Viernes, 17 de noviembre de 2006
El art. 47 de la Constituci?n Espa?ola de 1978 reconoce que todos tenemos derecho a disponer de una vivienda digna y suficiente y que los poderes p?blicos promover?n las condiciones necesarias y establecer?n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilizaci?n del suelo de acuerdo con el inter?s general para impedir la especulaci?n, sin embargo la realidad es bien distinta y no se corresponde con la anteriormente expuesto.

Muchas son las familias canarias que no disponen de un h?bitat m?nima para desarrollar una vida normal, muchos son los que viven en chabolas, cuevas, en las calles o pagando alquileres desorbitados, etc. Asimismo bastantes familias viven hacinadas en infraviviendas con la consiguiente falta de higiene, incomodidades y dificultades de todo tipo.
El urbanismo hoy en dia es la cueva de Alibaba y los cuarenta mil ladrones
Porque los precios son un autentico robo una estafa sin precedente en la historia de este pa?s. Las inmobiliaria te hipotecan eternamente y los bancos te embargan de por vida.

Ello demuestra que las administraciones no cumplen con el precepto legal, del art?culo anterior, proporcionando a sus ciudadanos una casa digna con las condiciones propias de habitabilidad.

Debido a la carest?a de las casas, los ciudadanos se han visto obligados a construir como han podido, con sus propios medios y en terrenos no aptos para la construcci?n sus hogares para poder establecer su propia residencia ahorrando de unos sueldos escasos, pidiendo prestamos abusivos ya que son gravados con unos intereses que rayan la usura (aut?nticos atracos a mano armada) y muchos de los solicitantes afrontan con sufrimiento ?endrog?ndose? para toda la vida lo cual es una injusticia debido a la incompetencia y a la falta de voluntad pol?tica para resolver y dar respuesta a la gran demanda existente en materia de viviendas.

Primero fue el estado y ahora el Gobierno de Canarias con el pasotismo de los ayuntamientos los que siguen sin resolver este acuciante problema a pesar de los planes, que no planos, de construcci?n de casas sociales.





Han pasado muchos planes de viviendas, en papeles, que son anunciados a bombo y platillo pero estos o no se realizan o no se cubren las necesidades de vivienda que padece la poblaci?n canaria.

En cuanto a las viviendas que actualmente no disponen de la autorizaci?n necesaria para su edificaci?n, y que en canarias son miles y que se han construido ilegalmente por la incompetencia de la administraci?n para resolver la falta de las mismas, dicha administraci?n auton?mica public? el decreto 197 de 11 de enero de 1992 por el que se regula la constituci?n de un censo de edificaciones no amparadas por licencia y por la que se establecen los supuestos de suspensi?n de la ejecutori? dad de las ?rdenes de demolici?n y cuyo pre?mbulo contempla:
?La existencia de un gran n?mero de edificaciones en el territorio de la comunidad aut?noma de Canarias que contravienen la ordenaci?n urban?stica vigente y los efectos de ?ndole socioecon?micos que derivar?an de aplicar las precedentes medidas de restablecimiento de la realidad f?sica il?citamente, requiere el estudio de las posibles alternativas que legal o reglamentariamente puedan darse a la situaci?n creada.

El censo de tales edificaciones que hayan sido erigidas con anterioridad a la entrada en vigor del c?digo penal, constituye un instrumento de an?lisis necesario para estudiar, con cierto rigor, la entidad y casu?stica de la problem?tica planteada, adem?s de permitir ce?ir la misma hasta un determinado hilo temporal.

La elecci?n de l?mite temporal estableci? en el presente decreto obedece, a que por primera vez en nuestro ordenamiento jur?dico, la protecci?n del territorio es tambi?n competencia de la jurisdicci?n penal al haberse tipificado como delito determinadas agresiones al mismo.

El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protecci?n y ordenaci?n del suelo ha de plantarse al tiempo de la formulaci?n o revisi?n de los instrumentos de planificaci?n urban?stica. Asimismo, el art. 126.5 del texto refundido de la Ley sobre el R?gimen del Suelo y Ordenaci?n Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, prev? un mecanismo para atender las imprevisiones del planeamiento como podr?an ser los desfases entre ?l mismo y la demanda social existente.

Por ello, procede analizar si el planeamiento urban?stico vigente pondera adecuadamente la demanda social existente y previsible con la necesaria protecci?n y adecuada ordenaci?n del territorio, pues con el equilibrio de ambos intereses podr?a resolverse, utilizando mecanismos que ofrece la vigente legislaci?n, parte de la problem?tica planteada?.

Los ciudadanos de Canarias que hab?an construido sus casas sin estar amparadas por licencia, hicieron caso a este decreto y a la intenci?n de la consejer?a, pero lo cierto es que el




hecho de estar censadas no significaba ni mucho menos que ya estar?an legalizadas, esto es otro procedimiento, y lamentablemente el citado decreto no sirvi? para casi nada, es decir solo
sirvi? para que las viviendas que estaban precintadas, que incluso ten?an ?rdenes de demolici?n, escaparan de la misma por lo menos por una temporada.

Son los ayuntamientos los que modificando los planeamiento urban?stico pueden hacer que las mencionadas casas, se encuentren en una situaci?n de posible legalidad, ya que estar?an dentro de la zona en que se puede construir, aquellas otras casas que una vez modificado el planeamiento nombrado anteriormente tienen verdaderas dificultades para evitar que sean demolidas, as? como las construidas en el seno de los parques protegidos etc.

De todo lo anterior, extraemos las siguientes:


CONCLUSIONES


1? Los ayuntamientos deber?an elaborar sus propios planes de construcci?n de viviendas conjuntamente con los demandantes y elaborar estas en plan cooperativa.

2? Se debe elaborar unas bases para la concesi?n de las viviendas que protejan y prior icen la consecuci?n en el demandante de origen nativo.

3? Se debe prohibir, tajantemente, que el demandante venda la vivienda de protecci?n oficial a terceras personas y adem?s investigar si a la persona que se le concede no tiene otra vivienda o medio econ?mico holgado.

4? Los ayuntamientos deber?n proporcionar suelo urbanizable a la Consejer?a de obras, viviendas y agua para que esta construya las viviendas necesarias que den respuesta a las solicitudes de los ciudadanos de Canarias.

5? Las viviendas que se construyan deber?an tener una calidad suficiente y con la superficie necesaria teniendo muy en cuenta el n?mero de componentes familiares.

6? El acceso a la propiedad de las mencionadas viviendas ser? de forma escalonada, atendiendo a la econom?a de cada familia as? como el alquiler de aquellas para lo que se deber? llevar al efecto un minucioso estudio socioecon?mico de cada unidad familiar. Hay quien tiene coche mercedes, negocios, vive a todo tren y con todo tipo de lujos y solicitan viviendas de protecci?n oficial.




7? Se deber? facilitar los terrenos y ayudas econ?micas necesarias para que los vecinos que lo deseen puedan construir sus propias viviendas de autoconstrucci?n pero para ello se tiene que dar facilidades porque los requisitos actuales exigen, son rid?culos porque las personas realmente necesitadas no se ajustar?n jam?s a estos requisitos.

8? Los ayuntamientos deber?n modificar sus planeamientos urban?sticos para acoger el mayor n?mero de casas que se encuentran fuera de la ordenaci?n est?n censadas o no.

9? Las viviendas que presentan dificultades para su legalizaci?n, deber?n de ser objeto de un trato especial y negociado con sus propietarios.
10? Para la conservaci?n de la denominada vivienda rural, la administraci?n otorgar? subvenciones para mantener el h?bitat con las caracter?sticas propias de la zona donde est?n edificadas.

11? Las viviendas sociales deber?n estar construidas en lugares que no formen ghetos ya que ello comportar?a aislamiento, marginaci?n con los problemas que ello supone. Estar?n dotadas de todos los servicios e infraestructuras necesarias: Escuelas, centros sociales, tiendas, plazas, zonas deportivas, bibliotecas, etc.
12? Los solicitantes de las viviendas deber?n contar obligatoriamente con la nacionalidad espa?ola.

13? El coste de las viviendas debe bajar de forma obligatoria un m?nimo del setenta por ciento as? como el coste del material para la realizaci?n de las mismas.


El presidente
Antonio Leal Aguilar


En la Kanaryas, a 13 de noviembre de 2006.
ORGANISMO SOCIAL KANARYO
TITEROYGAKAT
Publicado por ubara @ 12:46  | Canarias
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