El Cabildo de Tenerife suspende de empleo y sueldo a un trabajador por ejercer su derecho de expresión
R.A
Fidencia Iglesias vuelve a la carga. Antes de abandonar la política, para regocijo del mundo de la cultura, quiere dejar su sello de inquisidora y mandamás de los museos, dependientes del Cabildo de Tenerife, finiquitando el expediente laboral disciplinario que en su día abriera contra José M. Castellano Gil. Ahora, en un alarde de cinismo, no incluyen el despido en su propuesta dejándola en sólo doce meses de suspensión de empleo y sueldo.
LAS CAUSAS
El expediente no se debe a que el trabajador haga mal su trabajo o a reiteradas faltas de asistencia o por insultar a sus jefes en horas de oficina; no, ha sido, supongo que muchos de ustedes ya se lo saben, por escribir, junto con Ramón Pérez Almodóvar, el libro El paraíso según Adán
En la propuesta de resolución original, la instructora, Consuelo Franco del Castillo, le atribuía al Dr. Castellano Gil la autoría de varios artículos del citado libro y tres “sueltos” aparecidos en la revista Canarias Digital en donde, a juicio de los autores de la pérfida denuncia - Rafael González Antón, Antonio Vela de la Torre y Carmen Dolores Chinea, cuñada del alcalde Miguel Zerolo-, se les ofendía. Ahora, en esta nueva aberración jurídica, no se le adjudica la autoría de los “sueltos” sino que consideran como acto punible también el facilitar su publicación y difundir información que, a su entender, no es veraz.
Excluir el despido en la resolución es un claro ejemplo del retorcido actuar de los dirigentes de los Museos y del Cabildo ya que, lejos de ser un acto de generosidad, es la consumación real del despido, pues existe un acuerdo con los sindicatos para sacar a concurso la plaza que actualmente ocupa, de manera interina, Castellano Gil justo en ese período de suspensión que se le solicita y, por lo tanto, éste no podrá participar. La fecha probable e inusual de los exámenes es mayo de 2007 y el proceso se desarrollará en pleno período electoral. En las bases del concurso-oposición se recoge que el examen consta de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio; el primero consiste en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos por el tribunal. Llama la atención que el supuesto práctico sea elegido por el tribunal, mientras que los otros dos ejercicios se harán por sorteo, sobre todo teniendo en cuenta que la composición del tribunal calificador será designado por resolución de la presidencia del Organismo Autónomo de Museos del Cabildo (OAMC) y será presidido por la misma presidencia –la ínclita Fidencia Iglesias- o persona en quien delegue.
UNA PLAZA CODICIADA
La plaza de Técnico Superior del Museo de Historia de Tenerife, que ocupa José M. Castellano con un largo y esperpéntico discurrir, es muy codiciada. En 2003, sin haberse resuelto un proceso judicial surgido a raíz de una denuncia por acoso laboral presentada por Castellano, la presidenta del OAMC sacó a concurso la plaza. Tras descubrirse que varias personas disponían del temario de la oposición, mucho antes de haberse aprobado sus bases y de su publicación en el Boletín Oficial, Fidencia Iglesias tuvo que dar marcha atrás y retirar el concurso.
A pesar de ello, en febrero de 2006 volvió a la carga y propuso sacar a concurso la oferta de empleo público de 2004, añadiendo la titulación de Filología –titulación que posee su nuera- a las ya reconocidas por la institución. En este sentido, el comité de empresa le respondió textualmente que “… debido a la persistencia de estas circunstancias [la denuncia interpuesta por Castellano], no es aconsejable la celebración de estos procesos selectivos hasta que no concluya el procedimiento judicial en curso, de tal manera que no resulten afectados negativamente los posibles aspirantes a las convocatorias de estas plazas".
COALICIÓN CANARIA, RESPONSABLE
Este acto despótico contra la libertad de expresión trasciende el empecinamiento personal de Fidencia Iglesias y entronca con las formas de gobernar de Coalición Canaria, que ha dado muestras palpables de su desdén por los movimientos sociales –Ley de Iniciativa Popular del Puerto de Granadilla, tendido eléctrico de Vilaflor, etcétera-, arremetiendo contra todos los que se atreven a denunciar con la palabra sus trapacerías. Como muy bien dice José M. Castellano Gil, “esto no es sólo un atentando contra mi vida profesional, laboral o familiar, es un gravísimo ataque a la ciudadanía, a uno de los principios fundamentales del sistema democrático: la libertad de opinión y expresión.” Además, el silencio de los medios los hace cómplices, pero ellos están para eso y para ganar dinerales con las campañas institucionales que graciosamente conceden estos gerifaltes insulares.
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