La Fiscalía considera que el Gobierno de Canarias es responsable civil subsiario del llamado 'caso de Turismo', ya que sus mecanismos de control fallaron y no detectaron el fraude supuestamente consumado por el funcionario Enrique Barreda con ayuda externa de dos particulares.
El representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, Ernesto Vieira, concretó ayer su postura en el llamado caso de Turismo y formalizó imputaciones contra el funcionario de la Consejería de Turismo Enrique Barreda, su cuñado Pedro Quevedo, su ex socio Gabriel Tremearme y los agentes de viajes Amadeus Roland Ghel y Susanne Inge Ghel.
Vieira solicitó el sobreseimiento provisional de la causa en referencia a otras 12 personas que inicialmente había sido citadas en calidad de imputadas únicamente a efectos de que declararan asistidas de abogado para preservar sus derechos. Entre esta se encuentran las esposas de Quevedo y Barreda, varios funcionarios de la Consejería y la secretaria de la viceconsejera de Turismo Pilar Parejo, Lourdes Cabrera.
El fiscal considera que si bien se puede considerar a Enrique Barreda como cerebro del fraude, «no consta acreditada la colaboración de otros funcionarios» en la trama delictiva.
No obstante, sí apunta la responsabilidad civil subsidiaria de la Consejería, ya que sus distintos mecanismos de control «no detectaron la actividad que tenía lugar en su seno, bien por insufuciencia, bien por deficiente funcionamiento».
El fiscal considera probado que Enrique Barreda tenía una suerte de chiringuito dentro de la Consejería para su lucro personal y el de sus cómplices, que funcionaba como sigue: cuando una persona acudía a la sede institucional pidiendo asesoría para solicitar licencia de apertura de una agencia de viajes, él les recomendaba que acudieran a gestores externos, los cuales, al menos en veinte ocasiones, engañaron a los solicitantes y les hicieron pagar tasas en cuantías muy superiores a las previstas legalmente ?oscilaban de 3.00 a 15.000 euros? y en la mayoría de los casos, les entregaron los papeles sin depositar las tasar reales en la Consejería, lo que provocó que muchos de los perjudicados tuvieran que abonar dos veces las mismas tasas.
El fiscal considera que esta actividad fue desarrollada por Barreda al menos desde principios de 2004 y hasta que se destapó el fraude a finales de la primavera pasada, y apunta que entre 2004 y 2005 su contacto exterior era Gabriel Ángel Tremearme Domínguez del Río, con el que llegó a formar una sociedad, y a partir de agosto de 2005, el cuñado de Barreda, Pedro Quevedo.
En referencia a Quevedo, subraya el fiscal que se hacía pasar por miembro de la Consejería, «actitud que extendía hasta el punto de acudir casi diariamente al despacho de su cuñado, sentarse en la mesa de otro funcionario, enviar faxes y atender al público», haciendo creer a los visitantes que realmente era funcionario.
Además, la acusación cree que los imputados obtenían cantidades en metálico de diversos solicitantes «a cambio de la promesa de lograr el archivo de expediente supuestamente desfavorables». Apunta que no consta que llegaran a cumplir lo prometido pero al menos en cuatro ocasiones lograron la desaparición física del expediente, relacionado en los cuatro casos con la actividad ilegal de la agencia de viajes de Amadeus y Susanne Gehl.

Más información en el periódico CANARIAS7