Lunes, 11 de diciembre de 2006
Manuel Mederos



Del 'Caso Zerolo' me preocupan dos cosas: que pueda existir una trama como la que cuentan los papeles incautados en la sede de F?rum Filat?lico, aut?ntico esc?ndalo olvidado de toda la intensa semana, y la campa?a furibunda de CC poniendo en duda la imparcialidad de jueces y fiscales. Y es que tan grave es utilizar en beneficio propio los recursos p?blicos como intentar deteriorar el sistema democr?tico para ocultar aunque sea s?lo la sospecha.

Esta pr?ctica tiene graves precedentes en el Estado y en Canarias. Coalici?n Canaria est? utilizando los mismos argumentos que utiliz? un destacado dirigente del PSOE, Carmelo Padr?n, para acusar al ex presidente del TSJC de politizar su procedimiento con el objetivo de expulsarlo de la vida p?blica. Una pr?ctica esta que, por lo que hemos vivido estos d?as y por lo que se avecina, tiene todos los boletos para convertirse en habitual en las islas. Una pr?ctica que merece una seria reflexi?n pues puede provocar una grave distorsi?n del sistema democr?tico.

Otra cosa son las cr?ticas a Juan Fernando L?pez Aguilar, a su compatibilidad para ser al mismo tiempo candidato y ministro y a sus actuaciones pol?ticas. Un ministro puede y debe aguantar las cr?ticas pol?ticas y responder a ellas. Ahora bien, en el caso de L?pez Aguilar, que es el ministro de Justicia, es su obligaci?n ejecutar las l?neas maestras de la pol?tica criminal que el Gobierno ha puesto en marcha. Y es que el Gobierno nunca ha ocultado, desde el primer momento, que la lucha contra la corrupci?n es una de sus preocupaciones fundamentales. De forma coherente, el Gobierno socialista ha puesto los medios necesarios, entre otros la creaci?n de las Fiscal?as Anticorrupci?n, dos de ellas en Canarias. Es obligaci?n de L?pez Aguilar impulsar esta pol?tica de su Gobierno con los medios que la ley ha puesto a su alcance. El sistema, tal y como est? dise?ado, obliga al ministro a ejecutar esta pol?tica, como lo hizo el PP dentro del pacto antiterrorista, o como se hace en la lucha contra el narcotr?fico. Pero adem?s, debe hacerlo de forma coordinada con el Ministerio del Interior, tutor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas, a las ?rdenes de jueces y fiscales, de la investigaci?n de cualquier caso. El ministro, si quiere cumplir con su deber no pude, ni debe, arrugarse ante las criticas de Coalici?n Canaria, a la que, por lo que se ve, le repele y le escandaliza la pr?ctica de las pol?ticas que un gobierno democr?tico ha puesto en marcha dentro de los cauces que establece la legalidad, posiblemente porque ahora son objeto de la aplicaci?n de esta pol?tica anticorrupci?n. Curioso, cuando han callado ante la acci?n de la Justicia en Gran Canaria y el PP ha sido la acusada.

Pero desgraciadamente no se queda aqu? CC en sus cr?ticas, ni donde, en su momento, se situ? Carmelo Padr?n. Ambos buscan tambi?n imponer la sospecha de la politizaci?n de los jueces y de los fiscales. Esa pr?ctica s? mina la credibilidad del sistema democr?tico, sobre todo porque Padr?n nunca pudo aportar pruebas para expulsar de la carrera judicial al magistrado al que acusaba, y CC tampoco las tiene contra Garz?n ni contra los fiscales que han cumplido con su deber. Ambos usan la publicidad para arrebatar la credibilidad y sobre todo, en el caso de CC, para esconder las graves sospechas que se desprenden de las investigaciones de la Fiscal?a Anticorrupci?n en el caso de F?rum Filat?lico. Otra cosa es que el ministro de ?rdenes directas sobre c?mo abordar determinadas actuaciones sobre determinados casos. Ser?an los fiscales los primeros, que en contra de su independencia, protegida por la Ley, dejen que alguien les d? ?rdenes directas sobre a qui?n acusar. Se trata de una aberraci?n que repugna profundamente al sistema, pero contra el que existen medios para combatirla. Si CC tiene pruebas debe utilizar los mecanismos existentes e ir a los juzgados de guardia par iniciar actuaciones contra los fiscales, contra Garz?n o contra el ministro. Y si esto es as?, como CC proclama, est?n ante un grave problemas: el sistema ya no funciona. Pero en algo coinciden socialistas y populares en estos d?as: en Canarias los dos partidos mayoritarios siguen creyendo en la independencia de la Justicia, aunque los populares no crean en el ministro de Justicia. Es su obligaci?n criticar las pol?ticas de sus oponentes, aunque hierra poni?ndose al lado de las sospechas.
Publicado por ubara @ 12:36  | opini?n
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