Viernes, 08 de diciembre de 2006
La Coordinadora de Pueblos y Barrios pidi? este jueves, por medio de un comunicado, las dimisiones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Su?rez Trenor, "ante la grave informaci?n aparecida en los medios de comunicaci?n acerca de las presuntas comisiones ilegales y sobornos percibidos" por estos pol?ticos de CC, "as? como el que fuera Presidente de la Asociaci?n de Vecinos de San Andr?s, entre otros, para favorecer la construcci?n de la marina deportiva en el pueblo de San Andr?s, quiere expresar su frontal rechazo a este tipo de pr?cticas de corrupci?n, que en caso de resultar acreditadas, representar?a uno de los m?s graves esc?ndalos en la historia de Canarias y una verg?enza para la democracia en las islas".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios exige una ?investigaci?n independiente, rigurosa y sin cortapisas?, que permita llegar hasta el final y depurar las responsabilidades penales que derivar?an de los hechos que aparecen reflejados en el auto del juez Baltasar Garz?n.
Del mismo modo, ante la extrema gravedad de los hechos y la solidez de la documentaci?n que ha servido de base para la imputaci?n judicial, "se hace necesario que los responsables pol?ticos encartados dejen sus puestos como medio para salvaguardar la confianza de los ciudadanos".
Para el conjunto de Asociaciones, Plataformas Vecinales y Comisiones de Defensa que forman la Coordinadora de Pueblos y Barrios "resulta de especial gravedad la imputaci?n judicial contra el que fuera presidente de la Asociaci?n de vecinos de San Andr?s, seg?n la cual, habr?a percibido un soborno de 60 mil euros (en dos pagos) para vencer las resistencias vecinales al proyecto".
De llegar a probarse dicha imputaci?n penal, se tratar?a "del mayor ataque a la autonom?a del movimiento vecinal y una clara traici?n de dicho representante vecinal a los intereses generales del pueblo de San Andr?s".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios reafirma "su defensa de un modelo de movimiento vecinal aut?nomo, que no se compre ni se venda, democr?tico, asambleario y participativo, donde el control directo de los vecinos impida pr?cticas de soborno como las que se reflejan en el auto dictado por el juez Baltasar Garz?n, modelo totalmente contrario al fomentado por ATI-CC y del que encontramos buena muestra en estos hechos".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios quiere recordar que el pasado 17 de junio, se convoc?, por la propia Coordinadora junto con la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, una manifestaci?n en el pueblo de San Andr?s cuyo lema principal fue SI al refugio pesquero de San Andr?s, NO al puerto deportivo privado. A esta manifestaci?n asisti? casi un millar de ciudadanos. El manifiesto final que fue le?do por dos vecinas de San Andr?s comenzaba diciendo, precisamente, que ?el pueblo de San Andr?s es un pueblo sitiado; sitiado por la corrupci?n urban?stica, asediado por la especulaci?n. Al norte, el pelotazo de las Teresitas; al sur, la marina deportiva de Anaga?.
Argumenta la platafoAquellas palabras resuenan con m?s fuerza, si cabe, una vez conocido el Auto dictado por el juez Garz?n. Del mismo modo, el soborno al presidente de la Asociaci?n de Vecinos de San Andr?s explicar?a los ataques recibidos por esta Coordinadora y por Asamblea por Tenerife, cuando se convoc? dicha manifestaci?n contra la marina deportiva en un intento burdo de manipular al pueblo de San Andr?s. Lo cierto es que la Coordinadora de Pueblos y Barrios y la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz informaron de forma directa y clara la magnitud del proyecto, denunciando los vecinos presentes la ausencia de informaci?n al respecto por parte del que fuera presidente de la Asociaci?n de Vecinos, pese al tiempo transcurrido".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios recuerda, igualmente, que en noviembre de 2004 se dirigi? p?blicamente y mediante carta al Fiscal General del Estado y al Ministerio de Justicia solicitando el nombramiento de fiscales especializados en materia medioambiental y anticorrupci?n para Canarias y Tenerife, y muestra su confianza, una vez han sido nombrados dichos fiscales, de que actuar?n con el rigor y la independencia que les caracteriza, garantizando el principio de igualdad ante la ley y que no habr? tratos de favor por la condici?n pol?tica de los imputados".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios reitera "la exigencia de transparencia y democracia que se demand? recientemente en la manifestaci?n del 18 de noviembre, donde m?s de setenta mil personas mostraron su rechazo expl?cito, junto al Puerto de Granadilla y la Autopista Exterior, a la corrupci?n urban?stica".
Publicado por ubara @ 19:11  | Islas
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