No es Halloween, pero algunos vecinos de Santa Cruz de Tenerife tienen miedo. No quieren que se les vea, huyen de los focos, las cámaras y los micros. No hablan y, cuando lo hacen, les tiembla la voz. Algunas emisoras de radio y foros de Internet han divulgado sus nombres y las direcciones de sus domicilios. Son los nueve particulares y siete comunidades de propietarios, la mayoría de avanzada edad, que, tras años de quejas y denuncias desatendidas por el ayuntamiento, se dirigieron el año pasado a los tribunales para hacer valer su derecho al descanso en los más de diez días de carnaval. Y la ley está de su parte. Las mediciones de los peritos independientes han marcado hasta 117 decibelios, como la turbina de un avión a punto de despegar.

"El alcalde ha movilizado a la gente en contra nuestra", asegura Justo Fernández, el único vecino que accedió a hablar para EL PAÍS. "En 2003, el propio alcalde se comprometió en un artículo en el periódico local Diario de Avisos a buscar una alternativa, porque reconocía que los ruidos eran insufribles, y no ha hecho nada".

"Los derechos de los vecinos se han maltratado y pisoteado históricamente y, cuando los tribunales nos dan la razón, lo que se ataca es al Estado de derecho", añade Felipe Campos, el abogado de 45 años que defiende a estos ciudadanos. Campos critica "una concepción de la política como el absolutismo del siglo XV, donde el monarca puede hacer lo que quiera. Pues aquí ya no. El político es un mero gestor sometido al imperio de la ley, la Constitución y los tribunales, y en ese marco hará lo que pueda".

Justo Fernández, que vive en el corazón del llamado cuadrilátero del baile, reconoce que en toda la calle se instalan vehículos y carrozas equipados con altavoces que hacen sonar desde la tarde hasta la mañana siguiente "aunque no haya nadie en los alrededores", y asegura que si el alcalde enviara a estos vehículos a una zona no residencial "estaría solucionado todo el problema". Cuando se le cuestiona si la decisión judicial de no superar los 55 decibelios de ruido es la sentencia de muerte del Carnaval él defiende que no. "Hemos medido hasta 117 decibelios en mi casa", que es una sexta planta; "eso no es ni carnaval ni nada, ahora no hay más que escándalo".

Este sindicalista se hizo hace unos años contertulio habitual de varias radios y televisiones, y alcanzó popularidad por divulgar presuntos casos de corrupción. Fernández asegura haber sido "de los últimos vecinos" en apuntarse a la acción judicial y reconoce que, al contrario que los otros denunciantes, él aún no tiene miedo. Pero recuerda que "el año pasado ya hubo tres portales totalmente destrozados y pedí protección al fiscal general del Estado y a la Delegación del Gobierno; este año no sé qué puede pasar".

Campos recuerda que "el año pasado ya se apuñaló al querido personaje de Fidel Castro y los mensajes que se están lanzando pueden tener una incidencia muy negativa en algunas personas".

Las emisoras de radio echan humo. "La idea principal es que muchos que se habían retirado hace años esta vez se quedan en la ciudad y salen a la calle", resume Juan Carlos Mateu, jefe de informativos de Radio Club Tenerife (SER) una de las populares emisoras del carnaval.

Entre las decenas de llamadas y mensajes recibidos hubo quien vio la mano del alcalde intentando reactivar la fiesta, otro que recomendó un spa para los vecinos del centro, los que llamaban desde Las Palmas (los rivales tradicionales) para sumarse a la defensa de los chichas, y los que decían desafiantes: "No hay policía para detener a tanta gente".

Diario El Pais