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El alcalde de La Orotava y uno de los buques insignias de CC en Tenerife, Isaac Valencia, y el empresario Ambrosio Jiménez declararán el 12 de enero en el Juzgado de Instrucción número 4 de este municipio como imputados por dos presuntos casos de prevaricación y tráfico de influencias, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
La medida judicial supone un nuevo golpe para Coalición Canaria en Tenerife, después de que la Fiscal Anticorrupción presentara una querella contra 11 funcionarios, empresarios y políticos, entre los que se encontraban el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Goznzález y de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitiera un auto donde señalaba una posible rama del caso Fórum Filatélico en Tenerife, donde también implicaba a Zerolo al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez, y aal constructor José Ana Pérez Labajos.
Esta nueva acción judicial toca a otro de los barones de Coalición Canaria en Tenerife y a uno de los más conocidos constructores y promotorese inmobiliarios del Archipiálgo, que, hasta el momento, había salido indemne de las anteriores acciones de la Justicia. Ambrosio Jiménez, nacido en Tejeda y afincado en Tenerife, está vinculado a la construcción de los principales parques comerciales de Gran Canaria y Tenerife, como La Mareta, La Laguna y La Orotava, de cuya mano aterrizaron en las islas las multinacionales francesas Alcampo, Leroy Merlin, Makro, además de Ikea y otras franquicias, como McDonalds y empresas de distribución y exhibición de películas.
La polémica por la concesión de 37.000 metros cuadrados de suelo público para la construcción de un parque comercial se remonta a más de dos años atrás. En febrero de 2005, el grupo municipal de Iniciativa por La Orotava (que ya lideró esta legislatura una lucha contra el alcalde a cuenta del derribo del Teatro Atlante) denunció públicamente la pérdida de esos terrenos públicos en favor de un promotor privado.
Posible delito.
IpO presentó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio del presente año. La denuncia fue derivada a la Audiencia Provincial simplemente con la indicación de que se actuara si se entendía que pudo haberse cometido algún delito. Apenas tres meses después, la Fiscal Jefe de la Audiencia formula una denuncia contra el alcalde Isaac Valencia y el constructor Ambrosio Jiménez «por la presunta comisión de un delito de prevaricación del artículo 404 y un delito del artículo 429 (tráfico de influencias) del Código Penal» y la remite al juez decano de La Orotava para que se inicien las diligencias oportunas. Es por ello, por lo que el Juzgado de Instrucción, 4 de este municipio ya ha citado a declarar a ambos el próximo 12 de enero del próximo año. IpO se apresuró ayer a aclarar que no es esta formación política «quien realiza la denuncia ni quien abre el procedimiento judicial», sino la Fiscalía de la Audiencia. No obstante, sí anunciaron ayer en una nota oficial que se presentarán en este caso «como acusación particular» porque considera que este asunto «debe investigarse hasta sus últimas consecuencias» y se depuren responsabilidades políticas.
Ipo defiende que el Ayuntamiento de La Orotava «se deshizo de decenas de miles de metros cuadrados de terreno público, que habían sido adquiridos mediante el proyecto de compensación de marzo de 1998». Los cuatro concejales consideran que estos 37.000 metros cuadrados, en la zona de Las Arenas, suponen una parcela de suelo»que se caracteriza por su alto coste, dada su situación estratégica y su vinculación a grandes superficies». Los ecologistas también entienden que la denuncia podría ampliarse hasta investigar «las licencias de construcción concedidas a grandes superficies instaladas».
La medida judicial supone un nuevo golpe para Coalición Canaria en Tenerife, después de que la Fiscal Anticorrupción presentara una querella contra 11 funcionarios, empresarios y políticos, entre los que se encontraban el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Goznzález y de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitiera un auto donde señalaba una posible rama del caso Fórum Filatélico en Tenerife, donde también implicaba a Zerolo al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez, y aal constructor José Ana Pérez Labajos.
Esta nueva acción judicial toca a otro de los barones de Coalición Canaria en Tenerife y a uno de los más conocidos constructores y promotorese inmobiliarios del Archipiálgo, que, hasta el momento, había salido indemne de las anteriores acciones de la Justicia. Ambrosio Jiménez, nacido en Tejeda y afincado en Tenerife, está vinculado a la construcción de los principales parques comerciales de Gran Canaria y Tenerife, como La Mareta, La Laguna y La Orotava, de cuya mano aterrizaron en las islas las multinacionales francesas Alcampo, Leroy Merlin, Makro, además de Ikea y otras franquicias, como McDonalds y empresas de distribución y exhibición de películas.
La polémica por la concesión de 37.000 metros cuadrados de suelo público para la construcción de un parque comercial se remonta a más de dos años atrás. En febrero de 2005, el grupo municipal de Iniciativa por La Orotava (que ya lideró esta legislatura una lucha contra el alcalde a cuenta del derribo del Teatro Atlante) denunció públicamente la pérdida de esos terrenos públicos en favor de un promotor privado.
Posible delito.
IpO presentó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio del presente año. La denuncia fue derivada a la Audiencia Provincial simplemente con la indicación de que se actuara si se entendía que pudo haberse cometido algún delito. Apenas tres meses después, la Fiscal Jefe de la Audiencia formula una denuncia contra el alcalde Isaac Valencia y el constructor Ambrosio Jiménez «por la presunta comisión de un delito de prevaricación del artículo 404 y un delito del artículo 429 (tráfico de influencias) del Código Penal» y la remite al juez decano de La Orotava para que se inicien las diligencias oportunas. Es por ello, por lo que el Juzgado de Instrucción, 4 de este municipio ya ha citado a declarar a ambos el próximo 12 de enero del próximo año. IpO se apresuró ayer a aclarar que no es esta formación política «quien realiza la denuncia ni quien abre el procedimiento judicial», sino la Fiscalía de la Audiencia. No obstante, sí anunciaron ayer en una nota oficial que se presentarán en este caso «como acusación particular» porque considera que este asunto «debe investigarse hasta sus últimas consecuencias» y se depuren responsabilidades políticas.
Ipo defiende que el Ayuntamiento de La Orotava «se deshizo de decenas de miles de metros cuadrados de terreno público, que habían sido adquiridos mediante el proyecto de compensación de marzo de 1998». Los cuatro concejales consideran que estos 37.000 metros cuadrados, en la zona de Las Arenas, suponen una parcela de suelo»que se caracteriza por su alto coste, dada su situación estratégica y su vinculación a grandes superficies». Los ecologistas también entienden que la denuncia podría ampliarse hasta investigar «las licencias de construcción concedidas a grandes superficies instaladas».
El Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedirá la paralización de la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación del municipio hasta que se resuelvan “las cuestiones referidas al Plan Parcial de Las Teresitas”, en referencia a la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades del proyecto urbanístico.
El concejal capitalino del PSC José Angel Martín pidió al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y a Coalición Canaria (CC) que expliquen lo sucedido en el plan parcial de Las Teresitas y dejen de atacar al Estado de Derecho. Según Martín, Zerolo debe explicar cuestiones como por qué "no defendió" a la ciudad en el crédito que CajaCanarias concedió a empresarios para la compra de terrenos en Las Teresitas y por qué permitió el "expolio" de terrenos a algunos propietarios.
Las declaraciones del concejal socialista se producen días después de que la fiscal María Farnés Martínez presentase una querella por el caso de Las Teresitas contra once personas, entre ellas el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre otros, la acusación se dirige contra el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González; al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y a los ex portavoces municipales del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez, y al presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Atonio Plasencia.
La querella se fundamenta en una investigación de diecisiete meses por las plusvalías obtenidas por un grupo de empresarios por la compra de unos terrenos en la playa de Las Teresitas, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó como urbano el resto. Precisamente, el PSC quiere que el alcalde de la capital tinerfeña diga por qué se pagaron 8.750 millones por unos terrenos que valían unos 3.000 los motivos por los que se recalificaron los terrenos de El Cercado y Las Huertas, y las razones por las que "se pusieron los intereses" de la corporación al servicio de privados.
José Angel Martín manifestó que su partido pedirá que se paralice el Plan General de Ordenación Urbana de la capital tinerfeña hasta que se resuelvan las cuestiones judiciales relacionadas con el plan parcial de Las Teresitas, y que no se lleven a cabo las obras proyectadas en ese lugar por el arquitecto Dominique Perrault. El concejal socialista insistió en que en este caso no está en entredicho ni el prestigio ni la honorabilidad de la capital tinerfeña, ni el de los jueces y tribunales porque a CC "no le vengan bien las investigaciones".
José Angel Martín expresó su confianza en el "excelente trabajo" que el Poder Judicial realiza en toda España en contra de la corrupción, y animó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a seguir por esa línea. Reconoció que tampoco está en entredicho la presunción de inocencia de Miguel Zerolo, al contar a partir de ahora se abren todas las garantías judiciales, aunque sí se cuestiona la actuación del dirigente nacionalista como alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
Respaldo de Ciudadanos de Santa Cruz
Posteriormente, Ciudadanos de Santa Cruz, integrado en el Grupo Mixto del Ayuntamiento de la capital, respaldó la petición anunciada por el PSC de paralizar la revisión del Plan General de Ordenación del municipio y las obras correspondientes al proyecto de urbanización de la Playa de Las Teresitas, "dado que estas situaciones están bajo sospecha de delito a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de diciembre". Los concejales de la oposición consideran que es un asunto que debe tratarse en el próximo pleno de enero, según la moción que presentaron, y anunciaron que se sumarían a la solicitud socialista de una sesión monográfica sobre Las Teresitas.
El concejal capitalino del PSC José Angel Martín pidió al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y a Coalición Canaria (CC) que expliquen lo sucedido en el plan parcial de Las Teresitas y dejen de atacar al Estado de Derecho. Según Martín, Zerolo debe explicar cuestiones como por qué "no defendió" a la ciudad en el crédito que CajaCanarias concedió a empresarios para la compra de terrenos en Las Teresitas y por qué permitió el "expolio" de terrenos a algunos propietarios.
Las declaraciones del concejal socialista se producen días después de que la fiscal María Farnés Martínez presentase una querella por el caso de Las Teresitas contra once personas, entre ellas el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre otros, la acusación se dirige contra el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González; al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y a los ex portavoces municipales del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez, y al presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Atonio Plasencia.
La querella se fundamenta en una investigación de diecisiete meses por las plusvalías obtenidas por un grupo de empresarios por la compra de unos terrenos en la playa de Las Teresitas, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó como urbano el resto. Precisamente, el PSC quiere que el alcalde de la capital tinerfeña diga por qué se pagaron 8.750 millones por unos terrenos que valían unos 3.000 los motivos por los que se recalificaron los terrenos de El Cercado y Las Huertas, y las razones por las que "se pusieron los intereses" de la corporación al servicio de privados.
José Angel Martín manifestó que su partido pedirá que se paralice el Plan General de Ordenación Urbana de la capital tinerfeña hasta que se resuelvan las cuestiones judiciales relacionadas con el plan parcial de Las Teresitas, y que no se lleven a cabo las obras proyectadas en ese lugar por el arquitecto Dominique Perrault. El concejal socialista insistió en que en este caso no está en entredicho ni el prestigio ni la honorabilidad de la capital tinerfeña, ni el de los jueces y tribunales porque a CC "no le vengan bien las investigaciones".
José Angel Martín expresó su confianza en el "excelente trabajo" que el Poder Judicial realiza en toda España en contra de la corrupción, y animó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a seguir por esa línea. Reconoció que tampoco está en entredicho la presunción de inocencia de Miguel Zerolo, al contar a partir de ahora se abren todas las garantías judiciales, aunque sí se cuestiona la actuación del dirigente nacionalista como alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
Respaldo de Ciudadanos de Santa Cruz
Posteriormente, Ciudadanos de Santa Cruz, integrado en el Grupo Mixto del Ayuntamiento de la capital, respaldó la petición anunciada por el PSC de paralizar la revisión del Plan General de Ordenación del municipio y las obras correspondientes al proyecto de urbanización de la Playa de Las Teresitas, "dado que estas situaciones están bajo sospecha de delito a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de diciembre". Los concejales de la oposición consideran que es un asunto que debe tratarse en el próximo pleno de enero, según la moción que presentaron, y anunciaron que se sumarían a la solicitud socialista de una sesión monográfica sobre Las Teresitas.
Las autoridades marroquíes encontraron este sábado nueve cadáveres de inmigrantes marroquíes en una playa al norte de El Aaíun y se añadieron a los once cuerpos localizados, consecuencia del naufragio de dos pateras que intentaban alcanzar las costas canarias.
Fuentes del Ministerio del Interior marroquí confirmaron el hallazgo de 20 cadáveres rescatados y un número elevado de desaparecidos, procedentes del naufragio de dos pateras que intentaban alcanzar el Archipiélago. No en vano, las pateras suelen transportar entre 30 y 50 personas.
Por su parte, el periódico Yaumiat Nass publicó este sábado el hallazgo de 11 cadáveres en la zona de Bujdor, al sur de Al Aaíun, y la identificación de ocho como saharauis. No se descarta que se trata de dos pateras diferentes, puesto que la procedencia de las victimas es diferentes (saharauis y subsaharianos) y unos fueron encontrados a unos 30 kilómetros al norte de Al Aaíun y otros, 200 kilómetros al sur.
Dos menores y tres mujeres
Por otro lado, un cayuco con 84 inmigrantes indocumentados a bordo, entre los que hay dos que previsiblemente son menores de edad, llegó este sábado al puerto tinerfeño de Los Cristianos.
El coordinador de Cruz Roja Oswaldo Lemus dijo que entre los 82 inmigrantes adultos hay tres mujeres, y añadió que su estado es bueno aparentemente, aunque llegaron con "bastante sed y hambre". El cayuco en el que viajaban estos inmigrantes llegó al puerto de Los Cristianos, en el municipio de Arona, en torno a las 09.20 horas escoltados por una embarcación de Salvamento Marítimo y otra de la Guardia Civil.
Fuentes del Ministerio del Interior marroquí confirmaron el hallazgo de 20 cadáveres rescatados y un número elevado de desaparecidos, procedentes del naufragio de dos pateras que intentaban alcanzar el Archipiélago. No en vano, las pateras suelen transportar entre 30 y 50 personas.
Por su parte, el periódico Yaumiat Nass publicó este sábado el hallazgo de 11 cadáveres en la zona de Bujdor, al sur de Al Aaíun, y la identificación de ocho como saharauis. No se descarta que se trata de dos pateras diferentes, puesto que la procedencia de las victimas es diferentes (saharauis y subsaharianos) y unos fueron encontrados a unos 30 kilómetros al norte de Al Aaíun y otros, 200 kilómetros al sur.
Dos menores y tres mujeres
Por otro lado, un cayuco con 84 inmigrantes indocumentados a bordo, entre los que hay dos que previsiblemente son menores de edad, llegó este sábado al puerto tinerfeño de Los Cristianos.
El coordinador de Cruz Roja Oswaldo Lemus dijo que entre los 82 inmigrantes adultos hay tres mujeres, y añadió que su estado es bueno aparentemente, aunque llegaron con "bastante sed y hambre". El cayuco en el que viajaban estos inmigrantes llegó al puerto de Los Cristianos, en el municipio de Arona, en torno a las 09.20 horas escoltados por una embarcación de Salvamento Marítimo y otra de la Guardia Civil.
Izquierda Unida Canaria (IUC) rechazó ayer la postura "victimista" adoptada por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, "para así eludir" explicar su responsabilidad en los "abusos padecidos" por la ciudadanía santacrucera. En particular, la formación de izquierdas afirmó a través de un comunicado que quienes están defendiendo a Miguel Zerolo no lo harían de haber sido ellos vecinos de Montaña Morera, una zona de San Andrés incluida en área urbanizable de Las Teresitas.
Izquierda Unida Canaria denunció que ocho vecinos de la zona se han encontrado con que, durante el mandato de Miguel Zerolo, las casas que adquirieron en la zona en los años sesenta "aparecieron en el Registro de la Propiedad a nombre de la empresa que compró los terrenos urbanizables de Las Teresitas". Además, consideró que nadie apoyaría al alcalde de Santa Cruz de Tenerife si esto hubiera pasado con su casa y no con la de otro vecino de la ciudad.
La formación de izquierdas recordó que, de acuerdo con los estatutos de la Junta de Compensación del área urbanizable de Las Teresitas, el Ayuntamiento es el órgano supervisor del proceso y, por lo tanto, "no puede eludir su grave responsabilidad política en los abusos cometidos". Además, añadió IUC, Miguel Zerolo debe explicar a los ciudadanos canarios las razones por las que compró en 8.750 millones de las antiguas pesetas unos terrenos que la arquitecta municipal valoraba en 3.210 millones y por qué pagó a dos empresarios por 9.076 metros cuadrados de terreno público. En este sentido, Izquierda Unida Canaria también manifestó que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife debe responder por qué no esperó a la delimitación definitiva del dominio marítimo, las razones de no haber recuperado el frente de playa a través de la expropiación, o la reasignación de niveles edificatorios, y qué motivos le llevaron a no oponerse a la concesión de un préstamo en CajaCanarias que formaría parte de una de las mayores operaciones especulativas contra las arcas públicas del Archipiélago.
Izquierda Unida Canaria denunció que ocho vecinos de la zona se han encontrado con que, durante el mandato de Miguel Zerolo, las casas que adquirieron en la zona en los años sesenta "aparecieron en el Registro de la Propiedad a nombre de la empresa que compró los terrenos urbanizables de Las Teresitas". Además, consideró que nadie apoyaría al alcalde de Santa Cruz de Tenerife si esto hubiera pasado con su casa y no con la de otro vecino de la ciudad.
La formación de izquierdas recordó que, de acuerdo con los estatutos de la Junta de Compensación del área urbanizable de Las Teresitas, el Ayuntamiento es el órgano supervisor del proceso y, por lo tanto, "no puede eludir su grave responsabilidad política en los abusos cometidos". Además, añadió IUC, Miguel Zerolo debe explicar a los ciudadanos canarios las razones por las que compró en 8.750 millones de las antiguas pesetas unos terrenos que la arquitecta municipal valoraba en 3.210 millones y por qué pagó a dos empresarios por 9.076 metros cuadrados de terreno público. En este sentido, Izquierda Unida Canaria también manifestó que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife debe responder por qué no esperó a la delimitación definitiva del dominio marítimo, las razones de no haber recuperado el frente de playa a través de la expropiación, o la reasignación de niveles edificatorios, y qué motivos le llevaron a no oponerse a la concesión de un préstamo en CajaCanarias que formaría parte de una de las mayores operaciones especulativas contra las arcas públicas del Archipiélago.
El Organismo Social Kanaryo Titeroygakat tiene a bien realizar un somero pero comprometida valoración sobre la mujer del siglo XXI. La mujer ve sumada a la problemática general la de su género. Desde su nacimiento se la socializa de una manera diferente a sus compañeros los hombres y esto, en un mundo hecho por y para ellos, supone una clara desigualdad y desventaja.
Así, se ve condicionada en su desarrollo como persona y en la forma de desenvolverse en el mundo público, viviendo en una sociedad desde siempre dividida en dos partes y jerarquizada, que no queremos.
Buscamos una sociedad mejor, una sociedad en la que los seres humanos podamos vivir y desarrollarnos libremente, y en la que tengamos la posibilidad de elegir, sin ningún condicionante de género, lo que queremos hacer y ser.
Esta búsqueda requiere tres procesos educativos fundamentales:
1. El desarrollo educativo de las propias mujeres, pasando por el autoconocimiento y la autoestima, por el desarrollo de la personalidad y acabando con la imposición de un rol masculino o femenino en función del sexo.
Este proceso educativo acaba con el concepto de mujer objeto sobre el que se toman decisiones, y supone el desarrollo de la identidad como sujetos con capacidad de decidir sobre la vida.
2. El desarrollo socioeducativo entre mujeres: Las mujeres también han de cambiar a través del reconocimiento y la posibilidad de avanzar en las tareas comunes. Trabajar por la igualdad de oportunidades reconociendo y respetando las diferencias entre ellas mismas.
Se sabe además que se necesita un reconocimiento público sobre problemas comunes, que a todas les preocupan: la justicia de la democracia paritaria, el acceso al empleo, la política social, en definitiva, aquellos aspectos que faciliten la incorporación a lo público haciéndolo compatible con la vida privada.
3. Para avanzar, es importante la construcción de un desarrollo educativo con y para los hombres. Ellos también necesitan plantearse su papel en la sociedad. No sólo es necesario que entiendan la justicia de que las mujeres están en igualdad de condiciones en lo público, sino también es necesario que se comprometan en lo privado. Y no sólo para que asuman su parte en las responsabilidades sobre la familia. También para que aprendan a vivir y compartir lo afectivo. Sólo de esta manera mujeres y hombres podemos tener una vida plena y de mayor calidad.
Se sabe que cambiar las actitudes de hombres y mujeres respecto a los roles de género significa un proceso de revisión de la educación y de la transmisión permanente de una cultura que sigue siendo desigual y discriminatoria.
Nuestras asociaciones tienen un gran déficit de participación, sobre todo de los tres factores de población a los que se ha hecho referencia, y seguramente si lo pensamos, vemos que es de gran ayuda para que la sociedad avance y también nuestro movimiento Vecinal.
CONCLUSIONES:
1 .- Se crearán en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, Concejalías de la Mujer dotándolas de los medios necesarios tanto humanos como financieros.
2 .- Creación de centros de información y asesoramiento a la mujer tanto en lo laboral, profesional, jurídico o sexual, etc.
3 .- Centros de acogida para mujeres / hombres maltratad@s, así como para sus hijos, también para Inmigrantes con sus familias como fase previa a la integración.
- Medios de Control y Vigilancia propios.
- Lugares de ocio y esparcimiento, autoabastecibles de productos básicos.
4 .- Creación de guarderías.
5 .- Llevar a efecto programas de formación cultural y planificación familiar.
6 .- Importante es el proceso educativo de la mujer, evitando el analfabetismo, pasando por el autoconocimiento y la autoestima y por el desarrollo de la personalidad.
7 .- Apoyo a la mujer a través de cooperativas de autoempleo.
8 .- Igualdad de las retribuciones de la mujer con el hombre en los mismos trabajos.
9 .- Mayor protección para la mujer maltratada y elevación de las penas para los maltratadores y a los violadores y a los que cometen abusos y acosos sexuales.
10 .- Mayor presencia de la mujer en puestos de poder y toma de decisiones.
11 .- Protección de la maternidad de la mujer trabajadora.
12 .- Fomentar en los medios de comunicación social una imagen de las mujeres no discriminatorias, suprimiendo estereotipos sexistas.
Así, se ve condicionada en su desarrollo como persona y en la forma de desenvolverse en el mundo público, viviendo en una sociedad desde siempre dividida en dos partes y jerarquizada, que no queremos.
Buscamos una sociedad mejor, una sociedad en la que los seres humanos podamos vivir y desarrollarnos libremente, y en la que tengamos la posibilidad de elegir, sin ningún condicionante de género, lo que queremos hacer y ser.
Esta búsqueda requiere tres procesos educativos fundamentales:
1. El desarrollo educativo de las propias mujeres, pasando por el autoconocimiento y la autoestima, por el desarrollo de la personalidad y acabando con la imposición de un rol masculino o femenino en función del sexo.
Este proceso educativo acaba con el concepto de mujer objeto sobre el que se toman decisiones, y supone el desarrollo de la identidad como sujetos con capacidad de decidir sobre la vida.
2. El desarrollo socioeducativo entre mujeres: Las mujeres también han de cambiar a través del reconocimiento y la posibilidad de avanzar en las tareas comunes. Trabajar por la igualdad de oportunidades reconociendo y respetando las diferencias entre ellas mismas.
Se sabe además que se necesita un reconocimiento público sobre problemas comunes, que a todas les preocupan: la justicia de la democracia paritaria, el acceso al empleo, la política social, en definitiva, aquellos aspectos que faciliten la incorporación a lo público haciéndolo compatible con la vida privada.
3. Para avanzar, es importante la construcción de un desarrollo educativo con y para los hombres. Ellos también necesitan plantearse su papel en la sociedad. No sólo es necesario que entiendan la justicia de que las mujeres están en igualdad de condiciones en lo público, sino también es necesario que se comprometan en lo privado. Y no sólo para que asuman su parte en las responsabilidades sobre la familia. También para que aprendan a vivir y compartir lo afectivo. Sólo de esta manera mujeres y hombres podemos tener una vida plena y de mayor calidad.
Se sabe que cambiar las actitudes de hombres y mujeres respecto a los roles de género significa un proceso de revisión de la educación y de la transmisión permanente de una cultura que sigue siendo desigual y discriminatoria.
Nuestras asociaciones tienen un gran déficit de participación, sobre todo de los tres factores de población a los que se ha hecho referencia, y seguramente si lo pensamos, vemos que es de gran ayuda para que la sociedad avance y también nuestro movimiento Vecinal.
CONCLUSIONES:
1 .- Se crearán en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, Concejalías de la Mujer dotándolas de los medios necesarios tanto humanos como financieros.
2 .- Creación de centros de información y asesoramiento a la mujer tanto en lo laboral, profesional, jurídico o sexual, etc.
3 .- Centros de acogida para mujeres / hombres maltratad@s, así como para sus hijos, también para Inmigrantes con sus familias como fase previa a la integración.
- Medios de Control y Vigilancia propios.
- Lugares de ocio y esparcimiento, autoabastecibles de productos básicos.
4 .- Creación de guarderías.
5 .- Llevar a efecto programas de formación cultural y planificación familiar.
6 .- Importante es el proceso educativo de la mujer, evitando el analfabetismo, pasando por el autoconocimiento y la autoestima y por el desarrollo de la personalidad.
7 .- Apoyo a la mujer a través de cooperativas de autoempleo.
8 .- Igualdad de las retribuciones de la mujer con el hombre en los mismos trabajos.
9 .- Mayor protección para la mujer maltratada y elevación de las penas para los maltratadores y a los violadores y a los que cometen abusos y acosos sexuales.
10 .- Mayor presencia de la mujer en puestos de poder y toma de decisiones.
11 .- Protección de la maternidad de la mujer trabajadora.
12 .- Fomentar en los medios de comunicación social una imagen de las mujeres no discriminatorias, suprimiendo estereotipos sexistas.
''Una oligarquía corrupta formada por clases dominantes y alta burocracia está tratando de echar un pulso a las acciones judiciales contra la corrupción en Canarias''. Así se expresa, contundente como siempre, el presidente de la asociación Justicia y Sociedad, Joaquín Sagaseta, que anuncia la intervención de este colectivo de abogados progresistas ''ejerciendo nuestro derecho a la opinión y, a través de la acción popular, promoviendo querellas'' contra responsables públicos. "Por saluld pública", enfatiza Sagaseta. La asociación Justicia y Sociedad, constituida hace unos quince años, se reactiva estos días “por sentido de la responsablidad porque estamos ante hechos notorios de degradación profunda de la sociedad canaria que amenaza metástasis”, asegura Sagaseta.
¿En qué consiste esa degradación?
Se manifiesta en dos facetas fundamentales; de un lado la sociedad está en avanzado estado de secuestro por una suerte de oligarquía corrupta que utiliza sin pudor las administraciones públicas para negocios privados, con violencia y descaro. Y de otro lado, se está dando una degradación social que se traduce en la marginalidad, en la precariedad en el empleo, en los sueldos más bajos del país…
Habla de una oligarquía dominante y de una alta burocracia.
Sí. Canarias tiene una burguesía débil que necesita del poder administrativo y tiene una quinta columna en la alta burocracia. Esa burguesía, esas clases dirigentes, buscan su enriquecimiento apoyándose en la alta burocracia y en unos pactos políticos degradantes que han conducido a lo que ahora padecemos. La sociedad canaria está sostenida por esa oligarquía como la soga sostiene al ahorcado, y para que triunfe es necesario contar con un apoyo social que hasta ahora ha tenido pero que empieza a perder, del mismo modo que le es necesaria la alta burocracia, que cobra peaje y que termina entrelazándose con ella.
Pero el sistema político tiene resortes para evitar esa degradación. Por ejemplo, la oposición política.
Lamentablemente hay sectores de la oposición política contaminados, cuando no directamente comprometidos con esa oligarquía . Ha habido altos niveles de complicidad, aunque haya sido solamente repartiendo calderilla.
¿A qué pactos políticos se refiere usted cuando habla de su influencia en esta degradación?
Fundamentalmente a los pactos entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pero ha habido sectores del PSOE comprometidos, como estamos viendo ahora en el caso de Las Teresitas. En determinados segmentos de la oposición ha habido contaminación, compromiso y silencio forzado por esa oligarquía. Podemos afirmar que la oposición en este asunto no ha estado a la altura de las circunstancias.
Pero, ¿cómo actúa exactamente ese clan oligárquico y esas ramificaciones en las administraciones?
El grupo oligárquico se ha ido colocando en el centro de una tupida tela de araña sin que nada sea resultado de la improvisación. Necesita del poder administrativo para acumular capital porque es una burguesía débil que necesita del poder administrativo para agrandar su fortuna.
¿Qué diferencia a Canarias de otras comunidades españolas donde también se conocen casos de corrupción de ese tipo que describe?
En Canarias estamos hablando de un bloque de corrupción que se ha constituido de tal modo que o le ponemos freno o terminamos en una situación parangonable con Palermo. No sólo hace falta una reacción judicial como la que estamos viviendo, sino también que haya una reacción social que sustituya la labor de una oposición comprometida con esa oligarquía.
Justicia y Sociedad acaba de vivir estos días una especie de proceso de refundación después de cierto periodo de letargo. ¿Qué les anima a volver a la primera línea de fuego?
El momento que vivimos es crucial para intentar revertir esta situación o que, por el contrario, termine por enseñorearse esta oligarquía de clases dominantes y esa burocracia que está tratando de echar un pulso a las acciones judiciales. La situación ha entrado en una fase de carne viva en la que está en juego la transparencia en el control de las Administraciones. Que cambie esa situación o que prevalezcan los intereses de ese grupo oligárquico depende de la respuesta social que haya.
Anuncia usted querellas, ¿contra quiénes?
Las iremos anunciando en su momento, según estén tramitadas.
¿Qué opina de las críticas que está recibiendo el ministro de Justicia en relación a actuaciones judiciales contra la corrupción?
Es un remedo de aquella teoría de no judicializar la vida política cuando lo que se quería era desjudicializar el delito. Lo que se está pidiendo ahora con esas críticas es que los jueces y fiscales no cumplan con su función de investigar por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Con una alta dosis de cinismo esperan que si no se ve la corrupción esta sencillamente no exista.
¿Cree que en este aspecto hemos tocado fondo?
Creo que el proceso de degradación es reversible, las fuerzas políticas han empezado a peder ascendente y consenso social y están particularmente nerviosas. Confiamos en que sea un proceso reversible porque si no, entramos en una situación difícil de solucionar. Creo que se ha reactivado la confianza en la posibilidad de desalojar a esta gente.
Canarias Ahora.com. 29-12-2006
¿En qué consiste esa degradación?
Se manifiesta en dos facetas fundamentales; de un lado la sociedad está en avanzado estado de secuestro por una suerte de oligarquía corrupta que utiliza sin pudor las administraciones públicas para negocios privados, con violencia y descaro. Y de otro lado, se está dando una degradación social que se traduce en la marginalidad, en la precariedad en el empleo, en los sueldos más bajos del país…
Habla de una oligarquía dominante y de una alta burocracia.
Sí. Canarias tiene una burguesía débil que necesita del poder administrativo y tiene una quinta columna en la alta burocracia. Esa burguesía, esas clases dirigentes, buscan su enriquecimiento apoyándose en la alta burocracia y en unos pactos políticos degradantes que han conducido a lo que ahora padecemos. La sociedad canaria está sostenida por esa oligarquía como la soga sostiene al ahorcado, y para que triunfe es necesario contar con un apoyo social que hasta ahora ha tenido pero que empieza a perder, del mismo modo que le es necesaria la alta burocracia, que cobra peaje y que termina entrelazándose con ella.
Pero el sistema político tiene resortes para evitar esa degradación. Por ejemplo, la oposición política.
Lamentablemente hay sectores de la oposición política contaminados, cuando no directamente comprometidos con esa oligarquía . Ha habido altos niveles de complicidad, aunque haya sido solamente repartiendo calderilla.
¿A qué pactos políticos se refiere usted cuando habla de su influencia en esta degradación?
Fundamentalmente a los pactos entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pero ha habido sectores del PSOE comprometidos, como estamos viendo ahora en el caso de Las Teresitas. En determinados segmentos de la oposición ha habido contaminación, compromiso y silencio forzado por esa oligarquía. Podemos afirmar que la oposición en este asunto no ha estado a la altura de las circunstancias.
Pero, ¿cómo actúa exactamente ese clan oligárquico y esas ramificaciones en las administraciones?
El grupo oligárquico se ha ido colocando en el centro de una tupida tela de araña sin que nada sea resultado de la improvisación. Necesita del poder administrativo para acumular capital porque es una burguesía débil que necesita del poder administrativo para agrandar su fortuna.
¿Qué diferencia a Canarias de otras comunidades españolas donde también se conocen casos de corrupción de ese tipo que describe?
En Canarias estamos hablando de un bloque de corrupción que se ha constituido de tal modo que o le ponemos freno o terminamos en una situación parangonable con Palermo. No sólo hace falta una reacción judicial como la que estamos viviendo, sino también que haya una reacción social que sustituya la labor de una oposición comprometida con esa oligarquía.
Justicia y Sociedad acaba de vivir estos días una especie de proceso de refundación después de cierto periodo de letargo. ¿Qué les anima a volver a la primera línea de fuego?
El momento que vivimos es crucial para intentar revertir esta situación o que, por el contrario, termine por enseñorearse esta oligarquía de clases dominantes y esa burocracia que está tratando de echar un pulso a las acciones judiciales. La situación ha entrado en una fase de carne viva en la que está en juego la transparencia en el control de las Administraciones. Que cambie esa situación o que prevalezcan los intereses de ese grupo oligárquico depende de la respuesta social que haya.
Anuncia usted querellas, ¿contra quiénes?
Las iremos anunciando en su momento, según estén tramitadas.
¿Qué opina de las críticas que está recibiendo el ministro de Justicia en relación a actuaciones judiciales contra la corrupción?
Es un remedo de aquella teoría de no judicializar la vida política cuando lo que se quería era desjudicializar el delito. Lo que se está pidiendo ahora con esas críticas es que los jueces y fiscales no cumplan con su función de investigar por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Con una alta dosis de cinismo esperan que si no se ve la corrupción esta sencillamente no exista.
¿Cree que en este aspecto hemos tocado fondo?
Creo que el proceso de degradación es reversible, las fuerzas políticas han empezado a peder ascendente y consenso social y están particularmente nerviosas. Confiamos en que sea un proceso reversible porque si no, entramos en una situación difícil de solucionar. Creo que se ha reactivado la confianza en la posibilidad de desalojar a esta gente.
Canarias Ahora.com. 29-12-2006
El portavoz de Asamblea por Tenerife, José Pérez Ventura, aseguró este jueves que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Pérez Ventura se refiere al auto en el que Baltasar Garzón pide a los Juzgados de Tenerife que investiguen un presunto cohecho relacionados con Forum Filatélico y la construcción de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés de la capital tinerfeña en el que podrían estar implicados Zerolo y Suárez Trenor.
El portavoz de Asamblea por Tenerife exigió por ello la dimisión de Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor, porque al asegurar que están imputados debe seguirse la práctica habitual en el caso de los funcionarios.
José Pérez Ventura declaró en rueda de prensa los hechos son de "extrema gravedad" porque un alcalde tendrá que colaborar con la Justicia y tiene el derecho de defenderse de las imputaciones.
En el caso del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Pérez Ventura indicó que el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, es "cómplice" si no lo destituye, y añadió que en parecida situación está el Ministerio de Fomento.
El portavoz de Asamblea por Tenerife pidió a Puertos del Estado que investigue todas las concesiones que se han otorgado durante el mandato de Luis Suárez Trenor, pues comentó que hay datos que incitan a ello como los proyectos de puertos deportivos en San Andrés y Valleseco.
José Pérez Ventura preguntó además al presidente canario y al Ministerio de Fomento si "van a permitir que Luis Suárez Trenor sea quien adjudique las obras del puerto de Granadilla".
Durante la rueda de prensa, Ana Caballero planteó la necesidad de cambiar el sistema político porque consideró que el actual es favorable a la corrupción, y así apuntó que en Canarias son continuas las privatizaciones de servicios públicos.
Ana Caballero dijo que mientras que algunos empresarios se enriquecen con las privatizaciones los canarios sufren un sistema sanitario tercermundista.
También manifestó que desde el Gobierno canario se habla de listas de espera pero no se hacen públicas ni las sanitarias ni las de las personas que están a la espera de una vivienda.
Pérez Ventura se refiere al auto en el que Baltasar Garzón pide a los Juzgados de Tenerife que investiguen un presunto cohecho relacionados con Forum Filatélico y la construcción de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés de la capital tinerfeña en el que podrían estar implicados Zerolo y Suárez Trenor.
El portavoz de Asamblea por Tenerife exigió por ello la dimisión de Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor, porque al asegurar que están imputados debe seguirse la práctica habitual en el caso de los funcionarios.
José Pérez Ventura declaró en rueda de prensa los hechos son de "extrema gravedad" porque un alcalde tendrá que colaborar con la Justicia y tiene el derecho de defenderse de las imputaciones.
En el caso del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Pérez Ventura indicó que el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, es "cómplice" si no lo destituye, y añadió que en parecida situación está el Ministerio de Fomento.
El portavoz de Asamblea por Tenerife pidió a Puertos del Estado que investigue todas las concesiones que se han otorgado durante el mandato de Luis Suárez Trenor, pues comentó que hay datos que incitan a ello como los proyectos de puertos deportivos en San Andrés y Valleseco.
José Pérez Ventura preguntó además al presidente canario y al Ministerio de Fomento si "van a permitir que Luis Suárez Trenor sea quien adjudique las obras del puerto de Granadilla".
Durante la rueda de prensa, Ana Caballero planteó la necesidad de cambiar el sistema político porque consideró que el actual es favorable a la corrupción, y así apuntó que en Canarias son continuas las privatizaciones de servicios públicos.
Ana Caballero dijo que mientras que algunos empresarios se enriquecen con las privatizaciones los canarios sufren un sistema sanitario tercermundista.
También manifestó que desde el Gobierno canario se habla de listas de espera pero no se hacen públicas ni las sanitarias ni las de las personas que están a la espera de una vivienda.
El concejal de Tráfico, Trasporte, Servicios Públicos y Aguas, a la sazón tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Julio Mejías López, del Partido Popular, ha sido denunciado por un presunto delito de prevaricación al permitir la utilización de una licencia municipal de taxi antes ya vendida.
Domingo Ramón Artiles Sarmiento presentó el pasado 13 de noviembre de 2006 un escrito ante el referido ayuntamiento, advirtiendo de que el 17 de febrero había formalizado por escrito, con Manuel de los Reyes Medina Méndez, contrato de arrendamiento de una licencia municipal (número 156) de auto-taxi correspondiente al municipio de Mogán. Al día siguiente se produjo la plasmación también por escrito de la compraventa del vehículo al que estaba adscrita la referida licencia.
Este miércoles, Artiles Sarmiento presentó denuncia contra Medina Méndez en el Ayuntamiento de Mogán, “al tener conocimiento el denunciante en el día de ayer de que Median Méndez viene utilizando con carácter reciente otro vehículo (…) para la prestación del servicio público de auto-taxi, al parecer amparado por una resolución administrativa firmada por el señor Julio Mejías López, concejal delegado de Transporte, mediante la cual se aprueba con extraña y excesiva celeridad, una solicitud efectuada por Medina Méndez para sustituir el vehículo adscrito a la licencia municipal de auto-taxi número 156 ya expresada, todo ello a sabiendas del contenido del escrito previamente presentado por esta parte, al menos con catorce días de antelación, donde expresamente se comunicaba que el susodicho Medina Méndez había arrendado primero y vendido después la indicada licencia municipal de auto-taxi, y en consecuencia dicho individuo carecía en absoluto de legitimación o facultad para tramitar o gestionar cualesquiera cuestiones o incidencias relativas a la referida licencia municipal. Lo anterior era de conocimiento del citado concejal no sólo por el escrito presentado en su día ante el Ayuntamiento, sino también por una conversación telefónica anterior”, asegura el denunciante en el escrito presentado este martes ante el Consistorio moganero.
Domingo Ramón Artiles Sarmiento desvela en su escrito que, debido a las irregularidades que entiende existen en la resolución dictada por Mejías López (“incluida la existencia de una falsedad, pues lleva fecha de 30 de diciembre de 2006, al dictarse la misma a sabiendas de su injusticia), ha procedido en fecha 23 de diciembre a formalizar, ante la Guardia Civil de Arguineguín, denuncia penal contra el citado concejal, “así como contra cuantas autoridades y funcionarios públicos de este Ayuntamiento que por sus actos u omisiones resultaren responsables, por un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal”.
Así, el denunciante, que a su vez ha sido denunciado por Medina Méndez, pide a la Policía Local de Mogán que requiera a éste para que proceda a la retirada inmediata de la circulación del vehículo en cuestión, para que no sea utilizado en el servicio de auto-taxi.
Domingo Ramón Artiles Sarmiento presentó el pasado 13 de noviembre de 2006 un escrito ante el referido ayuntamiento, advirtiendo de que el 17 de febrero había formalizado por escrito, con Manuel de los Reyes Medina Méndez, contrato de arrendamiento de una licencia municipal (número 156) de auto-taxi correspondiente al municipio de Mogán. Al día siguiente se produjo la plasmación también por escrito de la compraventa del vehículo al que estaba adscrita la referida licencia.
Este miércoles, Artiles Sarmiento presentó denuncia contra Medina Méndez en el Ayuntamiento de Mogán, “al tener conocimiento el denunciante en el día de ayer de que Median Méndez viene utilizando con carácter reciente otro vehículo (…) para la prestación del servicio público de auto-taxi, al parecer amparado por una resolución administrativa firmada por el señor Julio Mejías López, concejal delegado de Transporte, mediante la cual se aprueba con extraña y excesiva celeridad, una solicitud efectuada por Medina Méndez para sustituir el vehículo adscrito a la licencia municipal de auto-taxi número 156 ya expresada, todo ello a sabiendas del contenido del escrito previamente presentado por esta parte, al menos con catorce días de antelación, donde expresamente se comunicaba que el susodicho Medina Méndez había arrendado primero y vendido después la indicada licencia municipal de auto-taxi, y en consecuencia dicho individuo carecía en absoluto de legitimación o facultad para tramitar o gestionar cualesquiera cuestiones o incidencias relativas a la referida licencia municipal. Lo anterior era de conocimiento del citado concejal no sólo por el escrito presentado en su día ante el Ayuntamiento, sino también por una conversación telefónica anterior”, asegura el denunciante en el escrito presentado este martes ante el Consistorio moganero.
Domingo Ramón Artiles Sarmiento desvela en su escrito que, debido a las irregularidades que entiende existen en la resolución dictada por Mejías López (“incluida la existencia de una falsedad, pues lleva fecha de 30 de diciembre de 2006, al dictarse la misma a sabiendas de su injusticia), ha procedido en fecha 23 de diciembre a formalizar, ante la Guardia Civil de Arguineguín, denuncia penal contra el citado concejal, “así como contra cuantas autoridades y funcionarios públicos de este Ayuntamiento que por sus actos u omisiones resultaren responsables, por un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal”.
Así, el denunciante, que a su vez ha sido denunciado por Medina Méndez, pide a la Policía Local de Mogán que requiera a éste para que proceda a la retirada inmediata de la circulación del vehículo en cuestión, para que no sea utilizado en el servicio de auto-taxi.
La amenaza de una nueva huelga en la Sanidad canaria sobrevuela el comienzo de año. La Asamblea 7 Islas, que agrupa al colectivo de trabajadores de los grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud, recuerda que del acuerdo firmado en mayo de 2005 aún existen varios puntos pendientes por desarrollar. Los representantes asamblearios exigen el desbloqueo de la situación entre la Administración y los sindicatos de la Mesa Sectorial. Asamblea 7 Islas es contundente: ''La huelga y las movilizaciones no tienen marcha atrás''.
Los portavoces de Asamblea 7 Islas explican que el acuerdo firmado en mayo del año pasado respecto los trabajadores no sanitarios del SCS ha quedado a medias después de que Administración y los sindicatos de la Mesa Sectorial lleven "más de un año y medio" retrasando la firma "al parecer porque los sindicatos no quieren firmar la propuesta" que, "a pesar de ellos", fue aprobada por las asambleas de trabajadores. Los grupos C, D y E los componen más de 26 categorías profesionales del SCS -técnicos especialistas, auxiliares de enfermería, administrativos, celadores, cocineros, conductores, mantenimiento, lavandería, entre otros-.
"Nos vemos en la obligación de dar una respuesta a las demandas de los trabajadores para que se respeten sus derechos y las mejoras conseguidas", sostienen los portavoces, quienes ofrecen una "propuesta de mínimos" que contempla y respeta el cumplimiento del anterior acuerdo y que ha sido respaldada por la plantilla de los grupos C, D y E del SCS. Una oferta que plantean como solución al "desbloqueo de la situación". "La huelga y las movilizaciones previstas no tienen marcha atrás, y una vez iniciadas, la propuesta de mínimos ofrecida se retirará y se exigirá lo que nos corresponde, que es mucho más", advierte la plataforma asamblearia.
Entre los ocho puntos contenidos en esta "propuesta de mínimos" se halla la consolidación de los 60 euros, conseguidos en las movilizaciones pasadas, como retribución fija para todos los trabajadores. También reclama la Asamblea que a partir de 2007 se pacten las retribuciones de todas las categorías profesionales. El único punto que se distancia de las demandas de tipo salarial es el último, en el que se exige restablecer "las represalias contra los compañeros que, por defender estas reivindicaciones, fueron sancionados o apartados de sus puestos habituales".
La Asamblea 7 Islas se ha dirigido por escrito tanto al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Carlos Mauricio, como a la consejera de Sanidad, María del Mar Julios, como a la directora general del SCS, Juana María Reyes. Los tres ya están advertidos de que si en breve no se materializa una "respuesta positiva" para este colectivo de trabajadores, habrá una "respuesta inmediata y contundente".
Los portavoces de Asamblea 7 Islas explican que el acuerdo firmado en mayo del año pasado respecto los trabajadores no sanitarios del SCS ha quedado a medias después de que Administración y los sindicatos de la Mesa Sectorial lleven "más de un año y medio" retrasando la firma "al parecer porque los sindicatos no quieren firmar la propuesta" que, "a pesar de ellos", fue aprobada por las asambleas de trabajadores. Los grupos C, D y E los componen más de 26 categorías profesionales del SCS -técnicos especialistas, auxiliares de enfermería, administrativos, celadores, cocineros, conductores, mantenimiento, lavandería, entre otros-.
"Nos vemos en la obligación de dar una respuesta a las demandas de los trabajadores para que se respeten sus derechos y las mejoras conseguidas", sostienen los portavoces, quienes ofrecen una "propuesta de mínimos" que contempla y respeta el cumplimiento del anterior acuerdo y que ha sido respaldada por la plantilla de los grupos C, D y E del SCS. Una oferta que plantean como solución al "desbloqueo de la situación". "La huelga y las movilizaciones previstas no tienen marcha atrás, y una vez iniciadas, la propuesta de mínimos ofrecida se retirará y se exigirá lo que nos corresponde, que es mucho más", advierte la plataforma asamblearia.
Entre los ocho puntos contenidos en esta "propuesta de mínimos" se halla la consolidación de los 60 euros, conseguidos en las movilizaciones pasadas, como retribución fija para todos los trabajadores. También reclama la Asamblea que a partir de 2007 se pacten las retribuciones de todas las categorías profesionales. El único punto que se distancia de las demandas de tipo salarial es el último, en el que se exige restablecer "las represalias contra los compañeros que, por defender estas reivindicaciones, fueron sancionados o apartados de sus puestos habituales".
La Asamblea 7 Islas se ha dirigido por escrito tanto al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Carlos Mauricio, como a la consejera de Sanidad, María del Mar Julios, como a la directora general del SCS, Juana María Reyes. Los tres ya están advertidos de que si en breve no se materializa una "respuesta positiva" para este colectivo de trabajadores, habrá una "respuesta inmediata y contundente".
Tagoror Achinech dice que esto demuestra las mentiras que difundieron sobre su necesidad.
Desde el pasado día 14 de diciembre las turbinas instaladas en Los Pajales (Chío), han dejado de producir electricidad, que según información oficiosa se debe que industria ha decretado que no se puede continuar con la actividad industrial, tal y como ha denunciado Tagoror Achinech, tanto por las irregularidades de sus instalación, como de la vulneración de la Autorización Ambiental Integrada, aunque esta no sea firme ya que esta recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, por este colectivo.
Las autorizaciones con las que las administraciones públicas se plegaron a los intereses de Unelco-Endesa, determinan que no pueden superar las 500 horas de funcionamiento al año, hecho que posiblemente lo vulneraron en el primer mes de entrada en funcionamiento y, que ha sido denunciado reiteradas veces por Tagoror Achinech, y que para solventar dichas denuncias, la Dirección General de Industria le otorgó a Unelco- Endesa un plazo de seis meses de prueba, sin que éstos contabilizasen en el periodo de funcionamiento, periodo que finalizó el pasado 20 de octubre, aunque la compañía eléctrica continuó con su producción hasta el 14 de diciembre.
El colectivo social que ha llevado la lucha contra estas instalaciones, ha solicitado a Medio Ambiente que exija a la compañía eléctrica, un plan de desmantelamiento de estas instalaciones, cuya solicitud fue admitida a trámite y, al mismo tiempo ha llevado campañas de denuncias ante la Consejería de Industria y Medio Ambiente, sobre la vulneración de la legalidad vigente en lo referente a la instalación y puesta en funcionamiento de estas turbinas, por lo que la lucha social ha comenzado a dar sus frutos, pero recuerda que también los generadores son ilegales, por incluirse en el mismo proyecto de instalación de las turbinas.
Las mentiras salen a la luz.
Tagoror Achinech, critica firme y contundentemente, la actitud mantenida por los políticos que han argumentado y defendido estas instalaciones alegando que se necesita la luz para nuestros vecinos, que sin estas instalaciones nos veríamos abocados a cortes del suministro, que no había otra alternativa, etc., convirtiéndose en testaferros de Unelco Endesa, haciendo dejadez de sus funciones en defender a sus ciudadanos, a los cuales el tiempo le está dando la razón.
El hecho de que en el periodo del año que más consumo energético hay, se decidan paralizar la producción energética de las turbinas, es prueba inequívoca de que su necesidad nunca he existido, pues en este periodo de paralización de las turbinas no han existido deficiencias energéticas, ni amenazas de cortes.
Muchas y variadas han sido las mentiras que han “escupido” los políticos para intentar justificar la instalación de las turbinas en Chío: “la necesidad imperiosa de generación eléctrica, la inexistencia de otras alternativas, la que sólo generan 23 Mw. cuando su producción ha superado los 50 Mw.” Pero quizás la mayor mentira que han mantenido haya sido el singularizar lo plural, afirmando y diciendo “La Turbina” en lugar de “Las Turbinas”, ya que existen dos instaladas y, ahora queda por descubrir cual fue el motivo real de su instalación una vez descartada la necesidad, por lo que puede ser sospechoso el trasfondo económico que quizás se esconda en subvenciones por la generación y transporte insular y extrapeninsular, a lo cual deberían dar cuenta ante la justicia y, de las mentiras deben dar cuenta ante el pueblo, pues es éste el encargado de juzgar a los políticos que han mantenido falacias sobre estas instalaciones.
Para Tagoror Achinech nunca han existido dudas de la ilegalidad de estas instalaciones y de que estas instalaciones han estado rodeadas de mentiras para intentar justificar lo injustificable, por lo que continuará trabajando hasta que se esclarezca las razones e intereses que motivaron cometer esta tropelía con un pueblo y se desmantelen las dichosas turbinas.
Chío a 27 de diciembre de 2006
Diversos colectivos han pedido este martes a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que paralicen la licitación del proyecto de Granadilla (Tenerife) porque tras el dictamen de la Comisión Europea ha cambiado el proyecto y es preciso realizar nuevos estudios de impacto ambiental.
Así lo dijo en rueda de prensa la portavoz de la Coordinadora El Rincón, Elena Sánchez, quien manifestó que las obras no pueden comenzar ya que consideró que sería un "fraude de ley" hacerlo porque son distintos el proyecto de licitación y el aceptado por la Comisión Europea.
Elena Sánchez insistió en que el Gobierno español tiene que revisar los estudios de impacto económico y ambiental, y recordó que el dictamen emitido por la Comisión Europea se refiere a un proyecto de 1994 y no a las propuestas hechas en 2006.
Entre las diferencias hizo hincapié en que en el dictamen de la Comisión Europea se habla de un trasvase de arena del norte al sur de la zona en la que estaría el puerto de Granadilla, que no estaba previsto en el proyecto inicial y que de llevarlo a cabo afectaría a un lugar de interés comunitario.
Trasvase de arena inviable
Aseguró que si se hace un estudio de impacto económico y ambiental sobre este trasvase de arena se comprobará que el proyecto es inviable.
La paralización de la licitación de las obras del puerto de Granadilla la piden organizaciones como Coordinadora El Rincón, Ben Magec Ecologistas en Acción, Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla, Asamblea por Tenerife, Alternativa por Tenerife e Izquierda Unida Canaria.
Comentaron que los ministerios de Fomento y Medio Ambiente tienen un plazo de tres meses para responder a su petición, y afirmaron que si se produce un silencio administrativo recurrirán al contencioso.
Además, insisten en pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, a quien acusan de llevar al puerto de la capital tinerfeña a una situación de quiebra por la falta de inversiones.
Antonio Rodríguez, de Ben Magec Ecologistas en Acción quiso dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que se oponen a la construcción del puerto de Granadilla por cuanto está convencido de que el proyecto es inviable con los cambios que se han producido.
Según estos colectivos el dictamen de la Comisión Europea sobre el proyecto del puerto de Granadilla obliga a suspender el procedimiento y revisar la evaluación de impacto ambiental porque afirman que los efectos negativos sobre la red Natura reconocidos por la Comisión son mayores que los admitidos por el Gobierno español durante la tramitación.
También creen que las medidas exigidas para reducir los impactos del proyecto hacen que sea imprescindible revisar el plan de utilización de espacios portuarios para que la ejecución del proyecto no sea una infracción del planeamiento.
Aseguran que para el desarrollo de Tenerife es suficiente con ampliar el puerto de la capital tinerfeña sin tener que construir uno en Granadilla.
Así lo dijo en rueda de prensa la portavoz de la Coordinadora El Rincón, Elena Sánchez, quien manifestó que las obras no pueden comenzar ya que consideró que sería un "fraude de ley" hacerlo porque son distintos el proyecto de licitación y el aceptado por la Comisión Europea.
Elena Sánchez insistió en que el Gobierno español tiene que revisar los estudios de impacto económico y ambiental, y recordó que el dictamen emitido por la Comisión Europea se refiere a un proyecto de 1994 y no a las propuestas hechas en 2006.
Entre las diferencias hizo hincapié en que en el dictamen de la Comisión Europea se habla de un trasvase de arena del norte al sur de la zona en la que estaría el puerto de Granadilla, que no estaba previsto en el proyecto inicial y que de llevarlo a cabo afectaría a un lugar de interés comunitario.
Trasvase de arena inviable
Aseguró que si se hace un estudio de impacto económico y ambiental sobre este trasvase de arena se comprobará que el proyecto es inviable.
La paralización de la licitación de las obras del puerto de Granadilla la piden organizaciones como Coordinadora El Rincón, Ben Magec Ecologistas en Acción, Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla, Asamblea por Tenerife, Alternativa por Tenerife e Izquierda Unida Canaria.
Comentaron que los ministerios de Fomento y Medio Ambiente tienen un plazo de tres meses para responder a su petición, y afirmaron que si se produce un silencio administrativo recurrirán al contencioso.
Además, insisten en pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, a quien acusan de llevar al puerto de la capital tinerfeña a una situación de quiebra por la falta de inversiones.
Antonio Rodríguez, de Ben Magec Ecologistas en Acción quiso dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que se oponen a la construcción del puerto de Granadilla por cuanto está convencido de que el proyecto es inviable con los cambios que se han producido.
Según estos colectivos el dictamen de la Comisión Europea sobre el proyecto del puerto de Granadilla obliga a suspender el procedimiento y revisar la evaluación de impacto ambiental porque afirman que los efectos negativos sobre la red Natura reconocidos por la Comisión son mayores que los admitidos por el Gobierno español durante la tramitación.
También creen que las medidas exigidas para reducir los impactos del proyecto hacen que sea imprescindible revisar el plan de utilización de espacios portuarios para que la ejecución del proyecto no sea una infracción del planeamiento.
Aseguran que para el desarrollo de Tenerife es suficiente con ampliar el puerto de la capital tinerfeña sin tener que construir uno en Granadilla.
Publicado por Desconocido @ 17:55
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Ramón Trujillo (*)
.
Estimado Sr. Múgica:
Izquierda Unida Canaria reclama su intervención para poner fin a la persecución que sufre el técnico superior del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, el señor José Manuel Castellano Gil, a causa de haber escrito una serie de artículos de opinión, en su condición de ciudadano con derecho a la libertad de expresión. Asimismo, Izquierda Unida Canaria considera inadmisible la utilización de los servicios de una abogada y una administrativa, adscritas al Cabildo de Tenerife, para abrir un expediente disciplinario laboral al señor Castellano por sus actividades extralaborales. Se trata de un evidente uso de recursos públicos para perseguir laboralmente a un trabajador por su actividad ciudadana extralaboral. Y se trata, además, de una acusación posterior a un fallo judicial que reconoce la “vulneración del derecho fundamental a la integridad moral” del señor Castellano, por parte de responsables del Organismo Autónomo de Museos. Tal sentencia ha sido apelada y está pendiente de resolución definitiva pero, como se explicará más adelante, ayuda a comprender que el señor Castellano ha sido objeto, durante seis años, de una persecución inaceptable en un Estado de Derecho digno de tal nombre.
El señor Castellano afronta el expediente laboral, incoado a raíz de la denuncia interpuesta por los directores del Museo Arquelógico, el Museo de Historia y del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”, sobre “presuntas ofensas verbales proferidas al personal y a la institución”. Las supuestas ofensas se recogen en un libro del que es coautor el señor Castellano y en varios artículos anónimos divulgados en una publicación digital. Debe señalarse que, por lo tanto, la gerencia del Organismo Autónomo de Museos carece de competencias legales para sancionar la conducta del acusado puesto que, de acuerdo con el apartado C del Artículo 55 del Convenio Colectivo del Personal Laboral pertinente para el caso, las sanciones disciplinarias se aplicarían a actos cometidos “dentro de la jornada de trabajo”.
Izquierda Unida Canaria considera que la incoación de expediente somete al señor Castellano a una presión y a una tensión que constituyen, por sí mismas, un acto ilegítimo de castigo. El acusado no puede querellarse al hallarse ante una propuesta de resolución administrativa –que puede conllevar el despido- y no ante una resolución en firme. Es más, la vía judicial supondría unos costos económicos y un desgaste personal para el señor Castellano, aunque finalmente se reconozca su inocencia. Por el contrario, quienes le acusan lo hacen sirviéndose de recursos públicos y sin costo personal alguno, aunque acaben siendo desautorizados en la vía administrativa o en la judicial.
Si los denunciantes sintieron dañado su honor y creyeron ser víctimas de injurias debieron dirigirse a los tribunales ordinarios. No lo hicieron porque esos tribunales no penalizan las opiniones desfavorables, ni ordenan la confiscación de libros que critican la labor de instituciones de carácter cultural. El Pliego de Cargos contra el señor Castellano cita un artículo suyo en el que se refiere a la evacuación del Museo de Historia de Tenerife, cuando ardió un edificio cercano, y en el que el señor Castellano criticó a los responsables de la institución por no disponer “de un personal profesional adecuado para tales imprevistos”. Además, se refirió a la “gran pobreza de objetos históricos de valor que contiene el Museo de Historia de Tenerife y sobre todo en el modo y en la forma en que fueron trasladados”. Estas citas textuales del artículo del acusado reciben la siguiente valoración en el Pliego de Cargos: “no resultan estar probadas y resulta ser una crítica a la labor que desempeña el personal de esta Institución, que rebasa los límites del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegido”.
Es decir, se pretende que cuestionar la importancia histórica de los objetos contenidos en un museo –así como la evacuación de tales objetos-, supera los límites del derecho a la libertad de expresión. Tal pretensión niega implícitamente el derecho a la libertad de expresión. La crítica a la labor profesional es confundida con un inadmisible ataque al honor de aquel cuyo trabajo es cuestionado. El Pliego de Cargos adopta posiciones características de los fundamentalismos religiosos cuando perciben las críticas como ofensas intolerables. Afirmo que el Pliego de Cargos revive el espíritu de la Santa Inquisición y celebro no trabajar para el Organismo Autónomo de Museos porque así esta afirmación no dará pie a que se me incoe un expediente disciplinario laboral.
Por último, Izquierda Unida Canaria hace constar que el Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia, el 24 de febrero de 2003, en la que se establece que “se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad moral” del señor Castellano y se declara la “nulidad radical de la conducta mantenida por la Presidenta de la entidad demandada doña Fidencia Iglesias González actuando en representación del Organismo Autónomo demandado”. La sentencia condena al Organismo Autónomo a indemnizar al señor Castellano con 18.030 euros “por el concepto de daños psíquicos” y con 36.060 euros “en concepto de daños morales”. Y, aunque tal sentencia no es firme, por hallarse recurrida, sí establece como hechos probados, por ejemplo, que se instaba a los compañeros del señor Castellano a no mantener relaciones con él, no se le entregaba la correspondencia y se paralizaron varios de sus proyectos profesionales. Un artículo de prensa crítico con el señor Castellano fue arrojado al jardín de su casa. En tal artículo había una anotación manuscrita de la presidenta del Organismo Autónomo, la señora Fidencia Iglesias, lo cual, según la sentencia, “por sí solo evidencia ya toda una actitud de represalia y acoso hacia el actor”.
La sentencia referida indica que el señor Castellano sufrió “un cuadro de ansiedad generalizada de intensidad muy severa”. Pues bien, la pesadilla del señor Castellano dura ya seis años. No se entiende que en un Estado de Derecho un ciudadano se halle tan desprotegido ante lo que parece un presunto caso de permanente acoso laboral. El Pliego de Cargos consta de veintiuna páginas de ataques a la libertad de expresión y constituye, en sí mismo, un inadmisible e ilegítimo acto de castigo. Por ello, Izquierda Unida Canaria pide su intervención para impedir que se sancione en el ámbito laboral la actividad extralaboral del señor Castellano. Asimismo, denunciamos que se estén utilizando recursos públicos en un proceso administrativo ilegítimo y constitutivo de un inadmisible castigo de facto. La gravedad de esto último es tal que le pedimos que investigue si el expediente incoado al señor Castellano constituye un acto delictivo. Y, finalmente, solicitamos su intervención para poner término a una persecución que dura ya seis años y que parece que se va a prolongar indefinidamente o, al menos, hasta haber arruinado por completo la salud del señor Castellano.
Quedo a su disposición para remitirle copia de los documentos aludidos y también de aquellos que usted pudiera solicitar. Muchas gracias por su atención y le ruego que nos mantenga informados de sus gestiones.
Le saluda atentamente,
(*)
Coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife
.
Estimado Sr. Múgica:
Izquierda Unida Canaria reclama su intervención para poner fin a la persecución que sufre el técnico superior del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, el señor José Manuel Castellano Gil, a causa de haber escrito una serie de artículos de opinión, en su condición de ciudadano con derecho a la libertad de expresión. Asimismo, Izquierda Unida Canaria considera inadmisible la utilización de los servicios de una abogada y una administrativa, adscritas al Cabildo de Tenerife, para abrir un expediente disciplinario laboral al señor Castellano por sus actividades extralaborales. Se trata de un evidente uso de recursos públicos para perseguir laboralmente a un trabajador por su actividad ciudadana extralaboral. Y se trata, además, de una acusación posterior a un fallo judicial que reconoce la “vulneración del derecho fundamental a la integridad moral” del señor Castellano, por parte de responsables del Organismo Autónomo de Museos. Tal sentencia ha sido apelada y está pendiente de resolución definitiva pero, como se explicará más adelante, ayuda a comprender que el señor Castellano ha sido objeto, durante seis años, de una persecución inaceptable en un Estado de Derecho digno de tal nombre.
El señor Castellano afronta el expediente laboral, incoado a raíz de la denuncia interpuesta por los directores del Museo Arquelógico, el Museo de Historia y del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”, sobre “presuntas ofensas verbales proferidas al personal y a la institución”. Las supuestas ofensas se recogen en un libro del que es coautor el señor Castellano y en varios artículos anónimos divulgados en una publicación digital. Debe señalarse que, por lo tanto, la gerencia del Organismo Autónomo de Museos carece de competencias legales para sancionar la conducta del acusado puesto que, de acuerdo con el apartado C del Artículo 55 del Convenio Colectivo del Personal Laboral pertinente para el caso, las sanciones disciplinarias se aplicarían a actos cometidos “dentro de la jornada de trabajo”.
Izquierda Unida Canaria considera que la incoación de expediente somete al señor Castellano a una presión y a una tensión que constituyen, por sí mismas, un acto ilegítimo de castigo. El acusado no puede querellarse al hallarse ante una propuesta de resolución administrativa –que puede conllevar el despido- y no ante una resolución en firme. Es más, la vía judicial supondría unos costos económicos y un desgaste personal para el señor Castellano, aunque finalmente se reconozca su inocencia. Por el contrario, quienes le acusan lo hacen sirviéndose de recursos públicos y sin costo personal alguno, aunque acaben siendo desautorizados en la vía administrativa o en la judicial.
Si los denunciantes sintieron dañado su honor y creyeron ser víctimas de injurias debieron dirigirse a los tribunales ordinarios. No lo hicieron porque esos tribunales no penalizan las opiniones desfavorables, ni ordenan la confiscación de libros que critican la labor de instituciones de carácter cultural. El Pliego de Cargos contra el señor Castellano cita un artículo suyo en el que se refiere a la evacuación del Museo de Historia de Tenerife, cuando ardió un edificio cercano, y en el que el señor Castellano criticó a los responsables de la institución por no disponer “de un personal profesional adecuado para tales imprevistos”. Además, se refirió a la “gran pobreza de objetos históricos de valor que contiene el Museo de Historia de Tenerife y sobre todo en el modo y en la forma en que fueron trasladados”. Estas citas textuales del artículo del acusado reciben la siguiente valoración en el Pliego de Cargos: “no resultan estar probadas y resulta ser una crítica a la labor que desempeña el personal de esta Institución, que rebasa los límites del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegido”.
Es decir, se pretende que cuestionar la importancia histórica de los objetos contenidos en un museo –así como la evacuación de tales objetos-, supera los límites del derecho a la libertad de expresión. Tal pretensión niega implícitamente el derecho a la libertad de expresión. La crítica a la labor profesional es confundida con un inadmisible ataque al honor de aquel cuyo trabajo es cuestionado. El Pliego de Cargos adopta posiciones características de los fundamentalismos religiosos cuando perciben las críticas como ofensas intolerables. Afirmo que el Pliego de Cargos revive el espíritu de la Santa Inquisición y celebro no trabajar para el Organismo Autónomo de Museos porque así esta afirmación no dará pie a que se me incoe un expediente disciplinario laboral.
Por último, Izquierda Unida Canaria hace constar que el Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia, el 24 de febrero de 2003, en la que se establece que “se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad moral” del señor Castellano y se declara la “nulidad radical de la conducta mantenida por la Presidenta de la entidad demandada doña Fidencia Iglesias González actuando en representación del Organismo Autónomo demandado”. La sentencia condena al Organismo Autónomo a indemnizar al señor Castellano con 18.030 euros “por el concepto de daños psíquicos” y con 36.060 euros “en concepto de daños morales”. Y, aunque tal sentencia no es firme, por hallarse recurrida, sí establece como hechos probados, por ejemplo, que se instaba a los compañeros del señor Castellano a no mantener relaciones con él, no se le entregaba la correspondencia y se paralizaron varios de sus proyectos profesionales. Un artículo de prensa crítico con el señor Castellano fue arrojado al jardín de su casa. En tal artículo había una anotación manuscrita de la presidenta del Organismo Autónomo, la señora Fidencia Iglesias, lo cual, según la sentencia, “por sí solo evidencia ya toda una actitud de represalia y acoso hacia el actor”.
La sentencia referida indica que el señor Castellano sufrió “un cuadro de ansiedad generalizada de intensidad muy severa”. Pues bien, la pesadilla del señor Castellano dura ya seis años. No se entiende que en un Estado de Derecho un ciudadano se halle tan desprotegido ante lo que parece un presunto caso de permanente acoso laboral. El Pliego de Cargos consta de veintiuna páginas de ataques a la libertad de expresión y constituye, en sí mismo, un inadmisible e ilegítimo acto de castigo. Por ello, Izquierda Unida Canaria pide su intervención para impedir que se sancione en el ámbito laboral la actividad extralaboral del señor Castellano. Asimismo, denunciamos que se estén utilizando recursos públicos en un proceso administrativo ilegítimo y constitutivo de un inadmisible castigo de facto. La gravedad de esto último es tal que le pedimos que investigue si el expediente incoado al señor Castellano constituye un acto delictivo. Y, finalmente, solicitamos su intervención para poner término a una persecución que dura ya seis años y que parece que se va a prolongar indefinidamente o, al menos, hasta haber arruinado por completo la salud del señor Castellano.
Quedo a su disposición para remitirle copia de los documentos aludidos y también de aquellos que usted pudiera solicitar. Muchas gracias por su atención y le ruego que nos mantenga informados de sus gestiones.
Le saluda atentamente,
(*)
Coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife
Pablo Sánchez y Ramón Samblas
Argenpress
Argenpress
'Pocos procesos revolucionarios como el venezolano y su líder han sido víctimas en los últimos tiempos de una conspiración tan diabólica, sometidos durante casi 7 años al más brutal de los ataques por parte de Estados Unidos, de la oligarquía criolla y los sectores más retrógrados de América Latina y Europa, en su afán por recuperar perdidos privilegios políticos y económicos y por considerarlo como un mal ejemplo para otros pueblos que aspiran liberarse de su yugo.'
Así empezaba la Agencia Bolivariana de Noticias una misiva explicando los hechos alrededor de la escandalosa visita de Jaime Mayor Oreja y Jorge Moragas a Venezuela.
El Partido Popular en España es pródigo de llenarse la boca de la palabra democracia mientras utiliza los trucos más sucios que encuentra para conseguir sus objetivos. En este sentido la última 'hazaña' del PP ha sido el papel que ha jugado en el seno del Parlamento Europeo en relación a Venezuela y su campaña de desprestigio y mentiras.
El 11 de noviembre el dirigente del PP en el Parlamento Europeo Jaime Mayor-Oreja viajaba a Venezuela para observar como se desarrollaban las elecciones Presidenciales de este país. De hecho viajó para contactar con la oposición golpista y poder empezar una campaña contra el proceso revolucionario.
El miércoles 22 de noviembre el PP organizaba en el Parlamento Europeo una reunión con el coordinador del partido 'Primero Justicia', Carlos Guillermo Arocha; con el ex-embajador de Venezuela ante la UE y miembro del equipo de Manuel Rosales -uno de los principales candidatos de la oposición a Hugo Chávez-, Adolfo Raúl Taylhardat, y con el representante del partido democristiano COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), Euroro González. (http://paginas.pp.es/gppeuropeo/esp/prensa_ext.asp?id=426). Tras el encuentro, celebrarán una rueda de prensa a la que el embajador de Venezuela para la UE, Alejandro Fleming acudió. Por cierto esta es la oposición que según todos los medios lidera el 'socialdemocráta' Rosales.
Plan Europa
La Agencia Bolivariana de Noticias explica que 'fue un fracaso total de esa llamada 'Operación Europa' que había comenzado en Venezuela días antes, con la presencia en el país, de Mayor Oreja, quien asumiendo de manera ilegítima el rol de representante del Parlamento Europeo, intervino groseramente en los asuntos internos del país, apoyando la candidatura de Rosales y criticando abiertamente al proceso revolucionario y al presidente Hugo Chávez Frías'. Evidentemente esto no es noticia en España.
El Plan Europa era el intento de la oposición venezolana de crear una atmósfera propicia en Europa a la movilización contra los resultados electorales. Declaraciones en la prensa, manifestaciones frente a las embajadas y una horda de periódistas sin escrúpulos mintiendo sobre la realidad de venezolana e intentando presentar al pueblo como títeres de supuestos dictadores, esa era la primera fase. En el plan ideado en Caracas y con apoyo del PP, de amplios sectores de la burguesía española y, claro está, de su prensa, tenía varias fases y empezaba con hacer creer en la fraudulencia de las elecciones.
De hecho ese gran demócrata español José María Aznar desde Guatemala declaró que 'Hugo Chávez y Fidel Castro buscan desestabilizar a los gobiernos de Latinoamérica, y que hay un eje Castrochavista dedicado a desestabilizar a muchos países. No se si alcance ahora a Nicaragua con el triunfo del ex guerrillero Daniel Ortega.' (28.11.06 ABN) Raro es que no dijera que ETA estaba detrás del Gobierno de Chávez, ahora el PP desarrollará la teoría que Chávez está detrás de ETA.
Gracias al esfuerzo de la misión diplomática venezolana en Europa y a los miles de simpatizantes de la Revolución el plan se pudo abortar, la estocada final la dio el pueblo venezolana votando en masa por Chávez. Se ganó esta batalla, pero la guerra continúa.
Visita de Mayor-Oreja a Venezuela Globovisión no fue ni corta ni perezosa en anunciar que 'la representación del Partido Popular español no fue recibida por el directorio del Consejo Nacional Electoral durante su visita al organismo' (07.11.2006 JMS Globovision.com). En el mismo articulo este medio pro-golpista dice que 'el representante del Partido Popular español y eurodiputado aseguró que Venezuela requiere una 'amplia, nutrida y profunda observación internacional' porque vive una encrucijada por la libertad. En su opinión, hace falta 'más que nunca' estar pendiente de un proceso que tiene 'muy poco de democrático'. El ex-ministro de Interior en España dijo que Europa no puede estar al margen y en Venezuela no existe una situación normal.' Mayor-Oreja continuó diciendo que no quería inmiscuirse en los asuntos internos.
Todo esto no es más que hipocresía de la más baja calaña cuando el PP utiliza a Venezuela como arma arrojadiza contra el PSOE en un momento de gran crispación social en España, sin mencionar que el Gobierno del PP fue uno de los primeros que reconoció al golpista Carmona como Presidente de Venezuela el día después del golpe en 2002. Venezuela es, sin duda, una espina en la garganta de los representantes políticos naturales de la burguesía española.
Durante la visita a Venezuela un pacto de silencio se desarrolló en la prensa española, lo único que se encontraba era una nota de SODEPAZ diciendo: 'El embajador venezolano en España, Arévalo Méndez, tildó hoy de 'vergonzosa y patética' la actitud del eurodiputado 'popular' Jaime Mayor Oreja y el diputado y del secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, en Venezuela ya que durante su reciente visita a Caracas se presentaron como representantes del Parlamento Europeo. 'Quisieron engrandecer su presencia en Venezuela haciéndose pasar por enviados del Parlamento Europeo, cuando en realidad no son más que voceros de grupos sectarios, conocidos ya en Venezuela por su participación y bendición en el pasado a las maniobras opositoras contra el orden constitucional', destacó Méndez. (http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3675).
En última instancia el PP en Venezuela sufrió una humillante vergüenza, ya que se descubrieron sus verdaderas intenciones. Al intentar hacerse pasar por representantes oficiales del Parlamente Europeo desprestigiando el proceso electoral, cuando sabían que ya había una representación de otros miembros del Parlamento como observadores invitados por la CNE, era algo consciente y planeado, de hecho era parte del plan de acoso a la Revolución Bolivariana. Lo cierto es que el Parlamento Europeo ya tiene una postura lo suficientemente hostil gracias a los cientos de diputados que comparten visión son el señor Oreja, pero aún así este plan iba más allá de la simple confusión, era parte del plan desestabilizador que la oligarquía Venezolana tenía preparado para el 4 de diciembre.
Lo interesante es que la prensa española no se hizo ningún eco de algo que en Venezuela fue portada, tanto la visita de Mayor-Oreja, como el destape del plan de mentiras y calumnias que el PP lideraba. Solamente la Agencia Bolivariana de Noticias y Radio y Televisión Venezolana hicieron eco de semejante notición. Y claro sólo la prensa alternativa (alguna ONG y rebelión.org) denunció la política del PP.
El Grupo de Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica del Parlamento Europeo aclaró en una nota de prensa que el Parlamento Europeo no ha enviado ninguna Delegación Oficial de representantes a Venezuela, y 'durante la última Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos del Parlamento, celebrada el pasado 26 de octubre, se decidió apoyar el proceso electoral venezolano del 3 de diciembre de 2006, y respaldar la organización de una misión de observación electoral de la Unión Europea, en completa cooperación con las instituciones venezolanas' (16.11.2006 RNV Web)
El 3 de diciembre el pueblo venezolano votó masivamente en apoyo a la Revolución Bolivariana y el PP tenía que lanzar algo contra el proceso y 'curiosamente' salió una noticia en el supuesto periódico progresista El País sobre un acuerdo del gobierno Venezolano con 4 presuntos etarras (5.12.2006 El País). Rápidamente, Angel Acebes salió llamando eso 'argucia bananera' y acusando a Chávez de no ser democrático. Así con un ataque frontal cubrían la chapuza que habían realizado en su visita a Venezuela unas semanas antes y recuperaban parte del capital perdido ensuciando el nombre de Venezuela a través de los medios de comunicación oficiales. Por supuesto El País, cuyos intereses coinciden con los del PP, utilizó la casual noticia que de hecho se basaba en un supuesto acuerdo de junio (que nunca tuvo lugar oficialmente) y la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de noviembre. Los editores de El País, en una noticia sin rúbrica, han demostrado no estar del todo al día esperando casi un mes para publicar algo que básicamente es especulación sin base, en un tema que es altamente explosivo, el día después de la victoria electoral de Chávez. El mundo está lleno de coincidencias.
Lo que el PP busca Los intereses de la burguesía española en Venezuela están bastante claros. Intentar por un lado mantener una fachada de tranquilidad con la ocasional preocupación por la inversión dentro del respeto al Gobierno de Venezuela, mientras utilizan todas las palancas posibles por ayudar a la oposición golpista y a la desestabilización contra la Revolución. Hay grandes intereses en juego y las grandes multinacionales españoles (Repsol, Telefónica, BSCH, etc) quieren terminar con lo que se ha convertido en su pesadilla personal: la nacionalización de empresas ocupadas, la nacionalización de recursos naturales, etc.
La visita de Mayor Oreja que ha sido ampliamente aireada en los medios de comunicación venezolanos, incluyendo una extensa entrevista en el abiertamente golpista El Universal, ha tenido un eco casi nulo en la prensa española. Los periódicos y canales de televisión españoles, incluyendo la prensa que supuestamente es progresista han preferido pasar por alto la usurpación de identidad que Mayor Oreja y Moragas han llevado a cabo en Venezuela. En un momento en que directores y editores de medios de comunicación desde la extrema derecha a los 'independientes' y 'progresistas' se llenan la boca con las palabras democracia y libertad para tratar cuestiones como el fin del terrorismo y como no, los sucesos revolucionarios y combativos en toda América Latina que les llenan de pavor y desprecian como 'populismo', una actuación tan bochornosa y tan descaradamente intervencionista es difícil de maquillar. Sin embargo para los medios pro-imperialistas de Venezuela esta visita ha sido ideal para poder mostrar a las menguantes bases de la oposición que hay un apoyo internacional. Sólo hay un pequeño problema y es que se ha tenido que mentir descaradamente para conseguir un poco de eco. No es la primera vez que el imperialismo y los capitalistas venezolanos echan mano de estos trucos y mentiras para esconder lo que realmente está pasando en Venezuela. Y tampoco será la última por eso es necesario que ahora que la Revolución avanza en su lucha contra la burocracia y la corrupción todos estemos alertas contra los ataques externos y los internos.
Pablo Sánchez y Ramón Samblas son miembros de Manos Fuera de Venezuela - Hands Off Venezuela.
Rebelion.org
El Cabildo de Tenerife suspende de empleo y sueldo a un trabajador por ejercer su derecho de expresión
R.A
Fidencia Iglesias vuelve a la carga. Antes de abandonar la política, para regocijo del mundo de la cultura, quiere dejar su sello de inquisidora y mandamás de los museos, dependientes del Cabildo de Tenerife, finiquitando el expediente laboral disciplinario que en su día abriera contra José M. Castellano Gil. Ahora, en un alarde de cinismo, no incluyen el despido en su propuesta dejándola en sólo doce meses de suspensión de empleo y sueldo.
LAS CAUSAS
El expediente no se debe a que el trabajador haga mal su trabajo o a reiteradas faltas de asistencia o por insultar a sus jefes en horas de oficina; no, ha sido, supongo que muchos de ustedes ya se lo saben, por escribir, junto con Ramón Pérez Almodóvar, el libro El paraíso según Adán
En la propuesta de resolución original, la instructora, Consuelo Franco del Castillo, le atribuía al Dr. Castellano Gil la autoría de varios artículos del citado libro y tres “sueltos” aparecidos en la revista Canarias Digital en donde, a juicio de los autores de la pérfida denuncia - Rafael González Antón, Antonio Vela de la Torre y Carmen Dolores Chinea, cuñada del alcalde Miguel Zerolo-, se les ofendía. Ahora, en esta nueva aberración jurídica, no se le adjudica la autoría de los “sueltos” sino que consideran como acto punible también el facilitar su publicación y difundir información que, a su entender, no es veraz.
Excluir el despido en la resolución es un claro ejemplo del retorcido actuar de los dirigentes de los Museos y del Cabildo ya que, lejos de ser un acto de generosidad, es la consumación real del despido, pues existe un acuerdo con los sindicatos para sacar a concurso la plaza que actualmente ocupa, de manera interina, Castellano Gil justo en ese período de suspensión que se le solicita y, por lo tanto, éste no podrá participar. La fecha probable e inusual de los exámenes es mayo de 2007 y el proceso se desarrollará en pleno período electoral. En las bases del concurso-oposición se recoge que el examen consta de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio; el primero consiste en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos por el tribunal. Llama la atención que el supuesto práctico sea elegido por el tribunal, mientras que los otros dos ejercicios se harán por sorteo, sobre todo teniendo en cuenta que la composición del tribunal calificador será designado por resolución de la presidencia del Organismo Autónomo de Museos del Cabildo (OAMC) y será presidido por la misma presidencia –la ínclita Fidencia Iglesias- o persona en quien delegue.
UNA PLAZA CODICIADA
La plaza de Técnico Superior del Museo de Historia de Tenerife, que ocupa José M. Castellano con un largo y esperpéntico discurrir, es muy codiciada. En 2003, sin haberse resuelto un proceso judicial surgido a raíz de una denuncia por acoso laboral presentada por Castellano, la presidenta del OAMC sacó a concurso la plaza. Tras descubrirse que varias personas disponían del temario de la oposición, mucho antes de haberse aprobado sus bases y de su publicación en el Boletín Oficial, Fidencia Iglesias tuvo que dar marcha atrás y retirar el concurso.
A pesar de ello, en febrero de 2006 volvió a la carga y propuso sacar a concurso la oferta de empleo público de 2004, añadiendo la titulación de Filología –titulación que posee su nuera- a las ya reconocidas por la institución. En este sentido, el comité de empresa le respondió textualmente que “… debido a la persistencia de estas circunstancias [la denuncia interpuesta por Castellano], no es aconsejable la celebración de estos procesos selectivos hasta que no concluya el procedimiento judicial en curso, de tal manera que no resulten afectados negativamente los posibles aspirantes a las convocatorias de estas plazas".
COALICIÓN CANARIA, RESPONSABLE
Este acto despótico contra la libertad de expresión trasciende el empecinamiento personal de Fidencia Iglesias y entronca con las formas de gobernar de Coalición Canaria, que ha dado muestras palpables de su desdén por los movimientos sociales –Ley de Iniciativa Popular del Puerto de Granadilla, tendido eléctrico de Vilaflor, etcétera-, arremetiendo contra todos los que se atreven a denunciar con la palabra sus trapacerías. Como muy bien dice José M. Castellano Gil, “esto no es sólo un atentando contra mi vida profesional, laboral o familiar, es un gravísimo ataque a la ciudadanía, a uno de los principios fundamentales del sistema democrático: la libertad de opinión y expresión.” Además, el silencio de los medios los hace cómplices, pero ellos están para eso y para ganar dinerales con las campañas institucionales que graciosamente conceden estos gerifaltes insulares.
Canarias Digital.org
R.A
Fidencia Iglesias vuelve a la carga. Antes de abandonar la política, para regocijo del mundo de la cultura, quiere dejar su sello de inquisidora y mandamás de los museos, dependientes del Cabildo de Tenerife, finiquitando el expediente laboral disciplinario que en su día abriera contra José M. Castellano Gil. Ahora, en un alarde de cinismo, no incluyen el despido en su propuesta dejándola en sólo doce meses de suspensión de empleo y sueldo.
LAS CAUSAS
El expediente no se debe a que el trabajador haga mal su trabajo o a reiteradas faltas de asistencia o por insultar a sus jefes en horas de oficina; no, ha sido, supongo que muchos de ustedes ya se lo saben, por escribir, junto con Ramón Pérez Almodóvar, el libro El paraíso según Adán
En la propuesta de resolución original, la instructora, Consuelo Franco del Castillo, le atribuía al Dr. Castellano Gil la autoría de varios artículos del citado libro y tres “sueltos” aparecidos en la revista Canarias Digital en donde, a juicio de los autores de la pérfida denuncia - Rafael González Antón, Antonio Vela de la Torre y Carmen Dolores Chinea, cuñada del alcalde Miguel Zerolo-, se les ofendía. Ahora, en esta nueva aberración jurídica, no se le adjudica la autoría de los “sueltos” sino que consideran como acto punible también el facilitar su publicación y difundir información que, a su entender, no es veraz.
Excluir el despido en la resolución es un claro ejemplo del retorcido actuar de los dirigentes de los Museos y del Cabildo ya que, lejos de ser un acto de generosidad, es la consumación real del despido, pues existe un acuerdo con los sindicatos para sacar a concurso la plaza que actualmente ocupa, de manera interina, Castellano Gil justo en ese período de suspensión que se le solicita y, por lo tanto, éste no podrá participar. La fecha probable e inusual de los exámenes es mayo de 2007 y el proceso se desarrollará en pleno período electoral. En las bases del concurso-oposición se recoge que el examen consta de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio; el primero consiste en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos por el tribunal. Llama la atención que el supuesto práctico sea elegido por el tribunal, mientras que los otros dos ejercicios se harán por sorteo, sobre todo teniendo en cuenta que la composición del tribunal calificador será designado por resolución de la presidencia del Organismo Autónomo de Museos del Cabildo (OAMC) y será presidido por la misma presidencia –la ínclita Fidencia Iglesias- o persona en quien delegue.
UNA PLAZA CODICIADA
La plaza de Técnico Superior del Museo de Historia de Tenerife, que ocupa José M. Castellano con un largo y esperpéntico discurrir, es muy codiciada. En 2003, sin haberse resuelto un proceso judicial surgido a raíz de una denuncia por acoso laboral presentada por Castellano, la presidenta del OAMC sacó a concurso la plaza. Tras descubrirse que varias personas disponían del temario de la oposición, mucho antes de haberse aprobado sus bases y de su publicación en el Boletín Oficial, Fidencia Iglesias tuvo que dar marcha atrás y retirar el concurso.
A pesar de ello, en febrero de 2006 volvió a la carga y propuso sacar a concurso la oferta de empleo público de 2004, añadiendo la titulación de Filología –titulación que posee su nuera- a las ya reconocidas por la institución. En este sentido, el comité de empresa le respondió textualmente que “… debido a la persistencia de estas circunstancias [la denuncia interpuesta por Castellano], no es aconsejable la celebración de estos procesos selectivos hasta que no concluya el procedimiento judicial en curso, de tal manera que no resulten afectados negativamente los posibles aspirantes a las convocatorias de estas plazas".
COALICIÓN CANARIA, RESPONSABLE
Este acto despótico contra la libertad de expresión trasciende el empecinamiento personal de Fidencia Iglesias y entronca con las formas de gobernar de Coalición Canaria, que ha dado muestras palpables de su desdén por los movimientos sociales –Ley de Iniciativa Popular del Puerto de Granadilla, tendido eléctrico de Vilaflor, etcétera-, arremetiendo contra todos los que se atreven a denunciar con la palabra sus trapacerías. Como muy bien dice José M. Castellano Gil, “esto no es sólo un atentando contra mi vida profesional, laboral o familiar, es un gravísimo ataque a la ciudadanía, a uno de los principios fundamentales del sistema democrático: la libertad de opinión y expresión.” Además, el silencio de los medios los hace cómplices, pero ellos están para eso y para ganar dinerales con las campañas institucionales que graciosamente conceden estos gerifaltes insulares.
Canarias Digital.org
Izquierda Unida Canaria (IUC) afirma que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife regaló a dos empresarios dinero de los contribuyentes, al comprar 9.076 metros cuadrados en Las Teresitas que, según informe pericial de la propia institución, eran dominio público marítimo. Además, las autoridades sabían que ese terreno público se podía ampliar en el futuro. Y, pese a saberlo, compraron un frente de playa cuyo estatus jurídico definitivo aún no estaba fijado. IUC entiende que un acto de esta naturaleza es propio de regímenes dictatoriales. En tal sentido, el alcalde Miguel Zerolo es el gran protagonista de un esperpento bananero.
IUC destaca que la querella de la fiscal Farnés sobre Las Teresitas demuestra que el Estado compró al Estado pagando a dos empresarios. En concreto, IUC afirma que la querella pone de manifiesto que, de los 109.420 metros cuadrados del entorno de la playa comprados por el Ayuntamiento santacrucero, 9.076 metros cuadrados eran propiedad del Estado, puesto que se trataba de dominio público marítimo. Es decir, un órgano del Estado compró a otro órgano del Estado 9.076 metros cuadrados y le pagó por tal compra a dos empresarios.
Es más, añade IUC, la querella advierte que, cuando se determine definitivamente, el dominio marítimo podría suponer 31.159 metros cuadrados y, además, precisamente los de la zona que poseía derechos edificatorios. Es decir, el Ayuntamiento santacrucero compró en el frente de playa de Las Teresitas sin esperar a que se estableciera qué espacios eran privados y susceptibles de venta y cuáles eran públicos e invendibles.
IUC destaca que la querella de la fiscal Farnés sobre Las Teresitas demuestra que el Estado compró al Estado pagando a dos empresarios. En concreto, IUC afirma que la querella pone de manifiesto que, de los 109.420 metros cuadrados del entorno de la playa comprados por el Ayuntamiento santacrucero, 9.076 metros cuadrados eran propiedad del Estado, puesto que se trataba de dominio público marítimo. Es decir, un órgano del Estado compró a otro órgano del Estado 9.076 metros cuadrados y le pagó por tal compra a dos empresarios.
Es más, añade IUC, la querella advierte que, cuando se determine definitivamente, el dominio marítimo podría suponer 31.159 metros cuadrados y, además, precisamente los de la zona que poseía derechos edificatorios. Es decir, el Ayuntamiento santacrucero compró en el frente de playa de Las Teresitas sin esperar a que se estableciera qué espacios eran privados y susceptibles de venta y cuáles eran públicos e invendibles.
José A. Alemán
Los estudiosos tienen, en general, un buen concepto de los mitos. Para Schelling, “un pueblo existe sólo en la medida en que se ha definido en relación a su mitología”. Muchos están de acuerdo con Barth en que el mito “elimina el aislamiento [...], implanta la unanimidad” hasta convertirse, según M. Sagrera, en “la expresión cognoscitiva por excelencia de la unidad social”. Comparte esa idea incluso Huxley, que definió cínicamente la nación como “una sociedad unida por un error común respecto de sus orígenes y una aversión común respecto de sus vecinos”.
Pero los mitos son como el colesterol: los hay buenos y malos. Y entre los segundos figuran los demonológicos, de los que el peor es el de la conspiración mundial de los judíos para hacerse con el planeta.
A escala isleña, se aprecia en el entorno ático, por paralelismo, el culto al mito demonológico del perverso canarión que conspira sin parar contra Tenerife a través de un órgano secretísimo, al que llama “Sanedrín” por inequívoca traslación antisemítica. Curiosamente, los epítetos dedicados a los judíos (astutos, envidiosos, interesados, etcétera) son los que aplica El Día a los grancanarios demoniacos. Ahí se advierte el error y la aversión común de que hablaba Huxley.
Los mitos demonológicos buscan despertar querencias paranoicas. Justo lo que procura ATI al sostener que los implicados de Las Teresitas no lo son porque la fiscal Farnés detectara determinadas circunstancias sino porque los perversos canariones, con López Aguilar de gran rabino, la han instigado a allanar el camino para que Gran Canaria logre hacerse con la capital única de Canarias. Lo han dicho, lo han escrito, lo estamos leyendo.
El préstamo de la demonología antisemita a la causa ática se aprecia hasta en su literalidad. Los falsos Protocolos de los sabios de Sion se quedan chicos ante los del Sanedrín de Vegueta de fines no por más modestos menos malvados.
Los mitos demonológico prosperan, sabrán, cuando se necesita para explicar cambios y contratiempos o para difuminar los propios errores culpando a otros; al enemigo exterior: el canarión en este caso. La pregunta sería qué inquieta o qué tratan de explicar los áticos con su denuncia de las maquinaciones canarionas.
Me da que son los nervios por la pérdida no tanto de la impunidad, que también, como de la posibilidad de manipular a gusto el contenido de documentos (el escrito de la fiscal Farnés mismanente), desde que Internet permite acceder a ellos directamente, sin intermediarios políticos interesados. La sociedad de la información proporciona mayores posibilidades de desenmascarar mandarines y ahí les duele. Pero no saben cómo explicarlo y recurren el mito del perverso canarión asimilado al del enemigo exterior. Habrá que tener paciencia.
Los estudiosos tienen, en general, un buen concepto de los mitos. Para Schelling, “un pueblo existe sólo en la medida en que se ha definido en relación a su mitología”. Muchos están de acuerdo con Barth en que el mito “elimina el aislamiento [...], implanta la unanimidad” hasta convertirse, según M. Sagrera, en “la expresión cognoscitiva por excelencia de la unidad social”. Comparte esa idea incluso Huxley, que definió cínicamente la nación como “una sociedad unida por un error común respecto de sus orígenes y una aversión común respecto de sus vecinos”.
Pero los mitos son como el colesterol: los hay buenos y malos. Y entre los segundos figuran los demonológicos, de los que el peor es el de la conspiración mundial de los judíos para hacerse con el planeta.
A escala isleña, se aprecia en el entorno ático, por paralelismo, el culto al mito demonológico del perverso canarión que conspira sin parar contra Tenerife a través de un órgano secretísimo, al que llama “Sanedrín” por inequívoca traslación antisemítica. Curiosamente, los epítetos dedicados a los judíos (astutos, envidiosos, interesados, etcétera) son los que aplica El Día a los grancanarios demoniacos. Ahí se advierte el error y la aversión común de que hablaba Huxley.
Los mitos demonológicos buscan despertar querencias paranoicas. Justo lo que procura ATI al sostener que los implicados de Las Teresitas no lo son porque la fiscal Farnés detectara determinadas circunstancias sino porque los perversos canariones, con López Aguilar de gran rabino, la han instigado a allanar el camino para que Gran Canaria logre hacerse con la capital única de Canarias. Lo han dicho, lo han escrito, lo estamos leyendo.
El préstamo de la demonología antisemita a la causa ática se aprecia hasta en su literalidad. Los falsos Protocolos de los sabios de Sion se quedan chicos ante los del Sanedrín de Vegueta de fines no por más modestos menos malvados.
Los mitos demonológico prosperan, sabrán, cuando se necesita para explicar cambios y contratiempos o para difuminar los propios errores culpando a otros; al enemigo exterior: el canarión en este caso. La pregunta sería qué inquieta o qué tratan de explicar los áticos con su denuncia de las maquinaciones canarionas.
Me da que son los nervios por la pérdida no tanto de la impunidad, que también, como de la posibilidad de manipular a gusto el contenido de documentos (el escrito de la fiscal Farnés mismanente), desde que Internet permite acceder a ellos directamente, sin intermediarios políticos interesados. La sociedad de la información proporciona mayores posibilidades de desenmascarar mandarines y ahí les duele. Pero no saben cómo explicarlo y recurren el mito del perverso canarión asimilado al del enemigo exterior. Habrá que tener paciencia.
Los intentos de desactivar el hecho de que Miguel Zerolo sea el único alcalde de provincia español con una investigación abierta y otra querella presentada por presuntas corrupciones, motivan que quede la impresión de que el impacto de estas dos noticias sea como escaso, casi nulo.
Así, hasta el mismo alcalde deseaba que se presente la querella para poderse defender, según sus propias palabras. ¿Alguien desea que le presenten una querella?
Otro ejemplo, eso del juicio mediático paralelo. Pecaré de despistado, pero si no me lo cuenta Coalición Canaria, este Ledesma no ve juicio paralelo por ninguna parte. Más voladores para animar la fiesta.
Lo único que de verdad se ve es una querella que arroja más leña al fuego de un asunto que desde el principio desató la polémica, pero con una salvedad. Fue una polémica alimentada en ciertos círculos que sobre todo se propagó a través de internet. Fue una polémica de ciertos opinadores, entre ellos el mismo Andrés Chaves, que no dudó en denunciar varias veces el presunto pelotazo (qué coñazo escribir "presunto" cada dos por tres). Por ahí se cuenta que en la Facultad de Periodismo de la ULL se pasan fotocopias con el antes y el después de las columnas de Chaves sobre Las Teresitas, de denunciar un pelotazo a calificar el asunto como una impecable operación comercial.
Las Teresitas es algo más, es la demostración de que vivimos instalados en un absurdo sistema donde los más listos pueden hacer millones sin mover un músculo. Miren a la famosa promotora, con unas cuantas reuniones y poco más, consiguió un beneficio enorme solo comprando y vendiendo terrenos gracias al sistema especulativo que bulle en España y que es un auténtico paraíso para corruptelas y disparates.
Zerolo incluso midió por el mismo rasero de la especulación inmobiliaria la operación de Las Teresitas para justificar la compra por el ayuntamiento. Craso error. Las Teresitas es otro ejemplo más de que la gestión de suelo en España debe cambiar, es un síntoma más.
¿Su querella? Al tiempo, pero algunos desanimados ya hablan de posibles sobreseimientos cuando los pactos electorales necesiten de un romance entre PSOE y Coalición. No. Si queremos una justicia independiente, debemos confiar en ella a ultranza. De no ser así, solo nos queda la política, y miren cómo está el patio.
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http://jobsinopinion.blogspot.com/
Así, hasta el mismo alcalde deseaba que se presente la querella para poderse defender, según sus propias palabras. ¿Alguien desea que le presenten una querella?
Otro ejemplo, eso del juicio mediático paralelo. Pecaré de despistado, pero si no me lo cuenta Coalición Canaria, este Ledesma no ve juicio paralelo por ninguna parte. Más voladores para animar la fiesta.
Lo único que de verdad se ve es una querella que arroja más leña al fuego de un asunto que desde el principio desató la polémica, pero con una salvedad. Fue una polémica alimentada en ciertos círculos que sobre todo se propagó a través de internet. Fue una polémica de ciertos opinadores, entre ellos el mismo Andrés Chaves, que no dudó en denunciar varias veces el presunto pelotazo (qué coñazo escribir "presunto" cada dos por tres). Por ahí se cuenta que en la Facultad de Periodismo de la ULL se pasan fotocopias con el antes y el después de las columnas de Chaves sobre Las Teresitas, de denunciar un pelotazo a calificar el asunto como una impecable operación comercial.
Las Teresitas es algo más, es la demostración de que vivimos instalados en un absurdo sistema donde los más listos pueden hacer millones sin mover un músculo. Miren a la famosa promotora, con unas cuantas reuniones y poco más, consiguió un beneficio enorme solo comprando y vendiendo terrenos gracias al sistema especulativo que bulle en España y que es un auténtico paraíso para corruptelas y disparates.
Zerolo incluso midió por el mismo rasero de la especulación inmobiliaria la operación de Las Teresitas para justificar la compra por el ayuntamiento. Craso error. Las Teresitas es otro ejemplo más de que la gestión de suelo en España debe cambiar, es un síntoma más.
¿Su querella? Al tiempo, pero algunos desanimados ya hablan de posibles sobreseimientos cuando los pactos electorales necesiten de un romance entre PSOE y Coalición. No. Si queremos una justicia independiente, debemos confiar en ella a ultranza. De no ser así, solo nos queda la política, y miren cómo está el patio.
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Los intentos de desactivar el hecho de que Miguel Zerolo sea el único alcalde de provincia español con una investigación abierta y otra querella presentada por presuntas corrupciones, motivan que quede la impresión de que el impacto de estas dos noticias sea como escaso, casi nulo.
Así, hasta el mismo alcalde deseaba que se presente la querella para poderse defender, según sus propias palabras. ¿Alguien desea que le presenten una querella?
Otro ejemplo, eso del juicio mediático paralelo. Pecaré de despistado, pero si no me lo cuenta Coalición Canaria, este Ledesma no ve juicio paralelo por ninguna parte. Más voladores para animar la fiesta.
Lo único que de verdad se ve es una querella que arroja más leña al fuego de un asunto que desde el principio desató la polémica, pero con una salvedad. Fue una polémica alimentada en ciertos círculos que sobre todo se propagó a través de internet. Fue una polémica de ciertos opinadores, entre ellos el mismo Andrés Chaves, que no dudó en denunciar varias veces el presunto pelotazo (qué coñazo escribir "presunto" cada dos por tres). Por ahí se cuenta que en la Facultad de Periodismo de la ULL se pasan fotocopias con el antes y el después de las columnas de Chaves sobre Las Teresitas, de denunciar un pelotazo a calificar el asunto como una impecable operación comercial.
Las Teresitas es algo más, es la demostración de que vivimos instalados en un absurdo sistema donde los más listos pueden hacer millones sin mover un músculo. Miren a la famosa promotora, con unas cuantas reuniones y poco más, consiguió un beneficio enorme solo comprando y vendiendo terrenos gracias al sistema especulativo que bulle en España y que es un auténtico paraíso para corruptelas y disparates.
Zerolo incluso midió por el mismo rasero de la especulación inmobiliaria la operación de Las Teresitas para justificar la compra por el ayuntamiento. Craso error. Las Teresitas es otro ejemplo más de que la gestión de suelo en España debe cambiar, es un síntoma más.
¿Su querella? Al tiempo, pero algunos desanimados ya hablan de posibles sobreseimientos cuando los pactos electorales necesiten de un romance entre PSOE y Coalición. No. Si queremos una justicia independiente, debemos confiar en ella a ultranza. De no ser así, solo nos queda la política, y miren cómo está el patio.
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Así, hasta el mismo alcalde deseaba que se presente la querella para poderse defender, según sus propias palabras. ¿Alguien desea que le presenten una querella?
Otro ejemplo, eso del juicio mediático paralelo. Pecaré de despistado, pero si no me lo cuenta Coalición Canaria, este Ledesma no ve juicio paralelo por ninguna parte. Más voladores para animar la fiesta.
Lo único que de verdad se ve es una querella que arroja más leña al fuego de un asunto que desde el principio desató la polémica, pero con una salvedad. Fue una polémica alimentada en ciertos círculos que sobre todo se propagó a través de internet. Fue una polémica de ciertos opinadores, entre ellos el mismo Andrés Chaves, que no dudó en denunciar varias veces el presunto pelotazo (qué coñazo escribir "presunto" cada dos por tres). Por ahí se cuenta que en la Facultad de Periodismo de la ULL se pasan fotocopias con el antes y el después de las columnas de Chaves sobre Las Teresitas, de denunciar un pelotazo a calificar el asunto como una impecable operación comercial.
Las Teresitas es algo más, es la demostración de que vivimos instalados en un absurdo sistema donde los más listos pueden hacer millones sin mover un músculo. Miren a la famosa promotora, con unas cuantas reuniones y poco más, consiguió un beneficio enorme solo comprando y vendiendo terrenos gracias al sistema especulativo que bulle en España y que es un auténtico paraíso para corruptelas y disparates.
Zerolo incluso midió por el mismo rasero de la especulación inmobiliaria la operación de Las Teresitas para justificar la compra por el ayuntamiento. Craso error. Las Teresitas es otro ejemplo más de que la gestión de suelo en España debe cambiar, es un síntoma más.
¿Su querella? Al tiempo, pero algunos desanimados ya hablan de posibles sobreseimientos cuando los pactos electorales necesiten de un romance entre PSOE y Coalición. No. Si queremos una justicia independiente, debemos confiar en ella a ultranza. De no ser así, solo nos queda la política, y miren cómo está el patio.
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Mientras se hace el silencio oficial en ATI tras la lectura de la rotunda querella de la fiscal por el caso de Las Teresitas, se ha activado la jaula de grillos que siempre fue la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife. Parece comprobado que aquella famosa leyenda según la cual el PSC estaba destrozado en Gran Canaria y gozaba de extraordinaria salud en Tenerife era un absoluto espejismo. Lo que venía ocurriendo no era otra cosa que el fiel reflejo de lo que es la politica tienrfeña: pura fachada, puro quedar bien con la galería, puro contribuir un poco más a la confusión entre progreso y papanatismo. La salida de este jueves de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife defendiendo el convenio de Las Teresitas puede explicarse como un intento de salvar la cara a Emilio Fresco, pero mucho nos tememos que van a conseguir el efecto contrario porque lo que más conviene ahora mismo al ex portavoz socialista es quedarse quieto y esperar a ver cómo se resuelve la investigación. Desde luego, tras la simple lectura de la querella, no parece que sea el que más tenga que temer. Salvo que el secretario general del PSC santacrucero, Florentino Guzmán, sepa más que nadie o sea un irresponsable de marca mayor.
El acuerdo de octubre de 2001
Emilio Fresco. Porque si hablamos del PSC y de Las Teresitas, siempre sale perdiendo la Agrupación Local de Santa Cruz de Tenerife, que desde el principio no hizo otra cosa que instalarse por su cuenta y ponerse a defender unos intereses camuflados como generales pero cuanto menos, dudosos. Porque si es plenamente soberano el secretario general, Florentino Guzmán, para sacarse ahora un acuerdo de su ejecutiva local, más plenipotenciario es el Comité Insular del PSC Tinerfeño, que en su reunión del 6 de octubre de 2001 adoptó, entre otros acuerdos, una resolución sobre el convenio de la playa de Las Teresitas que invalidaba por completo la decisión de los socialistas santacruceros. Básicamente, ese acuerdo venía a decir que aquel convenio servía a ATI para encubrir "una operación especulativa", por lo que se decidió oponerse a cualquier operación que no pasara por la devolución del frente de la playa al pueblo de Santa Cruz, frente a la postura de los insularistas, "que siempre han sido favorables a la edificación en el frente de playa". Este choque entre Ejecutiva Insular y Ejecutiva Local le costó a Emilio Fresco su dimisión como portavoz municipal y poco después la secretaría insular a Santiago Pérez. Cinco años después, el primero aparece denunciado por la fiscalía y el segundo respaldado en sus argumentos. Cosas del lento pero inexorable caminar del tiempo. Y Florentino Guzmán haciendo de cantamañanas.
Top Secret. Canarias Ahora.com
El acuerdo de octubre de 2001
Emilio Fresco. Porque si hablamos del PSC y de Las Teresitas, siempre sale perdiendo la Agrupación Local de Santa Cruz de Tenerife, que desde el principio no hizo otra cosa que instalarse por su cuenta y ponerse a defender unos intereses camuflados como generales pero cuanto menos, dudosos. Porque si es plenamente soberano el secretario general, Florentino Guzmán, para sacarse ahora un acuerdo de su ejecutiva local, más plenipotenciario es el Comité Insular del PSC Tinerfeño, que en su reunión del 6 de octubre de 2001 adoptó, entre otros acuerdos, una resolución sobre el convenio de la playa de Las Teresitas que invalidaba por completo la decisión de los socialistas santacruceros. Básicamente, ese acuerdo venía a decir que aquel convenio servía a ATI para encubrir "una operación especulativa", por lo que se decidió oponerse a cualquier operación que no pasara por la devolución del frente de la playa al pueblo de Santa Cruz, frente a la postura de los insularistas, "que siempre han sido favorables a la edificación en el frente de playa". Este choque entre Ejecutiva Insular y Ejecutiva Local le costó a Emilio Fresco su dimisión como portavoz municipal y poco después la secretaría insular a Santiago Pérez. Cinco años después, el primero aparece denunciado por la fiscalía y el segundo respaldado en sus argumentos. Cosas del lento pero inexorable caminar del tiempo. Y Florentino Guzmán haciendo de cantamañanas.
Top Secret. Canarias Ahora.com
Fidel Campo Sánchez
A veces estamos pensando por lo pésimamente que funciona esta sociedad, que debemos tomar referencias revolucionarios y anarquistas, como las de aquel francmasón ruso conocido por Mijail Bakunin, un demócrata romántico que allá por el año 1848 emprendió un movimiento de agitación creando la Federación Jurasiana, germen del anarquismo o la ausencia de toda organización de Estado para subvertir el orden social, que aunque tal como está funcionando el actual sistema político pudiera no ser una utopía su liquidación para dar con el final de esa partitocracia corrupta y cínica que estamos sufriendo.
La política actual, vive instalada en el más absoluto cinismo. Se ha vuelto al pragmatismo y una cosa es la que se pueda pensar ideológicamente y otra, bien distinta la que se hace. Todos aquellos que conocen el precio de todas las cosas y el valor de ninguna se mueven en lo cínico que está lleno de contradicciones. Lo que hoy se critica acaloradamente, mañana se defiende con ardor, lo importante es el momento, es el éxito y el triunfo, es el vértigo de la fugacidad, la revolución de la urgencia. Personas así se vuelven frías, sarcásticas, maniqueístas y algo maquiavélicas e insensibles. Son los desvergonzados que actúan con descaro y adornan su conducta con la mística de la nada y que al producirse la pérdida de todos los referentes morales nos lleva a luchar por:
1.- Frente al cinismo defender la coherencia ideológica.
2.- Ante el todo vale apostar firmemente por valores morales frente a la inmoralidad política que vivimos, en notables ausencias de la ética política
3.- Huir de la idolatría del dinero que trae el “poder” de la corrupción política.
Los últimos acontecimientos de presuntas corrupciones en estas ínsulas nos lleva a reflexionar ya que en Telde, Las Palmas y últimamente en Santa Cruz posiblemente suponga el comienzo de la apertura de un gran melón que dejara chiquita la corrupción en Marbella, cuando se abran las recalificaciones de Las Teresitas o algo de olor a putrefacto en una recalificación San Miguel, concretamente terrenos de un preboste ático, lindando con Amarilla Golf.
Las firmes actuaciones de los jueces y fiscales de los que a priori no hay que juzgar, sino a los presuntos delincuentes cual pudiera ser el caso que se está investigando en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, iniciado por ese juez estrella que es Garzón, nos están trayendo claridad y posibilidades de acabar con esos estatus que, en principio, nosotros consideramos como fueros especiales y antidemocráticos, pues, las leyes que los protegen y hacen diferentes a los dueños de la finca, el pueblo soberano, nos lleva a pensar en aquel anarquismo de Mijail Bakunin de principios del siglo XIX, como medida revolucionaria. No consideramos comprensible que la fuerza de un Estado democrático se base en hacer leyes para proteger a los políticos frente al común de los ciudadanos, los que por delegación popular administran la cosa pública.
Las iniquidades político económicas en las que han sumido a esta nacionalidad en las que subyacen vulneraciones de las leyes, cohechos y corrupciones de todo tipo, en los que, al parecer, están inmersos los de la logia del paraíso de Adán, en esa Marina de San Andrés para, claramente perjudicar el Puerto de Santa Cruz en benefició de indecentes inversiones en terrenos del Médano que pudieron contar con información privilegiada respecto al proyecto de ese Puerto de Granadilla. Nos encontramos en estas presuntas irregularidades con don Miguel Zerolo, alcalde chicha, algunos asesores de su confianza, algún que otro presidente de AA.VV y el muy poco comprendido y nada querido Suárez Trenor, presidente de la mal llamada autoridad portuaria, quienes inauditamente vemos rasgarse las vestiduras por presuntas implicaciones delictivas y no comprender que, con más razón que a cualquier hijo de vecino, es lógico que les impliquen en el affaire, directa o subsidiariamente.
Y como nosotros estamos convencidos que vivimos una grave pandemia de corrupción, es obvio que no dejemos atrás a los de la logia rosa del PSC, como al gran gurú de la secta de los morrudistas, Fray Miguel de la Escalona, con representación política en Adeje, donde entre muchas lindezas se le implica en la recalificación de terrenos, con calle asfaltada a costa del erario público donde, además, tiene instalado un templo y la mansión de la hermanísima aparte de que, presuntamente, se le ha considerado como protector de mafias de todo tipo, entre otros de un tal Palmer, hoy en prisiones del Reino Unido.
De todo lo sucintamente expuesto llegamos a la siguiente conclusión:
a.- Que la ley electoral es chanchullera en clara dirección al bipartidismo españolista que hace daño a los nacionalismos (soberanismos) y por ende a la nacionalidad Canaria que es la que más nos importa.
b.- Que hasta tanto no tengamos opción de elegir personas y no listas impuestas por la partitocracia, se seguirá alimentando el crecimiento de esa neo oligarquía canaria con más resabios que sus antepasados.
c.- Que dada la lacerante corrupción el abstencionismo alcanzará el mayo de el 2007 cotas muy preocupantes para la Democracia habida cuenta de interpretaciones involucionistas.
d.- Que es de imperiosa necesidad y de limpieza democrática un cambio radical que permita la entrada en política de nuevas personas en las que por sus sensibilidades especiales se haga notar el elemento revulsivo de muchas Sécolene Royal que junto con varones de limpieza moral y no implicados en política, puedan dar un vuelco definitivo a las políticas corruptas que estamos sufriendo. En resumen que sea el pueblo, mediante listas abiertas y no los partidos políticos quienes elijan sus candidatos.
En definitiva, lo que debe primar, es una auténtica regeneración política que en primer lugar acabe con esta penosa pandemia de corrupción que induzca a actuaciones judiciales rápidas y contundentes para que el electorado recupere la confianza perdida y la soberanidad, que es su patrimonio más preciado y que se le ha arrebatado por presuntos delincuentes que han ostentado el “poder” político y económico en su beneficio, contribuyendo a la globalización de la miseria y a la aparición de una nueva esclavitud en detrimento del derecho al trabajo de los autóctonos.
A veces estamos pensando por lo pésimamente que funciona esta sociedad, que debemos tomar referencias revolucionarios y anarquistas, como las de aquel francmasón ruso conocido por Mijail Bakunin, un demócrata romántico que allá por el año 1848 emprendió un movimiento de agitación creando la Federación Jurasiana, germen del anarquismo o la ausencia de toda organización de Estado para subvertir el orden social, que aunque tal como está funcionando el actual sistema político pudiera no ser una utopía su liquidación para dar con el final de esa partitocracia corrupta y cínica que estamos sufriendo.
La política actual, vive instalada en el más absoluto cinismo. Se ha vuelto al pragmatismo y una cosa es la que se pueda pensar ideológicamente y otra, bien distinta la que se hace. Todos aquellos que conocen el precio de todas las cosas y el valor de ninguna se mueven en lo cínico que está lleno de contradicciones. Lo que hoy se critica acaloradamente, mañana se defiende con ardor, lo importante es el momento, es el éxito y el triunfo, es el vértigo de la fugacidad, la revolución de la urgencia. Personas así se vuelven frías, sarcásticas, maniqueístas y algo maquiavélicas e insensibles. Son los desvergonzados que actúan con descaro y adornan su conducta con la mística de la nada y que al producirse la pérdida de todos los referentes morales nos lleva a luchar por:
1.- Frente al cinismo defender la coherencia ideológica.
2.- Ante el todo vale apostar firmemente por valores morales frente a la inmoralidad política que vivimos, en notables ausencias de la ética política
3.- Huir de la idolatría del dinero que trae el “poder” de la corrupción política.
Los últimos acontecimientos de presuntas corrupciones en estas ínsulas nos lleva a reflexionar ya que en Telde, Las Palmas y últimamente en Santa Cruz posiblemente suponga el comienzo de la apertura de un gran melón que dejara chiquita la corrupción en Marbella, cuando se abran las recalificaciones de Las Teresitas o algo de olor a putrefacto en una recalificación San Miguel, concretamente terrenos de un preboste ático, lindando con Amarilla Golf.
Las firmes actuaciones de los jueces y fiscales de los que a priori no hay que juzgar, sino a los presuntos delincuentes cual pudiera ser el caso que se está investigando en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, iniciado por ese juez estrella que es Garzón, nos están trayendo claridad y posibilidades de acabar con esos estatus que, en principio, nosotros consideramos como fueros especiales y antidemocráticos, pues, las leyes que los protegen y hacen diferentes a los dueños de la finca, el pueblo soberano, nos lleva a pensar en aquel anarquismo de Mijail Bakunin de principios del siglo XIX, como medida revolucionaria. No consideramos comprensible que la fuerza de un Estado democrático se base en hacer leyes para proteger a los políticos frente al común de los ciudadanos, los que por delegación popular administran la cosa pública.
Las iniquidades político económicas en las que han sumido a esta nacionalidad en las que subyacen vulneraciones de las leyes, cohechos y corrupciones de todo tipo, en los que, al parecer, están inmersos los de la logia del paraíso de Adán, en esa Marina de San Andrés para, claramente perjudicar el Puerto de Santa Cruz en benefició de indecentes inversiones en terrenos del Médano que pudieron contar con información privilegiada respecto al proyecto de ese Puerto de Granadilla. Nos encontramos en estas presuntas irregularidades con don Miguel Zerolo, alcalde chicha, algunos asesores de su confianza, algún que otro presidente de AA.VV y el muy poco comprendido y nada querido Suárez Trenor, presidente de la mal llamada autoridad portuaria, quienes inauditamente vemos rasgarse las vestiduras por presuntas implicaciones delictivas y no comprender que, con más razón que a cualquier hijo de vecino, es lógico que les impliquen en el affaire, directa o subsidiariamente.
Y como nosotros estamos convencidos que vivimos una grave pandemia de corrupción, es obvio que no dejemos atrás a los de la logia rosa del PSC, como al gran gurú de la secta de los morrudistas, Fray Miguel de la Escalona, con representación política en Adeje, donde entre muchas lindezas se le implica en la recalificación de terrenos, con calle asfaltada a costa del erario público donde, además, tiene instalado un templo y la mansión de la hermanísima aparte de que, presuntamente, se le ha considerado como protector de mafias de todo tipo, entre otros de un tal Palmer, hoy en prisiones del Reino Unido.
De todo lo sucintamente expuesto llegamos a la siguiente conclusión:
a.- Que la ley electoral es chanchullera en clara dirección al bipartidismo españolista que hace daño a los nacionalismos (soberanismos) y por ende a la nacionalidad Canaria que es la que más nos importa.
b.- Que hasta tanto no tengamos opción de elegir personas y no listas impuestas por la partitocracia, se seguirá alimentando el crecimiento de esa neo oligarquía canaria con más resabios que sus antepasados.
c.- Que dada la lacerante corrupción el abstencionismo alcanzará el mayo de el 2007 cotas muy preocupantes para la Democracia habida cuenta de interpretaciones involucionistas.
d.- Que es de imperiosa necesidad y de limpieza democrática un cambio radical que permita la entrada en política de nuevas personas en las que por sus sensibilidades especiales se haga notar el elemento revulsivo de muchas Sécolene Royal que junto con varones de limpieza moral y no implicados en política, puedan dar un vuelco definitivo a las políticas corruptas que estamos sufriendo. En resumen que sea el pueblo, mediante listas abiertas y no los partidos políticos quienes elijan sus candidatos.
En definitiva, lo que debe primar, es una auténtica regeneración política que en primer lugar acabe con esta penosa pandemia de corrupción que induzca a actuaciones judiciales rápidas y contundentes para que el electorado recupere la confianza perdida y la soberanidad, que es su patrimonio más preciado y que se le ha arrebatado por presuntos delincuentes que han ostentado el “poder” político y económico en su beneficio, contribuyendo a la globalización de la miseria y a la aparición de una nueva esclavitud en detrimento del derecho al trabajo de los autóctonos.
Francisco Pomares
Ya conocen la unánime decisión del Cabildo tinerfeño de proponer al intrépido editorialista y sin par medallista como Premio Canarias de Comunicación. Resulta que ese Premio, según la ley que lo regula, "será concedido a aquellas personas o entidades cuya labor haya contribuido... ...a divulgar los valores propios de nuestra Comunidad Autónoma". Ahí es nada, qué adecuado: como si la Asociación Rabínica propusiera premiar al doctor Menguele.
Nuestro agreste cazador de canariones, moros y negros de diferente tamaño y pelaje se ha hecho merecedor en los últimos años de un sinfín de reconocimientos, placas, medallas y distinciones. La lista completa, incluyendo el diploma del club de ping-pong de Candelaria, ronda todavía por la Web, para mayor gloria de este patricio híbrido del Mr. Scrooge dickensiano y el pérfido señor Burns de los Simpson.
Y digo yo que aunque muchos nos hayamos acostumbrado a que se trabaje los premios con el mismo entusiasmo con el que da codazos para salir al lado de los famosos en las fotos o para sentarse a la diestra de quien sea en los ágapes, eso no debiera justificar ni la cobardía ni el silencio. Porque si hay alguien que no merece un Premio Canarias es precisamente quien anda empeñado en cruzadas tan peregrinas como la de quitarle a Gran Canaria el Gran, o se prodiga en gestos de particular buen gusto, como calificar editorialmente a los gcanarios de "ratas que muerden y soplan" (sic), o -ya en lo humanitario- defendió militante la marcha racista que contaminó las calles chicharreras.
José Rodríguez es alguien conocido en Tenerife. Y eso a pesar de que sus editoriales no los lee nadie, no lucen mucho más que sus comportamientos y sus titulares, a veces zafios y a veces directamente ridículos, actitudes y estilos que no soporta ni su sufrido personal de redacción. Él contesta a los de dentro con presiones feudales, y a los de fuera alegando estratosféricas difusiones logradas multiplicando por diez cada uno de sus periódicos vendidos, y vociferando cual Franco subido a la peña que cualquier ataque a él es un ataque a Tenerife. Su vesania y salvajismo en el insulto a quienes disienten de su patriótica forma de entender el mundo como sucursal de su patio de Monipodio es proverbial.
Pero el hombre goza de una suerte de impunidad social. Una impunidad que no es fruto del respeto a su provecta ancianidad, sino del interés de parte de la dirigencia tinerfeña por tener de compañero de viaje a alguien tan blando y servil con ellos, alguien que es capaz de ponerse al servicio de lo que sea, a cambio de una croqueta preferente en un cóctel, una mención honorífica o una placa distinguida.
Entre los que quieren una prensa mansa y sumisa, y la cobardía de los que no son nunca invitados al banquete concertado entre el poder y su medio predilecto -pero aspiran a serlo-, se urden unanimidades tan bochornosas como la del Cabildo tinerfeño. Una pequeñita vergüenza.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 22-12-06
Ya conocen la unánime decisión del Cabildo tinerfeño de proponer al intrépido editorialista y sin par medallista como Premio Canarias de Comunicación. Resulta que ese Premio, según la ley que lo regula, "será concedido a aquellas personas o entidades cuya labor haya contribuido... ...a divulgar los valores propios de nuestra Comunidad Autónoma". Ahí es nada, qué adecuado: como si la Asociación Rabínica propusiera premiar al doctor Menguele.
Nuestro agreste cazador de canariones, moros y negros de diferente tamaño y pelaje se ha hecho merecedor en los últimos años de un sinfín de reconocimientos, placas, medallas y distinciones. La lista completa, incluyendo el diploma del club de ping-pong de Candelaria, ronda todavía por la Web, para mayor gloria de este patricio híbrido del Mr. Scrooge dickensiano y el pérfido señor Burns de los Simpson.
Y digo yo que aunque muchos nos hayamos acostumbrado a que se trabaje los premios con el mismo entusiasmo con el que da codazos para salir al lado de los famosos en las fotos o para sentarse a la diestra de quien sea en los ágapes, eso no debiera justificar ni la cobardía ni el silencio. Porque si hay alguien que no merece un Premio Canarias es precisamente quien anda empeñado en cruzadas tan peregrinas como la de quitarle a Gran Canaria el Gran, o se prodiga en gestos de particular buen gusto, como calificar editorialmente a los gcanarios de "ratas que muerden y soplan" (sic), o -ya en lo humanitario- defendió militante la marcha racista que contaminó las calles chicharreras.
José Rodríguez es alguien conocido en Tenerife. Y eso a pesar de que sus editoriales no los lee nadie, no lucen mucho más que sus comportamientos y sus titulares, a veces zafios y a veces directamente ridículos, actitudes y estilos que no soporta ni su sufrido personal de redacción. Él contesta a los de dentro con presiones feudales, y a los de fuera alegando estratosféricas difusiones logradas multiplicando por diez cada uno de sus periódicos vendidos, y vociferando cual Franco subido a la peña que cualquier ataque a él es un ataque a Tenerife. Su vesania y salvajismo en el insulto a quienes disienten de su patriótica forma de entender el mundo como sucursal de su patio de Monipodio es proverbial.
Pero el hombre goza de una suerte de impunidad social. Una impunidad que no es fruto del respeto a su provecta ancianidad, sino del interés de parte de la dirigencia tinerfeña por tener de compañero de viaje a alguien tan blando y servil con ellos, alguien que es capaz de ponerse al servicio de lo que sea, a cambio de una croqueta preferente en un cóctel, una mención honorífica o una placa distinguida.
Entre los que quieren una prensa mansa y sumisa, y la cobardía de los que no son nunca invitados al banquete concertado entre el poder y su medio predilecto -pero aspiran a serlo-, se urden unanimidades tan bochornosas como la del Cabildo tinerfeño. Una pequeñita vergüenza.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 22-12-06
EFE. Santa Cruz de Tenerife
Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife rechazó este jueves la propuesta socialista de convocar un pleno extraordinario para hablar de los casos de presunta corrupción política en la isla, porque ''esta petición sólo pretende crear más confusión y llenar de fango la vida política''.
En un comunicado, el portavoz de CC en el Cabildo, José Manuel Bermúdez, acusó al PSOE de pretender "sacar rédito político de los recientes acontecimientos judiciales", en referencia a la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el caso de Las Teresitas contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, los ex portavoces municipales de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
Bermúdez subraya que ni siquiera el PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un pleno monográfico sobre este asunto.
El presidente del grupo socialista en el Cabildo, Antonio Martinón, "intenta inmiscuirse en este tema con la única finalidad de sacar tajada política de manera vergonzante y lamentable", en opinión de CC.
"Es el PSOE el que no respeta al pueblo de Tenerife y son sus miembros, enfrascados más que nadie en asuntos de corrupción, los que no pueden ni debe dar lecciones de dignidad puesto que la gente tiene memoria", sostuvo el representante de CC.
Para Coalición Canaria, la Fiscalía "ha sido utilizada de manera interesada para atacar a otros partidos aprovechando la cercanía de las elecciones".
Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife rechazó este jueves la propuesta socialista de convocar un pleno extraordinario para hablar de los casos de presunta corrupción política en la isla, porque ''esta petición sólo pretende crear más confusión y llenar de fango la vida política''.
En un comunicado, el portavoz de CC en el Cabildo, José Manuel Bermúdez, acusó al PSOE de pretender "sacar rédito político de los recientes acontecimientos judiciales", en referencia a la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el caso de Las Teresitas contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, los ex portavoces municipales de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
Bermúdez subraya que ni siquiera el PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un pleno monográfico sobre este asunto.
El presidente del grupo socialista en el Cabildo, Antonio Martinón, "intenta inmiscuirse en este tema con la única finalidad de sacar tajada política de manera vergonzante y lamentable", en opinión de CC.
"Es el PSOE el que no respeta al pueblo de Tenerife y son sus miembros, enfrascados más que nadie en asuntos de corrupción, los que no pueden ni debe dar lecciones de dignidad puesto que la gente tiene memoria", sostuvo el representante de CC.
Para Coalición Canaria, la Fiscalía "ha sido utilizada de manera interesada para atacar a otros partidos aprovechando la cercanía de las elecciones".
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha formulado un escrito de acusación contra todos los implicados en el CASO TEYMA, en el que destaca la petición de prisión de UN AÑO Y TRES MESES, E INHABILITACIÓ ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE OCHO AÑOS, para Carlos Sánchez, actual consejero del Partido Popular, en el Cabildo de Gran Canaria, por un delito de prevarcicación urbanística comtemplado en el artículo 320.2 del Código Penal.
La denuncia, que en su día presentaron los miembros de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Brígida, Antonio Ramírez (PSC-PSOE) y Amalia Bosch (LOS VERDES), junto al Seprona y a la propia Fiscalía, tiene que ver con la ocupación de terreno rústico por parte de la promotora con la connivencia de los diferentes imputados para los que la Fiscalía pide diferentes penas.
Entre los imputados se encuentran, el propio Carlos Sánchez. la empresa Teyma Canais, s.l., el Ayuntamiento de Santa Brígida, José María Lupiola Gómez, Juan Manuel Delgado Behencourt, Domingo Santana Quintana, entre otros.
A Carlos Sánchez, la Ficalía le acusa de no haber iniciado el procedimiento administrativo de revisión de la validez de la licencia otorgada ni de suspender ni precintar las obras a pesar de conocer que, al menos cinco viviendas de la promoción, estaban sobre suelo rústico.
Carlos Sánchez era en ese momento concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida.
La denuncia, que en su día presentaron los miembros de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Brígida, Antonio Ramírez (PSC-PSOE) y Amalia Bosch (LOS VERDES), junto al Seprona y a la propia Fiscalía, tiene que ver con la ocupación de terreno rústico por parte de la promotora con la connivencia de los diferentes imputados para los que la Fiscalía pide diferentes penas.
Entre los imputados se encuentran, el propio Carlos Sánchez. la empresa Teyma Canais, s.l., el Ayuntamiento de Santa Brígida, José María Lupiola Gómez, Juan Manuel Delgado Behencourt, Domingo Santana Quintana, entre otros.
A Carlos Sánchez, la Ficalía le acusa de no haber iniciado el procedimiento administrativo de revisión de la validez de la licencia otorgada ni de suspender ni precintar las obras a pesar de conocer que, al menos cinco viviendas de la promoción, estaban sobre suelo rústico.
Carlos Sánchez era en ese momento concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida.
El político Dimás Martín deberá ingresar mañana en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, para cumplir una condena de 8 años por delitos de malversación y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise en los años noventa.
Fuentes judiciales informaron de que mañana a las 24 horas se cumple el plazo para su ingreso después de que le fuera notificada la sentencia de la Audiencia de Las Palmas el pasado día 2 de diciembre por un juzgado de Arrecife, una vez que el Tribunal Supremo desestimó aclarar los recursos que presentó y que fueron denegados.
Dimas Martín ha anunciado que ingresará voluntariamente en el centro de Tahíche, en el que entra por cuarta vez, y es previsible que lo haga por la tarde, según fuente próximas al político lanzaroteño.
La condena impone a Martín, que es el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote y ha sido, además de alcalde de Teguise, presidente del Cabildo lanzaroteño, parlamentario regional y senador, una pena de "inhabilitación absoluta durante 15 años".
En la primera ocasión que fue a la cárcel lo hizo por un delito de falsedad relacionado con un asunto particular en su época como empresario; en la segunda, en 1998, fue por una condena de seis meses por un delito de desobediencia cometido entre los años 1990 y 1991 cuando ya era alcalde, mientras que la tercera fue en enero de 2004 por cohecho, por la compra de un voto a un concejal.
La Audiencia Provincial de Las Palmas denegó recientemente al político lanzaroteño Dimas Martín un plazo adicional de quince días para retrasar su ingreso en prisión por esta condena.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arrecife también le ha requerido para que pague las multas e indemnizaciones a las que ha sido condenado.
La Audiencia de Las Palmas condenó a Dimas Martín, ex presidente del Cabildo de Lanzarote, a seis años y a inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años como consecuencia de un delito de malversación de caudales públicos, mientras que fue absuelto de defraudación del impuesto de sociedades, falsificación de documentos mercantiles y estafa.
El tribunal le condenó también por fraude a la Hacienda Pública a un año de prisión y a pagar una multa de 2,4 millones de euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años.
Asimismo, fue condenado a otro año de prisión y a abonar otra multa de cerca de un millón de euros por el delito cometido contra la Seguridad Social, por el que además también perdía por otros tres años la posibilidad de gozar de subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros del Complejo Agroindustrial, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994, y que se creó a iniciativa suya para comercializar la producción agrícola de la isla.
Fuentes judiciales informaron de que mañana a las 24 horas se cumple el plazo para su ingreso después de que le fuera notificada la sentencia de la Audiencia de Las Palmas el pasado día 2 de diciembre por un juzgado de Arrecife, una vez que el Tribunal Supremo desestimó aclarar los recursos que presentó y que fueron denegados.
Dimas Martín ha anunciado que ingresará voluntariamente en el centro de Tahíche, en el que entra por cuarta vez, y es previsible que lo haga por la tarde, según fuente próximas al político lanzaroteño.
La condena impone a Martín, que es el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote y ha sido, además de alcalde de Teguise, presidente del Cabildo lanzaroteño, parlamentario regional y senador, una pena de "inhabilitación absoluta durante 15 años".
En la primera ocasión que fue a la cárcel lo hizo por un delito de falsedad relacionado con un asunto particular en su época como empresario; en la segunda, en 1998, fue por una condena de seis meses por un delito de desobediencia cometido entre los años 1990 y 1991 cuando ya era alcalde, mientras que la tercera fue en enero de 2004 por cohecho, por la compra de un voto a un concejal.
La Audiencia Provincial de Las Palmas denegó recientemente al político lanzaroteño Dimas Martín un plazo adicional de quince días para retrasar su ingreso en prisión por esta condena.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arrecife también le ha requerido para que pague las multas e indemnizaciones a las que ha sido condenado.
La Audiencia de Las Palmas condenó a Dimas Martín, ex presidente del Cabildo de Lanzarote, a seis años y a inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años como consecuencia de un delito de malversación de caudales públicos, mientras que fue absuelto de defraudación del impuesto de sociedades, falsificación de documentos mercantiles y estafa.
El tribunal le condenó también por fraude a la Hacienda Pública a un año de prisión y a pagar una multa de 2,4 millones de euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años.
Asimismo, fue condenado a otro año de prisión y a abonar otra multa de cerca de un millón de euros por el delito cometido contra la Seguridad Social, por el que además también perdía por otros tres años la posibilidad de gozar de subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros del Complejo Agroindustrial, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994, y que se creó a iniciativa suya para comercializar la producción agrícola de la isla.
CANARIAS AHORA Las Palmas de Gran Canaria
La Guardia Civil ha procedido la mañana de este jueves a registrar la sede de la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Telde por una investigación relativa a la concesión de la licencia de taxis.
La acción policial, cuyo alcance se desconoce por el momento, ha consistido en la solicitud de expedientes relativos a las licencias de taxis que han sido fotocopiados por los agentes intervinientes.
(Habrá ampliación)
La Guardia Civil ha procedido la mañana de este jueves a registrar la sede de la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Telde por una investigación relativa a la concesión de la licencia de taxis.
La acción policial, cuyo alcance se desconoce por el momento, ha consistido en la solicitud de expedientes relativos a las licencias de taxis que han sido fotocopiados por los agentes intervinientes.
(Habrá ampliación)
La juez de guardia de Telde, Nuria Arencibia, ordenó este miércoles la inspección de la nueva sede del Partido Popular en este municipio. A última hora de la mañana, una comisión judicial se personó en las dependencias del grupo popular local con la intención de verificar el estado de determinadas obras y materiales, que presuntamente pueden haber sido financiados por empresarios afines al partido.
Según fuentes cercanas a la investigación, la orden de la juez se enmarca en el proceso de instrucción de la supuesta trama de corrupción político-empresarial denominada operación Faycán. Fue Antonio Uche, la persona que, en nombre del Partido Popular, abrió las puertas de las dependencias del partido en la zona de Arnao.
En la revisión del interior del inmueble intervinieron la secretaria judicial, dos agentes de la Policía Nacional y otros dos de la Policía Científica, quienes se encargaron de fotografiar y grabar en vídeo el mobiliario. Todos ellos entraron en cada una de las oficinas del inmueble y también en el salón de actos.
La inspección a la nueva sede del PP se produce un día después de que el presidente de los populares en Telde, José Luis Sánchez González, quedase en libertad provisional bajo fianza de 80.000 euros e imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y revelación de secretos.
Según fuentes cercanas a la investigación, la orden de la juez se enmarca en el proceso de instrucción de la supuesta trama de corrupción político-empresarial denominada operación Faycán. Fue Antonio Uche, la persona que, en nombre del Partido Popular, abrió las puertas de las dependencias del partido en la zona de Arnao.
En la revisión del interior del inmueble intervinieron la secretaria judicial, dos agentes de la Policía Nacional y otros dos de la Policía Científica, quienes se encargaron de fotografiar y grabar en vídeo el mobiliario. Todos ellos entraron en cada una de las oficinas del inmueble y también en el salón de actos.
La inspección a la nueva sede del PP se produce un día después de que el presidente de los populares en Telde, José Luis Sánchez González, quedase en libertad provisional bajo fianza de 80.000 euros e imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y revelación de secretos.
El partido socialista presentará una querella criminal por injurias y calumnias, en las próximas horas, contra el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, según informaron fuentes socialistas.
Ayer, Soria dijo que "hay pruebas más que evidentes" de que el PSOE, cuando gobierna, usa el aparato del Estado para "atacar a sus adversarios y obtener réditos políticos".
Como prueba de estas afirmaciones puso como ejemplos la utilización de "la supuesta agresión de dos militantes del PP al entonces ministro de Defensa" o el protocolo que practica el ministro de Justicia y candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, cuando visita las islas.
El líder del PP afirmó también "que el PSOE, cuando ha gobernado, cuando ha tenido que matar, ha matado a terroristas como Lasa y Zabala", a pesar de que, como dice el Tribunal Supremo, "en un Estado de Derecho no se puede matar por un Gobierno ni a los terroristas".
"Cuando ha tenido que secuestrar, ha secuestrado y cuando ha tenido que aprovecharse de su condición de Gobierno para montar una red de financiación de su propio partido la ha montado, como también ha dicho el Tribunal Supremo, yo no tengo ninguna duda del uso que hace el Gobierno socialista del aparato del Estado contra sus adversarios y en beneficio propio", aseveró.
Ayer, Soria dijo que "hay pruebas más que evidentes" de que el PSOE, cuando gobierna, usa el aparato del Estado para "atacar a sus adversarios y obtener réditos políticos".
Como prueba de estas afirmaciones puso como ejemplos la utilización de "la supuesta agresión de dos militantes del PP al entonces ministro de Defensa" o el protocolo que practica el ministro de Justicia y candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, cuando visita las islas.
El líder del PP afirmó también "que el PSOE, cuando ha gobernado, cuando ha tenido que matar, ha matado a terroristas como Lasa y Zabala", a pesar de que, como dice el Tribunal Supremo, "en un Estado de Derecho no se puede matar por un Gobierno ni a los terroristas".
"Cuando ha tenido que secuestrar, ha secuestrado y cuando ha tenido que aprovecharse de su condición de Gobierno para montar una red de financiación de su propio partido la ha montado, como también ha dicho el Tribunal Supremo, yo no tengo ninguna duda del uso que hace el Gobierno socialista del aparato del Estado contra sus adversarios y en beneficio propio", aseveró.
Enrique Bethencourt
”¡Hola, don Pepito!”, gritan alegremente desde la bancada de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, con Ricardo Melchior como voz más destacada. “¡Hola, don José!”, responden entusiastas desde las zonas donde se ubican los consejeros del PP y del PSOE. “¿Insultó a Gran Canaria?”, preguntan a coro los chicos y las chicas de Melchior, sabiendo perfectamente ya la respuesta: “¡A Gran Canaria yo insulté!”, cantan entre risas socialistas y populares. “¿Defendió usted a Zerolo?”, replican los aticos. “¡A Zerolo defendí!”, remata la presunta oposición, esta sí que es de verdad sólo presunta desde hace más de una década.
Algo así, pero con más formalismo, sucedió la pasada semana en el Cabildo Insular de Tenerife. CC, agradecida, y mucho, con los servicios prestados durante años, solicitó que la corporación insular propusiera a José Rodríguez, editor del periódico El Día, a los Premios Canarias 2007, en su modalidad de Comunicación. Hasta ahí todo lógico. Cuando hay una carajera en Tenerife, con varias investigaciones por corrupción en marcha (Fórum y Las Teresitas), El Día provoca un apagón informativo o simplemente desinforma abiertamente y afirma, sin que sus responsables se pongan colorados, que “Gran Canaria apesta a corrupción”; su periodístico olfato no parece funcionar en las distancias cortas. Cuando estamos ante el peor Gobierno de la historia de Canarias, el periódico de cabecera de ATI aplaude la labor del presidente Adán Martín y la de sus consejeros más radicalmente insularistas. Y, dejándose de sutilidades, el rotativo últimamente ya pide el voto para la formación de Paulino Rivero como única manera de salvar Canarias, que entiende como seis satélites orbitando alrededor de una isla central y hegemónica.
Resulta menos lógico, al menos inicialmente, que el PP y el PSOE se sumen a tan singular propuesta. Menos lógico sólo si no se conocen las dinámicas políticas y sociales de Tenerife. La mayoría de los ayuntamientos de la isla han otorgado medallas y reconocimientos varios al editorialista por unanimidad de sus ediles. En el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz en varios períodos no ha existido la oposición, abducida por completo por el poder ático. Recuérdese, al respecto, que la operación de Las Teresitas contó con el apoyo de los concejales socialistas santacruceros, posteriormente expulsados del partido por el entonces secretario insular, Santiago Pérez, un tipo decente donde los haya, sometido al linchamiento de periodistas y medios afines al régimen de ATI, así como por parte de miembros de su propio partido, alcaldes incluidos, más cercanos al consejo de administración del insularismo que a la menor veleidad socialista. El tiempo ha terminado por dar la razón a Santiago Pérez, mal que les pese a sus múltiples enemigos. El PP tinerfeño, por su parte, se ha limitado históricamente a ser el furgón de cola, el apéndice servil de ATI, con quien comparte electorado y, seguramente, intereses, cosa de lo que no son ajenos algunos sectores del PSOE.
Ahora, juntos y no se sabe si revueltos, han decidido por unanimidad que don José opte al Premio Canarias de Comunicación. El mismo don José que denigra, un día sí y otro también, a los grancanarios. El mismo cuyos editoriales suponen un grave insulto a la inteligencia de todos los canarios, sean de la isla que sean. El mismo que avergüenza a la mayoría de los tinerfeños. El mismo que actúa como lanzadera del pleito insular y de boicoteador permanente de la unidad de Canarias. El mismo que jalea a los movimientos racistas y xenófobos.
De Coalición, en Tenerife, en Lanzarote, en La Palma o en Gran Canaria, no hay nada que aguardar. Son lo que son y encima, con la que está cayendo, van a peor. Pero del PSOE y del PP cabría esperar una pública disculpa a todos los hombres y mujeres de Canarias, a esa inmensa mayoría que cree en esta Comunidad y en un proyecto común, por una de las decisiones más irresponsables que se recuerdan. No lo van a hacer, se admiten apuestas.
“¡Eran dos tipos requetefinos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos disparatados!”, entonan los consejeros mientras apoyan, por aclamación, la candidatura de José Rodríguez al Premio Canarias de Comunicación. “¡Adiós don Pepito! ¡Adiós don José!”, acaban la musical faena los cabildicios coros. Los payasos de la tele eran mucho más serios y respetables.
”¡Hola, don Pepito!”, gritan alegremente desde la bancada de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, con Ricardo Melchior como voz más destacada. “¡Hola, don José!”, responden entusiastas desde las zonas donde se ubican los consejeros del PP y del PSOE. “¿Insultó a Gran Canaria?”, preguntan a coro los chicos y las chicas de Melchior, sabiendo perfectamente ya la respuesta: “¡A Gran Canaria yo insulté!”, cantan entre risas socialistas y populares. “¿Defendió usted a Zerolo?”, replican los aticos. “¡A Zerolo defendí!”, remata la presunta oposición, esta sí que es de verdad sólo presunta desde hace más de una década.
Algo así, pero con más formalismo, sucedió la pasada semana en el Cabildo Insular de Tenerife. CC, agradecida, y mucho, con los servicios prestados durante años, solicitó que la corporación insular propusiera a José Rodríguez, editor del periódico El Día, a los Premios Canarias 2007, en su modalidad de Comunicación. Hasta ahí todo lógico. Cuando hay una carajera en Tenerife, con varias investigaciones por corrupción en marcha (Fórum y Las Teresitas), El Día provoca un apagón informativo o simplemente desinforma abiertamente y afirma, sin que sus responsables se pongan colorados, que “Gran Canaria apesta a corrupción”; su periodístico olfato no parece funcionar en las distancias cortas. Cuando estamos ante el peor Gobierno de la historia de Canarias, el periódico de cabecera de ATI aplaude la labor del presidente Adán Martín y la de sus consejeros más radicalmente insularistas. Y, dejándose de sutilidades, el rotativo últimamente ya pide el voto para la formación de Paulino Rivero como única manera de salvar Canarias, que entiende como seis satélites orbitando alrededor de una isla central y hegemónica.
Resulta menos lógico, al menos inicialmente, que el PP y el PSOE se sumen a tan singular propuesta. Menos lógico sólo si no se conocen las dinámicas políticas y sociales de Tenerife. La mayoría de los ayuntamientos de la isla han otorgado medallas y reconocimientos varios al editorialista por unanimidad de sus ediles. En el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz en varios períodos no ha existido la oposición, abducida por completo por el poder ático. Recuérdese, al respecto, que la operación de Las Teresitas contó con el apoyo de los concejales socialistas santacruceros, posteriormente expulsados del partido por el entonces secretario insular, Santiago Pérez, un tipo decente donde los haya, sometido al linchamiento de periodistas y medios afines al régimen de ATI, así como por parte de miembros de su propio partido, alcaldes incluidos, más cercanos al consejo de administración del insularismo que a la menor veleidad socialista. El tiempo ha terminado por dar la razón a Santiago Pérez, mal que les pese a sus múltiples enemigos. El PP tinerfeño, por su parte, se ha limitado históricamente a ser el furgón de cola, el apéndice servil de ATI, con quien comparte electorado y, seguramente, intereses, cosa de lo que no son ajenos algunos sectores del PSOE.
Ahora, juntos y no se sabe si revueltos, han decidido por unanimidad que don José opte al Premio Canarias de Comunicación. El mismo don José que denigra, un día sí y otro también, a los grancanarios. El mismo cuyos editoriales suponen un grave insulto a la inteligencia de todos los canarios, sean de la isla que sean. El mismo que avergüenza a la mayoría de los tinerfeños. El mismo que actúa como lanzadera del pleito insular y de boicoteador permanente de la unidad de Canarias. El mismo que jalea a los movimientos racistas y xenófobos.
De Coalición, en Tenerife, en Lanzarote, en La Palma o en Gran Canaria, no hay nada que aguardar. Son lo que son y encima, con la que está cayendo, van a peor. Pero del PSOE y del PP cabría esperar una pública disculpa a todos los hombres y mujeres de Canarias, a esa inmensa mayoría que cree en esta Comunidad y en un proyecto común, por una de las decisiones más irresponsables que se recuerdan. No lo van a hacer, se admiten apuestas.
“¡Eran dos tipos requetefinos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos disparatados!”, entonan los consejeros mientras apoyan, por aclamación, la candidatura de José Rodríguez al Premio Canarias de Comunicación. “¡Adiós don Pepito! ¡Adiós don José!”, acaban la musical faena los cabildicios coros. Los payasos de la tele eran mucho más serios y respetables.
La compra del frente de playa de Las Teresitas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presidido por Miguel Zerolo (CC) se entiende cada vez menos.
En 2001, momento en que el Consistorio abonó 52,6 millones de euros por unos terrenos en los que no se podía edificar, según la Ley de Costas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aún no había declarado la nulidad parcial del acuerdo suscrito en 1986 por el ex alcalde Manuel Hermoso con la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, por el cual el Ayuntamiento recibía sin coste directo alguno 67.300 metros cuadrados del frente de playa y sus accesos a cambio de la edificabilidad de los terrenos de la zona.
El documento suscrito en 1986 recoge las firmas de Manuel Hermoso Rojas, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Francisco José Llarena Codesido, en su condición de secretario general del Ayuntamiento santacrucero, y Mauricio Hayek Hayek, "en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Compensación".
Hayek Hayek pactó la cesión gratuita de parte de los terrenos registrados como propiedad de la Junta, ocupados por la playa y sus accesos, cuya superficie es de 63.700 metros cuadrados.
Cedía también gratuitamente "la totalidad de los terrenos de dominio privado, sobrantes de la nueva ordenación, clasificables como espacio de rehabilitación paisajística", con una superficie aproximada de 560.000 metros cuadrados.
Asimismo pasaban a ser propiedad del Ayuntamiento la edificabilidad complementaria de los espacios libres situados entre San Andrés y la playa.
Además, la Junta de Compensación debía abonar once millones de pesetas al Ayuntamiento, en el plazo de un año, a partir de la modificación del plan parcial de Las Teresitas, que permitiría la edificabilidad en el resto de terrenos de la zona no afectados por los 63.700 metros cuadrados de la playa y sus accesos.
La fiscal María Farnés Martínez hace referencia a este convenio de 1986 en su querella contra el alcalde, Miguel Zerolo, y otras diez personas más por prevaricación y malversación de fondos públicos en el convenio urbanístico posterior firmado 2001 entre Inversiones Las Teresitas, SL, que en 1998 compró otra vez los terrenos a la Junta de Compensación, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
http://www.canariasahora.es/noticia/1776/
En 2001, momento en que el Consistorio abonó 52,6 millones de euros por unos terrenos en los que no se podía edificar, según la Ley de Costas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aún no había declarado la nulidad parcial del acuerdo suscrito en 1986 por el ex alcalde Manuel Hermoso con la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, por el cual el Ayuntamiento recibía sin coste directo alguno 67.300 metros cuadrados del frente de playa y sus accesos a cambio de la edificabilidad de los terrenos de la zona.
El documento suscrito en 1986 recoge las firmas de Manuel Hermoso Rojas, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Francisco José Llarena Codesido, en su condición de secretario general del Ayuntamiento santacrucero, y Mauricio Hayek Hayek, "en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Compensación".
Hayek Hayek pactó la cesión gratuita de parte de los terrenos registrados como propiedad de la Junta, ocupados por la playa y sus accesos, cuya superficie es de 63.700 metros cuadrados.
Cedía también gratuitamente "la totalidad de los terrenos de dominio privado, sobrantes de la nueva ordenación, clasificables como espacio de rehabilitación paisajística", con una superficie aproximada de 560.000 metros cuadrados.
Asimismo pasaban a ser propiedad del Ayuntamiento la edificabilidad complementaria de los espacios libres situados entre San Andrés y la playa.
Además, la Junta de Compensación debía abonar once millones de pesetas al Ayuntamiento, en el plazo de un año, a partir de la modificación del plan parcial de Las Teresitas, que permitiría la edificabilidad en el resto de terrenos de la zona no afectados por los 63.700 metros cuadrados de la playa y sus accesos.
La fiscal María Farnés Martínez hace referencia a este convenio de 1986 en su querella contra el alcalde, Miguel Zerolo, y otras diez personas más por prevaricación y malversación de fondos públicos en el convenio urbanístico posterior firmado 2001 entre Inversiones Las Teresitas, SL, que en 1998 compró otra vez los terrenos a la Junta de Compensación, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
http://www.canariasahora.es/noticia/1776/
Santa Cruz de Tenerife, 19-12-06.- El Cabildo de Tenerife ha suspendido de empleo y sueldo durante un año a un trabajador de la institución que publicó un libro sobre corrupción en Canarias. El expediente contra el doctor en historia José Manuel Castellano, ex director del Museo de Historia de Tenerife, se inició tras la publicación del libro ‘El paraíso según Adán. Veinticinco años de caciquismo autonómico’, del que es coautor junto al periodista tinerfeño Ramón Pérez Almodóvar, editado por la Asociación Taller de Comunicación.
Se da la circunstancia de que el historiador canario Castellano Gil ha ganado, en primera instancia, una demanda por mobbing, por acoso laboral, contra la consejera de Cultura del Cabildo, Fidencia Iglesias, esposa del director general de CajaCanarias, sentencia que se encuentra en estos momentos en el Supremo al ser recurrida ante el TSJC.
La Asociación Taller de Comunicación se solidariza con José Manuel Castellano y anuncia que está a punto de agotarse la tercera edición del libro ‘El Paraíso según Adán’.
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Se da la circunstancia de que el historiador canario Castellano Gil ha ganado, en primera instancia, una demanda por mobbing, por acoso laboral, contra la consejera de Cultura del Cabildo, Fidencia Iglesias, esposa del director general de CajaCanarias, sentencia que se encuentra en estos momentos en el Supremo al ser recurrida ante el TSJC.
La Asociación Taller de Comunicación se solidariza con José Manuel Castellano y anuncia que está a punto de agotarse la tercera edición del libro ‘El Paraíso según Adán’.
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"El Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 pesetas -52,6 millones de euros- por 74.420 metros cuadrados de acantilado". De esta manera tan contundente concluye el Ministerio Fiscal la querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y otras diez personas, por prevaricar y malversar fondos públicos en el convenio urbanístico de la playa de Las Teresitas. El Ayuntamiento justificó la compra de terrenos a una empresa privada para evitar que se construyera en el frente de playa. Pero despilfarró el dinero: según la Ley de Costas, una tercera parte del terreno adquirido "era y es de dominio público". Y precisamente esos terrenos "inalienables, imprescriptibles e inembargables", según la Constitución Española, eran donde presumiblemente irían ubicados los hoteles de la iniciativa privada.
Es al término de un relato sorprendente de cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife salvó a una empresa, Inversiones Las Teresitas, SL de su "absoluta angustia" financiera cuando la fiscal advierte un dato, "extremadamente relevante", producido este mismo año dentro del caso Las Teresitas. Recuerda que la Ley de Costas 22/1988 elimina la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio público como consecuencia de la realización de obras. Farnés aclara que la Ley bloquea la posibilidad de realizar cualquier tipo de construcción en estos terrenos hasta no haberse realizado el correspondiente deslinde.
Pues bien, destaca la fiscal que la Corporación presidida por Miguel Zerolo, al pagar los 52,5 millones de euros el 18 de septiembre de 2001 a Inversiones Las Teresitas por el frente de playa -califica ese mismo gasto como "considerable y sin justificar"- abonó esa cantidad de dinero antes de solicitar a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife el pertinente deslinde, que lo hiciera el 4 de octubre de 2001 por medio de un oficio por parte del gerente de Urbanismo santacrucero.
Observa la fiscal en su querella que "se realizó dicha petición con posterioridad a la compra de las parcelas y al pago de las mismas, lo que, sin embargo, no puede sorprendernos dado que ni siquiera tuvo en cuenta la línea de deslinde que existía desde el año 1961 y que según el informe pericial de su propia arquitecta, Doña Pía Oramas ya afectaba a 9.076,50 metros cuadrados de los 109.420 metros cuadrados que había adquirido, y que por lo tanto ya en el momento de la compra por parte del mismo, según la Constitución española eran inalienables, imprescriptibles e inembargables".
Indica además Farnés Martínez que el pasado 20 de febrero de 2006, cuando la Dirección General de Costas autorizó a la Demarcación de Costas para iniciar el expediente de deslinde del dominio público Marítimo-Terrestre en el tramo de la costa perteneciente a la playa de Las Teresitas, "nos encontramos con que lejos de reducir la de 1.961 la amplía considerablemente y como consecuencia de ellos ya de los 109.420 metros cuadrados que compró el Ayuntamiento no están afectados sólo los 9.076,50 metros cuadrados dichos, sino que están afectados 31.159 metros cuadrados, es decir casi una tercera parte del terreno adquirido por el mismo, era y es de dominio público, pero, es más, resulta que los terrenos que se encuentran afectados son, precisamente, donde presumiblemente irían ubicados los hoteles, ya que son los únicos que son llanos".
De ahí concluye María Farnés que, de salir adelante la propuesta de deslinde de la Demarcación de Tenerife, pendiente de aprobación por la Dirección General de Costas, "el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el supuesto de aprobarse la mencionada línea de deslinde, en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 millones de pesetas por 74.420 metros cuadrados de acantilado".
La Corporación acude "en ayuda" de una entidad privada
En la querella, presentada este martes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la fiscal relata cómo en 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas S.L., consiguió un crédito de 5.500 millones de pesetas de la Caja de Ahorros de Canarias a pesar de tratarse de "una sociedad que únicamente tenía un capital social de 30 millones de pesetas" y con "un futuro totalmente incierto", recoge Efe.
Además, añade, "no tenía más garantía que los terrenos que iba a adquirir" y ni se encontraba inscrita en el Registro Mercantil, por lo que en 2000 ya el Banco de España levantó un acta de inspección.
En 2001, el ayuntamiento de la capital y la Junta de Compensación del Polígono Playa de las Teresitas llegaron a un acuerdo para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial de Las Teresitas.
Recuerda la fiscal que Inversiones Las Teresitas "necesitaba salir de cualquier forma y con rapidez del atolladero en el que se encontraba" para satisfacer los intereses del crédito que había solicitado.
En este sentido, subraya la querella, "ante tan "angustiosa" situación sorprende enormemente que sea la Corporación Municipal la que se empieza a poner en marcha para acudir en ayuda de una entidad totalmente privada", a la que compra así once parcelas por 8.750 millones de pesetas.
"De una forma totalmente consciente e inexplicable", dice la fiscal anticorrupción, el Ayuntamiento "elimina el sistema de compensación de aprovechamientos que le facultaría para hacer frente" a la adquisición de las parcelas "sin gasto alguno para su cuenta" y "afronta un gasto muy considerable sin que exista causa alguna que lo justifique".
La fiscal considera que "no es casual" que el 65% del pago inicial que recibió Inversiones Las Teresitas del Ayuntamiento por la venta de las parcelas "concuerde con la cifra" que debía a la Caja.
Con ello, añade, además de dejar de estar "ahogada económicamente" y obtener "3.000 millones de pesetas adicionales", la empresa quedó "enormemente mejorada" puesto que las parcelas que no fueron "objeto de la transacción" pasaron "a tener un uso residencial como vivienda que no estaba permitido" en un planeamiento urbanístico anterior.
Así, "a resultas de los cambios" Inversiones Las Teresitas ganó tres mil millones de pesetas, canceló la deuda hipotecaria y obtuvo "una cifra indeterminada de beneficio económico en función de la recalificación practicada".
La fiscal destaca que según la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado, las plusvalías obtenidas por Inversiones Las Teresitas en esta operación le ha supuesto un beneficio que "supera, en bastante, los 18.000 millones de la antiguas pesetas", y "todo ello sin arriesgar una sola peseta".
El 11 de enero de 2006, Inversiones Las Teresitas vendió siete parcelas por 46.100.516 euros, beneficio que "materializa parcialmente los ya mencionados 18.000 millones de pesetas y que, no nos resistimos a repetir, se ha obtenido sin arriesgar nada" y "siendo gran parte de este beneficio satisfecho" por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dice la fiscal.
Fuente: Canarias Ahora.com
Es al término de un relato sorprendente de cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife salvó a una empresa, Inversiones Las Teresitas, SL de su "absoluta angustia" financiera cuando la fiscal advierte un dato, "extremadamente relevante", producido este mismo año dentro del caso Las Teresitas. Recuerda que la Ley de Costas 22/1988 elimina la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio público como consecuencia de la realización de obras. Farnés aclara que la Ley bloquea la posibilidad de realizar cualquier tipo de construcción en estos terrenos hasta no haberse realizado el correspondiente deslinde.
Pues bien, destaca la fiscal que la Corporación presidida por Miguel Zerolo, al pagar los 52,5 millones de euros el 18 de septiembre de 2001 a Inversiones Las Teresitas por el frente de playa -califica ese mismo gasto como "considerable y sin justificar"- abonó esa cantidad de dinero antes de solicitar a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife el pertinente deslinde, que lo hiciera el 4 de octubre de 2001 por medio de un oficio por parte del gerente de Urbanismo santacrucero.
Observa la fiscal en su querella que "se realizó dicha petición con posterioridad a la compra de las parcelas y al pago de las mismas, lo que, sin embargo, no puede sorprendernos dado que ni siquiera tuvo en cuenta la línea de deslinde que existía desde el año 1961 y que según el informe pericial de su propia arquitecta, Doña Pía Oramas ya afectaba a 9.076,50 metros cuadrados de los 109.420 metros cuadrados que había adquirido, y que por lo tanto ya en el momento de la compra por parte del mismo, según la Constitución española eran inalienables, imprescriptibles e inembargables".
Indica además Farnés Martínez que el pasado 20 de febrero de 2006, cuando la Dirección General de Costas autorizó a la Demarcación de Costas para iniciar el expediente de deslinde del dominio público Marítimo-Terrestre en el tramo de la costa perteneciente a la playa de Las Teresitas, "nos encontramos con que lejos de reducir la de 1.961 la amplía considerablemente y como consecuencia de ellos ya de los 109.420 metros cuadrados que compró el Ayuntamiento no están afectados sólo los 9.076,50 metros cuadrados dichos, sino que están afectados 31.159 metros cuadrados, es decir casi una tercera parte del terreno adquirido por el mismo, era y es de dominio público, pero, es más, resulta que los terrenos que se encuentran afectados son, precisamente, donde presumiblemente irían ubicados los hoteles, ya que son los únicos que son llanos".
De ahí concluye María Farnés que, de salir adelante la propuesta de deslinde de la Demarcación de Tenerife, pendiente de aprobación por la Dirección General de Costas, "el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el supuesto de aprobarse la mencionada línea de deslinde, en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 millones de pesetas por 74.420 metros cuadrados de acantilado".
La Corporación acude "en ayuda" de una entidad privada
En la querella, presentada este martes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la fiscal relata cómo en 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas S.L., consiguió un crédito de 5.500 millones de pesetas de la Caja de Ahorros de Canarias a pesar de tratarse de "una sociedad que únicamente tenía un capital social de 30 millones de pesetas" y con "un futuro totalmente incierto", recoge Efe.
Además, añade, "no tenía más garantía que los terrenos que iba a adquirir" y ni se encontraba inscrita en el Registro Mercantil, por lo que en 2000 ya el Banco de España levantó un acta de inspección.
En 2001, el ayuntamiento de la capital y la Junta de Compensación del Polígono Playa de las Teresitas llegaron a un acuerdo para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial de Las Teresitas.
Recuerda la fiscal que Inversiones Las Teresitas "necesitaba salir de cualquier forma y con rapidez del atolladero en el que se encontraba" para satisfacer los intereses del crédito que había solicitado.
En este sentido, subraya la querella, "ante tan "angustiosa" situación sorprende enormemente que sea la Corporación Municipal la que se empieza a poner en marcha para acudir en ayuda de una entidad totalmente privada", a la que compra así once parcelas por 8.750 millones de pesetas.
"De una forma totalmente consciente e inexplicable", dice la fiscal anticorrupción, el Ayuntamiento "elimina el sistema de compensación de aprovechamientos que le facultaría para hacer frente" a la adquisición de las parcelas "sin gasto alguno para su cuenta" y "afronta un gasto muy considerable sin que exista causa alguna que lo justifique".
La fiscal considera que "no es casual" que el 65% del pago inicial que recibió Inversiones Las Teresitas del Ayuntamiento por la venta de las parcelas "concuerde con la cifra" que debía a la Caja.
Con ello, añade, además de dejar de estar "ahogada económicamente" y obtener "3.000 millones de pesetas adicionales", la empresa quedó "enormemente mejorada" puesto que las parcelas que no fueron "objeto de la transacción" pasaron "a tener un uso residencial como vivienda que no estaba permitido" en un planeamiento urbanístico anterior.
Así, "a resultas de los cambios" Inversiones Las Teresitas ganó tres mil millones de pesetas, canceló la deuda hipotecaria y obtuvo "una cifra indeterminada de beneficio económico en función de la recalificación practicada".
La fiscal destaca que según la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado, las plusvalías obtenidas por Inversiones Las Teresitas en esta operación le ha supuesto un beneficio que "supera, en bastante, los 18.000 millones de la antiguas pesetas", y "todo ello sin arriesgar una sola peseta".
El 11 de enero de 2006, Inversiones Las Teresitas vendió siete parcelas por 46.100.516 euros, beneficio que "materializa parcialmente los ya mencionados 18.000 millones de pesetas y que, no nos resistimos a repetir, se ha obtenido sin arriesgar nada" y "siendo gran parte de este beneficio satisfecho" por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dice la fiscal.
Fuente: Canarias Ahora.com
El presidente del PP en Telde, José Luis Sánchez González, detenido por el caso Faycán, quedó este martes en libertad provisional con cargos, y fianza de 80.000 euros, tras prestar declaración judicial imputado por delitos de malversación de caudales públicos y revelación de secretos.
Sánchez, que estuvo dos horas y media declarando ante la jueza Nuria Arencibia y el fiscal anticorrupción Luis del Río, ha quedado también con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados por su presunta relación con la trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC).
Sánchez, que es el vigésimo sexto imputado en la trama, en la que también están implicados al menos diez militantes del PP, ocho de ellos ediles, fue propuesto el pasado jueves por el nuevo alcalde de Telde, Francisco Santana (PP), como director de gobierno en las áreas de Servicios Sociales, Aguas, Saneamiento y Solidaridad.
Sánchez, que estuvo dos horas y media declarando ante la jueza Nuria Arencibia y el fiscal anticorrupción Luis del Río, ha quedado también con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados por su presunta relación con la trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC).
Sánchez, que es el vigésimo sexto imputado en la trama, en la que también están implicados al menos diez militantes del PP, ocho de ellos ediles, fue propuesto el pasado jueves por el nuevo alcalde de Telde, Francisco Santana (PP), como director de gobierno en las áreas de Servicios Sociales, Aguas, Saneamiento y Solidaridad.
La querella presentada este martes por la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, parte del Consistorio tinerfeño y los empresarios de Las Teresitas acusa a estos de un presunto delito de prevaricación y de otro de malversación de caudales públicos.
La fiscal María Farnés ha formulado una querella, con solicitud del secreto de las actuaciones, contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo Aguilar, el entonces concejal de Urbanismo del Consistorio, Manuel Parejo Alfonso, el interventor general Antonio Messía de Yraola, el secretario delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Reyes Delgado, el interventor delegado José Luis Roca Gironés, el ex concejal y portavoz municipal del PSOE, Emilio José Fresco Rodríguez, el ex alcalde y en aquel momento portavoz municipal del PP, José Emilio García Gómez, el ex secretario general del Ayuntamiento, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala y el gerente de Urbanismo en 2001, José Tomás Martín González por el delito de prevaricación.
Además, por el delito de malversación de caudales públicos se incluye en la querella presentada este martes por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a Miguel Zerolo Aguiar, Manuel Parejo Alfonso, Emilio José Fresco Rodríguez, José Emilio García Gómez, y los empresarios propietarios de Inversiones Las Teresitas, SL, Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio Manuel Cándido González Martín.
[habrá ampliación]
La fiscal María Farnés ha formulado una querella, con solicitud del secreto de las actuaciones, contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo Aguilar, el entonces concejal de Urbanismo del Consistorio, Manuel Parejo Alfonso, el interventor general Antonio Messía de Yraola, el secretario delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Reyes Delgado, el interventor delegado José Luis Roca Gironés, el ex concejal y portavoz municipal del PSOE, Emilio José Fresco Rodríguez, el ex alcalde y en aquel momento portavoz municipal del PP, José Emilio García Gómez, el ex secretario general del Ayuntamiento, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala y el gerente de Urbanismo en 2001, José Tomás Martín González por el delito de prevaricación.
Además, por el delito de malversación de caudales públicos se incluye en la querella presentada este martes por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a Miguel Zerolo Aguiar, Manuel Parejo Alfonso, Emilio José Fresco Rodríguez, José Emilio García Gómez, y los empresarios propietarios de Inversiones Las Teresitas, SL, Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio Manuel Cándido González Martín.
[habrá ampliación]
José H. Chela
Son éstas que estamos viviendo –o a punto de vivir- unas navidades turbias, en vez de blancas, teñidas por el color del lodo, y es un eufemismo, de las corrupciones concretas y de las corrupciones presuntas. La máquina de la Justicia no se detiene a comer los turrones ni a brindar con los cavas de los almuerzos y cenas oficiales, de los convites institucionales, de las citas gastronómico-festivas de las organizaciones empresariales y de los partidos. Los periodistas acuden a estas invitaciones impertérritos ante lo que sucede y lo que se avecina. Las conversas en las mesas atiborradas varían sustancialmente dependiendo de si en ellas hay solamente informadores, comentaristas, currantes de redacción o si, además, se sienta a ellas algún miembro de las organizaciones convocantes, lo cual corta mucho la espontaneidad del gremio. Una cosa es lo que cuentan los medios y, otra, muy distinta a veces, lo que comentan entre sí los mediadores, los trabajadores de a pie del ordenador o del micrófono. El cuarto poder es el poder de los empresarios que mantienen –o utilizan- los periódicos, las emisoras, las teles. Los periodistas presumimos de formar parte de ese poder, de manejar algún hilo, de gozar de alguna influencia en tanto y cuanto nos lo permiten o interesa a quienes nos pagan, pero, individualmente, carecemos de fuerza. Quítenle al mejor profesional de este oficio la tribuna desde la que pueda expresarse y se convertirá en un ciudadano del común sin el menor eco en la sociedad.
Así son las cosas.
Así son, aunque haya gentes tan disparatadas, noveleras, interesadas y demagógicas capaces de trasmitir al personal que las advertencias, rumores o primicias noticiosas y noticiables ofrecidas por un periodista puedan llevar a la cárcel a un político un par de días después de publicarse. Sin más. Felicidades, Carlos Sosa: da gusto tener amigos que se erigen en excepcional excepción.
Esta Navidad turbia es, aparentemente y no obstante, una Navidad como cualquier otra. La convulsión sociológica que generó en Tenerife el auto del juez Garzón sobre la posible implicación de Zerolo y Trenor en los manejos fraudulentos de Fórum Filatélico y la proximidad inminente del desenlace del caso Las Teresitas, ha dado paso, en la ciudad y en la Isla, a una especie de compás de espera comunal sustanciado en un silencio denso que hasta parece pactado. Las discusiones y polémicas de los primeros días en todos los ámbitos han cesado, como acallados por los villancicos que surgen de las bocas de los comercios y el ajetreo consumista de las calles más céntricas y bulliciosas. Se diría que el personal aguarda acontecimientos. Lo que sea sonará. Y que tampoco está dispuesto a amargarse las fiestas por lo que ocurra. Nadie se cree que el cielo vaya a desplomarse sobre Santa Cruz acabe este culebrón como acabe ni nadie, en contra de lo que se afirma a veces, se pone en el pellejo del alcalde. Ya lo he repetido aquí: una cosa son las adhesiones –interesadas o no- y otra, la empatía llevada a sus últimos extremos. Hay unas investigaciones en marcha y han coincidido con unas fechas de paz y de concordia en las que siempre se desea lo mejor a los hombres de buena voluntad. Estén en el ojo de mira de la Justicia o sean los encargados de que ese ojo no se desvíe y contemple las cosas de la manera más correcta y objetiva posible.
Que así sea, oigan.
chela@canariasahora
Como adelantó este periódico el viernes, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife interpondrá querella contra cinco personas, entre ellas el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por el ya famoso pelotazo de Las Teresitas. Será todo un acontecimiento que se producirá este martes porque se personará en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, la fiscal más deseada y mentada de todas las que forman ese cuerpo público, con perdón. La recibirán el fiscal jefe, Vicente Garrido, y el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano. A partir de este momento, será la Sala de lo Penal del alto tribunal canario quien instruya una investigación que probablemente pudiera llevar a desfilar ante los magistrados a muchas personas conocidas de la sociedad tinerfeña entre políticos, banqueros, empresarios y puede que hasta algún periodista. Terminan así 17 meses de investigaciones que han recibido muchas críticas, pero se inicia una nueva fase cuyo término es difícil de concretar.
El Organismo Social Kanaryo Titeroygakat, tras obtener información “bajo cuerdas” de las presuntas licencias de auto-taxis que según tenemos entendido el ayuntamiento de Arrecife pretende obtener sólo 10 (6 ordinarias y 4 de minusválidos). Es por lo que queremos salir a la luz pública para poner en conocimiento de la ciudadanía, de las personas interesadas de sector, de los colectivos sociales y sindicatos, que una vez más el Pueblo pide lo que le hace falta (28 licencias ordinarias más 4 de minusválidos) y los políticos conceden muchísimo menos o las que les permiten, ya que el hecho de querer aprobar tan pocas licencias creemos que presuntamente pueda ser por culpa de la presión de cuatro empresarios egoístas y monopolizadores del taxi, elementos estos que parecen ser más importantes para los gobernantes que los 57.586 habitantes que tiene Arrecife.
Los vecinos en general estamos cansados y más que hartos de que el futuro de la capital lo intente controlar tres empresarios y de que los mandatarios se pongan siempre al servicio de los mismos.
Arrecife necesita actualmente 28 licencias ordinarias de auto-taxis y 4 de minusválidos, ni uno más ni una menos.
El gran desarrollo comercial que se ha generado en el municipio en los últimos 5 años, la creación de nuevas instalaciones turísticas, la llegada masiva de trasatlánticos y el crecimiento desmesurado de la población, acreditan la necesidad y conveniencia de nuevas licencias.
Puntualizar que en la concesión de estas no va a existir repercusión negativa en el conjunto del transporte y circulación.
El problema en el transporte público es serio y preocupante por lo tanto evitar que de forma inmediata la clase gobernante busque soluciones factibles, que mejore de forma real la escasez de automóviles en éste sector.
No se puede seguir haciendo caso a los viejos administradores del taxi ya que estos junto con la mancomunidad que regula el sector en Lanzarote se dedican a bloquear la entrega de nuevas licencias ya que estos saben muy bien que cuanto menos licencias más ganarán ellos.
Los dirigentes de la institución oficial por beneficiar a cuatro empresarios no pueden perjudicar a toda la población municipal.
Las pretensiones de conceder sólo 10 licencias para la ciudad de Arrecife es una tomadura de pelo y una desagradable e inadmisible burla que no se puede consentir.
Presidente de Titeroygakat
Antonio Leal Aguilar
Arrecife de Lanzarote a, 18 de diciembre de 2006.
Los vecinos en general estamos cansados y más que hartos de que el futuro de la capital lo intente controlar tres empresarios y de que los mandatarios se pongan siempre al servicio de los mismos.
Arrecife necesita actualmente 28 licencias ordinarias de auto-taxis y 4 de minusválidos, ni uno más ni una menos.
El gran desarrollo comercial que se ha generado en el municipio en los últimos 5 años, la creación de nuevas instalaciones turísticas, la llegada masiva de trasatlánticos y el crecimiento desmesurado de la población, acreditan la necesidad y conveniencia de nuevas licencias.
Puntualizar que en la concesión de estas no va a existir repercusión negativa en el conjunto del transporte y circulación.
El problema en el transporte público es serio y preocupante por lo tanto evitar que de forma inmediata la clase gobernante busque soluciones factibles, que mejore de forma real la escasez de automóviles en éste sector.
No se puede seguir haciendo caso a los viejos administradores del taxi ya que estos junto con la mancomunidad que regula el sector en Lanzarote se dedican a bloquear la entrega de nuevas licencias ya que estos saben muy bien que cuanto menos licencias más ganarán ellos.
Los dirigentes de la institución oficial por beneficiar a cuatro empresarios no pueden perjudicar a toda la población municipal.
Las pretensiones de conceder sólo 10 licencias para la ciudad de Arrecife es una tomadura de pelo y una desagradable e inadmisible burla que no se puede consentir.
Presidente de Titeroygakat
Antonio Leal Aguilar
Arrecife de Lanzarote a, 18 de diciembre de 2006.
La Fiscalía Anticorrupción pidió este lunes al Parlamento de Canarias que acredite la condición de parlamentario autonómico del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, investigado por el caso Las Teresitas.
Fuentes parlamentarias informaron de que sobre las 11,00 horas de este lunes un miembro de la Policía Judicial ha entregado en el Parlamento la petición de la Fiscalía.
Las fuentes agregaron que la Secretaría General de la Cámara ya ha remitido a la Fiscalía la acreditación de Zerolo como diputado autonómico durante esta legislatura.
La petición de la Fiscalía se circunscribe en la investigación que está realizando sobre el expediente de la playa de Las Teresitas y que tal y como adelantó el viernes pasado el programa El Espejo Canario, de CANARIAS AHORA RADIO, se materializará en la presentación de una querella contra el alcalde.
La Fiscalía Anticorrupción tiene decidido presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa, en relación al caso Las Teresitas.
Según avanzó este viernes el programa El Espejo Canario, de CANARIAS AHORA RADIO, la medida judicial se tomará en las próximas horas, cuando mantengan una última reunión la fiscal delegada en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, con su fiscal jefe, Antonio Salinas.
La querella, que por la condición de aforado del también diputado autonómico Miguel Zerolo se presentaría ante el Tribunal Superior canario, incluye, además de a los empresarios Ignacio Martín y Antonio Plasencia, al menos al concejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, y al presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez.
Una investigación de año y medio
La fiscal María Farnés ya había concluido esta misma semana los trabajos de investigación del pelotazo de Las Teresitas, y sólo estaba a expensas de una última reunión con su superior, el fiscal jefe Antonio Salinas, para proceder a remitir a los juzgados el caso en el que se verían implicados en una operación urbanística dos poderosos empresarios tinerfeños, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que habrían ganado unos 120 millones de euros, sin arriesgar un céntimo, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que preside el nacionalista Miguel Zerolo.
Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la apertura de diligencias previas a la fase de instrucción del caso o, en su defecto, el archivo de las mismas, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz.
72 horas clave de información privilegiada en junio de 1998
Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a González y Plasencia por 30 millones de euros.
Estos empresarios habían creado Inversiones Las Teresitas, SL, el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias, del que forman parte el propio Ignacio González, como presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, y el alcalde Miguel Zerolo, aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.
Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.
El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que González y Plasencia pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.
El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.
La operación urbanística por la cual González y Plasencia se han llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.
Agentes de la Policía Nacional procedieron esta mañana a la detención de José Luis Sánchez, nuevo director de gobierno del Ayuntamiento de Telde y máximo responsable del Partido Popular en dicha ciudad, tras la salida de esa formación de María del Carmen Castellano.
La detención, por orden judicial en el marco de la operación Faycán, estaría enmarcada en las investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP teldense.
José Luis Sánchez González ha sido detenido por malversación de caudales públicos y revelación de secretos y prestará declaración mañana ante el juzgado número 3 de Telde, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El detenido, que fue arrestado a las ocho de la mañana, fue nombrado presidente del PP en Telde el pasado 24 de noviembre en sustitución de la anterior responsable del partido, María del Carmen Castellano, ex concejala del Ayuntamiento que fue detenida por su presunta implicación en este asunto.
José Luis Sánchez es el tercer presidente local del PP que ha sido detenido en el caso Faycán por orden del juez Francisco Javier García. Primero se produjo la detención de María Antonia Torres y después de María del Carmen Castellano.
Tanto socialistas como Nueva Canarias reclaman al Partido Popular que asuma su responsabilidad política ante lo ocurrido.
La noticia fue adelantada esta mañana en el programa El Drago de la cadena Ser.
Según el TSJC, Sánchez González se encuentra en dependencias policiales hasta que mañana pase a disposición judicial ante la juez Nuria Arencibia, que sustituye al anterior instructor del caso Faycán, Javier García.
José Luis Sánchez González ocupa desde el pasado jueves el cargo de director de gobierno del área de Servicios Sociales, Aguas, Saneamiento y Solidaridad en el Ayuntamiento.
Este nombramiento se produjo con motivo de la elección de la nueva corporación municipal, en la que Francisco Santana, único concejal del PP no imputado en el Caso Faycán, fue proclamado nuevo alcalde de Telde con los votos de la ex concejala de Obras Publicas María Antonia Torres y la ex edil de Aguas Candelaria Sánchez, ambas imputadas en esta presunta trama de corrupción.
El caso Faycán se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres -principal imputada-, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.
Las detenciones relacionadas con esta presunta trama de corrupción comenzaron a practicarse el pasado 1 de marzo y, desde entonces, el número de imputados asciende a 25.
La detención, por orden judicial en el marco de la operación Faycán, estaría enmarcada en las investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP teldense.
José Luis Sánchez González ha sido detenido por malversación de caudales públicos y revelación de secretos y prestará declaración mañana ante el juzgado número 3 de Telde, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El detenido, que fue arrestado a las ocho de la mañana, fue nombrado presidente del PP en Telde el pasado 24 de noviembre en sustitución de la anterior responsable del partido, María del Carmen Castellano, ex concejala del Ayuntamiento que fue detenida por su presunta implicación en este asunto.
José Luis Sánchez es el tercer presidente local del PP que ha sido detenido en el caso Faycán por orden del juez Francisco Javier García. Primero se produjo la detención de María Antonia Torres y después de María del Carmen Castellano.
Tanto socialistas como Nueva Canarias reclaman al Partido Popular que asuma su responsabilidad política ante lo ocurrido.
La noticia fue adelantada esta mañana en el programa El Drago de la cadena Ser.
Según el TSJC, Sánchez González se encuentra en dependencias policiales hasta que mañana pase a disposición judicial ante la juez Nuria Arencibia, que sustituye al anterior instructor del caso Faycán, Javier García.
José Luis Sánchez González ocupa desde el pasado jueves el cargo de director de gobierno del área de Servicios Sociales, Aguas, Saneamiento y Solidaridad en el Ayuntamiento.
Este nombramiento se produjo con motivo de la elección de la nueva corporación municipal, en la que Francisco Santana, único concejal del PP no imputado en el Caso Faycán, fue proclamado nuevo alcalde de Telde con los votos de la ex concejala de Obras Publicas María Antonia Torres y la ex edil de Aguas Candelaria Sánchez, ambas imputadas en esta presunta trama de corrupción.
El caso Faycán se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres -principal imputada-, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.
Las detenciones relacionadas con esta presunta trama de corrupción comenzaron a practicarse el pasado 1 de marzo y, desde entonces, el número de imputados asciende a 25.
Ramón Pérez Almodóvar
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, considera que al ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción, todos los ciudadanos de la ciudad también lo están. Se equivoca el alcalde. No todos los chicharreros están incursos en una investigación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias, sólo unos cuantos contados con los dedos de una mano.
No es un ataque a una ciudad que mayoritariamente no ha votado a Zerolo. Cuando llegó a la alcaldía por primera vez, sólo participó en la votación el 47,5% de la población de Santa Cruz, pero en esos momentos la democracia beneficiaba a Zerolo y a ATI. Es decir, más del 70% de los chicharreros no votó por Zerolo, pero curiosamente él tenía mayoría absoluta. Así es la democracia, nos explican. La democracia electoral, a golpe de chequera.
Ahora que una institución de esa democracia que ellos dicen defender lo investiga, se revuelve en su chalé junto al campo de golf de Guamasa, en Tacoronte, y se inventa una persecución judicial, para aparecer como víctima de un complot judeomasónico. Que me derroten en las urnas, dice, pero no así, mandándome un juez para que haga el trabajo. Sólo puede razonar así quien ha creído que vive en la absoluta impunidad, porque entre todos, partidos políticos, jueces y medios de comunicación, así se lo han hecho creer a Zerolo, a Adán Martín, presidente del Gobierno canario, a Ricardo Melchior, presidente del Cabildo, a Paulino Rivero, alcalde de El Sauzal desde 1977, a Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna, a José Manuel Bermúdez, vicepresidente del Cabildo, a Vidal Suárez, alcalde de Tegueste (donde comenzó el caso Bango, que empieza a ganar Francisco de la Barreda), etcétera. Se lo han hecho creer durante muchos años…demasiados años. Treinta. Desde la muerte del dictador Francisco Franco.
Lo más gracioso de las intervenciones mediáticas de Zerolo para justificarse son dos o tres cosas: una es ver reaparecer a su padre espiritual, su maestro del lado oscuro, Manuel Hermoso, para darle apoyo moral (como el que ayer le dio a Víctor Floreal Concepción mientras a él no se le podía probar nada); otra es ampararse en una metonimia y mezclar a toda una ciudad, que mayoritariamente no le ha votado, en una supuesta persecución judicial en su contra; la tercera, la más chistosa, es que después de 30 años de cargo público, 30 años (treinta años), pueda decir con tanta contundencia que jamás ha recibido beneficio o prebenda alguna. Muy gracioso, sí.
Pero, ¿qué es corrupción? ¿Sólo meter la mano y quedarse con algo de dinero? ¿No es también utilizar el personal de jardinería de un Ayuntamiento en un chalé privado, poner a policías municipales como guardaespaldas personales de un alcalde, otorgar más de 600 millones de pesetas para regenerar una playa donde un amigo va a construir decenas de apartamentos (como en Fañabé, donde el amigo podría ser el fallecido Francisco Ucelay, entonces presidente de AIC), repartir 1.450 millones de pesetas a empresas audiovisuales (como las dos que creó Martín Paredes el mismo día, meses antes de las elecciones) mediante orden publicada el 31 de diciembre de 1994?
¿No podría ser corrupción participar con un cuñado, Luis Rodríguez, con Adán Martín, con su hermano, Fernando Martín Menis, en Promotora San Miguel, para construir bungalós y chalés adosados en la urbanización Golf del Sur (con mayor edificación de la permitida, según denunció el promotor de Amarilla Golf, Antonio Tavío, padre de Cristina Tavío, presidenta del PP y socia de Zerolo en el Ayuntamiento) y una piscina en territorio marítimo-terrestre, aunque después se pida su legalización, un permiso provisional que ya caducó?
“A Miguel no lo metan en esto”, me dijo una vez Adán Martín, poco antes de las elecciones de 1999. Iba a publicar en el diario El Mundo la denuncia de una trama presentada ante un juzgado, que también incluía a Sanmitensa (Promotora San Miguel) y Adán Martín me llamó unas ocho veces por teléfono para preguntarme qué iba a escribir y convencerme por el camino para que no lo hiciera. Por la noche, quien me llamó fue Andrés Chaves, que quería saber lo que iba a publicar El Mundo. No es para tanto, me dijo, ya con la copia en la mano. No es para tanto porque el periódico no le dio mucho espacio. Quedaban tres días para las elecciones. Pocos meses después, El Mundo colocó a la mujer de Larry Álvarez, la mano derecha de José Manuel Soria, como corresponsal en Canarias.
Las siguientes arremetidas fueron más duras, desde que me negué a aceptar un soborno que me hizo un nacionalista cántabro, J. O. (¿es con iniciales, no Andrés, como en las noticias de sucesos?), enviado (supuestamente) por el partido que desgobierna Santa Cruz. Aparte de otras barbaridades, me dijo que él tampoco lo aceptaría (el soborno), pero añadió: “aunque si me ofrecieran un millón de euros, lo cogía y me iba de la isla”.
También he visto que el pago puede ser directo o indirecto, así que no me extraña ni el patrimonio que tienen algunos periodistas en Tenerife ni tampoco leer ciertas cantidades que se pedirían por tramitar expedientes urbanísticos. Habría muchas preguntas que responder en torno a la venta de Emmasa a una empresa constructora como Sacyr, el cambio de la Ley de Comercio para permitir la entrada de Pryca (ahora Centro Meridiano), sobre la operación en el suelo de la Avenida Tres de Mayo (en la parcela donde estaba la antigua sede de Cafesa y alrededores, o la ubicada junto a la Consejería de Agricultura, enfrente mismo del Palacio de Justicia donde entran cada mañana jueces y fiscales, entre ellos la fiscal Anticorrupción, María Farnés).
Por eso es normal el cierre de filas de algunos periodistas y medios de desinformación en torno a Zerolo. ¿A cuánto asciende la subvención anual para el enaltecimiento de la canariedad que se da a los periódicos? ¿Cuánta publicidad colocan las instituciones gobernadas por ATI-CC en esos medios donde a veces ni siquiera se contrata a los trabajadores o donde se les paga una miseria?
Basta recordar que el presidente del consejo de Administración del Diario de Avisos, Elías Bacallado, es uno de los cuatro fundadores de ATI, mientras que José Rodríguez Ramírez, editor y director de El Día es un fiel servidor de los intereses de Nivaria, y la muy noble y leal ciudad de Santiago y cierra España, multimedallista de oro del Ayuntamiento y del Cabildo por la propaganda difundida desde ese cúmulo de papel donde bien se podrían anunciar las prostitutas que puede haber traído el concejal de ATI-CC detenido en San Miguel de Abona acusado de tráfico ilegal de mujeres (pero no se le ha escuchado a nadie decir que su imputación es un ataque a San Miguel de Abona. ¿O es que todos los ciudadanos de San Miguel son proxenetas?).
Porque la mentalidad en el régimen de ATI, al estar unidos por la pasta, es la siguiente: todos a una, porque uno de los nuestros está en el aire… Uno de los nuestros puede caer. Uno de los nuestros está desencajado, aunque digan que saca pecho… Saben que si caen Zerolo y Suárez Trenor, el castillo de naipes montado sobre el populismo ultrainsularista se puede venir abajo… Es curioso que Zerolo se queje de la Justicia ahora, cuando es vox populi en la isla la cantidad de chanchullos que se han montado, no sólo en Santa Cruz de Tenerife, sin que nadie sea procesado. Por el contrario, la queja de muchos ciudadanos es la inoperancia y la pasividad de la Justicia ante auténticos escándalos, como el Puerto de Granadilla, la venta de Emmasa (con un informe en contra del interventor municipal, al que se despidió de inmediato) o la propia operación en Las Teresitas.
Si les queda dignidad y son demócratas, lo mejor es que después de 30 años lo dejen y se vayan a su casa. Todos. Pero en ATI funciona el caudillismo, no hay democracia real, y por eso repiten los mismos desde que montaron el chiringuito. Adán Martín, viendo las barbas de su vecino cortar, parece que se lo plantea, no vaya a ser que se siga mirando debajo de la alfombra. Puede que piense que es hora de retirarse a tiempo a otro paraíso fiscal. Si de verdad existiera Justicia, habría que investigar a todos los que han amasado fortunas impresionantes durante el ejercicio de sus cargos públicos.
Y Zerolo, si está tan seguro de su inocencia, debería renunciar a su inmunidad parlamentaria y no presentarse a las elecciones por enésima vez. Porque lleva demasiado tiempo viviendo de un cargo público, como el resto de caudillitos de ATI, y atizando el odio entre los canarios con la inestimable ayuda de un irresponsable que dirige un panfleto.
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, considera que al ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción, todos los ciudadanos de la ciudad también lo están. Se equivoca el alcalde. No todos los chicharreros están incursos en una investigación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias, sólo unos cuantos contados con los dedos de una mano.
No es un ataque a una ciudad que mayoritariamente no ha votado a Zerolo. Cuando llegó a la alcaldía por primera vez, sólo participó en la votación el 47,5% de la población de Santa Cruz, pero en esos momentos la democracia beneficiaba a Zerolo y a ATI. Es decir, más del 70% de los chicharreros no votó por Zerolo, pero curiosamente él tenía mayoría absoluta. Así es la democracia, nos explican. La democracia electoral, a golpe de chequera.
Ahora que una institución de esa democracia que ellos dicen defender lo investiga, se revuelve en su chalé junto al campo de golf de Guamasa, en Tacoronte, y se inventa una persecución judicial, para aparecer como víctima de un complot judeomasónico. Que me derroten en las urnas, dice, pero no así, mandándome un juez para que haga el trabajo. Sólo puede razonar así quien ha creído que vive en la absoluta impunidad, porque entre todos, partidos políticos, jueces y medios de comunicación, así se lo han hecho creer a Zerolo, a Adán Martín, presidente del Gobierno canario, a Ricardo Melchior, presidente del Cabildo, a Paulino Rivero, alcalde de El Sauzal desde 1977, a Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna, a José Manuel Bermúdez, vicepresidente del Cabildo, a Vidal Suárez, alcalde de Tegueste (donde comenzó el caso Bango, que empieza a ganar Francisco de la Barreda), etcétera. Se lo han hecho creer durante muchos años…demasiados años. Treinta. Desde la muerte del dictador Francisco Franco.
Lo más gracioso de las intervenciones mediáticas de Zerolo para justificarse son dos o tres cosas: una es ver reaparecer a su padre espiritual, su maestro del lado oscuro, Manuel Hermoso, para darle apoyo moral (como el que ayer le dio a Víctor Floreal Concepción mientras a él no se le podía probar nada); otra es ampararse en una metonimia y mezclar a toda una ciudad, que mayoritariamente no le ha votado, en una supuesta persecución judicial en su contra; la tercera, la más chistosa, es que después de 30 años de cargo público, 30 años (treinta años), pueda decir con tanta contundencia que jamás ha recibido beneficio o prebenda alguna. Muy gracioso, sí.
Pero, ¿qué es corrupción? ¿Sólo meter la mano y quedarse con algo de dinero? ¿No es también utilizar el personal de jardinería de un Ayuntamiento en un chalé privado, poner a policías municipales como guardaespaldas personales de un alcalde, otorgar más de 600 millones de pesetas para regenerar una playa donde un amigo va a construir decenas de apartamentos (como en Fañabé, donde el amigo podría ser el fallecido Francisco Ucelay, entonces presidente de AIC), repartir 1.450 millones de pesetas a empresas audiovisuales (como las dos que creó Martín Paredes el mismo día, meses antes de las elecciones) mediante orden publicada el 31 de diciembre de 1994?
¿No podría ser corrupción participar con un cuñado, Luis Rodríguez, con Adán Martín, con su hermano, Fernando Martín Menis, en Promotora San Miguel, para construir bungalós y chalés adosados en la urbanización Golf del Sur (con mayor edificación de la permitida, según denunció el promotor de Amarilla Golf, Antonio Tavío, padre de Cristina Tavío, presidenta del PP y socia de Zerolo en el Ayuntamiento) y una piscina en territorio marítimo-terrestre, aunque después se pida su legalización, un permiso provisional que ya caducó?
“A Miguel no lo metan en esto”, me dijo una vez Adán Martín, poco antes de las elecciones de 1999. Iba a publicar en el diario El Mundo la denuncia de una trama presentada ante un juzgado, que también incluía a Sanmitensa (Promotora San Miguel) y Adán Martín me llamó unas ocho veces por teléfono para preguntarme qué iba a escribir y convencerme por el camino para que no lo hiciera. Por la noche, quien me llamó fue Andrés Chaves, que quería saber lo que iba a publicar El Mundo. No es para tanto, me dijo, ya con la copia en la mano. No es para tanto porque el periódico no le dio mucho espacio. Quedaban tres días para las elecciones. Pocos meses después, El Mundo colocó a la mujer de Larry Álvarez, la mano derecha de José Manuel Soria, como corresponsal en Canarias.
Las siguientes arremetidas fueron más duras, desde que me negué a aceptar un soborno que me hizo un nacionalista cántabro, J. O. (¿es con iniciales, no Andrés, como en las noticias de sucesos?), enviado (supuestamente) por el partido que desgobierna Santa Cruz. Aparte de otras barbaridades, me dijo que él tampoco lo aceptaría (el soborno), pero añadió: “aunque si me ofrecieran un millón de euros, lo cogía y me iba de la isla”.
También he visto que el pago puede ser directo o indirecto, así que no me extraña ni el patrimonio que tienen algunos periodistas en Tenerife ni tampoco leer ciertas cantidades que se pedirían por tramitar expedientes urbanísticos. Habría muchas preguntas que responder en torno a la venta de Emmasa a una empresa constructora como Sacyr, el cambio de la Ley de Comercio para permitir la entrada de Pryca (ahora Centro Meridiano), sobre la operación en el suelo de la Avenida Tres de Mayo (en la parcela donde estaba la antigua sede de Cafesa y alrededores, o la ubicada junto a la Consejería de Agricultura, enfrente mismo del Palacio de Justicia donde entran cada mañana jueces y fiscales, entre ellos la fiscal Anticorrupción, María Farnés).
Por eso es normal el cierre de filas de algunos periodistas y medios de desinformación en torno a Zerolo. ¿A cuánto asciende la subvención anual para el enaltecimiento de la canariedad que se da a los periódicos? ¿Cuánta publicidad colocan las instituciones gobernadas por ATI-CC en esos medios donde a veces ni siquiera se contrata a los trabajadores o donde se les paga una miseria?
Basta recordar que el presidente del consejo de Administración del Diario de Avisos, Elías Bacallado, es uno de los cuatro fundadores de ATI, mientras que José Rodríguez Ramírez, editor y director de El Día es un fiel servidor de los intereses de Nivaria, y la muy noble y leal ciudad de Santiago y cierra España, multimedallista de oro del Ayuntamiento y del Cabildo por la propaganda difundida desde ese cúmulo de papel donde bien se podrían anunciar las prostitutas que puede haber traído el concejal de ATI-CC detenido en San Miguel de Abona acusado de tráfico ilegal de mujeres (pero no se le ha escuchado a nadie decir que su imputación es un ataque a San Miguel de Abona. ¿O es que todos los ciudadanos de San Miguel son proxenetas?).
Porque la mentalidad en el régimen de ATI, al estar unidos por la pasta, es la siguiente: todos a una, porque uno de los nuestros está en el aire… Uno de los nuestros puede caer. Uno de los nuestros está desencajado, aunque digan que saca pecho… Saben que si caen Zerolo y Suárez Trenor, el castillo de naipes montado sobre el populismo ultrainsularista se puede venir abajo… Es curioso que Zerolo se queje de la Justicia ahora, cuando es vox populi en la isla la cantidad de chanchullos que se han montado, no sólo en Santa Cruz de Tenerife, sin que nadie sea procesado. Por el contrario, la queja de muchos ciudadanos es la inoperancia y la pasividad de la Justicia ante auténticos escándalos, como el Puerto de Granadilla, la venta de Emmasa (con un informe en contra del interventor municipal, al que se despidió de inmediato) o la propia operación en Las Teresitas.
Si les queda dignidad y son demócratas, lo mejor es que después de 30 años lo dejen y se vayan a su casa. Todos. Pero en ATI funciona el caudillismo, no hay democracia real, y por eso repiten los mismos desde que montaron el chiringuito. Adán Martín, viendo las barbas de su vecino cortar, parece que se lo plantea, no vaya a ser que se siga mirando debajo de la alfombra. Puede que piense que es hora de retirarse a tiempo a otro paraíso fiscal. Si de verdad existiera Justicia, habría que investigar a todos los que han amasado fortunas impresionantes durante el ejercicio de sus cargos públicos.
Y Zerolo, si está tan seguro de su inocencia, debería renunciar a su inmunidad parlamentaria y no presentarse a las elecciones por enésima vez. Porque lleva demasiado tiempo viviendo de un cargo público, como el resto de caudillitos de ATI, y atizando el odio entre los canarios con la inestimable ayuda de un irresponsable que dirige un panfleto.
José M. Castellano
La Opinión
La Opinión
El cantar viene de viejo. Después de tantas seguidillas entonadas sobre irregularidades parece que ha llegado la hora decisiva de "recitar" en vivo y en directo sobre el tablado de los Tribunales. Visto lo visto, oído lo oído, leído lo leído y silenciado lo silenciado en estas dos últimas semanas, tras el auto dictado por Garzón, creo que cualquier ciudadano con dos dedos de frente en una sociedad culta podría perfilar perfectamente una caracterización de la vida política y su estructura de poder en este archipiélago atlántico y debería actuar para limpiar de raíz las impunidades preestablecidas en estas laderas volcánicas.
A mí, al menos, no me convence en absoluto la reacción, actuación y declaración, ni mucho menos los argumentos expuestos por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ante el auto del Fórum Filatélico. Una defensa insustancial y débil, que han intentado maquillar a través de un inmenso despliegue mediático en el que se apela a las emociones y al victimismo con la pretensión de activar y granjear un apoyo popular con que emprender una Santa Cruzada en nombre de Tenerife y su capital.
Me repugna de igual modo ese papel mercenario de algunos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, donde plumillas y vozarrones han evidenciado de forma desvergonzada comportamientos antiéticos, inmorales y corruptos. Desprecio también abiertamente las actitudes y comportamientos cómplices de algunos socialistas tinerfeños, esos que han vivido tan estrechamente vinculados al pesebrismo ático, primando sus intereses eco-particulares sobre la conciencia ideológica y traicionado los intereses de una ciudadanía con engaños descarnados.
Y en este contexto, un nuevo frente se abre en el horizonte de esta semana con la previsible presentación por la Fiscalía Anticorrupción de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia y otros "compis" por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa, en relación con el caso Las Teresitas. La "cosa" se pone calentita, muy calentita. Y, con ansia, espero comprobar si esos alegatos de indefensión, si esos argumentos plañideros y si esos apoyos incondicionales se mantienen a partir de este momento y si, sobre todo, ATI es capaz de designar como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz y llevar como segundo de lista al Parlamento de Canarias a Miguel Zerolo.
Y es que en esta "tierra única" todo es posible, como ha demostrado el Cabildo de Tenerife el pasado viernes con la aprobación de la propuesta de Premio Canarias de Comunicación al editor-director de El Día, José Rodríguez Ramírez. Ante este espeluznante disloque, como ciudadano y como canario no puedo más que expresar mi vergüenza y consternación sobre una acción institucional que gratifica a quien a través de sus editoriales fomenta la división de la canariedad e impulsa conductas xenófobas. Una gravedad que se acentúa aún más con el apoyo dado por el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife; actitud que califica, por sí misma, la podredumbre moral e ideológica de unos "sociatas" liderados por Antonio Martinón y Fidela Velásquez, que si tuvieran un gramo de dignidad deberían abandonar inmediatamente sus representaciones orgánicas e institucionales.
Ante tal suma de despropósitos inconcebibles no queremos concluir esta columna sin dejar constancia de nuestra satisfacción por el acuerdo adoptado por el consistorio lagunero de proponer juiciosamente a Adrián Alemán de Armas como candidato al Premio Canarias en su modalidad de Comunicación. Nuestra más sincera felicitación, Adrián. Con premio o sin premio nadie te podrá arrebatar la evidencia de una trayectoria profesional seria, coherente y digna. Otros no podrán decir lo mismo.
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EL TSJC LO TIENE FÁCIL PARA INVESTIGAR
Testimonios de lujo
No terminan de calmarse del todo las turbulentas aguas que bajan barranco de Santos abajo en dirección a la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria (mira que también es casualidad). No obstante, los exabruptos lanzados cuando se conoció el auto de Baltasar Garzón inhibiéndose en favor de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, han dado paso a cierta preocupación al publicarse en la prensa de todas las Islas que la Fiscalía Anticorrupción también tiene material de derribo en el caso de Las Teresitas. Los que gritaban la honorabilidad y entereza de Miguel Zerolo han empezado a bajar el tono de sus loas y comienzan a creerse lo que ellos mismos habían dicho unos pocos años antes. Hoy les acercamos aquí el caso del periodista Andrés Chaves, de El Día, que, entre otras cosas, escribió el día 5 de diciembre que "al margen de que yo creo que Miguel Zerolo es honesto e inocente, la persecución es intolerable. Que el PSOE utilice de esta manera a la Justicia y a la Fiscalía para quitarse de enmedio a un enemigo político me parece gravísimo y atentatorio contra el Estado de Derecho". (...) "Es trágico para este país que haya jueces y fiscales que se presten a este juego peligroso, indigno, abominable y terrible para la libertad de quienes creemos en la democracia. Zerolo no debe retirarse de la política. Debe luchar y ganar, y ahora más que nunca".
Miguel Zerolo, el alcalde más honrado que jamás ha tenido Santa Cruz.
O eso dicen.
CHAVES: ''DE GRANADILLA A LAS TERESITAS''
Sobre lo mismo, dos años antes
El periodista Andrés Chaves ha presumido siempre, y con razón, de disponer de información de alta calidad sobre las trapisondas de los políticos y los empresarios de la isla de Tenerife. Es, por lo tanto, una fuente privilegiada para cualquier juez o fiscal antes de querellarse contra él. Rescatamos para ustedes lo dicho por el doctor en Periodismo en la decimotercera edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, en julio de 2004, en una conferencia que pronunció bajo el título de Prensa y Administración: desconexión entre poderes. Además del título escogido para la charla, que da para diversas interpretaciones, entresacamos algunos pasajes de interés: "Si echamos un vistazo a las recalificaciones de terrenos que se realizan continuamente en esta Comunidad Autónoma, y a quiénes las inspiran, podríamos ir desde los terrenos aledaños al nuevo puerto de Granadilla, en Tenerife, a la construcción de un recinto deportivo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pasando por el inmenso negocio de la playa de Las Teresitas". Se refiere Chaves, en concreto, a las dos actuaciones que dos años después han concluido en sendas investigaciones de la Justicia, puesta al servicio de los malvados socialistas, como él mismo dice ahora. No ha habido desconexión entre poderes: el cuarto poder de Andrés Chaves ha visto cómo el tercero metía mano a lo que él denunciaba tan heroicamente en la isla de Canaria dos años antes.
32 AÑOS DE PROFESIÓN DAN PARA MUCHO
Información patrimonio de la humanidad
El mismo periodista ha venido desgranando en su sección Superconfidencial de El Día los pelotazos de ATI, pero de repente ha debido llegar a la conclusión de que todo era un sueño, que estaba contaminado por el poder canarión y por el Ministerio de Justicia, que viene a ser lo mismo desde el actual prisma por el que miran el escándalo los más influyentes líderes de opinión tinerfeños. En sus confidenciales y en su conferencia de 2004, Chaves señalaba que estamos en una república bananera en la que "el presidente del Gobierno coloca a su novia en la Viceconsejería de Turismo y a su cuñada en la de Cultura" (...) y "el líder del Partido Popular a su hermano en la Consejería de Industria". En este ambiente bananero habla de Las Teresitas, "donde aparecen los mismos intermediarios, los personajes siniestros sin cuya anuencia nada se puede hacer en las Islas". Y sigue: "Ha habido información privilegiada, engaño a propietarios privados, favoritismo, descaro urbanístico y tráfico de influencias". Así las cosas y dado que, según él, Zerolo es "honesto e inocente", debemos entender que en lo de Las Teresitas y en lo del muelle deportivo de San Andrés estaba otro de alcalde en Santa Cruz. Insistimos, los 32 años de profesión de Chaves no se pueden quedar en un comentario de prensa. Hay que exprimirlos más y conseguir que toda la información que atesora pase a ser patrimonio de la humanidad.
Fuente: Top Secret de Canarias Ahora, 18-12-06
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Como desvela hoy Canarias Ahora, y como lleva meses pidiendo Radio San Borondón en Tenerife -a quien Chaves ha amenazado con los tribunales aunque nadie sabe por qué-, nada más lógico que la Fiscalía, o quien sea, llame a declar a Andrés Chaves que, nada menos que ante los responsables de fiscalizar las cuentas públicas de toda España invitados por la Audiencia de Cuentas de Canarias, revelaba hace poco más de dos años datos escalofriantes sobre la corrupción en Tenerife. Quizás sea gracias a él, además de a los denunciantes de la trama de Las Teresitas y a los papeles que por casualidad encontró Garzón, por lo que se están comenzando a destapar algunas de las corruptelas más escandalosas ocurridas en Tenerife en los últimos años.
Pero todo el mundo sabe que Andrés Chaves, que tiene hilo directo con José Segura o con Zerolo, a quien ahora le dirije su vergonzosa y delirante campaña mediática -y jurídica en muchos casos- de 'defensa' cuando todavía nadie lo ha acusado formalmente de nada, no es más que un chantajista de la comunicación, que le canta las verdades -o las mentiras cuando se desespera- a todo aquel que no pasa por caja en forma de publicidad para su radio o lo que sea.
Y es que Andrés Chaves está que trina porque aquí para acusar, con o sin pruebas, está él. Esa es la base de su negocio. Si los jueces se meten por medio y ponen definitivamente a cada uno en su sitio, de qué va a vivir el hombre después, cuando su negocio se basa en apretar por el cogote a la gente, con críticas y acusaciones de todo tipo, hasta que se aflojan un poquito. Además, y eso hay que reconocérselo, él lo confiesa con toda claridad: 'En la Facultad donde yo estudié no había ningún cartel que pusiera prohibido hacerse rico'.
El texto de su intervención en la Universidad de Verano de Maspalomas se encuentra publicado íntegramente, y casi de su puño y letra, nada menos que en la página oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias y, de momento, es de libre acceso para todo el mundo, hasta para los fiscales, si se ponen:
(...)
Una nueva figura en Canarias: el nepotismo
No puedo olvidar, en este repaso por el mapa de la corrupción, el nepotismo más descarado ejercido por el actual presidente del Gobierno de Canarias, que coloca a su novia en la Vice-Consejería de Turismo y a su cuñada en la Vice-Consejería de Deportes.
El presidente del Gobierno ha perdido, con esta incalificable actitud, su credibilidad; y el partido en el poder se debilita ante sus electores de una manera evidente. Las denuncias ejercidas por un pequeño sector de los medios ante estas evidencias no sólo no han surtido efecto, sino que el presidente recoloca a su familia, sin pudor alguno, en cargos aún más apetecibles de los que desempeñaban en la anterior legislatura, los cuales al menos eran democráticamente elegidos.
Para completar esta rueda por el nepotismo, también el líder del Partido Popular colocó a su hermano en la Consejería de Industria y el consejero de Economía y Hacienda a su hija en la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía. Sin olvidar a su cuñada, que disfruta de un bonito puesto, a dedo, en la Consejería de Sanidad.
El paseo continúa por veredas de república bananera. Si echamos un vistazo a las recalificaciones de terrenos que se realizan continuamente en esta Comunidad Autónoma, y a quiénes las inspiran, podríamos ir desde los terrenos aledaños al nuevo puerto de Granadilla, en Tenerife, a la construcción de un recinto deportivo en el puerto de Santa Cruz, pasando por el inmenso negocio de la playa de Las Teresitas.
En estas operaciones, casi nunca dando la cara, aparecen los mismos intermediarios, los personajes siniestros sin cuya anuencia nada se puede hacer en las islas.
Ha habido información privilegiada, engaño a propietarios privados, favoritismo, descaro urbanístico y tráfico de influencias.
Y, si no, vean. Con un aval de una entidad bancaria, empresarios de Tenerife adquieren los terrenos de Las Teresitas, que son recomprados en parte por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Con el importe de la recompra cancelan su aval bancario y pagan a los propietarios. Le quedan terrenos urbanizables por importe de docenas de millones de euros, a precio de mercado. El negocio les reportará millones y millones de euros en plusvalías.
Como justificación de este pelotazo se limitan a argumentar que ellos no tienen culpa de ser más listos que los demás. Como intermediario de la operación actuó un conocido personaje que lo mismo le da a un barco que al avión que al puerto deportivo o industrial.
El puerto de Granadilla iba a ser concebido como un embarcadero suficiente para que los suministros de gan natural y cemento se realizaran por el sur de la isla de Tenerife. Mas, de buenas a primeras, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de tenerife, desoyendo el clamor de la isla, consigue del Ministerio de Fomento la construcción de un súper puerto, con dos kilómetros y medio casi de línea de atraque. ¿Para qué?
Se violan no sólo las recomendaciones de impacto ambiental, sino las más elementales normas del ecologismo en una isla asaetada por la especulación y el cemento.
Para agitar interesadamente el pleito insular, causa de los principales males de Canarias y de los canarios, se atiza la comparación con Gran Canaria y se apela a la guerra santa para que Granadilla no sea menos que Arguineguín.
Los medios informativos pican, la Autoridad Portuaria ve en la guerra santa contra Las Palmas su salvación y comunica a la opinión pública el inicio inmediato de las obras de un súper muelle de dos kilómetros y medio de línea de atraque.
Sin embargo, los dos hospitales del Norte y el Sur de Tenerife, demandados con pasión por una sociedad mal atendida sanitariamente, no salen adelante. Hay una mano negra en la sanidad privada que impide el inicio de la sobras de estos centros.
Antes, y vuelvo a Granadilla, avispados propietarios habían adquirido terrenos a bojo costo, que han vendido a precio de oro a cementeras y otras industrias que desean establecerse en el recinto portuario. Disponían, sin duda, de información privilegiada; sabían los tempos de la operación; eligieron cuidadosamente a los dueños de los terrenos, casi siempre con problemas económicos, y compraron a precios irrisorios lo que vendieron más tarde a precio de oro.
Algunos propietarios se acercaron a quien les habla, incluso con lágrimas en los ojos. "Nos han engañado", decían. Yo no soy paño de lágrimas de nadie, pero les miré con lástima; habían caído en las garras de auténticos tiburones.
En una región en donde terrenos de un ex presidente son convertidos de rústicos a urbanos por arte de magia y urbanizados casi hasta su puerta por una empresa pública; en una tierra en la que la sanidad está controlada por un grupo privado de presión; en unas islas en las que el turismo y su explotación masiva están en manos de unos pocos; en un lugar donde los beneficios del REA no llegan a los consumidores porque unos cuantos se enriquecieron con ellos por el camino; en una tierra de pícaros y truanes donde lo público y lo privado se matrimonian cada día en una unión contra natura; en este ambiente, digo, uno no puede más que bendecir la actuación de un organismo como la Audiencia de Cuentas.
Lástima que la propia Audiencia no pudiera actuar tampoco en el caso del robajamones que importaba ilegalmente género de Hungría, o de por ahí, acogiéndose a las subvenciones europeas. Una sagaz inspectora de Aduanas detectó el fraude y lo denunció; y entonces toda la obsesión del gremio fue cargarse de su puesto a la inspectora. Estaban acostumbrados a actuar en la más absoluta impunidad, dando gato por liebre a los consumidores de las islas y llenándose los bolsillos con el dinero de las ayudas, que jamás llegan a la cesta de la compra.
(...)
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1431.htm
Testimonios de lujo
No terminan de calmarse del todo las turbulentas aguas que bajan barranco de Santos abajo en dirección a la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria (mira que también es casualidad). No obstante, los exabruptos lanzados cuando se conoció el auto de Baltasar Garzón inhibiéndose en favor de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, han dado paso a cierta preocupación al publicarse en la prensa de todas las Islas que la Fiscalía Anticorrupción también tiene material de derribo en el caso de Las Teresitas. Los que gritaban la honorabilidad y entereza de Miguel Zerolo han empezado a bajar el tono de sus loas y comienzan a creerse lo que ellos mismos habían dicho unos pocos años antes. Hoy les acercamos aquí el caso del periodista Andrés Chaves, de El Día, que, entre otras cosas, escribió el día 5 de diciembre que "al margen de que yo creo que Miguel Zerolo es honesto e inocente, la persecución es intolerable. Que el PSOE utilice de esta manera a la Justicia y a la Fiscalía para quitarse de enmedio a un enemigo político me parece gravísimo y atentatorio contra el Estado de Derecho". (...) "Es trágico para este país que haya jueces y fiscales que se presten a este juego peligroso, indigno, abominable y terrible para la libertad de quienes creemos en la democracia. Zerolo no debe retirarse de la política. Debe luchar y ganar, y ahora más que nunca".
Miguel Zerolo, el alcalde más honrado que jamás ha tenido Santa Cruz.
O eso dicen.
CHAVES: ''DE GRANADILLA A LAS TERESITAS''
Sobre lo mismo, dos años antes
El periodista Andrés Chaves ha presumido siempre, y con razón, de disponer de información de alta calidad sobre las trapisondas de los políticos y los empresarios de la isla de Tenerife. Es, por lo tanto, una fuente privilegiada para cualquier juez o fiscal antes de querellarse contra él. Rescatamos para ustedes lo dicho por el doctor en Periodismo en la decimotercera edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, en julio de 2004, en una conferencia que pronunció bajo el título de Prensa y Administración: desconexión entre poderes. Además del título escogido para la charla, que da para diversas interpretaciones, entresacamos algunos pasajes de interés: "Si echamos un vistazo a las recalificaciones de terrenos que se realizan continuamente en esta Comunidad Autónoma, y a quiénes las inspiran, podríamos ir desde los terrenos aledaños al nuevo puerto de Granadilla, en Tenerife, a la construcción de un recinto deportivo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pasando por el inmenso negocio de la playa de Las Teresitas". Se refiere Chaves, en concreto, a las dos actuaciones que dos años después han concluido en sendas investigaciones de la Justicia, puesta al servicio de los malvados socialistas, como él mismo dice ahora. No ha habido desconexión entre poderes: el cuarto poder de Andrés Chaves ha visto cómo el tercero metía mano a lo que él denunciaba tan heroicamente en la isla de Canaria dos años antes.
32 AÑOS DE PROFESIÓN DAN PARA MUCHO
Información patrimonio de la humanidad
El mismo periodista ha venido desgranando en su sección Superconfidencial de El Día los pelotazos de ATI, pero de repente ha debido llegar a la conclusión de que todo era un sueño, que estaba contaminado por el poder canarión y por el Ministerio de Justicia, que viene a ser lo mismo desde el actual prisma por el que miran el escándalo los más influyentes líderes de opinión tinerfeños. En sus confidenciales y en su conferencia de 2004, Chaves señalaba que estamos en una república bananera en la que "el presidente del Gobierno coloca a su novia en la Viceconsejería de Turismo y a su cuñada en la de Cultura" (...) y "el líder del Partido Popular a su hermano en la Consejería de Industria". En este ambiente bananero habla de Las Teresitas, "donde aparecen los mismos intermediarios, los personajes siniestros sin cuya anuencia nada se puede hacer en las Islas". Y sigue: "Ha habido información privilegiada, engaño a propietarios privados, favoritismo, descaro urbanístico y tráfico de influencias". Así las cosas y dado que, según él, Zerolo es "honesto e inocente", debemos entender que en lo de Las Teresitas y en lo del muelle deportivo de San Andrés estaba otro de alcalde en Santa Cruz. Insistimos, los 32 años de profesión de Chaves no se pueden quedar en un comentario de prensa. Hay que exprimirlos más y conseguir que toda la información que atesora pase a ser patrimonio de la humanidad.
Fuente: Top Secret de Canarias Ahora, 18-12-06
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Como desvela hoy Canarias Ahora, y como lleva meses pidiendo Radio San Borondón en Tenerife -a quien Chaves ha amenazado con los tribunales aunque nadie sabe por qué-, nada más lógico que la Fiscalía, o quien sea, llame a declar a Andrés Chaves que, nada menos que ante los responsables de fiscalizar las cuentas públicas de toda España invitados por la Audiencia de Cuentas de Canarias, revelaba hace poco más de dos años datos escalofriantes sobre la corrupción en Tenerife. Quizás sea gracias a él, además de a los denunciantes de la trama de Las Teresitas y a los papeles que por casualidad encontró Garzón, por lo que se están comenzando a destapar algunas de las corruptelas más escandalosas ocurridas en Tenerife en los últimos años.
Pero todo el mundo sabe que Andrés Chaves, que tiene hilo directo con José Segura o con Zerolo, a quien ahora le dirije su vergonzosa y delirante campaña mediática -y jurídica en muchos casos- de 'defensa' cuando todavía nadie lo ha acusado formalmente de nada, no es más que un chantajista de la comunicación, que le canta las verdades -o las mentiras cuando se desespera- a todo aquel que no pasa por caja en forma de publicidad para su radio o lo que sea.
Y es que Andrés Chaves está que trina porque aquí para acusar, con o sin pruebas, está él. Esa es la base de su negocio. Si los jueces se meten por medio y ponen definitivamente a cada uno en su sitio, de qué va a vivir el hombre después, cuando su negocio se basa en apretar por el cogote a la gente, con críticas y acusaciones de todo tipo, hasta que se aflojan un poquito. Además, y eso hay que reconocérselo, él lo confiesa con toda claridad: 'En la Facultad donde yo estudié no había ningún cartel que pusiera prohibido hacerse rico'.
El texto de su intervención en la Universidad de Verano de Maspalomas se encuentra publicado íntegramente, y casi de su puño y letra, nada menos que en la página oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias y, de momento, es de libre acceso para todo el mundo, hasta para los fiscales, si se ponen:
(...)
Una nueva figura en Canarias: el nepotismo
No puedo olvidar, en este repaso por el mapa de la corrupción, el nepotismo más descarado ejercido por el actual presidente del Gobierno de Canarias, que coloca a su novia en la Vice-Consejería de Turismo y a su cuñada en la Vice-Consejería de Deportes.
El presidente del Gobierno ha perdido, con esta incalificable actitud, su credibilidad; y el partido en el poder se debilita ante sus electores de una manera evidente. Las denuncias ejercidas por un pequeño sector de los medios ante estas evidencias no sólo no han surtido efecto, sino que el presidente recoloca a su familia, sin pudor alguno, en cargos aún más apetecibles de los que desempeñaban en la anterior legislatura, los cuales al menos eran democráticamente elegidos.
Para completar esta rueda por el nepotismo, también el líder del Partido Popular colocó a su hermano en la Consejería de Industria y el consejero de Economía y Hacienda a su hija en la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía. Sin olvidar a su cuñada, que disfruta de un bonito puesto, a dedo, en la Consejería de Sanidad.
El paseo continúa por veredas de república bananera. Si echamos un vistazo a las recalificaciones de terrenos que se realizan continuamente en esta Comunidad Autónoma, y a quiénes las inspiran, podríamos ir desde los terrenos aledaños al nuevo puerto de Granadilla, en Tenerife, a la construcción de un recinto deportivo en el puerto de Santa Cruz, pasando por el inmenso negocio de la playa de Las Teresitas.
En estas operaciones, casi nunca dando la cara, aparecen los mismos intermediarios, los personajes siniestros sin cuya anuencia nada se puede hacer en las islas.
Ha habido información privilegiada, engaño a propietarios privados, favoritismo, descaro urbanístico y tráfico de influencias.
Y, si no, vean. Con un aval de una entidad bancaria, empresarios de Tenerife adquieren los terrenos de Las Teresitas, que son recomprados en parte por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Con el importe de la recompra cancelan su aval bancario y pagan a los propietarios. Le quedan terrenos urbanizables por importe de docenas de millones de euros, a precio de mercado. El negocio les reportará millones y millones de euros en plusvalías.
Como justificación de este pelotazo se limitan a argumentar que ellos no tienen culpa de ser más listos que los demás. Como intermediario de la operación actuó un conocido personaje que lo mismo le da a un barco que al avión que al puerto deportivo o industrial.
El puerto de Granadilla iba a ser concebido como un embarcadero suficiente para que los suministros de gan natural y cemento se realizaran por el sur de la isla de Tenerife. Mas, de buenas a primeras, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de tenerife, desoyendo el clamor de la isla, consigue del Ministerio de Fomento la construcción de un súper puerto, con dos kilómetros y medio casi de línea de atraque. ¿Para qué?
Se violan no sólo las recomendaciones de impacto ambiental, sino las más elementales normas del ecologismo en una isla asaetada por la especulación y el cemento.
Para agitar interesadamente el pleito insular, causa de los principales males de Canarias y de los canarios, se atiza la comparación con Gran Canaria y se apela a la guerra santa para que Granadilla no sea menos que Arguineguín.
Los medios informativos pican, la Autoridad Portuaria ve en la guerra santa contra Las Palmas su salvación y comunica a la opinión pública el inicio inmediato de las obras de un súper muelle de dos kilómetros y medio de línea de atraque.
Sin embargo, los dos hospitales del Norte y el Sur de Tenerife, demandados con pasión por una sociedad mal atendida sanitariamente, no salen adelante. Hay una mano negra en la sanidad privada que impide el inicio de la sobras de estos centros.
Antes, y vuelvo a Granadilla, avispados propietarios habían adquirido terrenos a bojo costo, que han vendido a precio de oro a cementeras y otras industrias que desean establecerse en el recinto portuario. Disponían, sin duda, de información privilegiada; sabían los tempos de la operación; eligieron cuidadosamente a los dueños de los terrenos, casi siempre con problemas económicos, y compraron a precios irrisorios lo que vendieron más tarde a precio de oro.
Algunos propietarios se acercaron a quien les habla, incluso con lágrimas en los ojos. "Nos han engañado", decían. Yo no soy paño de lágrimas de nadie, pero les miré con lástima; habían caído en las garras de auténticos tiburones.
En una región en donde terrenos de un ex presidente son convertidos de rústicos a urbanos por arte de magia y urbanizados casi hasta su puerta por una empresa pública; en una tierra en la que la sanidad está controlada por un grupo privado de presión; en unas islas en las que el turismo y su explotación masiva están en manos de unos pocos; en un lugar donde los beneficios del REA no llegan a los consumidores porque unos cuantos se enriquecieron con ellos por el camino; en una tierra de pícaros y truanes donde lo público y lo privado se matrimonian cada día en una unión contra natura; en este ambiente, digo, uno no puede más que bendecir la actuación de un organismo como la Audiencia de Cuentas.
Lástima que la propia Audiencia no pudiera actuar tampoco en el caso del robajamones que importaba ilegalmente género de Hungría, o de por ahí, acogiéndose a las subvenciones europeas. Una sagaz inspectora de Aduanas detectó el fraude y lo denunció; y entonces toda la obsesión del gremio fue cargarse de su puesto a la inspectora. Estaban acostumbrados a actuar en la más absoluta impunidad, dando gato por liebre a los consumidores de las islas y llenándose los bolsillos con el dinero de las ayudas, que jamás llegan a la cesta de la compra.
(...)
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1431.htm
DAKAR (Reuters) -
Una embarcación con inmigrantes africanos que pretendía llegar a Canarias naufragó el sábado en el norte de Senegal y 24 de sus ocupantes fueron rescatados, pero muchos más han sido dados por desaparecidos, dijeron las autoridades el domingo.
Algunos supervivientes dijeron que hasta 100 inmigrantes ilegales más viajaban a bordo del cayuco, que regresó a tierra por el mal tiempo cerca de Saint-Louis, a 320 kilómetros al norte de la capital Dakar.
Unos pescadores
del pueblo de Gandoul rescataron a 24 supervivientes, que fueron llevados al hospital en Saint-Louis, donde fueron asistidos por deshidratación y agotamiento.
Se trata del segundo naufragio en Senegal en menos de una semana de un barco con inmigrantes que intentaban alcanzar las Islas Canarias.
Más de 25.000 "sin papeles" han llegado a Canarias este año en desvencijadas barcas pesqueras de madera. La afluencia obligó al Gobierno español a lanzar una ofensiva diplomática en el oeste de África para detener la marea de inmigrantes, cientos de los cuales se ahogan cada año en las peligrosas travesías.
El teniente de la Marina senegalesa Mohamadou Moustapha Sylla dijo a Reuters que la embarcación que naufragó el sábado había salido de Djifer, en el sur de Senegal, hace dos semanas.
"Se dirigían a España y tuvieron que volver por el mal tiempo", dijo Sylla, que actúa como portavoz para las patrullas conjuntas antiinmigración de Senegal y la Unión Europea, que han estado operando desde septiembre a lo largo de la línea costera atlántica de Senegal.
"No puedo decir cuánta gente iba a bordo", añadió, cuando fue preguntado sobre las informaciones de algunos supervivientes que hablaban de decenas de desaparecidos.
El miércoles, otra barca con 29 inmigrantes a bordo naufragó en Yoff, cerca de Dakar. Algunos supervivientes dijeron que tras 16 días de intentar llegar a Canarias habían dado la vuelta por el viento y las olas.
Docenas de personas se ahogaron, según los supervivientes.
Las autoridades dicen que los relatos de los supervivientes, especialmente el número de los pasajeros de las embarcaciones, son a menudo difíciles de verificar.
/Por Diadie Ba/
Una embarcación con inmigrantes africanos que pretendía llegar a Canarias naufragó el sábado en el norte de Senegal y 24 de sus ocupantes fueron rescatados, pero muchos más han sido dados por desaparecidos, dijeron las autoridades el domingo.
Algunos supervivientes dijeron que hasta 100 inmigrantes ilegales más viajaban a bordo del cayuco, que regresó a tierra por el mal tiempo cerca de Saint-Louis, a 320 kilómetros al norte de la capital Dakar.
Unos pescadores
del pueblo de Gandoul rescataron a 24 supervivientes, que fueron llevados al hospital en Saint-Louis, donde fueron asistidos por deshidratación y agotamiento.
Se trata del segundo naufragio en Senegal en menos de una semana de un barco con inmigrantes que intentaban alcanzar las Islas Canarias.
Más de 25.000 "sin papeles" han llegado a Canarias este año en desvencijadas barcas pesqueras de madera. La afluencia obligó al Gobierno español a lanzar una ofensiva diplomática en el oeste de África para detener la marea de inmigrantes, cientos de los cuales se ahogan cada año en las peligrosas travesías.
El teniente de la Marina senegalesa Mohamadou Moustapha Sylla dijo a Reuters que la embarcación que naufragó el sábado había salido de Djifer, en el sur de Senegal, hace dos semanas.
"Se dirigían a España y tuvieron que volver por el mal tiempo", dijo Sylla, que actúa como portavoz para las patrullas conjuntas antiinmigración de Senegal y la Unión Europea, que han estado operando desde septiembre a lo largo de la línea costera atlántica de Senegal.
"No puedo decir cuánta gente iba a bordo", añadió, cuando fue preguntado sobre las informaciones de algunos supervivientes que hablaban de decenas de desaparecidos.
El miércoles, otra barca con 29 inmigrantes a bordo naufragó en Yoff, cerca de Dakar. Algunos supervivientes dijeron que tras 16 días de intentar llegar a Canarias habían dado la vuelta por el viento y las olas.
Docenas de personas se ahogaron, según los supervivientes.
Las autoridades dicen que los relatos de los supervivientes, especialmente el número de los pasajeros de las embarcaciones, son a menudo difíciles de verificar.
/Por Diadie Ba/
Xenófobo y antiregionalista
Don José, como se le conoce en todos los ambientes políticos, empresariales y periodísticos de Tenerife, nunca se perdonará haber tenido un abuelo natural de La Atalaya de Santa Brígida, isla de Canaria. Lo confesó este viernes en un corrillo con periodistas en el almuerzo gubernamental celebrado en Lanzarote: "Reniego de mi abuelo, que fue un hijo puta porque dejó a toda su familia tirada en Tenerife para regresar a Canaria". Y se quedó tan pancho. El fanatismo de este editor-director le ha llevado últimamente a lanzar truculentos artículos editoriales de marcado carácter rupturista de la región, chantajista con el Gobierno y su presidente y hasta xenófobo. No recordamos el día en que pudimos leer en ese diario que los habitantes de Canaria son de otra raza porque la isla sufrió saqueos y violaciones de piratas bereberes o africanos o negros hediondos, siempre según los historiadores de los que se nutre intelectualmente. Don José aseguró este viernes que los editoriales son creación suya y que lo único que tiene es un amanuense que se los pasa al ordenador. Por eso creemos que es justo y necesario otorgar a este buen señor el Premio Canarias de Comunicación. Y entregárselo con honores de ordenanza.
ATI vuelve a chotear los Premios Canarias
En medio de tanta chifladura de ATI, que ha salido como un rebaño de cabras locas a defender lo que todavía no tocaba defender de Miguel Zerolo y los suyos, el Cabildo tinerfeño ha dado una nueva vuelta de tuerca al disparate. En el pleno de esa Corporación celebrado este viernes ha propuesto al director-editor de El Día, don Pepito, perdón, don José Rodríguez Ramírez, para el Premio Canarias de Comunicación. Es un nuevo choteo de ese partido a los Premios Canarias, y más concretamente a los de la modalidad de Comunicación, después de que en la edición anterior consiguieran dárselo a los periodistas más afines, los hermanos Carmelo y Martín Rivero. Fue tal el descaro de entonces, que además de los premios le encargaron a dedo, y previo pago de 30.000 euros, el Gabinete de Prensa de la ceremonia de entrega y el discurso en nombre de los galardonados. Es una pena que el Cabildo mezclara en su propuesta a los trabajdores de TVE en Canarias, que ya están tardando en decirle a don Ricardo que muchas gracias, pero que prefieren esperar a que haya alguien más serio proponiendo estas cosas.
Fuente: Top Secret Canarias Ahora,
Don José, como se le conoce en todos los ambientes políticos, empresariales y periodísticos de Tenerife, nunca se perdonará haber tenido un abuelo natural de La Atalaya de Santa Brígida, isla de Canaria. Lo confesó este viernes en un corrillo con periodistas en el almuerzo gubernamental celebrado en Lanzarote: "Reniego de mi abuelo, que fue un hijo puta porque dejó a toda su familia tirada en Tenerife para regresar a Canaria". Y se quedó tan pancho. El fanatismo de este editor-director le ha llevado últimamente a lanzar truculentos artículos editoriales de marcado carácter rupturista de la región, chantajista con el Gobierno y su presidente y hasta xenófobo. No recordamos el día en que pudimos leer en ese diario que los habitantes de Canaria son de otra raza porque la isla sufrió saqueos y violaciones de piratas bereberes o africanos o negros hediondos, siempre según los historiadores de los que se nutre intelectualmente. Don José aseguró este viernes que los editoriales son creación suya y que lo único que tiene es un amanuense que se los pasa al ordenador. Por eso creemos que es justo y necesario otorgar a este buen señor el Premio Canarias de Comunicación. Y entregárselo con honores de ordenanza.
ATI vuelve a chotear los Premios Canarias
En medio de tanta chifladura de ATI, que ha salido como un rebaño de cabras locas a defender lo que todavía no tocaba defender de Miguel Zerolo y los suyos, el Cabildo tinerfeño ha dado una nueva vuelta de tuerca al disparate. En el pleno de esa Corporación celebrado este viernes ha propuesto al director-editor de El Día, don Pepito, perdón, don José Rodríguez Ramírez, para el Premio Canarias de Comunicación. Es un nuevo choteo de ese partido a los Premios Canarias, y más concretamente a los de la modalidad de Comunicación, después de que en la edición anterior consiguieran dárselo a los periodistas más afines, los hermanos Carmelo y Martín Rivero. Fue tal el descaro de entonces, que además de los premios le encargaron a dedo, y previo pago de 30.000 euros, el Gabinete de Prensa de la ceremonia de entrega y el discurso en nombre de los galardonados. Es una pena que el Cabildo mezclara en su propuesta a los trabajdores de TVE en Canarias, que ya están tardando en decirle a don Ricardo que muchas gracias, pero que prefieren esperar a que haya alguien más serio proponiendo estas cosas.
Fuente: Top Secret Canarias Ahora,
Manuel Parejo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, y José Ana Pérez Labajos, por Inversiones Tahodio, firmaron un convenio urbanístico en diciembre del año 2000 mediante el cual la corporación se comprometía a recalificar como urbanizables dos fincas rústicas a cambio de la cesión de otra parcela -no apta para ser edificable- para reforestación de uso público.
Manuel Parejo y José Ana Pérez Labajos están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el juez Baltasar Garzón dictara un auto para que se investigara un supuesto cobro de comisiones por la concesión del Parque Marítimo de Anaga y la recalificación de dos parcelas en Valle Tahodio. De hecho, los primeros intentos de urbanizar la zona datan de la década de los 90, aunque no es hasta diciembre de 2000 cuando se firma el convenio urbanístico, que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, que deberá ser aprobado definitivamente por el pleno de la corporación.
El documento del convenio urbanístico, recogido en el PGOU, señala que a instancias de Inversiones Tahodio se propone la reclasificación de terrenos en Valle Tahodio, en concreto de dos fincas rústicas que pasarían a ser urbanizables "ya que el suelo es contiguo respecto a los terrenos clasificados como urbanos y cuanta con los servicios urbanísticos propios de esta clase de terreno".
El convenio establecía un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados para Inversiones Tahodio y que el 85 por ciento del suelo ordenado se destinara a edificaciones de venta libres
Terreno no edificable
A cambio, Ia sociedad cedía al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "para su destino a reforestación de uso público", de más de 300.000 metros cuadrados de las fincas objeto del convenio, y se reconcía que "no son edificables por encontrarse con desniveles superiores al 50 por ciento". Asimismo, Inversiones Tahodio se comprometía a "completar y ejecutar la urbanización del suelo que reste para convertirlos en solares aptos para edificar".
La existencia de una operación para recalificar el suelo en Tahodio aparece en el auto del juez Baltasar Garzón, que menciona la existencia de un fax, de julio de 2005, en el que el arquitecto Julio Aumente, señala que "el proceso de recalificación está muy personalizado en la íntima relación de José Ana/Miguel Zerolo" y añade un comentario en el que dice que "ya me he encargado durante el último año de buscar y establecer otras relaciones de compromiso con el señor Alcalde".
Superficie urbanizable
Lo cierto es que seis años después de firmado el convenio urbanístico aún no se han realizado actuaciones sobre las fincas rústicas, cuya superficie urbanizable se ha reducido de 130.000 metros cuadrados a 40.000. Esta situación ha motivado que el empresario Pérez Labajos haya ironizado en las últimas semanas sobre el supuesto trato de favor recibido por el Ayuntamiento, porque "al final hemos conseguido la cuarta parte de los que teníamos".
Manuel Parejo y José Ana Pérez Labajos están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el juez Baltasar Garzón dictara un auto para que se investigara un supuesto cobro de comisiones por la concesión del Parque Marítimo de Anaga y la recalificación de dos parcelas en Valle Tahodio. De hecho, los primeros intentos de urbanizar la zona datan de la década de los 90, aunque no es hasta diciembre de 2000 cuando se firma el convenio urbanístico, que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, que deberá ser aprobado definitivamente por el pleno de la corporación.
El documento del convenio urbanístico, recogido en el PGOU, señala que a instancias de Inversiones Tahodio se propone la reclasificación de terrenos en Valle Tahodio, en concreto de dos fincas rústicas que pasarían a ser urbanizables "ya que el suelo es contiguo respecto a los terrenos clasificados como urbanos y cuanta con los servicios urbanísticos propios de esta clase de terreno".
El convenio establecía un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados para Inversiones Tahodio y que el 85 por ciento del suelo ordenado se destinara a edificaciones de venta libres
Terreno no edificable
A cambio, Ia sociedad cedía al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "para su destino a reforestación de uso público", de más de 300.000 metros cuadrados de las fincas objeto del convenio, y se reconcía que "no son edificables por encontrarse con desniveles superiores al 50 por ciento". Asimismo, Inversiones Tahodio se comprometía a "completar y ejecutar la urbanización del suelo que reste para convertirlos en solares aptos para edificar".
La existencia de una operación para recalificar el suelo en Tahodio aparece en el auto del juez Baltasar Garzón, que menciona la existencia de un fax, de julio de 2005, en el que el arquitecto Julio Aumente, señala que "el proceso de recalificación está muy personalizado en la íntima relación de José Ana/Miguel Zerolo" y añade un comentario en el que dice que "ya me he encargado durante el último año de buscar y establecer otras relaciones de compromiso con el señor Alcalde".
Superficie urbanizable
Lo cierto es que seis años después de firmado el convenio urbanístico aún no se han realizado actuaciones sobre las fincas rústicas, cuya superficie urbanizable se ha reducido de 130.000 metros cuadrados a 40.000. Esta situación ha motivado que el empresario Pérez Labajos haya ironizado en las últimas semanas sobre el supuesto trato de favor recibido por el Ayuntamiento, porque "al final hemos conseguido la cuarta parte de los que teníamos".
Por noticias llegadas a nuestra redacción, la detención del actual presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Luis Suárez Trenor, parecía inminente hace unas horas( 20.00) de este viernes, como consecuencia del auto del Juez Garzón sobre sus implicaciones en los casos Playa de Las Teresitas y del Parque Martítimo Anaga.
El juez Baltasar Garzón implicó en el asunto Forum Filatélico a Miguel Zerolo y a Luis Suárez Trenor, a los que sindica como presuntos receptores de dinero por parte de Forum y las intenciones de esta empresa en invertir en Santa Cruz de Tenerife, tanto en el parque marítimo como en Las Teresitas.
Esta tarde se entrevistaban la Fiscal Anticorrupción de Tenerife con el Fiscal Jefe Anticorrupción. Se sabe que la fiscal tinerfeña no ha actuado, motivada, dicen muchos, por presiones políticas. Tras esta reunión se sabe que Miguel Zerolo podría estar implicado oficialmente aunque ha trascendido la detención inminente del presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña, Luis Suárez Trenor.
Fuente: redacción. canariasaldia.com
15 - 12 - 06
Hay que ver las cosas de las que se está enterando uno estos días con motivo de la guerra que ha emprendido Miguel Zerolo, y su entorno mediático, ante la posibilidad de que sea imputado en algunos casos de corrupción urbanística.
Y no nos referimos a esa campaña que ha iniciado Andrés Chaves, el mayor chantajista de la comunicación que se haya visto nunca por Canarias, en lo que se refiere a las acusaciones a un alto cargo del PSOE de La Laguna de haberle metido mano a un menor en un conocido local. Tampoco a la agresión que dice este periodista que sufrió María del Mar Julios por parte de el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al zarandear por el brazo a la vicepresidencia del Gobierno de Canarias -según un alto cargo policial que dice se lo ha contado, según cuenta el Chaves- ante un vergonzoso incidente de protocolo en Las Palmas.
Pero lo que se ha sabido este jueves, al menos de lo que nos hemos enterado media docena de gilipollas, de que muchos locales del PSOE -entre ellos el de La Laguna- son propiedad de uno de los empresarios implicados en el gigantesco pelotazo de Las Teresitas (Antonio Plasencia) y que llevan décadas sin pagar un duro de alquiler, lo que ha confirmado nada menos que Javier Abreu, cuya única línea de defensa ha sido decir que la CoCa hace lo mismo y que el PSOE de La Laguna jamás ha criticado a don Antonio, es como para pedir que se vayan todos estos golfos de la política de una vez por todas.
Y es que a uno no le importa un carajo que al PSOE le ponga los locales Antonio Plasencia o el mismísimo Obispo. Pero todos y cada uno de los ciudadanos, o votantes, tenemos el derecho a saberlo de cara a tener claro a qué nos atenemos cuando perdemos un par de horas un domingo para ir a votar. Porque tan grave es esta situación, tanto representa en la tremenda confusión que existe en esta tierra entre el interés público y el interés de unos cuantos, que Antonio Plasencia se ha cabreado por su posible imputación en la trama de Las Teresitas -según ellos promovida por una Fiscalía al servicio del PSOE- que les ha tirado por la cara parte de la deuda que mantienen con él, en este caso en deudas multimillonarias por alquileres de locales no pagados.
Y hasta que los partidos políticos no pongan sus cartas boca arriba, nos cuenten con pelos y señales quiénes les financian o conozcamos quiénes son los propietarios o cómo se financian algunos medios de comunicación, cualquier parecido con una democracia homologable de esta pamplina es pura coincidencia.
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1423.htm
Hay que ver las cosas de las que se está enterando uno estos días con motivo de la guerra que ha emprendido Miguel Zerolo, y su entorno mediático, ante la posibilidad de que sea imputado en algunos casos de corrupción urbanística.
Y no nos referimos a esa campaña que ha iniciado Andrés Chaves, el mayor chantajista de la comunicación que se haya visto nunca por Canarias, en lo que se refiere a las acusaciones a un alto cargo del PSOE de La Laguna de haberle metido mano a un menor en un conocido local. Tampoco a la agresión que dice este periodista que sufrió María del Mar Julios por parte de el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al zarandear por el brazo a la vicepresidencia del Gobierno de Canarias -según un alto cargo policial que dice se lo ha contado, según cuenta el Chaves- ante un vergonzoso incidente de protocolo en Las Palmas.
Pero lo que se ha sabido este jueves, al menos de lo que nos hemos enterado media docena de gilipollas, de que muchos locales del PSOE -entre ellos el de La Laguna- son propiedad de uno de los empresarios implicados en el gigantesco pelotazo de Las Teresitas (Antonio Plasencia) y que llevan décadas sin pagar un duro de alquiler, lo que ha confirmado nada menos que Javier Abreu, cuya única línea de defensa ha sido decir que la CoCa hace lo mismo y que el PSOE de La Laguna jamás ha criticado a don Antonio, es como para pedir que se vayan todos estos golfos de la política de una vez por todas.
Y es que a uno no le importa un carajo que al PSOE le ponga los locales Antonio Plasencia o el mismísimo Obispo. Pero todos y cada uno de los ciudadanos, o votantes, tenemos el derecho a saberlo de cara a tener claro a qué nos atenemos cuando perdemos un par de horas un domingo para ir a votar. Porque tan grave es esta situación, tanto representa en la tremenda confusión que existe en esta tierra entre el interés público y el interés de unos cuantos, que Antonio Plasencia se ha cabreado por su posible imputación en la trama de Las Teresitas -según ellos promovida por una Fiscalía al servicio del PSOE- que les ha tirado por la cara parte de la deuda que mantienen con él, en este caso en deudas multimillonarias por alquileres de locales no pagados.
Y hasta que los partidos políticos no pongan sus cartas boca arriba, nos cuenten con pelos y señales quiénes les financian o conozcamos quiénes son los propietarios o cómo se financian algunos medios de comunicación, cualquier parecido con una democracia homologable de esta pamplina es pura coincidencia.
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1423.htm
El Alcalde de Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt y el primer teniente-alcalde Eustaquio Dorta, así como los demás concejales de Coalición Canarias que forman la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, han sido citados para declarar en el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera el próximo 13 de diciembre en calidad de denunciados por un presunto delito de prevaricación urbanística. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia, que ha quedado registrada bajo el nº 64/06. Esta denuncia se ha realizado a instancias del portavoz del Grupo Socialista, Alberto Roldán, conforme ya se ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación con anterioridad.
Mediante exhorto al Juzgado de San Sebastián se han iniciado los trámites para esclarecer los hechos denunciados, en el que se concede una licencia urbanística en la que se incluye unos aparcamientos privados de un edificio de viviendas en el barrio de La Playa, en un espacio destinado a plaza pública, a sabiendas de su injusticia por advertencia en el informe del arquitecto técnico municipal de incumplimiento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Por el Grupo Socialista, se quiere poner en conocimiento ciudadano que los tres procesos judiciales que se han iniciado por parte de este Grupo Político siguen su trámite y que se tiene la confianza de que a los dirigentes que realizan su función de forma despótica se pongan en su sitio. Con ello queremos desmentir las declaraciones de Esteban Bethencourt quien, intentando confundir a los ciudadanos, ha vertido en los medios públicos que las denuncias presentadas por los socialistas han sido todas archivadas.
Fuente: Alberto Roldán Piñero. Agrupación local del psoe-psc de valle Gran Rey
Cuenta atrás para el caso de presunta corrupción urbanística en Las Teresitas. La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife prevé presentar la próxima semana una querella en la que podría incluirse acusaciones por posibles tráfico de influencias y prevaricación en la persona del alcalde santacrucero, Miguel Zerolo.
La querella que, presumiblemente, presentará la próxima semana la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, observa indicios de presunto tráfico de influencias en las actuaciones del Ayuntamiento a lo largo del proceso de compra-venta de terrenos en Las Teresitas.
Según fuentes jurídicas, la fiscal María Farnés Martínez trasladó ayer a su superior en Madrid, Antonio Salinas, el contenido de las investigaciones practicadas durante 18 meses, desde que un colectivo (Ínsula Viable) denunció en 2005 un posible caso de corrupción que puede salpicar a empresarios de renombre y larga trayectoria inversora.
Salinas dio el plácet a la fiscal de Tenerife para que proceda a la presentación de una querella por dos presuntas ilegalidades: tráfico de influfencias y prevaricación en la persona de Miguel Zerolo.
La actuación del Ministerio Público ha sido «muy celosa» en el seguimiento del papel desarrollado Zerolo como regidor de Santa Cruz, como miembro del consejo de administración de Cajacanarias y como máximo responsable de un Ayuntamiento que formaba parte de la junta de compensación dueña de 155 fincas (102 dueños) en Las Teresitas.
Privilegio
Según las mismas fuentes, la Fiscalía trata de esclarecer que las tres instituciones (Ayuntamiento, entidad financiera y junta de compensación) pudieron participar en una trama de información preferente a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González para adquirieran de forma temprana terrenos que circundan la playa.
La Fiscalía ha recabado las pruebas documentales que prueban, al menos, una serie de hechos que conectan al Consistorio, a Cajacanarias y a la junta de compensación en un mismo periodo de fechas muy próximo entre sí.
En junio de 1998, la junta de compensación (a la que pertenece el Ayuntamiento) vendió las parcelas a Inversiones Las Teresitas (propiedad de González y Plasencia) por 30 millones de euros, operación financiada en su totalidad por Cajacanarias. El crédito se concedió el día 24, la venta se selló el 26 y esa misma mañana, la sociedad se inscribió en el Registro Mercantil.
Tres días más tarde (el 29), el Tribunal Supremo resolvía a favor de de la junta de compensación un recurso presentado por el PSOE y la Administración del Estado, permitiendo la urbanización en las fincas a pequeños y medianos propietarios.
En 2001, el pleno municipal negoció un convenio urbanístico, pagó 52,6 millones a Inversiones Las Teresitas por un grupo de parcelas y, encima, recalició a esta misma empresa 120.000 metros cuadrados, que pasaron de uso turístico extrahotelero a urbanizable para residencias. La Fiscalía ha medido sus pasos para separar las actuaciones meramente públicas de las operaciones mercantiles de los empresarios. La denuncia se presentará, casi seguro, en formato de querella y los delitos a imputar por el Ministerio Público serían prevaricación y tráfico de influencias.
José A. Alemán
Podría aceptar lo dicho por Adán Martín en la II Conferencia Mundial de Directivos de la Agencia Efe. Podría, sí, coincidir con él en su condena de la ''información basura''. Nada tendría que decir porque manifieste sus presidenciales preocupaciones en materia de comunicación y hasta compartiría algunas de ellas que ya figuran en los análisis de una profesión que no pasa por sus mejores momentos.
Incluso respetaría las críticas que hizo en el mismo acto a la Prensa grancanaria no sólo porque estaría ejerciendo su derecho a la libertad de opinión y de expresión, sino porque también la Prensa es susceptible, estaría bueno, de crítica. Le sorprendería saber que somos los propios periodistas los más duros con este oficio.
Sin embargo, no puede admitírsele a Adán Martín lo dicho en el acto de Efe. No por el contenido de sus críticas sino porque no está moralmente legitimado para emitirlas. No lo está desde el punto y hora en que arremete contra la Prensa grancanaria sin haber abierto la boca respecto a la línea editorial de El Día, el periódico de mayor circulación de Tenerife, que a diario veja e insulta, con frecuentes rejos xenófobos, a Gran Canaria y a sus habitantes a los que acusa de estar en una permanente conjura contra Tenerife. Con la agravante del uso de patrañas como munición de la infamia.
Eso ocurre desde hace muchos años sin que Adán haya abierto la boca cuando a él, como presidente, le corresponde la responsabilidad directa de velar por la unidad y la convivencia en Canarias que El Día perturba de manera flagrante con su odio al canarión. Lo más que ha dicho, cuando se ha visto forzado, es algo parecido a esas son cosas de don Pepito; restándole cariñosamente importancia. No en vano el periódico es partidario de que repita como presidente y le dicta su política con algún tierno rapapapolvo para que no ceda ante los malvados canariones que tanto daño pueden hacerle. A traición, por supuesto.
Quiero decir que si ha callado con El Día, no es de recibo que arremeta contra la Prensa grancanaria oficialmente, actuando como presidente en un acto de alcance internacional, culpándola, falsamente encima, de estar detrás de lo de Zerolo. Del bracillo, claro, de López Aguilar y del famoso sanedrín, a los que no aludió porque se trataba de reunión de periodistas, pero que estaban en el contexto pues lo que hizo Adán fue asumir las loquinarias tesis de ATI a favor de Zerolo. Aunque fuera para que Paulino no le chupara pantalla ante el Tenerife profundo.
Los nervios le traicionaron y se despojó de su falsa circunspección, del distanciamiento mantenido en otros graves asuntos que no afectaban a su partido, para saltar con lo de Zerolo. Puso de manifiesto que sólo es presidente de ATI, que Canarias le queda ancha. Le han retratado sus limitaciones pueblerinas. Menudo presidente.
aleman@canariasahora.com
José H. Chela
Creo que ha sido en el último libro de Álex Grijelmo –La gramática descomplicada, cuatro ediciones en dos meses– donde he leído recientemente un comentario sobre lo tonta que resulta esa manía reciente de protestar por alguna barbaridad –un crimen doméstico, pongamos por caso, o una injusticia- sacando pancartas a la calle donde se lee ''Todos somos Fulanita'' (la asesinada, en el ejemplo anterior) o ''Todos somos Menganito'' (la víctima del agravio, un suponer). Comenta el presidente de la agencia Efe que esa forma de manifestarse, además de ser hipócrita, puede incluso resultar contraproducente: los criminales o los responsables del atropello a unos derechos determinados, ante semejantes muestras de presunta solidaridad, bien podrían pensar: ''Bueno... Pues, si son tantos, que hayamos matado a uno o le hayamos hecho una putada a otro, no tiene tanta importancia, ¿verdad?''.
Sin embargo, le parece a uno, una reivindicación popular en sentido absolutamente contrario, sí sería coherente y, a veces, hasta necesaria. En estos momentos, en los que a los vecinos de Santa Cruz se nos pretende convencer de que la ciudad y Miguel Zerolo son la misma cosa, la misma sustancia e idéntica identidad, y cuando se abre paso la insólita idea de que si alguien duda de la honradez del alcalde se está dudando de la honradez de toda la sociedad chicharrera, sería conveniente desmarcarse. Y a mi no me importaría en absoluto enarbolar una pancarta en la que se leyera: Yo no soy Zerolo. O ninguno somos Zerolo, salvo Zerolo mismo. Y digo todo esto partiendo –ya lo que repetido en esta columna más de una vez- del respeto debido a la presunción de inocencia de don Miguel y hasta de la esperanza de que, finalmente, quede clara su inocencia. A nadie –a mi al menos- le apetece verse rodeado de corrupción.
Pero, los vaticinios que me he permitido plasmar en esta sección acerca de la reacción de CC en lo que se refiere a la situación planteada en la capital tinerfeña tras el auto de Garzón sobre las presuntas corruptelas ligadas a Fórum Filatélico y las investigaciones en torno a la operación de Las Teresitas, han sido confirmados por la realidad. Miguel Zerolo será, con casi entera seguridad, candidato a repetir al frente de la alcaldía y el arma electoral será la del victimismo. Aunque la estrategia consistente en identificar al alcalde ''acosado por una Justicia manejada con fines políticos'' con el conjunto de la variopinta ciudadanía se le pueda antojar a cualquier observador sensato verdaderamente burda, no me atrevería yo a asegurar que no vaya a dar sus frutos. Cosas más raras se han visto por estos lares.
Mientras se aguardan acontecimientos –vaya unas Navidades moviditas éstas- lo de Nacho González hablando a los medios de ''un Estado policial'' en Canarias a cuenta del caso Teresitas, demuestra hay gente en nuestra clase política carente del menor decoro. Todo el mundo sabe en estas islas quién es el líder del CCN y quien es su padre: uno de los impulsores y principales beneficiario del escandaloso asunto, que, ése sí, seguirá siendo escandaloso incluso aunque los trabajos de la Fiscalía acaben en agua de borrajas. Callándose no hubiera salido más guapo en las crónicas, pero habría demostrado más elegancia y un grado exigible de asepsia en torno a una cuestión que le afecta personal y familiarmente.
chela@canariasahora.com
La Fiscalía Anticorrupción tiene decidido presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa, en relación al caso Las Teresitas.
Según avanzó este viernes el programa El Espejo Canario, de CANARIAS AHORA RADIO, la medida judicial se tomará en las próximas horas, cuando mantengan una última reunión la fiscal delegada en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, con su fiscal jefe, Antonio Salinas.
La querella, que por la condición de aforado del también diputado autonómico Miguel Zerolo, incluye, además de a los empresarios Ignacio Martín y Antonio Plasencia, al menos al concejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, y al director general de CajaCanarias, Rodolfo Núñez.
Una investigación de año y medio
La fiscal María Farnés ya había concluido esta misma semana los trabajos de investigación del pelotazo de Las Teresitas, y sólo estaba a expensas de una última reunión con su superior, el fiscal jefe Antonio Salinas, para proceder a remitir a los juzgados el caso en el que se verían implicados en una operación urbanística dos poderosos empresarios tinerfeños, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que habrían ganado unos 120 millones de euros, sin arriesgar un céntimo, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que preside el nacionalista Miguel Zerolo.
Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la apertura de diligencias previas a la fase de instrucción del caso o, en su defecto, el archivo de las mismas, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz.
72 horas clave de información privilegiada en junio de 1998
Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a González y Plasencia por 30 millones de euros.
Estos empresarios habían creado Inversiones Las Teresitas, SL, el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias, del que forman parte el propio Ignacio González, como presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, y el alcalde Miguel Zerolo, aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.
Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.
El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que González y Plasencia pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.
El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.
La operación urbanística por la cual González y Plasencia se han llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.
Según avanzó este viernes el programa El Espejo Canario, de CANARIAS AHORA RADIO, la medida judicial se tomará en las próximas horas, cuando mantengan una última reunión la fiscal delegada en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, con su fiscal jefe, Antonio Salinas.
La querella, que por la condición de aforado del también diputado autonómico Miguel Zerolo, incluye, además de a los empresarios Ignacio Martín y Antonio Plasencia, al menos al concejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, y al director general de CajaCanarias, Rodolfo Núñez.
Una investigación de año y medio
La fiscal María Farnés ya había concluido esta misma semana los trabajos de investigación del pelotazo de Las Teresitas, y sólo estaba a expensas de una última reunión con su superior, el fiscal jefe Antonio Salinas, para proceder a remitir a los juzgados el caso en el que se verían implicados en una operación urbanística dos poderosos empresarios tinerfeños, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que habrían ganado unos 120 millones de euros, sin arriesgar un céntimo, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que preside el nacionalista Miguel Zerolo.
Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la apertura de diligencias previas a la fase de instrucción del caso o, en su defecto, el archivo de las mismas, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz.
72 horas clave de información privilegiada en junio de 1998
Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a González y Plasencia por 30 millones de euros.
Estos empresarios habían creado Inversiones Las Teresitas, SL, el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias, del que forman parte el propio Ignacio González, como presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, y el alcalde Miguel Zerolo, aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.
Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.
El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que González y Plasencia pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.
El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.
La operación urbanística por la cual González y Plasencia se han llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.
La semana pasada nos enteramos de una grata noticia, el auto del Juez Garzón y la implicación del Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo y el Presidente de la Autoridad Portuaria Luis Suarez Trenor, por supuestos cobros de “comisiones ilegales y sobornos percibidos” a cambio de favorecer la instalación y construcción de una marina deportiva en San Andrés. Y digo lo de grata noticia, no por que me alegre del mal que acecha y sobrevuela a estos dos personajes que se creen por encima del bien y del mal, no, digo grata por que parece ser que la Justicia nos hace creer y nos da un hilo de esperanza de que en realidad lleva acabo su cometido, de que en realidad la Justicia investiga, fiscaliza y depura responsabilidades. Y el sistema Judicial, es un poder, que junto al ejecutivo y el legislativo, gestionan, sostienen y a su vez es “pata” fundamental de la democracia y del Estado. No digo nada nuevo con esto, como tampoco digo que la Justicia es la Institución por excelencia en la que hay que confiar, respetar y dejar trabajar, por que así marca las “reglas del juego” que es esta democracia.
Una de las labores de la Fiscalía, es investigar posibles delitos, fraudes, corrupción, etc., que en el caso que nos ocupa, suceden en las administraciones públicas. Y esto es lo que ha sucedido, el Juez Garzón, ha tirado de la madeja del fraude piramidal del Fórum Filatelico, y ahí “casualmente” aparecieron estos personajes ya mencionados.
Zerolo pasó de un plumazo, de “supuesto corrupto” a víctima para luego abanderar la campaña de contaminación y acusaciones sin fundamento alguno contra jueces, fiscales y Ministro de Justicia, claro, exceptuado a la Fiscal anticorrupción de Tenerife, María Farnés, de la que ATI se siente muy “agustito”…
Miguel Zerolo y ATI han cuestionado la independencia de jueces y el funcionamiento del Estado de Derecho, han dudado y acusado a la Fiscalía y al Fiscal General, y esto, sin lugar a dudas es violar este Estado de Derecho, no respetar las reglas del juego y por supuesto es una inmoralidad y una irresponsabilidad más que manifiesta. Lo cierto, y es lo que sabe la mayoría de la ciudadanía, que con esto, ATI y los involucrados en esta trama, solo quieren desviar la atención para otro lado, eludir responsabilidades y una explicación a la ciudadanía. Pretenden lo que muy pocos han hecho en este país, que es dudar de la Justicia, dando tiros al aire y esbozando sandeces y teorías no argumentadas y sin sentidos. Esto es tener mucho rostro, muy poca vergüenza y muy poco respeto al Estado de Derecho y a su ciudadanía. Mientras, el aparato propagandístico de ATI, que son los periódicos editados en la Provincia, sus dóciles y acólitos columnistas, y algunas otras cadenas de televisión y radio locales, no paran de romper lanzas a favor de unos señores que no respetan ni a la democracia ni al pueblo. Quisiera que me explique estos “medios de comunicación” que argumentos o razones de pesos poseen para hacer esta defensa a ultranza, y por lo tanto también dudar y acusar al sistema judicial. ¡ Qué poca vergüenza !
Yo al igual que la ciudadanía, pedimos a Jueces y Fiscales que trabajen y actúen en consecuencia, y que lleven a cabo una investigación rigurosa, seria e independiente tal y como la están llevando ahora. Que no se dejen llevar por las presiones, por la contaminación mediática, por las amenazas o intimidaciones oficialistas, y que al final, pueda resolverse el caso y depurarse responsabilidades. Así mismo que investiguen otros casos de dudosa naturaleza moral y legal, como en las teresitas, donde unos poquitos pero muy listos se llevaron a la “talega” la no despreciable cantidad de 129 millones de euros después de una jugada de guante blanco, que investiguen todo lo relacionado con la Vía Exterior y el Puerto de Granadilla, que hay mucha leña que cortar al respecto. También le pedimos a la Fiscalía, que retire a la Sra. Farnés de la fiscalía anticorrupción de Tenerife, una fiscal muy cómoda para los intereses de ATI y una fiscal a la que supuestamente le cuesta facilitar los datos e informes derivados de sus investigaciones y que a mas de un político le hubiese ocasionado algún problema. Ya está bien de pagarle a esta Señora unas estupendas e indefinidas vacaciones en la isla.
Por último, recuerdo las palabras de estos señores, Zerolo y Trenor, insultando y llamando de “antisistemas y terroristas sociales” a todos los ciudadanos dignos y demócratas que libremente ejercíamos nuestro derecho a manifestarnos o a opinar libremente sobre infraestructuras como el Puerto de Granadilla o incluso la “famosa” Marina de San Andrés, fíjense ustedes como lo defendían con uñas y dientes, ¿por qué será.?.... ¿Quiénes son los verdaderos antisistemas, los que ponen en tela de juicio, dudan y acusan sin pruebas a jueces y fiscales, o los q ejercen su derecho cívica y libremente?, ¿Quiénes son los terroristas sociales, los que sacan tajada del suelo y dinero público o los que defienden la isla y su territorio?. Guárdame un cachorro….
Una de las labores de la Fiscalía, es investigar posibles delitos, fraudes, corrupción, etc., que en el caso que nos ocupa, suceden en las administraciones públicas. Y esto es lo que ha sucedido, el Juez Garzón, ha tirado de la madeja del fraude piramidal del Fórum Filatelico, y ahí “casualmente” aparecieron estos personajes ya mencionados.
Zerolo pasó de un plumazo, de “supuesto corrupto” a víctima para luego abanderar la campaña de contaminación y acusaciones sin fundamento alguno contra jueces, fiscales y Ministro de Justicia, claro, exceptuado a la Fiscal anticorrupción de Tenerife, María Farnés, de la que ATI se siente muy “agustito”…
Miguel Zerolo y ATI han cuestionado la independencia de jueces y el funcionamiento del Estado de Derecho, han dudado y acusado a la Fiscalía y al Fiscal General, y esto, sin lugar a dudas es violar este Estado de Derecho, no respetar las reglas del juego y por supuesto es una inmoralidad y una irresponsabilidad más que manifiesta. Lo cierto, y es lo que sabe la mayoría de la ciudadanía, que con esto, ATI y los involucrados en esta trama, solo quieren desviar la atención para otro lado, eludir responsabilidades y una explicación a la ciudadanía. Pretenden lo que muy pocos han hecho en este país, que es dudar de la Justicia, dando tiros al aire y esbozando sandeces y teorías no argumentadas y sin sentidos. Esto es tener mucho rostro, muy poca vergüenza y muy poco respeto al Estado de Derecho y a su ciudadanía. Mientras, el aparato propagandístico de ATI, que son los periódicos editados en la Provincia, sus dóciles y acólitos columnistas, y algunas otras cadenas de televisión y radio locales, no paran de romper lanzas a favor de unos señores que no respetan ni a la democracia ni al pueblo. Quisiera que me explique estos “medios de comunicación” que argumentos o razones de pesos poseen para hacer esta defensa a ultranza, y por lo tanto también dudar y acusar al sistema judicial. ¡ Qué poca vergüenza !
Yo al igual que la ciudadanía, pedimos a Jueces y Fiscales que trabajen y actúen en consecuencia, y que lleven a cabo una investigación rigurosa, seria e independiente tal y como la están llevando ahora. Que no se dejen llevar por las presiones, por la contaminación mediática, por las amenazas o intimidaciones oficialistas, y que al final, pueda resolverse el caso y depurarse responsabilidades. Así mismo que investiguen otros casos de dudosa naturaleza moral y legal, como en las teresitas, donde unos poquitos pero muy listos se llevaron a la “talega” la no despreciable cantidad de 129 millones de euros después de una jugada de guante blanco, que investiguen todo lo relacionado con la Vía Exterior y el Puerto de Granadilla, que hay mucha leña que cortar al respecto. También le pedimos a la Fiscalía, que retire a la Sra. Farnés de la fiscalía anticorrupción de Tenerife, una fiscal muy cómoda para los intereses de ATI y una fiscal a la que supuestamente le cuesta facilitar los datos e informes derivados de sus investigaciones y que a mas de un político le hubiese ocasionado algún problema. Ya está bien de pagarle a esta Señora unas estupendas e indefinidas vacaciones en la isla.
Por último, recuerdo las palabras de estos señores, Zerolo y Trenor, insultando y llamando de “antisistemas y terroristas sociales” a todos los ciudadanos dignos y demócratas que libremente ejercíamos nuestro derecho a manifestarnos o a opinar libremente sobre infraestructuras como el Puerto de Granadilla o incluso la “famosa” Marina de San Andrés, fíjense ustedes como lo defendían con uñas y dientes, ¿por qué será.?.... ¿Quiénes son los verdaderos antisistemas, los que ponen en tela de juicio, dudan y acusan sin pruebas a jueces y fiscales, o los q ejercen su derecho cívica y libremente?, ¿Quiénes son los terroristas sociales, los que sacan tajada del suelo y dinero público o los que defienden la isla y su territorio?. Guárdame un cachorro….
El secretario del Ejecutivo canario, Antonio Castro, dijo ayer que la concesión del puerto deportivo de San Andrés no es un asunto que competa al Gobierno, alejando así cualquier duda que pudiera existir sobre posibles presiones al Ejecutivo por parte de la empresa ligada a Fórum Filatélico para lograr dicha concesión.
El consejero de Infraestructuras ejerció de portavoz del Consejo de Gobierno para responder en el pleno de ayer a la pregunta formulada por el diputado socialista Santiago Pérez sobre la certeza de las informaciones que recogen el informe de la Fiscalía relativas a las presiones que pudo recibir el Ejecutivo canario en relación con las condiciones de la concesión del puerto deportivo de San Andrés por parte «de un determinado empresario». Santiago Pérez recibió como respuesta un «le puedo asegurar que este Gobierno no ha tenido la más mínima presión». Pero también un despeje en toda regla de Antonio Castro recalcando que, «además, este asunto no es competencia del Gobierno de Canarias».
La breve respuesta del Gobierno a tan concreta pregunta de Santiago Pérez no fue sin embargo óbice para que el diputado socialista aprovechara este trámite parlamentario para descolocar al Ejecutivo con una respuesta directa a las manifestaciones de los últimos días del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y más concretamente a las vertidas en artículo de opinión que publicó el pasado domingo en el rotativo El Día bajo el título 'Yo acuso'. Santiago Pérez, sin nombrarlo, acusó a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) de «enfrentar a los canarios» y «cometer un crimen de lesa canariedad».
Aprovechó el diputado socialista para hacer tres acusaciones directas a «algunos dirigentes de ATI» por las actitudes que han mantenido después de que trascendiera el auto del juez central de instrucción Baltasar Garzón y el contenido de los documentos incautados en el registro a la sede de Fórum Filatélico en Madrid en los que supuestamente aparecen, entre otros 12, los nombres de Miguel Zerolo y el presidente de e la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor presuntos implicados en un delito de cohecho.
Populismo
Santiago Pérez denunció que esos dirigentes de ATI «que no ATI ni Coalición Canaria, han estado confundiendo interesadamente a los canarios, presentando como meros aparatos al servicio del Gobierno a fiscales y jueces», que, según apuntó, «únicamente están sometidos a la legislación».
También denunció la, a su juicio, «tentación plebiscitaria con que algunos dirigentes de ATI pretenden rehuir la acción de la justicia», así como la «obscena utilización que hacen de Santa Cruz y de Tenerife para escudarse detrás de ellos», en clara alusión al populismo al que frecuentemente echa mano ATI.
«Tenerife, Santa Cruz y Canarias no es ATI, somos todos -dijo Pérez-. Los tinerfeños y los canarios, porque todos somos el pueblo de Canarias», sentenció Santiago Pérez, quien constató nuevamente que los socialistas siguen luchando, dijo, «no sólo para que Canarias sea una tierra única, como indica la propaganda oficial, sino como un pueblo único». La tercera denuncia de Santiago Pérez en el pleno del Parlamento fue el enfrentamiento al que ATI está sometiendo a los canarios.
La intervención de Santiago Pérez provocó el entusiasmo del grupo Socialista, que no pudo reprimir un sonoro aplauso, que Antonio Castro, bajo la mirada de Adán Martín, respondió con una nada halagadora frase, reprochándole haber aprovechado la pregunta para lanzar un discurso que nada tenía que ver con el asunto y advirtiéndole que por como había actuado «ha demostrado -dijo Castro- que usted es el que no confía en la Justicia».
El consejero de Infraestructuras ejerció de portavoz del Consejo de Gobierno para responder en el pleno de ayer a la pregunta formulada por el diputado socialista Santiago Pérez sobre la certeza de las informaciones que recogen el informe de la Fiscalía relativas a las presiones que pudo recibir el Ejecutivo canario en relación con las condiciones de la concesión del puerto deportivo de San Andrés por parte «de un determinado empresario». Santiago Pérez recibió como respuesta un «le puedo asegurar que este Gobierno no ha tenido la más mínima presión». Pero también un despeje en toda regla de Antonio Castro recalcando que, «además, este asunto no es competencia del Gobierno de Canarias».
La breve respuesta del Gobierno a tan concreta pregunta de Santiago Pérez no fue sin embargo óbice para que el diputado socialista aprovechara este trámite parlamentario para descolocar al Ejecutivo con una respuesta directa a las manifestaciones de los últimos días del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y más concretamente a las vertidas en artículo de opinión que publicó el pasado domingo en el rotativo El Día bajo el título 'Yo acuso'. Santiago Pérez, sin nombrarlo, acusó a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) de «enfrentar a los canarios» y «cometer un crimen de lesa canariedad».
Aprovechó el diputado socialista para hacer tres acusaciones directas a «algunos dirigentes de ATI» por las actitudes que han mantenido después de que trascendiera el auto del juez central de instrucción Baltasar Garzón y el contenido de los documentos incautados en el registro a la sede de Fórum Filatélico en Madrid en los que supuestamente aparecen, entre otros 12, los nombres de Miguel Zerolo y el presidente de e la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor presuntos implicados en un delito de cohecho.
Populismo
Santiago Pérez denunció que esos dirigentes de ATI «que no ATI ni Coalición Canaria, han estado confundiendo interesadamente a los canarios, presentando como meros aparatos al servicio del Gobierno a fiscales y jueces», que, según apuntó, «únicamente están sometidos a la legislación».
También denunció la, a su juicio, «tentación plebiscitaria con que algunos dirigentes de ATI pretenden rehuir la acción de la justicia», así como la «obscena utilización que hacen de Santa Cruz y de Tenerife para escudarse detrás de ellos», en clara alusión al populismo al que frecuentemente echa mano ATI.
«Tenerife, Santa Cruz y Canarias no es ATI, somos todos -dijo Pérez-. Los tinerfeños y los canarios, porque todos somos el pueblo de Canarias», sentenció Santiago Pérez, quien constató nuevamente que los socialistas siguen luchando, dijo, «no sólo para que Canarias sea una tierra única, como indica la propaganda oficial, sino como un pueblo único». La tercera denuncia de Santiago Pérez en el pleno del Parlamento fue el enfrentamiento al que ATI está sometiendo a los canarios.
La intervención de Santiago Pérez provocó el entusiasmo del grupo Socialista, que no pudo reprimir un sonoro aplauso, que Antonio Castro, bajo la mirada de Adán Martín, respondió con una nada halagadora frase, reprochándole haber aprovechado la pregunta para lanzar un discurso que nada tenía que ver con el asunto y advirtiéndole que por como había actuado «ha demostrado -dijo Castro- que usted es el que no confía en la Justicia».
Dakar/ Santa Cruz de Tenerife
Una embarcación con decenas de personas a bordo que intentaban viajar clandestinamente a las Islas Canarias encalló este miércoles en la playa de Yoff, cercana a Dakar, donde más de una veintena de pasajeros murieron de frío, hambre y sed acumulados durante los nueve días que duró el viaje.
El diario Le Matin de Yoff, que relata en su edición de este jueves los hechos, indica que por al menos 22 personas murieron durante el trágico viaje emprendido desde la región sureña de Casamance, según testimonios de algunos supervivientes.
La embarcación, que había llegado hasta las costas marroquíes, no logró burlar la vigilancia de la operación Frontex y, después de varias tentativas infructuosas, no tuvo más remedio que dar media vuelta para regresar a su punto de salida.
El mal tiempo, unido al agotamiento de las reservas de alimentos a bordo, acabó con la vida de 22 de los ocupantes de la embarcación cuyos cuerpos fueron arrojados al agua, informa el diario, que cita las mismas fuentes.
Varios supervivientes llegaron a la playa de Yoff en un estado casi desesperado y fueron atendidos por los servicios sanitarios, mientras que otros se dispersaron para evitar su arresto por los servicios de Seguridad, que han abierto una investigación sobre el caso.
Las repatriaciones de clandestinos realizadas entre septiembre y octubre, combinadas con la operación Frontex, así como el peligro de las malas condiciones meteorológicas, han reducido drásticamente las salidas de embarcaciones desde las costas senegalesas.
Sin embargo, algunos temerarios persisten en su voluntad de hacer realidad su sueño de emigrar a Europa a cualquier precio haciendo suyo el ya famoso lema Barça o barsaj (Barcelona o el infierno, en la lengua nacional, el wolof).
La pasada semana, los servicios de Seguridad detuvieron a cuatro traficantes de emigrantes irregulares y a 14 de éstos últimos en la localidad de Mbour, a 80 kilómetros al sur de la capital senegalesa, mientras ultimaban los preparativos para una expedición con rumbo a las Islas Canarias.
Entre septiembre y noviembre, la operación Frontex, llevada a cabo conjuntamente por elementos de la Guardia Civil española y la marina senegalesa, ha hecho posible interceptar una decena de cayucos con 600 personas a bordo.
Desde enero de 2006 se calcula que más de 25.000 personas han llegado a Canarias procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mauritania y Marruecos, y cerca de 5.000 senegaleses han sido repatriados.
Interceptado a seis millas
Por otro lado, un cayuco con 133 inmigrantes a bordo arribó este jueves al muelle de Los Cristianos tras ser interceptado por Salvamento Marítimo a unas seis millas al sur de Tenerife, informaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2).
Los ocupantes de la barcaza son todos varones y en principio presentan un buen estado de salud, por lo que no fue preciso su traslado a centro sanitario alguno. Los inmigrantes fueron reconocidos en el muelle por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja después de que la embarcación en la que navegaban arribase hacia las 17:10 horas, añadieron las fuentes.
Una embarcación con decenas de personas a bordo que intentaban viajar clandestinamente a las Islas Canarias encalló este miércoles en la playa de Yoff, cercana a Dakar, donde más de una veintena de pasajeros murieron de frío, hambre y sed acumulados durante los nueve días que duró el viaje.
El diario Le Matin de Yoff, que relata en su edición de este jueves los hechos, indica que por al menos 22 personas murieron durante el trágico viaje emprendido desde la región sureña de Casamance, según testimonios de algunos supervivientes.
La embarcación, que había llegado hasta las costas marroquíes, no logró burlar la vigilancia de la operación Frontex y, después de varias tentativas infructuosas, no tuvo más remedio que dar media vuelta para regresar a su punto de salida.
El mal tiempo, unido al agotamiento de las reservas de alimentos a bordo, acabó con la vida de 22 de los ocupantes de la embarcación cuyos cuerpos fueron arrojados al agua, informa el diario, que cita las mismas fuentes.
Varios supervivientes llegaron a la playa de Yoff en un estado casi desesperado y fueron atendidos por los servicios sanitarios, mientras que otros se dispersaron para evitar su arresto por los servicios de Seguridad, que han abierto una investigación sobre el caso.
Las repatriaciones de clandestinos realizadas entre septiembre y octubre, combinadas con la operación Frontex, así como el peligro de las malas condiciones meteorológicas, han reducido drásticamente las salidas de embarcaciones desde las costas senegalesas.
Sin embargo, algunos temerarios persisten en su voluntad de hacer realidad su sueño de emigrar a Europa a cualquier precio haciendo suyo el ya famoso lema Barça o barsaj (Barcelona o el infierno, en la lengua nacional, el wolof).
La pasada semana, los servicios de Seguridad detuvieron a cuatro traficantes de emigrantes irregulares y a 14 de éstos últimos en la localidad de Mbour, a 80 kilómetros al sur de la capital senegalesa, mientras ultimaban los preparativos para una expedición con rumbo a las Islas Canarias.
Entre septiembre y noviembre, la operación Frontex, llevada a cabo conjuntamente por elementos de la Guardia Civil española y la marina senegalesa, ha hecho posible interceptar una decena de cayucos con 600 personas a bordo.
Desde enero de 2006 se calcula que más de 25.000 personas han llegado a Canarias procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mauritania y Marruecos, y cerca de 5.000 senegaleses han sido repatriados.
Interceptado a seis millas
Por otro lado, un cayuco con 133 inmigrantes a bordo arribó este jueves al muelle de Los Cristianos tras ser interceptado por Salvamento Marítimo a unas seis millas al sur de Tenerife, informaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2).
Los ocupantes de la barcaza son todos varones y en principio presentan un buen estado de salud, por lo que no fue preciso su traslado a centro sanitario alguno. Los inmigrantes fueron reconocidos en el muelle por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja después de que la embarcación en la que navegaban arribase hacia las 17:10 horas, añadieron las fuentes.
“El esfuerzo relativo de Canarias no se corresponde con su nivel económico, dado que el presupuesto que destina a la ayuda al desarrollo africano no alcanza el 0´1% de su presupuesto total, mientras que el resto de comunidades destina entorno al 0´5% de su presupuesto”. Isabel Kreysler, responsable del área de Financiación al Desarrollo de Intermón Oxfam, evaluó de esta manera la “escasa” contribución de la Comunidad Canaria a la ayuda al desarrollo del continente vecino.
“Hay ayuntamientos que destinan mucho más de lo que lo hace toda una Comunidad Autónoma que además no es de la que menos recursos tiene en este país”, recalcó Kreysler, quien esta mañana presentó junto a la directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa el informe anual la realidad de la Ayuda 2006-2007.
A través de este estudio, Intermón Oxfam, hace un repaso de la ayuda al desarrollo de España y del resto de países donantes, a la par que critica duramente el Plan África presentado por el Gobierno de Zapatero el pasado mes de julio.
Según la organización, “la incoherencia de las políticas del Gobierno y la defensa de los intereses españoles ponen de manifiesto que este Plan es más una respuesta apresurada a la alarma migratoria, que una apuesta seria por contribuir al desarrollo de la región”.
Desde la organización se valora positivamente el incremento de las partidas presupuestarias destinadas por el Gobierno a la ayuda al desarrollo en el continente vecino, pero se advierte de que las cifras están infladas por los llamados créditos FAD, de los que dicen que no es la herramienta adecuada para ayudar a los países pobres, porque al final sólo consiguen incrementar aún más su deuda con los países ricos.
Y en esta línea señalan que “Uganda y Camerún, los dos países más pobres del mundo, han devuelto más dinero del que recibieron convirtiéndose en donantes netos de la economía española”, debido a dichos créditos.
En cuanto al Plan África, denuncian que éste recoja toda una batería de propuestas que hacen más referencia a los intereses económicos y políticos españoles que a la necesidad de sacar a África de la pobreza. Ya que el plan presentado por el Ejecutivo central recoge que “atiende a las necesidades energéticas y diversificación de fuentes de nuestra economía, a la importancia de asegurar caladeros para el abastecimiento de nuestro mercado y a la actividad de nuestras empresas armadoras de pesca y del sector naviero”.
Finalmente, el documento también advierte de que “la ayuda al desarrollo no puede ser utilizada como moneda de cambio para negociar el control de fronteras y la repatriación de inmigrantes por parte de los países africanos, tal como parecen indicar los distintos acuerdos que el Gobierno español quiere firmar con los países de la región”.
“Hay ayuntamientos que destinan mucho más de lo que lo hace toda una Comunidad Autónoma que además no es de la que menos recursos tiene en este país”, recalcó Kreysler, quien esta mañana presentó junto a la directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa el informe anual la realidad de la Ayuda 2006-2007.
A través de este estudio, Intermón Oxfam, hace un repaso de la ayuda al desarrollo de España y del resto de países donantes, a la par que critica duramente el Plan África presentado por el Gobierno de Zapatero el pasado mes de julio.
Según la organización, “la incoherencia de las políticas del Gobierno y la defensa de los intereses españoles ponen de manifiesto que este Plan es más una respuesta apresurada a la alarma migratoria, que una apuesta seria por contribuir al desarrollo de la región”.
Desde la organización se valora positivamente el incremento de las partidas presupuestarias destinadas por el Gobierno a la ayuda al desarrollo en el continente vecino, pero se advierte de que las cifras están infladas por los llamados créditos FAD, de los que dicen que no es la herramienta adecuada para ayudar a los países pobres, porque al final sólo consiguen incrementar aún más su deuda con los países ricos.
Y en esta línea señalan que “Uganda y Camerún, los dos países más pobres del mundo, han devuelto más dinero del que recibieron convirtiéndose en donantes netos de la economía española”, debido a dichos créditos.
En cuanto al Plan África, denuncian que éste recoja toda una batería de propuestas que hacen más referencia a los intereses económicos y políticos españoles que a la necesidad de sacar a África de la pobreza. Ya que el plan presentado por el Ejecutivo central recoge que “atiende a las necesidades energéticas y diversificación de fuentes de nuestra economía, a la importancia de asegurar caladeros para el abastecimiento de nuestro mercado y a la actividad de nuestras empresas armadoras de pesca y del sector naviero”.
Finalmente, el documento también advierte de que “la ayuda al desarrollo no puede ser utilizada como moneda de cambio para negociar el control de fronteras y la repatriación de inmigrantes por parte de los países africanos, tal como parecen indicar los distintos acuerdos que el Gobierno español quiere firmar con los países de la región”.
Francisco Santana, único concejal del PP no imputado en el caso Faycán, fue proclamado este viernes nuevo alcalde de Telde con los votos de la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres y la ex edil de Aguas Candelaria Sánchez, ambas imputadas en esta presunta trama de corrupción.
Santana consiguió además los cuatro votos de la plataforma Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) y los seis de los nuevos concejales del PP, quienes tomaron posesión este jueves de sus actas.
De esta manera, logró sumar en el pleno extraordinario celebrado en el municipio grancanario los trece votos que necesitaba para acceder a la Alcaldía teldense, cuyo anterior titular, Francisco Valido, dimitió cuando fue imputado por el juez que instruye el caso Faycán.
Al término de la sesión y a raíz del respaldo de las dos concejalas imputadas en esta causa, Santana afirmó que "jamás", ni como alcalde ni como persona, vulnerará el derecho a la presunción de inocencia que "tiene cualquier persona".
Su designación como alcalde fue posible porque la concejala María Antonia Torres renunció durante el pleno a su candidatura por "estar imputada", pues era la siguiente en la lista del PP tras Valido y la ex concejala de Desarrollo Local Carmen Castellano.
Los nuevos ediles populares son José Luis Santana, Covadonga López, Francisco López, Pedro Zurita, Enrique Ojeda y Carmen Ramírez, que este viernes darán a conocer sus nuevas responsabilidades.
Éstos ocuparon las actas de Valido y de los concejales Castellano, Domingo Ramírez, José Suárez, Sonsoles Martín y Carmelo Oliva, quienes estuvieron presentes en la sesión, salvo Suárez, que era el portavoz del PP en el grupo de gobierno.
Durante la designación del candidato, los concejales que preveían dar su apoyo a Santana lo anunciaron con anterioridad, mientras los ediles socialistas y nacionalistas prefirieron reservar su postura.
"El espíritu de Sevilla"
Los últimos votos fueron los depositados por Candelaria Sánchez y María Antonia Torres, quien sonrió y, antes de meter su papeleta en la urna, la alzó y exclamó que "éste es el espíritu de Sevilla", en alusión al pacto firmado por el PP y AFV-Ciuca tras las últimas elecciones municipales.
Después del recuento de votos, Santana juró su cargo como alcalde y el regidor en funciones, Guillermo Reyes (AFV), le entregó el bastón de mando y la medalla de la ciudad.
"Este nuevo gobierno -afirmó el nuevo alcalde-, tiene como premisas la responsabilidad, la firmeza y la claridad" y el objetivo será "trabajar con el máximo rigor para y por los ciudadanos del municipio".
Insistió en que intentará "reforzar la confianza y el respeto" de los ciudadanos en la institución local y destacó la "inmensa responsabilidad que conlleva asumir el cargo en estas circunstancias".
Reconoció ser consiente de que la situación política que vive el municipio es "muy difícil" desde que salió a la luz el caso Faycán el pasado mes de marzo, aunque se sintió "halagado" por la confianza depositada en él por los ediles.
Además, elogió la dimisión de los cinco concejales del PP y del alcalde imputados en el caso Faycán porque hicieron un "ejercicio de responsabilidad política".
Por último, extendió su mano a la oposición para que "esta ciudad centenaria salga adelante en este difícil trance de su historia".
El nuevo primer edil fue agasajado por un centenar de vecinos y simpatizantes del partido que acudieron a las casas consistoriales para presenciar, a través de la pantalla ubicada en el interior para la ocasión, el transcurso del pleno.
Santana recibió el abrazo de sus compañeros de gobierno y del ex alcalde Francisco Valido, que demostró así su apoyo al nuevo equipo.
Santana consiguió además los cuatro votos de la plataforma Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) y los seis de los nuevos concejales del PP, quienes tomaron posesión este jueves de sus actas.
De esta manera, logró sumar en el pleno extraordinario celebrado en el municipio grancanario los trece votos que necesitaba para acceder a la Alcaldía teldense, cuyo anterior titular, Francisco Valido, dimitió cuando fue imputado por el juez que instruye el caso Faycán.
Al término de la sesión y a raíz del respaldo de las dos concejalas imputadas en esta causa, Santana afirmó que "jamás", ni como alcalde ni como persona, vulnerará el derecho a la presunción de inocencia que "tiene cualquier persona".
Su designación como alcalde fue posible porque la concejala María Antonia Torres renunció durante el pleno a su candidatura por "estar imputada", pues era la siguiente en la lista del PP tras Valido y la ex concejala de Desarrollo Local Carmen Castellano.
Los nuevos ediles populares son José Luis Santana, Covadonga López, Francisco López, Pedro Zurita, Enrique Ojeda y Carmen Ramírez, que este viernes darán a conocer sus nuevas responsabilidades.
Éstos ocuparon las actas de Valido y de los concejales Castellano, Domingo Ramírez, José Suárez, Sonsoles Martín y Carmelo Oliva, quienes estuvieron presentes en la sesión, salvo Suárez, que era el portavoz del PP en el grupo de gobierno.
Durante la designación del candidato, los concejales que preveían dar su apoyo a Santana lo anunciaron con anterioridad, mientras los ediles socialistas y nacionalistas prefirieron reservar su postura.
"El espíritu de Sevilla"
Los últimos votos fueron los depositados por Candelaria Sánchez y María Antonia Torres, quien sonrió y, antes de meter su papeleta en la urna, la alzó y exclamó que "éste es el espíritu de Sevilla", en alusión al pacto firmado por el PP y AFV-Ciuca tras las últimas elecciones municipales.
Después del recuento de votos, Santana juró su cargo como alcalde y el regidor en funciones, Guillermo Reyes (AFV), le entregó el bastón de mando y la medalla de la ciudad.
"Este nuevo gobierno -afirmó el nuevo alcalde-, tiene como premisas la responsabilidad, la firmeza y la claridad" y el objetivo será "trabajar con el máximo rigor para y por los ciudadanos del municipio".
Insistió en que intentará "reforzar la confianza y el respeto" de los ciudadanos en la institución local y destacó la "inmensa responsabilidad que conlleva asumir el cargo en estas circunstancias".
Reconoció ser consiente de que la situación política que vive el municipio es "muy difícil" desde que salió a la luz el caso Faycán el pasado mes de marzo, aunque se sintió "halagado" por la confianza depositada en él por los ediles.
Además, elogió la dimisión de los cinco concejales del PP y del alcalde imputados en el caso Faycán porque hicieron un "ejercicio de responsabilidad política".
Por último, extendió su mano a la oposición para que "esta ciudad centenaria salga adelante en este difícil trance de su historia".
El nuevo primer edil fue agasajado por un centenar de vecinos y simpatizantes del partido que acudieron a las casas consistoriales para presenciar, a través de la pantalla ubicada en el interior para la ocasión, el transcurso del pleno.
Santana recibió el abrazo de sus compañeros de gobierno y del ex alcalde Francisco Valido, que demostró así su apoyo al nuevo equipo.
Grupo Interuniversitario de Opinión*
Tras cerrársele todas las puertas ilícitas, el Majzén marroquí se dedica de manera cuasi convulsiva a evitar el paso por la puerta grande de la legalidad internacional, es decir, la que le lleva al respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y qué mejor manera de hacerlo que sacarse de vez en cuando un conejo de la chistera, como ha sido el caso del altisonante Consejo Real Consultivo de Asuntos Saharauis (CORCAS), reactivación ad hoc cuya finalidad última es ganar tiempo y crear confusión en el panorama del conflicto saharaui-marroquí. Sin olvidar la otra cara de la moneda del invento, que es la de crear un método sutil (o poco sutil, según se mire) de reavivar las rencillas tribales gracias a la elección de sus miembros sobre la base de un denominado equilibrio tribal que, en realidad, es un desequilibrio tribal minuciosamente calculado para que la política del divide y vencerás obtenga sus mejores resultados. No nos digan que esto no es colonialismo puro y duro.
Sin embargo, la creación de esa especie de zoo político tribal que es el CORCAS está siendo manifiestamente contraproducente para los planes del Majzén, lo que se debe, en primer lugar, a que las tensiones internas que no pueden faltar donde haya un conflicto de intereses descaradamente tribales (paradójicamente, alimentados por el Majzén) hace que los descontentos acentúen su rechazo a Marruecos; y, en segundo lugar, y sobre todo, al lamentable espectáculo que ofrece el presidente designado por Su Majestad para presidir tan honorable institución.
Dejando aparte los antecedentes poco gloriosos del individuo en cuestión (es decir, oportunismo, cleptomanía y subsiguiente puesta de pies en polvorosa, Jali-henna, líder entonces del PUNS, partido pro-español, se pasó a Marruecos llevándose la caja de caudales del partido en 1975), se están poniendo de manifiesto diversas características del presidente putativo que más bien le desacreditan (¿todavía más? pues sí, ¡todavía más!) de cara a futuras misiones regias vinculadas al Sáhara Occidental. La primera de ellas es su monopolio de todas las actividades del consejo sin aceptar ningún tipo de sugerencias al respecto (¿ es el “figuronismo” una enfermedad de contagio regio?); luego está la designación digital de un grupo reducido de miembros del Consejo para que le acompañen en todas sus giras propagandísticas; para más inri de la población saharaui, el presidente putativo no se ha dignado en expresar ninguna muestra de condolencia ni de solidaridad con las familias afectadas por la trágica muerte de decenas de jóvenes saharauis que huían de la represión del ocupante marroquí, cuando lo normal y esperado por todos era ir en persona a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental para darle el pésame a los familiares de las víctimas del Majzén y ofrecerles todo tipo de apoyo y comprensión.
Pero nada, el señor Jali-henna hizo mutis y apareció dando labia en un programa de la ínclita cadena de televisión árabe Al-Jazeera. Independientemente del discurso oxidado y perverso al que nos tiene acostumbrados el eunuco político de Su Majestad, esta vez, sin embargo, brilló solemnemente en una faceta suya desconocida hasta ahora por la gran mayoría de los ciudadanos. Esto es, su pericia y gracia a la hora de mutilar y desfigurar el bello idioma árabe. Todos los hogares del mundo árabe que seguían con interés y curiosidad la intervención de aquel beduino saharaui promarroquí con corbata y pantalones largos desconocido (¡para ellos!), se quedaron mudos, perplejos ante la masacre lingüística que estaban contemplando sobre la pequeña pantalla. ¿Qué era eso? ¿El programa de Humor Pardillo? Más quisieran algunos. Pero no, eso era la triste y cruda realidad de un servidor de Su Majestad alauita que intenta desesperadamente seducir al mundo con un proyecto de autonomía en el que ni él mismo cree.
Sin embargo, y visto el espectáculo televisivo plagado de solecismos, cacofonías y algún que otro calco, es inevitable preguntarse sobre los entresijos de tan grotesca operación de propaganda, pues no hay que olvidar que el Majzén no suele dejar cabos sueltos. Y menos cuando el cabo es un mercenario nato que por no saber no sabe ni hablar en su lengua materna. En tres palabras: hay gato encerrado. Esto como mínimo, pues a nadie con dos micras de frente se le ha escapado que la finalidad del discursillo televisivo jalihenniano no era, en realidad, la venta del espejismo “autonomía” como seguramente suponía el desdichado presidente putativo, sino que era algo mucho más refinado y ambicioso. El Majzén, por medio de la incoherencia, el absurdo y la ignorancia lingüística que caracterizan al pseudodiscurso jalihenniano (además, claro está, del vestuario y el decorado) está intentando inyectar en los hogares árabes una toxina subliminal. Ésta consiste en convencer inconscientemente a los telespectadores árabes, mediante la prueba contante y sonante del patético “espectáculo Jali-henna”, de que aunque Marruecos está pretendiendo ofrecer una “autonomía” a los saharauis, en realidad no se merecen ni eso. Ese decir, el contraste inconsciente de los dos mensajes (liminar y subliminal) da como resultado la siguiente sentencia: “los saharauis no están en condiciones de autogobernarse y ofrecerles una autonomía sería descabellado”. Al final del proceso, hasta resulta que el rey marroquí está siendo extremadamente generoso con la población saharaui. Así es la propaganda.
Mientras tanto, Jali-henna y su olímpico Corcas, esa especie de ente “indoloro e incoloro” como diría el crítico marroquí Mustapha Mesnaoui, le dan la espalda a otros asuntos más mundanos y que tocan de cerca a los supuestamente suyos: las autoridades y cuerpos de seguridad marroquíes están “persuadiendo” (¡y de qué manera!) a la juventud saharaui de las zonas ocupadas para que huya al extranjero y deje su tierra natal; decenas de jóvenes saharauis están muriendo durante el viaje de huída desesperada de las garras del Majzén; desde comienzos de año, más de doscientos saharauis han solicitado asilo político en Gran Canaria. Y suma y sigue.
En la finca de La Hoya, a espaldas de la Alcazaba de Almería, se encuentra el Parque de Rescate de Fauna Sahariana dependiente del CSIC. Gracias a este centro científico creado a principios de los setenta, se salvaron de la extinción muchas especies animales del norte de África. Entre ellas, hay una muy querida por los saharauis, pues siempre ha estado vinculada a la geografía y a la cultura del Sahara Occidental. Es una gacela tan noble y tan dócil que si el Majzén marroquí, en vez de sacarse de la chistera la fauna tribal Corcas, la hubiese sacado a ella, el pueblo saharaui le estaría muy agradecido. Ella es la gacela Dorcas.
* Larosi Haidar …………..(UG)
Manuel de Paz Sánchez….(ULL)
Sergio Ramírez Galindo…(ULPGC)
Carlos Ruiz Miguel……...(USC)
El Grupo Interuniversitario lo componen miembros de diferentes Universidades del Estado.
Tras cerrársele todas las puertas ilícitas, el Majzén marroquí se dedica de manera cuasi convulsiva a evitar el paso por la puerta grande de la legalidad internacional, es decir, la que le lleva al respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y qué mejor manera de hacerlo que sacarse de vez en cuando un conejo de la chistera, como ha sido el caso del altisonante Consejo Real Consultivo de Asuntos Saharauis (CORCAS), reactivación ad hoc cuya finalidad última es ganar tiempo y crear confusión en el panorama del conflicto saharaui-marroquí. Sin olvidar la otra cara de la moneda del invento, que es la de crear un método sutil (o poco sutil, según se mire) de reavivar las rencillas tribales gracias a la elección de sus miembros sobre la base de un denominado equilibrio tribal que, en realidad, es un desequilibrio tribal minuciosamente calculado para que la política del divide y vencerás obtenga sus mejores resultados. No nos digan que esto no es colonialismo puro y duro.
Sin embargo, la creación de esa especie de zoo político tribal que es el CORCAS está siendo manifiestamente contraproducente para los planes del Majzén, lo que se debe, en primer lugar, a que las tensiones internas que no pueden faltar donde haya un conflicto de intereses descaradamente tribales (paradójicamente, alimentados por el Majzén) hace que los descontentos acentúen su rechazo a Marruecos; y, en segundo lugar, y sobre todo, al lamentable espectáculo que ofrece el presidente designado por Su Majestad para presidir tan honorable institución.
Dejando aparte los antecedentes poco gloriosos del individuo en cuestión (es decir, oportunismo, cleptomanía y subsiguiente puesta de pies en polvorosa, Jali-henna, líder entonces del PUNS, partido pro-español, se pasó a Marruecos llevándose la caja de caudales del partido en 1975), se están poniendo de manifiesto diversas características del presidente putativo que más bien le desacreditan (¿todavía más? pues sí, ¡todavía más!) de cara a futuras misiones regias vinculadas al Sáhara Occidental. La primera de ellas es su monopolio de todas las actividades del consejo sin aceptar ningún tipo de sugerencias al respecto (¿ es el “figuronismo” una enfermedad de contagio regio?); luego está la designación digital de un grupo reducido de miembros del Consejo para que le acompañen en todas sus giras propagandísticas; para más inri de la población saharaui, el presidente putativo no se ha dignado en expresar ninguna muestra de condolencia ni de solidaridad con las familias afectadas por la trágica muerte de decenas de jóvenes saharauis que huían de la represión del ocupante marroquí, cuando lo normal y esperado por todos era ir en persona a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental para darle el pésame a los familiares de las víctimas del Majzén y ofrecerles todo tipo de apoyo y comprensión.
Pero nada, el señor Jali-henna hizo mutis y apareció dando labia en un programa de la ínclita cadena de televisión árabe Al-Jazeera. Independientemente del discurso oxidado y perverso al que nos tiene acostumbrados el eunuco político de Su Majestad, esta vez, sin embargo, brilló solemnemente en una faceta suya desconocida hasta ahora por la gran mayoría de los ciudadanos. Esto es, su pericia y gracia a la hora de mutilar y desfigurar el bello idioma árabe. Todos los hogares del mundo árabe que seguían con interés y curiosidad la intervención de aquel beduino saharaui promarroquí con corbata y pantalones largos desconocido (¡para ellos!), se quedaron mudos, perplejos ante la masacre lingüística que estaban contemplando sobre la pequeña pantalla. ¿Qué era eso? ¿El programa de Humor Pardillo? Más quisieran algunos. Pero no, eso era la triste y cruda realidad de un servidor de Su Majestad alauita que intenta desesperadamente seducir al mundo con un proyecto de autonomía en el que ni él mismo cree.
Sin embargo, y visto el espectáculo televisivo plagado de solecismos, cacofonías y algún que otro calco, es inevitable preguntarse sobre los entresijos de tan grotesca operación de propaganda, pues no hay que olvidar que el Majzén no suele dejar cabos sueltos. Y menos cuando el cabo es un mercenario nato que por no saber no sabe ni hablar en su lengua materna. En tres palabras: hay gato encerrado. Esto como mínimo, pues a nadie con dos micras de frente se le ha escapado que la finalidad del discursillo televisivo jalihenniano no era, en realidad, la venta del espejismo “autonomía” como seguramente suponía el desdichado presidente putativo, sino que era algo mucho más refinado y ambicioso. El Majzén, por medio de la incoherencia, el absurdo y la ignorancia lingüística que caracterizan al pseudodiscurso jalihenniano (además, claro está, del vestuario y el decorado) está intentando inyectar en los hogares árabes una toxina subliminal. Ésta consiste en convencer inconscientemente a los telespectadores árabes, mediante la prueba contante y sonante del patético “espectáculo Jali-henna”, de que aunque Marruecos está pretendiendo ofrecer una “autonomía” a los saharauis, en realidad no se merecen ni eso. Ese decir, el contraste inconsciente de los dos mensajes (liminar y subliminal) da como resultado la siguiente sentencia: “los saharauis no están en condiciones de autogobernarse y ofrecerles una autonomía sería descabellado”. Al final del proceso, hasta resulta que el rey marroquí está siendo extremadamente generoso con la población saharaui. Así es la propaganda.
Mientras tanto, Jali-henna y su olímpico Corcas, esa especie de ente “indoloro e incoloro” como diría el crítico marroquí Mustapha Mesnaoui, le dan la espalda a otros asuntos más mundanos y que tocan de cerca a los supuestamente suyos: las autoridades y cuerpos de seguridad marroquíes están “persuadiendo” (¡y de qué manera!) a la juventud saharaui de las zonas ocupadas para que huya al extranjero y deje su tierra natal; decenas de jóvenes saharauis están muriendo durante el viaje de huída desesperada de las garras del Majzén; desde comienzos de año, más de doscientos saharauis han solicitado asilo político en Gran Canaria. Y suma y sigue.
En la finca de La Hoya, a espaldas de la Alcazaba de Almería, se encuentra el Parque de Rescate de Fauna Sahariana dependiente del CSIC. Gracias a este centro científico creado a principios de los setenta, se salvaron de la extinción muchas especies animales del norte de África. Entre ellas, hay una muy querida por los saharauis, pues siempre ha estado vinculada a la geografía y a la cultura del Sahara Occidental. Es una gacela tan noble y tan dócil que si el Majzén marroquí, en vez de sacarse de la chistera la fauna tribal Corcas, la hubiese sacado a ella, el pueblo saharaui le estaría muy agradecido. Ella es la gacela Dorcas.
* Larosi Haidar …………..(UG)
Manuel de Paz Sánchez….(ULL)
Sergio Ramírez Galindo…(ULPGC)
Carlos Ruiz Miguel……...(USC)
El Grupo Interuniversitario lo componen miembros de diferentes Universidades del Estado.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS O AYUDA ECONÓMICA.
LLAMAMIENTO URGENTE.div>
Las reservas de alimentos de la población saharaui, situada en los campos de refugiados de Tinduff, se agotarán durante este mes, con nefastas consecuencias para la población.
Por ello, la Media Luna Roja Saharaui lanza un llamamiento urgente a los países donantes, a las organizaciones internacionales, entidades estatales y ONG a intervenir con urgencia para evitar esta inminente crisis humanitaria.
Se necesita con total urgencia de 7.700 toneladas de alimentos básicos para cubrir las necesidades alimenticias, a Canarias se le asigno preferentemente la contribución en harina, lentejas, azucar, aceite y gofio.
Por el coste que supone el traslado de los alimentos desde Canarias priorizaremos latas de aceite y bonos de ayuda.
La Media Luna Roja Saharaui afirma, en este caso, que la causa principal de esta difícil situación se debe al incumplimiento por parte de las agencias ACNUR y PAM (Programa Mundial de Alimentos) de su compromisos en la materia, y a la cesión de ambos organismos a las reiteradas presiones que Marruecos y sus aliados, con fines puramente políticos, vienen ejerciendo con el propósito de matar de hambre a la población saharaui.
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharahui pretende, con tu colaboración, enviar un contenedor con alimentos a los Campos de Refugiados en Diciembre.
Las ayudas se pueden entregar en los Ayuntamientos y Colegios, además de:
LA LAGUNA: Sede de la Asociación (Detrás de la Tasca Anchieta en la AV. Trinidad. Llamar antes 922253713), Centro de la Cultura Popular Canaria (C/Daute, junto a estación de guaguas).
LA VICTORIA: Concejalía de Servicios Sociales (Ayuntamiento).
LOS REALEJOS: Casa de la Juventud (Hasta las 14.00 h.) y Asociación de Vecinos de La Carrera (Tardes).
LA GUANCHA: Asociación Guanchera de Amigos de los Pueblos, c/Juan Luis Reyes, nº 2, antiguo Ayuntamiento, 600369174)
LA OROTAVA: Concejalía de Servicios Sociales (Ayuntamiento).
BUENAVISTA: Servicios Sociales del Ayuntamiento, Colegio Nicolás Díaz Dorta, Colegio La Cuesta e IES de Buenavista.
CANDELARIA: Centro Cultural del Ayuntamiento (de 09,00 a 21,00 h.)
GÜÍMAR: Concejalía de Cultura (antigua fonda) y Patronato de Servicios Sociales (Ayuntamiento/hasta 14.00 h.)
ARAFO: Servicios Sociales del Ayuntamiento.
ARICO: Servicios Sociales del Ayuntamiento.
GRANADILLA: Servicios Sociales del Ayuntamiento. En SAN ISIDRO: Music Line (Avda Santa Cruz, 128. De 09,00 a 20,30 h.).
ARONA: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento (casco).
GUÍA DE ISORA: Servicios Sociales del Ayuntamiento.
GRAN CANARIA: Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Pi y Margalll, nº 2, Las Palmas, 699916689).
Finalmente, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui advierte de que aquellas personas que no se puedan trasladar a los puntos de recogida pueden colaborar en la campaña aportando dinero, que se destinará también a la compra de alimentos en Argelia para evitar el coste del traslado, a través de la cuenta corriente habilitada al efecto en CajaCanarias: 2065-0021-17-3000239663 y que aquellos que precisen más información pueden dirigirse a los teléfonos 659.858.611 (Alberto Negrín), 650.989.484 (Conchi Reyes) y 600.071.557 (Hamdi Mansur).
LLAMAMIENTO URGENTE.div>
Las reservas de alimentos de la población saharaui, situada en los campos de refugiados de Tinduff, se agotarán durante este mes, con nefastas consecuencias para la población.
Por ello, la Media Luna Roja Saharaui lanza un llamamiento urgente a los países donantes, a las organizaciones internacionales, entidades estatales y ONG a intervenir con urgencia para evitar esta inminente crisis humanitaria.
Se necesita con total urgencia de 7.700 toneladas de alimentos básicos para cubrir las necesidades alimenticias, a Canarias se le asigno preferentemente la contribución en harina, lentejas, azucar, aceite y gofio.
Por el coste que supone el traslado de los alimentos desde Canarias priorizaremos latas de aceite y bonos de ayuda.
La Media Luna Roja Saharaui afirma, en este caso, que la causa principal de esta difícil situación se debe al incumplimiento por parte de las agencias ACNUR y PAM (Programa Mundial de Alimentos) de su compromisos en la materia, y a la cesión de ambos organismos a las reiteradas presiones que Marruecos y sus aliados, con fines puramente políticos, vienen ejerciendo con el propósito de matar de hambre a la población saharaui.
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharahui pretende, con tu colaboración, enviar un contenedor con alimentos a los Campos de Refugiados en Diciembre.
Las ayudas se pueden entregar en los Ayuntamientos y Colegios, además de:
LA LAGUNA: Sede de la Asociación (Detrás de la Tasca Anchieta en la AV. Trinidad. Llamar antes 922253713), Centro de la Cultura Popular Canaria (C/Daute, junto a estación de guaguas).
LA VICTORIA: Concejalía de Servicios Sociales (Ayuntamiento).
LOS REALEJOS: Casa de la Juventud (Hasta las 14.00 h.) y Asociación de Vecinos de La Carrera (Tardes).
LA GUANCHA: Asociación Guanchera de Amigos de los Pueblos, c/Juan Luis Reyes, nº 2, antiguo Ayuntamiento, 600369174)
LA OROTAVA: Concejalía de Servicios Sociales (Ayuntamiento).
BUENAVISTA: Servicios Sociales del Ayuntamiento, Colegio Nicolás Díaz Dorta, Colegio La Cuesta e IES de Buenavista.
CANDELARIA: Centro Cultural del Ayuntamiento (de 09,00 a 21,00 h.)
GÜÍMAR: Concejalía de Cultura (antigua fonda) y Patronato de Servicios Sociales (Ayuntamiento/hasta 14.00 h.)
ARAFO: Servicios Sociales del Ayuntamiento.
ARICO: Servicios Sociales del Ayuntamiento.
GRANADILLA: Servicios Sociales del Ayuntamiento. En SAN ISIDRO: Music Line (Avda Santa Cruz, 128. De 09,00 a 20,30 h.).
ARONA: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento (casco).
GUÍA DE ISORA: Servicios Sociales del Ayuntamiento.
GRAN CANARIA: Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Pi y Margalll, nº 2, Las Palmas, 699916689).
Finalmente, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui advierte de que aquellas personas que no se puedan trasladar a los puntos de recogida pueden colaborar en la campaña aportando dinero, que se destinará también a la compra de alimentos en Argelia para evitar el coste del traslado, a través de la cuenta corriente habilitada al efecto en CajaCanarias: 2065-0021-17-3000239663 y que aquellos que precisen más información pueden dirigirse a los teléfonos 659.858.611 (Alberto Negrín), 650.989.484 (Conchi Reyes) y 600.071.557 (Hamdi Mansur).
abierto varias vías de investigación sobre el convenio urbanístico de las playa de las Teresitas, que está a punto de cerrar antes de remitir su escrito de calificaciones a juzgado de instrucción. Los funcionarios adscritos a la Delegación en Tenerife de la Fiscalía Anticorrupción están estudiando documentación, grabaciones e interrogando a personas que indiciariamiente nada tienen que ver con la denuncia presentada por el colectivo Ínsula Viable en junio de 2005.
La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, ha ampliado así a cuestiones absolutamente colaterales al convenio urbanístico sus líneas de investigación, tratando de encontrar documentación que le permita armar el supuesto entramado en torno al que gira la adquisición primero por parte de los propietarios de Inversiones Las Teresitas SL del polígono de la playa de las Teresitas y luego la adquisición del frente de playa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de los terrenos de la trasera de la playa.
La denuncia del colectivo Ínsula Viable se centra en las supuestas irregularidades cometidas al amparo de un convenio urbanístico que fue, según reza en el escrito de denuncia, «el pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos». Por eso, entienden los denunciantes, que las decisiones municipales «se revisten, posiblemente, de carácter delictual que se puede calificar como irregularidades procedimientales y económicas».
La fiscal Anticorrupción va sin embargo más allá del convenio en sí, retrotrayendo la investigación hasta la compra de los terrenos por parte de Inversiones Las Teresitas SL, cuya titularidad corresponde al 50% a Ignacio González Martín y a Antonio Plasencia.
Hasta la junta
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción podrían estar incluso revisando actas de la las reuniones de la junta de compensación del Polígono Playa de las Teresitas en las que se acordó la venta a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.
Igualmente, según las mismas fuentes, la investigación también se estría desarrollando en torno a cómo se llevaron a cabo los procesos de integración en la junta de compensación de algunos propietarios originarios que han denunciado que nunca aceptaron pertenecer a la junta de compensación.
Más información en el periódico Canarias7
La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, ha ampliado así a cuestiones absolutamente colaterales al convenio urbanístico sus líneas de investigación, tratando de encontrar documentación que le permita armar el supuesto entramado en torno al que gira la adquisición primero por parte de los propietarios de Inversiones Las Teresitas SL del polígono de la playa de las Teresitas y luego la adquisición del frente de playa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de los terrenos de la trasera de la playa.
La denuncia del colectivo Ínsula Viable se centra en las supuestas irregularidades cometidas al amparo de un convenio urbanístico que fue, según reza en el escrito de denuncia, «el pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos». Por eso, entienden los denunciantes, que las decisiones municipales «se revisten, posiblemente, de carácter delictual que se puede calificar como irregularidades procedimientales y económicas».
La fiscal Anticorrupción va sin embargo más allá del convenio en sí, retrotrayendo la investigación hasta la compra de los terrenos por parte de Inversiones Las Teresitas SL, cuya titularidad corresponde al 50% a Ignacio González Martín y a Antonio Plasencia.
Hasta la junta
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción podrían estar incluso revisando actas de la las reuniones de la junta de compensación del Polígono Playa de las Teresitas en las que se acordó la venta a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.
Igualmente, según las mismas fuentes, la investigación también se estría desarrollando en torno a cómo se llevaron a cabo los procesos de integración en la junta de compensación de algunos propietarios originarios que han denunciado que nunca aceptaron pertenecer a la junta de compensación.
Más información en el periódico Canarias7
Macario Benítez, antiguo vendedor ambulante de cacharros venido a más -a bastante más- desde que hace 24 años ocupase la alcaldía de El Rosario, ha decidido entrar en terrenos auténticamente pantanosos en su particular batalla por echar del municipio a los vecinos que, en algún momento, le han llevado la contraria, como buen antidemócrata y cacique sociolisto que es.
'¿Pero qué es lo que le han hecho ustedes al alcalde?', le preguntaban a un familiar de los propietarios de Montaña Carbonero en una administración pública estos días, al ver la modificaciones que pretende introducir Macario en el Plan General donde, si bien se ha visto forzado a suprimir el famoso parque periurbano de las narices, el hombre sigue erre que erre con la unidad de actuación que acabará con los terrenos de cultivo que se encuentran en la base de la montaña. Esta vez ha ido más lejos todavía, dejando sin acceso a la antigua vivienda familiar de la Finca Carbonero a la que no sólo mete en la unidad de actuación, sino que además les endosa una carretera por la base de la montaña que parte en dos la finca.
Esta unidad de actuación, que no fue viable en el primer amago de plan dado que dos de los propietarios la rechazaron, a lo que tenían derecho por disponer de más del 50% de los terrenos afectados, es posible ahora porque Macario la ha ampliado metiendo sus propios terrenos -unas huertas que piensa construir-, con lo cual no sólo ya los que quieren pegar el pelotazo del bloque representan mayoría, sino que le han metido una avenida de 16 metros de ancho a una de las propietarias que había rechazado la unidad de actuación porque quería seguir viendo cultivadas las huertas que había heredado de su padre. Pues la avenida de 16 metros para ella solita, por protestar.
Y es que los propietarios de la Finca Carbonero no quieren la magnífica oportunidad que les brinda don Macario de volverse millonarios y, aunque el alcalde quiera urbanizar sus terrenos rústicos más abajo -para ponerse más morado de lo que está aunque hay quien dice que no saben dónde mete el dinero y los apartamentos este político-, los vecinos de Carbonero quieren seguir sembrando cereales y papas, como vieron hacer a sus padres de toda la vida. Pero Macario no sólo no entiende eso, como es lógico, sino que su desvergüenza lo ha llevado a iniciar una indecente campaña, cuando todos los ayuntamientos están intentando inflar los padrones como sea, para expulsar del padrón municipal a los propietarios de Carbonero.
Desde la Alcaldía se han dado instrucciones a la policía municipal para que vaya a por ellos y, efectivamente, un policía municipal se ha prestado al sucio juego con un informe en el que manifiesta que, 'según los vecinos' -que no se sabe quiénes son entre otras cosas porque no hay vecinos por los alrededores- esta gente no vive allí, donde tienen su casa, por lo que procede su expulsión del padrón. Y debe ser éste el único procedimiento de esta naturaleza que se haya iniciado en municipio canario alguno cuando, además, resulta completamente falso porque sí es cierto que allí está su casa y que allí pasan gran parte del año estas personas.
Por eso cuando el PSOE habla de que va a limpiar esta tierra, de no se sabe qué, a algunos nos entra la risa porque tienen a cada sin-vergüenza por ahí haciendo putadas a gente de bien, que cualquier alcalde decente debería tenerlas como oro en paño por querer mantener terreno agrícola cultivado todavía, persiguiéndolas indecentemente porque en algún momento han discrepado de sus planes, a lo que estos políticos del pelotazo no están acostumbrados. Ni se acostumbrarán nunca, por otro
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'¿Pero qué es lo que le han hecho ustedes al alcalde?', le preguntaban a un familiar de los propietarios de Montaña Carbonero en una administración pública estos días, al ver la modificaciones que pretende introducir Macario en el Plan General donde, si bien se ha visto forzado a suprimir el famoso parque periurbano de las narices, el hombre sigue erre que erre con la unidad de actuación que acabará con los terrenos de cultivo que se encuentran en la base de la montaña. Esta vez ha ido más lejos todavía, dejando sin acceso a la antigua vivienda familiar de la Finca Carbonero a la que no sólo mete en la unidad de actuación, sino que además les endosa una carretera por la base de la montaña que parte en dos la finca.
Esta unidad de actuación, que no fue viable en el primer amago de plan dado que dos de los propietarios la rechazaron, a lo que tenían derecho por disponer de más del 50% de los terrenos afectados, es posible ahora porque Macario la ha ampliado metiendo sus propios terrenos -unas huertas que piensa construir-, con lo cual no sólo ya los que quieren pegar el pelotazo del bloque representan mayoría, sino que le han metido una avenida de 16 metros de ancho a una de las propietarias que había rechazado la unidad de actuación porque quería seguir viendo cultivadas las huertas que había heredado de su padre. Pues la avenida de 16 metros para ella solita, por protestar.
Y es que los propietarios de la Finca Carbonero no quieren la magnífica oportunidad que les brinda don Macario de volverse millonarios y, aunque el alcalde quiera urbanizar sus terrenos rústicos más abajo -para ponerse más morado de lo que está aunque hay quien dice que no saben dónde mete el dinero y los apartamentos este político-, los vecinos de Carbonero quieren seguir sembrando cereales y papas, como vieron hacer a sus padres de toda la vida. Pero Macario no sólo no entiende eso, como es lógico, sino que su desvergüenza lo ha llevado a iniciar una indecente campaña, cuando todos los ayuntamientos están intentando inflar los padrones como sea, para expulsar del padrón municipal a los propietarios de Carbonero.
Desde la Alcaldía se han dado instrucciones a la policía municipal para que vaya a por ellos y, efectivamente, un policía municipal se ha prestado al sucio juego con un informe en el que manifiesta que, 'según los vecinos' -que no se sabe quiénes son entre otras cosas porque no hay vecinos por los alrededores- esta gente no vive allí, donde tienen su casa, por lo que procede su expulsión del padrón. Y debe ser éste el único procedimiento de esta naturaleza que se haya iniciado en municipio canario alguno cuando, además, resulta completamente falso porque sí es cierto que allí está su casa y que allí pasan gran parte del año estas personas.
Por eso cuando el PSOE habla de que va a limpiar esta tierra, de no se sabe qué, a algunos nos entra la risa porque tienen a cada sin-vergüenza por ahí haciendo putadas a gente de bien, que cualquier alcalde decente debería tenerlas como oro en paño por querer mantener terreno agrícola cultivado todavía, persiguiéndolas indecentemente porque en algún momento han discrepado de sus planes, a lo que estos políticos del pelotazo no están acostumbrados. Ni se acostumbrarán nunca, por otro
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Manuel Mederos
El portavoz del Gobierno de Canarias no dejó ayer títere con cabeza en su comparecencia habitual en la que suele hacer repaso a los temas tratados en seno del Consejo de Gobierno. Miguel Becerra se esmeró en el enredo de la sospecha al valorar los aspectos relativos al auto del juez Baltasar Garzón inhibiéndose a favor de la judicatura canaria en un escandaloso asunto de presunto cohecho en el que aparece implicado Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor. El Gobierno de Canarias dejó claro que cree en la independencia judicial pero no dudó en ser correa de transmisión de la estrategia de ATI y laminar con la sospecha las actuaciones judiciales en torno a este caso, insinuando que los fiscales hacen filtraciones a la prensa de forma interesada. Acusa el Gobierno, como Gobierno, al ministro de Justicia de estar detrás de estas actuaciones y al PSOE, su socio de Gobierno, de crispar la vida política canaria.
Una vez más el Gobierno de Canarias ha demostrado que no ejerce como Gobierno de todos los canarios, como es su deber y su obligación institucional. Repugna que este Gobierno se asocie a una estrategia puramente política que tiene como base teorías conspiradoras y, lo que es más duro al entendimiento de los demócratas: una estrategia política que cuestiona las bases del sistema del que se nutre y en el que vive.
Pero hay más. Puesto en esta tesitura de defensa de los políticos frente a las actuaciones de la Justicia, algunos canarios nos sentimos discriminados por el Gobierno. Esperábamos el mismo grado de contundencia cuando la Justicia actuó en el caso eólico o en el caso Faycán. En aquel momento de conmoción generalizada el Gobierno no dijo nada contra nadie. Se limitó, en algún momento, a pedir calma. Ahora que el escándalo estalla en las puertas de ATI se pone en marcha toda la maquinaria para poner en duda la actuación de los jueces, la de los fiscales y la de ministro de Justicia y se implica a la propia institución del Gobierno. Sólo falta ahora que Gabriel Mato utilice su cargo de presidente del Parlamento para pedir la dimisión del ministro o que la Audiencia de Cuentas se pronuncie a favor de Zerolo.
El Ayuntamiento grancanario de Telde celebrará mañana un pleno extraordinario para designar al alcalde de la ciudad, que sustituirá a Francisco Valido, quien dimitió a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción denominada "Caso Faycán".
Durante la sesión, que se celebrará en el salón de plenos de las Casas Consistoriales a partir de las 17.00 horas, también tomarán posesión los seis nuevos concejales del PP que sustituirán a los cinco ediles de este partido que dimitieron por estar imputados en el mismo caso.
Para elegir un nuevo alcalde se acude a los cabezas de lista de las últimas elecciones, por lo que entre los candidatos figuran el presidente local de Coalición Canaria, Marcelino Galindo, el portavoz del PSC-PSOE, José Antonio Perera, el líder de la plataforma AFV, Guillermo Reyes, y la ex concejala de Obras Públicas, María Antonia Torres.
Esta edil, principal imputada en el "Caso Faycán" y suspendida cautelarmente de militancia por el PP, puede optar a la Alcaldía porque el partido no ha comunicado su expulsión a la administración local, aunque ella ha anunciado al concejal de Deportes, Francisco Santana -único edil del PP no imputado-, que renunciará y apoyará su investidura.
De hecho, tras las negociaciones realizadas en las últimas dos semanas, Santana se ha garantizado los trece votos que necesita para acceder al cargo gracias al apoyo de Torres, de la ex edil de Saneamiento Candelaria Sánchez -también imputada en el mismo caso-, de Reyes y de los concejales de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca).
Por ello, los partidos de la oposición prevén que en la sesión se produzca la reedición del pacto de gobierno del PP con la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar (AFV), con el apoyo externo de Ciuca.
Sin embargo, si Santana no logra los apoyos suficientes, Marcelino Galindo (CC) sería nombrado de forma automática alcalde del municipio al encabezar la lista más votada en las últimas elecciones locales sin necesidad de votación.
Los ediles del PP que tomarán posesión en el pleno son José Luis Santana, Covadonga López, Francisco López, Pedro Zurita, Enrique Ojeda y Carmen Ramírez, cuyas actas han llegado ya al Consistorio después de ser remitidas desde la Junta Electoral Central.
Éstos relevarán a los concejales María del Carmen Castellano, Domingo Ramírez, José Suárez, Sonsoles Martín y Carmelo Oliva.
Durante la sesión, que se celebrará en el salón de plenos de las Casas Consistoriales a partir de las 17.00 horas, también tomarán posesión los seis nuevos concejales del PP que sustituirán a los cinco ediles de este partido que dimitieron por estar imputados en el mismo caso.
Para elegir un nuevo alcalde se acude a los cabezas de lista de las últimas elecciones, por lo que entre los candidatos figuran el presidente local de Coalición Canaria, Marcelino Galindo, el portavoz del PSC-PSOE, José Antonio Perera, el líder de la plataforma AFV, Guillermo Reyes, y la ex concejala de Obras Públicas, María Antonia Torres.
Esta edil, principal imputada en el "Caso Faycán" y suspendida cautelarmente de militancia por el PP, puede optar a la Alcaldía porque el partido no ha comunicado su expulsión a la administración local, aunque ella ha anunciado al concejal de Deportes, Francisco Santana -único edil del PP no imputado-, que renunciará y apoyará su investidura.
De hecho, tras las negociaciones realizadas en las últimas dos semanas, Santana se ha garantizado los trece votos que necesita para acceder al cargo gracias al apoyo de Torres, de la ex edil de Saneamiento Candelaria Sánchez -también imputada en el mismo caso-, de Reyes y de los concejales de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca).
Por ello, los partidos de la oposición prevén que en la sesión se produzca la reedición del pacto de gobierno del PP con la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar (AFV), con el apoyo externo de Ciuca.
Sin embargo, si Santana no logra los apoyos suficientes, Marcelino Galindo (CC) sería nombrado de forma automática alcalde del municipio al encabezar la lista más votada en las últimas elecciones locales sin necesidad de votación.
Los ediles del PP que tomarán posesión en el pleno son José Luis Santana, Covadonga López, Francisco López, Pedro Zurita, Enrique Ojeda y Carmen Ramírez, cuyas actas han llegado ya al Consistorio después de ser remitidas desde la Junta Electoral Central.
Éstos relevarán a los concejales María del Carmen Castellano, Domingo Ramírez, José Suárez, Sonsoles Martín y Carmelo Oliva.
La fiscal Anticorrrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, ya ha concluido los trabajos de investigación del pelotazo de Las Teresitas, y sólo está a expensas de una última reunión con su superior, el fiscal jefe Antonio Salinas, para proceder a remitir al decanato tinerfeño el caso en el que se verían implicados en una operación urbanística dos poderosos empresarios tinerfeños, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que habrían ganado unos 120 millones de euros, sin arriesgar un céntimo, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que preside el nacionalista Miguel Zerolo.
Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del juez en que recaiga el caso Las Teresitas la apertura de diligencias previas en la fase de instrucción que se inicie en los próximos días.
La condición de aforado de Zerolo, como parlamentario autonómico por Tenerife, llevaría al juzgado santacrucero en el que recaiga la instrucción a remitir los expedientes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si el magistrado competente en primer término observa que hay indicios de delito y decide no archivar el caso.
72 horas clave de información privilegiada en junio de 1998
Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a González y Plasencia por 30 millones de euros.
Estos empresarios habían creado Inversiones Las Teresitas, SL, el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias, del que forman parte el propio Ignacio González, como presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, y el alcalde Miguel Zerolo, aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.
Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.
El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que González y Plasencia pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.
El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.
La operación urbanística por la cual González y Plasencia se han llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.
CANARIAS AHORA
Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del juez en que recaiga el caso Las Teresitas la apertura de diligencias previas en la fase de instrucción que se inicie en los próximos días.
La condición de aforado de Zerolo, como parlamentario autonómico por Tenerife, llevaría al juzgado santacrucero en el que recaiga la instrucción a remitir los expedientes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si el magistrado competente en primer término observa que hay indicios de delito y decide no archivar el caso.
72 horas clave de información privilegiada en junio de 1998
Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a González y Plasencia por 30 millones de euros.
Estos empresarios habían creado Inversiones Las Teresitas, SL, el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias, del que forman parte el propio Ignacio González, como presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, y el alcalde Miguel Zerolo, aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.
Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.
El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que González y Plasencia pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.
El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.
La operación urbanística por la cual González y Plasencia se han llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.
CANARIAS AHORA
José Carlos Gil Marín
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado un auto en el que se dice que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia, Luis Suárez Trenor, hubieran podido cometer un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico. El auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibe a favor del juzgado decano de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, también indica que “hasta el momento no existe constancia” de que se hayan pagado o recibido las cantidades reflejadas en la documentación incautada. De acuerdo con el auto dictado y conocido el 4 de diciembre, Garzón presume tener indicios de que entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias de varias sociedades filiales de Fórum se encontrarían Miguel Zerolo, alcalde santacrucero de ATI-Coalición Canaria y Luis Suárez Trenor, máximo responsable de la Autoridad Portuaria santacrucera, también de la misma formación política… Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, y Parque Marítimo de Anaga, empresas filiales de Forum Filatélico, habrían pagado según Garzón dinero a esas personas para favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y en una operación con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio…
En la misma fecha en la que se conocía el Auto de Garzón, un concejal de ATI-Coalición Canaria del Ayuntamiento tinerfeño de San Miguel de Abona (Coalición Canaria) era arrestado el 4 de diciembre, por un presunto delito de tráfico de personas. El segundo teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo era detenido por agentes de la Policía Nacional por un presunto delito de tráfico de personas y prostitución dentro de una trama en la que también era arrestado un ciudadano venezolano. ¡Urbanismo y prostitución! Menuda mezcla de confirmarse…
Pues bien, hagamos un poco de historia… Para afianzar la paz entre los dos partidos religiosos de Francia, católicos y hugonotes, Catalina de Médicis concertó el matrimonio de su hija Margarita con el príncipe protestante Enrique de Navarra, futuro rey Enrique IV de Francia. La boda, prevista para el 18 de agosto de 1572, no fue aceptada ni por el Papa Pío V, ni por su sucesor Gregorio XIII, en funciones cuando tuvo lugar la matanza. Asimismo, el rey Felipe II rechazaba de manera rotunda la política de la reina madre. El 23 de agosto, días después de la celebración de la boda real, sucedió la llamada matanza de la noche de San Bartolomé, instigada por el duque de Guisa y el cardenal de Lorena … Parece ser que a una señal dada por las campanadas de maitines desde la iglesia de San Germán-Auxerrois, próxima al Louvre y parroquia de los reyes de Francia, comenzó la tragedia. De inmediato, los nobles protestantes, fueron expulsados del palacio del Louvre y masacrados en las calles. El almirante Coligny fue sacado, por la fuerza, de su lecho y arrojado a la calle por una ventana de palacio. Ya de madrugada, el pueblo empezó a perseguir a los protestantes por toda la ciudad. La masacre continuó durante varios días pese a las tentativas del rey por detenerla. Años después, tras la matanza, Enrique IV acababa de trazar con su ministro Sully un plan de paz y comprensión general entre religiones, al que se denominaba el “gran proyecto”, cuando fue asesinado por Ravaillac, un monje fanático, en 1610.
El 4 de diciembre de 2006 será recordado como el San Bartolomé político de Coalición Canaria en Tenerife… Visto lo Visto, Garzón quiere convertirse en un nuevo duque de Guisa. ¿Querrá Zerolo ser el nuevo Enrique IV de este drama jurídico-político que estamos contemplando?
Francisco J. Chavanel
El Partido Socialista, que tan calladito está en Tenerife, como si esperara que se alejara la borrasca de la cruzada chicha, o como si esperara eternamente a que un fallo en cadena de la defensa contraria les dé una victoria para la que no hacen suficientes méritos, debiera preguntar en el Parlamento de Canarias por los viajes del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor.
Queda dicho que lo de Zerolo es fuego de artificio y lavandería de aliño, y que todo se colocará en su lugar el día que el “caso Las Teresitas” se eleve al juzgado correspondiente; allí hablaremos de ángeles y demonios, de éticas y desparpajos, de quien se lo lleva crudito y blandito, y de lo “duro” que es representar a la “nación tinerfeña” en estos días de ventisca.
El eje de la cuestión es don Luis, el cual, con Zerolo, aparece en las investigaciones del caso Forum Filatélico mezclados ambos en las idas y venidas de una bandita dedicada al tráfico de influencias, los cuales, muy serios ellos en sus conductas, hasta levantaban acta de los contenidos de sus reuniones. Como si fuera el consejo de administración de Acerinox, por ejemplo. A la siguiente reunión el primer punto era el mismo: aprobación del acta de la sesión anterior. Y luego leían: “… Tal como acordamos aquí Miguel desbrozará el camino de las calificaciones aprovechando su cargo político, y Luis cobrará el 50%”. Miguel Zerolo dice que él no era ese “tal Miguel”, que igual se equivocaron de Miguel; y Luis que él no sabe de qué iba la película, o sea, que tampoco era “ése” Luis.
Es curioso que afirme ignorancia quien sabe todo de todos, pero la presunción de inocencia es la madre de todas las ciencias. En su “futurible” comparencia parlamentaria haría bien Suárez Trenor en contar sus paseos por distintos puertos mundiales coincidentes con paraísos fiscales. Seguramente serán casualidades, aunque no deja de llamar la atención la sinergia que tendría para un puerto como el de Santa Cruz de Tenerife las operativas de los muelles de Barbados, Bermudas, Mann, y Miami, entre otros. Como es probable que se deslice algún gazapo ya aviso que Suiza no tiene puerto de mar. Y de Luxemburgo no sé de qué me hablan.
A mí me encanta el trabajo de Luis, porque es oscuro, discreto, y amamanta las virtudes de una organización preparada para ganar incluso en las circunstancias más adversas. Ahora los homenajes son para Zerolo, al que una turbamulta trata como a un Chávez cualquiera rodeado de descamisados y de mestizos desclasados. Quiere repetir en la alcaldía y allá él. Todo el mundo tiene derecho a perderse en el laberinto que prefiera siempre que se lo permitan.
Pero lo de Luis Suárez Trenor es sufrido. Es, tal vez, el que más conoce de las plusvalías de Granadilla, y también de los malos momentos de la mayoría de sus compañeros, incluso en sus vidas privadas. Es fastidiante estar un día en la cama a las dos de la madrugada y que te llame uno de los jefes del partido porque quiere llorar en tu hombro. Y te plantee: “O me lo resuelves tú o no sé qué será de mí; puede que lo haga público cualquier día de éstos”. Y Luis, paciente, mirando a su interlocutor, le da una palmada en el hombro y le tranquiliza: “nadie hará público nada, ¿qué necesitas, amigo?”.
A lo mejor la pregunta definitiva no iba sobra el qué sino sobre el cuánto.
Sí, premio por los servicios prestados al presidente de la Autoridad Portuaria. Y por lo que calla. Los caceroleros nombran a Miguel, pero el “ruido” en realidad va a por Luis. Aquel al que puedes despertar de madrugada para que te eche una mano y te salve de aparecer en un programa de “Salsa Rosa”.
elespejocanario@canariasahoraradio.com
El Partido Socialista, que tan calladito está en Tenerife, como si esperara que se alejara la borrasca de la cruzada chicha, o como si esperara eternamente a que un fallo en cadena de la defensa contraria les dé una victoria para la que no hacen suficientes méritos, debiera preguntar en el Parlamento de Canarias por los viajes del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor.
Queda dicho que lo de Zerolo es fuego de artificio y lavandería de aliño, y que todo se colocará en su lugar el día que el “caso Las Teresitas” se eleve al juzgado correspondiente; allí hablaremos de ángeles y demonios, de éticas y desparpajos, de quien se lo lleva crudito y blandito, y de lo “duro” que es representar a la “nación tinerfeña” en estos días de ventisca.
El eje de la cuestión es don Luis, el cual, con Zerolo, aparece en las investigaciones del caso Forum Filatélico mezclados ambos en las idas y venidas de una bandita dedicada al tráfico de influencias, los cuales, muy serios ellos en sus conductas, hasta levantaban acta de los contenidos de sus reuniones. Como si fuera el consejo de administración de Acerinox, por ejemplo. A la siguiente reunión el primer punto era el mismo: aprobación del acta de la sesión anterior. Y luego leían: “… Tal como acordamos aquí Miguel desbrozará el camino de las calificaciones aprovechando su cargo político, y Luis cobrará el 50%”. Miguel Zerolo dice que él no era ese “tal Miguel”, que igual se equivocaron de Miguel; y Luis que él no sabe de qué iba la película, o sea, que tampoco era “ése” Luis.
Es curioso que afirme ignorancia quien sabe todo de todos, pero la presunción de inocencia es la madre de todas las ciencias. En su “futurible” comparencia parlamentaria haría bien Suárez Trenor en contar sus paseos por distintos puertos mundiales coincidentes con paraísos fiscales. Seguramente serán casualidades, aunque no deja de llamar la atención la sinergia que tendría para un puerto como el de Santa Cruz de Tenerife las operativas de los muelles de Barbados, Bermudas, Mann, y Miami, entre otros. Como es probable que se deslice algún gazapo ya aviso que Suiza no tiene puerto de mar. Y de Luxemburgo no sé de qué me hablan.
A mí me encanta el trabajo de Luis, porque es oscuro, discreto, y amamanta las virtudes de una organización preparada para ganar incluso en las circunstancias más adversas. Ahora los homenajes son para Zerolo, al que una turbamulta trata como a un Chávez cualquiera rodeado de descamisados y de mestizos desclasados. Quiere repetir en la alcaldía y allá él. Todo el mundo tiene derecho a perderse en el laberinto que prefiera siempre que se lo permitan.
Pero lo de Luis Suárez Trenor es sufrido. Es, tal vez, el que más conoce de las plusvalías de Granadilla, y también de los malos momentos de la mayoría de sus compañeros, incluso en sus vidas privadas. Es fastidiante estar un día en la cama a las dos de la madrugada y que te llame uno de los jefes del partido porque quiere llorar en tu hombro. Y te plantee: “O me lo resuelves tú o no sé qué será de mí; puede que lo haga público cualquier día de éstos”. Y Luis, paciente, mirando a su interlocutor, le da una palmada en el hombro y le tranquiliza: “nadie hará público nada, ¿qué necesitas, amigo?”.
A lo mejor la pregunta definitiva no iba sobra el qué sino sobre el cuánto.
Sí, premio por los servicios prestados al presidente de la Autoridad Portuaria. Y por lo que calla. Los caceroleros nombran a Miguel, pero el “ruido” en realidad va a por Luis. Aquel al que puedes despertar de madrugada para que te eche una mano y te salve de aparecer en un programa de “Salsa Rosa”.
elespejocanario@canariasahoraradio.com
El Colectivo Tagoror Achinech ha solicitado con fecha 29 de septiembre, a la Vceconsejería de Medio ambiente, Dirección General de Calidad ambiental, a la Consejería de Medio ambiente y Ordenación Territorial y, a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, que atendiendo a lo especificado en la Resolución número 60/2006, por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada, para las turbinas instaladas en Chío, en su apartado 11.2 en la que se expone que seis meses antes de la entrada en funcionamiento de la línea de Alta Tensión del sur, que va desde la central térmica de Granadilla hasta la subestación del Vallito, la empresa titular de las instalaciones del centro generador de electricidad ubicado en Los Pajales, debe proceder a presentar un plan de desmantelamiento de dichas instalaciones, por lo que se entiende que estamos dentro de este plazo por las declaraciones de los responsables políticos que afirman que la línea estará en funcionamiento en marzo o abril del 2007.
La Viceconsejería de Medio Ambiente, teniendo las competencias en esta materia, emite la resolución número 562 de fecha 24 de noviembre, en la que agrupa todas las solicitudes en una, e inicia la apertura de un expediente al respecto, bajo el número 2066/1648.
En el escrito enviado a Tagoror Achinech, la Viceconsejería de Medio Ambiente, comunica el inicio del expediente sobre la petición de desmantelamiento de las turbinas y grupos electrógenos, aplicando el plazo de tres meses para dar respuesta al colectivo, sobre la solicitud formulada.
Desde Tagoror Achinech se advierte que ya son varias las vulneraciones de la Autorización Ambiental Integrada, la cual fue concedida bajo diversas irregularidades, como el trámite de audiencia a los afectados, incumpliendo la generación (cuya autorización se limita a 23 Mw.), superar las 50 horas de funcionamiento que se cita en la A.A.I., el superar el nivel de ruidos permitidos y, así una serie de incumplimientos por parte de Unelco, con el consentimiento silenciosos de las autoridades pertinentes. Lo que hace que esta toma en consideración, por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se haga con prudencia y cautela visto los antecedentes de permisivilidad que han tenido estas instalaciones.
Las esperanzas de que estas instalaciones sean desmanteladas, están depositadas en las dos demandas interpuestas por Tagoror Achinech, que no sólo están destinadas a dicho desmantelamiento sino a declararlas ilegal, para que jamás se vuelva a cometer una tropelía a un pueblo, de la forma tan miserable que se ha cometido con Chío.
La Viceconsejería de Medio Ambiente, teniendo las competencias en esta materia, emite la resolución número 562 de fecha 24 de noviembre, en la que agrupa todas las solicitudes en una, e inicia la apertura de un expediente al respecto, bajo el número 2066/1648.
En el escrito enviado a Tagoror Achinech, la Viceconsejería de Medio Ambiente, comunica el inicio del expediente sobre la petición de desmantelamiento de las turbinas y grupos electrógenos, aplicando el plazo de tres meses para dar respuesta al colectivo, sobre la solicitud formulada.
Desde Tagoror Achinech se advierte que ya son varias las vulneraciones de la Autorización Ambiental Integrada, la cual fue concedida bajo diversas irregularidades, como el trámite de audiencia a los afectados, incumpliendo la generación (cuya autorización se limita a 23 Mw.), superar las 50 horas de funcionamiento que se cita en la A.A.I., el superar el nivel de ruidos permitidos y, así una serie de incumplimientos por parte de Unelco, con el consentimiento silenciosos de las autoridades pertinentes. Lo que hace que esta toma en consideración, por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se haga con prudencia y cautela visto los antecedentes de permisivilidad que han tenido estas instalaciones.
Las esperanzas de que estas instalaciones sean desmanteladas, están depositadas en las dos demandas interpuestas por Tagoror Achinech, que no sólo están destinadas a dicho desmantelamiento sino a declararlas ilegal, para que jamás se vuelva a cometer una tropelía a un pueblo, de la forma tan miserable que se ha cometido con Chío.
Manuel Mederos
Del 'Caso Zerolo' me preocupan dos cosas: que pueda existir una trama como la que cuentan los papeles incautados en la sede de Fórum Filatélico, auténtico escándalo olvidado de toda la intensa semana, y la campaña furibunda de CC poniendo en duda la imparcialidad de jueces y fiscales. Y es que tan grave es utilizar en beneficio propio los recursos públicos como intentar deteriorar el sistema democrático para ocultar aunque sea sólo la sospecha.
Esta práctica tiene graves precedentes en el Estado y en Canarias. Coalición Canaria está utilizando los mismos argumentos que utilizó un destacado dirigente del PSOE, Carmelo Padrón, para acusar al ex presidente del TSJC de politizar su procedimiento con el objetivo de expulsarlo de la vida pública. Una práctica esta que, por lo que hemos vivido estos días y por lo que se avecina, tiene todos los boletos para convertirse en habitual en las islas. Una práctica que merece una seria reflexión pues puede provocar una grave distorsión del sistema democrático.
Otra cosa son las críticas a Juan Fernando López Aguilar, a su compatibilidad para ser al mismo tiempo candidato y ministro y a sus actuaciones políticas. Un ministro puede y debe aguantar las críticas políticas y responder a ellas. Ahora bien, en el caso de López Aguilar, que es el ministro de Justicia, es su obligación ejecutar las líneas maestras de la política criminal que el Gobierno ha puesto en marcha. Y es que el Gobierno nunca ha ocultado, desde el primer momento, que la lucha contra la corrupción es una de sus preocupaciones fundamentales. De forma coherente, el Gobierno socialista ha puesto los medios necesarios, entre otros la creación de las Fiscalías Anticorrupción, dos de ellas en Canarias. Es obligación de López Aguilar impulsar esta política de su Gobierno con los medios que la ley ha puesto a su alcance. El sistema, tal y como está diseñado, obliga al ministro a ejecutar esta política, como lo hizo el PP dentro del pacto antiterrorista, o como se hace en la lucha contra el narcotráfico. Pero además, debe hacerlo de forma coordinada con el Ministerio del Interior, tutor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas, a las órdenes de jueces y fiscales, de la investigación de cualquier caso. El ministro, si quiere cumplir con su deber no pude, ni debe, arrugarse ante las criticas de Coalición Canaria, a la que, por lo que se ve, le repele y le escandaliza la práctica de las políticas que un gobierno democrático ha puesto en marcha dentro de los cauces que establece la legalidad, posiblemente porque ahora son objeto de la aplicación de esta política anticorrupción. Curioso, cuando han callado ante la acción de la Justicia en Gran Canaria y el PP ha sido la acusada.
Pero desgraciadamente no se queda aquí CC en sus críticas, ni donde, en su momento, se situó Carmelo Padrón. Ambos buscan también imponer la sospecha de la politización de los jueces y de los fiscales. Esa práctica sí mina la credibilidad del sistema democrático, sobre todo porque Padrón nunca pudo aportar pruebas para expulsar de la carrera judicial al magistrado al que acusaba, y CC tampoco las tiene contra Garzón ni contra los fiscales que han cumplido con su deber. Ambos usan la publicidad para arrebatar la credibilidad y sobre todo, en el caso de CC, para esconder las graves sospechas que se desprenden de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de Fórum Filatélico. Otra cosa es que el ministro de órdenes directas sobre cómo abordar determinadas actuaciones sobre determinados casos. Serían los fiscales los primeros, que en contra de su independencia, protegida por la Ley, dejen que alguien les dé órdenes directas sobre a quién acusar. Se trata de una aberración que repugna profundamente al sistema, pero contra el que existen medios para combatirla. Si CC tiene pruebas debe utilizar los mecanismos existentes e ir a los juzgados de guardia par iniciar actuaciones contra los fiscales, contra Garzón o contra el ministro. Y si esto es así, como CC proclama, están ante un grave problemas: el sistema ya no funciona. Pero en algo coinciden socialistas y populares en estos días: en Canarias los dos partidos mayoritarios siguen creyendo en la independencia de la Justicia, aunque los populares no crean en el ministro de Justicia. Es su obligación criticar las políticas de sus oponentes, aunque hierra poniéndose al lado de las sospechas.
Pinochet, mucho peor que un simple dictador: el primer gobernante que puso en práctica el neoliberalismo
Juan Torres López
Rebelión
Se suele presentar a Pinochet como un dictador más de los tantos que han sembrado de muerte y desgracias la historia latinoamericana pero no conviene equivocarse.
El militar chileno, traidor a su gobierno legítimo, sanguinario desde joven y mentiroso siempre, fue, sobre todo, el instrumento necesario para poner en marcha y experimentar el proyecto neoliberal que los grandes centros del poder económico mundial diseñaban para recobrar las posiciones que les había hecho perder la gran crisis de los años sesenta y setenta.
El agotamiento del modelo económico y la fuerza que el pleno empleo había dado a las clases trabajadoras de los países occidentales minaba las tasas de beneficio, mientras que la presencia referencial de la antigua Unión Soviética mostraba al mundo entero que, por muy imperfecta que apareciese, había una alternativa efectiva al capitalismo.
A principios de los años setenta la situación se hizo especialmente problemática y desde Estados Unidos se comenzó a urdir una estrategia que se basaría en cuatro grandes procesos: una amplísima reconversión tecnológica (que lideraron las grandes empresas multinacionales), un sustancial cambio de coordenadas en la política económica (que planificó el equipo liberal del Presidente Nixon), una auténtica catarsis social mediante la generación planificada del desempleo (cuya otra cara sería la caída brutal de los salarios) y el endeudamiento generalizado (cuya contraparte sería una altísima retribución de los capitales gracias a los tipos de interés mucho más elevados) y una ofensiva ideológica y política (la “revolución conservadora”) que abanderarían Ronald Reagan, Margaret Tatcher y el Papa Juan Pablo II.
Pero ese plan, cuyas estrategias y contenidos fueron solidificando a lo largo de la década de los setenta, era intrínsecamente conflictivo. Entre otras cosas, suponía desactivar la resistencia sindical, silenciar las reivindicaciones obreras, poner en marcha novedosas formas de regulación económica a través de las privatizaciones y de la liberalización de la industria y los servicios, obtener recursos para financiar y apoyar el gasto que iba a suponer a las empresas la reconversión tecnológica para lo que había que desmantelar el Estado y el gasto público y social, cambiar el discurso del bienestar por el del individualismo, desarticular las instituciones de diálogo y coordinación internacional...
Era, en consecuencia, un proyecto complejo y difícil, arriesgado y de casi imposible implantación simultánea en todo el planeta. Para ponerlo en marcha con éxito convenía actuar preventivamente en tres frentes fundamentales.
En primer lugar, bloqueando o incluso eliminando el papel referencial de la Unión Soviética, lo que llevó a diseñar planes de desestabilización en los países socialistas más sensibles a la atracción occidental, como Polonia y, al mismo tiempo, a dar un acelerón en la carrera armamentista que liquidara las posibilidades de desarrollo de la ya por sí enferma economía soviética.
En segundo lugar, abortando cualquier otro experimento de cambio social, por muy tímido o reformista que fuese, como el que se estaba llevando a cabo en Chile bajo el mandato del Presidente Salvador Allende.
Finalmente, se hacía necesario experimentar, en la medida de lo posible, las medidas más radicales de la estrategia liberalizadora. Unas medidas que en aquel tiempo sólo sostenía una minoría exigua de los economistas teóricos y prácticos más renombrados y sobre cuyos resultados sociales y económicos cabían todavía muchas dudas. Ese era el caso, por ejemplo, de la privatización de los sistemas de pensiones públicas o de la reducción radical del gasto público, pasos imprescindibles para que el capital privado pasara a disponer de fondos y rentabilidad suficientes en la coyuntura que se avecinaba.
A lo largo de la década de los setenta se fueron urdiendo todos esos procesos que culminarían con la llegada de Tatcher y Reagan al poder y con la elección del cardenal polaco Karol Woijtyla como máximo dirigente de la Iglesia católica.
La coordinación entre ellos, las reuniones mantenidas en instituciones y foros diversos, la similitud de los discursos que se fueron fraguando gracias a sus intervenciones públicas y la coincidencia de las orientaciones estratégicas que proyectaban esos tres dirigentes mundiales son bien conocidas y han sido amplísimamente documentadas.
Pero como acabo de señalar, el éxito final de ese proceso no hubiese sido posible sin las experiencias previas, sin los ensayos y sin el ejercicio de desmovilización que se llevó a cabo, principalmente, en el Chile fascista de Pinochet.
Es precisamente por eso que el auténtico papel histórico de Pinochet no puede ser entendido solo en su lectura nacional o como mera expresión del militarismo cesarista que inspiró tantas dictaduras latinoamericanas, e incluso ni siquiera sólo en términos de representar, como en tantas otras, a los sectores más privilegiados y reaccionarios de su país frente a la experiencia progresista de la Unidad Popular.
El dictador chileno mostró bien pronto que no actuaba solamente como el típico matón cuartelero sino que su régimen respondía, sobre todo, a una doctrina y a un proyecto económicos novedosos.
Así, Pinochet fue el primer gobernante en poner en marcha procesos de liberalización y privatización y no es casualidad que contara desde el principio con la simpatía y el apoyo de los liberales más preclaros de su tiempo, como Hayeck o el recientemente fallecido Milton Friedman.
Hayeck fue entrevistado en 1981 por el diario chileno El Mercurio y sus declaraciones dejaban ver claramente la naturaleza experimental de la dictadura chilena y el beneplácito que le daban los intelectuales que estaban dando apoyo ideológico al proyecto de implantación del neoliberalismo: "Mi preferencia personal –dijo el Premio Nobel- se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente".
Por su parte, Milton Friedman había visitado mucho antes Chile donde fue recibido con “cálida hospitalidad” según sus palabras. El propio Pinochet le pidió consejo y Friedman le envió una larga y cariñosa carta de apoyo en la que, además de darle recomendaciones, le reconocía su papel de adalid del neoliberalismo: “Estoy conciente de que su gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio internacional y a liberalizarlo, y que, como resultado de ello, la ventaja competitiva real de Chile se refleja mejor en éste hoy que en las décadas pasadas (…)”. En otro momento, Friedman calificó el golpe de Estado como “no más que un bache en la ruta”, “un período de transición” para lograr un crecimiento económico sostenido.
La pretensión neoliberal de la dictadura ha sido reconocida ampliamente. Así lo hace, por ejemplo, Jesús Piñera, que fue primero Ministro de Minería (devolviendo a la propiedad privada este sector estratégico) y luego ministro del Trabajo y Previsión Social y como tal artífice de la privatización del sistema chileno de pensiones, una privatización ejemplar para los liberales y desastrosa para los trabajadores, algo hasta tal punto sabido que el propio Pinochet no la aplicó a los militares y policías. En su artículo Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile lo dice claramente: “Las ideas de Milton Friedman fueron claves en la Refundación de Chile”.
Otro economista liberal de Chicago y una de las personalidades económicas más importantes de la administración norteamericana en los últimos decenios, George Shultz (al que significativamente se le ha llamado “el hombre del modelo chileno de fascismo”), también reconoció que detrás del golpe de Pinochet había todo una primicia del experimento neoliberal. En una entrevista con la televisión PBS el 2 de octubre del 2000, habló de la situación de Chile: “Las Fuerzas Armadas tomaron el poder, y no cabe duda que hicieron cosas innecesariamente brutales en el proceso; pero, no obstante, lo tomaron. . . Hubo una gente en Chile que vino a conocerse como los ‘Chicago Boys’; estudiaron economía en la Universidad de Chicago. . . Así, de forma gradual evolucionó en Chile una economía al estilo de la Escuela de Chicago. Y funcionó”.
El carácter precursor de lo que hizo Pinochet en Chile, no limitándose a establecer una dictadura al viejo uso en un país de la periferia sino experimentando el modo de civilización que se quería imponer más tarde a todo el mundo, fue lo que hizo que, a pesar de tener sus manos ensangrentadas y de ser un ladrón y un vil asesino, gozara del apoyo y la amistad de los principales gobernantes de su época, de Tatcher, de Reagan y, por supuesto, de la jerarquía católica que, con honrosas excepciones como las del cardenal Silva Henríquez, bendijo una y mil veces a la dictadura chilena.
El apoyo de Juan Pablo II y el Vaticano a Pinochet bien fue evidente. Durante la visita del Papa a Chile (y a diferencia de lo que el polaco solía hacer cuando se enfrentaba a teólogos de la liberación, dirigentes de la izquierda y políticos progresistas en general cuyas manos, sin embargo, nunca estuvieron llenas de la sangre que corría por las de Pinochet) no salió de su boca ni una sola palabra de condena de la dictadura ni de los continuos atentados contra los derechos humanos que de modo bien evidente se cometían en Chile. Siendo los crímenes de la dictadura harto evidentes, no cabe sino pensar que, con su silencio, Juan Pablo II los justificaba o legitimaba.
El teólogo católico Juan José Tamayo dice en su artículo Los hombres de Pinochet en el Vaticano que "la estrategia seguida por el Vaticano en el caso de Pinochet me parece ética y evangélicamente injustificable", y muy expresivamente expresa lo que entonces ocurría: "una dictadura apoya y legitima otra dictadura".
No se trata de hacer juicios de intenciones, ni tan siquiera es necesario interpretar la naturaleza del silencio papal ante los crímenes de la dictadura chilena pero sí hay que afirmar con toda rotundidad que Juan Pablo II fue cómplice de Pinochet en la misma medida en que ambos estaban comprometidos con un proyecto político evidente y en que ambos fueron operadores singulares de la puesta en marcha del neoliberalismo, uno como avanzadilla en Chile y otro en todo el mundo.
En definitiva, la historia política de Augusto Pinochet no es la de un dictador más de la periferia, sino la de un precursor del neoliberalismo. Y, por esa condición, legitimado, aplaudido y protegido por los mismos que más tarde lo pusieron en marcha en otros lugares.
Conviene saberlo y subrayarlo porque es imprescindible saber que el origen del neoliberalismo está lleno de sangre inocente, que es intrínsecamente contrario a la libertad y a la dignidad humanas, y que es desastroso en sus resultados económicos y sociales, como lo fue en Chile, en donde la economía y los beneficios crecieron pero con la mayor desigualdad de su historia, con la pobreza más elevada y con tremenda frustración social y personal.
No es casualidad, precisamente por eso, que la historia personal del propio dictador sea como la del neoliberalismo: mentirosa y corrupta. No es casualidad que el primer gobernante neoliberal fuese un dictador, un traidor a su patria y un ladrón de bienes públicos. Como no es casualidad que quienes tanto hablan de derechos humanos lo aplaudieran y protegieran, mostrando de esa forma la cínica forma de entender la justicia y el derecho del neoliberalismo.
Es una desgracia decirlo pero es algo que no podemos olvidar: desaparece Pinochet pero queda gran parte de su obra. Por eso lo respetan tanto y por eso lo protegieron en vida.
Pero sea como sea, al final de su vida quedó ya todo evidente. Supimos desde el principio que fue un traidor y un asesino; más tarde se descubrió que, además, fue un ladrón. Ahora van a saber quién fue hasta los mismísimos demonios. Nunca mejor dicho, porque será al infierno donde acuda si es que de verdad hay justicia eterna.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web es www.juantorreslopez.com
Juan Torres López
Rebelión
Se suele presentar a Pinochet como un dictador más de los tantos que han sembrado de muerte y desgracias la historia latinoamericana pero no conviene equivocarse.
El militar chileno, traidor a su gobierno legítimo, sanguinario desde joven y mentiroso siempre, fue, sobre todo, el instrumento necesario para poner en marcha y experimentar el proyecto neoliberal que los grandes centros del poder económico mundial diseñaban para recobrar las posiciones que les había hecho perder la gran crisis de los años sesenta y setenta.
El agotamiento del modelo económico y la fuerza que el pleno empleo había dado a las clases trabajadoras de los países occidentales minaba las tasas de beneficio, mientras que la presencia referencial de la antigua Unión Soviética mostraba al mundo entero que, por muy imperfecta que apareciese, había una alternativa efectiva al capitalismo.
A principios de los años setenta la situación se hizo especialmente problemática y desde Estados Unidos se comenzó a urdir una estrategia que se basaría en cuatro grandes procesos: una amplísima reconversión tecnológica (que lideraron las grandes empresas multinacionales), un sustancial cambio de coordenadas en la política económica (que planificó el equipo liberal del Presidente Nixon), una auténtica catarsis social mediante la generación planificada del desempleo (cuya otra cara sería la caída brutal de los salarios) y el endeudamiento generalizado (cuya contraparte sería una altísima retribución de los capitales gracias a los tipos de interés mucho más elevados) y una ofensiva ideológica y política (la “revolución conservadora”) que abanderarían Ronald Reagan, Margaret Tatcher y el Papa Juan Pablo II.
Pero ese plan, cuyas estrategias y contenidos fueron solidificando a lo largo de la década de los setenta, era intrínsecamente conflictivo. Entre otras cosas, suponía desactivar la resistencia sindical, silenciar las reivindicaciones obreras, poner en marcha novedosas formas de regulación económica a través de las privatizaciones y de la liberalización de la industria y los servicios, obtener recursos para financiar y apoyar el gasto que iba a suponer a las empresas la reconversión tecnológica para lo que había que desmantelar el Estado y el gasto público y social, cambiar el discurso del bienestar por el del individualismo, desarticular las instituciones de diálogo y coordinación internacional...
Era, en consecuencia, un proyecto complejo y difícil, arriesgado y de casi imposible implantación simultánea en todo el planeta. Para ponerlo en marcha con éxito convenía actuar preventivamente en tres frentes fundamentales.
En primer lugar, bloqueando o incluso eliminando el papel referencial de la Unión Soviética, lo que llevó a diseñar planes de desestabilización en los países socialistas más sensibles a la atracción occidental, como Polonia y, al mismo tiempo, a dar un acelerón en la carrera armamentista que liquidara las posibilidades de desarrollo de la ya por sí enferma economía soviética.
En segundo lugar, abortando cualquier otro experimento de cambio social, por muy tímido o reformista que fuese, como el que se estaba llevando a cabo en Chile bajo el mandato del Presidente Salvador Allende.
Finalmente, se hacía necesario experimentar, en la medida de lo posible, las medidas más radicales de la estrategia liberalizadora. Unas medidas que en aquel tiempo sólo sostenía una minoría exigua de los economistas teóricos y prácticos más renombrados y sobre cuyos resultados sociales y económicos cabían todavía muchas dudas. Ese era el caso, por ejemplo, de la privatización de los sistemas de pensiones públicas o de la reducción radical del gasto público, pasos imprescindibles para que el capital privado pasara a disponer de fondos y rentabilidad suficientes en la coyuntura que se avecinaba.
A lo largo de la década de los setenta se fueron urdiendo todos esos procesos que culminarían con la llegada de Tatcher y Reagan al poder y con la elección del cardenal polaco Karol Woijtyla como máximo dirigente de la Iglesia católica.
La coordinación entre ellos, las reuniones mantenidas en instituciones y foros diversos, la similitud de los discursos que se fueron fraguando gracias a sus intervenciones públicas y la coincidencia de las orientaciones estratégicas que proyectaban esos tres dirigentes mundiales son bien conocidas y han sido amplísimamente documentadas.
Pero como acabo de señalar, el éxito final de ese proceso no hubiese sido posible sin las experiencias previas, sin los ensayos y sin el ejercicio de desmovilización que se llevó a cabo, principalmente, en el Chile fascista de Pinochet.
Es precisamente por eso que el auténtico papel histórico de Pinochet no puede ser entendido solo en su lectura nacional o como mera expresión del militarismo cesarista que inspiró tantas dictaduras latinoamericanas, e incluso ni siquiera sólo en términos de representar, como en tantas otras, a los sectores más privilegiados y reaccionarios de su país frente a la experiencia progresista de la Unidad Popular.
El dictador chileno mostró bien pronto que no actuaba solamente como el típico matón cuartelero sino que su régimen respondía, sobre todo, a una doctrina y a un proyecto económicos novedosos.
Así, Pinochet fue el primer gobernante en poner en marcha procesos de liberalización y privatización y no es casualidad que contara desde el principio con la simpatía y el apoyo de los liberales más preclaros de su tiempo, como Hayeck o el recientemente fallecido Milton Friedman.
Hayeck fue entrevistado en 1981 por el diario chileno El Mercurio y sus declaraciones dejaban ver claramente la naturaleza experimental de la dictadura chilena y el beneplácito que le daban los intelectuales que estaban dando apoyo ideológico al proyecto de implantación del neoliberalismo: "Mi preferencia personal –dijo el Premio Nobel- se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente".
Por su parte, Milton Friedman había visitado mucho antes Chile donde fue recibido con “cálida hospitalidad” según sus palabras. El propio Pinochet le pidió consejo y Friedman le envió una larga y cariñosa carta de apoyo en la que, además de darle recomendaciones, le reconocía su papel de adalid del neoliberalismo: “Estoy conciente de que su gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio internacional y a liberalizarlo, y que, como resultado de ello, la ventaja competitiva real de Chile se refleja mejor en éste hoy que en las décadas pasadas (…)”. En otro momento, Friedman calificó el golpe de Estado como “no más que un bache en la ruta”, “un período de transición” para lograr un crecimiento económico sostenido.
La pretensión neoliberal de la dictadura ha sido reconocida ampliamente. Así lo hace, por ejemplo, Jesús Piñera, que fue primero Ministro de Minería (devolviendo a la propiedad privada este sector estratégico) y luego ministro del Trabajo y Previsión Social y como tal artífice de la privatización del sistema chileno de pensiones, una privatización ejemplar para los liberales y desastrosa para los trabajadores, algo hasta tal punto sabido que el propio Pinochet no la aplicó a los militares y policías. En su artículo Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile lo dice claramente: “Las ideas de Milton Friedman fueron claves en la Refundación de Chile”.
Otro economista liberal de Chicago y una de las personalidades económicas más importantes de la administración norteamericana en los últimos decenios, George Shultz (al que significativamente se le ha llamado “el hombre del modelo chileno de fascismo”), también reconoció que detrás del golpe de Pinochet había todo una primicia del experimento neoliberal. En una entrevista con la televisión PBS el 2 de octubre del 2000, habló de la situación de Chile: “Las Fuerzas Armadas tomaron el poder, y no cabe duda que hicieron cosas innecesariamente brutales en el proceso; pero, no obstante, lo tomaron. . . Hubo una gente en Chile que vino a conocerse como los ‘Chicago Boys’; estudiaron economía en la Universidad de Chicago. . . Así, de forma gradual evolucionó en Chile una economía al estilo de la Escuela de Chicago. Y funcionó”.
El carácter precursor de lo que hizo Pinochet en Chile, no limitándose a establecer una dictadura al viejo uso en un país de la periferia sino experimentando el modo de civilización que se quería imponer más tarde a todo el mundo, fue lo que hizo que, a pesar de tener sus manos ensangrentadas y de ser un ladrón y un vil asesino, gozara del apoyo y la amistad de los principales gobernantes de su época, de Tatcher, de Reagan y, por supuesto, de la jerarquía católica que, con honrosas excepciones como las del cardenal Silva Henríquez, bendijo una y mil veces a la dictadura chilena.
El apoyo de Juan Pablo II y el Vaticano a Pinochet bien fue evidente. Durante la visita del Papa a Chile (y a diferencia de lo que el polaco solía hacer cuando se enfrentaba a teólogos de la liberación, dirigentes de la izquierda y políticos progresistas en general cuyas manos, sin embargo, nunca estuvieron llenas de la sangre que corría por las de Pinochet) no salió de su boca ni una sola palabra de condena de la dictadura ni de los continuos atentados contra los derechos humanos que de modo bien evidente se cometían en Chile. Siendo los crímenes de la dictadura harto evidentes, no cabe sino pensar que, con su silencio, Juan Pablo II los justificaba o legitimaba.
El teólogo católico Juan José Tamayo dice en su artículo Los hombres de Pinochet en el Vaticano que "la estrategia seguida por el Vaticano en el caso de Pinochet me parece ética y evangélicamente injustificable", y muy expresivamente expresa lo que entonces ocurría: "una dictadura apoya y legitima otra dictadura".
No se trata de hacer juicios de intenciones, ni tan siquiera es necesario interpretar la naturaleza del silencio papal ante los crímenes de la dictadura chilena pero sí hay que afirmar con toda rotundidad que Juan Pablo II fue cómplice de Pinochet en la misma medida en que ambos estaban comprometidos con un proyecto político evidente y en que ambos fueron operadores singulares de la puesta en marcha del neoliberalismo, uno como avanzadilla en Chile y otro en todo el mundo.
En definitiva, la historia política de Augusto Pinochet no es la de un dictador más de la periferia, sino la de un precursor del neoliberalismo. Y, por esa condición, legitimado, aplaudido y protegido por los mismos que más tarde lo pusieron en marcha en otros lugares.
Conviene saberlo y subrayarlo porque es imprescindible saber que el origen del neoliberalismo está lleno de sangre inocente, que es intrínsecamente contrario a la libertad y a la dignidad humanas, y que es desastroso en sus resultados económicos y sociales, como lo fue en Chile, en donde la economía y los beneficios crecieron pero con la mayor desigualdad de su historia, con la pobreza más elevada y con tremenda frustración social y personal.
No es casualidad, precisamente por eso, que la historia personal del propio dictador sea como la del neoliberalismo: mentirosa y corrupta. No es casualidad que el primer gobernante neoliberal fuese un dictador, un traidor a su patria y un ladrón de bienes públicos. Como no es casualidad que quienes tanto hablan de derechos humanos lo aplaudieran y protegieran, mostrando de esa forma la cínica forma de entender la justicia y el derecho del neoliberalismo.
Es una desgracia decirlo pero es algo que no podemos olvidar: desaparece Pinochet pero queda gran parte de su obra. Por eso lo respetan tanto y por eso lo protegieron en vida.
Pero sea como sea, al final de su vida quedó ya todo evidente. Supimos desde el principio que fue un traidor y un asesino; más tarde se descubrió que, además, fue un ladrón. Ahora van a saber quién fue hasta los mismísimos demonios. Nunca mejor dicho, porque será al infierno donde acuda si es que de verdad hay justicia eterna.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web es www.juantorreslopez.com
Francisco J. Chavanel
1.-Histeria victimista
Esos golpes en el pecho, esa histeria victimista, ese “nos atacan los extranjeros, todos a las armas” nos resulta familiar, cansinamente repetitivo. Esa conspiración urdida entre varios poderes del Estado, supuestamente conectados con Gran Canaria, para destrozar una minúscula célula es música conocida; en realidad la llevamos escuchando por aquí desde que varios grupos insularistas, cada uno hijo de su madre y de su padre, formalizaron algo parecido a un núcleo nacionalista que, con sus extraordinarios conocimientos de la materia y de la debilidad humana, controla Canarias desde hace quince años.
Pero ocurre que últimamente el núcleo se va reduciendo a su propio génesis. Ente las guerras caínitas y sangrientas libradas en Lanzarote y Gran Canaria, y la hegemonía abrasiva tinerfeña, el disfraz ya no engaña a nadie, y lo que queda es lo que siempre hubo desde el principio: ansias de poder, ansias de reparto y grietas que se abren porque las canonjías se distribuyen entre los mismos. El motor no da para más: ausente cualquier ideología, agotados de engañarse mutuamente, frontalmente divididos entre sí, los que saben de verdad de ésto no hallan otro remedio para sus males que una última dinamitación y empezar de nuevo con los restos del naufragio.
ATI tuvo primer aviso serio con las manifestaciones de Vilaflor y Granadilla. A la primera contestó con fingida humildad ya que las elecciones de 2003 estaban a la vuelta de la esquina; y en la segunda la “humildad” se convirtió en desprecio e insulto hacia los sedicentes, a los que trató de “enemigos” a los intereses de Tenerife y, por supuesto, como elementos “pagados” por el sanedrín grancanario. Ha sido esa pretensión tan suya de refugiarse en la impunidad la que ha impulsado una resistencia ciudadana que tiene sus máximos exponentes en las denuncias de abuso de poder por su actuación en el puerto de Granadilla y, sobre todo, en el caso Las Teresitas, milagro de multiplicación de panes y peces sin que los empresarios del régimen pongan ni panes ni peces. Bastó con pedir un crédito a una entidad financiera controlada por ATI para que Plasencia y González compraran lo que perfectamente pudo transar el Ayuntamiento de Santa Cruz sin necesidad de intermediarios, y así llevarse a los bolsillos 150 millones de euros, de los que 100 entraron limpios de polvo y paja en sus respectivas cuentas de resultados.
2.-Las Teresitas y la ‘discrección’ de la fiscal Farnés
Sin embargo lo que reclaman Zerolo, sus asesores, y el universo ático, es que miremos para otro lado, como si el Teide, con su gigantesca sombra, tuviera la virtud de alejar los malos espíritus de la especulación urbanística en Tenerife. Por ello la pregunta que nos hacemos los comunes de los mortales, completamente ajenos a las bondades de las influencias celestiales, es: ¿cómo que no hay que investigar lo sucedido en Las Teresitas cuando del relato pormenorizado de los hechos se deduce uno de los pelotazos más sabrosos e incontestables de los últimos tiempos? Lo que no se entiende es la lentitud pasmosa de María Farnés, fiscal anticorrupción de Tenerife, que en vez de enviar el caso a un juzgado de instrucción para que efectúe la correspondiente investigación como sucede regularmente, lo guarda en su poder como si fuera una obra de arte, secuestrando cualquier posibilidad de progresar en una dirección aclaratoria.
Menos mal que ya sabemos que estas alturas la Fiscalía Anticorrupción del Estado tiene muy clara la calidad del “trabajo” de Farnés y las peculiaridades de su entorno. Y aún así, con Farnés en fuera de juego, será bastante difícil demostrar el supuesto delito al haberse perdido un tiempo precioso para acumular pruebas en contra de los implicados. A Zerolo le gusta Farnés cuando es discreta, y también su paso de tortuga. Nunca se quejó antes de su extraordinaria paciencia. Pudo haberlo llamado a declarar y lo dejó pasar; pudo haberle grabado conversaciones privadas, y no quiso; pudo siquiera obligarle a dar un paseo al juzgado, y esa mala experiencia se lo evitó. ¿Cuánto habrá que mentir para no llegar a lo realmente importante y aclarar para siempre que en la ATI santacrucera estaban encantados con Farnés?
Claro que ATI ha dejado de ser un bloque homogéneo. El “caso las Teresitas” suponía para algunos el entierro político de Miguel Zerolo, “una joven promesa” a la Presidencia del Gobierno de Canarias con demasiados techos de cristal. Más o menos como Soria. Y en ésas estaban Paulino Rivero y Adán Martín, disputándose la candidatura a golpe de borrasca, cuando el plexo solar del ultrainsularismo sufrió el impacto del auto de Garzón.
3.- El factor Luis Suárez Trenor
El auto en sí es flojón y no se entiende, tras una primera lectura, este ambiente de excitación y escándalo montado por ATI. El documento remite una serie de conclusiones, muy cogidas por los pelos y emparentadas con los agujeros multimillonarios dejados por Forum Filatélico en las cuentas de un montón de pequeños ahorradores, para que sean investigadas por el tribunal canario correspondiente. Baltasar Garzón, el juez presumido, encantado de conocerse, el héroe de las tragicomedias mediáticas, el que cree que este país no funciona sin su afán justiciero, desahoga una parte casi invisible de su compleja investigación, enviando al TSJC, última frontera de la nación, un asuntito que, con seguridad, conociéndole, ni le va ni le viene, pues a su santa voluntad lo que le apremia es pillar al pez grande, al parecer muy cerquita de los predios del PP. Paulino Rivero, sin querer, da en la clave el día que se conoce la noticia: “Miguel Zerolo me ha dicho que no quiere repetir para la Alcaldía”. Consumaba el entierro. “Las Teresitas” y el puertito de San Andrés eliminaban de la circulación al niño bonito de Santa Cruz, el ejemplo cincelado del fijosdalgo provinciano que se levanta a las once de la mañana, vencido por la sabiduría del “mago”. Un resbalón de Rivero, puede que el error de su vida.
Porque Rivero no reparó en el elemento esencial del auto de Garzón, circunstancia que sí hicieron los patricios de ATI. El auto tocaba fundamentalmente a Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria, el Luis Hernández de los tiempos mágicos de Ican dominando Gran Canaria; para entendernos, un tipo con mejor caballaje que Martín Paredes, uno de esas piezas que engrasan las máquinas de los partidos y que llenan de pancartas la ciudad, y de anuncios los periódicos. Vamos: el hombre que lo sabe todo de todos. La santabárbara de ATI. Veinte años ahí, prestando apoyo logístico, centralizando todos los deseos e ilusiones de los empresarios de pelaje, dan para mucho. Zerolo, a su lado, es una comparsa. Parece que todo el ruido que escuchamos en Tenerife es por Zerolo, al que algunos quieren santificar aprovechando la coyuntura de las “maldades” del ministro Juan Fernando López Aguilar. Pero no, el miedo, el terror, el pánico que enloquece sus verbos es por si cae Suárez Trenor, y por si en su caída arrastra a todos los “zerolos”, “padres” de Zerolo, al “Club Oliver”, y a todo un mundo de argamasa formado por influencias, y los viajes de ida y vuelta de negocios articulados en torno al poder. Ese mundo era impenetrable hasta ahora.
Esa foto conjunta de Zerolo, Paulino, y un envejecido Manuel Hermoso sacado de prisa y corriendo del museo de antigüedades demuestra que la marca está en peligro, y que a la marca, desde luego, le importa un pimiento ser autonomista, aparentarlo, disimularlo, o ciscarse en todo lo que huela a regional. Lo único que importa en esta hora de la verdad es que los señoritos de su orilla sigan desarrollando su particular manera feudal de entenderse con sus vasallos, lo que significa política de tierra quemada, vuelta a los orígenes, pleitito insular.
elespejocanario@canariasahoraradio.com
1.-Histeria victimista
Esos golpes en el pecho, esa histeria victimista, ese “nos atacan los extranjeros, todos a las armas” nos resulta familiar, cansinamente repetitivo. Esa conspiración urdida entre varios poderes del Estado, supuestamente conectados con Gran Canaria, para destrozar una minúscula célula es música conocida; en realidad la llevamos escuchando por aquí desde que varios grupos insularistas, cada uno hijo de su madre y de su padre, formalizaron algo parecido a un núcleo nacionalista que, con sus extraordinarios conocimientos de la materia y de la debilidad humana, controla Canarias desde hace quince años.
Pero ocurre que últimamente el núcleo se va reduciendo a su propio génesis. Ente las guerras caínitas y sangrientas libradas en Lanzarote y Gran Canaria, y la hegemonía abrasiva tinerfeña, el disfraz ya no engaña a nadie, y lo que queda es lo que siempre hubo desde el principio: ansias de poder, ansias de reparto y grietas que se abren porque las canonjías se distribuyen entre los mismos. El motor no da para más: ausente cualquier ideología, agotados de engañarse mutuamente, frontalmente divididos entre sí, los que saben de verdad de ésto no hallan otro remedio para sus males que una última dinamitación y empezar de nuevo con los restos del naufragio.
ATI tuvo primer aviso serio con las manifestaciones de Vilaflor y Granadilla. A la primera contestó con fingida humildad ya que las elecciones de 2003 estaban a la vuelta de la esquina; y en la segunda la “humildad” se convirtió en desprecio e insulto hacia los sedicentes, a los que trató de “enemigos” a los intereses de Tenerife y, por supuesto, como elementos “pagados” por el sanedrín grancanario. Ha sido esa pretensión tan suya de refugiarse en la impunidad la que ha impulsado una resistencia ciudadana que tiene sus máximos exponentes en las denuncias de abuso de poder por su actuación en el puerto de Granadilla y, sobre todo, en el caso Las Teresitas, milagro de multiplicación de panes y peces sin que los empresarios del régimen pongan ni panes ni peces. Bastó con pedir un crédito a una entidad financiera controlada por ATI para que Plasencia y González compraran lo que perfectamente pudo transar el Ayuntamiento de Santa Cruz sin necesidad de intermediarios, y así llevarse a los bolsillos 150 millones de euros, de los que 100 entraron limpios de polvo y paja en sus respectivas cuentas de resultados.
2.-Las Teresitas y la ‘discrección’ de la fiscal Farnés
Sin embargo lo que reclaman Zerolo, sus asesores, y el universo ático, es que miremos para otro lado, como si el Teide, con su gigantesca sombra, tuviera la virtud de alejar los malos espíritus de la especulación urbanística en Tenerife. Por ello la pregunta que nos hacemos los comunes de los mortales, completamente ajenos a las bondades de las influencias celestiales, es: ¿cómo que no hay que investigar lo sucedido en Las Teresitas cuando del relato pormenorizado de los hechos se deduce uno de los pelotazos más sabrosos e incontestables de los últimos tiempos? Lo que no se entiende es la lentitud pasmosa de María Farnés, fiscal anticorrupción de Tenerife, que en vez de enviar el caso a un juzgado de instrucción para que efectúe la correspondiente investigación como sucede regularmente, lo guarda en su poder como si fuera una obra de arte, secuestrando cualquier posibilidad de progresar en una dirección aclaratoria.
Menos mal que ya sabemos que estas alturas la Fiscalía Anticorrupción del Estado tiene muy clara la calidad del “trabajo” de Farnés y las peculiaridades de su entorno. Y aún así, con Farnés en fuera de juego, será bastante difícil demostrar el supuesto delito al haberse perdido un tiempo precioso para acumular pruebas en contra de los implicados. A Zerolo le gusta Farnés cuando es discreta, y también su paso de tortuga. Nunca se quejó antes de su extraordinaria paciencia. Pudo haberlo llamado a declarar y lo dejó pasar; pudo haberle grabado conversaciones privadas, y no quiso; pudo siquiera obligarle a dar un paseo al juzgado, y esa mala experiencia se lo evitó. ¿Cuánto habrá que mentir para no llegar a lo realmente importante y aclarar para siempre que en la ATI santacrucera estaban encantados con Farnés?
Claro que ATI ha dejado de ser un bloque homogéneo. El “caso las Teresitas” suponía para algunos el entierro político de Miguel Zerolo, “una joven promesa” a la Presidencia del Gobierno de Canarias con demasiados techos de cristal. Más o menos como Soria. Y en ésas estaban Paulino Rivero y Adán Martín, disputándose la candidatura a golpe de borrasca, cuando el plexo solar del ultrainsularismo sufrió el impacto del auto de Garzón.
3.- El factor Luis Suárez Trenor
El auto en sí es flojón y no se entiende, tras una primera lectura, este ambiente de excitación y escándalo montado por ATI. El documento remite una serie de conclusiones, muy cogidas por los pelos y emparentadas con los agujeros multimillonarios dejados por Forum Filatélico en las cuentas de un montón de pequeños ahorradores, para que sean investigadas por el tribunal canario correspondiente. Baltasar Garzón, el juez presumido, encantado de conocerse, el héroe de las tragicomedias mediáticas, el que cree que este país no funciona sin su afán justiciero, desahoga una parte casi invisible de su compleja investigación, enviando al TSJC, última frontera de la nación, un asuntito que, con seguridad, conociéndole, ni le va ni le viene, pues a su santa voluntad lo que le apremia es pillar al pez grande, al parecer muy cerquita de los predios del PP. Paulino Rivero, sin querer, da en la clave el día que se conoce la noticia: “Miguel Zerolo me ha dicho que no quiere repetir para la Alcaldía”. Consumaba el entierro. “Las Teresitas” y el puertito de San Andrés eliminaban de la circulación al niño bonito de Santa Cruz, el ejemplo cincelado del fijosdalgo provinciano que se levanta a las once de la mañana, vencido por la sabiduría del “mago”. Un resbalón de Rivero, puede que el error de su vida.
Porque Rivero no reparó en el elemento esencial del auto de Garzón, circunstancia que sí hicieron los patricios de ATI. El auto tocaba fundamentalmente a Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria, el Luis Hernández de los tiempos mágicos de Ican dominando Gran Canaria; para entendernos, un tipo con mejor caballaje que Martín Paredes, uno de esas piezas que engrasan las máquinas de los partidos y que llenan de pancartas la ciudad, y de anuncios los periódicos. Vamos: el hombre que lo sabe todo de todos. La santabárbara de ATI. Veinte años ahí, prestando apoyo logístico, centralizando todos los deseos e ilusiones de los empresarios de pelaje, dan para mucho. Zerolo, a su lado, es una comparsa. Parece que todo el ruido que escuchamos en Tenerife es por Zerolo, al que algunos quieren santificar aprovechando la coyuntura de las “maldades” del ministro Juan Fernando López Aguilar. Pero no, el miedo, el terror, el pánico que enloquece sus verbos es por si cae Suárez Trenor, y por si en su caída arrastra a todos los “zerolos”, “padres” de Zerolo, al “Club Oliver”, y a todo un mundo de argamasa formado por influencias, y los viajes de ida y vuelta de negocios articulados en torno al poder. Ese mundo era impenetrable hasta ahora.
Esa foto conjunta de Zerolo, Paulino, y un envejecido Manuel Hermoso sacado de prisa y corriendo del museo de antigüedades demuestra que la marca está en peligro, y que a la marca, desde luego, le importa un pimiento ser autonomista, aparentarlo, disimularlo, o ciscarse en todo lo que huela a regional. Lo único que importa en esta hora de la verdad es que los señoritos de su orilla sigan desarrollando su particular manera feudal de entenderse con sus vasallos, lo que significa política de tierra quemada, vuelta a los orígenes, pleitito insular.
elespejocanario@canariasahoraradio.com
Cuando la gente no aguantó más y se lanzó a la calle en defensa de Vilaflor, cuando Asamblea por Tenerife germinaba cada noviembre con cada antisocial Plan de Ordenación, con cada macabro-obra; cuando escasas pero brillantes personalidades de la universidad demostraron que el puerto de Granadilla era una aberración, y su desarrollista modelo, un crimen, Coalición Canaria y allegados sacaron el manual del pícaro construgobernante y arremetieron contra la multitud hastiada al grito de golpistas civiles, terroristas sociales, exterminadores de la burguesía, saboteadores mediáticos y no se sabe cuántas cosas más. Desataron una campaña brutal en la que destacaron, por la virulencia de sus insultos y desmedido furor, Miguel Zerolo y su compinche en asuntos portuarios-filatélicos, Luis Suárez Trenor.
Ahora sus medios y sus prosélitos más ultras -Andrés Chaves, Artiles, Vargas y cía.-, en la línea de favorecer veredictos absolutorios, despotrican contra el pérfido canarión acusándolo de instrumentalizar la justicia. Resulta cuando menos ridículo que estos diletantes del escarnio y la amenaza, de la intimidación y la coerción, se encumbren como los defensores de la presunción de inocencia. Alcaldes, concejales y parlamentarios han sido señalados y perseguidos por estos inefables plumillas hasta que, de la noche a la mañana, dejaban de ser diana de sus dardos envenenados. Hay quien dice que la afiliación o aproximación a un determinado partido eximía al politiquillo, o también que la contratación de publicidad, institucional o no, los alejaba por un tiempo de protagonizar algún escándalo mediático.
Este gran hermano ultraperiférico ha decidido “salvar” a un prepotente Zerolo que, a pesar de sus cuitas judiciales, mantiene chulescas intenciones de seguir en la Alcaldía, mientras deja a su suerte a la desdichada Herminia Gil -la genuina asesora urbanística- y al presidente de la asociación de vecinos implicado. La clave es Miguel Zerolo, debe dimitir pero no lo hará; Paulino Rivero, que jura y perjura patéticamente que su partido no tiene nada que ver con la trincadera, sólo lo aparta de la carrera por la alcaldía y lo coloca en un cómodo sillón del parlamento a la sombra de su ofensiva condición de aforado. Su segura caída será una “demolición controlada”, una deconstrucción programada para el reencuentro (CC-PSOE) tras las elecciones de mayo, olvidado ya Zerolo tras la definitiva estocada de Las Teresitas.
A pesar de la dichosa presunción de inocencia que rara vez tienen los que no tienen nada, la alegría, disimulada o no, revolotea sobre los que no esperamos nada bueno de este elitista estado de derecho. Los casos de corrupción que jalonan el devenir democrático de Canarias han sido innumerables, algunos espectaculares; muchos han sido encapsulados en comisiones de investigación para aislarlos de los ciudadanos y desvirtuar, así, el verdadero y necesario control democrático. CC, PP y Psoe han decidido sepultar bajo una capa de impunidad los desmanes en el Icfem, Tindaya, Puerto Marena, Tormenta Delta… Sólo así, bajo esa impunidad pactada, se entiende que Dimas Martín sea el único cargo público condenado a penas de cárcel. El que la Justicia vea indicios de corrupción en la actuación de Miguel Zerolo y Suárez Trenor -cohecho, prevaricación, tráfico de información privilegiada, etc.- tiene mucho que ver con las movilizaciones de los tinerfeños en torno a un cuerpo de reivindicaciones históricas defendidas en la calle y aborrecidas en el Parlamento. La lucha está en la calle, no lo olvidemos.
Ramón Afonso - Canarias-semanal.
Ahora sus medios y sus prosélitos más ultras -Andrés Chaves, Artiles, Vargas y cía.-, en la línea de favorecer veredictos absolutorios, despotrican contra el pérfido canarión acusándolo de instrumentalizar la justicia. Resulta cuando menos ridículo que estos diletantes del escarnio y la amenaza, de la intimidación y la coerción, se encumbren como los defensores de la presunción de inocencia. Alcaldes, concejales y parlamentarios han sido señalados y perseguidos por estos inefables plumillas hasta que, de la noche a la mañana, dejaban de ser diana de sus dardos envenenados. Hay quien dice que la afiliación o aproximación a un determinado partido eximía al politiquillo, o también que la contratación de publicidad, institucional o no, los alejaba por un tiempo de protagonizar algún escándalo mediático.
Este gran hermano ultraperiférico ha decidido “salvar” a un prepotente Zerolo que, a pesar de sus cuitas judiciales, mantiene chulescas intenciones de seguir en la Alcaldía, mientras deja a su suerte a la desdichada Herminia Gil -la genuina asesora urbanística- y al presidente de la asociación de vecinos implicado. La clave es Miguel Zerolo, debe dimitir pero no lo hará; Paulino Rivero, que jura y perjura patéticamente que su partido no tiene nada que ver con la trincadera, sólo lo aparta de la carrera por la alcaldía y lo coloca en un cómodo sillón del parlamento a la sombra de su ofensiva condición de aforado. Su segura caída será una “demolición controlada”, una deconstrucción programada para el reencuentro (CC-PSOE) tras las elecciones de mayo, olvidado ya Zerolo tras la definitiva estocada de Las Teresitas.
A pesar de la dichosa presunción de inocencia que rara vez tienen los que no tienen nada, la alegría, disimulada o no, revolotea sobre los que no esperamos nada bueno de este elitista estado de derecho. Los casos de corrupción que jalonan el devenir democrático de Canarias han sido innumerables, algunos espectaculares; muchos han sido encapsulados en comisiones de investigación para aislarlos de los ciudadanos y desvirtuar, así, el verdadero y necesario control democrático. CC, PP y Psoe han decidido sepultar bajo una capa de impunidad los desmanes en el Icfem, Tindaya, Puerto Marena, Tormenta Delta… Sólo así, bajo esa impunidad pactada, se entiende que Dimas Martín sea el único cargo público condenado a penas de cárcel. El que la Justicia vea indicios de corrupción en la actuación de Miguel Zerolo y Suárez Trenor -cohecho, prevaricación, tráfico de información privilegiada, etc.- tiene mucho que ver con las movilizaciones de los tinerfeños en torno a un cuerpo de reivindicaciones históricas defendidas en la calle y aborrecidas en el Parlamento. La lucha está en la calle, no lo olvidemos.
Ramón Afonso - Canarias-semanal.
Una sociedad compra por 30 millones terrenos de la playa de las Teresitas que vende por 149
La Fiscalía Anticorrupción está a punto de concluir la investigación abierta sobre una operación urbanística en Santa Cruz de Tenerife que ha permitido a sus promotores unas plusvalías de al menos 119 millones de euros en muy poco tiempo. La inmobiliaria Inversiones Las Teresitas compró unos terrenos en 1998 por 30 millones para edificaciones turísticas frente a la playa, vendió una parte al Ayuntamiento de Santa Cruz por 53 millones para que no se edificara nada sobre ellos, obtuvo la recalificación del resto, que vendió a una inmobiliaria por 96 millones, y aún se quedó con un 10% del suelo.
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) es objeto de investigación de la Fiscalía porque estaba en el consejo de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito de 30 millones a Inversiones Las Teresitas para comprar los terrenos y posteriormente, como regidor del municipio, impulsó la compra de parte de los terrenos costeros. En el consejo de administración del banco que concedió el crédito también estaba uno de los propietarios de la empresa que solicitó el préstamo, compró los terrenos y logró más de 120 millones de euros de beneficios.
La Fisclaía Anticorrupción investiga desde julio de 2005 los hechos relacionados con esos terrenos tomando como base una denuncia de Ínsula Viable, asociación integrada por socialistas y ecologistas. La investigación toma como base los siguientes hechos:
- El 24 de junio de 1998 se constituye Inversiones Las Teresitas, donde figura como consejero Ignacio González Martín, que también tiene voto en el consejo de administración de Cajacanarias.
- El 26 de junio adquiere la totalidad del terreno de Las Teresitas por 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros).
- Para comprar los terrenos, entre el 24 y el 26 de junio de 1998, Inversiones Las Teresitas solicita y logra un préstamo de "alto riesgo" de Cajacanarias. Sólo tenía como garantía el suelo que pretendía adquirir. El préstamo -5.600 millones de pesetas- se concedió con tal premura que la empresa, según la denuncia, no figuraba aún en el registro mercantil. Entre los miembros del comité ejecutivo de Cajacanarias que aprobó el crédito figuraban Ignacio González, dueño de la empresa beneficiaria, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.
- El 18 de septiembre de 2001, el alcalde de Santa Cruz firmó un convenio con Inversiones Las Teresitas para comprarle un tercio (el frente de playa) de los terrenos que dicha sociedad había adquirido en dicha zona y recalificarle el resto. El Ayuntamiento, por un sólo tercio de los terrenos cuya totalidad le había costado a la inmobiliaria 30 millones de euros, abonó casi 53 millones de euros. Sólo con esta compra, Inversiones Las Teresitas ya había ganado 23 millones de euros. Pero el convenio que rubricó Zerolo le otorgó una segunda vía de beneficios a Inversiones Las Teresitas: al recalificarle los dos tercios restantes de terrenos de uso hotelero a residencial, le supuso unos beneficios de cerca de 96 millones de euros, según la denuncia, que es el precio de venta del 90% de sus terrenos recalificados a Mapfre Inversiones.
Por tanto, la gestión municipal sobre esos terrenos le produjo a Inversiones Las Teresitas un beneficio de más de 119 millones de euros. Y todavía Inversiones Las Teresitas poseía un 10% de los terrenos recalificados, que añadirían casi otros 10 millones de euros más, según el cálculo de los denunciantes. "129 millones de euros de beneficios sin poner un ladrillo", señalan
Expropiación
Los denunciantes no sólo observaron mala gestión del dinero municipal, al no haber acudido a fórmulas menos onerosas como la expropiación. Juzgaban ilegal que ningún funcionario hubiese valorado el suelo comprado y las plusvalías otorgadas en el convenio. Y dudaban de la imparcialidad de la firma privada que tasó los terrenos para el Ayuntamiento: era la misma que los valoró para que concediese el crédito Cajacanarias.
El corolario final de la denuncia es gráfico: "Inversiones Las Teresitas ha conseguido quintuplicar el valor de su inversión sin haber realizado ningún tipo de trabajo en estas parcelas ni inversión posterior alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin haber realizado ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife".
El Pais.
La Fiscalía Anticorrupción está a punto de concluir la investigación abierta sobre una operación urbanística en Santa Cruz de Tenerife que ha permitido a sus promotores unas plusvalías de al menos 119 millones de euros en muy poco tiempo. La inmobiliaria Inversiones Las Teresitas compró unos terrenos en 1998 por 30 millones para edificaciones turísticas frente a la playa, vendió una parte al Ayuntamiento de Santa Cruz por 53 millones para que no se edificara nada sobre ellos, obtuvo la recalificación del resto, que vendió a una inmobiliaria por 96 millones, y aún se quedó con un 10% del suelo.
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) es objeto de investigación de la Fiscalía porque estaba en el consejo de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito de 30 millones a Inversiones Las Teresitas para comprar los terrenos y posteriormente, como regidor del municipio, impulsó la compra de parte de los terrenos costeros. En el consejo de administración del banco que concedió el crédito también estaba uno de los propietarios de la empresa que solicitó el préstamo, compró los terrenos y logró más de 120 millones de euros de beneficios.
La Fisclaía Anticorrupción investiga desde julio de 2005 los hechos relacionados con esos terrenos tomando como base una denuncia de Ínsula Viable, asociación integrada por socialistas y ecologistas. La investigación toma como base los siguientes hechos:
- El 24 de junio de 1998 se constituye Inversiones Las Teresitas, donde figura como consejero Ignacio González Martín, que también tiene voto en el consejo de administración de Cajacanarias.
- El 26 de junio adquiere la totalidad del terreno de Las Teresitas por 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros).
- Para comprar los terrenos, entre el 24 y el 26 de junio de 1998, Inversiones Las Teresitas solicita y logra un préstamo de "alto riesgo" de Cajacanarias. Sólo tenía como garantía el suelo que pretendía adquirir. El préstamo -5.600 millones de pesetas- se concedió con tal premura que la empresa, según la denuncia, no figuraba aún en el registro mercantil. Entre los miembros del comité ejecutivo de Cajacanarias que aprobó el crédito figuraban Ignacio González, dueño de la empresa beneficiaria, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.
- El 18 de septiembre de 2001, el alcalde de Santa Cruz firmó un convenio con Inversiones Las Teresitas para comprarle un tercio (el frente de playa) de los terrenos que dicha sociedad había adquirido en dicha zona y recalificarle el resto. El Ayuntamiento, por un sólo tercio de los terrenos cuya totalidad le había costado a la inmobiliaria 30 millones de euros, abonó casi 53 millones de euros. Sólo con esta compra, Inversiones Las Teresitas ya había ganado 23 millones de euros. Pero el convenio que rubricó Zerolo le otorgó una segunda vía de beneficios a Inversiones Las Teresitas: al recalificarle los dos tercios restantes de terrenos de uso hotelero a residencial, le supuso unos beneficios de cerca de 96 millones de euros, según la denuncia, que es el precio de venta del 90% de sus terrenos recalificados a Mapfre Inversiones.
Por tanto, la gestión municipal sobre esos terrenos le produjo a Inversiones Las Teresitas un beneficio de más de 119 millones de euros. Y todavía Inversiones Las Teresitas poseía un 10% de los terrenos recalificados, que añadirían casi otros 10 millones de euros más, según el cálculo de los denunciantes. "129 millones de euros de beneficios sin poner un ladrillo", señalan
Expropiación
Los denunciantes no sólo observaron mala gestión del dinero municipal, al no haber acudido a fórmulas menos onerosas como la expropiación. Juzgaban ilegal que ningún funcionario hubiese valorado el suelo comprado y las plusvalías otorgadas en el convenio. Y dudaban de la imparcialidad de la firma privada que tasó los terrenos para el Ayuntamiento: era la misma que los valoró para que concediese el crédito Cajacanarias.
El corolario final de la denuncia es gráfico: "Inversiones Las Teresitas ha conseguido quintuplicar el valor de su inversión sin haber realizado ningún tipo de trabajo en estas parcelas ni inversión posterior alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin haber realizado ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife".
El Pais.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción en torno a la operación urbanística de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, está a punto de sustanciarse en los juzgados en una querella. Tanto en la dirección regional de Coalición Canaria (CC) como en la del Partido Socialista Canario-PSOE hay absoluto convencimiento de este extremo y ambos partidos prevén que será la próxima semana cuando la fiscal María Farnés remita su escrito al juzgado.
La única duda estriba en si el contenido de dicho escrito será contundente en la calificación de los hechos o si, por el contrario, la fiscal se limitará a plantear al juzgado la conveniencia de la apertura de diligencias a la vista de la información recabada tras año y medio de investigación. Fuentes oficiales vinculadas al caso consultadas por este periódico sostienen que «la querella es inevitable a la vista del cúmulo de indicios».
Los socialistas, por su parte, interpretan la airada reacción de Coalición Canaria en los últimos días, tras conocerse el auto del juez Garzón pidiendo que se investigue un presunto cohecho en relación con inversiones de una filial de Fórum Filatélico en Tenerife, como una presión a la Fiscalía para evitar o retrasar todo lo posible la materialización de la apertura de diligencias sobre Las Teresitas.
En esa línea, el concejal y diputado socialista Santiago Pérez, sostiene que «este tipo de actitudes son las que siempre adoptan los dirigentes de ATI cuando se ven en apuros, las que aplican cuando llega la hora de dar cuenta ante la ciudadanía, y son de una extremada gravedad política, pero aún si cabe tienen una mayor gravedad y responsabilidad jurídica».
«Acusar, como lo han estado haciendo en medios radiofónicos, al Gobierno o al Ministro de Justicia de manipular a los jueces y a los fiscales, es acusar al ministro de Justicia de estar cometiendo uno de los más graves delitos contra el Estado de Derecho. Y aunque de esas acusaciones tendrán que responder, los socialistas debemos atajar de raíz este tipo de actitudes», puntualizó.
Santiago Pérez cree que «la inmensa mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz saben que la operación de Las Teresitas ha sido una maquinación perfectamente diseñada y ejecutada para conseguir fines ajenos a los intereses públicos. Una maquinación que es un perjuicio gravísimo contra las arcas públicas de los santacruceros, pagando un sobreprecio nunca justificado por el frente de playa; y llevando a cabo desde la autoridad del Ayuntamiento unas recalificaciones de suelo en la zona contigua al frente de playa, el valle de Huertas, que producen plusvalías astronómicas que han ido a parar a bolsillos privados».
«Los socialistas tienen claro que para el pueblo de Santa Cruz esta operación ha significado un quebranto económico injusto y sin obtener ninguna compensación por las recalificaciones y las ingentes plusvalías. Y por eso ha llegado la hora de que los responsables públicos de esa operación rindan cuentas ante la ciudadanía y ante los tribunales».
La única duda estriba en si el contenido de dicho escrito será contundente en la calificación de los hechos o si, por el contrario, la fiscal se limitará a plantear al juzgado la conveniencia de la apertura de diligencias a la vista de la información recabada tras año y medio de investigación. Fuentes oficiales vinculadas al caso consultadas por este periódico sostienen que «la querella es inevitable a la vista del cúmulo de indicios».
Los socialistas, por su parte, interpretan la airada reacción de Coalición Canaria en los últimos días, tras conocerse el auto del juez Garzón pidiendo que se investigue un presunto cohecho en relación con inversiones de una filial de Fórum Filatélico en Tenerife, como una presión a la Fiscalía para evitar o retrasar todo lo posible la materialización de la apertura de diligencias sobre Las Teresitas.
En esa línea, el concejal y diputado socialista Santiago Pérez, sostiene que «este tipo de actitudes son las que siempre adoptan los dirigentes de ATI cuando se ven en apuros, las que aplican cuando llega la hora de dar cuenta ante la ciudadanía, y son de una extremada gravedad política, pero aún si cabe tienen una mayor gravedad y responsabilidad jurídica».
«Acusar, como lo han estado haciendo en medios radiofónicos, al Gobierno o al Ministro de Justicia de manipular a los jueces y a los fiscales, es acusar al ministro de Justicia de estar cometiendo uno de los más graves delitos contra el Estado de Derecho. Y aunque de esas acusaciones tendrán que responder, los socialistas debemos atajar de raíz este tipo de actitudes», puntualizó.
Santiago Pérez cree que «la inmensa mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz saben que la operación de Las Teresitas ha sido una maquinación perfectamente diseñada y ejecutada para conseguir fines ajenos a los intereses públicos. Una maquinación que es un perjuicio gravísimo contra las arcas públicas de los santacruceros, pagando un sobreprecio nunca justificado por el frente de playa; y llevando a cabo desde la autoridad del Ayuntamiento unas recalificaciones de suelo en la zona contigua al frente de playa, el valle de Huertas, que producen plusvalías astronómicas que han ido a parar a bolsillos privados».
«Los socialistas tienen claro que para el pueblo de Santa Cruz esta operación ha significado un quebranto económico injusto y sin obtener ninguna compensación por las recalificaciones y las ingentes plusvalías. Y por eso ha llegado la hora de que los responsables públicos de esa operación rindan cuentas ante la ciudadanía y ante los tribunales».
El colectivo Asamblea por Tenerife se reunirá el 16 de diciembre para convocar movilizaciones en contra de la corrupción urbanística, y exigió una investigación "independiente, rigurosa y sin cortapisas" que permita depurar responsabilidades tras el auto del juez Baltasar Garzón.
Así lo manifestó este sábado José Pérez, representante de este colectivo, que convocó un acto público con motivo del Día internacional contra la corrupción, para lo que se desplegó una pancarta ante la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la que expresaba el rechazo a la corrupción urbanística.
Además la Coordinadora de Pueblos y Barrios, integrada en el citado colectivo, reclamó de nuevo la dimisión del alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la destitución del presidente de la Autoridad Portuaria de dicha provincia, Luis Suárez Trenor, pues considera "grave" que sigan ocupando sus cargos mientras hay una investigación judicial en marcha.
Al respecto José Pérez dijo a los periodistas que "no es positivo ni bueno" que Zerolo y Suárez Trenor sigan desempeñando sus responsabilidades porque, en su opinión, pueden interferir en la investigación y además deberán facilitar a la justicia los datos o expedientes que se soliciten, y colaborar con los órganos judiciales "no es compatible" si continúan en sus respectivas instituciones.
José Pérez opinó también que hay "sospechas" sobre la tramitación del proyecto de puerto en Granadilla de Abona por parte de la misma Autoridad Portuaria a la que se han detectado indicios de cohecho en la adjudicación de un puerto deportivo en San Andrés, por lo que apuntó que sería necesario investigar este asunto.
El representante del colectivo vecinal criticó además "la ceremonia de la confusión" que en su opinión se ha creado al intentar "manipular" la información judicial para "intentar negar" que los dos dirigentes citados de Coalición Canaria (CC) "han sido imputados judicialmente".
Por ello sostuvo también que es "peligrosísimo" que se estén imputando a la justicia "conductas delictivas", y opinó que CC debería "tener cuidado si sigue en esa línea", porque está atribuyendo a la administración judicial un presunto "delito de prevaricación".
Exigió además que haya "transparencia" en las cuentas de todos los partidos políticos y en particular, de CC, pues apuntó que si hubiera ilegalidades en este ámbito se podrían cuestionar los resultados electorales.
Así lo manifestó este sábado José Pérez, representante de este colectivo, que convocó un acto público con motivo del Día internacional contra la corrupción, para lo que se desplegó una pancarta ante la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la que expresaba el rechazo a la corrupción urbanística.
Además la Coordinadora de Pueblos y Barrios, integrada en el citado colectivo, reclamó de nuevo la dimisión del alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la destitución del presidente de la Autoridad Portuaria de dicha provincia, Luis Suárez Trenor, pues considera "grave" que sigan ocupando sus cargos mientras hay una investigación judicial en marcha.
Al respecto José Pérez dijo a los periodistas que "no es positivo ni bueno" que Zerolo y Suárez Trenor sigan desempeñando sus responsabilidades porque, en su opinión, pueden interferir en la investigación y además deberán facilitar a la justicia los datos o expedientes que se soliciten, y colaborar con los órganos judiciales "no es compatible" si continúan en sus respectivas instituciones.
José Pérez opinó también que hay "sospechas" sobre la tramitación del proyecto de puerto en Granadilla de Abona por parte de la misma Autoridad Portuaria a la que se han detectado indicios de cohecho en la adjudicación de un puerto deportivo en San Andrés, por lo que apuntó que sería necesario investigar este asunto.
El representante del colectivo vecinal criticó además "la ceremonia de la confusión" que en su opinión se ha creado al intentar "manipular" la información judicial para "intentar negar" que los dos dirigentes citados de Coalición Canaria (CC) "han sido imputados judicialmente".
Por ello sostuvo también que es "peligrosísimo" que se estén imputando a la justicia "conductas delictivas", y opinó que CC debería "tener cuidado si sigue en esa línea", porque está atribuyendo a la administración judicial un presunto "delito de prevaricación".
Exigió además que haya "transparencia" en las cuentas de todos los partidos políticos y en particular, de CC, pues apuntó que si hubiera ilegalidades en este ámbito se podrían cuestionar los resultados electorales.
Con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional contra la Corrupción, Los Verdes ha pedido la plena aplicación en Canarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ha criticado al Gobierno de Canarias “de silenciar” dicho evento.
La Asamblea General de Las Naciones Unidas declaró mediante la resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.
Afirma el portavoz de Los Verdes Rafael Rodríguez que “El Convenio Internacional Contra la Corrupción que ha sido firmado por 133 países, entre ellos España, establece que el pago de sobornos, el lavado de dinero producto de la corrupción y la lucha en contra de los funcionarios y políticos corruptos son fenómenos trasnacionales que requieren de soluciones internacionales; y por el Convenio de la ONU aborda dichos temas, convirtiéndose así en un poderoso instrumento legal”
Informa Los Verdes que “Entre los objetivos del convenio está obligar a los centros bancarios como Suiza a colaborar con las investigaciones y actuar para prevenir el lavado de dinero; permitir la acción judicial global contra los corruptos, proveer un marco para legislación doméstica anticorrupción, introduciendo, en particular, la protección a los denunciantes, la libertad de información, y sistemas de rendición de cuentas para el sector público. La Convención también requiere la adopción de medidas para el establecimiento de estándares de auditoria y contabilidad en el sector privado y sancionar a los que no cumplan.
Afirma Rafael Rodríguez que “En todo caso, España deben hacer algo más que la mera firma del mencionado acuerdo internacional; debe traducir los contenidos del Convenio en acciones concretas”
Asegura Rafael Rodríguez que “Probablemente en Canarias, como ya ocurrió anteriormente en Marbella, seguirá aflorando las conexiones entre delincuencia internacional, especulación urbanística y corrupción política. El dinero negro procedente del narcotráfico, de la trata de blancas y de otras actividades ilegales se ha utilizado para destrozar nuestro territorio y posiblemente para comprar voluntades políticas”
La Asamblea General de Las Naciones Unidas declaró mediante la resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.
Afirma el portavoz de Los Verdes Rafael Rodríguez que “El Convenio Internacional Contra la Corrupción que ha sido firmado por 133 países, entre ellos España, establece que el pago de sobornos, el lavado de dinero producto de la corrupción y la lucha en contra de los funcionarios y políticos corruptos son fenómenos trasnacionales que requieren de soluciones internacionales; y por el Convenio de la ONU aborda dichos temas, convirtiéndose así en un poderoso instrumento legal”
Informa Los Verdes que “Entre los objetivos del convenio está obligar a los centros bancarios como Suiza a colaborar con las investigaciones y actuar para prevenir el lavado de dinero; permitir la acción judicial global contra los corruptos, proveer un marco para legislación doméstica anticorrupción, introduciendo, en particular, la protección a los denunciantes, la libertad de información, y sistemas de rendición de cuentas para el sector público. La Convención también requiere la adopción de medidas para el establecimiento de estándares de auditoria y contabilidad en el sector privado y sancionar a los que no cumplan.
Afirma Rafael Rodríguez que “En todo caso, España deben hacer algo más que la mera firma del mencionado acuerdo internacional; debe traducir los contenidos del Convenio en acciones concretas”
Asegura Rafael Rodríguez que “Probablemente en Canarias, como ya ocurrió anteriormente en Marbella, seguirá aflorando las conexiones entre delincuencia internacional, especulación urbanística y corrupción política. El dinero negro procedente del narcotráfico, de la trata de blancas y de otras actividades ilegales se ha utilizado para destrozar nuestro territorio y posiblemente para comprar voluntades políticas”
Rafael Morales
Se complementan. Unos continúan con absoluta impunidad los ataques contra el pueblo saharaui (Mohamed VI y sus fuerzas de ocupación) mientras otros colaboran con las barbaridades marroquíes por la vía de ocultarlas (los gobiernos español y canario), negándose a denunciar las permanentes violaciones de los derechos humanos en la colonia marroquí del Sáhara Occidental y dando la espalda a las urgencias alimentarias de los refugiados en Tinduf. Ni siquiera promueven alguna campaña humanitaria pública para esconder sus responsabilidades históricas. Veamos dos últimos abusos de su majestad y un tercero a cargo de organismos internacionales.
Primero. Las declaraciones de Jalihenna Uld Errachid, presidente del Consejo Real Constitutivo para Asuntos Saharauis (Corcas), ante la prensa internacional en Rabat. Habló de la eterna y desconocida “propuesta proyecto de autonomía” para el Sáhara Occidental ya enviada a Palacio por el organismo colonial que encabeza. Nada nuevo bajo el sol, salvo los sarcasmos del personaje. Marruecos no discutirá de soberanía, pero se trata de una iniciativa conforme a la “legalidad internacional”. Sin comentarios. Errachid continuó tomando el pelo a los corresponsales con otras tres perlas.
La próxima “autonomía será a imagen y semejanza de las comunidades autónomas españolas”; las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, denunciadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, son “una tontería”; y, para rematar la faena, dijo que Marruecos seguirá impidiendo viajes al Sáhara de delegaciones oficiales, españolas o europeas, con un argumento de peso. “Qué pensarían ustedes de alguien que llegara a Madrid diciendo viva ETA?”. Bueno. Pues habrá que imaginarse a José Borrel o a Manuel Marín gritando viva el Polisario, dos minutos después de haber aterrizado en El Aaiún.
Segundo. Mohamed Abdelaziz solicitó a Kofi Annan, secretario general de la ONU, una investigación sobre la muerte de 50 saharauis ahogados en el océano Atlántico la semana pasada cuando intentaban escapar de la represión. Se trata de la tercera vez que sucede un hecho de esta naturaleza desde el mes de junio. El presidente de la RASD denunció “la existencia de bandas organizadas, financiadas y dirigidas por las autoridades coloniales que actúan en el interior de los territorios saharauis y en las costas y que tienen como misión la de facilitar y empujar a los jóvenes saharauis que huyen de la presión y la opresión de los aparatos de seguridad, a la emigración clandestina en una travesía del océano Atlántico tan incierta como peligrosa”. Quizá los gobiernos español y canario tengan algo que decir sobre este asunto. ¿Dispuestos a colaborar en la investigación, por ejemplo?
Tercero. La solidaridad internacional para la alimentación de los refugiados en Tinduf, responsabilidad de cargo de dos agencias de Naciones Unidas (ACNUR y el PAM), redujo la ayuda en más de un 40% desde el año pasado sin molestarse en ofrecer explicación alguna a los afectados. Este recorte provocó que el 66% de las mujeres entre 15 y 45 años y el 68% de los niños menores de 6 padezcan anemia, al tiempo que el 35% de los niños sufran malnutrición. Por este motivo, la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) inició en Tenerife una campaña de solidaridad tras los llamamientos de la Media Luna Roja y del Gobierno saharaui. Consiste en enviar urgentemente a ACAPS productos alimenticios no perecederos como harina, lentejas, azúcar, aceite y gofio. Quizás Adán Martín y otras autoridades estén dispuestos a prestar su colaboración en este otro asunto. A lo mejor.
rafaelmorales@canariasahora.com
Se complementan. Unos continúan con absoluta impunidad los ataques contra el pueblo saharaui (Mohamed VI y sus fuerzas de ocupación) mientras otros colaboran con las barbaridades marroquíes por la vía de ocultarlas (los gobiernos español y canario), negándose a denunciar las permanentes violaciones de los derechos humanos en la colonia marroquí del Sáhara Occidental y dando la espalda a las urgencias alimentarias de los refugiados en Tinduf. Ni siquiera promueven alguna campaña humanitaria pública para esconder sus responsabilidades históricas. Veamos dos últimos abusos de su majestad y un tercero a cargo de organismos internacionales.
Primero. Las declaraciones de Jalihenna Uld Errachid, presidente del Consejo Real Constitutivo para Asuntos Saharauis (Corcas), ante la prensa internacional en Rabat. Habló de la eterna y desconocida “propuesta proyecto de autonomía” para el Sáhara Occidental ya enviada a Palacio por el organismo colonial que encabeza. Nada nuevo bajo el sol, salvo los sarcasmos del personaje. Marruecos no discutirá de soberanía, pero se trata de una iniciativa conforme a la “legalidad internacional”. Sin comentarios. Errachid continuó tomando el pelo a los corresponsales con otras tres perlas.
La próxima “autonomía será a imagen y semejanza de las comunidades autónomas españolas”; las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, denunciadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, son “una tontería”; y, para rematar la faena, dijo que Marruecos seguirá impidiendo viajes al Sáhara de delegaciones oficiales, españolas o europeas, con un argumento de peso. “Qué pensarían ustedes de alguien que llegara a Madrid diciendo viva ETA?”. Bueno. Pues habrá que imaginarse a José Borrel o a Manuel Marín gritando viva el Polisario, dos minutos después de haber aterrizado en El Aaiún.
Segundo. Mohamed Abdelaziz solicitó a Kofi Annan, secretario general de la ONU, una investigación sobre la muerte de 50 saharauis ahogados en el océano Atlántico la semana pasada cuando intentaban escapar de la represión. Se trata de la tercera vez que sucede un hecho de esta naturaleza desde el mes de junio. El presidente de la RASD denunció “la existencia de bandas organizadas, financiadas y dirigidas por las autoridades coloniales que actúan en el interior de los territorios saharauis y en las costas y que tienen como misión la de facilitar y empujar a los jóvenes saharauis que huyen de la presión y la opresión de los aparatos de seguridad, a la emigración clandestina en una travesía del océano Atlántico tan incierta como peligrosa”. Quizá los gobiernos español y canario tengan algo que decir sobre este asunto. ¿Dispuestos a colaborar en la investigación, por ejemplo?
Tercero. La solidaridad internacional para la alimentación de los refugiados en Tinduf, responsabilidad de cargo de dos agencias de Naciones Unidas (ACNUR y el PAM), redujo la ayuda en más de un 40% desde el año pasado sin molestarse en ofrecer explicación alguna a los afectados. Este recorte provocó que el 66% de las mujeres entre 15 y 45 años y el 68% de los niños menores de 6 padezcan anemia, al tiempo que el 35% de los niños sufran malnutrición. Por este motivo, la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) inició en Tenerife una campaña de solidaridad tras los llamamientos de la Media Luna Roja y del Gobierno saharaui. Consiste en enviar urgentemente a ACAPS productos alimenticios no perecederos como harina, lentejas, azúcar, aceite y gofio. Quizás Adán Martín y otras autoridades estén dispuestos a prestar su colaboración en este otro asunto. A lo mejor.
rafaelmorales@canariasahora.com
El PSOE del Sauzal pide a Paulino Rivero que se aplique la misma medicina que receta
En las declaraciones realizadas por Paulino Rivero en las que acusa al ministro de Justicia de “no desempeñar el cargo de ministro con plena dedicación” el Alcalde de El Sauzal debe de predicar con el ejemplo
El Alcalde de El Sauzal lleva más de 15 años en los que su aparición por la alcaldía del Sauzal se limita a un día en semana, y eso en el mejor de los casos. Su dedicación a los temas del municipio se limita a las conversaciones que mantiene por el móvil con sus disciplinados concejales.
Muchos ciudadanos del municipio desean hablar y plantearle a su alcalde los problemas que tienen, sin embargo, son conscientes de que es imposible, porque Paulino Rivero no tiene tiempo para El Sauzal y sus vecinos.
De la misma manera, que su partido solicita la dimisión de Juan Fernando López Aguilar como ministro, debería de aplicarse la misma medicina que predica, y primero dimitir él como alcalde de El Sauzal ya que él si que es verdad que no le dedica tiempo a su responsabilidad.
El Partido Socialista del Sauzal pide a Paulino Rivero y a toda Coalición Canaria que respete al poder judicial y que no interfiera en su labor. Para los socialistas todos los corruptos deben de acabar en la cárcel, sean del partido que sean y tengan el poder que tengan.
En las declaraciones realizadas por Paulino Rivero en las que acusa al ministro de Justicia de “no desempeñar el cargo de ministro con plena dedicación” el Alcalde de El Sauzal debe de predicar con el ejemplo
El Alcalde de El Sauzal lleva más de 15 años en los que su aparición por la alcaldía del Sauzal se limita a un día en semana, y eso en el mejor de los casos. Su dedicación a los temas del municipio se limita a las conversaciones que mantiene por el móvil con sus disciplinados concejales.
Muchos ciudadanos del municipio desean hablar y plantearle a su alcalde los problemas que tienen, sin embargo, son conscientes de que es imposible, porque Paulino Rivero no tiene tiempo para El Sauzal y sus vecinos.
De la misma manera, que su partido solicita la dimisión de Juan Fernando López Aguilar como ministro, debería de aplicarse la misma medicina que predica, y primero dimitir él como alcalde de El Sauzal ya que él si que es verdad que no le dedica tiempo a su responsabilidad.
El Partido Socialista del Sauzal pide a Paulino Rivero y a toda Coalición Canaria que respete al poder judicial y que no interfiera en su labor. Para los socialistas todos los corruptos deben de acabar en la cárcel, sean del partido que sean y tengan el poder que tengan.
La cosa debe estar chunga de verdad en ATI. La rueda de prensa de este jueves de Miguel Zerolo no hace otra cosa que confirmar que las investigaciones de la Fiscalía en los casos de la Gran Marina de San Andrés y de Las Teresitas han mordido en solomillo del bueno. Las conciencias no deben andar muy tranquilas en el partido y ya van dos salidas a la palestra del alcalde de Santa Cruz para negar que sea un chorizo y para descalificar las investigaciones, que considera ilegales. Ahí es nada. No podemos reprochar a Zerolo que se defienda y que esté desesperado porque todavía no le hayan querido escuchar en sede judicial. Le reprochamos que haya sacado de su plácido retiro a Manolo Hermoso, que no está ya para estos trotes, y le reprochamos que haya puesto en un compromiso a la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés. De ella, el alcalde bajo sospecha ha dicho que lo estaba haciendo muy bien hasta que desde la Fiscalía Anticorrupción de Madrid abrieron "una investigación paralela". Vamos a ver, ¿cómo sabe Zerolo lo bien o mal que llevaba la señora Farnés sus asuntillos de Las Teresitas? ¿Qué sabe Zerolo de lo que han hecho los jefes de ésta en Madrid? Recuerden la fábula del pajarillo que cae en la bosta de vaca: mejor quedarse quieto.
CC Y PP COLOCAN A LÓPEZ AGUILAR COMO HÉROE
El campeón de la anticorrupción
Extraordinaria la rendija encontrada por Coalición Canaria y el Partido Popular para descalificar las investigaciones por corrupción de las que ambas formaciones son objeto en Canarias: dicen que es el ministro de Justicia el que las está alentando. En primer lugar hay que resaltar que se trata de una butade, de una salida imposible, porque un ministro de Justicia no puede hacer lo que estas mentes preclaras le endilgan. No nos imaginamos al titular de Justicia dictando a un juez o a un fiscal lo que debe hacer, cuando de todo el mundo es sabido, particularmente en el PP, que el poder judicial no carga precisamente a la izquierda y salta a la primera que se les toca. Segundo error: los cerebros de la estratagema contra el ministro lo colocan como héroe, como guerrero contra la corrupción, como el único político que se atreve a poner a cada uno en su sitio. Y lo que es el colmo: pretender que un magistrado de la Audiencia Nacional pueda ser capaz de dictar un auto como el que ha remitido Garzón a Tenerife sin más estímulos que la sugerencia de un ministro o la opinión de un fiscal es no tener ni pajolera idea de lo que es el funcionamiento de la Justicia. Por cierto, magnífica la diferencia que hace Soria al decir que respeta a la Justicia pero no a su ministro. ¿Acaso es respetar a la Justicia decir que se deja manipular por un cargo político? ¿Tiene alguna experiencia personal el señor Soria en estas lides?
Fuente: Top Secret Canarias Ahora, 07-12-06
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1411.htm
CC Y PP COLOCAN A LÓPEZ AGUILAR COMO HÉROE
El campeón de la anticorrupción
Extraordinaria la rendija encontrada por Coalición Canaria y el Partido Popular para descalificar las investigaciones por corrupción de las que ambas formaciones son objeto en Canarias: dicen que es el ministro de Justicia el que las está alentando. En primer lugar hay que resaltar que se trata de una butade, de una salida imposible, porque un ministro de Justicia no puede hacer lo que estas mentes preclaras le endilgan. No nos imaginamos al titular de Justicia dictando a un juez o a un fiscal lo que debe hacer, cuando de todo el mundo es sabido, particularmente en el PP, que el poder judicial no carga precisamente a la izquierda y salta a la primera que se les toca. Segundo error: los cerebros de la estratagema contra el ministro lo colocan como héroe, como guerrero contra la corrupción, como el único político que se atreve a poner a cada uno en su sitio. Y lo que es el colmo: pretender que un magistrado de la Audiencia Nacional pueda ser capaz de dictar un auto como el que ha remitido Garzón a Tenerife sin más estímulos que la sugerencia de un ministro o la opinión de un fiscal es no tener ni pajolera idea de lo que es el funcionamiento de la Justicia. Por cierto, magnífica la diferencia que hace Soria al decir que respeta a la Justicia pero no a su ministro. ¿Acaso es respetar a la Justicia decir que se deja manipular por un cargo político? ¿Tiene alguna experiencia personal el señor Soria en estas lides?
Fuente: Top Secret Canarias Ahora, 07-12-06
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1411.htm
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que la reacción de Coalición Canaria al auto del juez Garzón en el caso Fórum-Afinsa, que relaciona a políticos de este partido con un supuesto delito de cohecho, le recuerdan a algunos "personajes" de Marbella.
"Se retrata quien está intentado presentar ese asunto, que es grave y serio, como una operación política urdida por jueces y fiscales para favorecer intereses electorales de no sé quién", afirmó López Aguilar en una entrevista con varios directores de medios de comunicación canarios que emite este viernes la televisión Canal 9 Canarias.
Según el ministro, este es "un modo de razonar inaudito que en España no se había visto en mucho tiempo; quizá algo que se pareciera a eso lo hemos visto en los personajes que regentaron Marbella" para "desgracia de la salud democrática de este país". "Este modo de actuar es indigno", concluyó.
López Aguilar aseguró que "nunca" interfiere "en una investigación judicial en curso" ni prejuzga "la presunción de inocencia de nadie", pero señaló "que quien siendo investigado reacciona descalificando al juez o al fiscal, a mi juicio, no está a la altura de la responsabilidad política que dice ostentar".
El caso remitido por Garzón a los juzgados canarios afecta al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, y se basa, según el ministro, en "la estafa piramidal de Fórum Filatélico, una de cuyas empresas filiales se dedica a las promociones inmobiliarias, presidida por una persona condenada por blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico", y "a través de personas interpuestas, efectúa operaciones urbanísticas en la isla de Tenerife" que generan supuestas comisiones.
Destacó que "los datos que están sacudiendo la opinión pública canaria no han sido inventados, y menos por el ministro de Justicia; los ha descubierto un juez independiente en la Audiencia Nacional investigando un fraude monumental a través de empresas de estafa piramidal que se dedicaban a las promociones inmobiliarias, que han hecho negocios en Tenerife, que han recalificado terrenos y han promovido acciones urbanísticas especulativas; eso es lo que tiene que ser investigado".
"No prejuzgo el resultado de las investigaciones, pero que los investigados pretendan eludir su explicación ante la ciudadanía señalando al fiscal, señalando a los jueces, descalificando a Garzón, a la Audiencia Nacional o al ministro de Justicia, es una infamia que retrata a quienes la practican", insistió.
López Aguilar afirmó que "la ciudadanía tiene derecho a saber que no existe interferencia política en esta investigación que ha conducido con total independencia el juez Garzón".
Y, a su juicio, "falta al respeto profundo que merece la ciudadanía quien, ante un asunto que merece ser investigado, maniobra orquestando un ruido infernal que pretende desviar las responsabilidades en todas direcciones en lugar de responder de las propias".
"Creo que eso retrata -prosiguió- el nivel en el que algunos se han acostumbrado a moverse".
Acusaciones "reveladoras"
Sobre si está utilizando a la Fiscalía para su rentabilidad electoral, ya que es el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno canario, dijo que esa argumentación le produce "estupor" e "indignación", ya que el Ministerio Fiscal "se rige con autonomía y no obedece ninguna instrucción ni puede obedecerla, ni del ministro de Justicia ni de ningún miembro del Gobierno".
No obstante, añadió, "en los portavoces del PP esa argumentación resulta reveladora del tipo de relación que practicó con los fiscales generales que nombró, y de forma muy sobresaliente con el fiscal Jesús Cardenal".
Sobre la petición del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que dimita en el Gobierno, tras haber sido designado como candidato socialista, el ministro replicó que precisamente ese no fue el ejemplo que dio el PP en el Gobierno.
"Esas argumentaciones personales están carentes de fundamento", afirmó, y "son contradictorias con la práctica de los ministros en los años de Gobierno del PP que se presentaron a elecciones autonómicas", como "Mayor Oreja, Jaume Matas o Josep Piqué, que sólo dimitieron, por decirlo así, cuando se convocaron las elecciones y corrieron directamente a la campaña".
Consideró, además, que tampoco hay ningún "fundamento legal" para su dimisión: "soy ministro y cumplo con mi deber todos los días, estoy sacando una agenda que creo que está marcando sobresaliente en el conjunto del trabajo del Gobierno".
"Se retrata quien está intentado presentar ese asunto, que es grave y serio, como una operación política urdida por jueces y fiscales para favorecer intereses electorales de no sé quién", afirmó López Aguilar en una entrevista con varios directores de medios de comunicación canarios que emite este viernes la televisión Canal 9 Canarias.
Según el ministro, este es "un modo de razonar inaudito que en España no se había visto en mucho tiempo; quizá algo que se pareciera a eso lo hemos visto en los personajes que regentaron Marbella" para "desgracia de la salud democrática de este país". "Este modo de actuar es indigno", concluyó.
López Aguilar aseguró que "nunca" interfiere "en una investigación judicial en curso" ni prejuzga "la presunción de inocencia de nadie", pero señaló "que quien siendo investigado reacciona descalificando al juez o al fiscal, a mi juicio, no está a la altura de la responsabilidad política que dice ostentar".
El caso remitido por Garzón a los juzgados canarios afecta al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, y se basa, según el ministro, en "la estafa piramidal de Fórum Filatélico, una de cuyas empresas filiales se dedica a las promociones inmobiliarias, presidida por una persona condenada por blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico", y "a través de personas interpuestas, efectúa operaciones urbanísticas en la isla de Tenerife" que generan supuestas comisiones.
Destacó que "los datos que están sacudiendo la opinión pública canaria no han sido inventados, y menos por el ministro de Justicia; los ha descubierto un juez independiente en la Audiencia Nacional investigando un fraude monumental a través de empresas de estafa piramidal que se dedicaban a las promociones inmobiliarias, que han hecho negocios en Tenerife, que han recalificado terrenos y han promovido acciones urbanísticas especulativas; eso es lo que tiene que ser investigado".
"No prejuzgo el resultado de las investigaciones, pero que los investigados pretendan eludir su explicación ante la ciudadanía señalando al fiscal, señalando a los jueces, descalificando a Garzón, a la Audiencia Nacional o al ministro de Justicia, es una infamia que retrata a quienes la practican", insistió.
López Aguilar afirmó que "la ciudadanía tiene derecho a saber que no existe interferencia política en esta investigación que ha conducido con total independencia el juez Garzón".
Y, a su juicio, "falta al respeto profundo que merece la ciudadanía quien, ante un asunto que merece ser investigado, maniobra orquestando un ruido infernal que pretende desviar las responsabilidades en todas direcciones en lugar de responder de las propias".
"Creo que eso retrata -prosiguió- el nivel en el que algunos se han acostumbrado a moverse".
Acusaciones "reveladoras"
Sobre si está utilizando a la Fiscalía para su rentabilidad electoral, ya que es el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno canario, dijo que esa argumentación le produce "estupor" e "indignación", ya que el Ministerio Fiscal "se rige con autonomía y no obedece ninguna instrucción ni puede obedecerla, ni del ministro de Justicia ni de ningún miembro del Gobierno".
No obstante, añadió, "en los portavoces del PP esa argumentación resulta reveladora del tipo de relación que practicó con los fiscales generales que nombró, y de forma muy sobresaliente con el fiscal Jesús Cardenal".
Sobre la petición del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que dimita en el Gobierno, tras haber sido designado como candidato socialista, el ministro replicó que precisamente ese no fue el ejemplo que dio el PP en el Gobierno.
"Esas argumentaciones personales están carentes de fundamento", afirmó, y "son contradictorias con la práctica de los ministros en los años de Gobierno del PP que se presentaron a elecciones autonómicas", como "Mayor Oreja, Jaume Matas o Josep Piqué, que sólo dimitieron, por decirlo así, cuando se convocaron las elecciones y corrieron directamente a la campaña".
Consideró, además, que tampoco hay ningún "fundamento legal" para su dimisión: "soy ministro y cumplo con mi deber todos los días, estoy sacando una agenda que creo que está marcando sobresaliente en el conjunto del trabajo del Gobierno".
Nueva Canarias considera positivo que "se acabe con la sensación de impunidad ante los delitos de cuello blanco". Además, desde este partido se asegura que "es disparatada la reacción de ATI-CC, ante las investigaciones judiciales que están en marcha".
Nueva Canarias considera "histéricas las reacciones de ATI-CC ante las investigaciones abiertas por los jueces y que afectan, entre otros, al alcalde de la segunda ciudad más importante del Archipiélago".
Para NC "resulta sorprendente que ante otros casos ATI-CC pida que se investigue a fondo y cuando les afecta respondan cuestionando la independencia de los jueces y el funcionamiento del Estado de Derecho y argumentando, desde el insularismo más simplón, que se trata de una campaña contra Tenerife".
Recuerda Nueva Canarias que "hoy se vive un momento en el ámbito estatal en el que se está produciendo una persecución de los delitos de cuello blanco. Y ello ocurre porque el Gobierno ha puesto en manos de policías y jueces los recursos necesarios para que se puedan instruir distintos expedientes, como hemos visto en casos como el de Marbella o el de Ciempozuelos (Madrid). Resulta por tanto falaz circunscribir el asunto a una campaña contra Canarias o, como hace ATI-CC, contra Tenerife".
En este partido indican además que "se trata de un cambio, el de acabar con la sensación de impunidad ante el blanqueo de dinero, el cohecho, los delitos ecológicos o las mafias policiales, etcétera, que como demócratas aplaudimos. Lo que hace daño al sistema democrático no son las investigaciones en marcha, sino la anterior sensación de impunidad".
Responsabilidades políticas
"En otras ocasiones, hemos opinado sobre casos como el Faycán y el Eólico, señalando que la Justicia debe depurar las responsabilidades penales y que, asimismo, deben depurarse las responsabilidades políticas donde las haya. Esto último aparece bien claro en el caso Faycán, porque nada ha hecho la dirección del PP para atajar lo que era un secreto a voces" señalan desde NC.
NC afirma además que "ahora aparecen nuevos casos que enrarecen aún más el clima político. Ese clima se agrava con el auto emitido por el juez Garzón que ve indicios de presunto cohecho (cobro de comisiones) por parte del alcalde de la segunda ciudad del Archipiélago y del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, así como la investigación de la Fiscalía sobre la operación urbanística de Las Teresitas, lo que lógicamente ha desatado la alarma social".
Desde este Partido consideran que "se debe garantizar la presunción de inocencia de estas personas, pero dada la relevancia de los casos y de las personas e instituciones afectadas es imprescindible una investigación en profundidad y con la mayor agilidad posible que permitan aclararlos por completo".
Insularismo como dique
Nueva Canarias destaca que "la reacción de ATI-CC sólo puede ser calificada de desproporcionada e histérica, y muy diferente a la que ellos mismos adoptaron en otros casos. Cuando les ha tocado tratan de matar al mensajero y no dudan en culpar a Gobierno del Estado, y en poner en cuestión la independencia de los jueces y el propio funcionamiento del Estado de Derecho, con el único objetivo de alimentar el insularismo más radical, convertido en dique para defenderse de los presuntos casos de corrupción protagonizados por algunos de sus más significados dirigentes. Ni en Marbella ni en Ciempozuelos ni en Telde se trató de una campaña contra esos municipios ni ahora estamos ante una campaña contra Tenerife".
Por último, Nueva Canarias plantea que "este tipo de procedimientos tiene la enorme virtud de desanimar a todos aquellos que traten de acercarse a la política desde la búsqueda de impresentables beneficios personales. Lo que, sin duda, redunda en beneficio de una actividad que debe estar presidida por la honradez, la transparencia y la absoluta defensa del interés general".
Nueva Canarias considera "histéricas las reacciones de ATI-CC ante las investigaciones abiertas por los jueces y que afectan, entre otros, al alcalde de la segunda ciudad más importante del Archipiélago".
Para NC "resulta sorprendente que ante otros casos ATI-CC pida que se investigue a fondo y cuando les afecta respondan cuestionando la independencia de los jueces y el funcionamiento del Estado de Derecho y argumentando, desde el insularismo más simplón, que se trata de una campaña contra Tenerife".
Recuerda Nueva Canarias que "hoy se vive un momento en el ámbito estatal en el que se está produciendo una persecución de los delitos de cuello blanco. Y ello ocurre porque el Gobierno ha puesto en manos de policías y jueces los recursos necesarios para que se puedan instruir distintos expedientes, como hemos visto en casos como el de Marbella o el de Ciempozuelos (Madrid). Resulta por tanto falaz circunscribir el asunto a una campaña contra Canarias o, como hace ATI-CC, contra Tenerife".
En este partido indican además que "se trata de un cambio, el de acabar con la sensación de impunidad ante el blanqueo de dinero, el cohecho, los delitos ecológicos o las mafias policiales, etcétera, que como demócratas aplaudimos. Lo que hace daño al sistema democrático no son las investigaciones en marcha, sino la anterior sensación de impunidad".
Responsabilidades políticas
"En otras ocasiones, hemos opinado sobre casos como el Faycán y el Eólico, señalando que la Justicia debe depurar las responsabilidades penales y que, asimismo, deben depurarse las responsabilidades políticas donde las haya. Esto último aparece bien claro en el caso Faycán, porque nada ha hecho la dirección del PP para atajar lo que era un secreto a voces" señalan desde NC.
NC afirma además que "ahora aparecen nuevos casos que enrarecen aún más el clima político. Ese clima se agrava con el auto emitido por el juez Garzón que ve indicios de presunto cohecho (cobro de comisiones) por parte del alcalde de la segunda ciudad del Archipiélago y del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, así como la investigación de la Fiscalía sobre la operación urbanística de Las Teresitas, lo que lógicamente ha desatado la alarma social".
Desde este Partido consideran que "se debe garantizar la presunción de inocencia de estas personas, pero dada la relevancia de los casos y de las personas e instituciones afectadas es imprescindible una investigación en profundidad y con la mayor agilidad posible que permitan aclararlos por completo".
Insularismo como dique
Nueva Canarias destaca que "la reacción de ATI-CC sólo puede ser calificada de desproporcionada e histérica, y muy diferente a la que ellos mismos adoptaron en otros casos. Cuando les ha tocado tratan de matar al mensajero y no dudan en culpar a Gobierno del Estado, y en poner en cuestión la independencia de los jueces y el propio funcionamiento del Estado de Derecho, con el único objetivo de alimentar el insularismo más radical, convertido en dique para defenderse de los presuntos casos de corrupción protagonizados por algunos de sus más significados dirigentes. Ni en Marbella ni en Ciempozuelos ni en Telde se trató de una campaña contra esos municipios ni ahora estamos ante una campaña contra Tenerife".
Por último, Nueva Canarias plantea que "este tipo de procedimientos tiene la enorme virtud de desanimar a todos aquellos que traten de acercarse a la política desde la búsqueda de impresentables beneficios personales. Lo que, sin duda, redunda en beneficio de una actividad que debe estar presidida por la honradez, la transparencia y la absoluta defensa del interés general".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios pidió este jueves, por medio de un comunicado, las dimisiones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, "ante la grave información aparecida en los medios de comunicación acerca de las presuntas comisiones ilegales y sobornos percibidos" por estos políticos de CC, "así como el que fuera Presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés, entre otros, para favorecer la construcción de la marina deportiva en el pueblo de San Andrés, quiere expresar su frontal rechazo a este tipo de prácticas de corrupción, que en caso de resultar acreditadas, representaría uno de los más graves escándalos en la historia de Canarias y una vergüenza para la democracia en las islas".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios exige una “investigación independiente, rigurosa y sin cortapisas”, que permita llegar hasta el final y depurar las responsabilidades penales que derivarían de los hechos que aparecen reflejados en el auto del juez Baltasar Garzón.
Del mismo modo, ante la extrema gravedad de los hechos y la solidez de la documentación que ha servido de base para la imputación judicial, "se hace necesario que los responsables políticos encartados dejen sus puestos como medio para salvaguardar la confianza de los ciudadanos".
Para el conjunto de Asociaciones, Plataformas Vecinales y Comisiones de Defensa que forman la Coordinadora de Pueblos y Barrios "resulta de especial gravedad la imputación judicial contra el que fuera presidente de la Asociación de vecinos de San Andrés, según la cual, habría percibido un soborno de 60 mil euros (en dos pagos) para vencer las resistencias vecinales al proyecto".
De llegar a probarse dicha imputación penal, se trataría "del mayor ataque a la autonomía del movimiento vecinal y una clara traición de dicho representante vecinal a los intereses generales del pueblo de San Andrés".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios reafirma "su defensa de un modelo de movimiento vecinal autónomo, que no se compre ni se venda, democrático, asambleario y participativo, donde el control directo de los vecinos impida prácticas de soborno como las que se reflejan en el auto dictado por el juez Baltasar Garzón, modelo totalmente contrario al fomentado por ATI-CC y del que encontramos buena muestra en estos hechos".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios quiere recordar que el pasado 17 de junio, se convocó, por la propia Coordinadora junto con la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, una manifestación en el pueblo de San Andrés cuyo lema principal fue SI al refugio pesquero de San Andrés, NO al puerto deportivo privado. A esta manifestación asistió casi un millar de ciudadanos. El manifiesto final que fue leído por dos vecinas de San Andrés comenzaba diciendo, precisamente, que “el pueblo de San Andrés es un pueblo sitiado; sitiado por la corrupción urbanística, asediado por la especulación. Al norte, el pelotazo de las Teresitas; al sur, la marina deportiva de Anaga”.
Argumenta la platafoAquellas palabras resuenan con más fuerza, si cabe, una vez conocido el Auto dictado por el juez Garzón. Del mismo modo, el soborno al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés explicaría los ataques recibidos por esta Coordinadora y por Asamblea por Tenerife, cuando se convocó dicha manifestación contra la marina deportiva en un intento burdo de manipular al pueblo de San Andrés. Lo cierto es que la Coordinadora de Pueblos y Barrios y la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz informaron de forma directa y clara la magnitud del proyecto, denunciando los vecinos presentes la ausencia de información al respecto por parte del que fuera presidente de la Asociación de Vecinos, pese al tiempo transcurrido".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios recuerda, igualmente, que en noviembre de 2004 se dirigió públicamente y mediante carta al Fiscal General del Estado y al Ministerio de Justicia solicitando el nombramiento de fiscales especializados en materia medioambiental y anticorrupción para Canarias y Tenerife, y muestra su confianza, una vez han sido nombrados dichos fiscales, de que actuarán con el rigor y la independencia que les caracteriza, garantizando el principio de igualdad ante la ley y que no habrá tratos de favor por la condición política de los imputados".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios reitera "la exigencia de transparencia y democracia que se demandó recientemente en la manifestación del 18 de noviembre, donde más de setenta mil personas mostraron su rechazo explícito, junto al Puerto de Granadilla y la Autopista Exterior, a la corrupción urbanística".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios exige una “investigación independiente, rigurosa y sin cortapisas”, que permita llegar hasta el final y depurar las responsabilidades penales que derivarían de los hechos que aparecen reflejados en el auto del juez Baltasar Garzón.
Del mismo modo, ante la extrema gravedad de los hechos y la solidez de la documentación que ha servido de base para la imputación judicial, "se hace necesario que los responsables políticos encartados dejen sus puestos como medio para salvaguardar la confianza de los ciudadanos".
Para el conjunto de Asociaciones, Plataformas Vecinales y Comisiones de Defensa que forman la Coordinadora de Pueblos y Barrios "resulta de especial gravedad la imputación judicial contra el que fuera presidente de la Asociación de vecinos de San Andrés, según la cual, habría percibido un soborno de 60 mil euros (en dos pagos) para vencer las resistencias vecinales al proyecto".
De llegar a probarse dicha imputación penal, se trataría "del mayor ataque a la autonomía del movimiento vecinal y una clara traición de dicho representante vecinal a los intereses generales del pueblo de San Andrés".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios reafirma "su defensa de un modelo de movimiento vecinal autónomo, que no se compre ni se venda, democrático, asambleario y participativo, donde el control directo de los vecinos impida prácticas de soborno como las que se reflejan en el auto dictado por el juez Baltasar Garzón, modelo totalmente contrario al fomentado por ATI-CC y del que encontramos buena muestra en estos hechos".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios quiere recordar que el pasado 17 de junio, se convocó, por la propia Coordinadora junto con la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, una manifestación en el pueblo de San Andrés cuyo lema principal fue SI al refugio pesquero de San Andrés, NO al puerto deportivo privado. A esta manifestación asistió casi un millar de ciudadanos. El manifiesto final que fue leído por dos vecinas de San Andrés comenzaba diciendo, precisamente, que “el pueblo de San Andrés es un pueblo sitiado; sitiado por la corrupción urbanística, asediado por la especulación. Al norte, el pelotazo de las Teresitas; al sur, la marina deportiva de Anaga”.
Argumenta la platafoAquellas palabras resuenan con más fuerza, si cabe, una vez conocido el Auto dictado por el juez Garzón. Del mismo modo, el soborno al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés explicaría los ataques recibidos por esta Coordinadora y por Asamblea por Tenerife, cuando se convocó dicha manifestación contra la marina deportiva en un intento burdo de manipular al pueblo de San Andrés. Lo cierto es que la Coordinadora de Pueblos y Barrios y la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz informaron de forma directa y clara la magnitud del proyecto, denunciando los vecinos presentes la ausencia de información al respecto por parte del que fuera presidente de la Asociación de Vecinos, pese al tiempo transcurrido".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios recuerda, igualmente, que en noviembre de 2004 se dirigió públicamente y mediante carta al Fiscal General del Estado y al Ministerio de Justicia solicitando el nombramiento de fiscales especializados en materia medioambiental y anticorrupción para Canarias y Tenerife, y muestra su confianza, una vez han sido nombrados dichos fiscales, de que actuarán con el rigor y la independencia que les caracteriza, garantizando el principio de igualdad ante la ley y que no habrá tratos de favor por la condición política de los imputados".
La Coordinadora de Pueblos y Barrios reitera "la exigencia de transparencia y democracia que se demandó recientemente en la manifestación del 18 de noviembre, donde más de setenta mil personas mostraron su rechazo explícito, junto al Puerto de Granadilla y la Autopista Exterior, a la corrupción urbanística".
Asamblea por Tenerife afirmó este viernes que existe una vinculación directa "entre la trama corrupta" de Fórum Filatélico y el puerto de Granadilla de Abona y exigió que la Fiscalía Anticorrupción investigue este asunto y se depuren las responsabilidades penales y políticas.
La citada asociación reclama en un comunicado la paralización "inmediata" del puerto en Granadilla y considera "una vergüenza" que dirigentes de Coalición Canaria y "máximos promotores" de dicho proyecto estén siendo investigados como presuntos autores de un delito de cohecho en relación con empresas filiales de Fórum Filatélico.
Asamblea por Tenerife exige la dimisión "inmediata" del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria de dicha provincia, Luis Suárez Trenor, y denuncia como ilegal la adjudicación del puerto deportivo en San Andrés.
Asimismo reivindica el derecho de la población "a movilizarse y utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo la resistencia civil, como expresión más clara de democracia participativa".
Al respecto, Asamblea por Tenerife anuncia que recurrirá a todas las vías posibles "con especial énfasis en la lucha en la calle" y el derecho a la desobediencia civil "cuando no haya otra salida posible".
La citada asociación reclama en un comunicado la paralización "inmediata" del puerto en Granadilla y considera "una vergüenza" que dirigentes de Coalición Canaria y "máximos promotores" de dicho proyecto estén siendo investigados como presuntos autores de un delito de cohecho en relación con empresas filiales de Fórum Filatélico.
Asamblea por Tenerife exige la dimisión "inmediata" del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria de dicha provincia, Luis Suárez Trenor, y denuncia como ilegal la adjudicación del puerto deportivo en San Andrés.
Asimismo reivindica el derecho de la población "a movilizarse y utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo la resistencia civil, como expresión más clara de democracia participativa".
Al respecto, Asamblea por Tenerife anuncia que recurrirá a todas las vías posibles "con especial énfasis en la lucha en la calle" y el derecho a la desobediencia civil "cuando no haya otra salida posible".
Manuel de la Rosa Hernández
Hace treinta años que una gran parte de las tierras del Sahara Occidental están ocupadas por Marruecos. El pueblo saharaui en este territorio ha venido sufriendo todo tipo de atropellos y los desaparecidos se cuentan por centenares desde entonces. Hoy tres décadas después continúa la represión.
Los saharauis han restablecido la resistencia en los últimos tiempos, es lo que se conoce como la Intifada saharaui, que se ha trasladado también al interior de Marruecos, donde cada día hay mayores muestras de apoyo a la causa del Pueblo del Sahara Occidental. La represión se agudiza cada vez más en la medida en que el pueblo saharaui se empieza a organizar por sus derechos.
Entre los hechos que denunciamos tenemos recientemente los siguientes:
- El pasado 7 de noviembre fueron condenados a un año de cárcel los jóvenes Chaibatta Moudafiaa y Mouloud Lotfi, en un “juicio” rápido.
- El 21 de noviembre el defensor de Derechos Humanos saharaui Dahi Mohamed Salem, periodista, fue insultado, golpeado e interrogado sobre sus escritos relativos a la cuestión del Sáhara y por entrevistas a activistas de los DDHH.
- El 20 de noviembre ocho presos políticos saharauis de Inzegane están en huelga de hambre exigiendo que se les agrupe en la cárcel de Aït Mellol y además exigiendo una investigación sobre la agresión sufrida por otro preso político saharaui, Lahmam Salama.
- El 21 de noviembre los presos políticos saharauis Dadai Hmada y El-Moussaoui Ahmed que estaban detenidos desde el 10 de abril han sido condenados a seis meses de cárcel, aunque fueron liberados tras haber cumplido más tiempo.
- El 22 de noviembre tras las manifestaciones llevadas a cabo en las ciudades marroquíes de Marrakech y Agadir los días 13 y 14 de noviembre se cebó de nuevo la represión deteniendo a tres estudiantes saharauis en Agadir e hiriendo a cuatro más en Marrakech; otros muchos fueron atacados como viene siendo habitual
- El 23 de noviembre el sindicalista y defensor de los Derechos Humanos Jaïm Mohamed fue víctima de un intento de asesinato en Benguerir, su lugar de residencia, los militares le echaron su camión encima de su vehículo. Jaïm venia de participar en una sentada de estudiantes saharauis en Marrakech.
- El 25 de noviembre el preso político saharaui Asan Abdallahe, encarcelado en Aït Melloul, compareció ante el juez de instrucción de Agadir por un nuevo cargo acusatorio: poner en duda los principios sagrados del régimen de Marruecos. Ya fue condenado a 6 años de cárcel el 5 de septiembre de 2006.
- El 28 de noviembre los presos políticos saharauis Toubali Elhafed, El-Gasmi Mohamed Labbib, Ahmeidate Admed Salem y Lomadi Abdessalam comparecieron para completar la investigación judicial tras haber sido maltratados por los policías en los desplazamientos. En protesta los presos políticos de la Cárcel Negra manutuvieron una huelga de hambre de 48 horas. Las administración de ocupación marroquí ha prohibido a Aminatou Haidar, Brahim Dahane y Bachir Lakhfawni el acceso a la citada prisión.
Estos y otros muchos atentados a los derechos humanos se vienen sucediendo en los territorios ocupados, a escasos kilómetros de nuestras islas. En estos momentos es necesario redoblar la solidaridad con el pueblo saharaui.
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el pueblo saharaui (CEAS-Sáhara) ha lanzado un llamamiento al Gobierno español para que denuncie ante los organismos internacionales las violaciones de los Derechos Humanos cometidos por Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y que se exija la inmediata convocatoria de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Estas actividades deben contar con un amplio eco social por lo que se hace necesaria la implicación de toda organización que apoya la causa saharaui para que alcance una importante difusión.
Una vez más debemos continuar con el apoyo solidario a la causa popular saharaui, no podemos permitir que se atropellen sus derechos más elementales.
Tras dos meses de perdida de una maleta en un viaje hacia Tenerife , el cliente aún no ha recibido ningún tipo de información por parte de la compañía Binter.
El Organismo Social Kanaryo Titeroygakat de ámbito autonómico, quiere denunciar ante todos los medios de información la desidia y el mal funcionamiento de la compañía aérea Binter, ya que el servicio que presta a sus clientes como empresa deja mucho que desear, además de ser digno también de llevar ante los Tribunales de Justicia por su total irresponsabilidad.
El pasado Viernes 6 de Octubre del 2006 en el vuelo NT 0453 de las 8:35 de la mañana Lanzarote – Tenerife de Binter, viajó la secretaria de nuestro Organismo la Srta. Yaiza Leal Rodríguez, con intención de mantener una reunión a las 9 de la noche de ese mismo día en Sta. Cruz de Tenerife en el Hotel Príncipe Paz, reunión que no se pudo realizar como debiera, ya que el material informático y la ropa necesaria para el acto y la estancia en Tenerife iban dentro de la maleta que esta compañía le extravió.
Tal fué el inconveniente causado por Binter a esta señorita que tuvo que llegar al punto de tener que comprarse ropa en Tenerife para poder pasar dignamente los días de su estancia en la isla.
Binter perdió la maleta en un vuelo entre islas, que salió desde la terminal 2 de Lanzarote de donde solo salen vuelos para Tenerife, las palmas y Lanzarote.
Dicho extravió se puso en conocimiento de la compañía automáticamente al llegar al aeropuerto de Tenerife y se le indicó claramente la importancia de la maleta, por su contenido y de que este era imprescindible de que estuviera en el Hotel dos horas antes del acto programado.
Se relleno el correspondiente parte de irregularidades de equipaje, con el número de referencia TFNNT12420/06OCT06/0851EMT, pues a pesar del trastorno originado e irreparable perjuicio causado al cliente, un mes después todavía se sigue esperando la maleta, o una simple llamada de la compañía pidiendo disculpas e informando al cliente de lo que ha pasado con el objeto de su propiedad que ésta le perdió.
Este material estaba valorado en mas de 750 €, pero el precio es lo de menos, lo más grave son los daños, perjuicios y molestias que todavía aún y después de dos meses se les sigue originando al cliente.
Éste se ha visto obligado ha realizar innumerables llamadas al teléfono del Centro Único de Equipaje Binter Canarias S.A 902 491 492, teléfono del cual te puedes pasar media hora esperando para ser atendido y el coste de la llamada corre a cargo del cliente, para que al final te atienda una señorita que no te dice nada, ni es capaz de darte una solución
Lamentablemente y vergonzosamente tiene que ser el cliente quien realice un seguimiento del material que le extravió Binter, pues tras acudir en diversas ocasiones al aeropuerto de Tenerife y Lanzarote, se ha visto en la obligación de denunciar en la Oficina del Consumidor, hoja de reclamación N – 38 – 140785 (7 de Octubre del 2006), así mismo se realizará denuncias públicas en toda la Prensa Nacional y en caso de no aparecer el material se denunciará ante los Organismos Oficiales correspondientes, Defensor del Pueblo, Diputado del Común y de la fiscalía, Ministerio de Fomento etc.
El presidente
Antonio Leal Aguilar
El Organismo Social Kanaryo Titeroygakat de ámbito autonómico, quiere denunciar ante todos los medios de información la desidia y el mal funcionamiento de la compañía aérea Binter, ya que el servicio que presta a sus clientes como empresa deja mucho que desear, además de ser digno también de llevar ante los Tribunales de Justicia por su total irresponsabilidad.
El pasado Viernes 6 de Octubre del 2006 en el vuelo NT 0453 de las 8:35 de la mañana Lanzarote – Tenerife de Binter, viajó la secretaria de nuestro Organismo la Srta. Yaiza Leal Rodríguez, con intención de mantener una reunión a las 9 de la noche de ese mismo día en Sta. Cruz de Tenerife en el Hotel Príncipe Paz, reunión que no se pudo realizar como debiera, ya que el material informático y la ropa necesaria para el acto y la estancia en Tenerife iban dentro de la maleta que esta compañía le extravió.
Tal fué el inconveniente causado por Binter a esta señorita que tuvo que llegar al punto de tener que comprarse ropa en Tenerife para poder pasar dignamente los días de su estancia en la isla.
Binter perdió la maleta en un vuelo entre islas, que salió desde la terminal 2 de Lanzarote de donde solo salen vuelos para Tenerife, las palmas y Lanzarote.
Dicho extravió se puso en conocimiento de la compañía automáticamente al llegar al aeropuerto de Tenerife y se le indicó claramente la importancia de la maleta, por su contenido y de que este era imprescindible de que estuviera en el Hotel dos horas antes del acto programado.
Se relleno el correspondiente parte de irregularidades de equipaje, con el número de referencia TFNNT12420/06OCT06/0851EMT, pues a pesar del trastorno originado e irreparable perjuicio causado al cliente, un mes después todavía se sigue esperando la maleta, o una simple llamada de la compañía pidiendo disculpas e informando al cliente de lo que ha pasado con el objeto de su propiedad que ésta le perdió.
Este material estaba valorado en mas de 750 €, pero el precio es lo de menos, lo más grave son los daños, perjuicios y molestias que todavía aún y después de dos meses se les sigue originando al cliente.
Éste se ha visto obligado ha realizar innumerables llamadas al teléfono del Centro Único de Equipaje Binter Canarias S.A 902 491 492, teléfono del cual te puedes pasar media hora esperando para ser atendido y el coste de la llamada corre a cargo del cliente, para que al final te atienda una señorita que no te dice nada, ni es capaz de darte una solución
Lamentablemente y vergonzosamente tiene que ser el cliente quien realice un seguimiento del material que le extravió Binter, pues tras acudir en diversas ocasiones al aeropuerto de Tenerife y Lanzarote, se ha visto en la obligación de denunciar en la Oficina del Consumidor, hoja de reclamación N – 38 – 140785 (7 de Octubre del 2006), así mismo se realizará denuncias públicas en toda la Prensa Nacional y en caso de no aparecer el material se denunciará ante los Organismos Oficiales correspondientes, Defensor del Pueblo, Diputado del Común y de la fiscalía, Ministerio de Fomento etc.
El presidente
Antonio Leal Aguilar
ASAMBLEA Y EXPOSICIÓN INFORMATIVA SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN EMPRENDIDO CONTRA LAS TURBINAS EN LOS PAJALES
Los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2006
En el Centro Cultural Guillermo Sureda de Chío
PROGRAMA:
Viernes 8, siete de la tarde: Charla informativa sobre los procesos judiciales contra las turbinas, con presencia de José Pérez Ventura (Abogado).
Sábado 9, desde las 16 horas hasta las 22 horas: exposición de fotografías y documentos de la lucha
contra las turbinas e información.
Domingo 10, desde las 12 horas hasta las 14 horas y, desde las 16 horas hasta las 22 horas: exposición de fotografías y documentos de la lucha contra las turbinas e información.
Durante los tres días estaremos en el Centro Cultural para ofrecer a los asistentes toda la información que precisen y aclaraciones sobre esta lucha que nos incumbe a todos.
Atentamente:
Tagoror Achinech.
Los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2006
En el Centro Cultural Guillermo Sureda de Chío
PROGRAMA:
Viernes 8, siete de la tarde: Charla informativa sobre los procesos judiciales contra las turbinas, con presencia de José Pérez Ventura (Abogado).
Sábado 9, desde las 16 horas hasta las 22 horas: exposición de fotografías y documentos de la lucha
contra las turbinas e información.
Domingo 10, desde las 12 horas hasta las 14 horas y, desde las 16 horas hasta las 22 horas: exposición de fotografías y documentos de la lucha contra las turbinas e información.
Durante los tres días estaremos en el Centro Cultural para ofrecer a los asistentes toda la información que precisen y aclaraciones sobre esta lucha que nos incumbe a todos.
Atentamente:
Tagoror Achinech.
Publicado por Desconocido @ 1:51
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Probablemente las mayores fortunas de Tenerife y de Canarias han salido estas últimas décadas de los barrancos de Güímar con la explotación, ilegal en la mayoría de los casos, de areneras que han abastecido la floreciente industria del ladrillo, el piche y el hormigón.
Los constructores más poderosos e influyentes de Tenerife llegaron en su día sin autorizaciones, sin planes, sin proyectos, sin estudios de impacto, sin estudio alguno de la posible regeneración de los terrenos afectados y, eso sí, con la connivencia de nuestra querida y amada clase política y llevaron a cabo unos tremendos socavones -de hasta 80 metros de profundidad- sin mayor consideración ni hacia los vecinos, ni hacia los cultivos e, incluso, sin las debidas precauciones para elementos tan fundamentales como las vías de comunicación.
De ahí que estos días se haya vuelto a repetir una situación gravísima para los vecinos de la zona dado que, como ya ocurriera en el año 2002, de nuevo unos cincuenta metros del Camino de Los Zarzales se hayan hundido como consecuencia de las recientes lluvias. Evidentemente los que se han llevado la arena y la pasta en cantidades industriales, provocando esos impactasteis y peligrosísimos socavones, no se hacen ni se harán responsables de nada. Tampoco es probable que las administraciones públicas estén por la labor de exigirles reparación alguna a aquellos que les financian las campañas electorales y otras cosas más inconfesables.
Por eso es que los vecinos, como siempre, se han comenzado a organizar para exigir que se repare este desaguisado ante la incompetencia y la inactividad de los que cobran jugosos sueldos para ocuparse de los problemas de la gente. En fin, nada nuevo bajo el Sol. La misma desvergüenza de siempre que no se solucionará ni con cuarenta 'garzones' trabajando a destajo.
LEER MAS
Los constructores más poderosos e influyentes de Tenerife llegaron en su día sin autorizaciones, sin planes, sin proyectos, sin estudios de impacto, sin estudio alguno de la posible regeneración de los terrenos afectados y, eso sí, con la connivencia de nuestra querida y amada clase política y llevaron a cabo unos tremendos socavones -de hasta 80 metros de profundidad- sin mayor consideración ni hacia los vecinos, ni hacia los cultivos e, incluso, sin las debidas precauciones para elementos tan fundamentales como las vías de comunicación.
De ahí que estos días se haya vuelto a repetir una situación gravísima para los vecinos de la zona dado que, como ya ocurriera en el año 2002, de nuevo unos cincuenta metros del Camino de Los Zarzales se hayan hundido como consecuencia de las recientes lluvias. Evidentemente los que se han llevado la arena y la pasta en cantidades industriales, provocando esos impactasteis y peligrosísimos socavones, no se hacen ni se harán responsables de nada. Tampoco es probable que las administraciones públicas estén por la labor de exigirles reparación alguna a aquellos que les financian las campañas electorales y otras cosas más inconfesables.
Por eso es que los vecinos, como siempre, se han comenzado a organizar para exigir que se repare este desaguisado ante la incompetencia y la inactividad de los que cobran jugosos sueldos para ocuparse de los problemas de la gente. En fin, nada nuevo bajo el Sol. La misma desvergüenza de siempre que no se solucionará ni con cuarenta 'garzones' trabajando a destajo.
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Diario El Pais.
La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio.
La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio. Una nota confidencial de 2005 de Fórum -intervenida en el registro de su sede central y a la que ha tenido acceso EL PAÍS- anotaba entre los presuntos receptores de sobornos por el primer proyecto lo siguiente: "El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo [de Coalición Canaria]: aportación económica a la formación que representa unos 3.000.000 euros". Y sobre la recalificación de terrenos, otro escrito detallaba que "con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el porqué y a cambio de qué".
El juez Baltasar Garzón, que instruye el supuesto fraude de la filatélica Fórum a más de 200.000 clientes, dictó ayer un auto que pone al descubierto dichos negocios presuntamente irregulares de los gestores la empresa filatélica intervenida, que podrían haber pagado comisiones ilegales a distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife (220.000 habitantes). Entre los presuntos receptores de sobornos también figura el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez.
Dado que Zerolo es aforado, al ser diputado autonómico por Coalición Canaria, el caso derivará hacia el Tribunal Superior Canario.
La Autoridad Portuaria de Tenerife adjudicó en 2002 la concesión de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés de la localidad de Santa Cruz de Tenerife a Parque Marítimo de Anaga, SA, cuyo principal socio financiero era Fórum. La sociedad fue creada en 1996 y aunque la concesión del puerto deportivo de San Andrés data de 2002, las obras llevan cuatro años de retrasos con diferentes prórrogas concedidas por la Autoridad Portuaria y con algunos problemas en relación con el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Garzón proclama en el auto que hizo público ayer que documentos incautados a Fórum demostrarían que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos inmobiliarios de Fórum sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas".
Las conclusiones preliminares de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado base al auto de Garzón apuntaban que la existencia de sobornos va "más allá de la mera conjetura". En este sentido, Anticorrupción destacó el valor de un documento, requisado a Fórum, titulado Informe sobre el estado de la Gestión del desarrollo de negocio de la concesión administrativa de Puerto Deportivo Anaga. El escrito estaba firmado por Julio Aumente, arquitecto y gestor del proyecto portuario en nombre de Fórum. Y adjuntaba una explosiva "nota confidencial sobre pagos":
"En relación con las negociaciones mantenidas con las distintas administraciones y sus representantes políticos, existen unos compromisos económicos asumidos por la anterior dirección de Parque Marítimo Anaga y que, en estos momentos, es imposible modificar. Éstos son:
- Al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga 60.000 euros que aportan un 50% en junio y 50% en diciembre de cada año.
- Herminia Gil, asesora urbanística y en relación con las asociaciones vecinales son 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre.
- Presidente de la Autoridad Portuaria: Luis Suárez Trenor, el 50% del valor de las obras a ejecutar por la autoridad portuaria en el ámbito de esta concesión.
- Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo: aportación económica a la formación política que representa (estimo unos 3.000.000 euros)".
Hay varios elementos que refrendan que tal cuadro de presuntos sobornos tienen una base real. Hay documentos en el sumario que detallan cómo Fórum autorizó a dos personajes de la misma sociedad (José Ana Pérez Labajos y Julio Aumente) para mediante pagos obtener ayudas políticas. Así, sobre la recalificación de las fincas del Valle de Tahodio, existe un documento que revela que "el proceso de recalificación está muy personalizado en la íntima relación de José Ana/Zerolo" y, en otro escrito, se menciona "con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el porqué y a cambio de qué". La mayor parte de tan comprometidas informaciones proceden de una reunión secreta celebrada en mayo de 2005 en el despacho marbellí de Cuadro Asociados, un bufete que ha gestionado inversiones de Fórum que se investigan por indicios de blanqueo de dinero tanto en Canarias como en la Costa del Sol (esta subtrama afloró en relación con la Operación Malaya).
De dicho encuentro quedó registrada una especie de acta secreta. Una parte de la sesión se dedicó a las inversiones subterráneas de Fórum en Canarias. Anticorrupción, en virtud de informes del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) sostiene que, en realidad, sus inversiones en Tenerife -a través de Parque Marítimo Anaga- tienen como último propietario a un prófugo por lavar dinero del narcotráfico: José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Este huido puso toda su maquinaria jurídica a trabajar para ocultar su control de dicha sociedad y evitar que la concesión portuaria se anulase.
En un escrito de Aumente, el gestor del parque marítimo que presuntamente dirige Llorca, se queja de lo siguiente: "En la isla nadie quería tener relación con nada que tenga que ver con Marbella y menos con despachos de abogados de Málaga o Marbella, y pedían insistentemente la presencia de José Manuel [Llorca] y, como bien sabes, esto no era posible".
Pero más interesante es cómo, según un escrito requisado en la sede de Fórum, José Ana Pérez Labajos y Aumente, por encargo de Llorca, asumieron las labores de gestión "ante las Administraciones para encauzar la posible deriva existente en aquel momento de dicha concesión, dando a José Ana la libertad de disponer económicamente de lo necesario para tal fin, siempre con el conocimiento de Julio Aumente, acordando gratificar económicamente a José Ana a la obtención de las licencias oportunas".
El relato interno de las labores de captación de políticos canarios por Fórum prosigue así: "José Ana Pérez Labajos realizó una labor de presión inmensa a las más altas esferas políticas, con cargo a su propia economía. (...) Como resultado se ha obtenido una revisión de la concesión administrativa primitiva, con revisión a su vez del tiempo de concesión, aumento muy significativo de los aprovechamientos edificatorios e importante abaratamiento de la obra". Al margen de este detallado informe, leído en la reunión secreta marbellí, el sumario de Fórum que instruye Garzón incorpora muy comprometidos faxes recibidos en la sede central de la sociedad filatélica: "El Plan General de Ordenación Urbana de Tenerife está en su fase de tramitación y su aprobación provisional, según nos señalan, desde la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Tenerife, será para noviembre (mediados o finales). Obviamente interesa ver al alcalde lo antes posible para tener margen y negociar los últimos flecos antes de la aprobación provisional del citado plan general".
La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio.
La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio. Una nota confidencial de 2005 de Fórum -intervenida en el registro de su sede central y a la que ha tenido acceso EL PAÍS- anotaba entre los presuntos receptores de sobornos por el primer proyecto lo siguiente: "El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo [de Coalición Canaria]: aportación económica a la formación que representa unos 3.000.000 euros". Y sobre la recalificación de terrenos, otro escrito detallaba que "con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el porqué y a cambio de qué".
El juez Baltasar Garzón, que instruye el supuesto fraude de la filatélica Fórum a más de 200.000 clientes, dictó ayer un auto que pone al descubierto dichos negocios presuntamente irregulares de los gestores la empresa filatélica intervenida, que podrían haber pagado comisiones ilegales a distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife (220.000 habitantes). Entre los presuntos receptores de sobornos también figura el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez.
Dado que Zerolo es aforado, al ser diputado autonómico por Coalición Canaria, el caso derivará hacia el Tribunal Superior Canario.
La Autoridad Portuaria de Tenerife adjudicó en 2002 la concesión de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés de la localidad de Santa Cruz de Tenerife a Parque Marítimo de Anaga, SA, cuyo principal socio financiero era Fórum. La sociedad fue creada en 1996 y aunque la concesión del puerto deportivo de San Andrés data de 2002, las obras llevan cuatro años de retrasos con diferentes prórrogas concedidas por la Autoridad Portuaria y con algunos problemas en relación con el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Garzón proclama en el auto que hizo público ayer que documentos incautados a Fórum demostrarían que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos inmobiliarios de Fórum sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas".
Las conclusiones preliminares de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado base al auto de Garzón apuntaban que la existencia de sobornos va "más allá de la mera conjetura". En este sentido, Anticorrupción destacó el valor de un documento, requisado a Fórum, titulado Informe sobre el estado de la Gestión del desarrollo de negocio de la concesión administrativa de Puerto Deportivo Anaga. El escrito estaba firmado por Julio Aumente, arquitecto y gestor del proyecto portuario en nombre de Fórum. Y adjuntaba una explosiva "nota confidencial sobre pagos":
"En relación con las negociaciones mantenidas con las distintas administraciones y sus representantes políticos, existen unos compromisos económicos asumidos por la anterior dirección de Parque Marítimo Anaga y que, en estos momentos, es imposible modificar. Éstos son:
- Al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga 60.000 euros que aportan un 50% en junio y 50% en diciembre de cada año.
- Herminia Gil, asesora urbanística y en relación con las asociaciones vecinales son 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre.
- Presidente de la Autoridad Portuaria: Luis Suárez Trenor, el 50% del valor de las obras a ejecutar por la autoridad portuaria en el ámbito de esta concesión.
- Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo: aportación económica a la formación política que representa (estimo unos 3.000.000 euros)".
Hay varios elementos que refrendan que tal cuadro de presuntos sobornos tienen una base real. Hay documentos en el sumario que detallan cómo Fórum autorizó a dos personajes de la misma sociedad (José Ana Pérez Labajos y Julio Aumente) para mediante pagos obtener ayudas políticas. Así, sobre la recalificación de las fincas del Valle de Tahodio, existe un documento que revela que "el proceso de recalificación está muy personalizado en la íntima relación de José Ana/Zerolo" y, en otro escrito, se menciona "con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el porqué y a cambio de qué". La mayor parte de tan comprometidas informaciones proceden de una reunión secreta celebrada en mayo de 2005 en el despacho marbellí de Cuadro Asociados, un bufete que ha gestionado inversiones de Fórum que se investigan por indicios de blanqueo de dinero tanto en Canarias como en la Costa del Sol (esta subtrama afloró en relación con la Operación Malaya).
De dicho encuentro quedó registrada una especie de acta secreta. Una parte de la sesión se dedicó a las inversiones subterráneas de Fórum en Canarias. Anticorrupción, en virtud de informes del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) sostiene que, en realidad, sus inversiones en Tenerife -a través de Parque Marítimo Anaga- tienen como último propietario a un prófugo por lavar dinero del narcotráfico: José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Este huido puso toda su maquinaria jurídica a trabajar para ocultar su control de dicha sociedad y evitar que la concesión portuaria se anulase.
En un escrito de Aumente, el gestor del parque marítimo que presuntamente dirige Llorca, se queja de lo siguiente: "En la isla nadie quería tener relación con nada que tenga que ver con Marbella y menos con despachos de abogados de Málaga o Marbella, y pedían insistentemente la presencia de José Manuel [Llorca] y, como bien sabes, esto no era posible".
Pero más interesante es cómo, según un escrito requisado en la sede de Fórum, José Ana Pérez Labajos y Aumente, por encargo de Llorca, asumieron las labores de gestión "ante las Administraciones para encauzar la posible deriva existente en aquel momento de dicha concesión, dando a José Ana la libertad de disponer económicamente de lo necesario para tal fin, siempre con el conocimiento de Julio Aumente, acordando gratificar económicamente a José Ana a la obtención de las licencias oportunas".
El relato interno de las labores de captación de políticos canarios por Fórum prosigue así: "José Ana Pérez Labajos realizó una labor de presión inmensa a las más altas esferas políticas, con cargo a su propia economía. (...) Como resultado se ha obtenido una revisión de la concesión administrativa primitiva, con revisión a su vez del tiempo de concesión, aumento muy significativo de los aprovechamientos edificatorios e importante abaratamiento de la obra". Al margen de este detallado informe, leído en la reunión secreta marbellí, el sumario de Fórum que instruye Garzón incorpora muy comprometidos faxes recibidos en la sede central de la sociedad filatélica: "El Plan General de Ordenación Urbana de Tenerife está en su fase de tramitación y su aprobación provisional, según nos señalan, desde la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Tenerife, será para noviembre (mediados o finales). Obviamente interesa ver al alcalde lo antes posible para tener margen y negociar los últimos flecos antes de la aprobación provisional del citado plan general".
¿TENDRÁ QUE DAR OTRA RUEDA DE PRENSA ZEROLO?
Cosas del exquisito equilibrio: Gran Canaria tenía su Gran Marina, que resultó fallida por el empeño de unos cuantos en hacerlo todo por el camino ilegal. Y ahora Tenerife tiene su propio affaire, sólo que para que no haya comparaciones odiosas, en este caso se iba a llamar Puerto Deportivo y Club de Mar. Esta instalación iba a quedar monísima en las inmediaciones de Las Teresitas, que es la famosa operación que tiene en marcha la Fiscalía Anticorrupción y de la que todos los medios de comunicación ya se han dado cuenta. Han tardado, pero ya se han dado cuenta. Uff. Si los cálculos no nos fallan, es cuestión de días que el asunto entre en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y si por una casualidad de la vida resultara investigado nuevamente el alcalde Zerolo, la causa habría de ir derechita al Tribunal Superior de Justicia, al estar aforado por su condición de parlamentario regional. A no ser que dimita y, siguiendo su deseo de comparecer ante el juez de inmediato, lo haga en el juzgado que por reparto corresponda.
Top Secret. Canarias Ahora.
Cosas del exquisito equilibrio: Gran Canaria tenía su Gran Marina, que resultó fallida por el empeño de unos cuantos en hacerlo todo por el camino ilegal. Y ahora Tenerife tiene su propio affaire, sólo que para que no haya comparaciones odiosas, en este caso se iba a llamar Puerto Deportivo y Club de Mar. Esta instalación iba a quedar monísima en las inmediaciones de Las Teresitas, que es la famosa operación que tiene en marcha la Fiscalía Anticorrupción y de la que todos los medios de comunicación ya se han dado cuenta. Han tardado, pero ya se han dado cuenta. Uff. Si los cálculos no nos fallan, es cuestión de días que el asunto entre en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y si por una casualidad de la vida resultara investigado nuevamente el alcalde Zerolo, la causa habría de ir derechita al Tribunal Superior de Justicia, al estar aforado por su condición de parlamentario regional. A no ser que dimita y, siguiendo su deseo de comparecer ante el juez de inmediato, lo haga en el juzgado que por reparto corresponda.
Top Secret. Canarias Ahora.
Con lo que se ha hablado, que ha sido mucho, de Las Teresitas y la posible implicación de autoridades municipales en presuntas irregularidades urbanísticas, ahora resulta que quienes tenín en el cajón el detonador con el que hacer saltar por los aires a la Agrupación Tinerfeña de Independientes-Coalición Canaria eran nada más y nada menos que Baltasar Garzón, otrora juez estrella y ahora hombre cuestionado por su papel en todo lo relativo al 11-M, y la temida Fiscalía Anticorrupción.
Con el auto emitido ayer, en el que traslada al juez decano de Santa Cruz de Tenerife lo que considera indicios de cohecho a partir de la investigación de la Fiscalía, Garzón da un golpe en la mesa de la política regional y coloca a Coalición Canaria en la tesitura de qué hacer con Miguel Zerolo, quien sonaba no sólo para repetir en la candidatura municipal, sino como posible relevo de Adán Martín en caso de que éste decidiese desmarcarse de la lucha por la Presidencia. Para sorpresa de muchos, Paulino Rivero se adelantó a señalar que Zerolo abandona la carrera por la Alcaldía y que su puesto estará en el Parlamento, quizás porque alguien ha caído en la cuenta de que ante determinadas sospechas, es preferible estar aforado y caer en manos de la Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Luego, Zerolo no dijo ni mu sobre ese abandono de la política local, lo que alimenta las dudas sobre si Rivero dijo lo que dijo porque lo había hablado con el alcalde o porque realmente desea que el candidato sea otro, lo que, de paso, le allanaría el camino para su designación como aspirante nacionalista a la Presidencia.
Como en todos los casos, hay que recordar que la presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de Derecho. Lo mismo cabe decir de la confianza en la profesionalidad de la Fiscalía y del juez. En cuanto al Ministerio Fiscal, éste apunta directamente al presunto pago -o al menos la petición o el ofrecimiento- de comisiones la friolera de tres millones de euros que tendrían como destinatario final Coalición Canaria. Pasarán los meses hasta que algo de todo eso pueda concretarse, pero a fecha de ayer parece evidente que el camino sin retorno y sin norte en que se encuentra desde hace mucho tiempo Coalición tiene una curva más. En esta ocasión es una curva cerrada en la que más de uno corre el riesgo de despeñarse.
Garzón, ese hombre que, según el polémico libro de Pilar Urbano, veía amanecer, se encargó ayer de oscurecer el horizonte de Coalición. Zerolo puede ser víctima de un error, de una mala interpretación o de algo mucho peor. En cualquiera de los casos, la veda se ha levantado;Tenerife entra en danza cuando se habla de presuntas corruptelas y el baile no ha hecho más que empezar.
opinion@canarias7.es
Canarias 7
Con el auto emitido ayer, en el que traslada al juez decano de Santa Cruz de Tenerife lo que considera indicios de cohecho a partir de la investigación de la Fiscalía, Garzón da un golpe en la mesa de la política regional y coloca a Coalición Canaria en la tesitura de qué hacer con Miguel Zerolo, quien sonaba no sólo para repetir en la candidatura municipal, sino como posible relevo de Adán Martín en caso de que éste decidiese desmarcarse de la lucha por la Presidencia. Para sorpresa de muchos, Paulino Rivero se adelantó a señalar que Zerolo abandona la carrera por la Alcaldía y que su puesto estará en el Parlamento, quizás porque alguien ha caído en la cuenta de que ante determinadas sospechas, es preferible estar aforado y caer en manos de la Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Luego, Zerolo no dijo ni mu sobre ese abandono de la política local, lo que alimenta las dudas sobre si Rivero dijo lo que dijo porque lo había hablado con el alcalde o porque realmente desea que el candidato sea otro, lo que, de paso, le allanaría el camino para su designación como aspirante nacionalista a la Presidencia.
Como en todos los casos, hay que recordar que la presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de Derecho. Lo mismo cabe decir de la confianza en la profesionalidad de la Fiscalía y del juez. En cuanto al Ministerio Fiscal, éste apunta directamente al presunto pago -o al menos la petición o el ofrecimiento- de comisiones la friolera de tres millones de euros que tendrían como destinatario final Coalición Canaria. Pasarán los meses hasta que algo de todo eso pueda concretarse, pero a fecha de ayer parece evidente que el camino sin retorno y sin norte en que se encuentra desde hace mucho tiempo Coalición tiene una curva más. En esta ocasión es una curva cerrada en la que más de uno corre el riesgo de despeñarse.
Garzón, ese hombre que, según el polémico libro de Pilar Urbano, veía amanecer, se encargó ayer de oscurecer el horizonte de Coalición. Zerolo puede ser víctima de un error, de una mala interpretación o de algo mucho peor. En cualquiera de los casos, la veda se ha levantado;Tenerife entra en danza cuando se habla de presuntas corruptelas y el baile no ha hecho más que empezar.
opinion@canarias7.es
Canarias 7
José H. Chela
Quiero decir que se le complica a ATI. Coalición Canaria ha ido presentando ya oficialmente, en las últimas semanas, las candidaturas de sus diversos aspirantes a las alcaldías de las principales poblaciones y ciudades de Tenerife. Ayer mismo le tocó el turno a Ani Oramas que opta a repetir en La Laguna. Pero, la designación de Miguel Zerolo se viene posponiendo no tan sorprendentemente. Las excusas de Coalición Canaria para justificar esta tardanza se centran en el respeto que les merece a sus dirigentes la decisión personal del actual alcalde que, acaso, no esté por la labor de mantenerse en el machito, y sus amigos más íntimos se refieren incluso a tentadoras ofertas de la empresa privada que el interesado debe estudiar en profundidad. Cada uno es muy libre, por supuesto, de elegir su futuro. Sin embargo es cosa sabida que la indecisión, no de Miguel –a quien, digan lo que digan, imagino le encantaría continuar en el cargo- sino de su partido se debe, fundamentalmente, a la incertidumbre que, en torno al dubitativo candidato, está generando la cachaza de la Fiscalía en relación con el caso de Las Teresitas. Diecisiete meses de presunta investigación, recopilación de datos y evidencias, son muchos meses y nadie tiene ni idea de si la Justicia finalmente le meterá mano al asunto o lo archivará. Para los coalicioneros esto es una especie de vivir sin vivir en ellos y preferirían, supongo, que la fiscal actuase lo antes posible, aunque fuese para involucrar al alcalde en el presunto pelotazo urbanístico, a padecer ese prolongado suspense que los mantiene en vilo y sin poder definirse sobre un tema de tanto calado como es el futuro gobierno de la capital chicharrera.
Mis contactos, incluso los mantenidos ayer, con gentes allegadas a Zerolo, quitan hierro al asunto y algunos incluso se asombran –con aparente sinceridad- cuando les cuento que las complicaciones van a más y les hablo del auto de Baltasar Garzón en el que se implica, siempre presuntamente, al alcalde santacrucero y al presidente de la Autoridad Portuaria, Suárez Trenor, en un posible delito de cohecho relacionado con operaciones de empresas ligadas a Fórum Filatélico. Ni idea, me responden. Y es más: no se lo creen.
Pero, ahí está el auto del juez que viene a encapotar con sombras de sospecha un proceso interno preelectoral en ATI que ya se presentaba peliagudo para esa formación política. Y es que, en tales tesituras, la constitucional y siempre respetabilísima presunción de inocencia suele devaluarse terriblemente.
El gran problemón para los áticos es que el tiempo vuela y resulta prácticamente imposible aguardar más para tomar una decisión al respecto. Por lo cual, incluso a la espera de lo que suceda y de las actuaciones judiciales más o menos premiosas que estén al caer, parece bastante posible que la hora de la sustitución en la candidatura a la alcaldía de Santa Cruz haya llegado. Y el repuesto, si esto ocurriera, parece también lógico y cantado: José Manuel Bermúdez, aunque ignoro la gracia que le pueda hacer al sustituto su probable proclamación. Otra cosa: ¿serán los resultados los mismos con uno que con otro?... Las macroencuestas que maneja ATI ya incluyen esa pregunta, aunque no tan concreta, al electorado. Previsores que son.
chela@canariasahora.com
Rafael Morales
No hubo sorpresas. Aunque hasta última hora algunos diarios españoles informaron lo contrario, empeñados en reducir las diferencias de 20 puntos que las encuestas concedían de ventaja a Hugo Chávez respecto a Manuel Rosales. El Mundo habló de una distancia de 10 puntos, el ABC de 5 y El País de un margen estrecho. Finalmente, Chávez superó a Rosales por más de 23 puntos, ante la decepción de Mario Vargas Llosa. Semejante desenlace disipó cualquier acusación de fraude, ahuyentando así los fantasmas del golpe de Estado promovido por los sectores más derechistas. El jefe de la oposición reconoció finalmente la derrota. Chávez superó el porcentaje de votos obtenidos en las últimas elecciones presidenciales.”Hoy le hemos dado una lección de dignidad al imperialismo norteamericano”, dijo el mandatario.
Quien colocó el punto culminante de manipulación que tuvimos que soportar durante las últimas semanas, quien batió la plusmarca, fue el informativo nacional del mediodía de Antena 3 correspondiente al día 4 de diciembre. El presentador tuvo la ocurrencia, en titulares, de comparar a Hugo Chávez con el moribundo general Augusto Pinochet porque los dos son “ex militares golpistas”. Pero lo más divertido correspondió al desarrollo de la noticia. El presentador dijo que Hugo Chávez y sus ministros cantaban la Internacional (que más quisiera yo) desde un balcón de Miraflores ante miles de personas que celebraban la victoria, cuando en realidad entonaban los primeros compases de Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de Venezuela. Enhorabuena a nuestros aguerridos manipuladores por su falta de escrúpulos informativos y ausencia absoluta de respeto a los televidentes.
Conocidos los resultados, Hugo Chávez proclamó su satisfacción por el triunfo electoral, agradeció el respaldo obtenido y anunció algunos de los próximos pasos que la revolución bolivariana (el socialismo del siglo XXI) emprenderá, al tiempo que lanzó un llamamiento a Manuel Rosales: “Ojalá la oposición se olvide de atajos y emboscadas y se una al proceso de construcción de la nueva Venezuela”. En otras palabras, hagan política democrática, cumplan con su papel y entierren los sueños golpistas. Desde el Balcón de la Victoria Popular, en el Palacio de Miraflores, el presidente electo aseguró que la mayoría de los venezolanos no votó por él sino por el socialismo bolivariano, lo que se traduce en un país donde el sistema político, económico, social y económico tenga como consigna la igualdad, la libertad y la justicia. “A mí me toca llevar el timón de la nave”.
“A partir de ahora desenvainaré dos espadas, contra la contrarrevolución burocrática y contra la corrupción”, añadió. Lo segundo parece claro, pero lo primero merece explicaciones. Durante la campaña electoral anunció el próximo desarrollo de los “consejos comunales” como mecanismos democráticos (“para acabar con la pobreza -declaró durante una entrevista para la CNN- hay que darle poder a los pobres”), así como reformas en la Constitución. Habrá que esperar para conocer esos cambios anunciados. También advirtió antes de las elecciones que el 47% del presupuesto nacional se dedicará a desarrollar las “misiones” (educación, sanidad, infraestructuras…) y otras medidas sociales. La construcción de viviendas constituirá una de las prioridades del próximo período…
Ya veremos.
rafaelmorales@canariasahora.com
La Fiscalía Anticorrupción lleva meses intentando deshacer la madeja de Fórum Filatélico. En ese trabajo, han sido de gran valor los documentos incautados en los registros domiciliarios, hace medio año. Fruto del estudio de los mismos y de investigaciones posteriores, la Fiscalía entregó ayer a Baltasar Garzón un escrito en el que, según información de agencias y del periódico en internet Libertaddigital.com, «se señalan pagos comprometidos por la empresa Parque Marítimo Anaga (propiedad de una filial de la empresa de inversiones intervenida, Fórum Filatélico) a distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife, entre ellas el alcalde, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). En concreto, se alude al pago de 3 millones de euros a la formación política que representa».
De especial valor ha sido un documentos incautado en la sede madrileña de Fórum y que lleva la firma del arquitecto Julio Aumente, un texto en el que «señala directamente a los compromisos económicos asumidos que son 'imposibles de modificar', así como a los plazos estipulados para su abono». «Se encuentran anotados 'compromisos' por valor de 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga; 30.000 euros pagaderos a la asesora urbanística en relación con las asociaciones vecinales Herminia Gil y, para el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez, el 50% del valor de las obras a ejecutar por dicha institución en el ámbito de la concesión».
La Fiscalía también habría aportado un organigrama con los nombres de las personas que intervendrían en estas operaciones, «sin que esa inclusión nominal, según la Fiscalía, pueda suponer por sí sola un indicio de responsabilidad penal. Se destaca también a aquellas personas que, por algún motivo interesa 'mantener' compensados, que son el presidente del Puerto, el alcalde, la asesora y el presidente de la asociación de vecinos».
Más implicados.
La Fiscalía incluye en el listado de personas integrantes de la supuesta trama a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, condenado en su día por narcotráfico e investigado por blanqueo de capitales en la Costa del Sol (Operación Ballena). El equipo gestor de Parque Marítimo estaba compuesto, según la investigación, por José Ana Pérez Labajo. Este constructor, con importantes negocios en Tenerife y directivo del CD Tenerife, aparecería como dueño de la citada sociedad promotora, pero la Fiscalía advierte de que vendió su participación al verdadero propietario, que es Llorca y dos abogados del bufete Prius.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la presunta estafa a miles de clientes de Fórum Filatélico, ha encontrado indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). El magistrado le implica en el supuesto cobro de comisiones en operaciones urbanísticas.
En su auto, Garzón se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. La resolución se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que encontró pistas de una supuesta trama de corrupción urbanística entre los documentos intervenidos el pasado mes de mayo en la sede central de Fórum en Madrid, referidos a la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A.
En concreto, Garzón remite el informe de la Fiscalía junto con los documentos intervenidos a la justicia tinerfeña para investigar el posible delito de cohecho "o cualquiera otra infracción penal que se derive del testimonio que se adjunta". Las operaciones a investigar estarían relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio.
Otros implicados
Además del alcalde de Santa Cruz, Garzón pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor; a la asesora urbanística Herminia Gil y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga como "presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias, siempre según la literalidad de documentos obrantes en autos".
Entre las personas que pudieran estar comprometidas con dichos pagos, "bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas" están el ex presidente de Fórum, Francisco Briones (en libertad bajo fianza desde el pasado mes de agosto), el ex director general de la filatélica Juan Ramón González Merino y el asesor jurídico de la entidad Juan Ramón González.
El magistrado también implica en la trama al arquitecto Julio Aumente, a los abogados de los bufetes Prius (Antonio Martín-Lomeña y Juan José Domíngez Baro) y Cuadra Asociados (Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales) y a otras dos personas de las que no se especifica el cargo.
Según el juez, de la documentación incautada en la sede de Fórum de Madrid se deduce que esta entidad, a través de su filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A., ha venido desarrollando, al menos desde el año 2004, operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gestión de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por otra, con dos parcelas de terreno situado en el municipio de Valle de Tahodio.
De forma indiciaria, según el juez, se deduce que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos, sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas", señala el juez.
En su auto, Garzón se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. La resolución se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que encontró pistas de una supuesta trama de corrupción urbanística entre los documentos intervenidos el pasado mes de mayo en la sede central de Fórum en Madrid, referidos a la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A.
En concreto, Garzón remite el informe de la Fiscalía junto con los documentos intervenidos a la justicia tinerfeña para investigar el posible delito de cohecho "o cualquiera otra infracción penal que se derive del testimonio que se adjunta". Las operaciones a investigar estarían relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio.
Otros implicados
Además del alcalde de Santa Cruz, Garzón pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor; a la asesora urbanística Herminia Gil y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga como "presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias, siempre según la literalidad de documentos obrantes en autos".
Entre las personas que pudieran estar comprometidas con dichos pagos, "bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas" están el ex presidente de Fórum, Francisco Briones (en libertad bajo fianza desde el pasado mes de agosto), el ex director general de la filatélica Juan Ramón González Merino y el asesor jurídico de la entidad Juan Ramón González.
El magistrado también implica en la trama al arquitecto Julio Aumente, a los abogados de los bufetes Prius (Antonio Martín-Lomeña y Juan José Domíngez Baro) y Cuadra Asociados (Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales) y a otras dos personas de las que no se especifica el cargo.
Según el juez, de la documentación incautada en la sede de Fórum de Madrid se deduce que esta entidad, a través de su filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A., ha venido desarrollando, al menos desde el año 2004, operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gestión de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por otra, con dos parcelas de terreno situado en el municipio de Valle de Tahodio.
De forma indiciaria, según el juez, se deduce que en el curso de esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos, sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas", señala el juez.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha resultado reelegido con una amplia mayoría y su principal rival, Manuel Rosales, ha reconocido la victoria de su adversario al término de una larga jornada electoral en la que dominó la paz y la participación. Los venezolanos han dado un nuevo mandato a Chávez para gobernar otros seis años en los que, según él mismo anunció, piensa "profundizar" en el proceso de "revolución socialista" y reformar la Constitución con vistas a reelecciones indefinidas.
En una explosión de júbilo, los partidarios del presidente celebraron su victoria nada más conocerse el boletín parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le da un 61,35% de los votos una vez escrutado el 78,31 de las actas, mientras otorga a Rosales un 38,39. Sin importar la fuerte lluvia que caía la noche de este domingo en Caracas, miles de seguidores de Chávez se concentraron delante del Palacio presidencial de Miraflores mientras fuegos artificiales y petardos saludaban la nueva victoria del hombre que gobierna Venezuela desde 1999.
Allí, desde el llamado "balcón del pueblo" del Palacio, Chávez rodeado de familiares y ministros, se dirigió a la multitud para afirmar que "el socialismo es el reino del futuro venezolano". En medio de las aclamaciones y aplausos, el gobernante izquierdista manifestó que "el reino de amor y de paz de Cristo es el reino del socialismo, ¡el reino del futuro venezolano!".
Calificó de "incomparable la victoria" obtenida en esta elecciones por la "revolución bolivariana" que dirige desde hace ocho años. "Hoy comienza una nueva era dentro del proyecto de desarrollo bolivariano (...) que tendrá como fuerza central y fundamental la profundización, ampliación y expansión de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria, en la vía venezolana hacia el socialismo", agregó. Asimismo, pidió "que nadie le tenga miedo al socialismo" al hacer una llamamiento a "todos los sectores nacionales" a trabajar por el futuro de Venezuela.
Reconoció también en su discurso el talante democrático de los sectores de oposición que participaron en los comicios , celebrados en un clima de tranquilidad y con gran afluencia de votantes. "Mis palabras de reconocimiento a los que votaron por otra opción, por su condición democrática", dijo el presidente, al hacer votos para que la oposición esté a la altura del pueblo venezolano y se incorpore a la construcción de la nueva democracia.
"Ojalá que se comporten a la altura de la esperanza de este pueblo, dejen los atajos y las emboscadas y se incorporen al proyecto de construcción de la nueva democracia", afirmó.
"Reconocemos que hoy nos vencieron"
Menos de una hora después, le respondía su rival en los comicios, Manuel Rosales, desde la sede de su equipo de campaña, donde se percibía la tristeza de la derrota entre sus seguidores. Y el candidato opositor pronunció entonces las palabras que esperaban muchos venezolanos para evitar que la noche pudiera degenerar en caos y violencia: "Reconocemos que hoy nos vencieron".
Rosales reconoció la victoria de su adversario, aunque afirmó que está dispuesto a seguir "luchando por la democracia y la libertad" del país. El candidato opositor refutó las cifras dadas por el CNE y dijo que la diferencia que le separa de Chávez es "más estrecha".
"Sé que algunos quisieran que mintiera y que lanzara al pueblo diciéndole una mentira; pero no haría eso jamás porque al final la verdad saldría. La verdad es que, aun con un margen más estrecho, reconocemos que hoy nos vencieron", dijo. Mientras el candidato opositor reconocía la derrota buena parte de sus seguidores en la sede de campaña gritaban "fraude" y una minoría trataba de imponer el lema "unidad".
Rosales prometió que desde ahora mismo se lanzará a la lucha política para mantener el capital de votos logrados en la contienda: "Hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela. Voy a seguir en la calle, luchando por el pueblo, por la democracia y la libertad. No es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir luchando por la vida de los venezolanos y por nuestras ideas", manifestó el dirigente socialdemócrata.
E insistió: "Lo que parecía imposible, lo que parecía apagado nació, y es la posibilidad de competir contra toda esa estructura de poder establecido".
En una explosión de júbilo, los partidarios del presidente celebraron su victoria nada más conocerse el boletín parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le da un 61,35% de los votos una vez escrutado el 78,31 de las actas, mientras otorga a Rosales un 38,39. Sin importar la fuerte lluvia que caía la noche de este domingo en Caracas, miles de seguidores de Chávez se concentraron delante del Palacio presidencial de Miraflores mientras fuegos artificiales y petardos saludaban la nueva victoria del hombre que gobierna Venezuela desde 1999.
Allí, desde el llamado "balcón del pueblo" del Palacio, Chávez rodeado de familiares y ministros, se dirigió a la multitud para afirmar que "el socialismo es el reino del futuro venezolano". En medio de las aclamaciones y aplausos, el gobernante izquierdista manifestó que "el reino de amor y de paz de Cristo es el reino del socialismo, ¡el reino del futuro venezolano!".
Calificó de "incomparable la victoria" obtenida en esta elecciones por la "revolución bolivariana" que dirige desde hace ocho años. "Hoy comienza una nueva era dentro del proyecto de desarrollo bolivariano (...) que tendrá como fuerza central y fundamental la profundización, ampliación y expansión de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria, en la vía venezolana hacia el socialismo", agregó. Asimismo, pidió "que nadie le tenga miedo al socialismo" al hacer una llamamiento a "todos los sectores nacionales" a trabajar por el futuro de Venezuela.
Reconoció también en su discurso el talante democrático de los sectores de oposición que participaron en los comicios , celebrados en un clima de tranquilidad y con gran afluencia de votantes. "Mis palabras de reconocimiento a los que votaron por otra opción, por su condición democrática", dijo el presidente, al hacer votos para que la oposición esté a la altura del pueblo venezolano y se incorpore a la construcción de la nueva democracia.
"Ojalá que se comporten a la altura de la esperanza de este pueblo, dejen los atajos y las emboscadas y se incorporen al proyecto de construcción de la nueva democracia", afirmó.
"Reconocemos que hoy nos vencieron"
Menos de una hora después, le respondía su rival en los comicios, Manuel Rosales, desde la sede de su equipo de campaña, donde se percibía la tristeza de la derrota entre sus seguidores. Y el candidato opositor pronunció entonces las palabras que esperaban muchos venezolanos para evitar que la noche pudiera degenerar en caos y violencia: "Reconocemos que hoy nos vencieron".
Rosales reconoció la victoria de su adversario, aunque afirmó que está dispuesto a seguir "luchando por la democracia y la libertad" del país. El candidato opositor refutó las cifras dadas por el CNE y dijo que la diferencia que le separa de Chávez es "más estrecha".
"Sé que algunos quisieran que mintiera y que lanzara al pueblo diciéndole una mentira; pero no haría eso jamás porque al final la verdad saldría. La verdad es que, aun con un margen más estrecho, reconocemos que hoy nos vencieron", dijo. Mientras el candidato opositor reconocía la derrota buena parte de sus seguidores en la sede de campaña gritaban "fraude" y una minoría trataba de imponer el lema "unidad".
Rosales prometió que desde ahora mismo se lanzará a la lucha política para mantener el capital de votos logrados en la contienda: "Hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela. Voy a seguir en la calle, luchando por el pueblo, por la democracia y la libertad. No es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir luchando por la vida de los venezolanos y por nuestras ideas", manifestó el dirigente socialdemócrata.
E insistió: "Lo que parecía imposible, lo que parecía apagado nació, y es la posibilidad de competir contra toda esa estructura de poder establecido".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia, Luis Suárez Trenor, pudieron cometer un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico.
De acuerdo con un auto dictado hoy, Garzón tiene indicios de que "entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias" de varias sociedades filiales de Fórum se encontrarían Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor.
Según el auto, supuestamente también habrían recibido dinero la asesora urbanística Herminia Gil y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga.
La resolución judicial precisa que dos filiales de Fórum: Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, y Parque Marítimo de Anaga, habrían pagado dinero a esas personas para favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y en una operación con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio.
Entre las personas vinculadas a Fórum que podrían estar comprometidas con los pagos, bien como oferentes de las cantidades, bien como presuntos aceptantes o como destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas, se encuentran el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, o el director general de esta empresas, Antonio Merino.
También están presuntamente implicados el asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González; los miembros de Prius Abogados Antonio Martín-Lomeña Guerrero y Juan José Domínguez Baro; el arquitecto Julio Aumente Aumente; los integrantes de Cuadra Asociados Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales, así como José Manuel Carlos Llorca Rodríguez y José Ana Pérez Labajos.
El auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibe a favor del juzgado decano de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, también indica que "hasta el momento no existe constancia" de que se hayan pagado o recibido las cantidades reflejadas en la documentación incautada en la sede de Fórum el pasado 9 de mayo.
Garzón ha acordado la inhibición porque, de acuerdo con el ministerio Fiscal, cree que los hechos descritos en el auto son constitutivos de un presunto delito de cohecho, por lo cual la Audiencia Nacional no es competente para investigarlos.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron este lunes a José Sabino Oval González, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de San Miguel de Abona, por un presunto delito de trata de blancas y de tráfico de seres humanos, ya que intervenían en la llegada de mujeres de varias nacionalidades para ejercer la prostitución.
El edil de San Miguel de Abona, municipio del sur de Tenerife gobernado por mayoría absoluta por Coalición Canaria, fue detenido en compañía de un ciudadano venezolano. Según la Delegación del Gobierno, el concejal y el ciudadano venezolano fueron trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de las Américas y se espera que la justicia decrete el secreto de sumario sobre este caso en las próximas horas.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia, Luis Suárez Trenor, pudieron cometer un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico, relacionadas con el proyecto urbanístico de la marina de San Andrés de la capital tinerfeña.
De acuerdo con un auto dictado este lunes, Garzón tiene indicios de que "entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias" de varias sociedades filiales de Fórum se encontrarían Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor. Según el auto, supuestamente también habrían recibido dinero la asesora urbanística Herminia Gil y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga.
La resolución judicial precisa que dos filiales de Fórum, Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, y Parque Marítimo de Anaga, habrían pagado dinero a esas personas para favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y en una operación con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio.
Entre las personas vinculadas a Fórum que podrían estar comprometidas con los pagos, bien como oferentes de las cantidades, bien como presuntos aceptantes o como destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas, se encuentran el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, o el director general de esta empresas, Antonio Merino.
También están presuntamente implicados el asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González; los miembros de Prius Abogados Antonio Martín-Lomeña Guerrero y Juan José Domínguez Baro; el arquitecto Julio Aumente Aumente; los integrantes de Cuadra Asociados Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales, así como José Manuel Carlos Llorca Rodríguez y José Ana Pérez Labajos.
Inhibición
El auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibe a favor del juzgado decano de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, también indica que "hasta el momento no existe constancia" de que se hayan pagado o recibido las cantidades reflejadas en la documentación incautada en la sede de Fórum el pasado 9 de mayo.
Garzón ha acordado la inhibición porque, de acuerdo con el ministerio Fiscal, cree que los hechos descritos en el auto son constitutivos de un presunto delito de cohecho, por lo cual la Audiencia Nacional no es competente para investigarlos.
El poder electoral venezolano representado por su directora, Tibisay Lucena, anunció a las 10:05 de la noche de este domingo 3 de diciembre, el primer boletín parcial de totalización con un total del 78.1 % de las actas escrutadas.
Una vez recibido el informe correspondiente a la elección de la Republica Bolivariana de Venezuela, Lucena informó que el candidato de la Revolución Bolivariana obtuvo 61,35% (5 millones 936 mil 141 votos), seguido del candidato de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, con 38,39% (3 millones 715 mil 292 votos).
En tercer y cuarto lugar se ubican los candidatos Luis Reyes y Venezuela Da Silva.
Hugo Chávez, reelecto presidente, representa al MVR y a la coalición de otros 24 partidos aliados que lo respaldan (PODEMOS, PPT, PCV, MEP, UPV, Liga Socialista, Tupamaro, Gente Emergente, MIGATO, Unión, M-28, MDD, Poder Laboral, REDES, FACOBA, MCGN, MNI, MCM, CMR, CRV, UPC, IPCN, PROVEN y ONDA).
Una vez recibido el informe correspondiente a la elección de la Republica Bolivariana de Venezuela, Lucena informó que el candidato de la Revolución Bolivariana obtuvo 61,35% (5 millones 936 mil 141 votos), seguido del candidato de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, con 38,39% (3 millones 715 mil 292 votos).
En tercer y cuarto lugar se ubican los candidatos Luis Reyes y Venezuela Da Silva.
Hugo Chávez, reelecto presidente, representa al MVR y a la coalición de otros 24 partidos aliados que lo respaldan (PODEMOS, PPT, PCV, MEP, UPV, Liga Socialista, Tupamaro, Gente Emergente, MIGATO, Unión, M-28, MDD, Poder Laboral, REDES, FACOBA, MCGN, MNI, MCM, CMR, CRV, UPC, IPCN, PROVEN y ONDA).
La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció sobre las 5.30 de la tarde la finalización del proceso electoral en la Republica Bolivariana de Venezuela destacando el protagonismo y participación del pueblo venezolano en esta jornada que transcurrió con total normalidad y de una manera totalmente cívica. Así mismo reconocieron la valiosa labor de todos los hombres y mujeres del poder electoral que "con gran responsabilidad han trabajado para que culmine el proceso con total transparencia, reconocido por los observadores internacionales".
Asimismo garantizan el total resguardo y seguridad de los centros de votación, estipulado en el Plan República.
En este modo también se ha expresado el Ministro de Interior y Justicia venezolano, Jesse Chacón, manifestando la absoluta calma y el buen clima en el que se ha desarrollado la jornada electoral el la República Bolivariana, y también destacó el gran trabajo realizado por tanto por el personal del CNE como por las fuerzas de seguridad e inteligencia del país.
También, el bloque opositor encabezado por Manuel Rosales y respaldado y publicitado por los medios privados como Globovisión han estado durante el día de hoy agitanando y enturbiando la opinión pública por supuestas irregularidades en los comicios, irregularidades que hasta ahora, por supuesto, no han detectado los observadores internacionales de la OEA, América Latina y la Unión Europea.
En Canarias, el colegio electoral ubicado en Santa Cruz de Tenerife por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, ha vivido durante la jornada de hoy un clima tranquilo, donde han acudido a depositar su voto buena parte de los venezolanos censados en Canarias. Se tiene previsto que a partir de las 20.00 horas tenga lugar el recuento de votos de esta sede electoral.
El 11 de julio de 1939 el cónsul británico en Tenerife escribía una carta confidencial en respuesta a una consulta que le habían hecho desde Londres sobre la figura de un personaje alemán recientemente llegado a isla. Se trataba nada más y nada menos que del padre de nuestro querido presidente del Cabildo, Ricardo Patrick Melchior.
La consulta era clara y tajante y se refería al posible expediente nazi del personaje, a lo que el cónsul contestó también tajantemente porque tenía claro que las actividades del personaje en Tenerife -en buenas relaciones con los italianos también-, poco tenían que ver con los posibles estudios sobre la viabilidad económica de las plantaciones de remolacha para la producción de azúcar. Una simple tapadera, según el cónsul.
Y lo de si el padre de Melchior espiaba para los nazis o no, quizás ya no sea tan importante, aunque fundamental el dato para una necesaria e ineludible recuperación de la auténtica memoria histórica de esta tierra. La jodienda es que su hijo, que descalifica e insulta abiertamente a todo el que no le sigue su juego, sí pareciera que actúa como auténtico 'espía' a favor de los intereses de empresas como Unelco -de donde procede- con inventos como los del ITER que nos ha situado a la cola del continente europeo en cuanto a la implementación de energías renovables. Mucha propaganda sí, como en la Alemania Nazi, atribuyéndose incluso premios falsos a mayor gloria de la gran mentira.
¿O es que ya nadie recuerda cuando Melchior juraba por lo más sagrado, haciendo valer incluso su condición de ingeniero, para decir que no había alternativa posible al trazado de alta tensión por los montes de Vilaflor? Todo una gran mentira en defensa de los intereses de su empresa: Unelco-Endesa, como el tiempo se ha encargado de demostrar. No dejaba títere con cabeza Melchior por esa época, todo el que le llevaba la contraria era un traidor, un demagogo o un ignorante. Claro que después trató de ponerse al frente de una manifestación contra ese atentado que él mismo, como representante en la colonia de la multinacional indecente, había defendido hasta la extenuación.
Pero tiene Melchior características que son inconfundibles. Un impresionante aparato de propaganda que le sigue a todas partes apoya cualquier cosa que haga o deje de hacer, más de mil millones se ha gastado en vendernos un tranvía que a nadie convence cuando se tienen abandonadas a las guaguas. Teniendo mayoría, le ha puesto un sueldo y unos cuantos millones de euros para que malgaste a Ángel Llanos para que diga barbaridades de las que él se desentiende, pero que le son útiles para desviar la atención de nuestros verdaderos problemas. Cuando se cabrea pega puñetazos en la mesa pero, en público, siempre aparece sonriente y jamás -o casi nunca- pierde la compostura. Cuando nació el Foro contra la Incineración no paraba de decir que nos movían unos 'oscuros intereses que algún día nonoceremos' (de eso hace más de cuatro años), al igual que hizo la multinacional Unelco-Endesa cuando publicamos las fotos de las torres podridas, cuando dijeron que éramos un "grupo potente, bien organizado y bien financiado". ¡Chiquitos rebenques!
En fin, actitudes antidemocráticas y prepotentes que, unidas a sus estupendas relaciones con los poderes fácticos y caciquiles de la Isla -al igual que hizo su padre hace cerca de 70 años según el cónsul británico de la época- le han convertido en un 'intocable' al que nadie se atreve a contradecir. Entre otras cosas porque se coge unos rebotes de muy padre y señor mío, lo cual es muy peligroso en esta gente de carácter autoritario y rencoroso al mismo tiempo.
Esperemos que algunos amigos, como el que nos envía estos documentos y que trabaja en la recuperación de nuestra memoria histórica, sigan desvelando claves que, quién sabe, probablemente nos ayuden mucho a comprender algunos comportamientos actuales. Esencialmente una forma de gobernar basada en la propaganda pero de espaldas a los intereses generales de la ciudadanía.
PARA LEER MAS PINCHA AQUI
La consulta era clara y tajante y se refería al posible expediente nazi del personaje, a lo que el cónsul contestó también tajantemente porque tenía claro que las actividades del personaje en Tenerife -en buenas relaciones con los italianos también-, poco tenían que ver con los posibles estudios sobre la viabilidad económica de las plantaciones de remolacha para la producción de azúcar. Una simple tapadera, según el cónsul.
Y lo de si el padre de Melchior espiaba para los nazis o no, quizás ya no sea tan importante, aunque fundamental el dato para una necesaria e ineludible recuperación de la auténtica memoria histórica de esta tierra. La jodienda es que su hijo, que descalifica e insulta abiertamente a todo el que no le sigue su juego, sí pareciera que actúa como auténtico 'espía' a favor de los intereses de empresas como Unelco -de donde procede- con inventos como los del ITER que nos ha situado a la cola del continente europeo en cuanto a la implementación de energías renovables. Mucha propaganda sí, como en la Alemania Nazi, atribuyéndose incluso premios falsos a mayor gloria de la gran mentira.
¿O es que ya nadie recuerda cuando Melchior juraba por lo más sagrado, haciendo valer incluso su condición de ingeniero, para decir que no había alternativa posible al trazado de alta tensión por los montes de Vilaflor? Todo una gran mentira en defensa de los intereses de su empresa: Unelco-Endesa, como el tiempo se ha encargado de demostrar. No dejaba títere con cabeza Melchior por esa época, todo el que le llevaba la contraria era un traidor, un demagogo o un ignorante. Claro que después trató de ponerse al frente de una manifestación contra ese atentado que él mismo, como representante en la colonia de la multinacional indecente, había defendido hasta la extenuación.
Pero tiene Melchior características que son inconfundibles. Un impresionante aparato de propaganda que le sigue a todas partes apoya cualquier cosa que haga o deje de hacer, más de mil millones se ha gastado en vendernos un tranvía que a nadie convence cuando se tienen abandonadas a las guaguas. Teniendo mayoría, le ha puesto un sueldo y unos cuantos millones de euros para que malgaste a Ángel Llanos para que diga barbaridades de las que él se desentiende, pero que le son útiles para desviar la atención de nuestros verdaderos problemas. Cuando se cabrea pega puñetazos en la mesa pero, en público, siempre aparece sonriente y jamás -o casi nunca- pierde la compostura. Cuando nació el Foro contra la Incineración no paraba de decir que nos movían unos 'oscuros intereses que algún día nonoceremos' (de eso hace más de cuatro años), al igual que hizo la multinacional Unelco-Endesa cuando publicamos las fotos de las torres podridas, cuando dijeron que éramos un "grupo potente, bien organizado y bien financiado". ¡Chiquitos rebenques!
En fin, actitudes antidemocráticas y prepotentes que, unidas a sus estupendas relaciones con los poderes fácticos y caciquiles de la Isla -al igual que hizo su padre hace cerca de 70 años según el cónsul británico de la época- le han convertido en un 'intocable' al que nadie se atreve a contradecir. Entre otras cosas porque se coge unos rebotes de muy padre y señor mío, lo cual es muy peligroso en esta gente de carácter autoritario y rencoroso al mismo tiempo.
Esperemos que algunos amigos, como el que nos envía estos documentos y que trabaja en la recuperación de nuestra memoria histórica, sigan desvelando claves que, quién sabe, probablemente nos ayuden mucho a comprender algunos comportamientos actuales. Esencialmente una forma de gobernar basada en la propaganda pero de espaldas a los intereses generales de la ciudadanía.
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El concepto de JUVENTUD es una noción social e institucionalmente construida, cambiante según sus contextos históricos, en ocasiones operativas (desde una perspectiva estadística y política, es decir, para tomar medidas). La juventud Canarias tiene ciertas particularidades que la determinan tanto en los aspectos sociodemográficos como en los socioeconómicos.
Somos la Sociedad más joven de todo el Estado; En las islas, la población Juvenil (entre quince y veintinueve años de edad) se aproxima a las 400.000 personas, representado casi un tercio de la población general. De hecho, es el bloque de edad mayoritario. Asimismo, Canarias posee uno de los porcentajes más altos de paro juvenil. Además, si tenemos en cuenta que, entre los jóvenes, se da la circunstancia de una mayor incidencia de la pérdida de empleos, esto refleja la precariedad de las contrataciones, con sus consecuencias coyunturales (gastos cotidianos, aportaciones económicas familiares) y estructurales (seguridad social, limitación para acceder a recursos como, por ejemplo, la vivienda), lo que demuestra que en nuestra sociedad, los y las jóvenes son unos de los principales afectados por este problema.
El hábitat del joven es lo que lo educa socialmente. Gran parte de su tiempo, su espacio y sus relaciones están controlados o mediatizados por diversas instituciones (familia, institutos, otros centros y organismos), su percepción, su intervención, su acción, es esencialmente constrainstitucional, aunque no siempre es de forma estructurada y manifiesta, con la excepción quizás de los ocupas, los insumisos y algunos colectivos abiertamente constrainstitucionales.
Por otro lado los/as jóvenes se encuentran en la situación de que la sociedad poco a poco lo están empujando a una marginación o situación de exclusión social debido a que su entorno no es propio para su desarrollo personal y social, siendo escasos los elementos de promoción cultural, social y laboral llegando a situaciones extremas de lo que podemos entender por MARGINACIÓN en mayúsculas.
Se entiende como MARGINADOS O EXCLUIDOS SOCIALES, a aquellas personas que sufren por: estigma social, impedimentos físicos, automarginación y/o carencia de recursos. Este grupo se encuentra fuera del mercado de trabajo y los constituyen los “sin techo”, alcohólicos, drogadictos, enfermos crónicos, yonquis terminales, minusvalidez, prostitutas, mendigos, menores con medidas judiciales, determinados grupos étnicos y sociales “mal vistos”, así como aquellas familias y personas cuyos niveles de ingresos están por debajo de la mitad de la renta media (pobreza severa), etc.
Por todo aquello es por lo que se hace necesario la integración plena de la juventud en las Asociaciones de vecinos / as, porque ellos / as también son vecinos / as, y son el presente de esta sociedad.
CONCLUSIONES.
a) Juventud.
Canarias es la sociedad mas joven de todo el Estado, ello comporta múltiples problemas para cuya solución proponemos,
En cuanto al paro:
1. - crear o potenciar los centros de asesoramiento y la promoción de empleo juvenil, logrando, además una descentralización de los servicios, acercándolos a los demandantes.
2. - Establecer subvenciones y estímulos fiscales para jóvenes empresarios. Se fomentará los acuerdos de Universidad-Empresa para la realización de práctica.
3. - Subvencionar y dotar de estímulos fiscales a las empresas que contraten personal juvenil.
4. - Las Administraciones, asesorarán y subvencionarán la creación de cooperativas de producción y servicios juveniles.
5. - Las Unidades de Desarrollo Local deberán ser oficinas que generen empleo y no centros de organización de cursos de formación.
6. - El ICFEM proporcionará especial atención a la formación juvenil y al empleo de los jóvenes.
7. - Crear o potenciar los servicios de asesoramiento jurídico, laboral, etc.
8. - Descuento a jóvenes que se trasladen a otras Islas para participar en eventos concretos, exposiciones, cursos o cursillos de formación, simposiums o actividades lúdicas.
En cuanto a las toxicomanías:
1. - Es necesario continuas campañas de mentalización que alerten a los jóvenes del perjuicio del consumo de cualquier clase de droga, incluido tabaco y alcohol.
- Campañas de prevención social, escolar y familiar.
- Apoyo económico, psicológico etc. a los drogadictos y sus familias.
- Creación de centros terapéuticos, rehabilitación suficientes.
- Persecución de narcotraficantes, mayor vigilancia y aumento de penas, confiscación de bienes.
En cuanto a la Educación:
1. - Acercar la enseñanza a los barrios, a los jóvenes.
2. - Dotar a los centros del personal necesarios, así como de nuevas tecnologías, gabinetes de orientación etc., para una enseñanza estimulante y de calidad.
3. - Ampliar y mejorar el sistema de becas, créditos al estudio, así como la creación de residencias, colegios mayores, etc. haciendo realidad el principio de igualdad de oportunidades.
4. - Adecuación de la Formación Profesional a las necesidades del mercado de trabajo.
5. - Impartir la enseñanza sexual en los centros educativos.
En cuanto a la cultura, deporte y tiempo libre:
- Considerar al joven no sólo como receptor de cultura, sino como promotor de la misma.
- Se creará y potenciará la animación sociocultural en los barrios.
- Fomentar la animación deportiva.
- Crear y potenciar las actividades de albergues, campos de trabajo, senderismo, intercambios etc.
En cuanto a la vivienda y asociacionismo:
- Se deberá llevar a efecto reserva de viviendas de protección oficial para jóvenes que prevean casarse.
- Créditos para la autoconstrucción.
- Se fomentará y potenciará el asociacionismo juvenil, facilitando su creación, evitando las trabas burocráticas etc., y subvencionando sus actividades.
El Presidente: Antonio Leal Aguilera.
En la Kanaryas, a 13 de noviembre de 2006.
Somos la Sociedad más joven de todo el Estado; En las islas, la población Juvenil (entre quince y veintinueve años de edad) se aproxima a las 400.000 personas, representado casi un tercio de la población general. De hecho, es el bloque de edad mayoritario. Asimismo, Canarias posee uno de los porcentajes más altos de paro juvenil. Además, si tenemos en cuenta que, entre los jóvenes, se da la circunstancia de una mayor incidencia de la pérdida de empleos, esto refleja la precariedad de las contrataciones, con sus consecuencias coyunturales (gastos cotidianos, aportaciones económicas familiares) y estructurales (seguridad social, limitación para acceder a recursos como, por ejemplo, la vivienda), lo que demuestra que en nuestra sociedad, los y las jóvenes son unos de los principales afectados por este problema.
El hábitat del joven es lo que lo educa socialmente. Gran parte de su tiempo, su espacio y sus relaciones están controlados o mediatizados por diversas instituciones (familia, institutos, otros centros y organismos), su percepción, su intervención, su acción, es esencialmente constrainstitucional, aunque no siempre es de forma estructurada y manifiesta, con la excepción quizás de los ocupas, los insumisos y algunos colectivos abiertamente constrainstitucionales.
Por otro lado los/as jóvenes se encuentran en la situación de que la sociedad poco a poco lo están empujando a una marginación o situación de exclusión social debido a que su entorno no es propio para su desarrollo personal y social, siendo escasos los elementos de promoción cultural, social y laboral llegando a situaciones extremas de lo que podemos entender por MARGINACIÓN en mayúsculas.
Se entiende como MARGINADOS O EXCLUIDOS SOCIALES, a aquellas personas que sufren por: estigma social, impedimentos físicos, automarginación y/o carencia de recursos. Este grupo se encuentra fuera del mercado de trabajo y los constituyen los “sin techo”, alcohólicos, drogadictos, enfermos crónicos, yonquis terminales, minusvalidez, prostitutas, mendigos, menores con medidas judiciales, determinados grupos étnicos y sociales “mal vistos”, así como aquellas familias y personas cuyos niveles de ingresos están por debajo de la mitad de la renta media (pobreza severa), etc.
Por todo aquello es por lo que se hace necesario la integración plena de la juventud en las Asociaciones de vecinos / as, porque ellos / as también son vecinos / as, y son el presente de esta sociedad.
CONCLUSIONES.
a) Juventud.
Canarias es la sociedad mas joven de todo el Estado, ello comporta múltiples problemas para cuya solución proponemos,
En cuanto al paro:
1. - crear o potenciar los centros de asesoramiento y la promoción de empleo juvenil, logrando, además una descentralización de los servicios, acercándolos a los demandantes.
2. - Establecer subvenciones y estímulos fiscales para jóvenes empresarios. Se fomentará los acuerdos de Universidad-Empresa para la realización de práctica.
3. - Subvencionar y dotar de estímulos fiscales a las empresas que contraten personal juvenil.
4. - Las Administraciones, asesorarán y subvencionarán la creación de cooperativas de producción y servicios juveniles.
5. - Las Unidades de Desarrollo Local deberán ser oficinas que generen empleo y no centros de organización de cursos de formación.
6. - El ICFEM proporcionará especial atención a la formación juvenil y al empleo de los jóvenes.
7. - Crear o potenciar los servicios de asesoramiento jurídico, laboral, etc.
8. - Descuento a jóvenes que se trasladen a otras Islas para participar en eventos concretos, exposiciones, cursos o cursillos de formación, simposiums o actividades lúdicas.
En cuanto a las toxicomanías:
1. - Es necesario continuas campañas de mentalización que alerten a los jóvenes del perjuicio del consumo de cualquier clase de droga, incluido tabaco y alcohol.
- Campañas de prevención social, escolar y familiar.
- Apoyo económico, psicológico etc. a los drogadictos y sus familias.
- Creación de centros terapéuticos, rehabilitación suficientes.
- Persecución de narcotraficantes, mayor vigilancia y aumento de penas, confiscación de bienes.
En cuanto a la Educación:
1. - Acercar la enseñanza a los barrios, a los jóvenes.
2. - Dotar a los centros del personal necesarios, así como de nuevas tecnologías, gabinetes de orientación etc., para una enseñanza estimulante y de calidad.
3. - Ampliar y mejorar el sistema de becas, créditos al estudio, así como la creación de residencias, colegios mayores, etc. haciendo realidad el principio de igualdad de oportunidades.
4. - Adecuación de la Formación Profesional a las necesidades del mercado de trabajo.
5. - Impartir la enseñanza sexual en los centros educativos.
En cuanto a la cultura, deporte y tiempo libre:
- Considerar al joven no sólo como receptor de cultura, sino como promotor de la misma.
- Se creará y potenciará la animación sociocultural en los barrios.
- Fomentar la animación deportiva.
- Crear y potenciar las actividades de albergues, campos de trabajo, senderismo, intercambios etc.
En cuanto a la vivienda y asociacionismo:
- Se deberá llevar a efecto reserva de viviendas de protección oficial para jóvenes que prevean casarse.
- Créditos para la autoconstrucción.
- Se fomentará y potenciará el asociacionismo juvenil, facilitando su creación, evitando las trabas burocráticas etc., y subvencionando sus actividades.
El Presidente: Antonio Leal Aguilera.
En la Kanaryas, a 13 de noviembre de 2006.
LA PREGUNTA QUE TODOS LOS COLECTIVOS SOCIALES DEBEMOS HACERNOS ANTE EL RETO DEL NUEVO MILENIO
La respuesta, al igual que la sinceridad y profundidad de la pregunta, es afirmativa y sin lugar a dudas el futuro de nuestras sociedades dependerá siempre del propio pueblo siempre y cuando:
- Seamos capaces de cambiar el sistema social, de buscar nuevas fórmulas de trabajo, de funcionamiento y gestión de los organismos sociales.
- Seamos capaces de entender los nuevos procesos de cambio de la sociedad y abrir las puertas de nuestras asociaciones a las mujeres, jóvenes y a nuestros mayores.
- Seamos capaces de mantener las líneas de trabajo y de mantener la credibilidad, el prestigio y la confianza que hoy tiene el pueblo en sus colectivos.
- Seamos capaces de hacer desaparecer de la colectividad social a todos aquellos elementos extraños y perjudiciales que solo persiguen la especulación y protagonismo personal.
- Seamos capaces de colocar en las juntas de gobierno de los colectivos a personas preparadas con formación, carisma e imagen que ofrezcan calidad y seriedad a los organismos sociales.
- Seamos capaces de dimensionar el movimiento vecinal y de dar respuesta a los problemas globales.
- Si seguimos haciendo frente a los problemas locales con estrategias de dar solución a los grandes y pequeños problemas ecológicos, económicos y sociales.
- Si nos resituamos (reafirmamos y fortalecemos) en todas estas estrategias, entonces si podremos dar respuestas eficaces a los retos de este milenio que acaba de comenzar.
SOLUCIONES PRÁCTICAS
La primera cuestión práctica que debemos tener en cuenta es la remodelación adaptándonos a los nuevos tiempos empezando por hacerlo en el terreno organizativo. Nuestras organizaciones dejan mucho que desear ya que muchos dirigentes actuamos como “generación tapón” impidiendo los posibles relevos tan necesarios que nos propone la sociedad.
El localismo concentrado en la mera actividad directiva ejerciendo sobre la propia asociación e impidiendo que en muchas ocasiones nos acerquemos a la puerta, la abramos y contemplemos “el bosque”.
En el terreno organizativo se da igualmente la necesidad de democratizar la vida de nuestras asociaciones. No podemos crear un movimiento sin vecinos, no podemos mantener una falsa representatividad y la mayoría de nuestras asociaciones no la tienen con su entorno.
Para afrontar esta nueva etapa tenemos que hacer un esfuerzo formativo e informativo al igual que nuestros vecinos. El término participación tiene una dosis de ambigüedad que nos ha llevado a mantener discursos y debates teóricos más o menos estériles a lo largo de estos últimos años que no han tenido solución sino que se han aparcado en el tiempo permaneciendo en el olvido.
Situar al movimiento asociativo en su papel fundamental de vertebrador social exige, sin más dilación, fijar un concepto de participación.
Nuestra Constitución de 1978 reconoce en su artículo 28, apartado 1º, el derecho a la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos como es lógico y comprensible ya que la soberanía emana del pueblo y es este quien la detenta. En dicho artículo leemos: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Derecho igualmente reconocido en el artículo 21, apartado 1º de la Declaración de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) donde dice: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representante libremente elegido”.
De todas maneras y a pesar de existir un régimen de participación ciudadana recogido en la ley de la administración local y a pesar de ser un derecho universalmente reconocido, muchos políticos y responsables de nuestros organismos oficiales se niegan a reconocer e impiden y tratan de anular a los colectivos sociales.
Este tipo de actuación antidemocrática, caciquil, prepotente es errónea debiendo ser abolida de nuestra sociedad. El pueblo es quien ostenta y detenta la suprema soberanía y es este quien elige por sufragio universal a sus representantes, a todos su representantes para que administren y gestionen con ética y honradez nuestra cosa pública por lo que instituciones y pueblos deben ser administrados con justicia y no que se enfrenten al pueblo como una casta política aparte para coartar los derechos más elementales.
La clase política gobernante de nuestros organismos oficiales debe entender que son meros trabajadores elegidos por el pueblo para realizar una elemental labor social por la cual obtienen unas prebendas y distinciones oficiales olvidándose que son meros trabajadores al servicio del pueblo y para el pueblo.
Los organismos sociales son el eslabón que une al pueblo con las instituciones oficiales.
Los colectivos son los que tienen el contacto directo con los vecinos y conocen con detenimiento los problemas de la ciudadanía y su entorno, por lo tanto debemos demandar, y demandamos, ante los organismos oficiales que se nos respete, atienda correctamente y se aplique el derecho diferencial y protocolario que por representatividad que tenemos nos merecemos ya que muchos agentes sociales realizan una gran labor por y para el pueblo sin ánimo de lucro y un desprecio hacia los representantes del pueblo es un desprecio al propio pueblo.
Todos los colectivos sociales deben afrontar este nuevo reto de cambios con firmeza y con total seguridad y convencimiento de poder conseguirlo.
- La clase política y los representantes de los grupos de gobierno de los organismos oficiales deben abrir las puertas y permitir la participación directa de los ciudadanos.
- Solicitar al Gobierno Autónomo, Cabildos y Ayuntamientos dediquen una partida presupuestaria para otorgar formación a los Responsables de Asociaciones de Vecinos, efectuando cursos de formación por monitores especializados en los Deberes y Derechos de los Ciudadanos.
- Que la Administración elabore una guía básica escrita y en Internet, con legislación suficiente repartiéndola entre las Asociaciones de Vecinos.
- Que se dote de contenido a los Consejos de Participación Ciudadana, en barrios, Pagos, Municipios, Cabildos, Comunidad Autónoma, Estado y Unión Europea con plena participación.
- Que se dote de medios informáticos y material a las Asociaciones de Vecinos.
El Presidente: Antonio Leal Aguilera.
En la Kanaryas, a 13 de noviembre de 2006.
La respuesta, al igual que la sinceridad y profundidad de la pregunta, es afirmativa y sin lugar a dudas el futuro de nuestras sociedades dependerá siempre del propio pueblo siempre y cuando:
- Seamos capaces de cambiar el sistema social, de buscar nuevas fórmulas de trabajo, de funcionamiento y gestión de los organismos sociales.
- Seamos capaces de entender los nuevos procesos de cambio de la sociedad y abrir las puertas de nuestras asociaciones a las mujeres, jóvenes y a nuestros mayores.
- Seamos capaces de mantener las líneas de trabajo y de mantener la credibilidad, el prestigio y la confianza que hoy tiene el pueblo en sus colectivos.
- Seamos capaces de hacer desaparecer de la colectividad social a todos aquellos elementos extraños y perjudiciales que solo persiguen la especulación y protagonismo personal.
- Seamos capaces de colocar en las juntas de gobierno de los colectivos a personas preparadas con formación, carisma e imagen que ofrezcan calidad y seriedad a los organismos sociales.
- Seamos capaces de dimensionar el movimiento vecinal y de dar respuesta a los problemas globales.
- Si seguimos haciendo frente a los problemas locales con estrategias de dar solución a los grandes y pequeños problemas ecológicos, económicos y sociales.
- Si nos resituamos (reafirmamos y fortalecemos) en todas estas estrategias, entonces si podremos dar respuestas eficaces a los retos de este milenio que acaba de comenzar.
SOLUCIONES PRÁCTICAS
La primera cuestión práctica que debemos tener en cuenta es la remodelación adaptándonos a los nuevos tiempos empezando por hacerlo en el terreno organizativo. Nuestras organizaciones dejan mucho que desear ya que muchos dirigentes actuamos como “generación tapón” impidiendo los posibles relevos tan necesarios que nos propone la sociedad.
El localismo concentrado en la mera actividad directiva ejerciendo sobre la propia asociación e impidiendo que en muchas ocasiones nos acerquemos a la puerta, la abramos y contemplemos “el bosque”.
En el terreno organizativo se da igualmente la necesidad de democratizar la vida de nuestras asociaciones. No podemos crear un movimiento sin vecinos, no podemos mantener una falsa representatividad y la mayoría de nuestras asociaciones no la tienen con su entorno.
Para afrontar esta nueva etapa tenemos que hacer un esfuerzo formativo e informativo al igual que nuestros vecinos. El término participación tiene una dosis de ambigüedad que nos ha llevado a mantener discursos y debates teóricos más o menos estériles a lo largo de estos últimos años que no han tenido solución sino que se han aparcado en el tiempo permaneciendo en el olvido.
Situar al movimiento asociativo en su papel fundamental de vertebrador social exige, sin más dilación, fijar un concepto de participación.
Nuestra Constitución de 1978 reconoce en su artículo 28, apartado 1º, el derecho a la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos como es lógico y comprensible ya que la soberanía emana del pueblo y es este quien la detenta. En dicho artículo leemos: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Derecho igualmente reconocido en el artículo 21, apartado 1º de la Declaración de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) donde dice: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representante libremente elegido”.
De todas maneras y a pesar de existir un régimen de participación ciudadana recogido en la ley de la administración local y a pesar de ser un derecho universalmente reconocido, muchos políticos y responsables de nuestros organismos oficiales se niegan a reconocer e impiden y tratan de anular a los colectivos sociales.
Este tipo de actuación antidemocrática, caciquil, prepotente es errónea debiendo ser abolida de nuestra sociedad. El pueblo es quien ostenta y detenta la suprema soberanía y es este quien elige por sufragio universal a sus representantes, a todos su representantes para que administren y gestionen con ética y honradez nuestra cosa pública por lo que instituciones y pueblos deben ser administrados con justicia y no que se enfrenten al pueblo como una casta política aparte para coartar los derechos más elementales.
La clase política gobernante de nuestros organismos oficiales debe entender que son meros trabajadores elegidos por el pueblo para realizar una elemental labor social por la cual obtienen unas prebendas y distinciones oficiales olvidándose que son meros trabajadores al servicio del pueblo y para el pueblo.
Los organismos sociales son el eslabón que une al pueblo con las instituciones oficiales.
Los colectivos son los que tienen el contacto directo con los vecinos y conocen con detenimiento los problemas de la ciudadanía y su entorno, por lo tanto debemos demandar, y demandamos, ante los organismos oficiales que se nos respete, atienda correctamente y se aplique el derecho diferencial y protocolario que por representatividad que tenemos nos merecemos ya que muchos agentes sociales realizan una gran labor por y para el pueblo sin ánimo de lucro y un desprecio hacia los representantes del pueblo es un desprecio al propio pueblo.
Todos los colectivos sociales deben afrontar este nuevo reto de cambios con firmeza y con total seguridad y convencimiento de poder conseguirlo.
- La clase política y los representantes de los grupos de gobierno de los organismos oficiales deben abrir las puertas y permitir la participación directa de los ciudadanos.
- Solicitar al Gobierno Autónomo, Cabildos y Ayuntamientos dediquen una partida presupuestaria para otorgar formación a los Responsables de Asociaciones de Vecinos, efectuando cursos de formación por monitores especializados en los Deberes y Derechos de los Ciudadanos.
- Que la Administración elabore una guía básica escrita y en Internet, con legislación suficiente repartiéndola entre las Asociaciones de Vecinos.
- Que se dote de contenido a los Consejos de Participación Ciudadana, en barrios, Pagos, Municipios, Cabildos, Comunidad Autónoma, Estado y Unión Europea con plena participación.
- Que se dote de medios informáticos y material a las Asociaciones de Vecinos.
El Presidente: Antonio Leal Aguilera.
En la Kanaryas, a 13 de noviembre de 2006.
La máquina de propaganda en la que ha convertido Melchior al Cabildo de Tenerife desde hace años, o décadas casi, ha conseguido el más difícil todavía. O casi.
Nada menos que el ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ le han concedido la Real Federación Española de Golf (os) al campo de Buenavista del Norte, paradigma de lo que representa una instalación insostenible y agresiva hacia el entorno. La coña es que Melchior les ha contado, al presentar su candidatura al premio, que aquello era una cosa cojonuda porque no consumían una gota de agua del entorno, porque la desalaban toda, y que aquello antes era una pura mierda con unas huertas y han mejorado el paisaje, el ambiente y todo.
Efectivamente allí antes había una gran finca cultivada principalmente de plátanos. En los últimos tiempos trabajaban en ella unos 20 capataces y más de sesenta peones en unos canteros altamente productivos y con unos bancales y paredes que eran una auténtica joya, de piedra tallada en su mayoría. Eso hasta que el dueño murió y tuvo la ocurrencia de legarle todas aquellas propiedades a la Iglesia Católica Apostólica y Romana que en un plis plas la vendió al Cabildo para embolsarse cerca de 500 millones de pesetas de dinerito público bien fresquito. Dinero de que, por cierto, el señor Obispo no tiene obligación alguna de justificar ante nadie, está claro que no lo invirtió en mejorar un poquito los sistemas de autoprotección del Obispado en caso de que alguien se olvidase una estufa incandescente encendida en una habitación cerrada.
Pero el caso es que, para escarnio de todos nosotros, de agua desalada nada de nada. Y quizás es lo mejor, porque una desaladora de agua para regar hierba, alimentada con luz eléctrica procedente de nuestras centrales térmicas, es un disparate de tal calibre que a ninguna mente sensata se le ha ocurrido hacer semejante barbaridad en parte alguna del mundo entero. Es como regar el césped con petróleo, simple y llanamente.
La realidad es que el césped del Buenavista Golf se riega con agua de galería de la mejor calidad, procedente de la presa de la Montaña de Taco y en clara competencia con los agricultores -los pocos agricultores- que van quedando en la zona y en toda la Isla. Y es verdad que tiene una planta de ósmosis inversa -mal llamada desaladora en este caso- que echa sus vertidos impunemente sobre la costa cargándose los ecosistemas del entorno y que no se utiliza para desalar agua de mar, ni mucho menos, su función fundamental es la de mejorar las características del agua procedente de la presa de Taco que, como es sabido, tiene una importante carga de minerales que dificultan que el césped mantenga su verdor en una zona donde el embate de la salitre les quema literalmente la pradera esta que han querido instalar en este sitio.
Ni puestos de trabajo ni leche, mucha más gente trabajaba en la finca. Las cuentas de esa ruina sólo ellos las saben pese a que las pagamos entre todos. Algunas urbanizaciones sí que ha atraído el campo de golf (os), como en todas partes, aunque el hotel no se lo ha querido hacer nadie ni aún regalándole suelo público a las empresas promotoras. Y nunca sabremos, porque esto es otro de esos 'secretos de estado', cuánto nos ha costado a los ciudadanos de Tenerife esta fracasada iniciativa pública ni qué se hubiese conseguido hacer en esa comarca deprimida si todos esos miles de millones se hubiesen invertido en auténticos planes de desarrollo equilibrados -agricultura, ganadería, industrias transformadoras, turismo respetuoso con el entorno...-, sin pretender imitar los desastres del Sur Turístico a base de dinero público en una comarca que por sus características y tradición estaba llamada a ser un auténtico granero para una isla que ya casi importa la totalidad de los alimentos que consume del exterior.
Melchior recogerá próximamente un premio que conceden los promotores del golf precisamente a aquellas actuaciones más difícilmente justificables. Y habrá, como ocurre siempre en estos casos, una prensa sumisa que lance las campanas al vuelo y muchos ciudadanos que, en su buena fe, se creerán que tienen un Cabildo cojonudo al que le dan premiso y todo sin entrar en análisis alguno sobre el fondo de la cuestión en una Isla en la que no está recomendado el consumo de agua del grifo en casi ningún sitio, a mayor gloria de las embotelladoras.
Pero lo más terrible de todo es que, mientras esta isla está inmersa en una terrible crisis por la baja calidad de las aguas que nos llega a la gente a las casas y que compromete directamente nuestra salud, el Cabildo de Tenerife sólo se haya preocupado de poner ósmosis inversa en Buenavista para mejorar la calidad del agua con la que riega su campo de golf (os). Eso no sólo es una desvergüenza, sino que representa la prueba más palpable de que desde ya demasiado tiempo las poltronas de Tenerife y de Canarias están ocupadas por verdaderos sin-vergüenzas.
FORO CONTRA LA INCINERACION DE TENERIFE
Nada menos que el ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ le han concedido la Real Federación Española de Golf (os) al campo de Buenavista del Norte, paradigma de lo que representa una instalación insostenible y agresiva hacia el entorno. La coña es que Melchior les ha contado, al presentar su candidatura al premio, que aquello era una cosa cojonuda porque no consumían una gota de agua del entorno, porque la desalaban toda, y que aquello antes era una pura mierda con unas huertas y han mejorado el paisaje, el ambiente y todo.
Efectivamente allí antes había una gran finca cultivada principalmente de plátanos. En los últimos tiempos trabajaban en ella unos 20 capataces y más de sesenta peones en unos canteros altamente productivos y con unos bancales y paredes que eran una auténtica joya, de piedra tallada en su mayoría. Eso hasta que el dueño murió y tuvo la ocurrencia de legarle todas aquellas propiedades a la Iglesia Católica Apostólica y Romana que en un plis plas la vendió al Cabildo para embolsarse cerca de 500 millones de pesetas de dinerito público bien fresquito. Dinero de que, por cierto, el señor Obispo no tiene obligación alguna de justificar ante nadie, está claro que no lo invirtió en mejorar un poquito los sistemas de autoprotección del Obispado en caso de que alguien se olvidase una estufa incandescente encendida en una habitación cerrada.
Pero el caso es que, para escarnio de todos nosotros, de agua desalada nada de nada. Y quizás es lo mejor, porque una desaladora de agua para regar hierba, alimentada con luz eléctrica procedente de nuestras centrales térmicas, es un disparate de tal calibre que a ninguna mente sensata se le ha ocurrido hacer semejante barbaridad en parte alguna del mundo entero. Es como regar el césped con petróleo, simple y llanamente.
La realidad es que el césped del Buenavista Golf se riega con agua de galería de la mejor calidad, procedente de la presa de la Montaña de Taco y en clara competencia con los agricultores -los pocos agricultores- que van quedando en la zona y en toda la Isla. Y es verdad que tiene una planta de ósmosis inversa -mal llamada desaladora en este caso- que echa sus vertidos impunemente sobre la costa cargándose los ecosistemas del entorno y que no se utiliza para desalar agua de mar, ni mucho menos, su función fundamental es la de mejorar las características del agua procedente de la presa de Taco que, como es sabido, tiene una importante carga de minerales que dificultan que el césped mantenga su verdor en una zona donde el embate de la salitre les quema literalmente la pradera esta que han querido instalar en este sitio.
Ni puestos de trabajo ni leche, mucha más gente trabajaba en la finca. Las cuentas de esa ruina sólo ellos las saben pese a que las pagamos entre todos. Algunas urbanizaciones sí que ha atraído el campo de golf (os), como en todas partes, aunque el hotel no se lo ha querido hacer nadie ni aún regalándole suelo público a las empresas promotoras. Y nunca sabremos, porque esto es otro de esos 'secretos de estado', cuánto nos ha costado a los ciudadanos de Tenerife esta fracasada iniciativa pública ni qué se hubiese conseguido hacer en esa comarca deprimida si todos esos miles de millones se hubiesen invertido en auténticos planes de desarrollo equilibrados -agricultura, ganadería, industrias transformadoras, turismo respetuoso con el entorno...-, sin pretender imitar los desastres del Sur Turístico a base de dinero público en una comarca que por sus características y tradición estaba llamada a ser un auténtico granero para una isla que ya casi importa la totalidad de los alimentos que consume del exterior.
Melchior recogerá próximamente un premio que conceden los promotores del golf precisamente a aquellas actuaciones más difícilmente justificables. Y habrá, como ocurre siempre en estos casos, una prensa sumisa que lance las campanas al vuelo y muchos ciudadanos que, en su buena fe, se creerán que tienen un Cabildo cojonudo al que le dan premiso y todo sin entrar en análisis alguno sobre el fondo de la cuestión en una Isla en la que no está recomendado el consumo de agua del grifo en casi ningún sitio, a mayor gloria de las embotelladoras.
Pero lo más terrible de todo es que, mientras esta isla está inmersa en una terrible crisis por la baja calidad de las aguas que nos llega a la gente a las casas y que compromete directamente nuestra salud, el Cabildo de Tenerife sólo se haya preocupado de poner ósmosis inversa en Buenavista para mejorar la calidad del agua con la que riega su campo de golf (os). Eso no sólo es una desvergüenza, sino que representa la prueba más palpable de que desde ya demasiado tiempo las poltronas de Tenerife y de Canarias están ocupadas por verdaderos sin-vergüenzas.
FORO CONTRA LA INCINERACION DE TENERIFE
El Gobierno de Canarias gastará 200.000 euros en la campaña de propaganda institucional programada con motivo de las fiestas navideñas, y que tratará de fomentar la unidad entre las islas y entre los canarios.
El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, realizó este anuncio en el pleno del Parlamento en una respuesta parlamentaria sobre el presupuesto de propaganda institucional realizada por el portavoz del PP, Jorge Rodríguez.
Ruano señaló que en el conjunto del año hay presupuestados siete millones de euros para propaganda, pero se incluyen los anuncios por licitación de obras o expropiaciones, que son forzosos.
Ante las críticas de Rodríguez sobre el elevado gasto en propaganda institucional, el consejero dijo que por el contrario quizás el Gobierno debería "hacer algo más" para que los canarios conozcan "el buen trabajo que se ha venido haciendo en esta legislatura".
El portavoz del PP afirmó que el Gobierno canario habrá gastado a final de año unos diez millones de euros en propaganda, unos 800.000 euros al mes.
"Con las carencias de la Comunidad Autónoma no deberíamos permitirnos este lujo, pero qué sería de CC y de Adán Martín sin la publicidad institucional" que les sirve para "vender humo", dijo Jorge Rodríguez.
El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, realizó este anuncio en el pleno del Parlamento en una respuesta parlamentaria sobre el presupuesto de propaganda institucional realizada por el portavoz del PP, Jorge Rodríguez.
Ruano señaló que en el conjunto del año hay presupuestados siete millones de euros para propaganda, pero se incluyen los anuncios por licitación de obras o expropiaciones, que son forzosos.
Ante las críticas de Rodríguez sobre el elevado gasto en propaganda institucional, el consejero dijo que por el contrario quizás el Gobierno debería "hacer algo más" para que los canarios conozcan "el buen trabajo que se ha venido haciendo en esta legislatura".
El portavoz del PP afirmó que el Gobierno canario habrá gastado a final de año unos diez millones de euros en propaganda, unos 800.000 euros al mes.
"Con las carencias de la Comunidad Autónoma no deberíamos permitirnos este lujo, pero qué sería de CC y de Adán Martín sin la publicidad institucional" que les sirve para "vender humo", dijo Jorge Rodríguez.
ENGENDRADO DEL MAYOR FRAUDE ELECTORAL DE LA HISTORIA DE LATINOAMERICA, FELIPE CALDERÓN JURÓ COMO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, USURPANDO LA DECISIÓN POPULAR Y EL ESPÍRITU DEMOCRÁTICO Y DIGNO DEL PUEBLO MEXICANO. ESTE NUEVO CACHORRO AL SERVICIO DE LOS EEUU SEGUIRÁ LLEVANDO A ESTA PAIS A MAYORES CUOTAS DE INESTABILIDAD, INSEGURIDAD, PRECARIEDAD Y POBREZA TAL Y COMO YA HICIERA SU PREDECESOR VICENTE FOX.
OJALÁ QUE NOS EQUIVOQUEMOS POR EL BIEN DE MEXICO...
Angel Guerra Cabrera
La Jornada
En una fulminante contraofensiva las fogueadas fuerzas populares de Ecuador derrotaron al ultraderechista multimillonario Alvaro Noboa en la segunda vuelta electoral y lograron la elección por un margen inédito del nacionalista Rafael Correa. Se trata de una resonante victoria de alcance latinoamericano contra las políticas neoliberales en la que, a diferencia de la primera vuelta, se produjo una alianza patriótica de todos los movimientos sociales, desde la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), las más diversas organizaciones de izquierda y ciudadanas, amplios segmentos de clase media y los forajidos .
Noboa había ganado por cuatro puntos en el primer turno bajo acusaciones de fraude después de una campaña en que, al igual que en la previa al balotaje, derrochó ríos de dinero, demagogia y contó con el apoyo de toda la derecha, los grandes empresarios, los grandes medios de (des)información y la embajada de Estados Unidos. Pero una vez más se demostró el alto grado de conciencia política antimperialista y capacidad de autoorganización alcanzado por amplios sectores ecuatorianos.
No obstante que la Conaie está en un proceso de autocrítica y reconstitución, el voto indígena se inclinó por Correa, quien a fin de cuentas presentó un programa que recogía las demandas más sentidas del movimiento indígena y popular ecuatoriano: convocatoria a una Asamblea Constituyente, no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, negativa a declarar terroristas a las FARC y no involucramiento en el conflicto interno colombiano, oposición a la presencia de la base militar yanqui de Manta más allá de 2009, renegociación de la deuda externa para dedicar más fondos al gasto social, inversión de las ganancias petroleras en el desarrollo del país e integración latinoamericana. El presidente electo, además, se destacó por sus posturas frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en su corto paso por el Ministerio de Economía al que fue llevado por la rebelión forajida que derrocó al tránsfuga Lucio Gutiérrez, y desde esa posición intentó dar pasos hacia la integración energética con Venezuela que le costaron la destitución.
Después de su victoria, Correa ha anunciado que el día posterior a la toma de posesión 15 de enero comenzará el envío de petróleo para que sea refinado en Caracas, con lo que rescatará grandes recursos para el erario al evitar la actual intermediación. También ha asegurado que reducirá el precio de los servicios públicos y que en su gobierno no habrá medidas de "ajuste" que perjudiquen a las clases populares. Asimismo, que reducirá el sueldo presidencial a la mitad, lo que implica por ley que ningún funcionario del Estado podrá recibir un salario superior, y que instrumentará severas medidas legales e institucionales contra la corrupción.
Poner en práctica este programa anticorrupción y antineoliberal es suficiente para concitar el odio zoológico de Washington y de la oligarquía. De entrada, la Asamblea Constituyente, entre cuyos objetivos está reformar el estatuto electoral oligárquico vigente, contará con la oposición de los partidos políticos tradicionales, de instancias del Estado y de los poderosos intereses económicos ligados a ellos, que tienen mayoría en la legislatura. Correa, cuyo partido no presentó candidatos al Congreso Nacional, ha expresado que uno de los objetivos de la constituyente será hacer de aquél, hoy en manos de la elite y al que ha censurado severamente, un órgano verdaderamente representativo del pueblo ecuatoriano, lo cual infunde pánico a la oligarquía y a Washington.
Ecuador posee grandes reservas de petróleo y minerales estratégicos. Se afirma que tiene importantes yacimientos de uranio. Su ubicación en la zona andina le confiere enorme importancia geoestratégica. El triunfo de Correa indica que se frustrarán los planes estadunidenses de implicar al ejército ecuatoriano en la lucha contra la guerrilla de Colombia. Si cumple sus promesas de campaña, reforzará a los gobiernos de Hugo Chávez, Luiz Inacio Lula da Silva y Evo Morales y a los movimientos populares de la región.
El nuevo presidente de Ecuador tiene en su equipo cuadros de probada trayectoria antineoliberal y en la lucha social, lo que es esperanzador. Pero un programa como el que propone sólo será posible llevarlo a la práctica mediante una estrecha alianza con los movimientos sociales que lo llevaron a la victoria y una amplia movilización popular en su defensa.
aguerra_123@yahoo.com.mx
Paren la represión en Oaxaca
México vive un proceso de bancarrota “institucional” cuya supervivencia depende, casi exclusivamente, de financiar detenciones, golpizas, desapariciones y asesinatos perpetrados por policías, militares y cuerpos represivos protegidos por agentes de limpieza comunicacional. Periodistas amaestrados, lectores de noticias farándula, informativos televisivos calumniantes, diarios nacionales lava dólares y funcionarios públicos esmerados en mantener un escenario idóneo para el lucimiento de la palabrería espuria y los actos de gobierno ilegítimo. Peleles del pelele.
Quieren sostener a Calderón como se pueda. Los muchachos fabricantes de canalladas (algunos se dicen periodistas) se desgarran las vestiduras mientras recurren al estilo más acartonado y solemne para criminalizar a todo aquel que no acepte la payasada usurpadora de la ultraderecha mexicana. Taladran la cabeza de sus “targets”, es decir “el respetable público” con calumnias a destajo para hacer creíble a mansalva la “legitimidad” del presidente pelele1 de los yanquis. Otro más.
Paren la represión en Oaxaca
Para salvaguardar la tranquilidad del jefe FOBAPROA2, y la suya propia, los monopolios especialistas en alienación corresponden al regalito legislativo que les hizo Fox, con una guerra de alta intensidad mass media centrada en tres objetivos: criminalizar las luchas populares, esconder el fraude calderónico bajo la alfombra de la historia y hacer creer al mundo que el cadáver político de Calderón se sostendrá firme en el caballo de la impunidad (que trota vacilante) sobre la geografía de la crisis. El sueño es llegar al final del sexenio. Alienando por un sueño.
Parte de la “mano dura” prometida por Calderón (el de las “manos limpias”) consiste en poner a trabajar, horas extras, a sus secuaces mediáticos complacidos con la “ley Televisa-TVazteca3”. Él les asegura concentración impune de medios, ganancias desorbitadas y “marco legal” mafioso… los mass media ofrecen esa violencia comunicacional que ha probado su más absoluto odio de clase hora tras hora desde hace décadas. Maridaje feliz.
Paren la represión en Oaxaca
Calderón ha echado a andar toda su capacidad de control mediático y viceversa. Se trata de hacer invisible la debilidad e incapacidades de la pandilla neoliberal que se dice “política”. Calderón es incapaz de mirar cara acara al pueblo que lo impugna, incapaz de debatir sus ideas y políticas con los hombres y mujeres que pagan impuestos, ponen su trabajo y producen la riqueza verdadera de México. A Calderón le es más seguro negociar en lo oscurito con los buitres de la Casa Blanca... total cuentan con la policía, el ejército y las “guardias blancas” para imponer la democracia burguesa y los negocios de sus cómplices, como en Irak, en Oaxaca, en Atenco...
Calderón cuenta con un arsenal alienante amaestrado para ocultar la verdad y preparar el terreno para justificar todo tipo de crímenes bajo marejadas de saliva demagógica “legales”, “políticas”, “institucionales” propias de la burguesía degenerada y asesina que él representa. Calderón descargará una ofensiva acelerada plena de agresiones verbales proferidas por sus opinólogos y “periodistas” a sueldo que a toda hora, minuto a minuto, tienen por meta poner a salvo la propiedad privada. Incluida la de Calderón.
Calderón se desgarrará las vestiduras con todo tipo de gestos “inteligentes” para hacernos creer que su misión histórica es “salvar a México” del caos que atemoriza a los patrones y que amenaza al “orden” de gobierno. Ayudado por las máquinas de la farándula lanzará misiles de mentiras sin misericordia con tal de rasguñar algún resabio de credibilidad y hacerse lucir como héroe con soldados o los policías, disfrazados de “empresas de comunicación”.
Paren la represión en Oaxaca
Calderón reagrupa sus fuerzas mass media para defender las iniciativas de ley privatizadoras, hará lo imposible por aplicar el IVA a medicamentos y alimentos, desatará los demonios para perfeccionar el saqueo y la explotación…para eso lo sostiene con sus hilos el poder oligárquico norteamericano aliado con el mexicano. Neoliberalismo recalcitrante.
Calderón inicia una etapa de propaganda cosmética apuntalada en los cuarteles generales de la policía y el ejército donde se diseña la escalada represiva protegida por los medios de degeneración informativa. Calderón inicia una etapa para la represión y el exterminio de las luchas populares. A estas horas ya se ha ensayado criminalizaciones de todo tipo, a estas horas ha puesto en práctica todos los sabotajes imaginables, a estas horas vemos variedades innumerables de violencia mass media desatada con las armas de guerra ideológica que apuntan contra los pueblos en lucha.
Esta es la hora en que Calderón profundizará la miseria y la barbarie para mantener contentos a los banqueros y empresarios. Esta es la hora en que su “gobierno” odiado por las masas, romperá todos los record de cinismo, intolerancia, negligencia y estulticia.
Paren la represión en Oaxaca.
Llamemos a una Huelga General que obligue a la burguesía a retroceder, una Huelga de millones de personas que pueda frenar ésta avanzada criminal del neoliberalismo. Huelga capaz de conquistar el derrocamiento de Felipe Calderón, con unidad de acción verdadera entre los sindicatos, la APPO, el PRD, el EZLN organizados para la lucha y comprometidos con una política de unidad expresada en acciones contundentes y permnantes. Huelga General socialista para cortarle los hilos al pelele4. Para que caiga por su peso el fraude y se levante de inmediato un gobierno de los trabajadores. Huelga General. Ya.
México vive un proceso de bancarrota “institucional” cuya supervivencia depende, casi exclusivamente, de financiar detenciones, golpizas, desapariciones y asesinatos perpetrados por policías, militares y cuerpos represivos protegidos por agentes de limpieza comunicacional. Periodistas amaestrados, lectores de noticias farándula, informativos televisivos calumniantes, diarios nacionales lava dólares y funcionarios públicos esmerados en mantener un escenario idóneo para el lucimiento de la palabrería espuria y los actos de gobierno ilegítimo. Peleles del pelele.
Quieren sostener a Calderón como se pueda. Los muchachos fabricantes de canalladas (algunos se dicen periodistas) se desgarran las vestiduras mientras recurren al estilo más acartonado y solemne para criminalizar a todo aquel que no acepte la payasada usurpadora de la ultraderecha mexicana. Taladran la cabeza de sus “targets”, es decir “el respetable público” con calumnias a destajo para hacer creíble a mansalva la “legitimidad” del presidente pelele1 de los yanquis. Otro más.
Paren la represión en Oaxaca
Para salvaguardar la tranquilidad del jefe FOBAPROA2, y la suya propia, los monopolios especialistas en alienación corresponden al regalito legislativo que les hizo Fox, con una guerra de alta intensidad mass media centrada en tres objetivos: criminalizar las luchas populares, esconder el fraude calderónico bajo la alfombra de la historia y hacer creer al mundo que el cadáver político de Calderón se sostendrá firme en el caballo de la impunidad (que trota vacilante) sobre la geografía de la crisis. El sueño es llegar al final del sexenio. Alienando por un sueño.
Parte de la “mano dura” prometida por Calderón (el de las “manos limpias”) consiste en poner a trabajar, horas extras, a sus secuaces mediáticos complacidos con la “ley Televisa-TVazteca3”. Él les asegura concentración impune de medios, ganancias desorbitadas y “marco legal” mafioso… los mass media ofrecen esa violencia comunicacional que ha probado su más absoluto odio de clase hora tras hora desde hace décadas. Maridaje feliz.
Paren la represión en Oaxaca
Calderón ha echado a andar toda su capacidad de control mediático y viceversa. Se trata de hacer invisible la debilidad e incapacidades de la pandilla neoliberal que se dice “política”. Calderón es incapaz de mirar cara acara al pueblo que lo impugna, incapaz de debatir sus ideas y políticas con los hombres y mujeres que pagan impuestos, ponen su trabajo y producen la riqueza verdadera de México. A Calderón le es más seguro negociar en lo oscurito con los buitres de la Casa Blanca... total cuentan con la policía, el ejército y las “guardias blancas” para imponer la democracia burguesa y los negocios de sus cómplices, como en Irak, en Oaxaca, en Atenco...
Calderón cuenta con un arsenal alienante amaestrado para ocultar la verdad y preparar el terreno para justificar todo tipo de crímenes bajo marejadas de saliva demagógica “legales”, “políticas”, “institucionales” propias de la burguesía degenerada y asesina que él representa. Calderón descargará una ofensiva acelerada plena de agresiones verbales proferidas por sus opinólogos y “periodistas” a sueldo que a toda hora, minuto a minuto, tienen por meta poner a salvo la propiedad privada. Incluida la de Calderón.
Calderón se desgarrará las vestiduras con todo tipo de gestos “inteligentes” para hacernos creer que su misión histórica es “salvar a México” del caos que atemoriza a los patrones y que amenaza al “orden” de gobierno. Ayudado por las máquinas de la farándula lanzará misiles de mentiras sin misericordia con tal de rasguñar algún resabio de credibilidad y hacerse lucir como héroe con soldados o los policías, disfrazados de “empresas de comunicación”.
Paren la represión en Oaxaca
Calderón reagrupa sus fuerzas mass media para defender las iniciativas de ley privatizadoras, hará lo imposible por aplicar el IVA a medicamentos y alimentos, desatará los demonios para perfeccionar el saqueo y la explotación…para eso lo sostiene con sus hilos el poder oligárquico norteamericano aliado con el mexicano. Neoliberalismo recalcitrante.
Calderón inicia una etapa de propaganda cosmética apuntalada en los cuarteles generales de la policía y el ejército donde se diseña la escalada represiva protegida por los medios de degeneración informativa. Calderón inicia una etapa para la represión y el exterminio de las luchas populares. A estas horas ya se ha ensayado criminalizaciones de todo tipo, a estas horas ha puesto en práctica todos los sabotajes imaginables, a estas horas vemos variedades innumerables de violencia mass media desatada con las armas de guerra ideológica que apuntan contra los pueblos en lucha.
Esta es la hora en que Calderón profundizará la miseria y la barbarie para mantener contentos a los banqueros y empresarios. Esta es la hora en que su “gobierno” odiado por las masas, romperá todos los record de cinismo, intolerancia, negligencia y estulticia.
Paren la represión en Oaxaca.
Llamemos a una Huelga General que obligue a la burguesía a retroceder, una Huelga de millones de personas que pueda frenar ésta avanzada criminal del neoliberalismo. Huelga capaz de conquistar el derrocamiento de Felipe Calderón, con unidad de acción verdadera entre los sindicatos, la APPO, el PRD, el EZLN organizados para la lucha y comprometidos con una política de unidad expresada en acciones contundentes y permnantes. Huelga General socialista para cortarle los hilos al pelele4. Para que caiga por su peso el fraude y se levante de inmediato un gobierno de los trabajadores. Huelga General. Ya.
El recaudador de las comisiones ilegales de Telde denuncia que parte del dinero iba a financiar al PP
Francisco Gordillo, asesor de la presunta cabecilla de la trama de corrupción de Telde (el segundo municipio en población de Gran Canaria con 100.000 habitantes), Toñi Torres (PP), cuando era concejal de Obras en dicho municipio, declaró ante el juez que lleva el caso que las comisiones ilegales que él recogía de los empresarios extorsionados eran "para el Partido Popular de Telde", ya que así lo tenía hablado con dicha edil, "la jefa", ex presidenta local del partido. Gordillo detalló que parte de ese dinero iba para "gastos diversos del partido", como comidas o campañas, algo que conocía perfectamente Gordillo porque desempeñaba el cargo de vicesecretario de actos públicos del PP de Telde.
Este imputado reconoció ante el juez que a él le correspondía una parte mínima de tales comisiones y que otras fueron a parar a diversos concejales de Telde. Su personaje ha resultado clave en la investigación: no sólo porque durante un año tuvo pinchado su teléfono, y en sus conversaciones salen muy comprometidas personas como el interventor municipal, marido de Toñi Torres, sino también porque ha decidido ayudar al juez a desenmascarar la supuesta trama de corrupción.
Gordillo, en una entrevista con EL PAÍS el pasado miércoles, ratifica las acusaciones planteadas ante el juez y detalla la operativa de la extorsión tanto como le permite el secreto del sumario que aún pesa sobre su declaración judicial.
Pregunta. ¿Cómo se inicia su relación con Toñi Torres [concejal de Obras imputada por cohecho]?
Respuesta. Mi relación con Toñi Torres viene de que éramos amigos desde que yo llegué a Canarias. Yo colaboraba con el PP de Telde como empresario. Les ayudaba. Les dejaba mis coches y aportaba dinero. Así me metí en el comité ejecutivo del PP de Telde. Íbamos a pedir los votos y todo por ayudar al PP porque eran las siglas que sentía y sigo sintiendo.
P. ¿Ya no es militante?
R. Sí, sí. Bueno, creo que me han echado del partido, pero yo no he recibido ninguna notificación.
P. Usted ya era asesor de ella cuando tuvo un problema en el Cabildo.
R. Estuve cuatro años de asesor con ella. Allí hubo un problema entre consejeros y empezaron a decir que ella cobraba un 20% de las facturas, pero no se pudo probar nada. Fue una campaña de descrédito contra ella.
P. ¿Por qué aquella acusación, idéntica a la que luego le ha llevado a prisión como concejala de Telde, sería falsa?
R. Porque aquella acusación empezó nada más tomar posesión ella del puesto en el Cabildo. Le garantizo que en aquel momento no existía.
P. Llegamos a la etapa de Toñi Torres como concejal de Telde. Le ficha de nuevo como asesor...
R. Me pide que no me presente como concejal porque me iba a fichar como asesor, y así fue.
P. ¿Cómo empieza esta operativa en la que usted actúa de intermediario o recaudador?
R. Esto empieza porque el partido siempre ha necesitado medios para poder subsistir, como hacen todos los partidos, y entonces empezamos a pedir favores a cambio de favores. Pedíamos dinero para el partido. Yo solicitaba medios para el partido y se lo entregaba a ella, a Toñi, que hasta hace año y medio año era la presidenta del partido en Telde.
P. ¿Cuando deja de ser presidenta sigue haciendo lo mismo?
R. También.
P. ¿Siempre creyó que el dinero recaudado era para el partido?
R. Sí.
P. ¿Sospechó alguna vez que parte fuera para lucro personal?
R. Podría tener sospechas, pero nunca tuve certezas.
P. Favores a cambio de favores. ¿Qué favores se hacían desde su Gobierno municipal?
R. Hay dos clases de contrataciones. Las que salen a concurso y las que se hacen mediante procedimiento negociado [a dedo]. Eran en los que yo tenía poder y eran los inferiores a diez millones de pesetas [60.000 euros] en mi concejalía. Cogíamos a empresarios, siempre que tuvieran poder adquisitivo, porque tenían que ser empresarios que pudieran estar ocho o diez meses sin cobrar por la contrata municipal. A esos les decíamos: 'Yo te doy estas obras y me das algo para el partido'. Se estipulaba una cantidad. Nunca era la misma. Aproximadamente, entre el 10% y el 20% del importe del contrato.
P. ¿Cómo recaudaba ese 10% o 20%?
R. Una vez que me avisaban de que habían cobrado, yo pactaba con los empresarios, que no eran todos, eran solamente unos pocos. Entonces les llamaba y decía: 'Oye, que ya habéis cobrado ese dinero'. Entonces me daban una parte y se lo entregaba a mi presidenta [Toñi Torres]. A mi presidenta o a mi jefa. Como la quiera llamar.
P. ¿Dónde le entregaba el dinero?
R. En distintos sitios; una vez en mi casa, otra vez en la suya.
P. ¿Qué hacía ella luego con el dinero?
R. Ella se lo quedaba y después no sabía lo que sucedía. Ahora es cuando yo me he enterado de que había una libreta y estábamos todos ahí. Yo sabía mi caso porque a mí sí me daba una propina por ese trabajo realizado.
P. ¿De cuánto era la propina?
R. Pequeñísima.
P. ¿Se puede cifrar?
R. No, porque dependía de la cantidad de la comisión. Era la centésima parte de lo que se pudiera recaudar.
P. Otra fórmula para animar a colaborar a las empresas tenía que ver con los retrasos en los pagos, ¿no?
R. Se ponían en contacto conmigo algunas de las empresas y me decían: 'Oye, que queremos acelerar el cobro de esto'. Entonces yo lo hablaba con Toñi y si se llegaba a buen fin, pues nos daban donaciones al partido también. Todo eran donaciones al partido.
P. ¿Qué favores hacían ustedes a las empresas que donaban dinero al partido?
R. Favores, en honor a la verdad, no eran tanto. Lo que pasa es que yo les hacía creer que lo eran. Porque la verdad es que me veía negro para que la gente quisiera trabajar en Telde, porque se pagaba mal, con retraso, y se debía mucho dinero a muchas empresas. Y yo me veía con problemas para hacer obras y buscar quién las hiciera. Tenía que buscar las que aguantaran este tiempo de pago, y entonces las cogía.
P. ¿Como cuánto se habrá ingresado por esta vía de pagos?
R. Es que hay una cosa. Yo era uno de los capítulos de Toñi Torres, pero ella por su parte tenía otras cosas. No pasaba todo por mí. Yo sólo tenía mi misión.
P. ¿Tenía otros intermediarios aparte de usted?
R. Creo que lo sé, pero no puedo decir el nombre.
P. ¿Consta en el sumario?
R. No lo sé.
P. ¿Alguien del partido no le dijo que no todo el dinero recaudado en nombre del PP llegaba al partido?
R. Me lo imaginaba. Pero yo he hecho muchas campañas. Por ejemplo, el dinero que dio el PP para la última campaña fueron dos millones de
pesetas [12.000 euros], y en la campaña nos gastamos 15 millones [90.000 euros]. ¿De dónde salía eso? De las donaciones. Por eso yo sé que parte del dinero sí iba al partido. El reparto de lo otro ha sido ahora cuando me he enterado.
Diario El Pais. (1 - 12 -06)
Francisco Gordillo, asesor de la presunta cabecilla de la trama de corrupción de Telde (el segundo municipio en población de Gran Canaria con 100.000 habitantes), Toñi Torres (PP), cuando era concejal de Obras en dicho municipio, declaró ante el juez que lleva el caso que las comisiones ilegales que él recogía de los empresarios extorsionados eran "para el Partido Popular de Telde", ya que así lo tenía hablado con dicha edil, "la jefa", ex presidenta local del partido. Gordillo detalló que parte de ese dinero iba para "gastos diversos del partido", como comidas o campañas, algo que conocía perfectamente Gordillo porque desempeñaba el cargo de vicesecretario de actos públicos del PP de Telde.
Este imputado reconoció ante el juez que a él le correspondía una parte mínima de tales comisiones y que otras fueron a parar a diversos concejales de Telde. Su personaje ha resultado clave en la investigación: no sólo porque durante un año tuvo pinchado su teléfono, y en sus conversaciones salen muy comprometidas personas como el interventor municipal, marido de Toñi Torres, sino también porque ha decidido ayudar al juez a desenmascarar la supuesta trama de corrupción.
Gordillo, en una entrevista con EL PAÍS el pasado miércoles, ratifica las acusaciones planteadas ante el juez y detalla la operativa de la extorsión tanto como le permite el secreto del sumario que aún pesa sobre su declaración judicial.
Pregunta. ¿Cómo se inicia su relación con Toñi Torres [concejal de Obras imputada por cohecho]?
Respuesta. Mi relación con Toñi Torres viene de que éramos amigos desde que yo llegué a Canarias. Yo colaboraba con el PP de Telde como empresario. Les ayudaba. Les dejaba mis coches y aportaba dinero. Así me metí en el comité ejecutivo del PP de Telde. Íbamos a pedir los votos y todo por ayudar al PP porque eran las siglas que sentía y sigo sintiendo.
P. ¿Ya no es militante?
R. Sí, sí. Bueno, creo que me han echado del partido, pero yo no he recibido ninguna notificación.
P. Usted ya era asesor de ella cuando tuvo un problema en el Cabildo.
R. Estuve cuatro años de asesor con ella. Allí hubo un problema entre consejeros y empezaron a decir que ella cobraba un 20% de las facturas, pero no se pudo probar nada. Fue una campaña de descrédito contra ella.
P. ¿Por qué aquella acusación, idéntica a la que luego le ha llevado a prisión como concejala de Telde, sería falsa?
R. Porque aquella acusación empezó nada más tomar posesión ella del puesto en el Cabildo. Le garantizo que en aquel momento no existía.
P. Llegamos a la etapa de Toñi Torres como concejal de Telde. Le ficha de nuevo como asesor...
R. Me pide que no me presente como concejal porque me iba a fichar como asesor, y así fue.
P. ¿Cómo empieza esta operativa en la que usted actúa de intermediario o recaudador?
R. Esto empieza porque el partido siempre ha necesitado medios para poder subsistir, como hacen todos los partidos, y entonces empezamos a pedir favores a cambio de favores. Pedíamos dinero para el partido. Yo solicitaba medios para el partido y se lo entregaba a ella, a Toñi, que hasta hace año y medio año era la presidenta del partido en Telde.
P. ¿Cuando deja de ser presidenta sigue haciendo lo mismo?
R. También.
P. ¿Siempre creyó que el dinero recaudado era para el partido?
R. Sí.
P. ¿Sospechó alguna vez que parte fuera para lucro personal?
R. Podría tener sospechas, pero nunca tuve certezas.
P. Favores a cambio de favores. ¿Qué favores se hacían desde su Gobierno municipal?
R. Hay dos clases de contrataciones. Las que salen a concurso y las que se hacen mediante procedimiento negociado [a dedo]. Eran en los que yo tenía poder y eran los inferiores a diez millones de pesetas [60.000 euros] en mi concejalía. Cogíamos a empresarios, siempre que tuvieran poder adquisitivo, porque tenían que ser empresarios que pudieran estar ocho o diez meses sin cobrar por la contrata municipal. A esos les decíamos: 'Yo te doy estas obras y me das algo para el partido'. Se estipulaba una cantidad. Nunca era la misma. Aproximadamente, entre el 10% y el 20% del importe del contrato.
P. ¿Cómo recaudaba ese 10% o 20%?
R. Una vez que me avisaban de que habían cobrado, yo pactaba con los empresarios, que no eran todos, eran solamente unos pocos. Entonces les llamaba y decía: 'Oye, que ya habéis cobrado ese dinero'. Entonces me daban una parte y se lo entregaba a mi presidenta [Toñi Torres]. A mi presidenta o a mi jefa. Como la quiera llamar.
P. ¿Dónde le entregaba el dinero?
R. En distintos sitios; una vez en mi casa, otra vez en la suya.
P. ¿Qué hacía ella luego con el dinero?
R. Ella se lo quedaba y después no sabía lo que sucedía. Ahora es cuando yo me he enterado de que había una libreta y estábamos todos ahí. Yo sabía mi caso porque a mí sí me daba una propina por ese trabajo realizado.
P. ¿De cuánto era la propina?
R. Pequeñísima.
P. ¿Se puede cifrar?
R. No, porque dependía de la cantidad de la comisión. Era la centésima parte de lo que se pudiera recaudar.
P. Otra fórmula para animar a colaborar a las empresas tenía que ver con los retrasos en los pagos, ¿no?
R. Se ponían en contacto conmigo algunas de las empresas y me decían: 'Oye, que queremos acelerar el cobro de esto'. Entonces yo lo hablaba con Toñi y si se llegaba a buen fin, pues nos daban donaciones al partido también. Todo eran donaciones al partido.
P. ¿Qué favores hacían ustedes a las empresas que donaban dinero al partido?
R. Favores, en honor a la verdad, no eran tanto. Lo que pasa es que yo les hacía creer que lo eran. Porque la verdad es que me veía negro para que la gente quisiera trabajar en Telde, porque se pagaba mal, con retraso, y se debía mucho dinero a muchas empresas. Y yo me veía con problemas para hacer obras y buscar quién las hiciera. Tenía que buscar las que aguantaran este tiempo de pago, y entonces las cogía.
P. ¿Como cuánto se habrá ingresado por esta vía de pagos?
R. Es que hay una cosa. Yo era uno de los capítulos de Toñi Torres, pero ella por su parte tenía otras cosas. No pasaba todo por mí. Yo sólo tenía mi misión.
P. ¿Tenía otros intermediarios aparte de usted?
R. Creo que lo sé, pero no puedo decir el nombre.
P. ¿Consta en el sumario?
R. No lo sé.
P. ¿Alguien del partido no le dijo que no todo el dinero recaudado en nombre del PP llegaba al partido?
R. Me lo imaginaba. Pero yo he hecho muchas campañas. Por ejemplo, el dinero que dio el PP para la última campaña fueron dos millones de
pesetas [12.000 euros], y en la campaña nos gastamos 15 millones [90.000 euros]. ¿De dónde salía eso? De las donaciones. Por eso yo sé que parte del dinero sí iba al partido. El reparto de lo otro ha sido ahora cuando me he enterado.
Diario El Pais. (1 - 12 -06)
El ex alcalde de Haría, Juan Ramírez Montero, concedió de forma ilegal licencias de segregación a unos terrenos que él mismo compró 24 horas más tarde, con el fin último de la especulación urbanística. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicita una condena de dos años de prisión y doce de inhabilitación para Ramírez Montero, al que acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro delito continuado de falsedad.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio público, la entidad Playa de Arrieta, S.L., de la que era administradora la que fuera esposa del acusado, solicitó licencia de segregación de varias fincas ubicadas en una parcela situada entre las calles La Garita y Penas del Chache, en Arrieta. "El acusado concedió la citada licencia sin los informes técnicos o jurídicos preceptivos", explica el fiscal.
Además, en la propia resolución ponía de manifiesto que se trataba de una parcela en la que, según el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano del municipio de Haría, varias de las fincas ubicadas en la misma estaban reservadas para zona verde o uso deportivo, por lo que la segregación era ilegal.
"En cualquier caso", explica la Fiscalía, "el acusado omitió deliberadamente ejercer su obligada abstención del conocimiento de este expediente, al tener un interés relevante en su tramitación por cuanto su esposa tenía intereses en el procedimiento, además de que el acusado era propietario de parcelas colindantes".
No contento con ello, "el inmediato día siguiente a la fecha de concesión de la licencia, por medio de escritura pública, el acusado adquirió, en su propio nombre, varias parcelas de las segregadas, que luego revendió a la entidad South Team, S.L., de la que el propio acusado era administrador único".
===== LADILLOG ===== LICENCIA IMPOSIBLE. Otras de las licencias concedidas por Juan Ramírez Montero, según la Fiscalía, era inviable a todas luces. El ex alcalde de Haría concedió licencia de construcción de una vivienda unifamiliar "sin los preceptivos informes técnicos o jurídicos previos, y sin motivación alguna". El fiscal instructor de esta causa, Guillermo García Panasco, explica que "los informes técnicos municipales que fueron elaborados con posterioridad señalan que la licencia nunca se habría podido conceder al ubicarse la parcela, según el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, sobre suelo rústico potencialmente productivo (zona de dominio de cultivo de la cochinilla)".
En total, el escrito de la Fiscalía contra el ex alcalde de Haría recoge quince licencias concedidas de forma ilegal por Ramírez Montero.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio público, la entidad Playa de Arrieta, S.L., de la que era administradora la que fuera esposa del acusado, solicitó licencia de segregación de varias fincas ubicadas en una parcela situada entre las calles La Garita y Penas del Chache, en Arrieta. "El acusado concedió la citada licencia sin los informes técnicos o jurídicos preceptivos", explica el fiscal.
Además, en la propia resolución ponía de manifiesto que se trataba de una parcela en la que, según el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano del municipio de Haría, varias de las fincas ubicadas en la misma estaban reservadas para zona verde o uso deportivo, por lo que la segregación era ilegal.
"En cualquier caso", explica la Fiscalía, "el acusado omitió deliberadamente ejercer su obligada abstención del conocimiento de este expediente, al tener un interés relevante en su tramitación por cuanto su esposa tenía intereses en el procedimiento, además de que el acusado era propietario de parcelas colindantes".
No contento con ello, "el inmediato día siguiente a la fecha de concesión de la licencia, por medio de escritura pública, el acusado adquirió, en su propio nombre, varias parcelas de las segregadas, que luego revendió a la entidad South Team, S.L., de la que el propio acusado era administrador único".
===== LADILLOG ===== LICENCIA IMPOSIBLE. Otras de las licencias concedidas por Juan Ramírez Montero, según la Fiscalía, era inviable a todas luces. El ex alcalde de Haría concedió licencia de construcción de una vivienda unifamiliar "sin los preceptivos informes técnicos o jurídicos previos, y sin motivación alguna". El fiscal instructor de esta causa, Guillermo García Panasco, explica que "los informes técnicos municipales que fueron elaborados con posterioridad señalan que la licencia nunca se habría podido conceder al ubicarse la parcela, según el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, sobre suelo rústico potencialmente productivo (zona de dominio de cultivo de la cochinilla)".
En total, el escrito de la Fiscalía contra el ex alcalde de Haría recoge quince licencias concedidas de forma ilegal por Ramírez Montero.
El Sindicato Profesional de Médicos de Canarias informó hoy a Efe de que el 95 por ciento de los médicos de Atención Primaria llamados hoy a secundar una huelga en protesta por la presión asistencial a la que están sometidos ha secundado el paro.
A falta de conocer datos del seguimiento de esta huelga, que finalizará a primeras horas de mañana, el portavoz del sindicato José Hernández, indicó que la participación de los mil médicos llamados a este paro ha sido masiva.
Además, destacó que en los 32 centros de salud de Gran Canaria y en los 20 que existen en Lanzarote y Fuerteventura no se han registrado incidentes.
El Sindicato Profesional de Médicos de Canarias ha convocado a esta huelga a los casi 1.000 médicos que desempeñan su trabajo en Atención Primaria, entre los que se incluyen los pediatras, médicos de servicios de urgencia, médicos de familia y residentes.
Según el sindicato, estos médicos son los que atienden a casi dos millones de habitantes, a los que hay que sumar la población flotante, por lo que los cupos superan los 1.500 pacientes.
En concreto, afirma que más de un 30 por ciento de los médicos de Atención Primaria tiene cupos superiores a los 2.000 pacientes y critica que la atención de los usuarios se hace a costa de los profesionales.
Sobre esta huelga, la directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, Carmen Aguirre, explicó ayer a Efe que el comité de huelga de los médicos de Atención Primaria será citado a partir de hoy para negociar sus reivindicaciones.
Aguirre señaló que algunas de las reivindicaciones de los médicos se tienen que tratar con el Ministerio de Sanidad, pero agregó que, respecto a las retribuciones, el Servicio Canario de la Salud va a negociarlas.
Asimismo, indicó que la petición de que los centros de salud cierren a partir de las 17.00 horas "es un problema" para el sistema de atención a los pacientes que se utiliza actualmente.
Consideró que es un asunto sobre el que "se puede hablar", si bien afirmó el Servicio Canario de la Salud no es partidario de ese horario de cierre.
A falta de conocer datos del seguimiento de esta huelga, que finalizará a primeras horas de mañana, el portavoz del sindicato José Hernández, indicó que la participación de los mil médicos llamados a este paro ha sido masiva.
Además, destacó que en los 32 centros de salud de Gran Canaria y en los 20 que existen en Lanzarote y Fuerteventura no se han registrado incidentes.
El Sindicato Profesional de Médicos de Canarias ha convocado a esta huelga a los casi 1.000 médicos que desempeñan su trabajo en Atención Primaria, entre los que se incluyen los pediatras, médicos de servicios de urgencia, médicos de familia y residentes.
Según el sindicato, estos médicos son los que atienden a casi dos millones de habitantes, a los que hay que sumar la población flotante, por lo que los cupos superan los 1.500 pacientes.
En concreto, afirma que más de un 30 por ciento de los médicos de Atención Primaria tiene cupos superiores a los 2.000 pacientes y critica que la atención de los usuarios se hace a costa de los profesionales.
Sobre esta huelga, la directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, Carmen Aguirre, explicó ayer a Efe que el comité de huelga de los médicos de Atención Primaria será citado a partir de hoy para negociar sus reivindicaciones.
Aguirre señaló que algunas de las reivindicaciones de los médicos se tienen que tratar con el Ministerio de Sanidad, pero agregó que, respecto a las retribuciones, el Servicio Canario de la Salud va a negociarlas.
Asimismo, indicó que la petición de que los centros de salud cierren a partir de las 17.00 horas "es un problema" para el sistema de atención a los pacientes que se utiliza actualmente.
Consideró que es un asunto sobre el que "se puede hablar", si bien afirmó el Servicio Canario de la Salud no es partidario de ese horario de cierre.
El Organismo Social Kanaryo TITEROYGAKAT, mediante este escrito, queremos manifestar nuestro tremendo malestar ante la vergonzante teatralidad oficial y lamentable tomadura de pelos a Pueblo de Lanzarote con la supuesta inauguración del Ambulatorio de Titerroy el pasado 25 de noviembre aprovechando la visita de D. Juan Carlos y Dña. Sofía.
Hecho este, que aunque queramos no podemos tratar con guante de seda, por ser una actitud deshonesta, poco seria y de una irresponsabilidad más que manifiesta.
Se preparó una inauguración ficticia para que los citados visitantes tuvieran alguna placa que descubrir en Lanzarote, sacarse la foto de rigor y tener el pertinente contacto oficial.
El ambulatorio de Titerroy, supuestamente se inauguro a las cinco de la tarde y pasado el cortejo oficial se volvió a cerrar sus puertas, y ahora dicen que posiblemente se abrirá en el próximo mes de diciembre.
Se comenta y rumorea, de que los muebles y las plantas, fueron prestados para la ocasión y de que presuntamente estas instalaciones no se abrirán hasta que Sanidad liquide la obra a la correspondiente empresa constructora.
Ante lo ocurrido, los lanzaroteños no salimos de nuestro asombro, y es por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, siendo nuestra obligación la exigencia de explicaciones y saber quienes fueron los principales responsables de este vergonzante paripé, para que pongan sus cargos a disposición del Organismo para el que trabajan y su inmediata destitución, ya que, quienes hayan sido no nos ofrecen ningún tipo de credibilidad, demandamos para un futuro más seriedad.
Si no tenían nada para inaugurar, no haber hecho tan ridículo acto circense, porque lo ocurrido es imperdonable e indigno de unos representantes de nuestros Organismos Oficiales.
En Ambulatorio de Titerroy esta demandado por miles de vecinos, ya que el cierre del mismo, hace hay más de un año, ha representado muchísimas incomodidades y serios problemas para los asegurados que se han visto obligados a acudir al ambulatorio de Valterra, es decir a muchísima más distancia con el consiguiente trastorno por masificación en dicho centro y gasto para el usuario. Por tanto, lo ocurrido deja mucho que desear sobre la actuación de nuestros Gobernantes y Responsables Sanitarios, al tomar el pelo, no solamente a la población, también al Jefe del Estado Español, hecho este, que pondremos en conocimiento de Zarzuela y Moncloa.
El presidente, Antonio Leal Aguilar
Arrecife de Lanzarote a, 26 de noviembre de 2006.
Hecho este, que aunque queramos no podemos tratar con guante de seda, por ser una actitud deshonesta, poco seria y de una irresponsabilidad más que manifiesta.
Se preparó una inauguración ficticia para que los citados visitantes tuvieran alguna placa que descubrir en Lanzarote, sacarse la foto de rigor y tener el pertinente contacto oficial.
El ambulatorio de Titerroy, supuestamente se inauguro a las cinco de la tarde y pasado el cortejo oficial se volvió a cerrar sus puertas, y ahora dicen que posiblemente se abrirá en el próximo mes de diciembre.
Se comenta y rumorea, de que los muebles y las plantas, fueron prestados para la ocasión y de que presuntamente estas instalaciones no se abrirán hasta que Sanidad liquide la obra a la correspondiente empresa constructora.
Ante lo ocurrido, los lanzaroteños no salimos de nuestro asombro, y es por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, siendo nuestra obligación la exigencia de explicaciones y saber quienes fueron los principales responsables de este vergonzante paripé, para que pongan sus cargos a disposición del Organismo para el que trabajan y su inmediata destitución, ya que, quienes hayan sido no nos ofrecen ningún tipo de credibilidad, demandamos para un futuro más seriedad.
Si no tenían nada para inaugurar, no haber hecho tan ridículo acto circense, porque lo ocurrido es imperdonable e indigno de unos representantes de nuestros Organismos Oficiales.
En Ambulatorio de Titerroy esta demandado por miles de vecinos, ya que el cierre del mismo, hace hay más de un año, ha representado muchísimas incomodidades y serios problemas para los asegurados que se han visto obligados a acudir al ambulatorio de Valterra, es decir a muchísima más distancia con el consiguiente trastorno por masificación en dicho centro y gasto para el usuario. Por tanto, lo ocurrido deja mucho que desear sobre la actuación de nuestros Gobernantes y Responsables Sanitarios, al tomar el pelo, no solamente a la población, también al Jefe del Estado Español, hecho este, que pondremos en conocimiento de Zarzuela y Moncloa.
El presidente, Antonio Leal Aguilar
Arrecife de Lanzarote a, 26 de noviembre de 2006.