Cuenta atrás para el caso de presunta corrupción urbanística en Las Teresitas. La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife prevé presentar la próxima semana una querella en la que podría incluirse acusaciones por posibles tráfico de influencias y prevaricación en la persona del alcalde santacrucero, Miguel Zerolo.
La querella que, presumiblemente, presentará la próxima semana la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, observa indicios de presunto tráfico de influencias en las actuaciones del Ayuntamiento a lo largo del proceso de compra-venta de terrenos en Las Teresitas.

Según fuentes jurídicas, la fiscal María Farnés Martínez trasladó ayer a su superior en Madrid, Antonio Salinas, el contenido de las investigaciones practicadas durante 18 meses, desde que un colectivo (Ínsula Viable) denunció en 2005 un posible caso de corrupción que puede salpicar a empresarios de renombre y larga trayectoria inversora.

Salinas dio el plácet a la fiscal de Tenerife para que proceda a la presentación de una querella por dos presuntas ilegalidades: tráfico de influfencias y prevaricación en la persona de Miguel Zerolo.

La actuación del Ministerio Público ha sido «muy celosa» en el seguimiento del papel desarrollado Zerolo como regidor de Santa Cruz, como miembro del consejo de administración de Cajacanarias y como máximo responsable de un Ayuntamiento que formaba parte de la junta de compensación dueña de 155 fincas (102 dueños) en Las Teresitas.

Privilegio

Según las mismas fuentes, la Fiscalía trata de esclarecer que las tres instituciones (Ayuntamiento, entidad financiera y junta de compensación) pudieron participar en una trama de información preferente a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González para adquirieran de forma temprana terrenos que circundan la playa.

La Fiscalía ha recabado las pruebas documentales que prueban, al menos, una serie de hechos que conectan al Consistorio, a Cajacanarias y a la junta de compensación en un mismo periodo de fechas muy próximo entre sí.

En junio de 1998, la junta de compensación (a la que pertenece el Ayuntamiento) vendió las parcelas a Inversiones Las Teresitas (propiedad de González y Plasencia) por 30 millones de euros, operación financiada en su totalidad por Cajacanarias. El crédito se concedió el día 24, la venta se selló el 26 y esa misma mañana, la sociedad se inscribió en el Registro Mercantil.

Tres días más tarde (el 29), el Tribunal Supremo resolvía a favor de de la junta de compensación un recurso presentado por el PSOE y la Administración del Estado, permitiendo la urbanización en las fincas a pequeños y medianos propietarios.

En 2001, el pleno municipal negoció un convenio urbanístico, pagó 52,6 millones a Inversiones Las Teresitas por un grupo de parcelas y, encima, recalició a esta misma empresa 120.000 metros cuadrados, que pasaron de uso turístico extrahotelero a urbanizable para residencias. La Fiscalía ha medido sus pasos para separar las actuaciones meramente públicas de las operaciones mercantiles de los empresarios. La denuncia se presentará, casi seguro, en formato de querella y los delitos a imputar por el Ministerio Público serían prevaricación y tráfico de influencias.