acondicionamiento de la Playa de Las Teresitas se estaba desarrollando al margen de la Junta de Compensación, sin coordinarlo con el proyecto urbanizador. Delgado consideraba que el proyecto de Miguel Pintor no era adecuado como playa porque preveía una escollera central que no permitiría el paso del agua y ello podría conducir a lo que había sucedido en una playa artificial semejante, en Perú, en la que el estancamiento del agua había provocado su putrefacción. Así que, el presidente de la Junta viajó a Madrid para buscar solución al problema y allí conoció a un ingeniero que lo puso en contacto con una empresa especializada en la proyección de playas y que, asimismo, le recomendó que hicieran "un proyecto contradictorio" que, una vez sometido a información pública, cuajaría y saldría adelante. De este modo, a la vista del proyecto de Pintor, Delgado le dijo al alcalde de Santa Cruz que "vamos a pasar a la historia como los elementos que arruinamos la Playa de Las Teresitas". Esto surtió efecto en el alcalde, que le preguntó: "¿y qué me ofreces tú?" Delgado repitió la respuesta que tanto lo había impresionado: "te ofrezco un proyecto contradictorio". Y, al margen de cómo se planteara su viabilidad administrativa, lo cierto es que la Junta de Compensación financió un estudio en maqueta reducida de mareas, vientos, temporales y desplazamientos de arena, realizado por la empresa SOGREAH de Grenoble, que sirvió de fundamento para efectuar algunas modificaciones en el proyecto de Pintor.

Finalmente, la financiación de las obras en la Playa de Las Teresitas fue costeada por la Junta de Compensación (50.000.000 de pesetas), el Cabildo Insular de Tenerife (50.000.000) y el Ayuntamiento (86.000.000). Esta obra y las del viario serían a lo largo de muchos años casi el único resultado palpable del C.I.T.N. De todos modos, quizá haya que agradecerle a José Delgado que la Playa de Las Teresitas no acabara convertida en la gallina de los huevos de oro de alguna empresa constructora, que hubiera acabado dedicándose a reformar una y otra vez una playa mal proyectada.

El factor Rumeu

En octubre de 1970, la Revisión del Plan Parcial de Ordenación del C.I.T.N. Playa de Las Teresitas, aprobada por el Consejo de Ministros, contemplaría un aumento de la superficie del territorio objeto de actuación, que pasaba de noventa hectáreas a poco más de ciento veinte (1.204.440 metros cuadrados) y que, asimismo, elevaba la población prevista a 18.000 personas -entre residentes y plazas hoteleras . Este proyecto preveía "una edificación monstruosa", "una barbaridad", en palabras del abogado Mauricio Hayek, que, desde mediados de los años ochenta, representaría a la Junta de Compensación . El juicio de Hayek resulta particularmente apropiado cuando se considera que, en el año 2000 y ante un proyecto que contemplaba menos de la tercera parte del número de plazas de 1970, el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias advertía que habría unas "demandas previsibles de tráfico" capaces de "colapsar el ya congestionado sistema viario, lo que obligaría a la búsqueda de salidas alternativas indeseables por la cordillera" . Es llamativo el que, a pesar de los desaguisados urbanísticos propios de épocas desarrollistas, uno de los actuales propietarios del Polígono, Ignacio González, afirme que el Colegio Oficial de Arquitectos "no está totalmente informado de la situación" y que, si se saturan las vías terrestres simplemente habrá que hacer otras . La constante de los proyectos de desarrollo del Polígono de Las Teresitas, desde la perspectiva de los impulsores, parece haber sido siempre la misma: atender al logro del mayor lucro posible en el menor espacio de tiempo posible, sin reparar ni en la viabilidad a largo plazo de esa iniciativa, ni en los perjuicios ocasionados a los pequeños propietarios de la zona. No se puede descartar que ese afán de hacer un gran negocio a toda costa hiciera fracasar el proyecto de los años setenta, por su falta de realismo, por no haber sabido plantear unos objetivos más modestos, más acordes con el medio físico y más fáciles de financiar.

El Plan de 1970 debía ejecutarse a lo largo de los nueve años siguientes. ¿Por qué no se llevó a cabo? Probablemente, la razón de tipo general más plausible es la que apunta Mauricio Hayek: el capital interesado en nuevas infraestructuras y equipamientos turísticos en la isla prefirió invertir en la zona sur y en el Puerto de la Cruz. Hayek afirma que ese fue el caso incluso de algunos propietarios del Polígono de Las Teresitas . Otro de los integrantes de la Junta, Ignacio Cova Barroso, también afirma que en esa asociación había propietarios interesados en frenar el desarrollo del proceso porque tenían intereses inversores en otras zonas de la isla. Recuerda una conversación en la que el promotor Santiago Puig le decía que prefería las facilidades dadas por el Ayuntamiento de Arona frente a la previsible demora en el desarrollo de Las Teresitas. El empresario Cándido García Sanjuán le habló de la inmadurez del proyecto y José Meliá, que conocía los planes urbanizadores, manifestó que sólo estaría interesado en la explotación que se hiciera en su día de los hoteles edificados . Es más, por lo que respecta al potencial desarrollo hotelero en la zona de Las Teresitas, las posibilidades tampoco parecieron ser demasiadas en épocas más recientes. En 1986, Adán Martín, entonces presidente de la Comisión de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento, declaraba que no estaba en marcha la construcción de hoteles en Las Teresitas porque "no existen los empresarios dispuestos a invertir" . Actualmente, según manifiesta el ex alcalde José Emilio García Gómez en relación a lo que permitía el último Plan Parcial, "no parece razonable, ni existe -casi seguro- gente con capacidad de hacer nueve hoteles en Las Teresitas. No tendrían futuro" . En realidad, a la luz de lo sucedido en otras zonas, si el desarrollo hotelero del Polígono hubiera sido verdaderamente rentable se habría abierto camino.

Lo cierto es que los promotores de la Junta de Compensación no tenían la suficiente capacidad económica para garantizar el éxito de su propio proyecto urbanizador. Habían pedido un préstamo de doscientos millones de pesetas después de la constitución de la Junta, en una época en la que "nadie creía en Las Teresitas" y "teníamos problemas de fuera y de dentro" . Obtuvieron el préstamo y también otro de menor cuantía concedido por la Caja de Ahorros. Estas deudas se acabarían pagando mediante la venta, o la subasta, de algunas parcelas. En 1971, la Junta de Compensación informaba de su segunda repercusión de cuotas extraordinarias entre los propietarios afectados por el proyecto -incluida la primera repercusión-, que ascendía a 375.008.177 de pesetas. También se incluía el reparto de las cuotas de los no integrados, el 21.18%, y se advertía que los propietarios que "no puedan satisfacer sus cuotas, en los términos previstos, pueden hacerlo cediendo a la Junta de Compensación solares, parte de ellos o también metros cúbicos edificables con cargo a los que correspondan en la Reparcelación" . Se trataba de cuotas prácticamente impagables para muchos afectados y se habían establecido a partir de la delimitación de los seis sectores en que se dividió el Polígono con la finalidad de asignar distintas valoraciones a los solares .

Una parte de los propietarios integrados se decidió a constituir una sociedad anónima "con el objeto de darle más agilidad a la Junta de Compensación". Esto hizo que el Polígono quedara en manos de Playa de Las Teresitas, S. A., de la Urbanizadora Santaella S. A. y de una serie de pequeños propietarios. Entonces, en 1973, surgió la posibilidad de vender Playa de Las Teresitas, S. A. -que poseía más del 60% de los solares- a la Sociedad Banif, S. A. de Inversión y Finanzas y a la Sociedad Entrecanales y Tavora, S. A. Estas dos sociedades plantearon que se hallaban interesadas "en obtener una opción de compra sobre parte de las acciones de la Sociedad Playa de Las Teresitas, S. A." y que su opción de compra no sería inferior al 80% de las acciones. El precio de los terrenos propiedad de Playa de Las Teresitas, S. A. se estableció en 451.740.545 pesetas y se determinó que cada una de las 25.563 acciones valdría 16.000 pesetas . Aunque se acordó que la opción de compra podría ejercitarse en el plazo de seis meses, es decir, antes de que acabara el año 1973 , nunca se llevó a cabo. ¿Qué sucedió? De acuerdo con el testimonio de José Delgado, los representantes de Banif y Entrecanales acudieron a entrevistarse con el alcalde de Santa Cruz antes de ejercitar la opción de compra. Y, entonces, el alcalde, Ernesto Rumeu de Armas, "fue el que nos dio la puñalada" y "terminó con toda la ilusión que nosotros teníamos". Rumeu le dijo a los inversores que mientras él estuviera de alcalde el proyecto de Las Teresitas no se ejecutaría. Por supuesto, como la opción de compra no iba a ser ejercitada para luego tener que soportar el sabotaje burocrático de la alcaldía, ahí se terminó la mejor oportunidad de los años setenta para sacar adelante la urbanización. ¿A qué se debió la actitud del alcalde? "Todo viene de no haberle dado al hermano el proyecto", se lamenta José Delgado, que escogió al arquitecto Luis Cabrera para continuar un proyecto que había iniciado Enrique Rumeu. Delgado afirma que esta versión la ha confirmado a través de algunas personas que han trabajado en el estudio del arquitecto. El propio alcalde le dejó bien clara la situación al presidente de la Junta de Compensación en el transcurso de una reunión: "Mire, le voy a decir la verdad. Eso, aunque ustedes lo hayan obtenido en el Ministerio de Información y Turismo, mientras yo sea alcalde, eso no se hace". Golpeó el cristal "y le salieron las lágrimas de la emoción, de la soberbia...".

La revisión de la revisión

El Plan que debía ejecutarse a lo largo de los años setenta no se llevó a cabo por falta de financiación, a causa del boicot momentáneo de la alcaldía y, probablemente, también porque era un proyecto poco realista al ser tan ambicioso y al estar fuera de las áreas de mayor crecimiento turístico de la isla. Los apuros financieros de la Junta de Compensación fueron de tal magnitud que tuvo que devolver algunas de las expropiaciones realizadas a su favor porque no podía pagarlas. Así que, caducado el Plan de Etapas previsto en el Plan Parcial de Ordenación del C.I.T.N. de la Playa de Las Teresitas, en 1983 se sometió a información pública el Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que planteaba la necesidad de revisar el Plan Parcial de 1970 "al cuestionarse la idoneidad del modelo de desarrollo urbanístico que contenía" . El deseo de revisar el Plan Parcial llevará a la firma de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación, en noviembre de 1986, que, con el objetivo de lograr "la conciliación de los planteamientos públicos y privados", acuerda la reducción del volumen de edificación previsto en 1970 de 2.496.880 metros cúbicos a menos de un millón; se renuncia a la declaración de C.I.T.N., sometiendo así a la urbanización al régimen ordinario de la Ley del Suelo, y también se actualiza una serie de cesiones de terrenos al Ayuntamiento. Por su parte, la Corporación municipal se compromete a mantener sus compromisos para dotar a la urbanización de agua, electricidad y telefonía; a ajardinar espacios libres y zonas verdes y a costear el 25% del emisario submarino de aguas residuales.

El Avance de la Revisión del Plan General reducía el perímetro urbanizable del Polígono de Las Teresitas al frente de playa y a las laderas de los barrancos de Las Huertas y El Cercado y, asimismo, reducía el número de ocupantes de 18.000 personas a 8.400. La Modificación y Adaptación del Plan Parcial Playa de Las Teresitas se aprobó inicialmente en noviembre de 1986 y fue aprobada definitivamente por la Consejería de Política Territorial en julio de 1988.

La Modificación mantenía como ámbito de actuación las 120 hectáreas que abarcaba la versión del Plan de 1970, pero la edificabilidad y los usos dotacionales se reducían notablemente. En concreto, el plan de reparcelación de 1989 recogía la cesión obligatoria y gratuita de 84.750 metros cuadrados destinados al viario y a las áreas de aparcamiento anexas y contabilizaba 610.194 metros cuadrados de superficie de rehabilitación paisajística "correspondientes a los espacios sobrantes en el ámbito del Plan Parcial, originados por la reducción, respecto al Plan anterior, de los demás espacios necesarios para la ordenación urbana" . Es decir, más de la mitad del terreno del polígono no iba a ser urbanizado. Entonces, ¿por qué no se planteó reducir el ámbito de actuación de la Junta de Compensación? Si se incluía más de un 50% de terreno no urbanizable en el Polígono su único efecto real sería la superación del mínimo del 60% de propietarios conformes para poder constituir una junta de compensación. Si los solares del Barranco de Las Huertas, del Barranco de El Cercado y del frente de playa eran los únicos valiosos desde el punto de vista urbanístico, lo lógico habría sido que la Junta de Compensación sólo hubiera abarcado esas fincas. Desde el momento en que esto no era así, se estaba utilizando una gran cantidad de terreno con valor únicamente paisajístico para imponer el sistema de compensación a un área urbanizable en la que, quizá, no hubiera un porcentaje de propietarios suficiente para constituir una junta de compensación. La Junta de Compensación Playa de Las Teresitas había fracasado cuando se mostró incapaz de ejecutar el Plan de 1970 y se encontró con su Plan de Etapas caducado. Fue una junta anormalmente costosa para sus miembros debido a los innumerables proyectos que tuvo que financiar, al período de tiempo inusualmente dilatado en que sólo ocasionaba cargas y no generaba beneficios y a que el hecho de haber incluido a tantos propietarios que no deseaban integrarse desembocó en numerosos pleitos judiciales y en el consiguiente aumento de los gastos. Las deudas de la Junta obligaron a revertir algunos terrenos expropiados porque no podían pagarlos. Sólo esto debió haber sido motivo suficiente para replantear la delimitación del Polígono en los años ochenta o, incluso, para disolver la Junta de Compensación Playa de Las Teresitas y constituir otra ajustada al espacio que realmente se iba a urbanizar -suponiendo que los propietarios hubieran dado su consentimiento. Según José Delgado, las propiedades revertidas -"porque no teníamos dinero para pagarles" a sus dueños- "quedaban dentro del Polígono de actuación, pero sin entrar en la Junta de Compensación". De modo que, sólo se les podría volver a expropiar por motivos de utilidad pública, pero no para reintroducirlos en la Junta de Compensación, pues sólo pueden "reintegrarse voluntariamente" . Más adelante veremos cómo se ha "resuelto" el problema de las reversiones.
Hay otras muestras de lo inapropiado de la delimitación del Polígono que se ha mantenido: no tiene mucho sentido que el ámbito de urbanización de Las Teresitas incluyera al pequeño núcleo urbano de Suculum, que albergaba a más de sesenta familias y que ha visto sus problemas acrecentados por el hecho de encontrarse en una zona que teóricamente controla la Junta de Compensación. El origen del barrio de Suculum se halla al inicio de los años sesenta, cuando algunas personas de pocos recursos económicos provenientes de la zona de Anaga comenzaron la construcción de sus viviendas en la ladera del Barranco de Las Huertas opuesta a San Andrés. Muchas casas de ese barrio se construyeron clandestinamente y fueron techadas durante la noche con la ayuda de los vecinos para así sortear las prohibiciones de las autoridades y, en ocasiones, la vigilancia policial. La Junta de Compensación intentó evitar que se consolidara el barrio de Suculum exigiendo la retirada de la tubería para el agua potable que habían instalado los vecinos, pero no tuvo éxito. Así que, como no fue posible acabar con las construcciones clandestinas ni cortar el agua potable, las únicas molestias adicionales que ocasionó la Junta a los vecinos del barrio fueron provocadas por las explosiones de los barrenos empleados en la construcción de la pista hacia Los Pedacillos, que lanzaban piedras sobre los techos de las casas situadas en la parte más alta de Suculum . La Junta tuvo que aceptar que el barrio se quedara como estaba porque no parecía factible expulsar a tanta gente de sus casas debido a que, en tal caso, durante los años setenta y con posterioridad, podría haber acabado viéndoselas con una oposición bien organizada.

Otro espacio problemático para la Junta de Compensación se hallaba en la ladera del Barranco de Las Huertas opuesta a Suculum. Sobre un solar de 3.000 metros cuadrados se edificó la Urbanización Morera Playa, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad en 1986, y que se dividió en veinticuatro fincas independientes -algunas de ellas inscritas en el Registro con sus correspondientes hipotecas. Sin embargo, la Junta de Compensación decidió evitar el enfrentamiento con los dueños de veinticuatro apartamentos y dejó bien claro, en un documento notarial elaborado a efectos de la reparcelación, que aquellas propiedades no eran suyas y no estaban sujetas a las cargas derivadas de la integración. Así pues, la Junta de Compensación ha sabido desentenderse muy bien de los terrenos pertenecientes a los propietarios con mayor capacidad potencial de crearle problemas.

Tres días antes de la sentencia

En los años ochenta, las circunstancias del ámbito de actuación de la Junta eran significativamente distintas de las de los años sesenta porque una parte de la población de Santa Cruz de Tenerife se había acostumbrado a utilizar la Playa de Las Teresitas. Ya no se trataba de un espacio que pudiera considerarse una página en blanco para la planificación urbanística de la zona sino que, más bien, se trataba de un espacio muy definido que debía tomarse en cuenta a la hora de elaborar el planeamiento de su entorno. El temor a que una urbanización inapropiada degradara las condiciones de la Playa de Las Teresitas fue una de las motivaciones del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Administración del Estado para demandar a la Comunidad Autónoma de Canarias, al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la Junta de Compensación con el fin de conseguir que se impugnara la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan Parcial de Las Teresitas, decidida por la Consejería de Política Territorial en julio de 1988. El proceso judicial se demoraría hasta que el Tribunal Supremo dictara sentencia definitiva en 1998. El recurso de apelación ante el Supremo debía decidir sobre cuál era el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan Parcial; si la revisión de dicho Plan lo fue por iniciativa particular y cuál era la normativa que la regía; si el Plan vulneraba las disposiciones de la Ley de Costas protectoras del espacio marítimo-terrestre y, por último, si, al abarcar zona militar, se vulneraban o no las disposiciones sobre protección y uso de las zonas militares y de valor estratégico. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el 29 de junio de 1998, confirmaría la validez del Plan Parcial de Las Teresitas y, por lo tanto, lo acertada que había sido la enorme inversión efectuada en la compra de la mayoría de los terrenos del Polígono, tres días antes del fallo judicial, veía garantizado el potencial lucrativo que le habría negado una sentencia adversa.

Un total de 102 parcelas del Polígono de Las Teresitas serían adquiridas por una empresa denominada Inversiones Las Teresitas, S. L., cuyo objeto social es "la promoción de edificios o urbanizaciones. La construcción, en el más amplio de los sentidos, cualquiera que sea el objeto a construir" . Esta empresa es inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1998 , el capital suscrito y desembolsado es de 30.000.000 de pesetas y los empresarios que están al frente de la sociedad son Ignacio González y Antonio Plasencia . Este último afirma que la idea de comprar buena parte de Las Teresitas surgió a partir del momento en que el Polígono Cepsa-Disa cayó en manos foráneas y "nos encontramos sin suelo para construir" en Santa Cruz. La versión de Ignacio González no es idéntica: "se nos planteó la papeleta de adquirir una serie de parcelas de Las Teresitas que iban a caer en manos de algunas multinacionales y que creíamos que eso tenía que ser para los del país, en este caso para los tinerfeños" . Así que, tres días antes del fallo judicial que influiría decisivamente en el valor final de los terrenos, Plasencia y González compraron por 9.577.000.000 de pesetas los solares, con el respaldo de un crédito de 5.500.000.000 otorgado por Cajacanarias.

Es evidente que la proximidad de la operación de compraventa al fallo judicial ha sido objeto de diversas especulaciones, pero el hecho de la revalorización de los terrenos a raíz del fallo judicial sería independiente de cualesquiera consideraciones. Ahora bien, cabe preguntarse qué hizo que un grupo de propietarios privados vendiera apresuradamente unos terrenos a otros propietarios que debían estar muy bien asesorados para arriesgar más de nueve mil millones de pesetas. ¿Por qué no hicieron los responsables de la Junta de Compensación de 1997 el negocio de vender ellos mismos los terrenos al Ayuntamiento? ¿Es que el Ayuntamiento iba a tratar de distinta manera a dos grupos distintos de propietarios ricos? Desde luego, no es fácil entender qué fue lo que hizo que quienes habían manejado la Junta durante más de treinta años, en el último momento, renunciaran a un negocio mucho mayor que el de limitarse a vender a Inversiones Las Teresitas.

Lo llamativo del proceso del planeamiento urbanístico del ámbito de Las Teresitas es que pase lo que pase siempre ganan y pierden los mismos: tienden a beneficiarse los propietarios más pudientes y a salir perjudicados los que poseen menos recursos. Los mecanismos institucionales han hecho que así sea: primero, la formación de una Junta de Compensación a la que se concede una esfera de actuación que perjudica seria e innecesariamente a decenas de propietarios que poseen escasos recursos económicos; segundo, a pesar de los fracasos de los promotores privados de la urbanización en el decenio de los setenta, se preservarán sus derechos y se seguirá perjudicando, como veremos, a decenas de pequeños propietarios que han estado luchando por sus solares y, en algunos casos, por sus viviendas durante más de treinta años, afrontando gastos judiciales y el desgaste personal que tantas veces refieren los afectados que se consideran víctimas de la injusticia que consiste en verse obligados a vender por debajo del precio de mercado sus solares, o en ser expropiados, con la finalidad de que otros hagan negocios privados. También es cierto que la Junta de Compensación ha sufrido contrariedades, pero son de otro tipo: primero, se derivan de no haber sabido ajustar las potencialidades del medio a sus recursos económicos y a sus influencias políticas reales; segundo, la zona de Las Teresitas era de importancia secundaria en el desarrollo turístico de la isla y, tercero, debido a esto último, fue posible que el boicot emprendido contra la urbanización de Las Teresitas por un alcalde de Santa Cruz, en un momento crucial, tuviera éxito. Así que, volviendo a la afirmación de que los mecanismos institucionales han tendido a favorecer a los elementos más privilegiados, debe repararse también en la actuación de Cajacanarias que -a pesar de su definición estatutaria como "institución benéfico-social" (Art. 1º.), que , "ajena a aspiraciones de lucro mercantil, orientará su actividad primordialmente al servicio de Canarias" (Art. 3º.)- avala con un préstamo una operación inmobiliaria que va contra lo que se percibía como el deseo mayoritario de los vecinos de la capital provincial, esto es, la preservación del entorno de Las Teresitas sin añadir apenas edificaciones . Este último posicionamiento de la ciudadanía local era tan claramente percibido por las autoridades municipales que acabaron comprando una parte de los terrenos a los nuevos propietarios para satisfacer lo que parecía un innegable deseo popular. En este último caso, los mecanismos institucionales funcionaron de manera tal que no se pudo plantear la expropiación de aquella zona del Polígono que parecía ser de indudable interés público. Así, el desarrollo histórico de las actuaciones urbanísticas sobre el Polígono de Las Teresitas muestra cómo no hubo inconveniente alguno en expropiar a los pequeños propietarios cuando se consideró necesario, pero también vemos cómo esa misma opción expropiatoria resultaría completamente inadmisible cuando afectara a dos multimillonarios. El alcalde de Santa Cruz diría, en el año 2000, que había que preservar la playa y su entorno para los vecinos de Santa Cruz, "pero teniendo en cuenta que existen unos derechos consolidados contra los que nada se puede hacer" .

En cuanto se produjo el fallo judicial definitivo sobre el Plan Parcial de Las Teresitas, se planteó nuevamente la cuestión de la idoneidad de un proyecto que había sido redactado doce años antes y también el problema de cómo satisfacer los deseos populares. El alcalde promulgó un decreto, en octubre de 1999, "sobre la agilización de la gestión urbanística y las actuaciones a emprender en el ámbito del Plan Parcial de Las Teresitas, tomando en consideración la debida ejecución de la resolución judicial, las determinaciones del Plan General vigente y los intereses generales del Municipio para la consecución de la mejor ordenación de la zona" . El decreto de la alcaldía aplazaba cualquier acción urbanística en el frente de playa hasta que se convocara y resolviera el Concurso Restringido de Ideas, para el que se seleccionarían ocho estudios de arquitectura que deberían proponer un ordenamiento del entorno de la playa en el que se reducirían notablemente las edificaciones y los usos hoteleros. El fallo del concurso tuvo lugar en septiembre de 2000 y, a partir de la propuesta ganadora, se efectuarán las modificaciones correspondientes en el Plan Parcial . El trasfondo de estos cambios se hallaba en una opinión pública opuesta a la edificación de hoteles en Las Teresitas, que fue animada a movilizarse por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Anaga y su litoral, constituida en marzo de 2000, con la finalidad de reivindicar el derecho al uso "y disfrute público de la Playa y su comarca. Así como evitar la edificación de cualquier tipo de cama hotelera o residencial" . El mayor éxito de esa plataforma fue la convocatoria de una manifestación contra la urbanización del entorno de la playa, el día 4 de junio de 2000, a la que acudieron más de 10.000 personas . También el Claustro de la Universidad de La Laguna había rechazado la futura urbanización de Las Teresitas "en contra de la voluntad popular, que sólo genera la destrucción y especulación sobre este entorno" , a lo que el concejal de urbanismo, Manuel Parejo, respondería que la Universidad debiera aportar proyectos, en vez de "hacer públicos posicionamientos críticos de contenido político" . La postura del concejal implica la idea de que la negativa a efectuar posicionamientos políticos públicos equivale a no hacer política y olvida, tanto que la indiferencia es una postura política, como el saludable axioma que afirma que la política es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos.

Como afirma el abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, la plataforma "influyó para que el Ayuntamiento cambiara de política" y dijera "nosotros compramos el frente de playa" . La Corporación municipal consideró que el interés público, en este caso concreto, no se podía defender mediante una expropiación sino a través de la compra de los terrenos. El informe emitido por la Secretaría Delegada de la Gerencia de Urbanismo, en enero de 2001, manifestaba "la imposibilidad legal de proceder a un cambio del sistema de compensación por el de expropiación" y ofrecía algunos motivos: primero, porque "culminada la gestión por el sistema de compensación, no se ha producido incumplimiento urbanístico que permita justificar un cambio de sistema"; segundo, porque, dada la sentencia del Tribunal Supremo, "el cambio de sistema supondría una actuación de la Administración tendente a impedir el cumplimiento del fallo de dicha sentencia"; por lo demás, los otros motivos ofrecidos ahondaban en la argumentación indicada y señalaban que el Ayuntamiento es "incompetente" para expropiar "derechos declarados en una sentencia firme" y que, de hacerlo, habría que indemnizar por el precio de los terrenos y sus aprovechamientos potenciales reconocidos por el Plan Parcial, "con valoración del daño emergente y el lucro cesante" . Ante estos argumentos, todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento apoyaron la compra de los solares del frente de playa a Inversiones Las Teresitas, S. L. Incluso el PSOE -que se había opuesto a los proyectos urbanísticos previstos en el área del Plan Parcial de Las Teresitas- votó a favor de la solución escogida por el grupo gobernante porque consideró que, al margen de sus defectos, así se lograba el objetivo que habían defendido los socialistas.

Desde la perspectiva de las otras partes involucradas en la negociación el asunto es muy sencillo: el empresario Antonio Plasencia afirma que "no queríamos ese convenio" simplemente porque en Santa Cruz se está vendiendo el metro cuadrado a 127.000 pesetas en el Polígono Cepsa-Disa y, al encontrarse Las Teresitas cerca de la capital, "se podría vender a unos precios [...] bastante satisfactorios para nosotros", o, planteado de otra manera, considera que del frente de playa habría obtenido 20.000 millones de pesetas en función de la edificabilidad prevista por el Plan Parcial. Plasencia considera que "le estamos vendiendo al Ayuntamiento a menos de la mitad del precio que realmente" valen los solares de las once parcelas . "¿Por qué lo hemos vendido barato?", se pregunta el empresario Ignacio González, pero no atina a encontrar una respuesta convincente, y concluye afirmando que los empresarios "hemos regalado" esos terrenos .

El "regalo" de los 109.420 metros cuadrados del frente de playa costó 8.750.000.000 de pesetas a las arcas públicas. El informe pericial que debía valorar los terrenos "deberá tender a fijar el valor real de los inmuebles que se proponen adquirir adecuado al mercado", de modo que, la fijación de ese valor real "estará en relación con su aprovechamiento urbanístico, de acuerdo con la clasificación y calificación del suelo y su situación" . Dejando de lado cuál sea la lógica jurídica subyacente, lo cierto es que, como se verá, aquí tenemos otra muestra de la acción de las instituciones que favorece a los sectores privilegiados: tanto los propietarios que vendían a la Junta de Compensación como los que eran expropiados recibían sistemáticamente un pago inferior al valor real de sus solares. Las tres valoraciones periciales de las once parcelas oscilaban entre 7.789.000.000 de pesetas y 12.740.000.000 .

Treinta y siete años después de haber sido constituida, la Junta de Compensación todavía estaba preparando sus actuaciones urbanísticas para intervenir en las áreas urbanizables de El Cercado y Las Huertas y para vender al Ayuntamiento los solares del frente de playa. El desprestigio de la Junta -debido a los innumerables abusos que ha cometido durante tantos años y a esa sorprendente ineptitud que reiteradamente han premiado las autoridades municipales-, ha hecho que pertenecer a ella resulte tan vergonzoso que se considera mejor negar cualquier vinculación. Antonio Plasencia declara que "nosotros no somos miembros de la Junta. Nosotros hemos adquirido unas parcelas a la Junta", pero "no hemos absorbido ninguna junta de compensación [...]. La Junta de Compensación sigue [...]. Nos podemos integrar". Pero, finalmente, parece que acaba reconociendo la realidad de la integración porque es "como si usted compra un piso en un edificio y usted se integra en la junta de propietarios". "En este caso hay una Junta de Compensación que existe y nosotros hemos adquirido unas parcelas. Como si usted ahora va y nos compra a nosotros allí un apartamento: el día de mañana usted entra en la junta del edificio". Indudablemente, a Plasencia le hubiera gustado hacerse con el control de una junta que no tuviera pasado: "hemos comprado de buena fe y hemos comprado a una Junta con unas certificaciones de sus asambleas generales donde todo está en regla". El empresario recuerda que en el Registro de la Propiedad todo figura a nombre de la Junta, que el Ayuntamiento certificó la segregación de parcela por parcela y que "si el Ayuntamiento cometió un error, la Junta de Compensación cometió un error, o alguien cometió un error, yo no lo puedo juzgar". Plasencia insiste: "no puedo juzgar porque no sé, ni entro ni salgo, en si unos señores fueron expropiados correctamente" o no. Y termina: "Hemos comprado estas parcelas. No hemos comprado ninguna junta de compensación. Si nosotros hubiéramos comprado una junta de compensación, seríamos responsables ante terceros" . El otro comprador de los solares urbanizables, Ignacio González, insiste en que "nosotros no somos la Junta de Compensación [...]. La Junta de Compensación es una cosa, Inversiones Las Teresitas es otra cosa". González ahonda en sus afirmaciones: "Que eso está dentro de la Junta de Compensación, los solares, es una cosa; pero la propiedad de los solares continúa en todo ese tipo de parcelas dentro de la Junta de Compensación". Sin embargo, a pesar de esta prometedora aclaración, poco después concluiría: "¿Usted es de alguna emisora, o qué? [...] Si esto es para tirarlo a los medios de comunicación no hablo" .

La integración de Plasencia y González en la Junta de Compensación quedó plasmada en el documento de compraventa de los solares: "Yo, el Notario, advierto a los comparecientes de conformidad con el art. decimonoveno de los Estatutos de la Junta de Compensación, su obligación de comunicar de modo fehaciente a ésta la transmisión verificada y de la subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones del transmitente, quedando plenamente integrado en la Junta de Compensación a todos los efectos legales" . La falta de legitimidad social de la Junta proviene principalmente del proceder que se describe en las páginas que siguen.

II. Los perjuicios ocasionados por la ordenación urbana

Anteriormente se afirmó que numerosos propietarios resultaron perjudicados por el proceso urbanizador de Las Teresitas debido a que sus solares fueron incluidos innecesariamente en el ámbito de actuación concedido a la Junta de Compensación y también debido a que tuvieron que desprenderse de sus propiedades a un precio muy inferior al del mercado. Además, se ha producido el proceso de concentración de una riqueza que se hallaba repartida entre más de un centenar de personas, en 1960, y que había quedado básicamente en manos de dos multimillonarios en el año 2000.
El caso de los herederos de Manuel Rodríguez Baute (propietario de la parcela número 97) nos aproxima al proceder de la Junta de Compensación. La parcela 97 tenía 2.305 metros cuadrados y pertenecía a un agricultor que no quiso integrarse en la Junta. En octubre de 1968, recibiría una notificación del Ayuntamiento que le informaba del inicio de un expediente de expropiación y de que disponía del plazo de quince días para manifestar cuál sería el precio por el que estaría de acuerdo en ceder su finca a la Junta . A partir de ese momento, la documentación disponible nos permite observar cómo la figura legal de la junta de compensación es utilizada para eludir el mecanismo del mercado, con el propósito de hacer negocios urbanísticos, de modo que, no sólo se obliga a vender a quien no desea hacerlo, sino que, además, se le obliga a vender por debajo del precio real. La hoja de aprecio elaborada por la Junta de Compensación establece que, de acuerdo con la legislación entonces vigente, la valoración del solar deberá reducirse en un 25% y, en función de la edificabilidad prevista, el precio del metro cuadrado es fijado en 42,73 pesetas, es decir, en 98.505,4 pesetas para toda la parcela. Sin embargo, la Junta de Delegados, "a pesar de que los valores señalados son los legalmente aplicables a la finca citada" , decide darle el mismo valor que a los otros terrenos integrados en el mismo sector del Polígono, o sea, 150 pesetas por metro cuadrado, una cantidad que elevaba el valor de la finca a 345.795 pesetas . Dos años después de que se efectuara esta valoración de la finca, una de las herederas presenta un recurso de reposición contra la liquidación de la contribución urbana de la parcela 97 -que asciende a 34.418 pesetas-, a la que se ha asignado un valor catastral de 1.555.875 pesetas. Los recurrentes afirman que sólo dan un aprovechamiento agrícola a la finca y que proporciona unos ingresos inferiores al importe de la liquidación recurrida . Aquí tenemos ya una muestra de cómo se niega una compensación económica acorde con las expectativas urbanísticas del terreno a un pequeño propietario, a diferencia de lo que ocurrirá cuando los terrenos sean propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia.
En junio de 1972, el Ayuntamiento notifica a los dueños de la parcela 97 que el precio definitivo es el de 363.810 pesetas pero, a las pocas semanas, los herederos dirigen un escrito al alcalde indicando que el precio de la finca nunca deberá ser inferior a las 2.000 pesetas por metro cuadrado . No obstante, en 1973, ante la inminente expropiación, los dueños del terreno efectúan un requerimiento notarial solicitando la integración en la Junta de Compensación para evitar el daño económico de la expropiación . Nunca recibieron respuesta a su solicitud de integración en la Junta, ni fueron convocados a ninguna Asamblea General. Téngase en cuenta que, de acuerdo con los Estatutos de la Junta, los asociados tienen el derecho de "asistir a las Asambleas Generales, por sí, o por representante con voz y voto" (Art. 30. b.) y que, "la Asamblea General ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año" (Art. 39.). Pues bien, en más de veinticinco años los propietarios de la parcela 97 ni han sido convocados a una sola reunión de la Asamblea General, ni el Ayuntamiento es capaz de mostrarles nada que acredite que fueron convocados, ni han vendido conscientemente, ni han sido expropiados, ni pueden vender porque lo que consideran su propiedad ya no aparece a nombre de los herederos en el Registro . En el año 2000, el Ayuntamiento le comunicó a los dueños de la parcela 97 que los tribunales habían desestimado sus recursos en 1974, que la Junta de Compensación había aceptado su integración en 1973 y se había convertido en la titular de la parcela y que, por último, a ellos les correspondía un coeficiente económico de 0,3194% . De cualquier manera, los propietarios ignoran si la participación económica se les calculará a partir de lo

Una vez más, y ya van tres años seguidos, Asamblea por Tenerife convoca a la ciudadanía de la isla a una gran manifestación en el mes de noviembre, concretamente este año será el sábado día 18.

Los años 2004 y 2005 el eje fundamental de estas manifestaciones era el rechazo frontal de centenares de miles de personas que nos oponemos a la construcción de un puerto industrial en las costas de Granadilla.

Este año, aunque el fantasma del nefasto puerto planea sobre la convocatoria, sobre todo después de los últimos acontecimientos que relataremos más abajo, se le quiere dar un tono más amplio a la manifestación. Hoy más que nunca en los 14 años de gobierno de Coalición Canaria, con la complicidad en muchos casos del PSOE y el PP como seguidores activos o pasivos de todos sus despropósitos, sobran los motivos para salir a la calle y protestar contra la política completamente antisocial y el modelo económico especulador y de depredación hacia nuestro territorio llevada a cabo por estos trileros de la política bajo el amparo del clientelismo empresarial y constructor.

En este sentido, el ambiente recuerda a los últimos meses del gobierno del PP a nivel nacional y al alivio que sentimos millones de personas el lunes 15 de marzo cuando, a pesar de que el brutal atentado terrorista de Al-Qaeda en Atocha aún nos hacía temblar de espanto, sabíamos que el PP se iba a ir a la oposición y la victoria del PSOE era un mal menor. En este sentido aquí y ahora también somos muchas las personas que queremos que Coalición se vaya a casa después de las elecciones del 7 de mayo. O a la cárcel si fuera menester.

Ya hemos dicho en muchas ocasiones que la construcción de un puerto en Granadilla no se justifica como algo que resulte beneficioso socialmente sino que será más bien todo lo contrario. Teniendo en cuenta las transformaciones sociales, económicas y ambientales irreversibles que dicho proyecto traería consigo sólo resultará ventajoso para los intereses de la clase empresarial, mediática y política que pretenden con la construcción de este puerto, y con la transformación del frente de Santa Cruz, el hundimiento del puerto de la capital y la privatización de la playa de Las Teresitas, dar el mayor pelotazo especulativo de la historia de Canarias.

También hemos dicho que el actual puerto de la capital de Tenerife, el de Santa Cruz, no está ni mucho menos saturado sino todo lo contrario, que hay instancias interesadas en que éste se colapse, empezando por el presidente de la autoridad portuaria Luis Suárez Trenor, y que cubre perfectamente las demandas de la isla y podría ser ampliado, si fuera necesario, hacía la zona de San Andrés donde, precisamente, quieren construir una marina deportiva privada para anular las posibilidades de su ampliación futura.

Incluso nos hemos referido alguna vez a todo el juego sucio que las distintas Administraciones del archipiélago, y hasta la central como el ministerio de Medio Ambiente y ahora el de Fomento, han hecho en todo este asunto al menospreciar la inteligencia y el buen hacer de los opositores al proyecto al llamarnos terroristas sociales o al ocultar informes como bien ha dejado claro una sentencia firme contra la Administración de la Audiencia Nacional, que salió en abril de este mismo año, por la negación de una petición de información.

La verdad es que no nos importa seguir hablando de lo mismo, y hasta la saciedad si con ellos se detiene este asqueroso proyecto, pero es que estos días han salido cosas nuevas a la palestra. Bueno o no tan nuevas, en realidad, como ha sido el informe del Banco Europeo de Inversiones, BEI, que tiene más de un año de antigüedad pero que el entorno mediático de los especuladores le han puesto fecha de 30 de agosto de 2006.

Siguiendo unas manifestaciones de José Luis Fernández, miembro de la Plataforma Contra el Puerto de Granadilla, sabemos que este informe se conocía hace tiempo pero que se ha filtrado ahora, interesadamente, porque en los Presupuestos Generales del Estado sólo hay una escasa partida de 3 millones de euros para este despropósito de puerto. El informe del BEI está basado en otro de la Comisión de Transportes de la UE que fue elaborado a medida por un técnico de dicha comisión, que sólo ha visto Canarias sobre un mapa, y firmado por un superior suyo y que hablaba de la imposibilidad técnica de ampliar el Puerto de Santa Cruz.

Este informe es extremadamente débil, sólo tiene diez páginas, y no aguanta una simple confrontación con los informes elaborados por esta misma Plataforma o con el Proyecto de Ampliación del Puerto de Santa Cruz firmado por cuatro ex presidentes de la autoridad portuaria. El puerto de Arinaga también se justificó con un documento parecido y ahí sigue completamente abandonado e inutilizado por unos vientos constantes que, al igual que ocurriría en Granadilla, lo hacen técnicamente inoperativo. Probablemente estos días previos a la manifestación la Dirección General de Transportes de la UE dará el visto bueno al proyecto del puerto basándose en este informe pero su debilidad, que nadie con un poco de sesera se atreve a firmar, darán mucho que hablar en los frentes abiertos como la Comisión de Peticiones, el Defensor de Pueblo o hasta los tribunales de justicia si fuera necesario.

El empecinamiento de los especuladores políticos y constructores por el pelotazo de Granadilla no es, ni de lejos, la única batalla de la sociedad canaria pero si ha sido un aglutinador de un gran número de protestas. Estos dos años y algo de la existencia de Asamblea por Tenerife han servido para que en su seno se recogieran múltiples protestas de colectivos en lucha. Así, y a través de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, se han mantenido críticas constantes contra los planes de infraestructuras, como el tren del sur, el cierre del anillo insular de carreteras o la segunda pista del Reina Sofía, y movimientos especuladores como la urbanización estilo Marbella de Geneto que está unida a la carretera de la vía exterior de La Laguna.

También se ha mostrado una clara sensibilidad hacia los problemas sociales, precisamente esos que los especuladores de la Coalición no consideran prioritarios, como es la gestión de la sanidad, la de peor calidad y con las mayores listas de espera de todo el estado, la educación, que tiene el deshonor de poseer los mayores índices de fracaso escolar, o los conflictos laborales abiertos con los trabajadores de justicia y los bomberos de Tenerife entre otros. También se ha sabido ver los conflictos que el fenómeno de la inmigración irregular habría de traer consigo cuando aún los políticos en Canarias miraban para otro lado aunque ahora hayan acabado utilizándolo como arma política contra el gobierno central.

En todo este tiempo ha ocurrido algo que no tiene parangón alguno en la historia de los movimientos sociales de Canarias: la aglutinación en un movimiento único de colectivos dispersos que siempre han luchado contra el modelo económico especulador que se quiere imponer a los canarios y que es una copia burda de modelos fracasados en otras regiones y que no sirven sino para enriquecer a una clase política empresarial bananera y empobrecer a la mayoría de la población. No hay que olvidar que las cifras de organismos oficiales dicen que en Canarias hay 440 mil personas que viven bajo el umbral de la pobreza, el cuarto de la población total de casi dos millones de residentes, mientras la Reserva para las Inversiones de Canarias, RIC, ha hecho que las grandes empresas y profesionales liberales hayan dejado de pagar 18.000 millones de euros en impuestos, más de tres billones de las antiguas pesetas, y que han servido para seguir especulando y deteriorando nuestro territorio.

En múltiples ocasiones nos han llamado los de no de manera injustificada cuando hemos sido siempre los del sí: sí a las políticas sociales, sí a la enseñanza y a la sanidad pública, sí al desarrollo sostenible, sí a la democracia real participativa y sí a un modelo económico justo e integrador. En la Gran Marcha del 18 se reivindicará la recuperación de la dignidad y la democracia perdida durante estos años de gobiernos nefastos. Y se va a financiar, como siempre, con las aportaciones individuales y con el trabajo anónimo y desinteresado de cientos de personas que para nada saben lo que es el oro amarillo, esa falacia por la que se nos ha acusado de traidores porque lo utilizamos para pagar nuestras campañas. Por suerte todo lo que ocurre en la Asamblea es transparente y no como sucede en los despachos de los altos cargos de coalición canaria.

Las anteriores manifestaciones no fueron fáciles. Viendo los métodos empleados contra los manifestantes sólo faltó utilizar pistoleros como hacían los empresarios de principios del siglo XX contra izquierdistas y anarquistas. En las dos el silencio de los medios de información de la isla, la Televisión Canaria, el grupo El Día o Radio Club Tenerife, estuvo en la línea de la censura de prensa de las dictaduras más bananeras y changas del mundo.

En la de 2004 se tapaban los carteles de la convocatoria con otros de la bandera de Tenerife pagados supuestamente por empresarios y en la de 2005 se enviaba a la policía fascista a desalojar activistas de los puentes de la isla que usaban el Derecho Fundamental de Expresión y mantenía allí unas pancartas con la necesaria autorización de la Subdelegación de Gobierno.

Aún así en ambas manifestaciones se convocó una media de 70 mil personas aunque las autoridades daban cifras de risa manipulando imágenes tomadas por la avioneta de GESPLAN y que hablaban de 17 mil personas aunque unos días antes del 28 de noviembre de 2004 la televisión pública de Coalición Canaria había contado una plaga de 2 millones de langostas.

Este año el ambiente no va a ser mejor sino que es de prever que sea todo lo contrario. Ya contamos con la censura en los medios y ya veremos a ver qué tipo de estrategia de acoso moral y físico llevarán a cabo contra las compañeras y compañeros que preparemos la Manifestación del 18 de Noviembre y que partirá de la Plaza de Weyler hacia la de La Candelaria a partir de las 11 de la mañana. Esta vez los ánimos están más fuertes que nunca porque sobran los motivos para, de una vez por todas, recuperar las instituciones y regenerar la vida política manchada por los casos de corrupción. Es de justicia.

* Santi Peña.

La presidenta de la asociación Justicia y Paz y ex directora de Cáritas en Tenerife, Carmen Luisa González, dijo este martes que la plataforma por los derechos humanos, contra el racismo y la xenofobia convocó una manifestación para el sábado en Tenerife en contra de la pobreza para denunciar que en Canarias las diferencias sociales van en aumento, con más de 400.000 personas en situación de exclusión.



EFE. Santa Cruz de Tenerife

Carmen Luisa González se pronunció de este modo en una rueda de prensa en la que dijo que si todas las personas que ejercen su labor de forma "oculta" hiciesen una huelga, habría "una catástrofe" en Canarias.

La manifestación, que discurrirá entre el parque García Sanabria y el Auditorio de la capital tinerfeña, ha sido convocada en coincidencia con una movilización internacional en la que se reclama la pobreza cero, y que en España organiza la coordinadora de organizaciones no gubernamentales.

La plataforma por los derechos humanos de Tenerife está integrada por varios colectivos sociales, entre ellos Asamblea por Tenerife, la Asociación de Inmigrantes Africanos, Cáritas Diocesana, CCOO y UGT, Ben Magec, Médicos del Mundo, Manos Unidas y asociaciones de menores, profesores y mujeres, entre otros.

Carmen Luisa González dijo en rueda de prensa que la situación de la pobreza en Canarias no ha mejorado y, mientras un sector ha llegado a la riqueza "y derrocha, otros cada vez son más pobres".

A su juicio, ha aumentado una parte de la población que vive en condiciones precarias y que incluso trabaja "en la clandestinidad", situación a la que se suman muchos inmigrantes sin papeles que se dedican al cuidado de niños, ancianos o discapacitados.

Zenobia Meneses, representante de Enseñantes Asamblearios de Canarias, denunció el hecho de que el Archipiélago tenga los mayores índices de fracaso escolar y siniestralidad laboral, lo que a su juicio también son indicadores de pobreza, mientras que Carmen Luisa González puntualizó que el sector más empobrecido de la población es el de las mujeres inmigrantes.

Para erradicar la pobreza la plataforma exige destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto "con la máxima urgencia" a la ayuda al desarrollo, y dedicar el 20% de esta cuestión a servicios sociales básicos "desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales".

También reclama que se suprima "el cien por cien" de la deuda externa bilateral de los países menos avanzados y que el Gobierno español efectúe esta propuesta ante las instituciones financieras internacionales.

No obstante, se pide asimismo adoptar mecanismos eficaces para exigir responsabilidades en cuanto a la deuda "ilegítima" que hayan generado gobiernos corruptos o que violen los derechos humanos, así como respecto a la deuda "ecológica" contraída por multinacionales o países industrializados.

Otras propuestas se refieren al cambio en las normas del comercio internacional, que a su juicio favorecen los intereses de los países ricos, velar por la creación de empleo digno, proteger los servicios públicos de la liberalización y la privatización, y combatir de forma decidida la actividad de los llamados paraísos fiscales.

No hace tantas semanas que la Virgen de Abona visitó los barrios de Arico y ya los vecinos de algunos núcleos costeros la echan de menos. Pero, a parte de la devoción propia a la patrona, lo que más se echa en falta es el repasito que Eladio Morales le dio -después de años de total y absoluto abandono- a las calles de núcleos costeros como Las Arenas para que pasara la Virgen y, cómo no, el séquito de autoridades correspondiente en todos estos actos en los que se juega con los sentimientos de muchas personas de bien.

Que nadie se vaya a creer que el repasito ese fue nada del otro mundo. Unos cuantos camiones de arena para que no se levantara polvo, el retoque de algún bache, un montículo de tierra en el barranco Guasiegre porque la procesión coincidía con la marea alta y, a parte de un riego momentos antes de que pasara la comitiva, para de contar. Pero menos da una piedra, como quien dice.

Y es que la Virgen trajo, seguramente, muchas ilusiones y esperanzas a los vecinos más devotos, pero lo que no trajo fue la buena suerte -por lo visto- porque, pocos días después, una marea fuerte inundó de callaos de la playa la carretera, perdón, camino de cabras que une Las Arenas con Tajao. El caso es que desde entonces, hace ya un par de semanas, el 'espectáculo' es continuo porque pocos son los vehículos que se escapan de no quedarse enterrados y patinando entre las piedras.

Hay quien dice que hasta que Eladio baje para abajo, y se quede enterrado, el asunto no tiene solución. Pero Eladio no frecuenta mucho Las Arenas, él viene más bien a los restaurantes de Tajao 'todo gasto pago' y con la misma se manda a mudar otra vez. Y esperar a que la Madre Santísima vuelva, dentro de tres años, parece un poco excesivo. ¿O no?


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18 de noviembre a las 11:00 de la mañana, plaza weiller convoca Asamblea Por Tenerife.span>

Contra la corrupción.
En defensa de nuestro territorio y contra la especulación.
Contra la xenofobia y el racismo.
Por unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.
Contra el régimen económico fiscal: La R.I.C.
Contra la manipulación mediática.
Por el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
No rotundo al Puerto de Granadilla, al Plan General de Carreteras y al P.G.O.U ( esto supondrá la destrucción total de canarias, de su cultura de su patrimonio natural de su biodiversidad.
Rechazo frontal a cualquier gran infraestructura innecesaria.
En defensa de nuestras costas, no más vertidos, no más puertos privados, no más cemento en nuestras costas.
por una apuesta firme hacia las energías limpias, el reciclaje y la depuración.
En demanda de parques, escuelas, teatros, centros culturales, zonas de ocio alternativo, bibliotecas, hospitales…( infraestructuras sociales básicas)
Por una apuesta rotunda hacia “las culturas” y sus diversas formas.
Por la Dignidad y el Honor del Pueblo Canario.

- La RIC, es la responsable del gran desequilibrio social existente en Canarias.

- La construcción como actividad económica ha deteriorado en pocos años la economía, y el medio natural de canarias,


la actual dependencia de este sector como motor económico pone en serio peligro el equilibrio social, cultural, medioambiental y económico de Canarias.
De seguir a este ritmo de crecimiento en cinco años la sociedad Canaria quedará totalmente desarraigada y nuestro patrimonio natural destruido.