El alcalde de La Orotava y uno de los buques insignias de CC en Tenerife, Isaac Valencia, y el empresario Ambrosio Jiménez declararán el 12 de enero en el Juzgado de Instrucción número 4 de este municipio como imputados por dos presuntos casos de prevaricación y tráfico de influencias, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
La medida judicial supone un nuevo golpe para Coalición Canaria en Tenerife, después de que la Fiscal Anticorrupción presentara una querella contra 11 funcionarios, empresarios y políticos, entre los que se encontraban el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Goznzález y de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitiera un auto donde señalaba una posible rama del caso Fórum Filatélico en Tenerife, donde también implicaba a Zerolo al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez, y aal constructor José Ana Pérez Labajos.

Esta nueva acción judicial toca a otro de los barones de Coalición Canaria en Tenerife y a uno de los más conocidos constructores y promotorese inmobiliarios del Archipiálgo, que, hasta el momento, había salido indemne de las anteriores acciones de la Justicia. Ambrosio Jiménez, nacido en Tejeda y afincado en Tenerife, está vinculado a la construcción de los principales parques comerciales de Gran Canaria y Tenerife, como La Mareta, La Laguna y La Orotava, de cuya mano aterrizaron en las islas las multinacionales francesas Alcampo, Leroy Merlin, Makro, además de Ikea y otras franquicias, como McDonalds y empresas de distribución y exhibición de películas.

La polémica por la concesión de 37.000 metros cuadrados de suelo público para la construcción de un parque comercial se remonta a más de dos años atrás. En febrero de 2005, el grupo municipal de Iniciativa por La Orotava (que ya lideró esta legislatura una lucha contra el alcalde a cuenta del derribo del Teatro Atlante) denunció públicamente la pérdida de esos terrenos públicos en favor de un promotor privado.

Posible delito.

IpO presentó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio del presente año. La denuncia fue derivada a la Audiencia Provincial simplemente con la indicación de que se actuara si se entendía que pudo haberse cometido algún delito. Apenas tres meses después, la Fiscal Jefe de la Audiencia formula una denuncia contra el alcalde Isaac Valencia y el constructor Ambrosio Jiménez «por la presunta comisión de un delito de prevaricación del artículo 404 y un delito del artículo 429 (tráfico de influencias) del Código Penal» y la remite al juez decano de La Orotava para que se inicien las diligencias oportunas. Es por ello, por lo que el Juzgado de Instrucción, 4 de este municipio ya ha citado a declarar a ambos el próximo 12 de enero del próximo año. IpO se apresuró ayer a aclarar que no es esta formación política «quien realiza la denuncia ni quien abre el procedimiento judicial», sino la Fiscalía de la Audiencia. No obstante, sí anunciaron ayer en una nota oficial que se presentarán en este caso «como acusación particular» porque considera que este asunto «debe investigarse hasta sus últimas consecuencias» y se depuren responsabilidades políticas.

Ipo defiende que el Ayuntamiento de La Orotava «se deshizo de decenas de miles de metros cuadrados de terreno público, que habían sido adquiridos mediante el proyecto de compensación de marzo de 1998». Los cuatro concejales consideran que estos 37.000 metros cuadrados, en la zona de Las Arenas, suponen una parcela de suelo»que se caracteriza por su alto coste, dada su situación estratégica y su vinculación a grandes superficies». Los ecologistas también entienden que la denuncia podría ampliarse hasta investigar «las licencias de construcción concedidas a grandes superficies instaladas».