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abierto varias vías de investigación sobre el convenio urbanístico de las playa de las Teresitas, que está a punto de cerrar antes de remitir su escrito de calificaciones a juzgado de instrucción. Los funcionarios adscritos a la Delegación en Tenerife de la Fiscalía Anticorrupción están estudiando documentación, grabaciones e interrogando a personas que indiciariamiente nada tienen que ver con la denuncia presentada por el colectivo Ínsula Viable en junio de 2005.
La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, ha ampliado así a cuestiones absolutamente colaterales al convenio urbanístico sus líneas de investigación, tratando de encontrar documentación que le permita armar el supuesto entramado en torno al que gira la adquisición primero por parte de los propietarios de Inversiones Las Teresitas SL del polígono de la playa de las Teresitas y luego la adquisición del frente de playa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de los terrenos de la trasera de la playa.
La denuncia del colectivo Ínsula Viable se centra en las supuestas irregularidades cometidas al amparo de un convenio urbanístico que fue, según reza en el escrito de denuncia, «el pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos». Por eso, entienden los denunciantes, que las decisiones municipales «se revisten, posiblemente, de carácter delictual que se puede calificar como irregularidades procedimientales y económicas».
La fiscal Anticorrupción va sin embargo más allá del convenio en sí, retrotrayendo la investigación hasta la compra de los terrenos por parte de Inversiones Las Teresitas SL, cuya titularidad corresponde al 50% a Ignacio González Martín y a Antonio Plasencia.
Hasta la junta
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción podrían estar incluso revisando actas de la las reuniones de la junta de compensación del Polígono Playa de las Teresitas en las que se acordó la venta a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.
Igualmente, según las mismas fuentes, la investigación también se estría desarrollando en torno a cómo se llevaron a cabo los procesos de integración en la junta de compensación de algunos propietarios originarios que han denunciado que nunca aceptaron pertenecer a la junta de compensación.
Más información en el periódico Canarias7
La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, ha ampliado así a cuestiones absolutamente colaterales al convenio urbanístico sus líneas de investigación, tratando de encontrar documentación que le permita armar el supuesto entramado en torno al que gira la adquisición primero por parte de los propietarios de Inversiones Las Teresitas SL del polígono de la playa de las Teresitas y luego la adquisición del frente de playa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de los terrenos de la trasera de la playa.
La denuncia del colectivo Ínsula Viable se centra en las supuestas irregularidades cometidas al amparo de un convenio urbanístico que fue, según reza en el escrito de denuncia, «el pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos». Por eso, entienden los denunciantes, que las decisiones municipales «se revisten, posiblemente, de carácter delictual que se puede calificar como irregularidades procedimientales y económicas».
La fiscal Anticorrupción va sin embargo más allá del convenio en sí, retrotrayendo la investigación hasta la compra de los terrenos por parte de Inversiones Las Teresitas SL, cuya titularidad corresponde al 50% a Ignacio González Martín y a Antonio Plasencia.
Hasta la junta
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción podrían estar incluso revisando actas de la las reuniones de la junta de compensación del Polígono Playa de las Teresitas en las que se acordó la venta a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.
Igualmente, según las mismas fuentes, la investigación también se estría desarrollando en torno a cómo se llevaron a cabo los procesos de integración en la junta de compensación de algunos propietarios originarios que han denunciado que nunca aceptaron pertenecer a la junta de compensación.
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